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Partimos de una política y un marco legislativo y normativo, cuya inestabilidad, restricción y falta de eficacia en la gestión, han generado que parte de la población inmigrante viva en la irregularidad administrativa, con la consiguiente inseguridad y ausencia de derechos.

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En todo el mundo existe un prejuicio social en el que los inmigrantes son catalogados como delincuentes; al igual que hay miles de locales que sí son delincuentes. Por este tipo de prejuicios, muchas veces en lugar de tener la calidad de vida que buscaban, estas personas están obligadas a vivir en la clandestinidad e invisibilidad.

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Esta realidad social da lugar a situaciones de exclusión, que en muchas ocasiones pueden desencadenar casos de racismo y xenofobia.

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A su vez en España, hay un lado oscuro pues...

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A su vez en España, hay un lado oscuro pues...

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Los inmigrantes para acceder a un régimen de derechos y deberes similar a los de los españoles y comunitarios es preciso estar en posesión de una autorización para residir en España. La interpretación de las normas, ajenas a la realidad, y el mal funcionamiento de la Administración, son responsables, en parte, del volumen actual de población extranjera en situación administrativa irregular, cerca de 800.000 personas. La invisibilización de este colectivo tiene muchas consecuencias, algunas de ellas de gran gravedad. Los extranjeros sin autorización están abocados a emplearse en la economía sumergida y en torno a la entrada y permanencia irregular en España, surgen formas delictivas tales como el tráfico ilícito y la trata de seres humanos.

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Toda persona inmigrante tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración (España), sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición.

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El organismo encargado de regular la inmigración es... 

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El organismo encargado de regular la inmigración es... 

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Por medio de su División de Migración y Gestión de Fronteras (IBM), la OIM apoya a los Estados Miembros en la mejora de las políticas, la legislación, los sistemas operativos, los recursos humanos y las estructuras técnicas y administrativas necesarias para responder de modo más efectivo a los diversos desafíos que la migración y la gestión fronteriza plantean. Las actividades referidas a la Migración y la Gestión de Fronteras (IBM) se realizan en observancia del compromiso de la OIM de facilitar la migración ordenada, segura y regular y la movilidad de las personas.

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No solo son adultos, sino también los más jóvenes...

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No solo son adultos, sino también los más jóvenes...

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Cuando nos referimos a juventud inmigrante, nos estamos refiriendo a un 6,3% de la población joven en España, (el 3,37% de la población joven inmigrante es del sexo masculino y el 2,93% del sexo femenino). Cabe destacar también un dato y es que el 29,9% de la población de origen extranjero en España es joven (el 54,68% de la población inmigrante es joven de sexo masculino y el 45,32% es de sexo femenino). No obstante, pese a la información sesgada y alarmista que ofrecen en algunas ocasiones los medios de comunicación, la población inmigrante sólo representa el 4,73% de la población española (53% son hombres y el 47% son mujeres), cifra muy inferior al del resto de los países de la Unión Europea.

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El momento social en el que nos encontramos inmersos e inmersas nos lleva a prestar una especial atención a la realidad de la población inmigrante, y en concreto, a la realidad de una juventud inmigrante marcada por una situación muy diferente a la que tienen los y las jóvenes que han nacido dentro de nuestro país. Si tuviéramos que definir en unas pequeñas líneas el contexto en el que nos movemos a la hora de hablar de inmigración, no hay que olvidar que partimos de una política y un marco legislativo y normativo, cuya inestabilidad, restricción y falta de eficacia en la gestión, han generado que parte de la población inmigrante viva en la irregularidad administrativa, con la consiguiente inseguridad y ausencia de derechos.

Cuando nos referimos a juventud inmigrante, nos estamos refiriendo a un 6,3% de la población joven en España, (el 3,37% de la población joven inmigrante es del sexo masculino y el 2,93% del sexo femenino). Cabe destacar también un dato y es que el 29,9% de la población de origen extranjero en España es joven (el 54,68% de la población inmigrante es joven de sexo masculino y el 45,32% es de sexo femenino). No obstante, pese a la información sesgada y alarmista que ofrecen en algunas ocasiones los medios de comunicación, la población inmigrante sólo representa el 4,73% de la población española (53% son hombres y el 47% son mujeres), cifra muy inferior al del resto de los países de la Unión Europea.

Un camino hacia la plena ciudadanía...

Realmente nos encontramos en un camino, un proceso hacia la plena ciudadanía, pero este camino se perfila más duro y complicado cuando nos referimos a la población inmigrante. Partimos del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice así:

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición.

La importancia de partir de este artículo es que ningún ser humano es ilegal, que hay que defender y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, en los que no se diferencia en ningún momento por cuestión de raza, origen, sexo... Por ello entendemos que es un grave error unir la ciudadanía a la nacionalidad y no al hecho de ser persona, porque según esto ¿qué derechos quedan amparados o no cuando éstos se condicionan a una nacionalidad, a un lugar de origen, a un trámite administrativo? Esta pregunta se torna compleja cuando el propio marco legal ha sido reformado en cuatro ocasiones en tres años, declarándose en ese proceso artículos inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional. No obstante, entraremos en ello a la hora de referirnos a la realidad legal y jurídica que, como veremos, condicionará la propia situación de la población inmigrante.

