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de Ginés de Rus
Dos piezas esenciales en la política de infraestructuras de este gobierno, y del anterior, han sido la continuación de la construcción de la red de alta velocidad ferroviaria y la privatización de los aeropuertos. En el primer caso, no hay prácticamente diferencias entre ambos gobiernos: se destinan fondos a la construcción de la red de manera desproporcionada a su participación en los tráficos y sin correspondencia alguna con los problemas económicos y sociales que resuelven. Casi 50.000 millones de euros invertidos en construir unas vías de tren que detraen viajeros de una red de aeropuertos sobredimensionada y con una deuda que alcanzaba los 14.000 millones de euros.

En el segundo caso, el de la privatización de Aena, sí que hay diferencias entre ambos gobiernos. El del PSOE proponía concesionar los principales aeropuertos por separado. El del PP lleva a cabo la privatización parcial de la red en su conjunto. También hay similitudes. El modelo de privatización elegido, y el desechado, están lejos de ser el fruto de un análisis económico y de un debate social a la altura de las circunstancias.

Ambos casos son paradigmáticos de la política de infraestructuras en España. Muchas voces críticas han argumentado que desde hace décadas España no ha tenido política de infraestructuras y que eso explica la cantidad de incongruencias que venimos arrastrando y los costes que estamos pagando. Ser el segundo país del mundo en extensión de alta velocidad o tener la empresa aeroportuaria pública más grande del mundo son dos liderazgos frente a los que uno no sabe muy bien que cara poner.

Lo que sí parece obvio es que la respuesta del gobierno actual es diferente para el ferrocarril o los aeropuertos. En el caso del AVE, se ignoran todos los estudios anteriores que cuestionan la rentabilidad social de esta inversión y se siguen construyendo nuevas líneas con demanda cada vez menor y sin perspectivas de rentabilidad social a largo plazo. El último corredor Madrid- Norte de España no cubre, en lo ya construido, ni los costes variables. En el caso de Aena, se realiza un ajuste interno serio que evita la quiebra de la compañía, se actúa por el lado de los ingresos y de los costes, y en dos años los aeropuertos españoles en su conjunto alcanzan un beneficio bruto antes de impuestos de 1800 millones de euros. La deuda se reduce en 3000 millones y la venta del 49% de la empresa se realiza con éxito.

FEDEA ha presentado en estos días dos estudios: la contabilidad social y financiera de la alta velocidad, realizada por Gerard Llobet y Ofelia Betancor; y los modelos de privatización aeroportuaria por Juan Santaló y Pilar Socorro. Estos estudios venían precedidos por dos panoramas internacionales sobre la materia, realizados en el caso de la alta velocidad por Daniel Albalate y Germà Bel; y en el caso de los aeropuertos por María Paz Espinosa y Ofelia Betancor. Dichos trabajos están disponibles aquí y serán objeto de cuatro entradas en NeG con el fin de dar a conocer los resultados de dichas investigaciones y animar al debate sobre los grandes temas de infraestructuras que absorben ingentes cantidades de fondos públicos y que afectan profundamente a la configuración de nuestra economía y al bienestar social alcanzable.

Para finalizar, una reflexión sobre la supuesta falta de una política de infraestructuras en España. En mi opinión, si la ha habido y muy similar durante décadas. Ha sido una política de infraestructuras dominada por la ingeniería y la ausencia más absoluta de la Economía. Ha sido una política basada en la solución de problemas técnicos con independencia de su coste de oportunidad y de su contribución al bienestar social, basada en la construcción, en las tecnologías del transporte, en la idea de cuanto más grande y más rápido mejor; dentro de un marco de incentivos tan ingenuo e irresponsable que ha provocado que lo racional fuese pedir obra pública para tu ciudad o región... que ya otros la pagarían. Este incendio se avivaba con la gasolina de los fondos comunitarios. El resultado es bien conocido: una planificación poco integrada que trata, por ejemplo, separadamente la aviación y los trenes de viajeros, la ausencia más absoluta de evaluación económica y su sustitución por la propaganda de los estudios de impacto (ver como ejemplo la línea Madrid- Valencia), un diseño manifiestamente mejorable del sistema de participación público-privada, y en general unos mecanismos de regulación pobremente articulados que no han propiciado una separación clara entre empresas privadas y sector público en sus diversos ámbitos, con los problemas que esto genera de asignación ineficiente de riesgos, de responsabilidades y compensaciones inadecuadas.

