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El joven denunció ser víctima de maltrato por parte de uno de los asesores telefónicos de la empresa de telecomunicaciones.

Otro caso de maltrato al cliente pondría en tela de juicio el trato que brindaría la empresa Claro a sus clientes vía telefónica. El usuario Alvaro Pizarro denunció que fue insultado por un asesor de servicio de la compañía de telecomunicaciones.

1. INSULTOS HOMOFÓBICOS

Según refiere Pizarro a través de su Facebook, llamó al servicio técnico por inconvenientes con su Internet, sin embargo, la persona que atendió la llamada lo habría insultado con palabras homofóbicas.

2. PRESENTÓ SUPUESTA GRABACIÓN

Para sustentar la acusación, el usuario publicó el audio de la supuesta conversación que tuvo con el supervisor de aquel técnico de Claro, Luis Bolo, contando lo ocurrido ya que no consiguió grabar el momento exacto donde le habrían insultado.

3. HABRÍAN INTENTADO TAPAR EL HECHO

El indignado cliente pidió el nombre del técnico, pero tal como se escucha en la grabación, el supervisor admitiría lo sucedido, pero intentaban evadir la situación. Tras la insistencia del Pizarro, el jefe del asesor dijo que se trataría del empleado Fernando Lozada.

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La participación ciudadana tiene en Alemania una larga tradición y en nuestros tiempos el sistema de Tribunales de Escabinos es altamente aceptado por la sociedad y la magistratura alemana. No se puede trasladar un sistema que funciona muy bien de un determinado país a otro por una serie de razones culturales, sociales y políticas pero este estudio podría sensibilizar sobre problemas y servir para evitar errores cometidos en otros países. En esta oportunidad la Fundación Hanns Seidel trabajó con la prestigiosa Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú como socio estratégico. El Sr. Walter Albán Peralta, Decano de la Facultad de Derecho, asumió el papel de moderador y comenta el artículo del Dr. Hans-Jürgen Brandt en esta publicación. El libro seguramente contribuirá para que más interesados en la temática puedan participar en el debate de la participación ciudadana en la justicia penal en el Perú.

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JUECES DEL PERÚ - ACCESO A LA JUSTICIA A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

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Todos los servicios de justicia deben estar caracterizados por su independencia, imparcialidad, celeridad, transparencia, así como por su sustento en principios éticos y comprometidos con la defensa de la Constitución Política y los derechos humanos, con igualdad y plenitud de acceso a todos los ciudadanos.

El funcionamiento adecuado del servicio de justicia constituye un presupuesto esencial para la convivencia social pacífica. En ese sentido, cabe señalar cuán importante es que el sistema de justicia resuelva conflictos entre las personas y entre éstas y el Estado; combata los actos de corrupción y el comportamiento delictivo; garantice la supremacía de la Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, y garantice el respeto de los derechos de todas las personas.

En el Perú, el acceso a la justicia se manifiesta como un desafío pendiente. En razón de ello, la Defensoría del Pueblo ha elaborado informes y emitido recomendaciones para colaborar con el Estado en la solución de los problemas que cotidianamente enfrentan quienes no acceden plenamente a la satisfacción de este derecho. Asimismo, ha intervenido en procesos constitucionales y presentado diversos amicus curiae, y ha dado a conocer a la autoridad judicial los resultados de sus investigaciones.

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José Ugaz - Presidente de Transparencia Internacional

