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CESAR MARQUEZ, HANNE CURE, JOSE MIRANDA, ADALBERTO ZABALETA

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CESAR MARQUEZ, HANNE CURE, JOSE MIRANDA, ADALBERTO ZABALETA

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Universidad de los Andes - Colombia - Sitio oficial

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Es necesario que el Gobierno nacional incluya a las personas con discapacidad dentro de los grupos priorizados durante la crisis por la pandemia. A la fecha, no se han contemplado como un grupo vulnerable o prioritario y poco se ha discutido sobre la importancia de implementar medidas de prevención para esta población.

Lea el comunicado completo - Personas con Discapacidad: Una población ignorada durante la pandemia

De acuerdo con el Censo Nacional de Población el 7,1% de la población colombiana sufre algún tipo de dificultad para realizar sus actividades diarias o en otras palabras discapacidad. De ellos, 6,7% viven en cabeceras municipales y 8,5% en los centros poblados y en el área rural dispersa. Las tres dificultades más comunes en Colombia son ver, moverse o caminar y oír con 1,177,904; 872,644 y 291,755 personas, respectivamente. Como es de esperar, un alto porcentaje de la población con discapacidad es mayor de 60 años (21,4%) y en su mayoría son mujeres (54%).

Aunque el número de personas con discapacidad ha aumentado en los últimos años (pasando de 6.3% en 2005 a 7.1% en 2018), la población con discapacidad es un grupo olvidado y muchas veces invisibles dentro de la sociedad. De hecho, muchos de los programas que buscan reducir los niveles de pobreza o incrementar el acceso a servicios y oportunidades básicas no mencionan literalmente a la población con discapacidad, aspecto que facilita el proceso de exclusión social de este grupo poblacional.

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, se han identificado como vulnerables diferentes grupos de la población, los cuales incluyen a las personas mayores de 60 años, personas en situación de pobreza y con enfermedades crónicas. Sin embargo, aunque la población con discapacidad está sobrerrepresentada en estos tres grupos, no se han contemplado como un grupo vulnerable o prioritario y poco se ha discutido sobre la importancia de contar con medidas de prevención encaminadas directamente para esta población, permitiendo brindar la información necesaria para que las personas con discapacidad puedan no solo tener el conocimiento adecuado de la pandemia, sino también puedan tener acceso a servicios de salud de acuerdo a su necesidad, y siendo priorizado en la entrega de subsidios en el proceso de mitigación de los efectos negativos del aislamiento físico obligatorio.

Población con discapacidad: ¿Por qué son vulnerables?
La población con discapacidad tiene condiciones de salud que los hace altamente vulnerables a ser contagiados por COVID-19 y también a sufrir de manera más severa los síntomas de la enfermedad. En este sentido, se espera que la mortalidad y morbilidad de este grupo como resultado de la pandemia sea mucho mayor, sin embargo, hasta el momento no se conocen estadísticas oficiales de morbilidad o mortalidad como resultado de la pandemia.

Adicional a las condiciones de salud que incrementa la vulnerabilidad de la población con discapacidad, este grupo también presenta características socioeconómicas que incrementa su riesgo a sufrir las peores consecuencias de las medidas de mitigación del contagio de la pandemia, como son el aislamiento físico obligatorio. De hecho, se conoce que la población con discapacidad tiene menores niveles de educación, de participación en el mercado laboral, su participación social y política es menor comparada con personas sin discapacidad y sumado a esto, las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras actitudinales y físicas en el acceso a servicios básicos, incluyendo acceso a una fuente de agua limpia o a saneamiento adecuado.

Adicionalmente, la población con discapacidad tiene mayor demanda y uso de servicios de salud, sin embargo, también enfrenta mayores barreras físicas y actitudinales en el momento de utilizar los servicios, aspecto que limita el apropiado uso de los servicios de salud de acuerdo con su necesidad.

Adicional a estas características, la población con discapacidad es un grupo sobrerrepresentado en la población pobre, y ha sido considerado uno de los grupos más pobres dentro de los pobres. En este contexto, las personas con discapacidad y sus familias enfrentan costos directos (atención en salud), indirectos (costos de cuidado) y de oportunidad (perdida de ingreso por trabajo de otros miembros del hogar), lo que genera que el ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas sea mucho más elevado que el de otros grupos. Esto hace que la población con discapacidad no sea solamente vulnerable dada sus condiciones de salud, sino también por sus características socioeconómicas.

Finalmente, un porcentaje importante de la población con discapacidad se encuentra institucionalizada. Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el porcentaje de población que se encuentra en instituciones (incluyendo centros de cuidado, cárceles u otras instituciones), se sabe que los niveles de exclusión social de la población institucionalizada es mayor comparado con otras poblaciones. Esta población presenta mayor riesgo de morbilidad dado su situación de cuidado y por esta razón enfrentan una mayor vulnerabilidad de morbilidad y mortalidad por COVID-19. Por este motivo, se ha recomendado reducir si es posible el número de personas por institución, incluyendo personas con discapacidad, junto con la preparación y priorización de las instituciones con personas con discapacidad para implementar medidas de protección y reacción ante posibles contagios.

Adicional a estas características, la población con discapacidad es un grupo sobrerrepresentado en la población pobre, y ha sido considerado uno de los grupos más pobres dentro de los pobres. En este contexto, las personas con discapacidad y sus familias enfrentan costos directos (atención en salud), indirectos (costos de cuidado) y de oportunidad (perdida de ingreso por trabajo de otros miembros del hogar), lo que genera que el ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas sea mucho más elevado que el de otros grupos. Esto hace que la población con discapacidad no sea solamente vulnerable dada sus condiciones de salud, sino también por sus características socioeconómicas.

¿Qué se ha recomendado? Y ¿Qué se está haciendo?
Dadas las características de alta vulnerabilidad de las personas con discapacidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto con otros organismos internacionales, ha decretado unos lineamientos claves que deben cumplir los países a la hora de incluir a las personas con discapacidad en los planes de confinamiento o aislamiento. Estos lineamientos están basados en:

1. Comunicación accesible, es decir, que toda la información o informes generados por el gobierno u entidades, se produzcan en formatos accesibles.
2. Entender las necesidades que tienen las autoridades locales frente a los temas de discapacidad, ya que cada contexto, como bien se ha tratado de mostrar, es único y requiere sus propias medidas.
3. Identificar las necesidades de asistencia, lo cual se relaciona a provisiones de medicamentos, transferencias monetarias y otro tipo de disposiciones para la población con discapacidad.
4. Mantener la información de la población con discapacidad actualizada.

