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El tránsito de los sistemas educativos hacia la inclusión no es un gesto accesorio: es una reorganización profunda de las culturas, políticas y prácticas escolares. Desde la perspectiva pedagógica, la inclusión supera la integración asistencial para convertirse en un principio de justicia educativa que exige universalizar el acceso, la permanencia y la participación con ajustes razonables y apoyos pertinentes. La construcción de este paradigma se nutre de un diálogo continuo entre marcos internacionales (Jomtien 1990, Salamanca 1994, Dakar 2000, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006) y desarrollos nacionales que traducen esos compromisos en normas exigibles y en herramientas pedagógicas.

En Colombia, la Constitución de 1991 transformó el rol del Estado frente a la educación al reconocerla como derecho (art. 67) y al ordenar la protección reforzada a personas con discapacidad (art. 47) en clave de igualdad material (art. 13). De allí deriva una cadena normativa que va afinando el enfoque: la Ley 115 de 1994 instala la atención educativa a poblaciones con limitaciones; el Decreto 1075 de 2015 consolida el marco regulatorio del sector y reconoce la diversidad como principio; el Decreto 1421 de 2017 aterriza la educación inclusiva con instrumentos obligatorios (p. ej., PIAR); y la Ley 1996 de 2019 revoluciona el campo al reconocer la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, obligando a rediseñar apoyos y ajustes en la toma de decisiones, también en contextos educativos. El Decreto 1429 de 2020 reglamenta piezas operativas de esa ley (acuerdos de apoyo y actuaciones notariales/conciliatorias).

Esta línea de tiempo organiza, por decenios y con años exactos, los hitos fundamentales para comprender qué cambia, cómo se articula política y legislación, y cómo evoluciona el concepto de inclusión. Además, en cada decenio se fijan dos anclas históricas (una de inclusión y otra contextual) para situar pedagógicamente los giros del periodo. El resultado es un mapa claro para interpretar la pertinencia de las políticas, lineamientos y normas en la consolidación de una educación verdaderamente inclusiva.

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Anclas:

Inclusión: auge de escuelas especiales y educación segregada.

Contexto: congresos internacionales que comienzan a visibilizar derechos de personas sordociegas.

En Europa y Estados Unidos predomina un enfoque asistencialista y segregado. Las personas con discapacidad eran atendidas en instituciones especiales, bajo un modelo médico y rehabilitador.

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Helen Keller participa en congresos mundiales de sordociegos, generando conciencia sobre el derecho a la educación de esta población.

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Anclas:

Inclusión: primer reconocimiento del derecho universal a la educación.

Contexto: posguerra y creación de la ONU.

1948: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) consagra el derecho a la educación para todos (art. 26). Es el inicio de un enfoque de derechos humanos universales.

Década de 1950: surgen movimientos por la integración escolar en algunos países de Europa y EE. UU., aunque limitados y aún bajo la lógica de que los estudiantes debían adaptarse a la escuela regular.

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Anclas:

Inclusión: integración educativa como modelo predominante.

Contexto: movimientos sociales de minorías (afroamericanos, indígenas, mujeres).

1968: La UNESCO impulsa programas de acceso universal a la educación básica, vinculados al desarrollo económico y social.

Década de 1960: aparece con fuerza el concepto de integración educativa, en el que los niños con discapacidad podían asistir a escuelas regulares, pero sin cambios profundos en los sistemas escolares.

Al mismo tiempo, los movimientos sociales de minorías (afroamericanos en EE. UU., indígenas y mujeres en América Latina) abren el debate sobre igualdad educativa para poblaciones históricamente excluidas.

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Anclas:

Inclusión: auge de la integración educativa.

Contexto: avances normativos en EE. UU. y Latinoamérica.

1975: En EE. UU. se aprueba la Ley de Educación para Todos los Niños con Discapacidades (Education for All Handicapped Children Act), que garantiza educación pública gratuita y en igualdad de condiciones.

Década de 1970 en América Latina: se fortalecen los movimientos indígenas que reclaman reconocimiento cultural y lingüístico en la escuela. Esto siembra la idea de una inclusión que también es étnica y cultural.

