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La participación social y política en Venezuela es de larga data. Existen registros desde 1934 que dan cuenta del proceso organizativo en comunidades.

Lo que comenzó como formas organizativas para resolver problemas del espacio social que ocupaban adquiere mayor consistencia organizativa y fortaleza y se convierten en organizaciones populares, con capacidad de movilización comunitaria y de organizar protestas callejeras como instrumento de presión política al gobierno. Una de estas manifestaciones tuvo que ver con las protestas en contra de los propietarios de casas destinadas al arriendo, obligando al gobierno a dictar un decreto mediante el cual se estableció un conjunto de regulaciones sobre el cobro de los alquileres.

Para 1940 se había creado la Junta Central en la que se agrupaban las juntas promejoras. Para 1944 éstas se habían extendido a gran parte del país y dan un paso más: se constituyen en federaciones de juntas promejoras.

Varios partidos políticos comenzaron a evaluar el potencial que le brindaban estas formas organizativas comunitarias para el desarrollo de sus agrupaciones y orientaron parte de sus acciones hacia éstas, realizando trabajos de penetración en los que trataban de imponer sus respectivas líneas políticas.

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El rol del Estado en el fomento de las organizaciones comunitarias

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El rol del Estado en el fomento de las organizaciones comunitarias

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Con la aprobación de un nuevo texto constitucional en 1999, se da un nuevo impulso a las formas participativas posibilitando la aparición de diversos tipos de las mismas. A lo que habría que añadir la estimulación profunda que hace el actual Presidente de la República para la organización social comunitaria. En el texto constitucional existen, al menos, existen unos 70 artículos que promueven la participación ciudadana en varios aspectos de la vida pública del país. Algunos de ellos hacen alusión directa a la participación popular.

El mismo Estado nacional se ha reestructurado para facilitar la organización a través de mecanismos de información y atención ciudadana (líneas telefónicas gratuitas de atención, servicios de recepción y entrega documentos, servicio de taquilla única, horarios especiales de atención); estructura institucional gubernamental (Sistema de Planificación, Sistema Nacional de Control Fiscal, Sistema de Participación y Planificación Social); reconocimiento de derechos (derecho de petición, derecho de información, derecho de queja y reclamo, derecho de ser consultado, derecho de formular opinión, derecho de presentar propuestas)

Promulgación de leyes en las que se alude de manera directa la participación social en los procesos que deben llevar a cabo instancias del gobierno, tales como la Ley Orgánica de Planificación; Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos (2006).

La actual administración gubernamental elaboró un documento titulado Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que marca las directrices para la creación de de formas organizativas desde el poder central. A partir de estas líneas generales, el Estado se concibe como un facilitador del proceso de organización y participación dirigidos a la creación de un poder popular.

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Uno de los mayores esfuerzos que ha realizado el Gobierno nacional en torno a la organización para la participación social ha sido a través de los consejos comunales.

El origen de estos bien la podemos rastrear hasta el texto constitucional de 1999. El artículo 62 refiere a la participación popular en la gestión pública. El artículo 70 determina las formas de participación en lo económico, social y político. El artículo 182 establece la creación del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), el cual estaría "presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley".

La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, del 12 de junio de 2002 es cuando aparecen por primera vez la mención de los consejos comunales los miembros del Consejo Local de Planificación Pública estarán obligados a cumplir con sus funciones, en beneficio de los intereses colectivos, mantendrá una vinculación permanente con las redes de los consejos parroquiales y comunales, atendiendo sus opiniones y sugerencias, y prestará información oportunamente, de las actividades del Consejo Local de Planificación Pública.

Los consejos locales de planificación pública no fueron aceptados tan fácilmente por las autoridades municipales quienes debían estimular su conformación.

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Antes de la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales, habían organizaciones de este tipo partiendo de lo establecido en la Ley de Consejos Locales de planificación Pública.

A partir de abril de 2006 hay un gran esfuerzo desde el Gobierno nacional para la conformación de consejos comunales en el país. El para entonces, ministro del Poder Popular para la Participación y Protección Social, David Velásquez, había señalado, en una nota de prensa ese mismo año, que la meta para 2007 era la conformación de unos 50 000 consejos comunales y para 2008 la meta era de unos 100 000 consejos comunales en todo el país

Según información aportada por Fudacomunal, para marzo de 2008 en Venezuela existían 36.812 consejos comunales, de los cuales 26.143 están constituidos y 10.669 en proceso de conformación en todo el país.

No conocemos una data organizada que nos dé cuenta de cuántas personas están involucradas de manera directa en la organización y funcionamiento de los consejos comunales, lo que hace difícil conocer la cobertura poblacional exacta de los mismos. Aun así, las estimaciones posibles que podamos hacer estarían señalando que gran cantidad de personas están involucradas en las mismas.

Lo que es evidente, partiendo de los datos obtenidos, es que los consejos comunales son la forma organizativa, fundamentalmente popular, con mayor extensión, números de miembros y mayor extensión en la Venezuela contemporánea.

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Los recursos que son utilizados por los consejos comunales para la ejecución de los proyectos comunitarios son manejados a través de la Unidad de Gestión Financiera, integrada por cinco habitantes de la comunidad, electos por la asamblea para ejercer la función de ejecución financiera del consejo, encargado de administrar los recursos. La ley lo denomina Banco Comunal y tiene la figura de una cooperativa.

El Banco Comunal tiene por funciones: administrar los recursos, promover la constitución de cooperativas, impulsar el presupuesto participativo, promover formas alternativas de intercambio, articularse con el resto del sistema microfinanciero, promover los núcleos endógenos, rendir cuentas, prestar servicios no financieros, prestar asistencia social y realizar la intermediación financiera.14

Los recursos son los transferidos por la República, los estados y los municipios. En específico se señalan las transferencias dispuestas a las comunidades en la Ley del Fides y la Ley de Asignaciones Económicas derivadas de Minas e Hidrocarburos Especiales (LAEE). También incluyen aquellos que provengan de la actividad de los Consejos Comunales, sea por los servicios transferidos, o generados por su actividad o recibido por donaciones.