Ahora bien, retomando el concepto de ciudadanía en el que en la propia introducción al Documento de Bases hacíamos referencia, esto va implícitamente unido a la idea de derechos y deberes y es más, al concepto de participación como medio para ejercer dicha ciudadanía, es decir, ser parte activa en el desarrollo político, social, económico y cultural de un país. Pues bien, todo esto en el caso de la población inmigrante, y en concreto de la juventud inmigrante, es una situación lejana y no ceñida a la realidad.

Para acceder a un régimen de derechos y deberes similar a los de los españoles y comunitarios es preciso estar en posesión de una autorización para residir en España. La interpretación de las normas, ajenas a la realidad, y el mal funcionamiento de la Administración, son responsables, en parte, del volumen actual de población extranjera en situación administrativa irregular, cerca de 800.000 personas. La invisibilización de este colectivo tiene muchas consecuencias, algunas de ellas de gran gravedad. Los extranjeros sin autorización están abocados a emplearse en la economía sumergida y en torno a la entrada y permanencia irregular en España, surgen formas delictivas tales como el tráfico ilícito y la trata de seres humanos.

Mención aparte debe tener la influencia de los medios de comunicación social, cuando éstos difunden en ocasiones, a través de informaciones sesgadas y parciales, estereotipos que contribuyen a la creación de las barreras de las que hablábamos antes.

Uno de los estereotipos que perjudican y criminalizan la imagen de la población inmigrante es la asociación de inmigrante y delincuente. Hay extranjeros no comunitarios delincuentes, al igual que hay españoles y extranjeros comunitarios que delinquen, pero no puede caracterizarse al conjunto de la población no comunitaria con las actuaciones de individuos aislados, situación generada, entre otras causas, por la situación de clandestinidad y de invisibilidad en las que estas personas están obligadas a vivir. No obstante, estos datos no son, en absoluto, representativos y significativos y, sin embargo, gracias a los propios medios de comunicación llegamos a generar unas barreras y un rechazo hacia la población inmigrante. Este hecho es mucho más claro en el caso de los y las jóvenes, los cuales aúnan la criminalización social que en muchas ocasiones se produce por su doble condición de joven y de inmigrante. Esta realidad da lugar a situaciones de exclusión, que en muchas ocasiones pueden desencadenar casos de racismo y xenofobia.

Otra cuestión que querríamos destacar, en relación con lo anteriormente mencionado, es el término inmigrante y que actualmente tiene unas connotaciones absolutamente negativas. Porque por ejemplo si se pregunta a quien lee esto ¿hay diferencia entre inmigrante y extranjero o extranjera? Si se responde a esta pregunta sin una mayor reflexión, mucha gente asociaría extranjero o extranjera a los y las provenientes de la Unión Europea, e inmigrantes a quienes proceden de países en condiciones socioeconómicas desfavorables, o al menos, inferiores a España. Esto no es más que fruto de la conciencia social que, entre otros, los propios medios de comunicación han generado, trasladando una imagen negativa de la población inmigrante porque, obviamente, no debería de haber ninguna diferencia en ese concepto. ( Inmigrante es aquel que reside temporal o permanentemente en un país distinto al de origen independientemente de cual sea éste). Por ello, entendemos que hay que caminar a dignificar el término inmigrante, que puede o no pasar por no utilizarlo y, en su lugar, favorecer el uso de términos como personas de otros países, personas de origen extranjero, etc... No obstante, el objetivo en todo momento no es más que romper las connotaciones que el término inmigrante a día de hoy tiene y que genera diferencia con otros conceptos según a quién se refiera.

Legalidad y marco jurídico: su repercusión social

Dado el contexto social en el que nos encontramos, marcado por una inminente ampliación de la Unión Europea, una posible aprobación de un Tratado Constitucional Europeo y las cercanas elecciones al Parlamento Europeo, es muy importante situar el marco político partiendo de la realidad existente en la Unión Europea. Haciendo un poco de historia, si bien en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales del 4 de noviembre de 1950, que establece el goce de los derechos y libertades reconocidos en el mismo ha de ser asegurado sin distinción alguna, es de obligado cumplimiento por los Estados miembro, no es hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999 cuando la migración comienza a ser una preocupación constante y relevante en la Unión Europea. En este Tratado se recoge un punto fundamental que es "la libre circulación de las personas que se encuentren dentro del territorio de la Unión Europea".

A raíz del artículo 13 del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas, se establece el marco jurídico apropiado para implementar políticas de promoción de la igualdad de trato y de la diversidad. Se elaboraron dos directivas antidiscriminatorias de obligada transposición y cumplimiento por los Estados miembro: las directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente su origen racial o étnico y al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, respectivamente.

