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El exprocurador Antonio Maldonado advirtió que el Decreto Legislativo 1585 emitido por el Gobierno de Dina Boluarte. Esta norma permite que personas sentenciadas a prisión efectivaque permite a personas condenadas a prisión efectiva por 10 a 12 años salir de la cárcel con vigilancia electrónica, podría favorecer a condenados por corrupción. Aunque la medida busca reducir el hacinamiento carcelario, Maldonado destacó que podría beneficiar a quienes han cometido delitos como cohecho, colusión y tráfico de influencias. Estos delitos, con penas mínimas entre 4 y 6 años, ahora podrían ser elegibles para este beneficio. Además, se incluye la posibilidad de convertir penas por delitos culposos menores de 6 años a vigilancia electrónica, lo cual podría beneficiar a conductores que causan graves daño. Maldonado insistió en la necesidad de imponer sanciones más severas en Perú para delitos graves y ser muy drásticos con las personas que incurren en estos delitos, incluyendo a los conductores que causan graves daños por infracciones de tránsito.

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La participación ciudadana es un concepto integrado por dos términos, el primero, es el de participación, esto conduce a estudiar este concepto y posteriormente comprender el significado de la participación ciudadana. Así, tenemos que por asuntos de interés comunitario o asistencial puede darse una intervención de los individuos o integrantes de la comunidad. Participación ciudadana es “formar parte y tomar parte” de un grupo, de una comunidad o de un país de manera activa y responsable. Participación ciudadana significa también: ejercer en la práctica los deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. Podemos decir también que En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil, siendo uno de los pocos países que ha desarrollado de manera amplia su marco legal, las experiencias de participación suponen un progreso en la medida que dotan a la población.

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En términos generales, la participación ciudadana nos remite a una forma de acción emprendida deliberadamente por un individuo o conjunto de éstos. Es decir, es una acción racional e intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico (Velásquez y González, 2003: 57).

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Realiza el papel de la participación ciudadana como piedra angular en la lucha contra la corrupción, en la medida en que la ciudadanía asuma un rol protagónico en la tarea de control y fiscalización, a través de la conformación de veedurías y comités de vigilancia ciudadanas. Por eso, un objetivo del plan es lograr el compromiso de la sociedad para que participe de manera efectiva en la lucha contra la corrupción y fiscalice. Una de las estrategias para alcanzar este objetivo es facilitar la vigilancia en la lucha contra la corrupción. El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (2008)

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Con el fin de fortalecer el acceso de las personas a la información y la participación, brindar información a las autoridades competentes en temas de gestión social y ambiental, y promover relaciones armoniosas entre personas, gobiernos y empresas, hoy se han publicado y entran en vigencia nuevas regulaciones. Panorama general de las actividades de hidrocarburos. El reglamento del Decreto Supremo N° 002-2019-EM, publicado en la revista El Peruano, deroga el reglamento sobre la misma materia adoptado en 2008.

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LINK: https://www.hss.de/download/publications/Libro_Participacion_ciudadana_justicia_penal_neu.pdf

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LINK: https://www.corteidh.or.cr/tablas/31001.pdf

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Antonio Maldonado concluye que el decreto ley de liberación de condenados, al permitir la conversión de penas de prisión por vigilancia electrónica, podría resultar en un tratamiento desproporcionado para aquellos condenados por delitos de corrupción como cohecho y colusión. Esto podría minar la efectividad del sistema judicial y la confianza pública en la lucha contra la corrupción. Además, Maldonado sugiere que el enfoque del decreto podría ser contraproducente al enviar un mensaje equivocado sobre la gravedad de los delitos de corrupción, al permitir que los responsables eviten una pena de prisión efectiva. Esto podría socavar los esfuerzos por promover una cultura de integridad y rendición de cuentas en el servicio público.

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.En conclusión, el nuevo reglamento del MEM sobre participación ciudadana en actividades de hidrocarburos representa un paso positivo hacia la democratización y la transparencia en decisiones que afectan a comunidades y al medio ambiente. Sin embargo, su implementación efectiva será crucial para determinar su impacto real. Es esencial que se asegure un proceso inclusivo y equitativo de consulta pública, donde las voces de todos los sectores involucrados sean escuchadas y consideradas de manera significativa. Además, se deben establecer mecanismos robustos para la divulgación de información clara y accesible, garantizando que los ciudadanos estén bien informados y puedan participar informadamente. La supervisión y la evaluación continua del proceso serán fundamentales para identificar y abordar posibles deficiencias y para asegurar que las decisiones tomadas reflejan el interés público y el desarrollo sostenible a largo plazo

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1. Es imperativo revisar el Decreto Legislativa 1585 que facilita la liberación de los delincuentes que enfrentan prisión o sentenciados a prisión, permitiendo su evitación o liberación. Sin embargo, un decreto firmado por el Sr. Bolarte amplió este período a cinco años. Al respecto, señalan que estas disposiciones legales violan las funciones constitucionales de esta institución.

2. Se recomienda fortalecer las medidas de prevención y sanción contra la corrupción, reafirmando el compromiso del gobierno con la aplicación equitativa de la ley y la protección de los intereses públicos. Esto incluye la implementación de políticas más rigurosas y efectivas que desalienten y castiguen adecuadamente los actos de corrupción, asegurando así la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y judiciales.