# data[].attributes.body
Jurisdicción Disciplinaria

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Diario La Libertad - Periódico Noticioso de Colombia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Dentro del conflicto de jurisdicciones surgido entre la Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá y el Juzgado 143 de Instrucción Penal Militar de Bogotá, con ocasión al conocimiento del proceso penal adelantado contra los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz, por la presunta comisión del delito de homicidio agravado y tortura agravada, siendo víctima el señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencia de fecha 7 de octubre del presente año, resolvió asignar el conocimiento del asunto a la Justicia Penal Ordinaria representada por el Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá.

Las presentes diligencias se originaron en hechos acaecidos el día 9 de septiembre de 2020, cuando el ciudadano Javier Ordóñez fue requerido por la autoridad policial del CAI Villa Luz de esta ciudad, concretamente por los uniformados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes según testigos le propinaron descargas eléctricas siendo posteriormente trasladado a la sede el CAI en mención, donde presuntamente se le ocasionaron golpes por parte de los uniformados, por lo que fue trasladado a un Centro Asistencial donde llegó sin signos vitales.

En el caso en mención, se consideró por parte de la Sala que de conformidad con las pruebas arribadas al proceso, el conocimiento de las presentes diligencias debe ser atribuido a la Justicia Penal Ordinaria, pues se evidencia con claridad que no existe la relación del hecho investigado penalmente con la prestación del servicio, en los términos que demanda el artículo 2 del Código Penal Militar.

En efecto, inicialmente sostuvo esta Colegiatura que de los medios de prueba obrantes en el plenario se observaba una actuación inicial por parte de los uniformados consistente en propinarle descargas eléctricas al ciudadano Javier Ordóñez, existiendo un claro uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes involucrados, pues no obstante estar este ciudadano ya controlado por los uniformados continuaron propinándole dichas descargas, excediendo totalmente el ámbito de sus funciones constitucionales y legales y es precisamente ese actuar desproporcionado el que rompe cualquier nexo de causalidad con el servicio que para el día 9 de septiembre de 2020 prestaban los uniformados Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, indicó la Sala que, de ninguna manera puede admitirse que una actuación totalmente desproporcionada, excesiva y alejada de las funciones constitucionales y legales de los miembros de la Fuerza Pública, se considere como un acto del servicio. Por el contrario, este tipo de procedimientos que van en contravía de los derechos de los ciudadanos, que desconocen por completo los protocolos para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, bajo ninguna circunstancia pueden ser asignadas a la Justicia Castrense, pues no existe relación alguna con el servicio, todo lo contrario, desdibujan por completo las funciones que el constituyente asignó a los miembros de la Policía Nacional quienes deben velar por proteger la vida, honra y bienes de todos los Colombianos.

Así las cosas, vislumbró la Sala que no se encuentra presente en el sub examine, la relación próxima y directa de las funciones que ejercían los uniformados con el presunto punible de homicidio agravado y tortura agravada, con relación a lo acaecido el 9 de septiembre de 2020, en ese contexto, no obran en el expediente pruebas que permitan determinar un nexo causal entre la comisión de la conducta investigada -situación fáctica- y el servicio encomendado a los policiales, menos aún, se puede sostener que las conductas descritas dentro del plenario, puedan tener relación directa con la prestación del servicio, pues no se debe perder de vista que el material probatorio obrante en el plenario lo que muestra es un actuar desproporcionado por parte de los uniformados, alejado por completo de sus funciones constitucionales y legales y totalmente ajeno a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho prevista en el artículo 1º de la Carta Política, el cual se funda en el principio de la dignidad humana.