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Las infraestructuras en España: AVE y aeropuertos

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de Ginés de Rus Dos piezas esenciales en la política de infraestructuras de este gobierno, y del anterior, han sido la continuación de la construcción de la red de alta velocidad ferroviaria y la privatización de los aeropuertos. En el primer caso, no hay prácticamente diferencias entre ambos gob

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Publicado el 09/02/2018
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En el tramo final de 2017 el sector servicios recupera el vigor perdido, gracias al tirón de las actividades comerciales y el transporte. La construcción consolida su crecimiento a lo largo del año, impulsada, sobre todo, por el segmento residencial, al que se une la reactivación de la obra civil.

La licitación pública repunta un 39% en 2017, protagonizada por el dinamismo de las Administraciones Locales y la reanimación en edificación de vivienda social, pese a que tras la crisis del sector apenas supera los 488 millones de euros (el 3,8% del total). El 38,5% de la licitación anual se focaliza en proyectos de transportes, mientras que la licitación de Fomento aumenta un 15,3% tras un inicio del año en negativo.

El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), el nuevo programa de inversiones de Renfe para la mejora de la red de Cercanías y las operaciones inmobiliarias en terrenos propiedad de Fomento como Madrid Nuevo Norte (antigua Operación Chamartín) o de Aena en el Prat y en Barajas, contribuirán a animar la construcción.

Las autopistas vuelven a ser noticia en 2018: a la reversión de las quebradas se irán uniendo los vencimientos de las concesiones más antiguas, proceso que en los próximos 3 años afectará a un tercio de la red de peaje.

Bankia Estudios

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España / Infraestructuras y transportes. Febrero 2018 | Bankia Estudios

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En el tramo final de 2017 el sector servicios recupera el vigor perdido, gracias al tirón de las actividades comerciales y el transporte. La construcción consolida su crecimiento a lo largo del año, impulsada, sobre todo, por el segmento residencial, al que se une la reactivación de la obra civil.

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Al cierre de 2015, España habrá consolidado una reducción del déficit público de 68.000 millones de euros, realizada en los últimos seis años. Pero, hasta 2018, seguiremos inmersos en el proceso de consolidación fiscal y deberemos afrontar una reducción adicional de 39.000 millones para cumplir el objetivo de déficit fijado para dicho año.

El entorno económico para el cumplimiento de este ambicioso objetivo se prevé más favorable que el vivido en los últimos años, lo que explica que nuestra inversión pública no deberá sufrir, en principio, nuevos recortes, pero tampoco crecerá, quedándonos en un nivel de inversión constante del 1,9% del PIB durante los próximos tres años.

¿Es suficiente una inversión en infraestructuras en España equivalente al 1,9% del PIB? En términos de la UE28, los últimos datos publicados por Eurostat confirman un ratio inversor del 2,8% del PIB europeo en 2015/2017, por lo que podríamos responder que nuestra inversión pública es inferior en 10.000 millones de euros anuales respecto del nivel que nos debería corresponder. No obstante, si nos comparamos con las cuatro primeras economías europeas, que deben ser nuestra referencia, el gap inversor es mucho mayor. Así, mientras España tiene programada una inversión anual durante dicho periodo de 23.766 millones de euros, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia invertirán anualmente 35.300, 65.000, 65.700 y 76.166 millones de euros, respectivamente; es decir, entre vez y media (Italia) y más de tres veces (Francia) la inversión pública anual española.