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Anclas:

Inclusión: transición hacia la educación inclusiva.

Contexto: reconocimiento internacional de los derechos de niños y personas con discapacidad.

1981: La ONU declara el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo cual visibiliza la urgencia de políticas educativas no segregadas.

1989: La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) establece el derecho a la educación de todos los niños sin discriminación, reforzando la exigencia de que los sistemas educativos se adapten a la diversidad infantil.

En este periodo se empieza a cuestionar el modelo de integración y a hablar de participación plena y escuelas para todos, lo que dará paso a la noción de educación inclusiva en la década de 1990.

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Anclas del decenio

Inclusión (1994): Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (Salamanca). Eje: “acceso y calidad” y giro hacia escuelas inclusivas (programa con Bengt Lindqvist, M. R. Saulle, Álvaro Marchesi, M. Wang, G. Porter, K. Wedell, entre otros; M.E.C. España como actor organizador en el anexo compartido).

Contexto (1991): Constitución Política de Colombia: educación como derecho, igualdad y protección reforzada a la discapacidad.

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1990 — Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien)

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1990 — Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien)

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De qué trata: Plantea la universalización del acceso a la educación básica y las necesidades básicas de aprendizaje.
Política vs legislación: Es un marco político internacional que impulsa reformas nacionales posteriores (no crea obligaciones jurídicas internas por sí mismo).
Inclusión en 1990: La inclusión se enfocaba en ampliar cobertura y reducir exclusiones de acceso; la discapacidad aún se trataba mayormente desde la educación especial paralela.

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1991 — Constitución Política de Colombia

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1991 — Constitución Política de Colombia

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De qué trata: Reconoce la educación como derecho y servicio público (art. 67), la igualdad (art. 13) y mandatos de integración social de las personas con discapacidad (art. 47).
Política vs legislación: Norma de jerarquía constitucional que obliga al sistema educativo a garantizar acceso y no discriminación.
Inclusión en 1991: Se instala la idea de derecho exigible y del deber estatal de remover barreras.

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1994 — Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación)

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1994 — Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación)

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De qué trata: Desarrolla la Constitución; incorpora atención educativa para estudiantes con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas dentro del sistema.
Política vs legislación: Ley marco que habilita políticas y programas; abre la puerta a la integración en escuelas regulares.
Inclusión en 1994: Transición de segregación a integración escolar; se reconoce la diversidad, aunque aún predomina un enfoque desde “necesidades educativas especiales”.

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1994 — Salamanca (Conferencia y Declaración)

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1994 — Salamanca (Conferencia y Declaración)

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De qué trata: Cambia el foco a escuelas inclusivas y al derecho de aprender juntos; articula acceso con calidad y apoyos.
Política vs legislación: Orientación política internacional que inspira reformas curriculares y de formación docente.
Inclusión en 1994: La inclusión comienza a definirse como reorganización del centro educativo para todos, no solo como integración de algunos.

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Anclas del decenio

Inclusión (2006): Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD/ONU): adopta el modelo social de la discapacidad y el derecho a la educación inclusiva.

Contexto (2002): IIDH – Revista Nº36 dedicada a educación en derechos humanos (curso 2002), consolidando el eje de derechos para políticas educativas (según el texto que compartiste).

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2000 — Foro de Dakar: Marco de Acción de Educación para Todos

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2000 — Foro de Dakar: Marco de Acción de Educación para Todos

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De qué trata: Reafirma metas EFA, calidad con equidad y atención a grupos históricamente excluidos.

Política vs legislación: Compromiso político internacional; orienta planes nacionales y financiamiento.

Inclusión en 2000: Se exige pasar de cobertura a aprendizajes y permanencia; crece la noción de accesibilidad y eliminación de barreras.

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2002 — Tomasevski, Contenido y vigencia del derecho a la educación (IIDH)

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2002 — Tomasevski, Contenido y vigencia del derecho a la educación (IIDH)

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De qué trata: Sitúa la educación como derecho habilitante y advierte contra su mercantilización; defiende obligaciones estatales y justiciabilidad.