Finalmente, sostuvo la Sala que dentro del presente asunto no era aplicable el precedente contenido dentro del radicado No. 1100101020002019-2728-00, donde se resolvió asignar a la Justicia Penal Militar la investigación por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz Medina. Al respecto indicó esta Colegiatura: "Nótese que a esa conclusión llegó la Sala porque precisamente los hechos en que resultó lesionado el joven Dilan Cruz tuvieron como génesis una manifestación que se tornó violenta y que requirió de la participación de la Policía Nacional para dispersarla, luego la actuación del uniformado involucrado en los hechos si se dio como consecuencia de un acto del servicio. Por el contrario, en el caso del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, la actuación de los uniformados investigados traspasó esa línea que existe para poder asignar un asunto a la Justicia Castrense, pues precisamente al atacar de manera reiterada a un ciudadano desarmado, esposado y reducido, golpeándolo y propinándole descargas eléctricas pese a sus súplicas para que se detuvieran, se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones y justamente ese uso excesivo de la fuerza desproporcionado e irracional es lo que rompe cualquier nexo con el servicio que como miembros de la Policía Nacional prestaban los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos".

HL

#DIARIOLALIBERTAD

# data[].attributes.attachment_link.title
Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirime conflicto de jurisdicciones en el caso Javier Ordóñez - Diario La Libertad - Periódico Noticioso de Colombia.

# data[].attributes.attachment_link.description
Dentro del conflicto de jurisdicciones surgido entre la Fiscalía 94 Especializada de la DECVDH de Bogotá y el Juzgado 143 de Instrucción Penal Militar de Bogotá, con ocasión al conocimiento del proceso penal adelantado contra los señores Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, ambos adscritos a la Policía Nacional- CAI Villa Luz, [...]

# data[].attributes.body
Jurisdicción Contencioso administrativo

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA

23 de octubre 2020 , 09:59 p. m.

Ramón Jesurún notificó que la Federación Colombiana de Fútbol pagó la millonaria multa impuesta por la Superintendecia de Industria y Comercio dentro del escándalo de la reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

EL TIEMPO estableció que el pasado 19 de octubre, extendieron un cheque por 16.016'028.600 pesos. Sin embargo, Jesurún, quien había guardado silencio, dijo que interpondrán un recurso ante el contencioso administrativo para tumbar la sanción.

(Lo incitamos a leer: Caso contra 'zares' del fútbol pasa a justicia penal y a EE. UU.)

"Conforme a las políticas de cumplimiento y transparencia de la Federación Colombiana de Fútbol, se informa a todos sus afiliados que el 19 de octubre de 2020, la entidad procedió a cumplir con el pago del valor total de la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)", dice el comunicado.

(Le puede interesar: Los audios del presunto pago turbio a los 'zares' del fútbol)

Y agrega: "De manera inmediata, se interpondrán los recursos que contempla la ley ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por considerar que la Superintendencia no tuvo en cuenta el voluminoso material probatorio que obra dentro del expediente que demuestra que no se incurrió en el acto que se endilga y que inexplicablemente fue omitido a la hora de valorar las evidencias".

El proceso en el contencioso administrativo del que habla Jesurún -una acción de nulidad contra el acto administrativo sancionatorio- puede durar entre 8 y 10 años.

(Además: El partido secreto del 'exzar' del fútbol Luis Bedoya en EE. UU.)

El dirigente también dice que el desembolso se hizo por el acatamiento estricto de la decisión adoptada por la SIC, pero advierte que no constituye un acto de reconocimiento de responsabilidad de las conductas señaladas en la resolución sancionatoria.

(Le puede interesar: Por escándalo, minjusticia renuncia a comité de la Fedefútbol)

Y remata diciendo que las prácticas de buen gobierno corporativo que emprendió la
administración de la Federación, le permitió asumir el pago.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @UinvestigativaET

CONOCE MÁS

# data[].attributes.attachment_link.title
Fedefútbol paga millonaria multa, pero anuncia demanda

# data[].attributes.attachment_link.description
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Por: UNIDAD INVESTIGATIVA 23 de octubre 2020 , 09:59 p. m. Ramón Jesurún notificó que la Federación Colombiana de Fútbol pagó la millonaria multa impuesta por la Superintendecia de Industria y Comercio dentro del escándalo de la reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

