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Estas fotos son poderosas e importantes. Documentan el movimiento por los derechos de las mujeres. Las mujeres no reciben el mismo trato en gran parte de América Latina, por lo que es importante reconocer por qué el movimiento allí es tan esencial.

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Estas fotos son poderosas e importantes. Documentan el movimiento por los derechos de las mujeres. Las mujeres no reciben el mismo trato en gran parte de América Latina, por lo que es importante reconocer por qué el movimiento allí es tan esencial.

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Soren

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Estas picturas tienen mucho emocion y muestran lo grande y poderoso que es el movimiento (Cadence)

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estes fotos y videos tienen mucha emoción y son muy poderoso. también, para mi estes fotos son incredibles porque muestra la gente que se reúne para un causa. "ni una menos" es muy poderoso también. sabiendo cuanto las mujeres son afectados por la violencia. (poppy)

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esta el movimietno tener mucho traccion y personas. mucho attenccion esta en el movimiento y que es una cosa bueno pero no mucho cambia, violecnia contra mujeres en sur de america.
-Nate

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no escuchaba de este movimiento importante antes de hoy. Me sorprendí cuantos mujeres murien del feminicido: uno cada treintialgo horas. Y todos estas mujeres luchando son ponderosas. (Erica)

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estas fotos muestran la emoción y el energía de este movimiento. Estes mujeres son valiente y poderosa, luchando para terminar el femicidio.

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Esta movimiento me parece muy importante e influyente. Me sorpresa que no he escuchado del movimiento hasta hoy - esta haciendo trabajo muy importante. Me pregunto que ha logrado hasta ahora, y que va a hacer en el futuro para ayudar a las mujeres y combatir el sexismo y femicidio.
(Clio)

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"No me gusta la victimización. Las mujeres indígenas no podemos presentarnos siempre como las pobrecitas, las que no sabemos, no podemos", dice la peruana Tarcila Rivera Zea, quien encabeza el Foro Internacional de Mujeres Indígenas.

"A eso nos llevó la negación de oportunidades, pero cuando levantamos esa barrera, tenemos todas las capacidades para desarrollarnos y aportar a la economía de la familia y del país".

Y mucho más. En las últimas décadas, han conquistado múltiples espacios y son muchas las que con sus liderazgos han tenido un impacto clave en sus comunidades y países.

En el Día de la Mujer, BBC Mundo aborda las luchas y aportes de tres de ellas.

Rosalina Tuyuc, por la paz

"Por más de 30 años, Rosalinda Tuyuc ha trabajado por la paz de Guatemala", le dice a BBC Mundo Adriana Quiñones, representante en ese país de ONU Mujeres, la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.

Con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), "puso en la agenda global lo que estaba pasando" en su país.

"Ellas empezaron la búsqueda de desaparecidos y poco a poco le dieron a conocer al mundo fosas comunes y matanzas de miles de personas".

Se estima que el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) dejó aproximadamente 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

"Como ningún gobierno se ha comprometido con las víctimas del genocidio para buscar a los desaparecidos, las mujeres tomamos un azadón, una piocha, para escarbar en los cementerios clandestinos y buscar a nuestros padres, esposos, hijos", le señala Tuyuc a BBC Mundo.

"Es duro abrir una fosa clandestina y no encontrar al familiar, pero una de las grandes satisfacciones es ayudar a otras familias a encontrar a sus muertos".

Además de la exhumación de cadáveres, el proyecto que lidera Tuyuc ha construido un monumento en honor a esas víctimas.

"En la cosmovisión maya no puede haber descanso hasta que haya un entierro apropiado y ella le ha dado esa paz a más de 300 familias", señala Quiñones.

En 1982, el padre de Tuyuc fue secuestrado y desapareció. Lo mismo sucedió, tres años después, con su esposo.

Cuando pensaba que ya "no podía aguantar más dolor", sacó fuerza y, en 1988, ayudó a crear Conavigua.

Pero el de los desaparecidos no fue el único trauma que Tuyuc quiso ayudar a enfrentar.

"Hubo mujeres que vieron que sus familiares eran torturados y asesinados, otras que vieron cuando violaban a sus hijas, de 5, 8 años o señoritas, o cuando violaban a sus madres", cuenta la líder.

Muchas otras "se sentían avergonzadas, culpables de la violación que sufrieron una y otra vez por los militares, por grupos paramilitares".

En los primeros años "la principal lucha era defender la vida y detener las masacres y persecuciones", ya organizadas comenzaron a " preparar mental y espiritualmente a las mujeres para hablar, recordar horas, días, responsables".

"En los años 90, tocamos las puertas de la Justicia. Fuimos 32 mujeres mayas que se atrevieron a dar sus nombres y sus caras a los tribunales para denunciar a los agresores de la violencia sexual y de otros delitos".

Califica de "muy valiente" ese "peregrinaje" de las mujeres.

"No sólo era hablar del esposo y del hijo desaparecidos, de la quema de la casa y la cosecha, sino de lo que a ellas les pasó".

La ONU destaca esa dolorosa apertura.

Romper el silencio

"Es gracias a esas luchas que muchas mujeres han roto el silencio y que Guatemala tiene una de las sentencias más emblemáticas sobre violencia sexual en el conflicto", indica Quiñones.

Se trata de la sentencia de Sepur Zarco, nombre de la comunidad donde hubo "un destacamento militar que esclavizó sexualmente, por seis años, a un grupo de mujeres mayas q'eqchi'".

Tras más de 15 años de lucha, las víctimas consiguieron una sentencia con 18 medidas de reparación, "algo inédito en Guatemala y en el mundo".

Conavigua estima que alrededor de 60.000 mujeres sufrieron violencia sexual durante el conflicto.

Aunque "a partir del año 2000 muchas mujeres se abrieron más porque se les apoyó y se les ayudó a entender que no fue su culpa -cuenta Tuyuc-, hay varias que fueron violadas y que nunca aparecerán en las estadísticas".