Política vs legislación: Fundamenta políticas inclusivas en normas de DD. HH. y en la exigibilidad jurídica.

Inclusión en 2002: La inclusión se entiende como condición del derecho: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (4A).

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2006 — Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

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2006 — Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)

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De qué trata: Reconoce la educación inclusiva en todos los niveles, ajustes razonables y apoyos; afirma igual capacidad jurídica (base del cambio posterior en Colombia).

Política vs legislación: Tratado internacional que guía armonización normativa interna (en Colombia permea los decretos y leyes posteriores).

Inclusión en 2006: Giro pleno al modelo social: la discapacidad surge de la interacción con barreras; el sistema debe adaptarse a la persona.

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Anclas del decenio

Inclusión (2017): Decreto 1421 de 2017: obliga educación inclusiva para población con discapacidad y el PIAR.

Contexto (2015): Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación): consolida y ordena el marco del sector con principio de diversidad e inclusión.

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De qué trata: Compila y reglamenta el sector; eleva la diversidad e inclusión como principios de gestión educativa.

Política vs legislación: Reglamentación que ordena políticas y lineamientos en un solo cuerpo normativo.

Inclusión en 2015: La inclusión se reconoce como eje sistémico que orienta currículo, gestión y evaluación.

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2017 — Decreto 1421 de 2017 (educación inclusiva y discapacidad)

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2017 — Decreto 1421 de 2017 (educación inclusiva y discapacidad)

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De qué trata: Reglamenta la atención educativa a población con discapacidad en clave inclusiva: ajustes razonables, apoyos y PIAR como instrumento obligatorio de personalización.

Política vs legislación: Fija obligaciones concretas para secretarías y establecimientos; operativiza la inclusión.

Inclusión en 2017: La inclusión deviene exigible en la práctica escolar (diseño universal, flexibilización, eliminación de barreras).

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2019 — Ley 1996 de 2019 (capacidad legal plena)

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2019 — Ley 1996 de 2019 (capacidad legal plena)

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De qué trata: Reconoce la capacidad legal plena de las personas con discapacidad; prohibe la interdicción; crea acuerdos y adjudicación de apoyos; consagra ajustes razonables y presunción de capacidad.

Política vs legislación: Ley estatutaria en su espíritu (derechos fundamentales): obliga a rediseñar procedimientos para asegurar autonomía y apoyos, también en educación (decisiones académicas, participación, evaluación, vida escolar).

Inclusión en 2019: La inclusión incorpora autonomía y toma de decisiones con apoyos; no puede haber exclusión por discapacidad ni sustitución de la voluntad.

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2019 — “Retos de 2019 en educación inclusiva” 

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2019 — “Retos de 2019 en educación inclusiva” 

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De qué trata: Identifica desafíos: ambientes flexibles, ajustes razonables, formación docente (DUA), transiciones, redes de apoyo y rol de familias (incluye dato de SIMAT sobre discapacidad intelectual).
Política vs legislación: Aterriza el cambio cultural y pedagógico necesario para que las normas se implementen efectivamente.
Inclusión en 2019: Enfatiza que inclusión = participación y aprendizaje con apoyos; no basta matricular: hay que transformar la práctica.

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Anclas del decenio

Inclusión (2020): Decreto 1429 de 2020 (reglamentario de la Ley 1996 en asuntos notariales/conciliatorios de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas).

Contexto (2020): Jurisprudencia de tutela reitera obligación de formular/actualizar PIAR (2018–2020) y ordena a autoridades educativas garantizar ajustes, transporte y seguimiento.

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2020 — Decreto 1429 de 2020 (reglamenta aspectos de la Ley 1996)

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2020 — Decreto 1429 de 2020 (reglamenta aspectos de la Ley 1996)

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De qué trata: Detalla la formalización de acuerdos de apoyo (notaría/conciliación), ajustes razonables en la suscripción, y deberes de información.
Política vs legislación: Reglamentación operativa que hace aplicable el reconocimiento de capacidad legal en actos cotidianos (incluidos los educativos).
Inclusión en 2020: Refuerza que las decisiones de los estudiantes con discapacidad deben respetar su voluntad y preferencias, con apoyos.