# data[].attributes.body
Jurisdicción Constitucional:
Rama de la justicia que vela por la supremacía de la Constitución Política Colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio Nacional.
*Corte Constitucional:
Función Control de Constitucionalidad
- Control Automático.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co martes, 27 de octubre de 2020

El alto tribunal terminó el análisis de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos emitidos por el Gobierno Nacional por la pandemia

Con el propósito de atender la pandemia del covid-19 y mitigar sus efectos, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades, declaró dos emergencias económicas que le permitieron emitir una avalancha de decretos legislativos. Estos, por diseño institucional, deben ser sometidos a control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Esta Alta Corte terminó la semana pasada la verificación de los 115 decretos expedidos durante este periodo, con un balance de 57 decretos exequibles, 51 con exequibilidad parcial o condicionada y siete inexequibles.

Cabe anotar que, bajo el artículo 215 de la Constitución, cuando sobrevengan hechos "que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente (...) dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos".

La última parte del artículo, que estipula que los decretos deben estar destinados a conjurar la crisis, es importante, en cuanto establece que las medidas del Presidente tienen un marco de acción definido y eso, justamente, es lo que analiza la Corte Constitucional, con el fin de evitar que los mandatarios se arroguen poderes que les son ajenos, como el legislativo.
Los decretos
De los 115 decretos analizados, 73 hicieron parte de la primera emergencia económica y, los restantes 42, de la segunda. En total, fueron 884 los artículos estudiados: 554 de los decretos de la primera emergencia y 330 de los de la segunda (ver gráfico). Si se toma el análisis por decretos, se encuentra que, del total, 57 (49,57%) fueron declarados exequibles completamente, siete (6,09%) fueron totalmente inexequibles y 51 (44,35%) tuvieron exequibilidad parcial o condicionada.

La diferencia entre estos dos, explicó el exmagistrado Jaime Arrubla, es que en la exequibilidad parcial se cae una parte del decreto "porque a veces dentro de uno solo se incluyen varias medidas", mientras que en la exequibilidad condicionada la Corte "modula la sentencia y advierte que la medida es válida solamente en ciertas condiciones" y puede introducir modificaciones.

Los siete decretos que se cayeron totalmente fueron los siguientes: 487, que planteaba la suspensión de términos en trámite de extradición durante el estado de emergencia; 558, que permitía la reducción temporal de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social; 567, que otorgaba funciones jurisdiccionales a los procuradores judiciales de familia para conocer de los procesos de adopción; 580, que generaba un descuento entre 40% y 80% en el servicio de agua, alcantarillado y aseo para estratos 1, 2 y 3 y la reconexión del servicio cuando no se tuviera, cobros sin intereses y congelación de tarifas; 797, que regulaba temporalmente la terminación unilateral de contratos de arriendo de local comercial para las actividades más afectadas por la pandemia; 802, que modificaba el Decreto 558; y 811, que fijaba las normas para que el Gobierno comprara acciones de empresas privadas que luego podrían ser enajenadas.

Entre los declarados parcialmente exequibles estuvo el 572, relacionado con el Presupuesto General de la Nación 2020. En ese, la Corte declaró la constitucionalidad de la adición presupuestal con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias, "no obstante, la liquidación dispuesta como medida de excepción resulta inconstitucional, habida consideración que corresponde a facultades ordinarias del Gobierno Nacional".

Otro decreto parcialmente exequible fue el 568, con el que se creó el impuesto solidario a trabajadores del Estado con salarios superiores a $10 millones
Los artículos
Si se mira, en cambio, el balance de las medidas tomadas por artículos, se encuentra que, de los 884 estudiados, 706, que equivalen a 79,86% del total, fueron declarados ajustados a la constitución; 80 (9,05%) tuvieron condicionamientos o expresiones inexequibles; y 98, que equivalen a 11,09% del total, fueron declarados inconstitucionales.
El balance
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, el balance del ejercicio legislativo del Gobierno es positivo. "Que solo les hayan tumbado siete de 115 decretos y que la mitad hayan pasado sin modificaciones es un buen nivel de acierto", dijo. Sobre los parcial o condicionalmente exequibles, anotó que habría que establecer la diferencia porque se trata de circunstancias distintas y explicó que "en las leyes ordinarias es muy común que la Corte haga declaratorias de exequibilidad condicionada o parcial, por lo que el balance es bueno si se tiene en cuenta que el grueso de las decisiones pasó con ajustes".