"Y siempre las recordaremos con mucha dignidad".

Para los guatemaltecos

En 1995, Tuyuc fue electa diputada del Congreso de Guatemala y en 2004 presidió la Comisión Nacional de Resarcimiento para investigar los delitos cometidos durante la guerra civil.

"Generó coaliciones importantes y ayudó a construir toda esa institucionalidad que vino después de los acuerdos de paz. Eso fue para todos los hombres y mujeres de Guatemala".

Esa trascendencia la refleja la periodista Lucía Escobar en una columna de opinión de elPeriódico, titulada "Rosalina, imprescindible".

"A ella le debemos el fin del reclutamiento militar forzoso que afectó negativamente a generaciones enteras de adolescentes indígenas que fueron obligados a entrar en el ejército", se lee en el artículo.

Y Tuyuc se enorgullece de ello, aunque no habla en primera persona: "Hemos contribuido a la desmilitarización de la sociedad. Fuimos las mujeres las que defendimos la voluntariedad del servicio militar".

"Hoy la juventud se siente libre de caminar, pero durante muchos años no fue así".

Y es que en pleno conflicto, evoca Quiñones, "niños y jóvenes, reclutados forzadamente, tuvieron que cometer crímenes atroces".

Más que una huella

Conavigua posee una escuela para diferentes niveles y edades.

En los 90, cuenta Tuyuc, "fue sorprendente ver cuántas abuelas de 50, 60 años" querían aprender a leer y escribir.

"Ya no sólo ponen su huella", cuenta.

La formación incluye liderazgo y empoderamiento de niñas y mujeres.

"Con esta pandemia, sin la agroecología comunitaria no hubiésemos podido sobrevivir. Cuando el gobierno decretó el confinamiento, el conocimiento y el trabajo agrícola de las mujeres sirvieron para alimentar a las familias".

Los programas de la organización llegan a más de 40 comunidades. "Poco más de 5.000 mujeres siguen adquiriendo confianza y participando".

Y es que como ella lo plantea: no sólo le perdieron el miedo a reclamar, sino a la muerte, que vieron de "cerca".

Tuyuc -dice Quiñones- "es una luz para todas las mujeres".

Tarcila Rivera Zea, de lo local a lo global

"Una vez, un embajador de Finlandia me invitó a una cena a su casa y me dijo: 'Ponte acá junto a mi esposa'. Le pregunté por qué, y me respondió: 'Porque te voy a presentar a tu sociedad'", le cuenta Rivera a BBC Mundo.

"Iban llegando los ministros, las personalidades de Lima, y les decía: 'Tarcila Rivera Zea es quechua, una lideresa muy conocida, lástima, internacionalmente y no en el Perú'".

Eso sucedió hace 20 años y aunque hoy es considerada una destacada líder indígena en su país, Rivera dice que aún falta para la normalización: "Nuestras sociedades son fragmentadas. Por eso, ponemos sobre la mesa las diversas expresiones del racismo".

"El racismo, visto como un ejercicio de poder frente al otro -seas mujer, indígena o tengas otra característica-, se convierte en una forma de discriminación".

"Persona peligrosa"

La líder ha trabajado por los pueblos indígenas de Perú desde los años 80, una década marcada por un conflicto armado que, en casi 20 años, dejó unos 69.000 muertos y desaparecidos.

"Para el ejército, los indígenas éramos terroristas y para Sendero Luminoso, éramos los lacayos del imperialismo", recuerda.

"No podíamos hablar, yo tenía prohibido ir a mi comunidad" porque para ambos bandos. "Era (considerada) una persona peligrosa".

"Hubo comunidades desplazadas, desaparecidos, perseguidos, asesinados y en ese proceso, las mujeres perdimos mucho: (hubo) niñas y mujeres "terriblemente abusadas".

En 1985, para proteger a niños quechuas cuyos padres habían sido asesinados, fundó la organización Chirapaq.

Con sus comedores, ayudó a su nutrición, a reafirmar su identidad cultural y su autoestima, reconoce el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"Quienes participaron de esta experiencia son hoy padres de familia y líderes positivos para sus comunidades", añade el organismo.

"Las violencias"

Al inicio de los 90, Rivera sentía que, pese al esfuerzo de las mujeres, el movimiento indígena las excluía.

"Éramos totalmente invisibles porque no había liderazgos claros y, si había, eran masculinos".

"Ahora no. Hay muchas mujeres de diferentes partes del país que aunque no sepan castellano, leer y escribir, expresan lo que no es correcto, lo que debe cambiar. Levantan su voz por la Justicia, por el respeto a la vida, a la naturaleza".

Para alcanzar esta nueva realidad, Rivera y su generación fueron fundamentales.

"Estamos contra el embarazo adolescente y la violencia sexual de las niñas en las escuelas. Todavía hay países donde niñas de 12 años forman pareja o son entregadas".

"Las que presencian ese tipo de aberraciones ya son capaces de decir que es incorrecto, que no queremos eso para nuestras niñas".

Denuncia "las violencias" porque no sólo es la violencia doméstica y sexual, sino la institucionalizada, la que las excluye, por ejemplo, de políticas públicas o la que las despoja de sus territorios y recursos naturales.

Actores económicos

A lo largo de las décadas, Rivera ha llevado planteamientos y propuestas de las indígenas de la región a instancias internacionales.

En 1995 participó en la Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, que -según la ONU- fue "un importante punto de inflexión" para la agenda de igualdad de género.

Rivera Zea es presidenta de Chirapaq, presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, y entre 2017 y 2019 fue miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

"Desde sus múltiples pertenencias y espacios de influencia, el liderazgo de la señora Rivera Zea ha sido primordial para visibilizar y posicionar a las mujeres indígenas como agentes de desarrollo y actores políticos con voz propia", le indicó BBC Mundo Barbara Ortiz, especialista de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

En Chirapaq, la líder también impulsa el empoderamiento económico de las mujeres.