Nos detenemos en estas directivas europeas por la importancia que tiene su desarrollo a nivel estatal y porque suponen una normativa mucho más avanzada y comprometida con los Derechos Humanos. Estas directivas son relevantes para España no sólo porque es obligación de los Estados adoptar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar su cumplimiento, sino, y principalmente porque supone una normativa mucho más avanzada, progresiva y comprometida con los derechos humanos. En estas Directivas se define y prohíbe la discriminación directa e indirecta, se permite las acciones positivas para prevenir o compensar las desventajas que afecten a personas de un origen racial o étnico concreto; permite a actores de la sociedad civil a emprender acciones legales en caso de discriminación; contempla la articulación de procedimientos judiciales y administrativos por los Estados para lograr la igualdad de trato no sólo en el sector público sino también el sector privado y en todos los ámbitos: el empleo, la orientación profesional, la seguridad social, la asistencia sanitaria, las ventajas sociales, la educación, el acceso a bienes y servicios; y contempla la inversión de la carga de la prueba.

Esta importancia de la normativa europea en ningún momento es acorde con la importancia dada desde el Estado Español, el cual ha transpuesto estas directivas después del plazo establecido, sin atender a las sugerencias de los agentes sociales, pese a que se establece como condición en los propios textos europeos, y más aún ha sido incluida dentro de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Valoramos, por tanto, muy negativamente el tratamiento y el esfuerzo desarrollado para el cumplimiento de una normativa europea que venía a traer algo de esperanza para caminar hacia una plena ciudadanía europea.

Mención aparte, desde luego, tiene la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuya última versión estamos a la espera de conocer. La falta de conocimiento por los legisladores de la realidad de la inmigración en España se queda patente tras llevar a cabo tres reformas legislativas en dos años, y por lo tanto, una vez más la falta de diálogo con los agentes sociales, verdaderos conocedores de la realidad social. Cabe destacar el endurecimiento progresivo de la normativa que va restringiendo progresivamente los derechos de las personas, ya que hay que recordar que los propios artículos del anterior Reglamento que fueron declarados inconstitucionales bajo sentencia se incorporan en la nueva reforma de la Ley. Como la Ley Orgánica, contribuye a perpetuar la situación de cerca de un millón de personas en la irregularidad, entre otras cosas, tiene como consecuencia el riesgo de exclusión social y el trabajo en la economía sumergida.

Es importante destacar la desprotección que sufren los y las menores inmigrantes. Los y las menores no acompañados y en situación de desamparo sufren, entre otras, las expulsiones y repatriaciones sumarias, sin respetar el procedimiento establecido en las que no se respetan sus Derechos Humanos básicos y fundamentales. Esta situación es diaria y de conocimiento público en partes de España como Melilla y Ceuta, donde los agentes sociales son auténticas voces de estos y estas menores.

Las mujeres inmigrantes sufren una triple discriminación como mujeres, inmigrantes y en su mayoría jóvenes, que se ve claramente plasmada en las condiciones laborales, cuya actividad se desarrolla fundamentalmente en sectores informales, especialmente en el servicio doméstico.

En general, la situación de precariedad laboral y la inestabilidad administrativa contribuyen a invisibilizar posibles situaciones de explotación laboral y a dificultar, por el miedo a las consecuencias de la denuncia, la posibilidad de luchar contra los casos de violencia de género y tráfico de mujeres.

Se debe apostar por dar opciones reales de inserción e integración social digna a la población inmigrante en España, impulsar las políticas y acciones de cooperación con las sociedades de origen como medio fundamental para mejorar las condiciones de vida en estos países, para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y luchar contra las desigualdades sociales entre unos países y otros; mejorar los canales y las posibilidad para el retorno voluntario de las y los inmigrantes y combatir la existencia de mafias que trafican con seres humanos, verdadera lacra social tanto de la comunidad inmigrante como de la población de acogida.

Por ello, creemos que no hay integración, convivencia, construcción conjunta de la sociedad, si no hay reconocimiento de derechos.

Una apuesta: una sociedad intercultural

En todo este marco, entendemos que los esfuerzos tendrían que estar puestos en generar estructuras de interculturalidad, un marco de convivencia, una sociedad rica en valores culturales, en intercambio... si bien los esfuerzos se invierten en expulsar y degradar a las personas, en olvidarnos de la máxima con la que comenzábamos: que ningún ser humano es ilegal.

Entendemos que el movimiento asociativo debe de apostar por la educación intercultural como medio para lograr una sociedad más justa, donde todas las personas tengan cabida, donde construyamos por transformar todo lo que en estos documentos hemos reivindicado y por lo que nos hemos posicionado. Hablar de educación intercultural es hablar de educación en valores, de respeto y de convivencia

Todo proceso de integración intercultural precisa de un análisis crítico de la sociedad de acogida, de la reestructuración del sistema educativo, del cambio de mentalidad y de una gran dosis de diálogo. El resultado de esta fórmula nos llevará a la transformación social de forma conjunta, a una convivencia y a seguir caminando hacia una plena ciudadanía; en definitiva, a la paz en el sentido más amplio de la palabra.

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¿Cómo está el tema sobre la inmigración?

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El momento social en el que nos encontramos inmersos e inmersas nos lleva a prestar una especial atención a la realidad de la población inmigrante, y en concreto, a la realidad de una juventud inmigrante marcada por una situación muy diferente a la que tienen los y las jóvenes que han nacido dentro de nuestro país.