En cambio, para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, el diagnóstico no es tan bueno. "Siete decretos inexequibles puede parecer una cifra baja, pero la realidad es que a uno no le deberían tumbar nada. Lo que se ve es que la mitad de los decretos expedidos fueron declarados inconstitucionales, parcialmente exequibles o de exequibilidad condicionada, y era previsible que eso pasara, porque hay medidas que era claro que no se podían tomar".

Para Arrubla, en decisiones como la inconstitucionalidad del decreto 797, sobre los arrendamientos de locales comerciales, la Corte fue inoportuna, al haberse pronunciado después de que la medida hubiera perdido vigencia. Para Charry, en cambio, esto obedece a que hay un procedimiento y unos términos, pero advirtió que pronunciarse sobre una decisión expirada, cuando el análisis ya no tiene efecto, es un error y contradice la jurisprudencia de la misma Corte.

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.

# data[].attributes.attachment_link.title
La Corte Constitucional tumbó siete de los decretos expedidos durante la emergencia

# data[].attributes.attachment_link.description
Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co martes, 27 de octubre de 2020 El alto tribunal terminó el análisis de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos emitidos por el Gobierno Nacional por la pandemia Con el propósito de atender la pandemia del covid-19 y mitigar sus efectos, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades, declaró dos emergencias económicas que le permitieron emitir una avalancha de decretos legislativos.

# data[].attributes.body
Función Judicial

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bogotá, D.C., martes 4 de agosto de 2020. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.

Dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso.

La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él.

Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos.

Como se informó en su momento, el 24 de julio de 2018, la entonces Sala de Instrucción de la Sala Penal abrió proceso formal contra los congresistas Uribe y Prada, en el curso del cual rindieron indagatoria ante la nueva Sala Especial de Instrucción en el mes de octubre de 2019.

Luego de escuchar sus explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.

En algunos de los comportamientos investigados habría intervenido el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien por ello la Sala le imputa el delito de

soborno en calidad de cómplice. Conducta que legalmente, frente a la eventual pena a imponer, no reúne requisitos para imponerle medida de aseguramiento, aunque sigue vinculado al proceso.

Las conductas imputadas al senador Uribe Vélez, por las cuales la Corte resuelve su situación jurídica, fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista.

En estas condiciones, la investigación respecto a los dos congresistas continúa en el mismo proceso a cargo de la Sala Especial de Instrucción.

Como se sabe, según el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, "se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación"

# data[].attributes.attachment_link.title
Corte Suprema ordena detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe

# data[].attributes.attachment_link.description
Bogotá, D.C., martes 4 de agosto de 2020. La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador...

# data[].attributes.body
Jefe de Estado

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

# data[].attributes.attachment_link.title
Gobierno Duque contribuyó a darle el tiro de gracia a relación de EE.UU. y Cuba

# data[].attributes.attachment_link.description
El Gobierno de Iván Duque ha tenido muchas salidas en falso en materia de política exterior. Pero su cruzada contra Cuba es la más grave y difícil de entender.

# data[].attributes.body
Jefe de Gobierno

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El Gobierno, a través del decreto 1408 del 30 de octubre de 2020, prorrogó la vigencia del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1.° de diciembre de 2020, extendiendo el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

En síntesis, durante noviembre seguirán rigiendo las mismas reglas que están actualmente.

Por ello, aquí recordamos quiénes pueden salir y quiénes no a partir del 1.º de noviembre:

(En otras noticias: 'Mi mamá murió cuando hacíamos el viaje de nuestros sueños')

Actividades no permitidas:

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas,
de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de
Salud.