El gobierno colombiano, basado en estas recomendaciones, ha establecido una serie de protocolos frente a la pandemia para las personas con discapacidad y sus cuidadores. Estas recomendaciones buscan dar respuestas efectivas frente a las problemáticas del aislamiento social, el cuidado basado en la higiene, las afectaciones psico-emocionales que puede generar el confinamiento y el desplazamiento de esta población para el recibimiento de sus tratamientos médicos o de rehabilitación.

Aunque el gobierno, de la mano de la Alta Consejería para la Discapacidad, el Ministerio de Salud y Protección Social y otras organizaciones sociales, ha buscado disminuir las posibles afectaciones a esta población, es necesario generar marcos de atención diferenciada para cubrir necesidades específicas de las personas con discapacidad. Estas estrategias deben estar basadas en la prestación de servicios médicos ambulatorios, provisión de medicamentos de manera ambulatoria, la caracterización de la población a partir del levantamiento de información basado en las experiencias de otros países (por ejemplo, Perú), y facilitación domiciliaria en sistemas de transporte médico. El levantamiento y la mejora de los sistemas de información estadística permitirá que los gobiernos locales y nacionales generen respuestas efectivas y eficientes para las personas con discapacidad que se ven afectadas por la pandemia.

Recomendaciones: Incluyendo a la población con discapacidad en las políticas de apoyo durante la pandemia

Respuestas para garantizar un nivel de vida adecuado
Dado que la población con discapacidad presenta unos altos niveles de vulnerabilidad, no solo para sufrir los casos mas severos de COVID-19, sino también para sufrir las consecuen- cias mas severas de las medidas de aislamiento físico obligatorio impuestas para contener la pandemia en Colombia, es necesario que el gobierno nacional incluya a este grupo dentro de los grupos priorizados.

Ante la aparición del Covid-19, organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud (OMS), además de distintas organizaciones sociales de perso- nas con discapacidad, han recomendado a los Estados tener en cuenta a la población con discapacidad en las políticas de ingreso y sustento en épocas de pandemia. Países como Bulgaria, Malta y Lituania han abarcado más personas en servicios sociales y de salud, priorizando a las personas con algún tipo de discapacidad. Países con realidades más cerca- nas como la de Colombia - Argentina y Perú- han incluido un monto adicional en las prestaciones generadas por los Esta- dos, entendiendo las necesidades y costos extra que las perso- nas con discapacidad enfrentan. Ante la re-asignación de recursos, se debe apoyar la continuidad de servicios sociales y de salud inclusivos, incluyendo la rehabilitación, la tecnología de asistencia y la asistencia personal.

Colombia puede tener en cuenta alguna de las sugerencias que se citarán a continuación:
1. Proporcionar ayuda financiera a personas con discapacidad como: pagos de sumas determinadas, medidas de reducción de impuestos, pagos para la manutención y cuidado a nivel personal y técnico, reducción de impuestos y como se ha venido haciendo, subsidio de bienes.
2. Aumentar las prestaciones de discapacidad existentes, cubriendo costos adicionales mediante el adelanto de los pagos para personas con discapacidad.
3. Prorrogar automáticamente cualquier apoyo financiero que expire o esté a punto de expirar.
4. Suministrar alimentos.
5. Apoyo de asistencia financiera a familiares de personas con discapacidad que deban trabajar y no estén cubiertas por prestaciones en desempleo o enfermedad, buscando reducir la posibilidad de contagio para esta población.

Dado que las personas con discapacidad son un grupo sobre-representado en las poblaciones pobres y vulnerables, presentando altos niveles de exclusión social, y sus familias en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos necesarios para poder garantizar el acceso a bienes y servicios básicos para esta población, se vuelve fundamental que la población con discapacidad sea incluida de manera explicita dentro de las políticas de apoyo durante la pandemia, reconociendo que sus necesidades son diferentes y en algunas ocasiones mayores comparadas con las personas sin discapacidad. Por este motivo, es importante que se identifiquen a los hogares con miembros con discapacidad, y que sean beneficiarios de los programas sociales implementados por el gobierno nacional y local. Adicionalmente, es necesario tener respuestas especificas para garantizar la accesibilidad a información de manera oportuna, proteger a los cuidadores y garantizar un nivel de vida mínimo.

Respuestas para garantizar la Accesibilidad
Para que el gobierno como las distintas instituciones públicas y privadas puedan garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los sistemas de información y comunicación, es necesario que estas herramientas, las cuales son utilizadas para brindar información sobre el desarrollo de la pandemia, estén inscritas en un lenguaje comprensible para toda la población, teniendo en cuenta las diferencias que se presentan en la población dependiendo del tipo de discapacidad. También se debe asegurar que la información sea pertinente, oportuna y veraz, sobre todo en una emergencia donde hay cambios estructurales en cuestión de días. Esta información debe estar en formatos accesibles, con lenguaje sencillo, procurando no usar tecnicismos, fáciles de comprender y con ideas concretas. Por último, que esta información, la cual se plasma en la página oficial del gobierno, tenga integrado herramientas para el acceso de personas con discapacidad. Es fundamental que para la implementación de estos requerimientos se tenga en cuenta a la población con discapacidad en la toma de decisiones.

Respuestas para proteger a los cuidadores
Frente a los cuidadores de personas con discapacidad, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció unos lineamientos para antes y después de las labores de cuidado. Entre estas se encuentra el lavado de manos previo y post cuidado, lavado de manos al momento de tener contacto con la persona que cuida, antes y después del apoyo en alimentación, el uso constante del tapabocas, mantener una hidratación constante, evitar tocar el rostro de los cuidadores y la limpieza frecuente del paciente y de las superficies.

Adicional a las medidas de cuidado, los cuidadores de perso- nas con discapacidad deben ser reconocidas por su trabajo. Muchos de los cuidadores son familiares y dado el aislamiento social se encuentran en teletrabajo y realizando tareas de cuidado. Algunos de ellos trabajaban en el sector informal y han perdido su ingreso como resultado de las medidas de aislamiento físico obligatorio. Aunque no se tienen estadísticas reales sobre el número de personas cuidadoras de personas con discapacidad, se espera que este grupo sea altamente vulnerable a las consecuencias negativas de las medidas de contención de la pandemia.

