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El Consejo Superior de la Judicatura presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República, con el que busca tener autonomía presupuestal para la Rama Judicial.

Uno de los apartes del documento, señala que el objetivo es que esos recursos "no estén sujetos al vaivén de las decisiones presupuestales de los gobiernos de turno".

La Judicatura propone que el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Rama Judicial crezca anualmente en igual porcentaje a la tasa de inflación causada y "con un incremento adicional de 5 %".
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El Consejo Superior de la Judicatura señaló que los presupuestos asignados por los gobiernos, "no ha tenido en cuenta al aumento de la demanda de justicia", por lo que plantea que "el presupuesto de la Rama Judicial se asignará de manera global para funcionamiento e inversión, para que esta lo desagregue autónomamente, de acuerdo con sus necesidades".

En ese proyecto también plantean darle funcionamiento a la Comisión de Disciplina Judicial, que fue creada en el año 2015.
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Esa entidad aseguró que se han presentado inconvenientes para la integración de ese nuevo órgano judicial, lo cual ha permitido a varios magistrados 'perpetuarse en el poder', o continuar en el cargo por más tiempo de lo que impone la ley.

"Resolver el bloqueo institucional actual es clave, dado el papel que cumple esta jurisdicción como juez disciplinario de los jueces, tarea que es fundamental para garantizar la legitimidad de la justicia", destaca otro de los apartes de la propuesta enviada al Congreso.

Otra de las iniciativas de la reforma que propone el Consejo Superior de la Judicatura, es fortalecer la carrera judicial y que exista un periodo de prueba de seis meses, para quienes quieran aspirar a un cargo.

El texto señala que la idea es "lograr que los profesionales más idóneos, sean los responsables de la importante tarea de administrar justicia".

Este es el proyecto:

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Judicatura busca autonomía presupuestal de Rama Judicial con proyecto de ley

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El Consejo Superior de la Judicatura presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República, con el que busca tener autonomía presupuestal para la Rama Judicial. Uno de los apartes del documento, señala que el objetivo es que esos recursos "no estén sujetos al vaivén de las decisiones presupuestales de los gobiernos de turno".

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¿Cuánto se ha avanzado y qué falta por hacer en materia de justicia transicional en Colombia? Ese fue uno de los temas que puso en discusión el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en la mañana de este martes, a través de una conferencia virtual con representantes de la Corte Penal Internacional (CPI), la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la entidad IDHEAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos) y víctimas del conflicto colombiano y mexicano.

Los representantes concluyeron que en ambos países latinoamericanos las tasas de impunidad siguen siendo altas, sobre todo con los crímenes cometidos por agentes o exagentes del Estado como Policía, Ejército, gobernantes, entre otros. Reynaldo Villalba, abogado del Cajar, mencionó que la principal preocupación del colectivo es que "en Colombia hay impunidad absoluta sobre los generales que dieron las órdenes de los mal llamados falsos positivos", refiriéndose a los asesinatos presentados ilegitimamente como bajas en combate.

La organización presentó un informe llamado Colombia en riesgo de impunidad: Puntos ciegos de la Justicia Transicional frente a crímenes internacionales de competencia de la CPI, en el que plantean dos preocupaciones con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), principalmente, en Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Se trata de la falta de articulación entre la justicia ordinaria y la transicional, las dificultades metodológicas para la persecución de los máximos responsables y la ausencia de investigación de terceros civiles o agentes del Estado no combatientes.

Sobre el primer asunto, Villalba mencionó que hay varios casos en los que están detenidas las investigaciones por una orden interna que impide que avancen. " A nivel interno, en la Fiscalía General de la Nación, la circular 03 le dice a los fiscales de los casos que llevan temas sobre conflicto armado, que no pueden continuar con las indagaciones. Y la JEP tampoco se encarga de esas fases de la investigación, entonces, estamos en un limbo", señaló.

El Cajar, en el análisis, también pidió a la CPI que no le quite el ojo de encima a Colombia, porque aunque en la justicia ordinaria hay cerca de 1.500 condenas a exmilitares, ningún militar de alto mando, es decir, coroneles y generales, ha sido sancionado sentenciado: "Los riesgos de la impunidad en Colombia siguen siendo muy altos".

En el informe también señalan sus intranquilidad sobre el hecho de haber creado el régimen de libertades transitorias, anticipadas y condicionadas a personas que están sometidas a la JEP sin que exista ningún previo reconocimiento de responsabilidad y contribuición a la verdad: "Nos preocupa que la JEP todavía no ha definido los criterios para determinar el grado de aporte a la verdad de un compareciente, nosotros propusimos hacer un test de aporte a la verdad para que se examine la propuesta en materia de calidad y cantidad de información brindada", mencionó el abogado.

El colectivo mencionó que la JEP suspendió las órdenes de captura que se lograron gracias a los procesos en la justicia ordinaria, lo que "favoreció a los agentes de estado perseguidos por crímenes relacionados con el conflicto desde 2017". Finalmente, sobre la figura de "renuncia condicionada a la persecución penal", otorgada por la Jurisdicción a algunos comparecientes cuando se considere que no tuvieron una participación activa y determinante en los delitos del conflicto armado, los abogados consideran que es inviable porque "no hay criterios claros para aplicar este principio".

Las preocupaciones ya mencionadas, de acuerdo con el documento han dejado brechas de impunidad en las investigaciones contra los agentes de Estado, como las dificultades al momento del traslado de competencias de la justicia ordinaria a la JEP y la falta de acción de la Justicia Penal Militar en pasar las investigaciones abiertas, informes y expedientes de miembros de las Fuerzas Armadas para el esclarecimiento de crímenes. "Es grave que ni la Justicia Penal Militar ni el Ejército han colaborado con la información que ha requerido la JEP", afirmó Reynaldo Villalba.

La inquietud preocupación del Cajar, la ausencia de investigación de terceros civiles o agentes del Estado no combatientes, se enmarca en la voluntariedad de estas personas para someterse a esta justicia: "Los terceros civiles, como empresarios u otros agentes del Estado no combatientes, están en la justicia ordinaria, pero eso ha dado muy pocos resultados. De hecho, se ha negado que muchos hayan sido financiadores de grupos armados y lo dejan limitado al delito de concierto para delinquir".