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.

3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos.
de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Sin embargo, hay que aclarar que los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de planes piloto en establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local, y para la realización de ferias empresariales, siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud, tal como ya ha ocurrido.

¿Quiénes pueden salir?

El resto de sectores y actividades se pueden realizar, cumpliendo con el respectivo protocolo de bioseguridad.

(Le sugerimos: La advertencia del Gobierno de EE. UU. sobre viajar a Colombia)

Adicionalmente, los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del coronavirus.

En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada afectación del coronavirus no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria, deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad.

¿Qué pasa con los vuelos internacionales?

La reactivación de vuelos internacionales comerciales, que empezó el 21 de septiembre, continúa y el Gobierno está coordinando para incrementar el número de rutas.

(En detalle: Vuelos internacionales: países que exigen a colombianos prueba covid)

¿Qué pasa con las fronteras terrestres, marítimas y fluviales?

A través del decreto 1408 de 2020, el Gobierno señaló que el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país se extenderá hasta el próximo 1.° de diciembre. No obstante, puede haber pilotos de reapertura.

POLÍTICA
Síganos en Si tiene dudas sobre las medidas escríbanos a luimer@eltiempo.com

# data[].attributes.attachment_link.title
Aislamiento selectivo: ¿qué cambia desde el 1.º de noviembre?

# data[].attributes.attachment_link.description
El Gobierno, a través del decreto 1408 del 30 de octubre de 2020, prorrogó la vigencia del decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 1.° de diciembre de 2020, extendiendo el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

# data[].attributes.body
Máxima Autoridad Administrativa.
El Ejecutivo Administra las gestiones cotidianas del Estado.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El desempleo en Colombia llegó al 15,8 % en septiembre pasado, un 5,6 % más que lo registrado en el mismo mes de 2019, reveló este viernes el Departamento Nacional de Estadística, Dane.

Aunque el indicador laboral sigue siendo una de las principales preocupaciones e autoridades económicas y analistas, el balance frente a abril del presente año es relativamente positivo pues cerca de 3,7 millones empleos fueron recuperados.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, señaló que "rápidamente, las contracciones de la población ocupada han tendido un ajuste, tanto así que la contracción en septiembre es apenas el 37 por ciento del máximo histórico que se dio en abril".

Lea también: En estas fechas proponen realizar el Tercer Día sin IVA

La entidad destaca que la apertura gradual de varios sectores productivos fue un factor determinante para el recuperación de empleo y el sostenimiento de las empresas.

Es de resaltar que se está viendo una contracción generalizada del empleo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.

La brecha de género, por su parte, siguió ampliándose. En el caso de los hombres, la tasa de desempleo fue de 12,3%, mientras las mujeres presentaron un 20,7%.

# data[].attributes.attachment_link.title
Desempleo en Colombia en septiembre llegó al 15,8 %, reveló el Dane

# data[].attributes.attachment_link.description
El desempleo en Colombia llegó al 15,8 % en septiembre pasado, un 5,6 % más que lo registrado en el mismo mes de 2019, reveló este viernes el Departamento Nacional de Estadística, Dane.

# data[].attributes.body
Función Control Político.
Es una de las maneras más efectivas de ejercer el control político y de que los congresistas y la opinión pública estén informados sobre la actuación del ejecutivo .

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El Concejo de Cúcuta, en sesión desarrollada esta mañana, aprobó citar a un debate de moción de censura al secretario de Gobierno, Francisco Javier Cuadros, funcionario señalado por la corporación como el principal responsable del uso que se le está dando al espacio público, principalmente por la demarcación de algunas vías para la ubicación de vendedores ambulantes y el cierre del parque Santander.

Aunque la apertura del paso vehicular entre las avenidas 5 y 6, con calles 10 y 11, se restableció el lunes con el retiro de las vallas instaladas por la Alcaldía de Cúcuta, el cierre por siete meses del sector sigue generando el rechazo y la indignación de comerciantes y de los mismos concejales, quienes no se han mostrado satisfechos con las respuestas entregadas hasta ahora por Cuadros.