En la pandemia, junto a ONU Mujeres, ha implementado una iniciativa que brinda asistencia técnica e insumos para biohuertos y sistemas de riego para mejorar "la seguridad alimentaria de más de 800 familias", señaló Ortiz.

"Las hermanas"

Cuando Rivera salió de su comunidad, tenía 10 años y no hablaba castellano.

El trato que recibió como empleada doméstica la marcó. Dice que le surgió "una especie de rebeldía" y un ansía por aprender a leer y escribir.

Cuando sus padres perdieron a su hermano recién nacido, no pudieron solicitar que se investigara su muerte, porque no hablaban castellano.

"Mi madre murió analfabeta, con un cáncer de ovario. Nunca creyó en los médicos".

Al hablar de derechos sexuales reproductivos o de la salud de las mujeres, sugirió incluir la diversidad cultural.

"Si las políticas que se dan a nivel global no bajan a cambiar la situación en nuestros lugares, no tienen sentido. Esa es la filosofía con la que he tratado de contagiar a las hermanas".

Lottie Cunningham, la abogada de la tierra

Una de las ideas más esclarecedoras que he escuchado sobre cómo ven la tierra las comunidades indígenas me la dijo Lottie Cunningham, cuando recordó su participación en la primera causa judicial sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"El presidente del Consejo de Ancianos me dijo: 'Por ser mujer, vamos a confiar en usted porque la tierra es la Madre Tierra, pero no estamos de acuerdo con el lenguaje de demarcación y titulación.

Nosotros queremos un título como un todo porque si vos hablás de demarcación es como si vos tuvieras tu cuerpo y empezás a desmembrar tus brazos, tus piernas, tu cabeza... Y no, la Madre es un todo, es un cuerpo, por eso no creemos en la demarcación porque queremos tener siempre unida a la familia indígena'".

Cunningham, del grupo indígena miskito, combinó las enseñanzas de sus antepasados con sus conocimientos de historia y derecho para presentarle su perspectiva a la autoridad indígena.

"Le dije: 'En esta ocasión necesitamos tratar de tener un control sobre nuestras tierras y para eso tenemos que utilizar algunos términos del lenguaje occidental, sin quebrantar los principios y los derechos humanos de los pueblos indígenas'".

La justicia

Y es que en 2001, la Corte IDH había emitido una sentencia a favor de la comunidad Awas Tingni, en la que declaró que el Estado, tras otorgar una concesión maderera sin su consentimiento, había violado sus derechos.

Se le ordenó a Nicaragua demarcar y titular los territorios indígenas y Cunningham inició el trabajo para implementar dicho dictamen.

No sólo fue clave en la presentación del caso, sino en negociaciones posteriores entre los indígenas y el Estado.

Ese proceso y la sentencia "han sido citados a menudo por otros grupos indígenas en procesos judiciales por derechos humanos o derechos de propiedad de la tierra y han contribuido al avance de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en todo el mundo", señala la Fundación Right Livelihood Award, que le concedió en 2020 el llamado Nobel Alternativo.

Y es que, como le dijo Cunningham a la DW, "por primera vez en la historia, una corte dictó una resolución con una interpretación evolutiva, donde reconoce el derecho de la propiedad colectiva, con una perspectiva en la que prevalecen el uso y tenencia de la tierra desde la cosmovisión indígena".

La enfermera

Antes de ser abogada, Cunningham fue enfermera por 10 años, hasta que se dio cuenta de que no tenía "espacio para incidir en políticas públicas a favor de los pueblos indígenas".

Al consultarle a los líderes indígenas sobre la situación en sus comunidades, apareció como prioridad la defensa de sus territorios.

Y en 1997, se dio cuenta de algo:

"La primera vez que me reuní con unas comunidades, me sorprendió estar en un aula de escuela sólo con hombres".

Las mujeres, afuera, procuraban escuchar.

"Pregunté por qué no había mujeres adentro y me dijeron que las mujeres no eran las que atendían lo relacionado con la defensa de la tierra".

" ¿Y qué soy yo?", cuestionó. "¿Por qué hay confianza en mí y no en ellas que son sus madres, esposas, hijas?".

"Me dijeron que mi situación era diferente y les dije que no, que era indígena y que en la próxima reunión quería ver a 10 mujeres junto a los hombres".

Así empezó un proceso difícil, pero que ha dado frutos.

"Lo más bonito es acompañar a las comunidades, escuchar a las mujeres y empoderarlas", no sólo para que participen en la toma de decisiones sino en actividades productivas.

Los riesgos

En 2003, Cunningham creó el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).

En su discurso de aceptación del Nobel Alternativo, dijo que los pueblos indígenas y afrodescendientes de su país viven en 304 aldeas.

"El 90% de nuestros territorios enfrenta la invasión masiva de colonos, la mayoría de ellos acaparadores de tierras armados. Estos colonos talan nuestros bosques, extraen nuestros minerales y crían ganado en nuestras tierras.

Están expulsando a mi gente de sus tierras de cultivo y de sus aldeas, donde solían realizar actividades tradicionales como la caza, la pesca y la recolección de plantas medicinales".

Cunningham le cuenta a BBC Mundo que ha temido por su vida.

En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al gobierno de Nicaragua que adoptara " las medidas necesarias" para garantizar su vida e integridad personal y para que "pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamiento".

Esa instancia, decía en 2018, "observa que los graves hechos de violencia que han tenido lugar en la región de la Costa Caribe Norte han incluido presuntos secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas y ataques a pobladores".

En 2020, volvió a expresar su preocupación.

Más allá de Nicaragua

El Nobel Alternativo le fue otorgado "por su incansable dedicación a la protección de los territorios y las comunidades indígenas frente a la explotación y el saqueo".