En el informe presentado explican que, aunque la Corte Constitucional señaló que cuando no haya sometimiento voluntario en la JEP, sería obligación de la Fiscalía priorizar las investigaciones, sin embargo, según los juristas del Cajar, "la Fiscalía General de la Nación no cuenta con las capacidades para investigar los crímenes de terceros y agentes de Estado no combatientes por la multiplicidad y poca capacidad de coordinación de sus órganos de investigación".

Con el fin de que estos casos no queden en la impunidad, el colectivo de abogados pidió a la Fiscalía, mediante derecho de petición, información sobre el estado de las investigaciones a estos terceros. La solicitud de información fue denegada, por lo que en la conferencia virtual se solicitó a la Fiscalía de la CPI que sean ella quien solicite información detallada sobre el estado de los procesos.

El documento también menciona varias solicitudes que hace el colectivo de abogados a la Fiscalía General de la Nación, como los avances directos de las diligencias judiciales, la priorización de las investigaciones de todos los comparecientes, en especial los agentes del Estado, y la competencia de las justicias ordinaria, especial y la penal militar.

A la Fiscalía de la CPI, entre todas las solicitudes, pidieron que se mantenga a Colombia en examen preliminar sobre los crímenes internacionales cometidos por agentes de Estado, sobre todo, por los relacionados con ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, violencia sexual, terrorismo, entre otros: "En el país se siguen cometiendo graves crímenes, por eso pedimos que se mantenga el estudio preliminar sobre la voluntad y capacidad de la justicia colombiana para juzgar terceros civiles y agentes del Estado".

Eugenia Valenzuela, analista de situaciones de la Fiscalía de la CPI, dijo que continuarán con el examen preliminar por la situación actual de Colombia, tal como lo solicitó el Cajar. Mencionó que los avances que ha tenido el país en materia de justicia ha sido que "la JEP ha priorizado 29 casos representativos sobre delitos en el conflicto armado y hay más de 2.000 casos contra terceros civiles".

Sobre las preocupaciones que manifestó el colectivo, explicó que los desafíos que tiene la Jurisdicción Especial están enfocados a la coordinación de los casos en la justicia, los recursos y el procesamiento de información. "Esta es una jurisdicción nueva, es un proyecto muy ambicioso y por eso estamos en contacto regular con las autoridades nacionales y organizaciones internacionales para hacer seguimiento a cómo van sorteando estos desafíos", dijo.

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Situación de militares en la Jurisdicción Especial para la Paz

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¿Cuánto se ha avanzado y qué falta por hacer en materia de justicia transicional en Colombia? Ese fue uno de los temas que puso en discusión el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) en la mañana de este martes, a través de una conferencia virtual con representantes de la Corte Penal Internacional (CPI), la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la entidad IDHEAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos) y víctimas del conflicto colombiano y mexicano.

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Máxima autoridad de las Fuerzas Armadas

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Soldados patrullan en las calles de Cali, la tercera ciudad de Colombia, el sábado 29 de mayo. Ivan Valencia / AP

Cuando se ha cumplido ya un mes de todo tipo de marchas, protestas, disturbios y bloqueos contra el Gobierno de Iván Duque, el presidente de Colombia ha decidido sacar otra vez a los militares a las calles. Una medida que acrecienta las diferencias con sus críticos ante la represión contra los manifestantes. Después de una nueva jornada de caos y violencia el viernes 29 de mayo, el mandatario viajó ese día hasta Cali, donde hubo más de una decena de muertos, y ordenó militarizar la ciudad y el departamento del Valle del Cauca. Después, de madrugada, extendió en un decreto la figura de la asistencia militar a la policía para otros siete de los 32 departamentos del país: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda. El decreto también cobija a una docena de ciudades.

La medida, entre otras disposiciones, ordena a alcaldes y gobernadores levantar los bloqueos (barricadas) de carreteras por parte de los manifestantes. El Gobierno lo ha defendido como una necesidad. "Los bloqueos no son una forma de protesta pacífica. Aunque se hagan sin armas y sin agredir, son en sí mismos una forma de violentar los derechos de los demás (...) Por eso, la fuerza pública tiene que intervenir en los desbloqueos", sostenía el mandatario en una entrevista con EL PAÍS. Para varios observadores la figura de la asistencia militar, a la que se opone el comité nacional del paro que busca abrir una mesa de negociación con el Gobierno, entorpece el diálogo y agrava la crisis. De inmediato, la medida provocó reparos de defensores de derechos humanos, juristas, políticos de oposición e incluso algunos alcaldes, que se exponen a sanciones si no la acatan.

El coro de críticas ha comenzado por la oposición. "El presidente se la juega por la opción de la fuerza, y los alcaldes y gobernadores, que en algún momento podrían mediar en el conflicto, quedan incluidos por efecto del decreto, porque están entre quienes tienen que dar orden de desalojo", ha dicho el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal. Su colega Iván Cepeda, del Polo Democrático, ha ido más allá, al considerar que "en la práctica, es un golpe de Estado", pues a su juicio sustituye la autoridad civil en buena parte del territorio y normaliza los episodios de abusos y brutalidad policial que se han presentado. Para la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, "viola la autonomía territorial, prioriza la acción militar sobre la policial en disturbios internos, el uso indiscriminado del toque de queda y de facto toma medidas de conmoción pero evita el control constitucional".

Tener a los militares en las calles tampoco es bienvenido por gobernantes locales. "Mientras yosea alcaldesa no habrá militarización de Bogotá, eso es echar leña al fuego", se ha apresurado a advertir Claudia López, que ha mantenido un pulso de liderazgos con Duque en varios frentes. La capital, sin embargo, no está incluida en el decreto presidencial. "Esto no significa que vaya a haber una militarización de la ciudad", asegura por su parte Juan Carlos Cárdenas, el alcalde de Bucaramanga, una urbe en el oriente del país que inesperadamente apareció en la lista.

"Vamos a garantizar los derechos de todos, los que protestan y los que no protestan. Cuando ha habido actos de violencia, hemos actuado con la policía para garantizar el orden público", defiende Cárdenas, que se declara sorprendido por la inclusión de su ciudad, en diálogo con EL PAÍS. "Bucaramanga no ha tenido perdidas de vidas, no registra ninguna desaparición ni sufre desabastecimiento. No logramos entender el criterio, pero es una orden presidencial que hay que acatar", apunta. "Más allá del decreto, sí creemos que el camino de todo este proceso de protesta social para buscar soluciones, más allá de la misma fuerza pública, es el diálogo con los diferentes grupos que están protestando".