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HASTA del cieno sale alimento". Las impresionantes declaraciones de un juez, el señor Estevill, ante el Tribunal de Justicia que le juzga, al que corresponde valorarlas, reconociendo haber hecho uso del poder que le confieren las leyes para enriquecerse personalmente dictando resoluciones a golpe de talonario, pueden ser todo lo impactantes que se quiera. Pero no pueden justificar que la sociedad y los demás jueces permanezcamos indefinidamente con cara de lelos e incrédulos. Hay que agradecer la franqueza del señor Estevill y aprovecharla para poner fin a una determinada imagen que del juez tiene la sociedad y tienen los propios jueces de sí mismos. Es la imagen histórica, recrecida durante el franquismo. El juez gris y discreto, enlutado y triste, malpagado y aburrido, soberbio y temido, inaccesible e incorruptible. "En España la justicia no se vende, aunque a veces se regala", era el lema. Y efectivamente, durante el franquismo el cien por cien de los jueces era virtuoso e incorruptible. Por Decreto, como el resultado de los referéndums que promovía el Régimen. Pronto la democracia nos demostró que había un número de jueces, todo lo minoritario que se quiera, corruptos. Y empezaron las condenas: ¿un ramillete de jueces condenados por los propios jueces! Un signo de salud. Ya, a estas alturas, se han producido las suficientes para apearnos de conclusiones apriorísticas y maximalistas. Los jueces son tan propensos a la corrupción como cualquier otro profesional. Tanto como los médicos, los abogados o los chapistas. O incluso más, porque el juez es depositario de un poder social incontrolable por definición y controlable por excepción. Es útil reconocer la existencia de la corrupción judicial. Porque nadie puede vivir ocultándose la realidad. Pero también porque sólo desde ese reconocimiento se pueden instrumentar mecanismos de prevención y de represión. Por doquier hay mafias organizadas que acechan a la administración de Justicia y a los jueces. Grandes mafias organizadas que controlan el narcotráfico, el contrabando, la especulación financiera y urbanística, la trata de blancas y la prostitución o el tráfico de inmigrantes. Pero también pequeñas mafias provinciales, incomprensiblemente toleradas, que 'pelotean' facturas para defraudar al fisco en materia de IVA, que establecen conexiones 'privilegiadas' para obtener permisos de trabajo o que se presentan a sí mismas como 'conseguidores' de pensiones de la Seguridad Social para beneficiarios a quienes no les corresponden. Estas pequeñas mafias se fundan por grises personajillos, usualmente abogados, graduados sociales, gestores o asesores que tejen su tela de araña captando su 'trabajo' en el medio rural o a través de cómplices en las Administraciones públicas correspondientes. Que han sido o son funcionarios públicos o tienen los contactos internos precisos para obtener información y trato privilegiado. Y que sueñan con 'codearse' con los jueces, como en La escopeta nacional. Cualquier estudioso del comportamiento mafioso sabe que toda 'organización' que se precie busca la penetración en la policía, en primer lugar, en las Administraciones públicas, después, y, finalmente, en la judicatura. Que el crimen organizado y la corrupción son una misma cosa: que el criminal se apoya en el corrupto y, a veces, el corrupto genera el crimen. En palabras de Baltasar Garzón, el crimen es el cáncer y la corrupción la metástasis. Aunque, en ocasiones, sea difícil distinguir quién es quién. Las pequeñas mafias y las grandes mafias trabajan juntas en la insensibilización moral de la sociedad frente a lo ilegal, hasta el punto que se considera inevitable la corrupción y se ensalza al corrupto (¿es menester recordar cuantas Universidades nombraron doctor 'honoris causa' a Mario Conde o cómo ilustres Colegios de Abogados homenajearon a jueces condenados por prevaricación por el Tribunal Supremo?). Como al 'Dioni', lo único que se les reprocha es que se hayan dejado 'pillar'. Crimen y corrupción se fundan en un mismo principio: la privatización del poder a su particular servicio y el no sometimiento a la ley. Estas pequeñas mafias reciben su encargo de quienes quieren obtener lo que no les corresponde legalmente o de quienes desconfían del correcto funcionamiento de las Administraciones públicas o de la Justicia y lo compensan contratando al 'conseguidor'. Son mafias miserables, en el sentido genuino de la palabra de que crecen a partir de situaciones de necesidad. Pero cada vez que el conseguidor obtiene, lícita o ilícitamente, su objetivo, se refuerza el poder de la mafia y se debilita la credibilidad