Es de sobra conocido el stock acumulado en España durante los últimos 20 años en determinadas infraestructuras de transporte: disponemos de la red de carreteras de alta capacidad más extensa de Europa, la segunda mayor red del mundo de alta velocidad ferroviaria, la mayor red de aeropuertos en intensidad de tráfico del mundo y de los dos mayores puertos de contenedores del Mediterráneo. Lo que se conoce menos, es que la factura que hemos pagado por ese liderazgo ha sido de 684.000 millones de euros -conviene recordar que 100.000 millones de euros han provenido de fondos europeos-. En el mismo periodo, Francia y Alemania se gastaron en infraestructuras 1,6 y 1,1 billones de euros, e Italia y Reino Unido 924.000 y 918.000 millones de euros, respectivamente; es decir, entre 1,3 y 2,3 veces más que España. ¿Cuál es la explicación? La respuesta podemos encontrarla en los informes de la consultora internacional AT Kearney, presentados recientemente por Seopan. En ellos se explica que, a pesar de haberse reducido significativamente nuestro histórico déficit en infraestructuras de transporte, mantenemos aún importantes déficits inversores en otras áreas prioritarias de marcado carácter social, donde las economías europeas más desarrolladas han invertido más en el pasado y lo siguen y seguirán haciendo en el futuro. Se trata de ocho áreas, como el agua (abastecimiento, tratamiento y distribución), energía (eficiencia, renovables y conexiones energéticas), infraestructuras sociales (salud, bienestar y justicia), transporte (mercancías y logística, accesibilidad a ciudades, redes secundarias y gestión de capacidad), medioambiente (tratamiento de residuos, protección y regeneración y reducción de emisiones), digital (telecomunicaciones e innovación tecnológica), urbanismo (movilidad, integración urbana, rehabilitación urbana y ciudades inteligentes) y mantenimiento del stock actual.

Las ocho áreas prioritarias anteriores explican el gap inversor existente entre España y el resto de economías desarrolladas de Europa. Como solución, AT Kearney recomienda invertir de forma sostenida entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales durante la próxima década, lo que representa incrementar nuestro nivel de inversión actual entre un 70% y un 140%. Ello es esencial para el desarrollo económico y la competitividad y bienestar de nuestra sociedad.

El cumplimiento de nuestro compromiso de reducción del déficit público, aun siendo un objetivo incuestionable, no puede servir de excusa o justificación para no asumir este reto inversor, pues existen fórmulas para hacer compatibles ambos objetivos. Disponemos de múltiples fórmulas de colaboración público-privada, de uso extendido en otros países que, con un adecuado planteamiento, además de evitar el cómputo en el déficit público de las inversiones y sin modificar la titularidad pública de la infraestructura, permiten su financiación.

La colaboración público-privada de infraestructuras constituye precisamente la razón por la que la CE creó el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, también conocido como iniciativa Juncker, cuyo objetivo no es otro que resolver el déficit inversor europeo, incentivando para ello la participación y liquidez de la financiación privada a proyectos de infraestructuras de alto valor añadido. En el caso de España, la caída de inversión ha sido del 30,5%, solo superada por Portugal.

Nos encontramos por tanto en un momento crucial en el que con la regulación adecuada y la necesaria voluntad política podemos construir nuestro futuro sin renunciar al desarrollo económico y a la mejora del Estado de bienestar. Huelga decir que la puesta en marcha de un plan de infraestructuras prioritarias a 10 años, además de contribuir a la modernización y mejora de nuestra competitividad, a la vertebración y cohesión de nuestro territorio, y a la mejora de nuestro bienestar social, supondría un claro impulso a nuestra economía, pues no nos cansaremos de recordar que cada euro de inversión en infraestructuras públicas casi duplica su valor en actividad económica, con un retorno fiscal del 50%, y una creación de empleo de 14 puestos por millón invertido, y todo ello con un peso de las importaciones de tan solo el 9%.

Julián Núñez es presidente de Seopan.