El decreto contiene "un peligroso vacío", ha advertido José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Las órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los derechos humanos", ha señalado, una grave carencia "que puede tener consecuencias irreparables". Varios juristas le dan la razón. En esa misma dirección apunta Rodrigo Uprimny, investigador del centro de pensamiento Dejusticia. "Ordenar levantar a la fuerza todos los bloqueos", señala, es inconstitucional por varias razones, "pues muchos de ellos están protegidos por el derecho a la protesta, aunque haya otros que lo desborden por afectar desproporcionadamente derechos de terceros".

La medida es "inconstitucional e inconveniente", coincide Catalina Botero, quien ha sido decana de Derecho de la Universidad de Los Andes y relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "En un Estado democrático primero utilizas todos los medios a tu disposición, y solo cuando resulta indispensable en los bloqueos no protegidos por la Constitución, entonces puedes intervenir con el uso de la fuerza", apunta. El decreto reafirma la aproximación al estallido social que ha tenido el Gobierno, "en virtud de la cual considera que es un problema de orden público, de bandidos, de vándalos, de personas al margen de la ley organizadas para desestabilizar al Estado. Y por lo tanto desconoce toda la complejidad y la heterogeneidad de lo que está pasando en Colombia", lo que acaba por alimentar la tensión.

La figura solo podría ser utilizada a través de un decreto de excepción que tenga un control previo de las Cortes, algo que el Ejecutivo obvia en este caso, valora Botero. "Un país democrático no puede poner a los militares en la calle a resolver problemas de orden público si no se dan unas condiciones que son muy excepcionales", enfatiza. "Se trata de restricciones muy fuertes a los derechos fundamentales. Es una forma de eludir un mecanismo fundamental para la democracia, que es el control de constitucionalidad".

Los estados de excepción

Para algunos críticos, la asistencia militar ha sido una forma soterrada de acercarse a la figura de conmoción interior, uno de los tres estados de excepción que contempla la Constitución Política de Colombia (los otros dos son guerra exterior y emergencia económica) y que se utiliza en caso de graves perturbaciones internas del orden público. El presidente, con la firma de todos sus ministros, puede decretarla en todo el país o parte de él en caso de que la alteración del orden público "atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana", y "no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía", indica el artículo 213 de la Constitución.

La declaración de ese estado de excepción solo puede hacerse por noventa días y bajo un riguroso control político del Congreso y la Corte Constitucional. En la práctica -como explican expertos- es una forma de militarizar la vida cotidiana y le da facultades extraordinarias al presidente, como la restricción de la libre circulación de personas en lugares y horas concretas o suspender la libertad de reuniones. En ningún caso, dice la Constitución, "los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar", ni se podrán suspender los derechos humanos.

La última vez que se decretó la conmoción interior fue en 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático. El entonces presidente ya había recurrido a la figura en 2002. Antes, en 1992 y 1994 lo había hecho el liberal Cesar Gaviria. Pero de acuerdo con Mauricio Villegas, en su artículo Un país en estados de excepción, Colombia vivió bajo esa figura entre 1970 y 1991. Villegas recuerda en ese artículo publicado en el diario El Espectador que durante el Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) ese estado de excepción se convirtió en "instrumento de represión de las actividades ilegales del narcotráfico y la subversión" más que de instrumento de control.

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La decisión de sacar a los militares a la calle desata nuevas críticas contra el presidente Duque en Colombia

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Cuando se ha cumplido ya un mes de todo tipo de marchas, protestas, disturbios y bloqueos contra el Gobierno de Iván Duque, el presidente de Colombia ha decidido sacar otra vez a los militares a las calles. Una medida que acrecienta las diferencias con sus críticos ante la represión contra los manifestantes.

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09-05-2021 El presidente de Colombia, Iván Duque ECONOMIA SUDAMÉRICA COLOMBIA PRESIDENCIA COLOMBIA

Este 9 de junio, el presidente Iván Duque firmó una directiva presidencial en la que se ordena que en medio del 'aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, reactivación económica segura', así como en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, los trabajadores de la rama ejecutiva pueden regresar a la presencialidad.

Eso sí, adoptando lo recomendado por el Ministerio de Salud mediante resolución 777 del 2 de junio de 2021, que definió los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado.

"Los servidores públicos y demás colaboradores del Estado debemos liderar y apoyar de forma responsable, diligente, comprometida, y consecuente las medidas que se adopten para superar, de la mejor forma posible, las consecuencias generadas por la pandemia del covid-19″, se lee en la directiva.

También instruye a todas las entidades del orden nacional que, para el cumplimiento de las labores que tienen a cargo las entidades públicas con sujeción al protocolo de bioseguridad, el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal - IREM y los ciclos adoptados por el Ministerio de Salud en la ya mencionada resolución, deberán:

1. Los servidores públicos y demás colaboradores del Estado de todas las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional deberán retornar a sus labores presenciales en cada uno de los municipios en que se encuentren sus instalaciones, conforme al ciclo en que se encuentre cada distrito o municipio y demás disposiciones contenidas en la resolución 777 del 2 de junio de 2021.

2. En todo caso, todos los servidores públicos que hayan completado el esquema de vacunación, deben regresar al servicio presencial.

3. Habilitar los parqueaderos para bicicletas de las entidades con el fin que las personas que lo deseen puedan trasladarse a la oficina en este medio.

Las entidades públicas del orden nacional deberán continuar con el cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y deberán implementar acciones para el bienestar de los servidores públicos y demás colaboradores, que permitan garantizar la prestación del servicio presencial y, ante todo, preservar la vida y la salud.

"En igual medida, se invita a las demás ramas del poder público, a los entes autónomos, a los organismos de control y a las entidades territoriales para que adopten las directrices que se imparten en la presente Directiva, permitiendo el retorno a las actividades presenciales de los servidores públicos y demás colaboradores para seguir garantizando la prestación de los servicios y el cumplimiento de funciones públicas, todo con sujeción al protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social", señala el documento presidencial.

