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Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyen los primeros instrumentos que receptan títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época.

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Desde principios del siglo XVI y durante la mayor parte del mismo, sólo navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso interoceánico. En este avance se produjo el descubrimiento de las Islas Malvinas por integrantes de la expedición de Magallanes

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En el siglo XVII, navegantes de otros países vieron las Islas Malvinas mientras exploraban áreas controladas por España. España protestaba cuando sabía de estas expediciones. Sin embargo, toda la región sur de América, con sus costas, mares e islas, permaneció bajo el control de España gracias a tratados como el Tratado "Americano" firmado en esa época.

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Paz de Utrecht protegió las tierras de España en América del Sur y su control sobre la navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra aceptó estas condiciones en acuerdos y tratados posteriores del siglo XVIII. Sin embargo, hacia mediados de ese siglo, Gran Bretaña y Francia mostraron interés en las Islas Malvinas para establecerse cerca del estrecho de Magallanes.

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España tomó conocimiento de un proyecto británico para establecerse en las Islas Malvinas y protestó firmemente ante el gobierno del Reino Unido, que, en consecuencia, desistió de llevarlo a cabo.

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Francia estableció "Port Louis" en la Isla Soledad (Malvinas), pero España protestó y logró que Francia reconociera su derecho sobre las islas. Francia ordenó evacuar y entregar el establecimiento a las autoridades españolas.

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Al año siguiente de la instalación francesa, una expedición británica llegó clandestinamente al archipiélago

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Marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar que llamaron "Port Egmont", en una isla situada al oeste de la Gran Malvina. Pese al secreto con que el gobierno del Reino Unido llevó esto a cabo, España tuvo conocimiento de ello y protestó insistentemente, exponiendo sus derechos.

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Como no obtuvo una respuesta aceptable, buscó el establecimiento intruso y cuando dio con él, expulsó por la fuerza a sus ocupantes. Con motivo de esta acción se estuvo a punto de ir a la guerra.

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Se firma acuerdo bilateral para evitar la expulsión a la fuerza. Este acuerdo constaba de una Declaración por la que España restituía a los británicos "Port Egmont" para salvar el honor del Rey británico, haciendo reserva expresa de su soberanía sobre la totalidad de las Islas Malvinas, y una Aceptación de la Declaración en la que Gran Bretaña guardaba silencio acerca de la reserva de derechos española.

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Con la firma del tratado de San Lorenzo de El Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas tanto orientales como occidentales de América  Meridional ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, cual era el caso de las Malvinas.

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La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a un total de treinta y dos, fue continua hasta el año 1811, en que la guarnición de Puerto Soledad fue requerida desde Montevideo para la defensa de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra de la Independencia. En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las Malvinas,

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A pesar de las luchas internas que enfrentaba el Estado argentino, el Coronel de la Marina argentina David Jewett tomó posesión de su cargo en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello fue efectuado en un acto público en Puerto Soledad al que asistieron loberos y balleneros de varias nacionalidades.

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10 de junio el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia Política y Militar de las Malvinas. Después de haber mantenido silencio por más de medio siglo en el curso del cual se habían sucedido sin oposición administraciones españolas y argentinas en las islas Malvinas, en noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto.

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Un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Soledad en represalia por la captura de buques loberos de esa nacionalidad que habían sido hallados en infracción a la legislación de pesca por las autoridades argentinas. El gobierno argentino inició de inmediato las gestiones para obtener reparación de los Estados Unidos y a la vez envió una goleta de la Armada para restablecer el orden en las islas, que había sido quebrado por la irrupción de la nave estadounidense.

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Durante la primera mitad del siglo XX, los sucesivos gobiernos argentinos fueron generalizando la práctica de presentar protestas ante el Reino Unido y realizar las presentaciones y reservas ante los organismos multilaterales correspondientes, cada vez que tenían conocimiento de actos unilaterales británicos por los que se desconocía la soberanía argentina. Fue en este período, además, cuando tuvo lugar una ampliación de la controversia a otros territorios insulares del Atlántico Sur y antárticos, sobre los que la Argentina, el Reino Unido y en algunos casos terceros países comenzaban a desarrollar distintas actividades.

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Gran Bretaña anexó dichos territorios (las Islas Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Sandwich del Sur, así como el territorio antártico denominado por los británicos Tierra de Graham) como "dependencias de la colonia" de las Islas Malvinas. En distintas oportunidades, la Argentina extendió sus protestas a tales territorios.