Autores
Mónica Pinilla Roncancio, profesora de la Facultad de Medicina y coordinadora del programa de Posgrado en Epidemiología; Nicolás Rodríguez Caicedo, estudiante de Maestría en Políticas Publicas y Salud Publica de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, los dos investigadores de la Universidad de los Andes

La Universidad de los Andes desarrolla este artículo respondiendo a la coyuntura por la pandemia de COVID-19. Tenga en cuenta la fecha de publicación para entender el contexto de su contenido. No olvide consultar los análisis mas recientes sobre COVID-19 en nuestro especial.

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Personas con discapacidad, una población ignorada durante la pandemia

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La población con discapacidad es altamente vulnerable a ser contagiada por COVID-19 y también a sufrir los síntomas de la enfermedad.

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Un joven enfría cables eléctricos calientes, después de quemarlos para recuperar cobre en Cartagena, Colombia. Jan Sochor (Getty Images)

"La desigualdad colombiana está desbocada", "los ricos son cada vez más ricos y los pobres, más pobres" son afirmaciones categóricas que conviven en el debate público colombiano con otras, aparentemente contradictorias: "en Colombia ha prosperado una clase media que antes no existía" o "el país de hoy tiene poco que ver con el de hace veinte años". En estos meses de conversación en torno al nuevo Gobierno, su reforma tributaria, y la complicada salida de la economía colombiana del golpe pandémico, a veces incluso se contraponen, como si las primeras anularan las segundas o viceversa. Pero en realidad no lo hacen: los datos demuestran que todas ellas son ciertas en alguna medida, y ninguna cuenta por sí misma toda la historia de la desigualdad en Colombia.

La desigualdad es un fenómeno difícil de reducir a una sola dimensión porque incluye al mismo tiempo lo que se tiene (la riqueza) y lo que se gana (los ingresos), y porque depende de los grupos que se comparen entre sí. La manera tradicional de aproximarse a su estimación ha sido contraponiendo a amplios grupos, como la diferencia entre el quinto de hogares más rico y el quinto más pobre. Pero, con la creciente preocupación sobre la capacidad de una pequeña élite de concentrar recursos, la métrica que se ha puesto de moda en los últimos años es la posesión de riqueza del top 1% como aproximación a la versión más extrema de la desigualdad. Es decir: si dividimos a la sociedad colombiana en cien grupos con la misma cantidad de personas en cada uno, ¿qué parte de la tarta total de riqueza (viviendas, tierras, ahorros, acciones) tiene el grupo a la cabeza de esta distribución? La respuesta: una tercera parte.

Esta concentración de la riqueza en Colombia es comparable a la de EE UU o Costa Rica, y está por encima de la mayoría de América Latina. No llega, es cierto, a los exorbitantes niveles de Chile, Brasil o México, donde casi la mitad de todo está en manos del top 1%. Pero está notablemente por encima de Uruguay, Cuba, el vecino Ecuador, o España.

La imagen cambia sensiblemente cuando en lugar de mirar lo acumulado nos fijamos en el flujo de entrada: los ingresos. Si hacemos el mismo ejercicio, dividir a la población en cien grupos iguales, al 1% que más gana (que casi siempre coincide con el que más tiene, pero no necesariamente) llegó alrededor del 18% del total de ingresos en 2021. De nuevo EE UU anda cerca de Colombia en el ranking, pero ahora los países más desiguales de la región según esta métrica (República Dominicana, Perú, México) casi duplican a Colombia.

Es decir: Colombia tiene a día de hoy la riqueza muy concentrada en unos pocos, y la renta bastante concentrada, pero no tanto. Lo interesante es que si uno mira hacia atrás las tornas se cambian: en los últimos 20 años, el 1% que más tiene ha perdido poder relativo de acaparar riqueza. Colombia estaba en los niveles de Brasil allá por 2009.

Sin embargo, la capacidad del top 1% de ingresos de acaparar los ingresos se ha mantenido casi inamovible en lo que va de siglo XXI.

Ya solo con estos datos relativos hay suficiente información como para repartir razones parciales a varios de los difusos lugares comunes con los que iniciábamos este texto. Unos pocos tienen mucho y ganan bastante, pero los que tienen mucho no tienen un pedazo tan grande de la rota como hace una década, aunque los que ganan bastante sí mantienen su porción. Pero para terminar de pintar el cuadro necesitamos hablar también en términos absolutos, en pesos.

Crecimientos relativos contra absolutos

Tanto la riqueza como la renta del país han crecido en ese mismo periodo. Colombia tiene más capital acumulado y un Producto Interior Bruto mayor. Si los datos de arriba nos decían qué porcentaje de estas dos tartas tiene el top 1%, ahora nos interesa saber cuántos pesos tiene cada grupo. Aquí, una vez más, el debate público tiene argumentos para todos los gustos: hay quien insiste en que el crecimiento agregado solo ha beneficiado a la cúspide de la pirámide; otros sugieren que las clases medias han sido las grandes ganadoras; e incluso algunos se felicitan de las mejoras experimentadas por los más pobres.

Para contrastar cómo de precisas son estas ideas, volvemos a empezar por esa división de la población en cien partes iguales. Si las pintamos en un gráfico de izquierda a derecha, y en la vertical las ubicamos en función del ingreso medio (en pesos colombianos) que obtuvo cada uno de esos grupos al inicio de siglo (2001) y el año pasado (2021), podremos comparar los cambios absolutos a lo largo y ancho de toda la distribución.

Usamos una escala logarítmica, no lineal, porque así podemos ver qué grupos han mejorado más su situación en estas dos décadas en comparación con su punto de partida, consigo mismos. En materia de ingresos, los que más han mejorado están en la parte media-baja de la distribución: el 15-30% que menos gana. No son los que están más a la cola de la pobreza ni tampoco las clases medias. Esto es consistente con las mejoras en la tasa de pobreza que ha experimentado Colombia hasta hace relativamente poco, especialmente en áreas urbanas o bien conectadas, y también con la resistencia de un "suelo" de exclusión particularmente duro fuera de estas zonas.