Según la resolución 777, las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes:

- Medidas de autocuidado

- Cuidado de la salud mental

- Lavado e higiene de manos

- Distanciamiento físico

- Uso de tapabocas

- Ventilación adecuada

- Limpieza y desinfección

- Manejo de Residuos

Además fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios u otros signos relacionados por parte de los trabajadores, e implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día y otras estrategias para evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo, la resolución recomienda que el aislamiento de los empleados que sean sospechosos se haga desde el comienzo de los síntomas, o desde que sean identificados como contactos estrechos hasta tener una prueba negativa, a menos que por criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar el aislamiento.
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Iván Duque ordena el regreso al trabajo presencial de todos los servidores públicos de la rama ejecutiva

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09-05-2021 El presidente de Colombia, Iván Duque ECONOMIA SUDAMÉRICA COLOMBIA PRESIDENCIA COLOMBIA Este 9 de junio, el presidente Iván Duque firmó una directiva presidencial en la que se ordena que en medio del 'aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, reactivación económica segura', así como en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación, los trabajadores de la rama ejecutiva pueden regresar a la presencialidad.

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El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, durante un congreso de empresarios en Medellín el pasado agosto. DAVID ESTRADA (Reuters)

El Gobierno de Iván Duque aspira a cubrir el hueco fiscal que ha dejado en Colombia el gasto por la pandemia con una nueva reforma tributaria que ha presentado este jueves al Congreso, la tercera de su mandato y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas de la región. En el proyecto legislativo, que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, esbozó en una rueda de prensa, se propone que el país regrese a las "sendas sostenibles de endeudamiento".

"El impacto fiscal que ha tenido la crisis de la pandemia ha implicado una visión que no se limita al año 2020, sino que también nos afecta en el año 2021", explicó Carrasquilla al inicio de su presentación. El Ministerio de Hacienda calcula un déficit fiscal del 7,8% del PIB para 2020 que podría subir al 8,6% para este año. "Necesitamos hacer política fiscal teniendo en cuenta muchísimas consideraciones. La primera y más importante en un sentido de mediano y largo plazo es que tenemos que revertir los incrementos importantes en el endeudamiento", destacó.

La reforma, que el Gobierno ha insistido en enmarcar como social y ha llamado Ley de Solidaridad Sostenible, impactará en el bolsillo de los colombianos y aguarda un difícil tránsito en el legislativo en un año previo a las elecciones de 2022. Aunque vino precedida de la polémica en torno a gravar con el IVA productos básicos como el azúcar, la sal, el chocolate o el café, el Ejecutivo desistió de esa idea. El texto de 110 páginas, en cambio, sí contempla un IVA del 19% a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 -la mitad superior en el sistema colombiano-. La canasta de bienes gravados pasaría del 39% al 43%, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentará de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, que incluirá a las personas que ganen desde 2,5 millones pesos colombianos, unos 700 dólares.

Un techo para el gasto público

En cuanto al gasto público, se pone un techo al presupuesto nacional al plantearse un incremento por debajo de la meta de inflación de cada año hasta 2026, y le otorga durante un semestre al presidente Duque facultades extraordinarias para liquidar y reestructurar entidades con el propósito de reducir gastos. También promete fortalecer y focalizar el gasto social para reducir la pobreza. Propone que el programa de Ingreso Solidario creado para mitigar la pandemia sea una renta básica permanente, que entregaría el equivalente a entre 20 y 150 dólares por hogar, dependiendo del nivel de pobreza.

La reforma "es necesaria para mantener la credibilidad, la confianza que ha existido siempre en nuestro país en momentos donde todo el planeta va a estar compitiendo por recursos de endeudamiento en los próximos años", aseguró Duque la víspera. En todas las discusiones que la han precedido, el presidente ha intentado destacar un componente social. "Hablar de [reforma] tributaria no es acertado. Lo explico de la siguiente manera: la pandemia ha traído cuatro grandes efectos: pobreza, desempleo, déficit y endeudamiento. Hoy tenemos que conciliar una ambiciosa agenda social para contener los efectos en pobreza y en desempleo, y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas", había defendido hace un mes en una entrevista con EL PAÍS.

En Colombia "ha habido un progreso limitado en reformas estructurales, en parte relacionado con las dificultades para construir un consenso amplio en favor de reformas", señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su reporte anual Going for Growth 2021, publicado el miércoles. "A fines de 2018, las autoridades aprobaron una reforma tributaria muy necesaria y bienvenida, que sin embargo fue anulada por la Corte Constitucional, lo que obligó al Gobierno a aprobarla nuevamente a fines de 2019. Este largo proceso consumió un capital político significativo. La crisis de la covid podría reavivar el apetito para discutir más reformas estructurales, pero con las elecciones en 2022 la ventana política para hacerlo es corta", advertía la OCDE -a la que Colombia pertenece desde el año pasado-.

Aquella reforma -bautizada como Ley de Crecimiento Económico- rebajaba de manera progresiva los impuestos a las grandes empresas, y terminó por alimentar la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque que sacudió al país a finales de 2019. La calle solo se desactivó con las medidas de confinamiento provocadas por una crisis sanitaria que, al mismo tiempo, ha agravado el malestar social. A pesar de que Colombia atraviesa la tercera ola de la pandemia, organizaciones obreras y estudiantiles ya han convocado un paro nacional en contra de la nueva reforma para el próximo 28 de abril.

Ayudas sociales

La cuarta economía de América Latina sufrió una caída de 6,8% de su producto interno bruto (PIB) en 2020, la mayor desde que lleva registros. Al hacer transferencias a hogares vulnerables gastó en apoyos, préstamos y garantías el equivalente al 5,7% de su PIB, de acuerdo con un reporte del Fondo Monetario Internacional, e incrementó su deuda. El Gobierno necesita aumentar la recaudación en al menos 15 billones de pesos, cerca de 1,5% del PIB -aunque el texto se propone recaudar en torno al 2% del PIB-.

Los proyectos de reformas tributarias en el país se suelen presentar como estructurales para salir modificados del Congreso cuando son aprobados, y el actual ha enfrentado enormes resistencias antes de que el Gobierno destapara sus cartas. Aunque Duque ha consolidado mayorías legislativas que antes le fueron esquivas, líderes políticos de muy diversos sectores han ventilado reparos. "Va a acabar con la economía colombiana", la ha fustigado el expresidente liberal César Gaviria, mientras el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, la calificó como un " verdadero despropósito nacional ".