"La lucha de Lottie no es solo por su gente y su tierra, es una lucha por todos nosotros, y aun así ellos son los más afectados por el acoso y la violencia que impulsa la codicia", le dice a BBC Mundo Kajsa Overgaard, subdirectora de la fundación sueca.

Y también por "los huracanes y las inundaciones, que son el resultado de nuestra forma de vivir y nuestros patrones de consumo".

"Si el mundo occidental, cuando conoció por primera vez a las comunidades indígenas, hubiera escuchado realmente a mujeres como Lottie y hubiera aprendido a vivir en armonía con la Madre Tierra, habríamos evitado las crisis climáticas de hoy".

" Pana pana en miskito significa solidaridad y quiere decir que tenemos que vivir de forma colectiva, actuando juntos, pensando en comunidad, no en el lucro".

"¿Podemos empezar a escuchar atentamente y aprender de líderes indígenas sabias como Lottie?", se pregunta Overgaard desde Suecia.

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3 líderes indígenas que han ayudado a transformar las vidas de miles de personas en América Latina - BBC News Mundo

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"No me gusta la victimización. Las mujeres indígenas no podemos presentarnos siempre como las pobrecitas, las que no sabemos, no podemos", dice la peruana Tarcila Rivera Zea, quien encabeza el Foro Internacional de Mujeres Indígenas. "A eso nos llevó la negación de oportunidades, pero cuando levantamos esa barrera, tenemos todas las capacidades para desarrollarnos y aportar a la economía de la familia y del país".

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A 5 años del primer Ni Una Menos, este año se exige justicia en cuarentena

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Del grito por Ni una menos que recorrió el país en 2015 a la cuarta ola feminista. De histéricas a históricas, un breve recorrido desde el primer 3J de 2015 a la realidad actual de las tres ciudades más importantes del país: CABA, Córdoba y Rosario. Un repaso federal con números, estadísticas e informes que permiten una aproximación al tema. Las demandas de hace cuatro años continúan intactas. Hoy habrá movilizaciones en todo el país.

Frente la quinta movilización por Ni una menos, un nuevo 3 de junio, nos preguntamos: ¿cómo se mide el impacto de las movilizaciones que se dieron en los últimos años? ¿Cuáles son los saldos cualitativos, cuantitativos y legislativos cuatro años después de la primera manifestación masiva contra los femicidios? La construcción del feminismo popular que se agita desde Argentina es observada a nivel mundial. Ni Una Menos pasó de ser el título a una convocatoria por una maratón de lectura el 26 de marzo de 2015, a un hashtag agitado en las redes sociales tras el femicidio de Chiara Paez, un acontecimiento colectivo (3 de junio de 2015), a convertirse en un lema, un movimiento social transnacional, que excede al colectivo humano y los múltiples colectivos que empujaron y organizaron cada una de las manifestaciones bajo esta consigna.

Hay un antes y un después de NUM en Argentina. La línea 144, que recibe llamados de víctimas de todo el país: pasó de 1000 consultas diarias a 13.700 aquel 2015 del estallido. Ese año el 0800 porteño de atención tuvo una demanda 300 por ciento mayor. La conciencia sobre la problemática se ensanchó desde entonces pero las violencias no disminuyeron y la respuesta estatal continúa siendo deficiente.

Las demandas de Ni Una Menos en 2015 fueron concretas. Se concentraron en la denuncia de un femicidio cada 30 horas, como un problema estructural que debía abordarse con políticas públicas de prevención y una perspectiva de derechos humanos. La exigencia de cinco puntos: implementación, con recursos y monitoreo, del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la Ley 26.485; garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia, algo para lo cual debe haber personal idóneo y capacitado para recibir las denuncias, pero también algún mecanismo judicial que no revictimice a las víctimas, y también que ellas puedan disponer de patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial; elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, porque "sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas"; compromiso para que se garantice y profundice la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país, y que se capacite y sensibilice a docentes y directivos al respecto y garantizar la protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios, "para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia". ¿Cuáles fueron las respuestas a estas demandas? ¿Qué avances y retrocesos observamos en este recorrido?

En sus primeros meses de gestión Mauricio Macri, junto a Fabiana Túñez, como titular del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), presentaron el Plan Nacional de Acción para el trienio 2017-2019. Para la implementación del Plan hay una asignación específica del Presupuesto nacional. El proyecto de presupuesto 2019 preveía $32.099.395, pero la diputada radical Alejandra Martínez logró que se aprobara el doble aese número. Aún así estamos ante una caída en el aporte del Estado: para que la partida asignada al PNA no pierda valor con respecto a la inflación (oficial) debería ser para 2019 de al menos $67 millones de pesos. La medida central propuesta por el PNA es la creación de refugios para mujeres, la mayoría del dinero (60 millones en el trienio) se destina a esta medida. En 2016 el gobierno nacional anunció la construcción de 36 Hogares de Protección Integral en todo el país. Solo hicieron 9, de los cuales la mayoría veía de la gestión anterior. Macri sólo concretó 3 de los planificados y anunciados.

El Congreso tuvo una respuesta rápida con respecto a la demanda del patrocinio jurídico gratuito de NUM y aprobó ese mismo año un proyecto del entonces senador Juan Manuel Abal Medina para que todas las víctimas puedan contar un abogado/a. Sin embargo, su implementación todavía es una deuda pendiente del Ejecutivo. La Ley N° 27.210 creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género que, según el gobierno, comenzó a intervenir en abril de este año pero de manera parcial. Con un total de 13 jurisdicciones y contando con un/a abogada/o por cada una de las mismas, en esta etapa prometen patrocinar 650 causas judiciales.