Si indexamos a 100 el nivel de renta inicial (es decir, damos el valor de 100 a lo que recibían en 2002) ciertos percentiles, esto se ve de manera más nítida: el percentil 15 ha disfrutado de la mayor mejora proporcional, seguido de la parte media de la distribución.

Repitiendo el ejercicio con la riqueza, son las clases medias las que más han mejorado en esos 20 años.

Esto encaja relativamente bien con la historia de nuevas clases medias propietarias, especialmente de vivienda, a lo largo y ancho del país. Pero también con la dificultad para que hogares de menor ingreso logren consolidar capital propio al mismo ritmo, aunque sí han visto aumentos bastante significativos.

Ahora bien: estas son mejoras proporcionales respecto al punto de partida. Es normal que si el punto de inicio es más bajo, que si en 2002 ganaban muy pocos pesos, el crecimiento proporcional sea mayor. En renta, por ejemplo: el nivel medio del top 1% ha pasado de 33 a 43 millones de pesos mensuales. Este incremento de un tercio entre 2001 y 2021 es menor que la duplicación de ingresos del percentil 25 (clase trabajadora), que pasaron de 271.000 a 452.000 pesos mensuales. Aunque todo ello sea descontando inflación, y aunque efectivamente esos 281.000 pesos de más para un hogar en el umbral de la pobreza relativa hayan supuesto una diferencia más crucial en la calidad de vida que los 11 millones extra en el hogar del top 1%, siguen siendo 11 millones extra versus 270.000 pesos.

Con esto se termina de entender la importancia del gráfico de (no) evolución del porcentaje de la renta total que acumula este top 1%: efectivamente, al no haber reducido su porcentaje de la torta en las últimas dos décadas, han seguido siendo los primeros de la fila para recibir los nuevos pesos que el país ha generado desde inicios de siglo, mes a mes, año a año. Eso no elimina, pero sí limita, el poder igualador que tiene el crecimiento económico. La desigualdad extrema en Colombia sigue, así, condicionando la vida material de toda su ciudadanía.
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La paradoja de la desigualdad en Colombia: no dejan de concentrar riqueza pero sí ingresos

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El 1% más rico del país concentra un tercio de la riqueza y un 17% de los ingresos. Pero mientras la segunda cifra (más baja) se resiste a caer, la primera (más alta) ha bajado sensiblemente en la última década.

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"Estamos profundamente preocupados por la impactante cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2019", aseguró la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.

Según las cifras esta Oficina, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, 107 activistas fueron asesinados el año pasado. Además, siguen en proceso de verificación 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos.

La preocupación de la Oficina de Bachelet fue dada a conocer apenas un días más tarde de que el responsable la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertara al Consejo de Seguridad sobre cómo la violencia generalizada " sigue amenazando la consolidación de la paz ".

Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos ya se habían intensificado durante el 2018, cuando 115 asesinatos fueron confirmados por la citada Oficina de la ONU en Colombia. Y esta terrible tendencia no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 personas, según información preliminar, habrían sido asesinadas durante los primeros 13 días de enero.

El círculo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de las garantías fundamentales y líderes sociales hasta diciembre del año pasado.

"Reiteramos nuestro llamado al Gobierno de Colombia para que lleve a cabo un esfuerzo enérgico con el fin de prevenir los ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales, para que se investiguen todos y cada uno de los casos y para enjuiciar a los responsables de estos hechos, incluidos los responsables de instigar, ayudar o incitar a su comisión. El círculo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación", afirmó Hurtado.

Indígenas, afrodescendientes y mujeres los más afectados

La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos, alrededor del 98%, en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y operan grupos criminales o armados.

Además, el 86% tuvo lugar en zonas con tasas de pobreza por encima del promedio nacional.

Si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá), los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes.

El grupo más afectado fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos.

Los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron en casi un 50% en 2019, en comparación con el año 2018.

Un ataque a la democracia

Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos, explicó la portavoz quien destacó que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reitera que "cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos".

Hurtado destacó que también ha habido "una serie de factores adicionales que contribuyeron a esta situación" como la penetración de grupos criminales y de grupos armados vinculados a actividades ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP y el favorecimiento por parte del Gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia.

La sorprendente cantidad de asesinatos muestra claramente que aún queda mucho por hacer.

Además, se mantienen los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos de las organizaciones paramilitares, la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y la reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

Mucho por hacer

"Reconocemos algunos avances positivos, como es la reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue convocada a principios de año por el Gobierno para abordar este problema. No obstante, la sorprendente cantidad de asesinatos muestra claramente que aún queda mucho por hacer", agregó la portavoz.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades para que " redoblen sus esfuerzos en aras de garantizar un entorno libre y seguro para el participación cívica y para aumentar la presencia de autoridades civiles estatales en áreas rurales con el objetivo de proporcionar servicios básicos como salud y educación".

También consideró que las disparidades en el disfrute de todos los derechos, particularmente en los derechos económicos, sociales y culturales - especialmente en áreas rurales- deben abordarse con suma urgencia, al tiempo que deben desarrollarse aún más las medidas de protección colectiva que busquen proteger áreas geográficas o comunidades.

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La impactante violencia en Colombia contra los defensores de los derechos humanos causa preocupación

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Ante el elevado número de asesinatos, que va en una espiral ascendente en los últimos años, la Oficina de Derechos Humanos pide al Gobierno de Colombia que haga un esfuerzo contundente para prevenir los ataques contra quienes defienden los derechos fundamentales, principalmente de indígenas, afrodescendientes y mujeres.

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La impunidad y la falta de justicia tienen que parar: alcalde Pumarejo sobre principales implicados en atentado en La Loma

El mandatario distrital hizo un nuevo llamado al sistema judicial, al legislativo y al Estado para que se revisen casos como los de alias 'Castor' y Digno Palomino, principales implicados en los hechos violentos del domingo.

Un nuevo cuestionamiento hizo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, a las decisiones judiciales que hoy tienen a delincuentes como alias 'Castor' y Digno Palomino por fuera de las rejas. Ambos criminales serían los principales implicados en el hecho violento que cobró la vida de 5 personas y dejó a otras 14 heridas la noche del domingo en el barrio Villanueva, sector La Loma.

Así lo confirmó el brigadier general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, al informar que los hechos, al parecer, "se atribuyen a confrontaciones entre grupos delincuenciales por el control de las rentas criminales en el sector. Son grupos que son conocidos comúnmente como estructuras de 'Los Costeños', al mando de alias 'Castor', y 'Los Pepes', al mando de Digno Palomino".