"Algunas calificadoras de riesgo han dado la bienvenida a la reforma, pero no darán un veredicto hasta que el proyecto haya finalizado su trámite legislativo", advierte la consultora Colombia Risk Analysis en una nota a sus clientes en la que anticipa probables modificaciones en función de las conveniencias políticas de los partidos. "Lo que están buscando es que el Gobierno tenga una estructura de ingresos sostenibles a largo plazo, que alinee su estructura tributaria a los estándares de la OCDE, contenga un plan serio para poder reducir el endeudamiento y que ajuste sustancialmente el déficit fiscal y el gasto. A todas luces, será un esfuerzo titánico para el Gobierno poder alinear el gasto público, el déficit fiscal, la estructura tributaria y expandir los subsidios durante el actual ciclo político", concluye.

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Iván Duque propone una subida de impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia en Colombia

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El Gobierno de Iván Duque aspira a cubrir el hueco fiscal que ha dejado en Colombia el gasto por la pandemia con una nueva reforma tributaria que ha presentado este jueves al Congreso, la tercera de su mandato y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas de la región.

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Ramírez seguirá ejerciendo sus funciones como vicepresidenta, pero asume la política exterior.

El presidente Iván Duque Márquez anunció en la tarde de este miércoles la designación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como nueva canciller del Colombia, en reemplazo de Claudia Blum, quien renunció, de manera oficial, el pasado jueves.

"Quiero designar a nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, como nueva canciller. Es una mujer con una gran trayectoria en la política y en el sector privado", comentó Duque durante la presentación de Ramírez como ministra de Relaciones Exteriores.

"He tomado la decisión de designar a nuestra Vicepresidenta, la Dra. @mluciaramirez, como nueva Canciller de la República, una mujer con una gran trayectoria en la política y en el sector privado, quien se ha desempeñado como Ministra de Comercio y Defensa" Presidente @IvanDuque pic.twitter.com/ILRrEiwtiY
- Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 19, 2021

A su turno, Ramírez señaló que era un honor asumir el cargo y colaborar con el presidente Duque durante estos tres años de gobierno. También dejó claro que seguirá en su cargo de vicepresidenta, pero asumiendo la política exterior de Colombia.

"En alguna oportunidad, el vicepresidente Gustavo Bell ocupó esa función de ser ministro de Defensa. En esta oportunidad, me corresponde a mí mantener ese cargo de la Vicepresidencia, pero asumiendo esa política exterior que el presidente lidera y para la que vamos a trabajar en permanente articulación con todas las entidades del Gobierno y el sector privado", dijo Ramírez.
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Entre las tareas que le fueron asignadas a la nueva canciller, señaló Duque, están el fortalecimiento de las relaciones bilaterales que tiene Colombia en todo el mundo y la representación del país "en los espacios multilaterales donde queremos reafirmar no solamente el talante democrático de nuestro país, sino la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos, volcado a la defensa irrestricta de los valores democráticos que han caracterizado a nuestra nación".

También le pidió a Ramírez que se encargue del desarrollo de la política migratoria, el fortalecimiento de las alianzas para la seguridad y la defensa y la apertura de nuevas fronteras desde los ministerios en donde se estén desarrollando.

"Tengo todas las garantías como colombiano de que la Cancillería está en excelentes manos con la doctora Marta Lucía Ramírez", concluyó el presidente. Este nuevo movimiento también se puede leer en clave política, y es que Ramírez estaría desistiendo de ser candidata a la Presidencia en 2022, teniendo en cuenta que, para no inhabilitarse, debería renunciar a cualquier cargo a finales de mayo.

Ese no es un dato menor si se tiene en cuenta que Ramírez era tenida en cuenta desde el Partido Conservador para llevar las banderas de esa colectividad en el cotejo presidencial del año entrante. Entre otras cosas, se podía perfilar como una de las fichas más duras de los azules, que tienen como objetivo tener un candidato único a la Casa de Nariño y lo siguen buscando.

La designación de Ramírez en la Cancillería fue celebrada por los sectores más cercanos al Gobierno. "Celebro decisión de Pte Iván Duque en designar a vice Marta Lucía Ramírez como Canciller. Su hoja de vida es extraordinaria. Mi disposición para trabajar juntos en fortalecer a #ColombianosEnElExterior, lograr #PolíticaIntegralMigratoriaCol, entre otros retos de la Cancillería", señaló Juan David Vélez, del Centro Democrático y quien ocupa la curul de los colombianos en el extranjero.

También se pronunció al respecto el Partido Conservador. "Celebramos la designación de Marta Lucía Ramírez como nueva canciller de Colombia. Una mujer con gran experiencia que liderará con altura la política internacional en momentos tan importantes como el que vivimos".

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Marta Lucía Ramírez, designada como nueva canciller de Colombia

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Ramírez seguirá ejerciendo sus funciones como vicepresidenta, pero asume la política exterior. El presidente Iván Duque Márquez anunció en la tarde de este miércoles la designación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como nueva canciller del Colombia, en reemplazo de Claudia Blum, quien renunció, de manera oficial, el pasado jueves.

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Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó este lunes a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional desbloquear las carreteras obstaculizadas por manifestantes en medio de las protestas antigubernamentales ante la escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades del país.

Los sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales comenzaron el 28 de abril una protesta para rechazar un proyecto de reforma tributaria del Gobierno para subir los impuestos que fue retirado.

Pero los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir una renta básica para las familias pobres, el fin de la violencia policial, empleo y educación para los jóvenes, además del retiro de una reforma a la salud, entre otros.

"Hemos dado instrucciones a todos los niveles de Fuerza Pública para que, en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad", dijo Duque.

"Hemos dado instrucciones a todos los niveles de Fuerza Pública para que desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad", dijo Duque.

En medio de las protestas que completaron 20 días, las más largas y violentas en la historia reciente del país, se han registrado bloqueos de carreteras que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles en ciudades, mientras se ha afectado el comercio internacional del país, incluidas las exportaciones de café.

Adicionalmente, se han registrado saqueos, actos de vandalismo contra edificaciones del Gobierno y enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

Los más recientes disturbios afectaron las ciudades de Popayán, La Plata y Yumbo, en los departamentos del Cauca, Huila y Valle, respectivamente, en donde encapuchados incendiaron edificaciones estatales y se enfrentaron con la policía.

Las cifras de muertos en medio de las protestas no coinciden. La Fiscalía General de la Nación informó el lunes que, de 42 reportes de personas fallecidas en las manifestaciones, se identificó que solo 15 tienen relación directa.

Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos aseguran que las víctimas fatales son más.

El vandalismo y los bloqueos le han costado a la economía más de 1.600 millones de dólares, mientras que los cierres de carreteras han detenido el transporte de 700.000 toneladas de alimentos, según reportó la semana pasada el Gobierno.

Duque denunció que detrás de los bloqueos hay intereses criminales para afectar y sabotear la economía y el desarrollo social de muchas poblaciones, aunque no aportó pruebas.

El mandatario, que la semana pasada anunció educación gratuita para los jóvenes que hacen parte de las familias más pobres, dijo que desde el primero de julio comenzará un plan de empleo juvenil en el que el Estado subsidiará por un año un 25% de un salario mínimo a las empresas que contraten personas entre 18 y 28 años.

Representantes del Gobierno se reunieron el domingo y el lunes con líderes del Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos, grupos de estudiantes y organizaciones sociales, para acordar los términos de una negociación que permita levantar las protestas.

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Presidente de Colombia ordena a las Fuerzas Armadas desbloquear las carreteras en medio de protestas

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Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó este lunes a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional desbloquear las carreteras obstaculizadas por manifestantes en medio de las protestas antigubernamentales ante la escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades del país.

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Desde hace más de dos semanas, la oposición política en el Senado propuso, con el liderazgo del senador Jorge Enrique Robledo, una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al considerar que el funcionario le mintió al Congreso y al país al informar sobre la presencia de militares estadounidenses en Colombia.

"Una persona con esas debilidades legales tan graves y con esas debilidades éticas no puede ser ministro en Colombia, y menos ministro de Defensa, que se supone que deben hacerle honor a palabras como dignidad, honorabilidad, veracidad, respeto a la separación de poderes", señaló Robledo horas antes de radicar la proposición ante la mesa directiva de Senado.

Sin embargo, hasta el momento la fecha para esa discusión no se ha definido y es la razón por la que, en una nueva carta, 12 senadores le insistieron, a maneja de exigencia, Arturo Char, presidente del Senado, que determine un día y una hora para que se desarrolle la moción de censura contra el ministro Trujillo.

"Usted entenderá, señor presidente, que la exagerada demora para realizar este debate de moción de censura equivale a negarnos nuestro derecho de senadores o a no poder ejercerlo como debe ser, en tanto favorece a un ministro que le hace daño a la institucionalidad del país", indicaron los congresistas.
Le puede interesar: Oposición en Cámara radica proposición de moción de censura contra mindefensa
En ese sentido, le pidieron hacerlo esta misma semana, así el debate se deba realizar de manera no presencial y a través de los canales digitales que se han utilizado durante toda la pandemia para que el Congreso pueda sesionar.

Para intentar remover a Trujillo del cargo, están previsto dos mociones de censura más. Una solicitada por el senador Roy Barreras, del Partido de la U, que tiene que ver con la ola de violencia presentada en el país durante los últimos meses, que se cuenta en masacres.

Otra más reciente fue radicada en la Cámara de Representante y está motivada porque, a juicio de los congresistas que la propusieron, el ministro de Defensa incumplió la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedir perdón por las actuaciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional en las manifestaciones de noviembre de 2019.

"La situación, lejos de generar un propósito de enmienda y corrección por parte del Gobierno y la cartera de defensa, ha generado una actitud negacionista del problema que insiste en respaldar de manera solapada el accionar de la Fuerza Pública, profiriendo afirmaciones indefinidas respecto del cabal cumplimiento de normas y protocolos que se suponen representan una garantía de respeto a los derechos humanos de la ciudadanía", señala la proposición.

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moción de censura carlos holmes trujillo

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Oposición exige fecha para moción de censura a Carlos Holmes Trujillo

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Desde hace más de dos semanas, la oposición política en el Senado propuso, con el liderazgo del senador Jorge Enrique Robledo, una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al considerar que el funcionario le mintió al Congreso y al país al informar sobre la presencia de militares estadounidenses en Colombia.

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Contralor General de la República: Felipe Córdoba Larrarte

Conoce el país desde la base de su organización político- administrativa: el municipio. Y fiel a sus ancestros, se declara con orgullo "montañero y provinciano". Se inició en la vida pública como secretario de Gobierno de su natal Pereira y allí mismo fue alcalde encargado y director del Despacho de la Gobernación de Risaralda. Hombre de regiones, formado en Relaciones Internacionales y Gobierno en la Universidad Externado de Colombia, ha servido a las entidades territoriales desde otras importantes posiciones. Ha sido Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y en esa misma entidad gremial trabajó como Director del Programa Anti-contrabando.

Además, es especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España).

Sin embargo, uno de los temas que más le apasionan es el control fiscal como herramienta integral de lucha contra la corrupción. De hecho, esa ha sido una de sus líneas de investigación profesional desde la época en que se desempeñó como director de proyección social del Programa Colombia Joven, de la Presidencia de la República, que tenía entre sus ejes transversales la ética pública.

Esa pasión hizo tránsito del sueño a la realidad cuando llegó a la Contraloría General de la República, primero como Delegado para la Participación Ciudadana y luego como Vicecontralor General y Contralor encargado. Luego cobró mayor fuerza cuando asumió como Auditor General de la República.

Amigo de evaluar objetiva y racionalmente los procesos, en la Auditoría desarrolló, a partir de las nuevas tecnologías de la información, un sistema que le permitió al órgano de control conocer las mallas de contratistas en cuyas manos se concentraba tradicionalmente el manejo de los recursos públicos. A partir de esas experiencias, comenzó a sentar las bases del que sería un nuevo sistema de control fiscal. Su proyecto en esa dirección fue la espina dorsal de las propuestas que presentó ante el Congreso de la República y que le valieron su elección con una amplia mayoría que se tradujo en 203 votos.

Cumplió una parte importante de su propuesta al conseguir la aprobación del Acto Legislativo 04 de 2019 que complementa el modelo de control posterior y selectivo con instrumentos sustanciales como el control concomitante y preventivo, que además amplía el espacio a la participación ciudadana en la protección del recurso público.

Habla de la reforma como una creación colectiva, cuya legitimidad radica en amplia medida en que en ella intervinieron los representantes y voceros de los trabajadores de la Contraloría General de la República.

