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La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, establece a Ecuador como un

“Estado constitucional de derechos y justicia”. Son deberes primordiales

del Estado, entre otros, “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos”, “la erradicación de la pobreza” y “la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. Los derechos establecidos constitucionalmente incluyen: los económicos, sociales y culturales los de personas y grupos de atención prioritaria, los colectivos, los de la naturaleza, los de participación, los de libertad y los de protección.

De manera particular, se establece el “régimen del buen vivir” que tiene como fundamentos la biodiversidad, los recursos naturales y la inclusión y equidad social.

En relación con la estratificación, se plantea la búsqueda de universalidad y redistribución, desde los principios de igualdad, equidad e inclusión económica y social. el Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.

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La crisis que, si bien es de escala global, afectó a Ecuador de manera particular por su estructura económica dependiente e informal. Pero, además, se dio en medio del retorno de las políticas de liberalización económica implementadas desde 2018, en el marco del fomento

de austeridad fiscal como condición al financiamiento del Fondo Monetario Internacional.

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Esto da cuenta de que la estructura laboral reproduce y profundiza las vulnerabilidades de grupos poblacionales tradicionalmente violentados por roles socialmente impuestos y excluidos de oportunidades.

Es decir, siete de cada diez personas con empleo tienen jornada reducida, ingreso inferior al salario mínimo legal o directamente no recibe remuneración. La seguridad social, que se vincula a una relación laboral formal, cubre únicamente al 33.99 % de las personas trabajadoras.

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° Retrocesos en la capacidad adquisitiva: catalizadores de vulnerabilidad y desigualdad 

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° Retrocesos en la capacidad adquisitiva: catalizadores de vulnerabilidad y desigualdad 

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Lo señalado da cuenta de una doble problemática en el país: altos niveles de vulnerabilidad económica, junto con una elevada desigualdad. Esta realidad se profundiza por la baja cobertura de la seguridad social, que cubre apenas al 30.6 % de la población y evidencia brechas de género en contra de las mujeres

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Las características de las políticas de cuidado constituyen la forma en que los Estados responden a los cambios demográficos, económicos, políticos y sociales ocasionados por la reducción de las tasas de natalidad, el envejecimiento de la población y la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado se realiza mayoritariamente sin remuneración y está fundamentalmente a cargo de las mujeres dentro de los hogares.

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° Paradojas del sistema de servicios de cuidados: las ampliaciones en las coberturas se condicionan a ciclos expansivos de la economía.

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° Paradojas del sistema de servicios de cuidados: las ampliaciones en las coberturas se condicionan a ciclos expansivos de la economía.

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Los servicios de cuidados en Ecuador están principalmente dirigidos a la población dependiente de primera infancia y adultos mayores. A la vez, se han ido articulando, cada vez más, a las transferencias monetarias focalizadas en la poblaciones pobres y extremadamente pobres. La ampliación inicial en la cobertura de los servicios de cuidados es uno de los logros del cambio de visión de las políticas de protección social que se dio a partir de 2008, pasando de la focalización asistencialista a un enfoque de derechos.

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El sistema de protección social de Ecuador garantiza el

acceso universal y gratuito a los servicios de educación

y salud. Bajo el

principio de universalidad, en salud, se da énfasis en la

atención primaria y, en educación, a las políticas de universalización de la educación general básica y la democratización de la cobertura de los servicios de educación inicial, básica y bachillerato

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La educación es un factor determinante para la mejora de los ingresos. En Ecuador, los servicios educativos universales se organizan en los niveles de educación inicial, educación general básica (EGB) (desde primero a décimo grado) y bachillerato. La educación es el sector que registra el mayor presupuesto codificado y devengado del gasto social. La oferta del sistema educativo es de alrededor de 16 316 instituciones, 53 % ubicadas en el área urbana y 47 %, en el área rural.

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En Ecuador, la Constitución (2008) establece que la salud es un derecho universal y gratuito. El Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria nacional y el responsable de la política pública. Además, existe una brecha importante en el número de establecimientos entre las áreas urbanas y las rurales, así como deficiencia de camas hospitalarias y camas de Unidades de Cuidado Intensivo.

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Este proceso se profundiza a partir de marzo de 2019, cuando el gobierno nacional firmó el Acuerdo del Servicio este se establece como prioridad profundizar la reducción de la pobreza expandiendo la cobertura y elevando el nivel de beneficios del Bono de Desarrollo Humano, es así como el sistema de protección social cuya debilidad estructural lo vuelve pro cíclico, al ser dependiente del ciclo económico, y a su vulnerabilidad institucional.