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En el Perú el poder judicial  viene atravesando conflictos o problemas que  a nosotros como  ciudadanos no nos conlleva a la justicia.

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Al terminar el año 2015 de  cada 100 jueces que existe  en el Perú, 42 se  encuentran en situación de  provisionalidad.  Hasta setiembre pasado,  había 2075 jueces titulares
y 1223 provisionales que en  su mayoría ejercen en  distritos judiciales con  población de escasos  recursos como Huánuco  (54%), Madre de Dios  (53%), Lima Este (52%). Ni
la Corte Suprema se salva  de la provisionalidad: 22 de  los vocales supremos son  provisionales.

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Para tratar de resolver el  problema de  provisionalidad de los  jueces se podría indagar que comunidades, distritos,  no cuentan con jueces que  administren la ley para  tratar de poner en cada  lugar que falta jueces y asi  se disminuye la  provisionalidad y se logra un beneficio tanto para los
jueces y las comunidades,  distritos ya que hay alguien que les administre justicia.
Por otro lado este argumento se sustenta con que la comunidades que no
tienen jueces su justicia es  administrada por las  rondas campesinas que  aveces no cumplen bien su  función, como por ejemplo los linchamientos que  quitan derechos de algunas  personas por razón a ello se  debe administrar justicia  como se debe, con jueces ya  capacitados y ayan tenido  estudios de esta materia.

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Carga y sobrecarga en el poder judicial.

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Carga y sobrecarga en el poder judicial.

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La carga procesal en el  poder judicial: más de 3  millones de expedientes al  año.
Otro problema grave es la  sobrecarga procesal. Cada  año ingresan cerca de 200
mil expedientes al Poder Judicial. Durante el 2014  se logró resolver un poco  más de un millón de  expedientes, quedando  cerca de dos millones  pendientes. La excesiva  carga es justificativo de las  autoridades para la demora  en los procesos que se  prolongan hasta en 900%.

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Para resolver este  problema de carga y  sobrecarga en el poder  judicial, yo pienso de que  eso es desciendo de cada  juez, se debe colocar leyes  para dar solución a un  problema y que no se deje  pasar por alto, esa ley debe  ser rigorosa con cada  problema que no se  soluciona por parte de los  jueces.

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En los últimos cinco años,  el Consejo Nacional de la  Magistratura (CNM) ha  atendido 662 denuncias,  las cuales han derivado en  129 destituciones a  magistradosdel Poder
Judicial. Por su parte, en los últimos cinco años la  Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)ha  impuesto un total de  14,399 sanciones, de las  cuales 6,274 fueron  dirigidas a jueces.Como se  aprecia, son dos los organismos encargados de
fiscalizar y sancionar a los  jueces: el Consejo Nacional  de la Magistratura (CNM) y
la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).El  CNM tiene como una de  sus atribuciones destituir a  los jueces y fiscales del  Perú de todos los niveles y jerarquías, con excepción  de los jueces que  an sido elegidos por elección  popular. Por su parte, la OCMA es el órgano  diciplinario del Poder Judicial que se encarga de  la investigación y  aplicación de  sanciones(amonestación,  multa, propuesta de  destitución y suspensión)  por inconductas  funcionales de magistrados  auxiliares jurisdiccionales y demás servidores del Poder  Judicial, con excepción de  los vocales de la Corte  Suprema.

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Frente a este problema de sanciones a jueces se debe hacer una ley sobre penalizar a la cárcel a los jueces que no cumplen bien su trabajo para que así ningún juez tenga que dejar personas sin justicia.

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Aunque las cifras indiquen  que en los últimos diez  años el presupuesto del  Poder Judicial se ha  incrementado en más de  132%, la realidad es que los
recursos entregados a este  poder del Estado resultan  insuficientes para prestar el
servicio de administración  de justicia en condiciones  idóneas. En efecto, el Poder Judicial enfrenta un serio  problema de gestión por el  reducido presupuesto  institucional que se le  asigna cada año. Por  ejemplo, para el 2015 el  Poder Judicial solicitó  como presupuesto anual  S/. 2,843 millones; no  obstante, solo se le asignó
S/. 1,961 millones. De igual  forma, para el 2016 el  Ejecutivo ha pedido S/.  1,803 millones, dejando de  lado la propuesta del Poder  Judicial de S/.  2,921millones; es decir,  solo se solicitó al Congreso el 61% de lo requerido.

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Promover a que por decisión del pueblo con avisos, afiches, charlas, por
todos los medios de comunicación que un candidato a la presidencia asuma o tenga esta propuesta de nivelar los sueldos y solo así los jueces también administraran
justicia correctamente.