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Contralor General - Contraloría General de la República

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Conoce el país desde la base de su organización político- administrativa: el municipio. Y fiel a sus ancestros, se declara con orgullo "montañero y provinciano". Se inició en la vida pública como secretario de Gobierno de su natal Pereira y allí mismo fue alcalde encargado y director del Despacho de la Gobernación de Risaralda.

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El Senado de Colombia aprobó este jueves (18.06.2020), en el último debate, la cadena perpetua para los violadores de niños, medida que fue aplaudida por diferentes sectores del país.

La iniciativa, que recibió 77 votos favorables y ninguno en contra de los senadores presentes reforma el artículo 34 de la Constitución para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a esos delincuentes sea la pena de prisión perpetua.

"La violación de los niños es un cáncer que corroe a la sociedad. Hemos tomado una decisión buena, una decisión que le sirve al país", manifestó el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde.

Con los resultados de la votación, se modifica la Constitución para que se habilite la pena de la cadena perpetua en contra de los violadores de menores.

De esa forma, el texto constitucional quedará de la siguiente manera en el extracto del artículo 34 que fue modificado: "De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua".

mg (efe, El Espectador)
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Colombia aprueba cadena perpetua para violadores de niños | DW | 19.06.2020

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El Senado de Colombia aprobó este jueves (18.06.2020), en el último debate, la cadena perpetua para los violadores de niños, medida que fue aplaudida por diferentes sectores del país. La iniciativa, que recibió 77 votos favorables y ninguno en contra de los senadores presentes reforma el artículo 34 de la Constitución para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a esos delincuentes sea la pena de prisión perpetua.

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En un pronunciamiento dirigido a la Procuradora General Margarita Cabello y al congresista Miguel Ángel Pinto, la Sala Plena del Consejo de Estado realizó varios cuestionamientos a la reforma del Ministerio Público que se discute actualmente en el Congreso de la República.

La alta corporación afirmó que cuando se busca asimilar a la Procuraduría como un órgano judicial, resulta afectado el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido proceso cuando un mandatario o servidor público son sancionados.

Los magistrados aseguran que la Procuraduría, si bien tiene competencia para investigar y sancionar a los funcionarios en un proceso administrativo, " no está prevista en la Constitución Política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional ni puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden".

Además, señala que estas facultades de jueces a la Procuraduría desconocen la función constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el principio de división de los poderes públicos.

La Sala resalta, adicionalmente, que "en algunas providencias proferidas en sala unitaria en el seno de la corporación se ha señalado que el control automático de legalidad desconocería la división de poderes y el derecho de los afectados a controvertir los actos de la administración a través de los medios de control previstos en la ley", indica el Consejo de Estado.

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Consejo de Estado no comparte que Procuraduría tenga función de juez

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En un pronunciamiento dirigido a la Procuradora General Margarita Cabello y al congresista Miguel Ángel Pinto, la Sala Plena del Consejo de Estado realizó varios cuestionamientos a la reforma del Ministerio Público que se discute actualmente en el Congreso de la República.

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SegÃºn el Tribunal, por estar cobijado por la ley de Justicia y Paz, la interpretaciÃ³n se debe hacer de forma extenstiva.

Foto:

MartÃn GarcÃa. ELTIEMPO

Corte Suprema ratificó condena en proceso que retrata corrupción y delito en el aparato de justicia.

Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia.

La Corte Suprema acaba de ratificar condena en un proceso que retrata de cuerpo entero hasta dónde se han colado la corrupción y el delito en nuestro aparato de justicia.

(Puede leer: Flip y Artículo 19 prenden alarmas por acoso judicial a periodistas)

Ronald Floriano Escobar, exjuez segundo de Ejecución de Penas de Villavicencio, pagará seis años de prisión por haberle dado el beneficio de casa por cárcel a 'Cesarín'. Este peligroso capo de la 'oficina de Envigado' terminó saliendo de prisión y fugándose temporalmente gracias a que el juez Escobar, que estaba al otro lado del país, consideró que era cabeza de familia y debía estar en su hogar con hijos que, mientras estuvo libre y en el delito, nunca parecieron ser su prioridad.

Seis años en la cárcel -que terminarán siendo poco más de tres- no parecen ser un castigo ejemplar para quien juró defender la justicia y, por el contrario, favoreció al crimen aprovechando su posición clave en el sistema judicial. En el proceso tampoco se rastreó el beneficio ilegal que, según la lógica y la experiencia, pudo haber obtenido el exjuez, pues 'Cesarín' se mantuvo en la versión de que nunca le ofreció nada y la investigación no fue más allá.

Y, sin embargo, la condena es clave al menos en dos frentes. Por un lado, porque mete el dedo en la llaga de la falta de control sobre los jueces de ejecución de penas, en cuya jurisdicción pasa con demasiada frecuencia que responsables de graves crímenes o delincuentes de cuello blanco reciban rebajas y gabelas carcelarias que suelen pasar desapercibidas para el país.

(También: Fiscalía tiene 5 investigaciones contra policías por muertes en paro)

Por el otro lado, la condena será pieza clave en el proceso que hay en la Corte Suprema contra tres magistrados de la Judicatura del Meta que han sido señalados por la Fiscalía como 'cabezas' de la red judicial de la que hacía parte el juez Escobar y que, según los cargos, blindaban a los funcionarios corruptos de las investigaciones por los beneficios irregulares que concedían. Esos tres magistrados, a su vez, fueron beneficiados por la ineficiencia -cuando menos- de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura interina que tuvo por años, sin resultados, las investigaciones disciplinarias en su contra por el mismo escándalo.

La condena contra Escobar podría -debería- ser la bola de nieve que le muestre al país que la corrupción judicial, más que un asunto de un solo funcionario escondido en el rincón de un despacho, es sistémica: funciona en cadena, y por eso la caída de una sola de sus fichas no es suficiente.

(Siga con: ¿Los ha visto? Así se verían hoy tres niños que siguen desaparecidos)

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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La condena de un juez corrupto / Opinión

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SegÃºn el Tribunal, por estar cobijado por la ley de Justicia y Paz, la interpretaciÃ³n se debe hacer de forma extenstiva. Foto: MartÃ­n GarcÃ­a. ELTIEMPO Corte Suprema ratificó condena en proceso que retrata corrupción y delito en el aparato de justicia. Encuentra la validación de El Cazamentiras al final de la noticia.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Juez llama "fuerza terrorista" a la Policía y la institución anuncia demanda

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El señalamiento fue lanzado por el togado Ramiro Rivero en medio de una audiencia de legalización de captura en la capital santandereana. Ahora la Policía iniciará acciones legales en su contra desde lo penal y lo disciplinario.