Respecto a la necesidad de que la perspectiva de género atraviese a los y las trabajadores de fiscalías y comisarías, uno de los logros y respuestas institucionales de este año fue la creación de la UFEM el 29 de junio de 2015. La Unidad Fiscal Especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) en la Ciudad de Buenos Aires significó una jerarquización de la temática y un espacio de acompañamiento fundamental al trabajo de fiscales.

A fines de 2018 se aprobó la llamada " Ley Micaela ", de capacitación a los funcionarios de los tres poderes en materia de género. Esta normativa, impulsada por el Movimiento Evita y la familia de Micaela García, no hace más que reforzar el compromiso del Estado que ya figura en la Ley de Protección Integral a las Mujeres de 2009. La capacitación era ya una obligación estatal.

En julio de 2018 se aprobó la Ley Brisa, que plantea la reparación económica a los hijos e hijas de víctimas de femicidio. En octubre de ese mismo año el presidente reglamentó con un decreto su implementación y en febrero de 2019 ANSES habilitó el trámite.

La efectiva implementación de la ley de Educación Sexual Integral es una demanda intacta desde 2015 a esta parte. La necesidad de un presupuesto acorde también: en 2018 sólo se ejecutó el 24,2% del presupuesto del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable.

Sobre el monitoreo electrónico de aquellos denunciados por violencia machista. En junio de 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la contratación de 1.925 pulseras electrónicas para monitoreo del cumplimiento de las medidas cautelares. Según esta nota de El Cohete a la luna de Agustina Paz Frontera, hasta entonces, en toda la gestión macrista se distribuyeron 600 pulseras o tobilleras en 19 provincias.

VIOLENCIAS

Entre 2008 y 2015, los únicos datos disponibles sobre femicidios en Argentina eran relevados por la ONG Casa del Encuentro y marcaban un aumento de estos casos en torno al 38%. Después del primer Ni Una Menos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue uno de los primeros actores institucionales que respondió a la demanda y comenzó a elaborar un registro de datos oficial que permite comenzar a delimitar el problema. El primer informe de Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina puso el foco sobre el año 2014. El total de las víctimas fue 225. Es una cifra parcial: las provincias de Catamarca y La Rioja no aportaron datos. En CABA los femicidios en ese año fueron 14, en provincias de Buenos Aires, 92; en Córdoba, 15 y en Santa Fe, 8.

Las últimas estadísticas de este mismo relevamiento, que realiza la Corte de manera anual, reflejan los asesinatos de 2018. Contaron 255 femicidios y 23 travesticidios. Todavía hay provincias que no aportan información: Santa Cruz y Tierra del Fuego. El informe indicó, además, que la tasa fue "idéntica" a la del 2017. Si se analizan las jurisdicciones que elegimos abordar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 9 crímenes de género, 102 en Buenos Aires, 16 en Córdoba y 19 en Santa Fe. Los números fueron en aumento en todas las jurisdicciones respecto a 2014. Llama la atención la provincia de Santa Fe donde se duplicaron.

Si bien son estadísticas que el movimiento feminista le reclama desde hace tiempo al gobierno nacional, las cifras no reflejan la dimensión de lo que ocurre. Los datos están basados en el accionar de la Justicia que aún está lejos de mirar la realidad con perspectiva de género. Es una falencia que se traduce en que muchos casos de violencia de género sean invisibilizados porque en los procesos judiciales no se los reconoce como tales y pasan como simple hechos de violencia. De esta manera, se dificulta tener cifras exactas que permitan abordar la magnitud del problema que enfrentamos como sociedad.

Otros organismos decidieron poner el foco el análisis de cifras. En el ámbito porteño la UFEM, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, presentó el año pasado su último informe anual en el que se analizan todos los casos de femicidios y homicidios dolosos de mujeres cometidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2017. El documento revela que se produjeron 27 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 14 (52%) fueron femicidios. Destacaron que las víctimas femeninas de homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires (27) aumentaron un 50% respecto al 2016 (18), pero se mantuvieron por debajo de la cifra de 2015 (32)

La declaración de emergencia en violencia de género es un proyecto que surge cada vez que se aborda este tema. De hecho, en esta jornada de lucha, los movimientos sociales siguen empujando la presentación de un proyecto de estas características.

En Rosario, tres años antes del 3 de junio de 2015, desde el movimiento de mujeres se había logrado la declaración de emergencia en violencia de género en la órbita municipal. La respuesta estatal a esa enunciación fue escasa y su implementación fue prácticamente inexistente. Sin embargo, nombrar la emergencia permitió instalar con fuerza en la agenda pública y mediática la problemática de la violencia machista en la ciudad. Cuando surgió la convocatoria a movilizar, en mayo de 2015, las rosarinas contaban con una organización notable que le permitió reaccionar rápido. La fecha impulsó movilizaciones en varias ciudades y comunas de la provincia de Santa Fe.

Aquel primer 3 de junio, el Monumento a la Bandera e inmediaciones se vieron colmados desde temprano. Se calcula la participación de unas 20 mil personas. Desde ese día cada movida feminista fue en ascenso, de modo tal que el último 8 de marzo fueron 90 mil personas en las calles movilizadas. Las demandas más fuertes del movimiento de mujeres local para el primer Ni una menos fueron centradas en la efectiva aplicación de la ley provincial 13.348 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La provincia de Santa Fe por ese entonces ocupaba el segundo lugar en cantidad de femicidios a nivel nacional. Durante el primer semestre del año se habìan registrado unos 13 femicidios en la provincia (6 de ellos en Rosario) según los datos del observatorio de la concejala Norma López. Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación tiene contabilizados entre el 1 de enero del año 2014 y el 31 de diciembre de 2018 unas 226 mujeres muertas en hechos en los que se utilizó intencionalmente la violencia en la provincia de Santa Fe. La línea muestra una curva ascendente, donde el número observado en 2018 resulta un 40% superior al de 2014.