del sistema. En una provincia de cuyo nombre no quiero acordarme, un oscuro funcionario del INP se enriqueció con las pensiones agrarias de Incapacidad, me contaron. Se refería a ellas como la «media paga» o la «paga entera», pagas que él aseguraba poder «dar y aumentar». Tenía agentes a comisión en los pueblos que, a veces, coincidían con el médico de la Seguridad Social. Otros médicos 'amigos' le facilitaban impresos firmados en blanco para que él los rellenara con los males oportunos, o incluso ponían lo que convenía, al dictado. En otros casos había que recurrir al 'tipes': donde el informe médico objetivo ponía "incapacitado para montar a caballo" o "para esquiar" se borraba "para montar a caballo" o "para esquiar" y en la fotocopia resultaba "incapacitado". Comenzó posibilitando, estaba en el sitio adecuado, que su socio y 'alter ego' fuera del INP, obtuviera resoluciones favorables a las reclamaciones previas a juicio. Cuando se le imposibilitó, dificultaba la defensa en juicio de la Seguridad Social ocultando los expedientes administrativos que nunca llegaban al Juzgado en los asuntos que defendía su socio. Al ser descubierto pidió la excedencia y abrió un despacho al público en el que, cuando me lo contaron, prestaba sus servicios el hijo de un secretario judicial. Según se decía el secretario era el que ponía la sentencias en un Juzgado de lo Social, ante la indolencia de su titular. Este esquema de puesta en marcha y funcionamiento, probablemente utópico, se repite, sin embargo provincia por provincia con las naturales variantes, con éxito o sin él, pero con general tolerancia. Quizás porque en este ignorante país seguimos pensando que la Seguridad Social no tiene dueño, que robándole no se perjudica a nadie y que lo público está para nuestro libre provecho. Por otra parte a estas alturas nadie es tan ingenuo de creer en que la Justicia se pueda regalar. Se vista como se vista cada vez que se dice que "se regala" se está diciendo que "se vende" o "se permuta". Siempre hay una contraprestación, una ventaja a cambio: un hijo que colocar, droga, servicios sexuales, un coto de caza o pesca... Y en muchos casos, como en el de Estevill, el precio se abona directamente en dinero y en una cuenta bancaria en Suiza. Siempre hay un "favorecido" eternamente agradecido, es de suponer, pero también una víctima injusta, agraviada a perpetuidad. La aceptación de la corrupción judicial obliga al Estado de Derecho a adoptar unas cautelas frente al ejercicio de las facultades que entraña el llamado poder judicial que deberían comenzar por la obligación de los jueces y funcionarios de Justicia de declarar sus bienes. Es incomprensible, a menos que tengan bienes de fortuna previos, que un juez tenga un barco de nueve metros amarrado en un puerto deportivo, que un secretario judicial tenga diez pisos en el Registro de la Propiedad o un agente judicial vista trajes italianos... Al menos deberían pedirse y darse explicaciones. La corrupción no es invisible, aunque todos hagan que no la vean, no la oigan o no hablen de ella. Un juez alcohólico o cocainómano es un grave riesgo directo porque necesita el tóxico y/o indirecto porque abandona en otro sus funciones. Los procedimientos administrativos caducos que rigen en muchas Oficinas judiciales, incluso contra la voluntad de sus titulares, son campo abonado para la corrupción: el reparto manual de asuntos, que permite cargar un Juzgado de trabajo y exonerar a otro pero, sobretodo, seleccionar los asuntos; la inexistencia de oficinas centralizadas e informatizadas para la presentación de escritos de trámite que permite a cualquier funcionario de cualquier Juzgado ejercer la fe pública y que haya abogados, graduados y administrados que tengan que cumplir los plazos y otros para los que no existen; o la presentación de escritos a término en el domicilio particular de los Secretarios judiciales que permiten a éstos ejercitar la fe pública en la clandestinidad y sin testigos..., son prácticas incompatibles con la objetividad e imparcialidad que debe regir en el funcionamiento de la Justicia. Es falso que los griegos representaran la Justicia como una dama ciega. La representaban con un ojo tapado para que no viera lo que le podría impedir ser imparcial, pero con el otro ojo bien abierto para ver todo lo que necesita para ser objetiva. Y, quizás, no estaría de más que la Administración de Justicia se mirara un poco a sí misma. Eso sí, ¿con el ojo destapado!. Porque el corporativismo mal entendido y cierta visión parcelada de la Justicia, en cuya virtud, cada uno ha de estar "a sus zapatos", hacen que esa mirada se haga con el otro ojo, el tapado.