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La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena declaró penalmente responsables en calidad de coautoras de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a la exalcaldesa de Cartagena, Judith del Carmen Pinedo Flórez y a Vivian Eljaiek, exsecretaria de hacienda de su administración, por lo que las condenó a la pena de150 meses de prisión (12 años y cinco meses).

Las exfuncionarias también fueron sancionadas con una multa de 1.400 salarios mínimos mensuales vigentes, inhabilitación para el ejercicio de derechos por el mismo término de la condena impuesta e inhabilitación intemporal para el ejercicio de los derechos y funciones públicas.

Lea aquí: Absuelven a ex alcaldesa de Cartagena en investigación penal

El Tribunal Superior de Cartagena también halló responsables a Darío Giovanni Torregroza Lara por el delito de peculado por apropiación, en calidad de interviniente especial, y lo condenó a 120 meses de prisión (10 años de cárcel) y le impuso una multa de 1.025 salarios mínimos mensuales legales vigentes; a Luis Edgar Restrepo Pineda, entonces gerente del hotel Dann, como interviniente especial por el delito de peculado por apropiación y le impuso una sentencia de 100 meses de prisión (8 años y 3 meses), al igual que una multa de 1.025 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Finalmente fue condenado a 100 meses de prisión Rafael Enrique Ceballos Calvo por el delito de peculado por apropiación en calidad de cómplice y una multa de 1.139 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En la decisión, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena ofició se libraran órdenes de capturas contra los cuatro condenados.

Con la decisión, el Tribunal Superior de Cartagena revocó la sentencia del 7 de octubre de 2020 emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco, Bolívar, que había absuelto a los ahora condenados.
El caso por el que fueron condenados
En febrero de 2009, la entonces alcaldesa Judith Pinedo autorizó la venta de playas de Bocagrande y El Laguito, que se hizo a la 'Promotora Inmobiliaria DANN'.

Mediante escritura pública 3570 del 08 de noviembre de 1999, 243.75 metros cuadrados (mts2) de playa marítima, ubicados en el barrio El Laguito de la ciudad de Cartagena, frente al Hotel Dann, fueron declarados baldíos.

Según la fiscalía, el terreno mencionado, pese a su denominación baldía, tenía en realidad la naturaleza de bien de uso público, y por ende, carácter de imprescriptible, inembargable y no enajenable.

Sin embargo, en 2008, la entonces dirigencia de Cartagena, liderada por la alcaldesa Judith del Carmen Pinedo Flórez inició un proceso de negociación con Luis Edgar Restrepo Pineda, gerente del Hotel Dann, para que el distrito vendiera el bien presuntamente baldío.

Lea también: Estoy tranquila en el caso del lote de la playa, dice Judith Pinedo

En el curso de las negociaciones, Vivian Eljaiek Juan, en ese momento Secretaria de Hacienda Distrital, y Luis Edgar Restrepo Pineda, suscribieron un acuerdo de pago octubre de 2008, como precio estimado de los 243.75 mt2, con una suma equivalente a $207.187.500.

El referido pacto, afirmó el ente instructor, fue proyectado por Darío Giovanni Torregroza Lara, con base en el avalúo comercial realizado por el ingeniero Rafael Enrique Ceballos Calvo. En ese contexto, el 23 de febrero de 2009, mediante escritura pública No. 408, el distrito de Cartagena, encabezado por Pinedo Flórez, vendió al Hotel Dann los 243.75 mt2 por el precio estipulado en el acuerdo de pago de octubre de 2008.

Según la Fiscalía, el valor real del inmueble no era de $207.187.500, sino de $750.000.000, en los que el ya mentado Rafael Enrique Ceballos Calvo lo había avaluado.

"Para el ente investigador, el contrato de compraventa del terreno de playa, por ser su objeto ilícito, transgredió los artículos 63 de la Constitución Política de 1991, 5º -el bien debía ser avaluado por peritos adscritos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC-, 7º -el bien superaba los 300 salarios mínimos mensuales vigentes, por lo que debía someterse a venta a través de un procedimiento de licitación pública- y 9º del Acuerdo 030 del 2006, 33 y siguientes de la ley 9 de 1989 y 1502 y 1503 del Código Civil", se lee en la decisión de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

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Condenan a exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, y ordenan su captura

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La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cartagena declaró penalmente responsables en calidad de coautoras de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a la exalcaldesa de Cartagena, Judith del Carmen Pinedo Flórez y a Vivian Eljaiek, exsecretaria de hacienda de su administración, por lo que las condenó a la pena de150 meses de prisión (12 años y cinco meses).

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5 Jun 2021 - 3:00 p. m.

El reconocimiento de los pueblos indígenas donde se adelantan proyectos petroleros es el llamado que hacen investigadoras de Ambiente y Sociedad.

Laura Montaño, investigadora del área de Empresas y Derechos Humanos la Organización Ambiente y Sociedad, habla de cómo los procesos de consulta previa no han sido exitosos en el país, explica los protocolos de consulta previa que se han usado en Brasil y Perú y qué resultados han dejado, detalla el por qué es tan difícil en Colombia lograr un concenso debido a la multiculturalidad de los pueblos porque no es lo mismos establecer diálogos con una comunidad indígena frente a una afrodescendiente.

Por eso, en esta conversión, cuenta cómo la adquisición de tierras para adelantar proyectos de extracción logra fracturar las estructuras internas de comunidades, habla de cómo las juventudes se ven atraídas por las dinámicas empresariales de las compañías que terminan alejándolos de las tradiciones culturales y con ello afectando la pervivencia de los pueblos.

Propone que cuando las empresas estén en territorio y logren identificar comunidades que no aparecían en la información del Gobierno, se establezca una comunicación con el ministerio del Interior, de tal forma que se pueda actualizar la información y con ello incluir a los pobladores en el proceso de consulta.

Todos los detalles de la conversación con Laura Montaño están en el siguiente pódcast:

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¿En Colombia se garantiza el derecho fundamental a la consulta previa?

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5 Jun 2021 - 3:00 p. m. El reconocimiento de los pueblos indígenas donde se adelantan proyectos petroleros es el llamado que hacen investigadoras de Ambiente y Sociedad.