Por esa razón, está mañana, los concejales Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, Luis Alejandro Castellanos Cárdenas, José Oliverio Castellanos Navarro, Edison Ernesto Contreras Rodríguez, Jair Antonio Díaz Ardila, Edwin Hernney Duarte Gómez, José Leonardo Jácome Carrascal, Juan Diego Ordoñez Carvajal, Nelson Ovalles Agudelo Álvaro Andrés Raad Forero y Yanet Carime Rodríguez Rodríguez, presentaron una proposición citando a debate de moción de censura al funcionario. La propuesta fue respaldada por la mayoría de la plenaria.

"Se permite citarlo a debate de moción de censura correspondiente, para que en sesión plenaria el día martes 10 de noviembre del año en curso a las 9:00 a. m., en el recinto de la Corporación, se adelante el debate por el manejo irregular y presuntamente ilegal del espacio público, especialmente por la demarcación de vías y andenes para la ubicación de vendedores informales", dice la comunicación del Concejo.

Al igual, el funcionario deberá responder la siguiente pregunta ante la plenaria: ¿cuáles fueron los argumentos de orden constitucional, legal o normativo y el procedimiento aplicado para demarcar, alinderar y/o entregar áreas de espacio público y parcialmente algunas vías vehiculares del centro de la ciudad a particulares?

"En aras de garantizar el debido proceso y los derechos que le asisten, en la fecha y hora señalada, puede rendir las explicaciones, aportar las pruebas que considere pertinentes y en general ejercer su derecho a la defensa y contradicción", complementa la citación de la Corporación.

Tras conocer la citación, el funcionario compartió en sus perfiles oficiales de redes sociales que nuevamente se presentará en la Corporación para sustentar su posición frente a los señalamientos.

"Acudiré al cabildo municipal para exponer los fundamentos constitucionales, legales y normativos, que correspondan para dar respuesta a los interrogantes que se susciten en referencia al tema del manejo del espacio público", escribió.

"Sé que desde la gestión pública he trabajado con honradez, solidaridad y compromiso por Cúcuta y sus ciudadanos", complementó.

Cuadros-Concejo, una relación fragmentada

Desde que comenzó el tercer periodo de sesiones ordinarias (el 1 de octubre), el Concejo de Cúcuta le ha puesto lupa al manejo del espacio público en el centro, concretamente por el cierre vehicular en inmediaciones al parque Santander.

En primera instancia, el funcionario fue invitado a responder un cuestionario sobre este cerramiento hace 15 días, pero no asistió, argumentando que ese día se realizaban varias protestas en el país, por lo que debía vigilar el trascurso de las mismas en Cúcuta.

Cuadros finalmente se presentó ante el Concejo el pasado jueves para responder cinco preguntas sobre el cierre, las cuales sustentó en una medida para evitar reuniones de personas en el parque entendiendo que allí se encuentran sectores comerciales, bancarios, religioso, entidades públicas, entre otros.

Las respuestas de Cuadros en la plenaria no convencieron del todo a los corporados, por lo que desde ese día venía tomando fuerza la idea de la citación a la moción de censura, la cual se hizo realidad hoy y traslada la incertidumbre al debate para el martes 10 de noviembre en el que nuevamente rendirá descargos y será sometido a una votación en la que 13 votos lo dejarían fuera del cargo.

# data[].attributes.attachment_link.title
Secretario de Gobierno, citado por el Concejo a debate de moción de censura

# data[].attributes.attachment_link.description
El Concejo de Cúcuta, en sesión desarrollada esta mañana, aprobó citar a un debate de moción de censura al secretario de Gobierno, Francisco Javier Cuadros, funcionario señalado por la corporación como el principal responsable del uso que se le está dando al espacio público, principalmente por la demarcación de algunas vías para la ubicación de vendedores ambulantes y el cierre del parque Santander.