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Con la entrada en vigor del Tratado Antártico, la controversia de soberanía sobre las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur y la parte pertinente del territorio antártico quedó cubierta bajo el artículo cuarto de dicho tratado. Los otros territorios, es decir las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, continúan hasta el presente conformando junto a las Malvinas el espacio geográfico de la disputa de soberanía con el Reino Unido conocida como la "Cuestión de las Islas Malvinas".

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Durante la discusión sobre las funciones de la Asamblea General de una nueva organización internacional, el Comité 4 de la Comisión II abordó cómo deberían tratarse los territorios no autónomos y los fideicomisos. Argentina expresó su preocupación de que estos principios se aplicaran a territorios que reclamaba y que estaban en disputa de soberanía, formulando una reserva que dejaba claro que no aceptaría que estos sistemas se aplicaran a territorios argentinos bajo reclamo o en posesión de otros estados.

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Durante el primer período de sesiones de la Asamblea General, las Potencias administradoras presentaron una lista de territorios que no tienen autonomía propia. Esto se rige por el Capítulo XI de la Carta, que obliga a estas Potencias a proporcionar información sobre esos territorios al Secretario General. El Reino Unido incluyó a las Islas Malvinas en esta lista, lo cual llevó a la aprobación de la Resolución 66 (I) por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1946. Argentina expresó su reserva de derechos de soberanía cada vez que la Cuarta Comisión de la Asamblea General analizaba la información proporcionada por el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

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Argentina reafirmó sus derechos sobre las Islas Malvinas y rechazó los argumentos del Reino Unido, quien dijo estar dispuesto a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre lo que él llama "dependencias de las Islas Malvinas". La delegación argentina respondió que no hay tal dependencia y subrayó que incluso si existiera, el Reino Unido no podría invocarla porque las Islas Malvinas pertenecen a Argentina

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La Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 1514 (XV), que pide terminar rápidamente con el colonialismo en todas sus formas. Esta resolución destaca dos principios clave para la descolonización: autodeterminación e integridad territorial. Subraya que cualquier intento de dividir un país va en contra de los objetivos de la Carta de la ONU, limitando así el principio de autodeterminación en favor del respeto a la integridad territorial de los Estados.

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José María Ruda, representante argentino, hizo un discurso explicando por qué Argentina cree que las Islas Malvinas le pertenecen. Este discurso, llamado "alegato Ruda", fue importante porque fue la primera vez que Argentina presentó formalmente su reclamo ante las Naciones Unidas. La ONU reconoció este reclamo y sugirió a Argentina y al Reino Unido que dialogaran para resolver pacíficamente la disputa sobre las islas.

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En efecto, siguiendo las sucesivas recomendaciones del Subcomité III y del Comité Especial, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065 (XX), en la cual, "Tomando nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas.

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Reino Unido ocupó las Islas por la fuerza, expulsó a la población allí establecida y no permitió su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina. Queda descartada entonces la posibilidad de aplicación del principio de autodeterminación, pues su ejercicio por parte de los habitantes de las islas, causaría el “quebrantamiento de la unidad nacional y la integridad territorial” de la Argentina.

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En el marco de las Naciones Unidas, el gobierno nacional invitó formalmente al del Reino Unido a iniciar las negociaciones recomendadas por la comunidad internacional para la solución de la disputa de soberanía.

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El gobierno británico modificó su posición y por primera vez se avino a llevar a cabo negociaciones bilaterales. Éstas recibieron su primer impulso a través de los respectivos Cancilleres, reunidos en Buenos Aires.

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Comenzaron conversaciones informales continuas para avanzar en la negociación, enfocándose en soberanía y comunicaciones. En septiembre, los Cancilleres se reunieron en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, una práctica que continuaría en los años siguientes. Estas conversaciones permitieron a los diplomáticos redactar un documento reflejando los acuerdos alcanzados.

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A propuesta británica, se acordó un Memorándum de Entendimiento en agosto de 1968, pendiente de aprobación por los gobiernos. Este documento buscaba resolver amigablemente la disputa de soberanía, considerando los intereses de los isleños, y mejorar la comunicación y el movimiento entre el continente y las Islas.

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Las negociaciones sobre soberanía casi se detuvieron. Se buscó un nuevo enfoque, centrado en mejorar las comunicaciones, mientras cada parte mantenía su posición sobre la soberanía.

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Los británicos propusieron un condominio anglo-argentino en las Islas Malvinas como paso previo a resolver la disputa de soberanía. Argentina mostró interés y presentó una propuesta de administración conjunta. Aunque las propuestas parecían similares, las negociaciones no avanzaron.