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2020 — Jurisprudencia constitucional sobre PIAR y ajustes (casuística 2018–2020)

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2020 — Jurisprudencia constitucional sobre PIAR y ajustes (casuística 2018–2020)

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De qué trata: Protege el derecho a la educación inclusiva cuando instituciones omiten el PIAR; ordena ajustes razonables, apoyos y seguimiento, e incluso transporte escolar cuando es necesario para garantizar el derecho.
Política vs legislación: Control judicial que asegura la efectividad de los decretos (1421/2017) y del enfoque de derechos de la Ley 1996/2019.
Inclusión en 2020: La inclusión se verifica por resultados (participación y aprendizaje con apoyos), no solo por la matrícula.

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La trayectoria normativa y político-pedagógica muestra un avance consistente: de la ampliación de acceso (Jomtien) y las escuelas inclusivas (Salamanca) pasamos a la exigibilidad del derecho (Dakar, Tomasevski) y a la armonización jurídica que coloca a la persona en el centro (CDPD). En Colombia, la Constitución de 1991 funda el marco de derechos, la Ley 115 de 1994 integra la diversidad al sistema, el Decreto 1075 de 2015 ordena el sector con enfoque inclusivo, el Decreto 1421 de 2017 convierte la inclusión en obligación operativa (PIAR, ajustes y apoyos), y la Ley 1996 de 2019 asegura la capacidad legal plena con apoyos y presunción de capacidad; el Decreto 1429 de 2020 la hace practicable. La jurisprudencia reciente cierra el círculo al exigir cumplimiento efectivo.

Pedagógicamente, esto implica pasar de programas paralelos a diseños universales con flexibilización curricular, evaluación diferenciada y apoyos personalizados. Jurídicamente, obliga a que toda decisión escolar respete la voluntad y preferencias de los estudiantes con discapacidad, provea ajustes razonables y elimine barreras. El reto ya no es normativo; es de implementación sostenida, formación docente, gestión intersectorial y rendición de cuentas sobre resultados de aprendizaje y participación para todos.

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1. Booth, T., & Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva. Consorcio para la Educación Inclusiva.

2. Civil Rights Act, Pub. L. No. 88-352, 78 Stat. 241 (1964).

3. Constitución Política de Colombia. (1991). Gaceta Constitucional No. 116.

4. Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Diario Oficial 49.523.

5. Decreto 1421 de 2017. Por el cual se reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. Diario Oficial 50.327.

6. Decreto 1429 de 2020. Por el cual se reglamentan disposiciones de la Ley 1996 de 2019 relacionadas con acuerdos de apoyo y directivas anticipadas.

7. Keller, H. (1925). Discurso en la Convención Internacional de Sordociegos. Lions Clubs International. Recuperado de https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/helen-keller

8. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. Diario Oficial 41.214.

9. Ley 1996 de 2019. Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Diario Oficial 51.059.

10. Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General en la Resolución 44/25. Recuperado de https://www.ohchr.org/es/instruments-

11. Pastor, C. (2016). Diseño Universal para el Aprendizaje: Educación para todos y prácticas inclusivas. Morata.

12. Sandino, J. (2019). Retos de 2019 en educación inclusiva. Fundación Saldarriaga Concha.

13. Tomasevski, K. (2002). Contenido y vigencia del derecho a la educación. Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

14. UNESCO. (1968). International Conference on Education: Access to Basic Education. Paris: UNESCO.

15. UNESCO. (1990). Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Conferencia de Jomtien.

16. UNESCO. (1994). Declaración de Salamanca y marco de acción sobre necesidades educativas especiales. Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Salamanca.

17. UNESCO. (2000). Marco de Acción de Dakar: Educación para Todos, cumplir nuestros compromisos comunes. Foro Mundial de Educación, Dakar.

18. Winzer, M. A. (1993). The History of Special Education: From Isolation to Integration. Washington, D.C.: Gallaudet University Press.