Por lo anterior, el mandatario de los barranquilleros levantó la voz en nombre de los ciudadanos para exigir "resultados contundentes". Cuestionó que Digno Palomino goce del privilegio de casa por cárcel y que alias 'Castor' esté operando su organización criminal desde Venezuela, y "nadie lo pide en extradición". Ambos, dice el alcalde, "enviando mensajes de que quieren hacer parte de la paz total del Gobierno nacional, pero haciendo todo lo contrario".

Pumarejo añadió que "necesitamos el acompañamiento, y necesitamos que se den cuenta en el Estado, en el legislativo y en el sistema judicial que este problema de impunidad y falta de justicia que están padeciendo todos los colombianos tiene que parar y que requiere la mayor de las urgencias, es la reforma más importante, la que afecta al barranquillero y al colombiano que quiere caminar tranquilo por su barrio y quiere hablar por celular sin sentir que se lo van a robar y luego encontrarse a su victimario, un par de días después, departiendo con una cerveza frente a su casa. No más, por favor".

Entretanto, para adelantar la investigación de los hechos, fue dispuesto un grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación, apoyado por la Policía Nacional y, a su vez, la Administración departamental y distrital.

Hechos recientes

El pasado 9 de marzo la Policía Metropolitana de Barranquilla dio un duro golpe a la banda criminal 'Los Costeños' tras la incautación de droga, armas de fuego y municiones, a lo que se le atribuye el reciente hecho violento como una retaliación.

De acuerdo con Pumarejo Heins, este caso corresponde a una retaliación de bandas "que están peleando por territorio y por soberanía de unos espacios que no les queremos ceder, en donde desafortunadamente cae gente inocente, que es lo que nos duele y lo que no debería ocurrir".

El alcalde invitó nuevamente a los criminales a cooperar con las autoridades para recibir rebaja de pena y, al mismo tiempo, recibir recompensa por información relevante. "Como lo dijimos hace 15 días, entréguense ya, porque esas retaliaciones no van a parar, nosotros vamos a seguirlos capturando, vamos a seguir hablando duro, vamos a seguir dándole herramientas a la Policía", afirmó.

Recordó, además, que cualquier información que permita la captura de los responsables será recompensada con hasta $100 millones, así como la denuncia de los actos extorsivos tienen una recompensa de $34 millones. Pumarejo anunció, de igual forma, que "en un par de semanas vamos a dar un duro golpe contra una de estas estructuras criminales".

Sobre Palomino y alias 'Castor'

Recientemente el mandatario distrital insistió en la importancia de revisar qué está fallando en el proceso de capturas y decisiones judiciales para que delincuentes de alta peligrosidad gocen de privilegios como casa por cárcel.

Cabe recordar que desde septiembre de 2022, luego de ser deportado de Venezuela, Digno Palomino obtuvo la medida de detención domiciliaria preventiva en el barrio Barlovento en la ciudad de Barranquilla.

Por su parte, alias 'Castor' estaría operando desde 2019 desde Venezuela y, recientemente, decidió enviarle una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, para ofrecerse como 'gestor de paz'.

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La impunidad y la falta de justicia tienen que parar: alcalde Pumarejo sobre principales implicados en atentado en La Loma |

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El mandatario distrital hizo un nuevo llamado al sistema judicial, al legislativo y al Estado para que se revisen casos como los de alias 'Castor' y Digno Palomino, principales implicados en los hechos violentos del domingo.

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Noticias de Cali, Valle y Colombia - Periodico: Diario El País

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La Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre el confinamiento de las comunidades durante el año 2023 a causa del conflicto armado.

Así lo dio a conocer el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe 'El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022′, documento que detalla el número y la localización de los confinamientos, los desplazamientos y riesgos.
Aseguró que Chocó es el departamento con más confinamientos en lo corrido del 2023, ya que registró 70 eventos de los 89 que se cuentan en todo el país; es decir, representa el 79% del total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades.
Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran este tipo de situaciones son Arauca y Cauca con seis eventos cada uno; Valle del Cauca, cinco, y Nariño, dos.

"Es urgente advertir que las comunidades prefieren confinarse a desplazarse, y la razón es que la atención de emergencia que brinda el Estado no es buena y no se entrega de manera oportuna", explicó Carlos Camargo Assis.
En lo que va corrido de este año, se han confinado 103 comunidades a nivel nacional, que equivalen a 5825 familias. En el mismo periodo se presentaron 59 desplazamientos masivos, los cuales equivalen a 18.755 personas.
"Las comunidades se ven obligadas a permanecer prácticamente secuestradas en sus territorios, al quedar en medio de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, que son los causantes de los riesgos, las amenazas y señalamientos", subrayó el Defensor del Pueblo.

El informe también asegura que las principales causas del confinamiento estuvieron relacionadas con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 eventos; enfrentamientos, 32; amenazas, siete, y finalmente, un evento debido a un paro armado.

"Estas son las cifras frías que debemos entregar y con las que esperamos llamar la atención de las autoridades del Estado para no permitir que eventos como el confinamiento se vuelvan paisaje, sin que el Estado atienda de manera oportuna y eficaz las vulneraciones contra las comunidades", aseguró el Defensor del Pueblo.

Tras las preocupantes cifras de confinamiento y desplazamiento forzado en el país, el Defensor del Pueblo llamó la atención del Gobierno Nacional sobre el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.

En riesgo la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura

Lo que hace unos meses podía parecer el inicio de una época de paz para el distrito de Buenaventura, por cuenta de la tregua y el 'cese al fuego' acordado entre las organizaciones Shottas y Espartanos, ahora estaría pendiendo de un hilo tras la actual ola de crímenes que se están viviendo allí.

"En las últimas semanas los enfrentamientos en los barrios no han parados de noche ni de día", explicó el consejero, quien evidenció un ejemplo de la situación: "Este fin de semana que tuvimos terminó en una masacre y luego de esta, hubo dos personas más asesinadas en diferentes barrios de Buenaventura".

Al parecer, la falta de presencia de las entidades gubernamentales que en un principio aseguraron que liderarían la paz en este territorio ha hecho que este objetivo pierda su rumbo, avivando la posibilidad de conflicto nuevamente en el distrito.