Además, la fiscalía cuenta con un registro de las denuncias recibidas donde desde el período del 10 de febrero de 2014 a 3 de junio de 2015, donde se crearon en la provincia de Santa Fe 5.920 legajos con la valoración político criminal "violencia de género". Dos de cada tres de estos legajos fueron iniciados en la Fiscalía Regional 2, es decir que se recibieron en Rosario 8 denuncias diarias. Luego de la movilización y su impacto social consecuente, el número de mujeres que se animó a denunciar fue en ascenso notablemente y los datos así lo grafican: provincialmente se triplicaron las denuncias con respecto al período anterior. Entre el 4 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2019 se generaron 48.805 legajos con esa valoración político criminal. Seis de cada diez de estos legajos fueron iniciados en la Fiscalía Regional 2 de Rosario, es decir, 22 denuncias por día. Faltan datos sobre el seguimiento de las causas: cuánto avanzaron o no.
Según el Mapa de Femicidios de Santa Fe durante el 2015 se registraron unos 33 femicidios, 34 durante 2017 y 38 tanto en 2016 como en 2018. Los números superan ampliamente al registro de la Corte.
Desde el centro del país, en la provincia de Córdoba, también creció la marea feminista. La masividad no solo se tradujo en el aumento de la participación política sino también en la ampliación de los derechos que aún nos faltan conquistar. Defender lo más urgente: nuestra vida. En Córdoba, desde el colectivo Ni Una Menos registraron diez víctimas de femicidios en lo que va del 2019. Solo tres de esos crímenes ocurrieron en la Capital cordobesa; los siete restantes, en otras localidades. Ahí radica nuestra principal demanda: que las políticas públicas puedan llegar a toda la provincia.

En la ciudad de Córdoba funciona el Polo Integral de la Mujer, que es una política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Allí las mujeres, lesbianas, travestis o trans que sufren violencia de género pueden solicitar asistencia. El Centro Integral de Asistencia para Varones también cumple un rol importante y novedoso.

Según cifras del último informe que difundió en abril de este año el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales -que pertenece al Tribunal Superior de Justicia- se registraron 19 víctimas de femicidios en 2018 en toda la provincia de Córdoba. Las cifras no coinciden con el registro propio que lleva el colectivo Ni Una Menos y que contabiliza 21 víctimas de femicidios el año pasado. Los números no coinciden porque la Justicia no siempre aplica la perspectiva de género y porque los feminismos tenemos una mirada amplia e integral sobre todos los elementos que deben tenerse en cuenta para que se configura la figura del femicidio.

Aún así las estadísticas permiten una aproximación a la realidad. Del informe que elaboró el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales se desprende que el el 76% de los hechos sucedieron en el interior provincial y el 88%, en el domicilio de las víctimas. El relevamiento también indica que el 37% de las víctimas tenían hijos o hijas menores (14 en total) y que dos de las mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas. Durante el período analizado, esto es, desde el 1° de enero y el 30 de septiembre, se produjeron, además, siete tentativas de femicidio.

En el informe consigna otros datos relevantes: el 37% de los agresores se suicidó luego de cometer el crimen; el 42% de los victimarios estaban en pareja con las víctimas en el momento del hecho; mientras que el 21%, eran ex parejas; en el 53% de los casos la muerte se produjo con arma de fuego y en el 12% se utilizó arma blanca; en el 35% no se utilizó arma y la víctima fue asesinada a golpes o estrangulada.

ABORTO

El gran saldo cualitativo y legislativo de estos últomos cuatro años fue la posibilidad de haber debatido la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso en las dos cámaras y haber logrado media sanción.

Si nos concentramos en este tema, otros datos pincelan la realidad de las santafesinas: desde 2012 no se registran muertes por aborto en la ciudad de Rosario, momento desde el cual el área de salud municipal empezó a comprar Misoprostol para garantizar las interrupciones legales de embarazo s. Esto se complementa con los acompañamientos que realizan las socorristas locales, 137 en 2015.

Durante 2016 se garantizaron unas 488 Interrupciones Legales Embarazos (ILEs) en efectores de salud pública de Rosario, además, se registró una mujer muerta por aborto pero en la órbita provincial. El número de intervenciones estatales fue creciendo año a año y cada vez más son los centros de salud que garantizan la práctica: en 2017 se realizaron unas 823 mientras que en 2018 el número asciende a 1.367 interrupciones legales de embarazo en la ciudad de Rosario. No casualmente durante el debate nacional por la legalización del aborto del año pasado, Rosario fue apodada como la ciudad modelo a la hora de garantizar los derechos de las personas gestantes.

En Córdoba hace poco, en diciembre del año pasado, se volvió a conquistar el derecho a acceder a un aborto no punible. Fue cuando el Tribunal Superior de Justicia rechazó el amparo que había presentado el Portal de Belén en 2012, declaró la constitucionalidad de la guía de procedimiento de los abortos no punibles en Córdoba y levantó la medida cautelar que frenaba su aplicación en el ámbito provincial. Aunque el protocolo aún no tiene aplicación plena hasta tanto el fallo no quede firme, igual celebramos la conquista, principalmente porque el Gobierno se comprometió a garantizar la práctica en la provincia. Pese al avance de los antiderechos, nosotras seguimos conquistando derechos. Hoy les toca retroceder, es la marea verde la que avanza.

Mientras tanto son las feministas en el área de salud quienes garantizan o brindan información sobre el acceso a la práctica. Según un informe de la línea estatal y de información gratuita 0800 Salud Responde (0800 222 3444), en Córdoba se recibieron 177 llamadas entre julio y diciembre de 2018. De ese total, 104 se efectuaron desde la Capital provincial. La línea es una iniciativa del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Si se observa los acompañamientos de abortos legales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede apreciar un aumento exponencial y significativo. En 2014 fueron 91 las interrupciones legales del embarazo. En tanto que en 2018 ascendió a 4.821 interrupciones, dentro de las cuales 4.136 fueron acompañadas desde los centros de salud. La salida del closet del aborto y la mayor incidencia de quienes acompañan organizadxs en redes pueden responder, en parte, a este aumento.