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Se propuso una administración conjunta de las Islas Malvinas. Aunque interesó a ambos gobiernos, no avanzó en las negociaciones.

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La situación entre Argentina y el Reino Unido se volvió tensa debido a actos unilaterales británicos en el área de disputa. A fines de ese año, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 31/49, reconociendo los esfuerzos argentinos para descolonizar y mejorar el bienestar de los isleños.

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Para reanudar el diálogo, el Reino Unido propuso negociar sobre cooperación económica y la futura relación constitucional de las Islas Malvinas, incluyendo la soberanía. Se estableció un marco para las negociaciones formales, abarcando relaciones políticas, soberanía y cooperación económica.

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Argentina propuso actualizar la administración conjunta y permitir la compra de bienes en las islas, pero el Reino Unido solo quiso negociar sobre explotación de recursos. Los grupos de trabajo sobre soberanía y cooperación no avanzaron, excepto en cooperación científica, aunque el acuerdo en esta área también fracasó.

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El Reino Unido propuso un cambio: conversaciones secretas sobre transferir la soberanía de las Islas Malvinas a Argentina, que luego arrendaría las islas al Reino Unido por un largo período. Argentina mostró interés en discutir el tiempo del arriendo, pero las negociaciones no avanzaron. Solo se mantuvo el diálogo informal para preparar una nueva ronda que nunca ocurrió.

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Argentina propuso una comisión permanente para negociar la soberanía de las Islas Malvinas. El Reino Unido no respondió, y Argentina hizo pública la propuesta. Los eventos que llevaron al conflicto armado impidieron reanudar las negociaciones, y la situación sigue sin cambios

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El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que continuó pendiente de negociación y solución.

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Tras el restablecimiento de la democracia, Argentina retomó su reclamo pacífico de soberanía y se mostró dispuesta a reanudar las negociaciones según el mandato de la ONU. Ese año, la Asamblea General adoptó la Resolución 38/12, que reiteraba la Resolución 37/9 y lamentaba la falta de progreso, pidiendo a Argentina y al Reino Unido que reanudaran las negociaciones.

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La Asamblea General aprobó la Resolución 39/6, que recordaba las resoluciones anteriores sobre las Malvinas y expresaba preocupación por la falta de resolución de la controversia a pesar del tiempo transcurrido desde la resolución 2065.

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La Asamblea General aprobó la Resolución 40/21, que pedía resolver la disputa mediante negociaciones y rechazaba incluir el principio de autodeterminación. La resolución tuvo 107 votos a favor, 41 abstenciones y 4 votos en contra, incluido el del Reino Unido.

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Este año marca el conflicto armado conocido como la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. La guerra fue un intento de Argentina de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que estaban bajo control británico. El conflicto comenzó el 2 de abril de 1982, cuando las tropas argentinas desembarcaron en las islas, y terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. El conflicto dejó cientos de muertos en ambos bandos y tuvo profundas repercusiones políticas y diplomáticas en ambos países.

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Luego de la guerra de 1982, en 1989 Argentina y el Reino Unido llegaron a un entendimiento para abordar la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y otros territorios circundantes. Este entendimiento inició una política de reconstrucción de las relaciones bilaterales entre ambos países. Ese mismo año, se firmó la Declaración Conjunta de Madrid, donde ambos gobiernos acordaron una fórmula de soberanía que permitiría el restablecimiento de las relaciones sin afectar las respectivas posiciones sobre la soberanía.

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El 15 de febrero de 1990, como parte de la Declaración Conjunta de Madrid, Argentina y el Reino Unido acordaron medidas de confianza en el ámbito militar para el área en disputa. Además, en ese año se reanudaron las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países, un paso significativo en la normalización de las relaciones bilaterales. También, el 28 de noviembre de 1990, se firmó la "Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros", que permitió la creación de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS).

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En este año se realizaron revisiones y simplificaciones a las de confianza en el ámbito militar incluidas en la Declaración de medidas Conjunta de Madrid de 1990. Estas medidas buscaban prevenir conflictos y mantener la paz en el área disputada.

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Se revisaron nuevamente las medidas de confianza militar acordadas en 1990. Además, ese año se desarrolló el Subcomité Científico (SCC) en el marco de la CPAS, con el objetivo de proponer medidas de conservación de especies pesqueras en el Atlántico. Sur.

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La República Argentina incluyó en su Constitución Nacional la Disposición Transitoria Primera, en la que reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esta disposición establece que la recuperación de dichos territorios es un objetivo permanente e irrenunciable para el pueblo argentino.