"Ha habido una serie de inconvenientes que hacen que la tregua no se esté dando en este momento, el primero fue el asesinato de alias 'Súper' y este fin de semana fue baleado otro de los miembros que están supuestamente en el tema de paz de los Espartanos", agregó Rojas.

Esta creciente situación ha sido expuesta en varias oportunidades por los líderes de esta ciudad del Valle, uno de ellos Leonard Rentería. El joven ha manifestado que siente que el Gobierno Nacional les está debiendo en cuanto al desarrollo de la mencionada 'Paz total', pues en su territorio se siguen presentando hechos fatídicos de violencia.

Asimismo, el líder ha asegurado que está fallando la manera en la que se está abordando el proyecto de paz en Buenaventura, puesto que ha faltado entender mejor las dinámicas de violencia que ha sufrido históricamente este territorio.

"¿Por qué fracasan las iniciativas de paz? Porque solo piensan la paz con los grandes expertos, muchos de estos que, repito, saben mucho de la teoría, pero no han frecuentado la práctica. La paz necesita que en el centro, que en su corazón, habite la comunidad, esa que ha vivido la violencia y que tiene toda la autoridad moral para llamar la atención a quienes habitan juntos con ellos el territorio", manifestó Leonard.

Asimismo, ante estos hechos de violencia, y los otros que se han experimentado en el departamento, el diputado del Valle Rafael Rodríguez le solicitó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se realice un consejo de seguridad en el departamento a fin de buscar acciones conducentes a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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Conflicto armado en Colombia: van más de 18 mil personas desplazadas durante este 2023

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La Defensoría del Pueblo aseguró que Chocó, Valle del Cauca y Nariño son los departamentos más afectados.

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onflicto armado en Colombia: van más de 18 mil personas desplazadas durante este 2023. La Defensoría del Pueblo aseguró que Chocó, Valle del Cauca y Nariño son los departamentos más afectados.

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A pesar de los esfuerzos por reconocer y proteger los derechos de grupos marginados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, muchos de estos grupos siguen enfrentando discriminación, falta de acceso a oportunidades y exclusión social.

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Aunque la Constitución de 1991 estableció un compromiso con la justicia social y el bienestar general, la desigualdad económica sigue siendo un problema grave en Colombia. Amplias brechas entre ricos y pobres, junto con la falta de acceso a servicios básicos, muestran una desconexión entre los objetivos constitucionales y la realidad social.

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3. Ataques contra Defensores de Derechos Humanos:

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3. Ataques contra Defensores de Derechos Humanos:

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Los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia a menudo son víctimas de amenazas, ataques y asesinatos. A pesar de su labor esencial en la protección de los derechos humanos, su seguridad no está garantizada y enfrentan peligros constantes.

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A pesar de los esfuerzos por llevar a los responsables de violaciones de derechos humanos ante la justicia, la impunidad sigue siendo una preocupación significativa en Colombia. Muchos casos de abusos quedan sin resolver y las víctimas enfrentan obstáculos para obtener reparación.

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Aunque la Constitución buscaba un camino hacia la paz y la reconciliación, Colombia todavía lucha contra la violencia y el conflicto armado. Grupos armados ilegales, el narcotráfico y la presencia de actores violentos han dejado un rastro de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desplazamiento forzado, asesinatos selectivos y reclutamiento de niños.

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A pesar de los avances legales y las intenciones declaradas en la Constitución de 1991, la realidad de Colombia en términos de derechos humanos es desalentadora. La nación sigue enfrentando una serie de desafíos persistentes que obstaculizan la plena realización de estos derechos fundamentales.

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La lucha por el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia ha sido un tema crítico y desafiante a lo largo de los años, y la brecha entre la realidad y la aspiración planteada por la Constitución Política de 1991 es evidente. Aunque la Constitución introdujo un marco legal progresista y estableció bases sólidas para la protección y promoción de los derechos humanos, la situación actual en el país demuestra que la realidad no siempre coincide con la visión que se plantea en el papel. Aquí hay una posición crítica sobre este asunto:

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Derechos humanos en Colombia Archives - WOLA

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A pesar de contar con las leyes de derechos humanos más progresistas en el hemisferio occidental, Colombia sigue sufriendo de graves y frecuentes violaciones de derechos humanos. A medida que el conflicto persiste en muchas zonas rurales del país, los pueblos afro-colombianos e indígenas, además de más de cinco millones de personas desplazadas en el interior del país, siguen soportando la peor parte de la violencia actual.

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Cuando ponemos lupa a Colombia en caso de los derechos humanos es un panorama difícil de ver, ya que la ciudadanía aun se enfrenta a graves problemas, particularmente en zonas rurales donde a raíz del conflicto armado que se generado hasta hoy día se cometen masacres y de atrocidades que atentan contra los derechos humanos, extendiéndose a los cascos urbanos donde la inseguridad y el violar garantías para una vida digna se han tornado mas oscuro

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Promover los derechos al igual que los deberes es fundamental para crear sociedades justas y pacificas. Gobiernos, sociedad civil e instituciones internacionales las promueven, siendo los últimos con mayores instrumentos legales para velar por estos, la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, siendo un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que todas las personas aspiran.

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Los principios fundamentales, considerados inherentes a todas las personas, garantizando la vida digna, la libertad e igualdad, sin que nos fijemos en cuestiones como la etnia, el genero entre otros; no solo nos referimos a derechos sociales, si no, políticos, civiles, culturales y económicos.

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¿realmente somos un estado social de derecho?

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¿realmente somos un estado social de derecho?

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Hermosos ideales son aquellos que sustentan nuestra constitución, pero ¿realmente somos un estado social de derecho?, con el más profundo dolor como ciudadano debo decir que no, que ese tan anhelado estado social de derecho poco o nada se evidencia en nuestro país, hay visos e intentos, claro que sí, pero el mismo no se ha materializado, y no precisamente por causa imputable a sus ciudadanos, sino a sus representantes y ante una ausencia absoluta de solidaridad social y prevalencia del interés general.