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jueces corruptos

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Una institución indispensable para el desarrollo de la humanidad es el Poder Judicial. Desde el momento en que el hombre vive en grupo, surgen inevitablemente los conflictos: pretender construir una sociedad sin discrepancias ni controversias es una insensatez. Dado que los bienes terrenales son limitados, de primera intención los hombres compiten por obtener su parte y, muchas veces, pelean por ello. Pero si esto es así, no cabe duda de que la vida humana solo es posible si existe un árbitro que permita definir los derechos y conciliar los intereses antes de llegar a la destrucción irracional de todos contra todos. En otras palabras, se necesita un orden, esto es, un conjunto de reglas que dividan los derechos en espacios físicos (propiedades) y en espacios temporales (turnos), de tal manera que una competencia desbocada no nos destruya unos a otros y, más bien, la posibilidad de competir en orden nos eleve la calidad de vida.

Pero si se requiere un orden, hace falta también una institución que dirima las controversias básicas, para evitar el desorden. Un conjunto de reglas no es suficiente; se requiere que existan quienes puedan interpretarlas y aplicarlas por encima de los intereses individuales. Y este es el papel importantísimo del Poder Judicial.

Sin embargo, lamentablemente, en el Perú el Poder Judicial está considerado en las encuestas como una institución absolutamente defectuosa. Este es un hecho, no una elucubración. Por tanto, hay que pensar en remediar tal situación porque, de otra manera, no será posible vivir y crecer adecuadamente.

¿Qué es lo que hace falta? Hay personas que para solucionar este problema quieren dar una nueva Ley del Poder Judicial. Pero, señores, las leyes no sirven de nada si no tienen la posibilidad de ser adecuadamente interpretadas y aplicadas. Buenas leyes (o cuando menos, aceptables) las tenemos ya; ahora lo que hace falta son buenos jueces que las hagan cumplir.

El Poder Judicial peruano tiene hoy en día y ha tenido históricamente figuras epónimas del juez, particularmente en las instancias más altas, por quienes tengo el mayor respeto porque defienden su imparcialidad dentro de un ambiente donde la sobrevivencia del juez honesto parece casi imposible. Pero la administración de justicia, en general, deja mucho que desear.

Para ser un buen juez se necesita formación jurídica, honestidad a toda rueba y valentía para defender su independencia.

Sin embargo, dados los bajos sueldos que paga el Poder Judicial, quienes ingresan a la carrera no son los mejores alumnos que salen de las universidades, ya que estos encuentran mejor ubicación en los estudios y en las empresas. Y, claro está, las hermosas teorías de codificadores y juristas pierden toda su eficacia si simplemente los jueces no las entienden o las entienden al revés. De otro lado, la corrupción campea por las salas del Poder Judicial: los jueces son corruptos y los abogados son corruptos, sin que pueda saberse si el origen está en el juez que comenzó pidiendo o en el abogado que comenzó ofreciendo. Asimismo, los políticos y funcionarios públicos –muchas veces, de bajo nivel– apoyan a litigantes y presionan sobre el Poder Judicial para conseguir el triunfo de su “amigo” a cambio de una prebenda. Adicionalmente, ciertos abogados que han logrado hacerse de una fama dudosa de manejar poderosamente el azote del Derecho, amedrentan a los magistrados amenazándoles con iniciarles procesos por prevaricato o con otras razones intimidantes si no juzgan como ellos quieren. De esta manera, el que no es corrupto muchas veces es pusilánime; y esto forma el círculo vicioso de la frustración de justicia.

El mal no es solo de hoy. Manuel Atanasio Fuentes decía en el S. XIX, hablando de los jueces peruanos, que “esos Señores de pluma que se llaman justicias”, no pueden ser considerados como tales; o cuando menos la justicia “está tan disfrazada, tan cubierta, tan tapada, que no la conoce ni Dios que la crió…”.

Ha llegado el momento de pensar seriamente en elevar el nivel de nuestros jueces si queremos tener una vida mejor dentro de una sociedad mejor

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el poder judicial