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El 27 de septiembre de 1995, Argentina y el Reino Unido firmaron una Declaración Conjunta sobre "Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental". Este acuerdo estaba relacionado con la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas sujetas a disputa de soberanía.

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El 14 de julio de 1999, Argentina y el Reino Unido firmaron una Declaración Conjunta que incluyó acuerdos sobre vuelos entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, así como la construcción de un monumento en el cementerio de Darwin para los caídos argentinos en el conflicto de 1982. Esta declaración también permitió el acceso de ciudadanos argentinos a las Islas Malvinas y otros territorios en disputa.

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En julio del año 2000, se celebró la última reunión de la Comisión de Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental, en la que ambas partes reconocieron sus divergencias sobre la cooperación en la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto llevó a una pausa en las negociaciones.

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El 11 de octubre de 2001, Argentina y el Reino Unido firmaron un acuerdo para realizar un estudio de factibilidad sobre el destino en las Islas Malvinas, en cumplimiento de la Convención de Ottawa de 1997, que prohíbe las minas antipersonales.

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El 3 de mayo de 2002, Argentina y el Reino Unido restablecieron el acceso de ciudadanos argentinos a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur en las mismas condiciones aplicables para el caso de las Islas Malvinas.

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Entre febrero y abril de 2004, se construyó un monumento en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas en honor a los soldados argentinos caídos en el conflicto de 1982. Esta obra fue un emprendimiento privado viabilizado a través de negociaciones diplomáticas.

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En marzo de 2005, los directivos de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas visitaron las Islas Malvinas para verificar la finalización del monumento en el cementerio de Darwin. También, en este año, Argentina propuso analizar el mandato de la CPAS debido a desacuerdos sobre la política pesquera británica, lo que llevó a la suspensión de las reuniones de la Comisión.

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El 3 de agosto de 2006, Argentina y el Reino Unido firmaron un acuerdo adicional para incluir la munición sin explotar en el estudio de factibilidad sobre destino en las Islas Malvinas. También, en septiembre de 2006, se realizaron reuniones diplomáticas especiales sobre cuestiones pesqueras, sin llegar a un acuerdo. Ese mismo año, se completaron trabajos de campo en las Islas Malvinas para evaluar la situación de las minas y municiones sin explotar.

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El 5 de octubre de 2007, Argentina y el Reino Unido intercambiaron notas aprobando el informe final sobre el estudio de factibilidad de desminado en las Islas Malvinas. En noviembre de ese año, ambos países presentaron separadamente el informe final en la Octava Reunión de los Estados Parte de la Convención de Ottawa. Además, en marzo de 2007, se realizaron reuniones diplomáticas especiales sobre cuestiones pesqueras sin llegar a un acuerdo, y el 27 de marzo de 2007, Argentina comunicó al Reino Unido la decisión de dar por terminada la Declaración sobre hidrocarburos de 1995.

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El 3 y el 10 de octubre de 2009, se llevó a cabo la inauguración del monumento en el cementerio de Darwin con la participación de 320 familiares de caídos y 55 acompañantes. En noviembre de 2009, se aprobó la solicitud de prórroga de diez años para el destino de las Islas Malvinas durante la Segunda Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa.

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En 2011, el Congreso Nacional de Argentina sancionó la ley 26.659, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización. Esta ley fue modificada en 2013 por la ley 26.915.

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En 2012, el gobierno argentino inhabilitó para operar en el país a varias compañías petroleras, como Falkland Oil & Gas Ltd y Rockhopper Exploration Plc, que realizaban actividades en la zona en disputa sin autorización argentina.

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En 2013, se modificó la ley 26.659 con la ley 26.915, que reforzaba las sanciones contra actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Ese mismo año, se declararon ilegales las actividades de Premier Oil Plc en la región.

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En 2015, se inhabilitaron para operar en Argentina las compañías Noble Energy Falklands Ltd, Noble Energy Inc y Edison International Spa, debido a su participación en actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa.

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En diciembre de 2016, Argentina, el Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) firmaron acuerdos que permitieron identificar los restos de 115 soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin como "Soldado argentino sólo conocido por Dios".

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En 2019, se realizó una visita al cementerio de Darwin por parte de familiares de soldados identificados bajo el primer Plan Proyecto Humanitario. Ese mismo año, se renovó por tres años la prórroga para el destino de las Islas Malvinas, en el marco de la Convención de Ottawa.

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En marzo de 2021, Argentina reafirmó su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes durante el 45º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de