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La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 1° que nuestro país es un Estado Social de Derecho que se funda en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general, en consonancia con lo anterior, el preámbulo de nuestra constitución anuncia que el estado deberá garantizar a los ciudadanos la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, garantías que guardan relación directa con los fines del esenciales del estado consagrados en el artículo 2 de nuestra carta magna, indicando que el estado debe servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la constitución, razón por la cual todas las autoridades de nuestro país tiene por objeto proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

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A pesar de que existen las disposiciones en la teoría, lo difícil es dar el paso a la realidad. Siempre se habla de la justicia de papel que existe en nuestro país y que por una u otra razón parece no poder salir de ahí, del papel. Lo cierto es que nuestro país cuenta con instrumentos legales para materializar estos fundamentos jurídicos necesarios para el adecuado funcionamiento de una sociedad. Sin ellos las desigualdades serían aún mayores al igual que las inconformidades en la población menos favorecida.

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De tal manera un Estado social de derecho busca no solo ayudar a los más desfavorecidos, como se ha hecho evidente en esta pandemia, sino garantizar esa igualdad que mencioné en la que todos somos iguales ante la ley.

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Nuestra Corte Constitucional ha afirmado que el Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección.

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José Andrés Prada Gaviria Abogado - 24 de Septiembre de 2020

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Colombia, Estado Social de Derecho, ¿verdad o mito?

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Colombia, Estado Social de Derecho, ¿verdad o mito?

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martes, 4 de mayo de 2021

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 1° que nuestro país es un Estado Social de Derecho que se funda en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general, en consonancia con lo anterior, el preámbulo de nuestra constitución anuncia que el estado deberá garantizar a los ciudadanos la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz, garantías que guardan relación directa con los fines del esenciales del estado consagrados en el artículo 2 de nuestra carta magna, indicando que el estado debe servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la constitución, razón por la cual todas las autoridades de nuestro país tiene por objeto proteger a todos los ciudadanos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Hermosos ideales son aquellos que sustentan nuestra constitución, pero ¿realmente somos un estado social de derecho?, con el más profundo dolor como ciudadano debo decir que no, que ese tan anhelado estado social de derecho poco o nada se evidencia en nuestro país, hay visos e intentos, claro que sí, pero el mismo no se ha materializado, y no precisamente por causa imputable a sus ciudadanos, sino a sus representantes y ante una ausencia absoluta de solidaridad social y prevalencia del interés general.

Antes de la emergencia sanitaria algunos visos de justicia social brillaban pálidamente, pero ahora, tras más de un año de emergencia mundial, todas las injusticias sociales salieron a relucir con más fuerza, claro con algunos visos de solidaridad, pero muy débiles y frágiles, y esa oscura fuerza de la corrupción salió con su más fuerte andamiaje para terminar de agravar la situación de los más necesitados y de paso dejar agonizante a esa clase trabajadora, a ese empresario que busca generar empresa y empleo, a esa clase media que ya no aguanta más tantos impuestos, a esa pequeña y mediana industria que intenta mantenerse pero que cada día enfrenta nuevos desafíos que amenazan su subsistencia.

El estado debe dirigir toda su acción a garantizar a los ciudadanos condiciones de vida digna y poner en movimiento los mecanismos pertinentes para contrarrestar las desigualdades sociales y ofrecer a todos los habitantes del territorio nacional las oportunidades necesarias para superar sus apremios materiales, sin embargo, a pesar del esfuerzo de muchos para lograrlo, cada día se evidencia más crisis social, siendo lo más perjudicados, nuestros niños.

Dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la educación, a la alimentación adecuada, y si observamos las clases menos favorecidas y la población rural, poco o nada están satisfaciendo tan básicas necesidades; nuestros niños con la educación virtual poco o nulo acceso tienen a la educación, no por falta de dedicación de las instituciones educativas, si no por la ausencia, a veces absoluta, de los medios tecnológicos y de conexión requerida, y si vamos al campo nutricional, tras la ausencia de las meriendas que recibían en sus instituciones educativas y el cierre de comedores comunitarios, ha generado que muchos de ellos ni siquiera tengan garantizada una comida diaria.

Con lo anterior no quiero decir que todo está mal porque no es así, no estamos frente al mejor panorama, pero tampoco frente a la apocalipsis, pues así como la pandemia ha generado lo peor de algunas personas e instituciones y hasta estados, también ha dejado entre ver lo mejor de algunos sectores, que fundados en el principio de solidaridad buscan mejorar las condiciones de los menos favorecidos.

Es tiempo que como sociedad despertemos, nos creamos el cuento de que somos un Estado Social de Derecho y comencemos a trabajar de manera mancomunada para que estos postulados constitucionales se hagan realidad, pero para eso debemos empezar por dejar nuestro egoísmo y reconocer que como sociedad podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes el cumplimento de los fines del estado, de una manera pacifica claro está.

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Colombia, Estado Social de Derecho, ¿verdad o mito?

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La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 1° que nuestro país es un Estado Social de Derecho que se funda en el respeto por la dignidad humana, en el trabajo,

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La inclusión de la palabra "social" en la denominación refleja la evolución de la comprensión sobre las responsabilidades del gobierno hacia sus ciudadanos. La Constitución de 1991 en Colombia refleja este cambio al establecer no solo la protección de los derechos individuales, sino también la promoción del bienestar social y la igualdad, lo que da lugar al concepto de "Estado Social de Derecho."

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La adición del término "social" en la descripción del Estado, como en "Estado Social de Derecho," amplía el rol del gobierno más allá de la mera protección de derechos individuales. Se reconoce que el Estado también tiene la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de vida digna para todos los ciudadanos, promoviendo la igualdad, la justicia social y el bienestar general.

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El término "Estado de Derecho" se refiere a un sistema en el cual el gobierno y los ciudadanos están sujetos a la ley, y las decisiones se toman de acuerdo con el marco legal establecido. Este enfoque se centra en la protección de los derechos individuales, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Sin embargo, este modelo puede no abordar adecuadamente cuestiones de desigualdad económica, acceso a servicios básicos y otros aspectos sociales.

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Antes de la creación de la Constitución de 1991, Colombia se denominaba como un "Estado de Derecho" sin la palabra "social" porque el enfoque principal estaba en la garantía de los derechos individuales y la limitación del poder estatal, siguiendo el modelo liberal clásico. La inclusión del término "social" en la descripción del Estado refleja un cambio significativo en la visión del papel del gobierno en la sociedad.

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Tras varios días de redacción en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, el 4 de julio de 1991 fue presentada la Constitución Política que rige al país hasta nuestros días.