PARIDAD

Si bien la paridad debiera garantizarse dentro de cada espacio político, es necesaria la discriminación positiva que establece la ley, fundamentalmente para que se genere un cambio cultural que asegure la igualdad de género. A nivel nacional, en marzo de este año el Gobierno reglamentó la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación política, sancionada en 2017.

En Santa Fe dos veces perdió estado parlamentario la media sanción. ¿Por qué? Un senado compuesto por una sola mujer en las 19 bancas es el responsable. La existencia del espacio multipartidario y provincial de Mujeres por la Paridad en alianza con legisladoras viene exigiendo la incorporación igualitaria en las instancias de decisión política. En las elecciones del 2015, en plena ebullición por Ni Una Menos, las cinco fuerzas que llegaron a las generales con la fórmula de gobernador todas fueron encabezadas por varones y apenas dos llevaban a mujeres como candidatas a vice; sorpresivamente en 2019 esto no fue interpelado por la marea feminista, ya que seguimos frente a un escenario donde todos los candidatos a gobernador son varones. Actualmente, la cámara de Diputadxs provincial cuenta con 18 mujeres sobre 50 bancas y de cara a las elecciones de junio solo una de las seis listas es encabezada por una mujer, la anti-derechos de Amalia Granata. Para la ciudad de Rosario, actualmente gobernada por una mujer, de cara a las generales para la categoría intendente los candidatos son todos varones; mientras que, en la categoría concejo las mujeres fueron al frente y para junio 3 de las cinco listas están encabezadas por mujeres, actualmente el cuerpo está compuesto por 12 mujeres de las 28 bancas totales. En términos generales, los números no arrojan lo que sucede en las calle. Esa revolución feminista aún no ha llegado a las fuerzas políticas con contundencia, al menos desde el aspecto de las apuestas electorales del 2015 a esta parte. Frente a la ola de denuncias por acoso y violencia machistas fue la universidad la trinchera feminista, actualmente 9 de las 12 facultades cuentan con Protocolo y la universidad nacional de rosario está empezando a instrumentarlo a nivel general.
A nivel provincial, Córdoba es pionera. En diciembre de 2000, fue la primera provincia argentina que estableció por ley la Paridad de Género en las listas de legisladores provinciales. Sin embargo, aún no se refleja en el recinto.
Por eso, la legisladora Liliana Montero impulsó un proyecto con el objetivo de nivelar la paridad de género en la Unicameral. Aunque era una iniciativa de avanzada, no se convirtió en ley. El proyecto establecía que, como regla general, el principio de representación en virtud de la incorporación en las listas oficializadas, sea del 50% para cada género tanto en cargos titulares como suplentes para la elección de los candidatos.

Según informó la legisladora en octubre del año pasado, en la legislatura había 70 legisladores, 43 varones y 27 mujeres. Además, destacó que sobre 130 legisladores uninominales electos desde el año 2001 a la fecha, 121 fueron varones y sólo 9 mujeres resultaron electas.

Tras los comicios provinciales en mayo, se renovaron 70 bancas en la Legislatura de Córdoba. En el período anterior, la Unicameral contaba con 38% de mujeres. Para el período 2019-2021 esta vez fueron electas 28, el 40% de las bancas. El porcentaje creció sólo un 2%, lo que refleja una resistencia por parte de los espacios políticos a garantizar la presencia de mujeres en los lugares de poder y toma de decisiones.

Hace más de 30 años que las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries de nuestro país nos damos cita en la escuela feminista más grande del mundo, los encuentros nacionales de mujeres. Ahí la lucha contra las violencias machistas es una de las problemáticas centrales, por eso la reacción fue organizarse federalmente y en las calles cuando el 11 de mayo de 2015 se conocía la noticia del femicidio de Chiara Pérez en Rufino. Desde aquel #3J nada volvió a ser igual en nuestro país y en el mundo. Ni Una Menos funcionó como una contraseña que abrió una puerta y otra puerta: en España se movilizaron el #7N ese mismo año; en 2016 México protagonizó la convocatoria feminista más grande hasta ese entonces con el Vivas Nos Queremos #24A; en Brasil el #1A #Portodaselas; en agosto de 2016 Perú salió bajo el lema #NiUnaMenos y quedó conformado un colectivo allí; en octubre de ese año las polacas hicieron el miércoles negro ante las políticas que intentaban retroceder ante el derecho al aborto; la represión al Encuentro de Mujeres en Rosario y el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata llevó a mujeres, lesbianas, travestis y trans de la Argentina al primer paro a Mauricio Macri con solidaridades transnacionales que empezaron a empujar el Primer Paro Internacional #8M que llegaría en 2017. Todo es expansión, desborde y vectores que empujan con fuerza hacia el futuro en esta línea de tiempo.

En 2015, el primer año, la necesidad de duelo colectivo era tanta que, en la convocatoria nacional, solo se trató de una concentración en el Congreso. La multitud estaba quieta, pero todas juntas. Las narrativas tenían una perspectiva victimizante necesaria, desde el dolor de los familiares por las muertas. Ni Una Menos fue (y es) grito desesperado: paren de matarnos. 2016 significó un salto: la consigna "Vivas nos queremos" le dio mayor vitalidad al movimiento y las marchas se potenciaron. La bandera que encabezó la marcha de Congreso a Plaza de Mayo en CABA decía: "El Estado es responsable". En Rosario, las demandas del movimiento fueron adquiriendo un mayor nivel de denuncia al gobierno nacional año tras año. La profundización de la feminización de la pobreza, el vaciamiento de políticas sociales y la persecución de líderes como Milagro Sala fueron algunas de las consignas más transversales del 2016 en un Monumento Nacional a la Bandera, que meses después se convirtió en escenario central del Encuentro Nacional de Mujeres. En 2017 el documento elaborado por la Asamblea Feminista rosarina cerró denunciando: "Por eso estamos hoy acá, para decirle al presidente Macri que el Estado no debe limitarse a recoger cadáveres e imponer penas. No basta con decir Ni Una Menos en un discurso, mientras no se asignen recursos necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres".