Esta nueva carta política creo algunas instituciones, le quitó varios poderes al Presidente de la República y trajo consigo muchos cambios más.
EL HERALDO presenta 10 cambios que introdujo la Constitución:
1 Se definió que Colombia era un Estado Social de Derecho y se crearon mecanismos para aplicarlo, como la tutela y la acción popular.

2. Se prohibió el Estado de sitio, que facultaba al presidente para legislar por medio de decretos con fuerza de ley.

3. El sistema judicial se estableció como una rama autónoma del poder público. Se creó la Fiscalía General.

4. Se buscó consolidar la descentralización por medio de la votación popular de gobernadores y la participación de los territorios en el presupuesto nacional. Además de permitir la autonomía regional.

5. Reconocimiento de la multiculturalidad. Tratamiento especial y de mayoría de edad a los indígenas.

6. Apertura al sistema democrático. Se puso fin definitivo al bipartidismo.

7. Se centralizó en el Banco de la República la emisión de la moneda, que antes era potestad del presidente.

8. Se establecieron mecanismos de democracia participativa, como el plebiscito, el referendo y la consulta popular.

9. Se estableció un estado laico y se dio reconocimiento a religiones distintas a la católica.

1O. Se creó la Corte Constitucional.

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Diez cambios que trajo la Constitución de 1991

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La creación de la Fiscalía, la descentralización de la Rama Judicial y otros cambios que dejó la Asamblea Nacional Constituyente.

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Desde la entrada en vigencia de la Constitución del 91, es decir, hace 30 años, se han realizado 56 reformas, 54 de ellas han sido por el Congreso mediante acto legislativo, cinco de ellas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en su momento; y una fue por vía referendo.

Sentencia SU 214 de 2016, que garantizó el matrimonio igualitario, declarando que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados con posterioridad al 20 de junio de 2013 gozan de plena validez jurídica, como forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad, sin importar cuál sea la orientación sexual o identidad de género.

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Hechos, grandes cambios que trajo la Constitución del 91

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Clic en este enlace si quieres conocer las principales reformas realizadas a la Constitución de 1991 y los temas pendientes de la Constitución del 91.

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El 4 de julio se conmemoraron los 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991, en tal sentido, debemos observar que una constitución es un pacto político y social tan estable que ofrezca un futuro promisorio a largo plazo, pero tan flexible que no impida responder oportunamente a los desafíos sociales y políticos como los que ha tenido que enfrentar Colombia en las dos últimas décadas.

La Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente, generó un proceso de desmovilización de grupos armados que venían explorando negociaciones de paz con los gobiernos anteriores, por esta razón la Constituyente del 91 fue la oportunidad para que estos grupos abandonaran la lucha armada, con la condición de participar de manera activa, en la transformación de la sociedad colombiana por cauces institucionales.

La Constitución fija los límites y define hasta dónde puede llegar la relación de poderes, que cuando provienen de un estado de derecho con énfasis en lo social como el nuestro, tienen que garantizarle al pueblo con suficiente claridad, cuáles son sus derechos y hasta dónde puede llegar el límite de sus libertades.

La fórmula política adoptada por el constituyente del 91, el Estado constitucional democrático y social de derecho, respondió a la gran deuda social con las personas y los grupos más desfavorecidos, de un Estado de derecho formal, confesional y autoritario, se transitó hacia un Estado constitucional, democrático, republicano, pluralista y social de derecho.

Asimismo, dentro de las instituciones centrales del nuevo andamiaje constitucional, encontramos la adopción de un extenso catálogo de derechos y deberes; las acciones y mecanismos de protección constitucional; amplios mecanismos de participación ciudadana; la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo; la restricción al uso de los estados de excepción, por mencionar algunos logros.

Algunos desafíos importantes son: alcanzar la paz ahora que se ha reconocido el conflicto armado; reducir la corrupción; garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario; diseñar un ordenamiento territorial favorable a la regionalización del país; una reforma política favorable a la democracia participativa y real y el acceso efectivo a la tierra para millones de excluidos por la pobreza o la violencia, entre otros.

En conclusión, la Constitución de 1991 consagra un amplio catálogo de derechos con sus mecanismos de protección, garantiza diferentes mecanismos de participación ciudadana, consagra la cláusula de Estado Social de Derecho.

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Logros y desafíos de la constitución de 1991

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El 4 de julio se conmemoraron los 30 años de la promulgación de la Constitución de 1991, en tal sentido, debemos observar que una constitución es un pacto político y social tan estable que ofrezca un futuro promisorio a largo plazo, pero tan flexible que no impida responder oportunamente a los desafíos sociales y políticos como los que ha tenido que enfrentar Colombia en las dos últimas décadas.

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La Constitución de 1991 abrió la puerta a procesos de paz y reconciliación, ya que promovió el diálogo y la inclusión de diversas perspectivas en la vida política.

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La creación de la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo fortaleció las instituciones encargadas de proteger los derechos y las libertades fundamentales.

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La Constitución de 1991 logró una expansión significativa de los derechos humanos y civiles. Esto ha llevado a una mayor protección de las minorías étnicas, de género y otros grupos marginados.

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La creación de la Corte Constitucional y su poder para revisar leyes y decisiones gubernamentales fue objeto de debates. Algunos argumentaron que esto podía debilitar la autoridad legislativa y ejecutiva.

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La inclusión de derechos para los pueblos indígenas generó controversias en torno a la autodeterminación y la tierra. Muchos sectores cuestionaron cómo equilibrar estos derechos con las necesidades económicas y de desarrollo.

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Una de las mayores polémicas fue la descentralización política y administrativa. Si bien este cambio buscaba fortalecer la autonomía local, también generó debates sobre cómo equilibrar el poder entre el gobierno central y los entes territoriales.

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La década de 1980 fue testigo de la expansión del narcotráfico, la violencia política y los enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros y paramilitares. Esto creó una atmósfera de inseguridad y conflicto que subrayó la necesidad de un cambio profundo en el sistema político y social.

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La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se convocó como respuesta a los llamados de la sociedad civil para una transformación estructural. La presencia de una amplia gama de actores políticos y sociales permitió un proceso inclusivo de discusión y negociación.

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La nueva constitución estableció principios fundamentales que reflejaban una visión progresista y democrática. Estos incluyeron el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, la promoción de los derechos humanos y la creación de mecanismos de control y equilibrio del poder.