2017 fue el primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Hubo una resignficación del Día de la Mujer Trabajadora que se repitió en 2018. El 3 de junio de 2019 fue verde en el marco del debate que estaba dando el Congreso por primera vez desde el regreso de la democracia. En Rosario se movilizó el sábado, se realizó un festival en el Parque Nacional a la Bandera con feria de las mujeres de la Econom ía Popular, además, en pleno debate por la legalización del aborto se realizó un pañuelazo imponente.

Este 2019 vuelve a encontrar a los feminismos en las calles como un frente opositor que impugna con la misma fuerza en sus demandas al patriarcado y al neoliberalismo. El #8M fue una movilización masiva, el #28M la octava presentación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito estuvo acompañada con un desborde callejero multitudinario, este 3 de junio encuentra a muchas con la mirada puesta en el año electoral y una demanda casi intacta desde aquel épico 2015: que el gobierno de una respuesta a un grito que es imposible callar y una marea imparable.

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María Florencia Alcaraz, Majo Gerez y Florencia Gordillo

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A cuatro años de Ni Una Menos: avances y retrocesos a nivel nacional, CABA, Córdoba y Rosario - LatFem

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Del grito por Ni una menos que recorrió el país en 2015 a la cuarta ola feminista. De histéricas a históricas, un breve recorrido desde el primer 3J de 2015 a la realidad actual de las tres ciudades más importantes del país: CABA, Córdoba y Rosario.

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"Todas las mujeres contra todas las violencias"

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"Todas las mujeres contra todas las violencias"

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Unidiversidad - sitio de noticias UNCUYO

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Este miércoles se cumplen cinco años del inicio de la marcha "Ni Una Menos", que busca visibilizar la violencia de género y los femicidios. Sin embargo, la pandemia no permitirá que la movilización pueda realizarse de manera tradicional, por ello, desde diversas agrupaciones propusieron la realización de ruidazo federal y activismo virtual. En este contexto, la periodista especializada en género Luciana Peker reflexionó sobre lo que ocurre con el movimiento feminista y las diversas situaciones de autoritarismo, desempleo y pobreza en el mundo.

"La protesta social, sobre todo la que se ha dado en Chile sobre la desigualdad económica o la que se está dando en Estados Unidos sobre la desigualdad racial, fueron impulsadas mayoritariamente por una ola de feminismo que no tiene que ver con una agenda específica de derechos sino con la movilización como forma de salir de democracias que hoy están flojas de herramientas para representar y atender las demandas sociales", destacó Peker, una de las voces que mejor ha testimoniado la lucha por la igualdad de género, a Télam.

En Argentina, la cuarentena para prevenir el aumento de casos por Covid-19 posibilitó una disminución considerable de delitos, a excepción de los femicidios, los cuales ascendieron a 53, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. En este sentido, para la periodista la situación de aislamiento generó un retroceso en los derechos.

"La pandemia y la cuarentena implican un retroceso para el mundo: un aumento del autoritarismo, del desempleo y de la pobreza que impacta muy particularmente en las mujeres y en las poblaciones más vulnerables y sin lugar a dudas en la agenda de género. Los femicidios siguieron y aumentaron en este tiempo, a diferencia de todos los otros delitos, que bajaron sus estadísticas", comentó Luciana Peker.

A su vez, y en relación a la bandera del "Aborto Legal, Seguro y Gratuito", la periodista destacó que "no es el mejor contexto para presentar el proyecto de ley que prometió el Presidente pero de alguna manera hay que buscar mecanismos para que no se demore mucho más el tema". Si bien se considera a favor de la cuarentena, remarcó la necesidad de aplicar mayores medidas de protección a las víctimas de violencia de género.

Entre enero, febrero, marzo y abril del 2020 se realizaron 3.730 llamados. El 54,3% de las consultas es para averiguar por el acceso a abortos legales; el 27,8% para preguntar por anticonceptivos; el 5,0% sobre vasectomías https://t.co/wUsmhooRfO

- Luciana Peker (@lucianapeker)

"En las conferencias de prensa cuando se anuncia una nueva fase de la cuarentena nunca se hace alusión a esta cuestión. Por otro lado creo que se tendrían que haber difundido mejor algunas medidas, como que algunos sindicatos ofrecieron sus hoteles para que las víctimas de violencia de género se pudieran ir de su casa. Esa medida está en un comunicado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad pero no fue difundida. Y si no se difunde, no existe", dijo Peker.

Ni Una Menos, el movimiento de distintos colectivos feministas, cumple cinco años luchando contra la violencia patriarcal. Por la pandemia de coronavirus y la cuarentena, este aniversario será básicamente virtual. En Radio U hablamos con Valeria Hasan, comunicadora e integrante del Colectivo Ni una Menos, sobre esta convocatoria inédita.

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Unidiversidad - sitio de noticias UNCUYO

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El quinto aniversario de "Ni Una Menos", la fuerza que sigue su impulso pese a la pandemia

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Este miércoles se cumplen cinco años del inicio de la marcha "Ni Una Menos", que busca visibilizar la violencia de género y los femicidios. Sin embargo, la pandemia no permitirá que la movilización pueda realizarse de manera tradicional, por ello, desde diversas agrupaciones propusieron la realización de ruidazo federal y activismo virtual.

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asesinato de mujeres realizado por varones, motivado por el desprecio, odio, placer o el sentido de propiedad de ellas

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"La violencia deja marcas. No verlas, deja femicidios"

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