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Tribuna | Las infraestructuras sobre las que construir nuestro futuro

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Al cierre de 2015, España habrá consolidado una reducción del déficit público de 68.000 millones de euros, realizada en los últimos seis años. Pero, hasta 2018, seguiremos inmersos en el proceso de consolidación fiscal y deberemos afrontar una reducción adicional de 39.000 millones para cumplir el objetivo de déficit fijado para dicho año.

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El sector turístico en España celebra su quinto año consecutivo de crecimiento, batiendo un nuevo record al cierre del pasado año. Nos visitaron más de 82 millones de personas, un incremento del 8,9% respecto al 2016 con el que se desbanca a Estados Unidos como el segundo país con más turistas extrangeros en todo el mundo.

Que España es sinónimo de grandes infraestructuras es de sobra conocido. La capacidad técnica mostrada por empresas y profesionales del sector es merecedora de elogios y reconocimientos a lo largo de todo el planeta... ¿Tendrá esto relación con el "boom" turístico experimentado en los últimos años?
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Es innegable que el buen estado de las costas, el noble encanto de los pueblos de interior, o la majestuosidad imperturbable de las grandes capitales españolas son los grandes causantes del crecimiento turístico registrado. Pero, a buen seguro, nuestras infraestructuras del transporte influyen también en gran manera en este dato. Veamos por qué.

En 2016 el turismo español acogió a 75,3 millones de visitantes, lo que supone un récord histórico al aumentar en 9,9 puntos el registro anterior. Esta tendencia continuará también en 2017, ya que, según las previsiones, se espera la visita de 83 millones de personas.

Proceden, principalmente, de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes aportan más del 50% de unos turistas cuyos destinos habituales son Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía.
Países que aportan más de 1 millón de turistas (Datos año 2016) y Comunidades Autónomas con más de 1 millón de visitantes (Datos año 2016)
Tal cantidad de afluencia sólo puede soportarse exitosamente a través de un sistema de infraestructuras sólido y experimentado. De este modo, las redes de transporte se han convertido en un pilar sin el cual España habría dejado de ingresar los 77.000 millones de euros que este sector facturó en 2016.

Inventario infraestructural de España

El aeroportuario es uno de los sistemas de transporte cuya evolución ha sido más notable en los últimos años. El territorio nacional cuenta con 43 aeropuertos que, gestionados por AENA, presentaron el pasado curso un movimiento (llegadas + salidas) de 229,9 millones de pasajeros.

Cabe destacar que, solo durante el primer semestre de este año, el transporte aeroportuario registra 113,2 millones de viajeros, un 9,2% más que durante el mismo periodo del 2016; crecimiento que refleja una continua inversión económica, prevista en 615 millones de euros a finales de este año.

Otra de las infraestructuras tradicionales a través de la que acceden los visitantes a España es la red viaria. El último apunte indica que existen en la Red de Carreteras de España más de 667.000 kilómetros, responsables de los 392 millones de desplazamientos registrados en 2016. Este dato volverá a crecer, sin duda, debido al nuevo Plan Extraordinario del Gobierno, que plantea una inversión de 5.000 millones de euros en Asociación Público Privada para construir nuevas autovías.

Igualmente mediante transporte terrestre, la red de ferrocarril cuenta con 12.180 kilómetros bajo la titularidad de Adif, quien administra una infraestructura que permite el tránsito de más de 470.000.000 pasajeros anuales, según datos de Renfe Operadora. Con el ánimo de incrementar esta cifra, se esperan 4.400 millones de euros de inversión para mejorar y potenciar las conexiones ferroviarias españolas.

Momento ahora para recordar que España se ubica en la Península Ibérica, la puerta de Europa. La situación privilegiada de la que goza el país, a orillas del Mediterráneo y del Atlántico, dota a la nación de unos puertos de primer nivel europeo (los puertos de Barcelona, Baleares o Las Palmas, se encuentran entre los 40 primeros en cuanto a tráfico de viajeros por cruceros en Europa).

A través de los 46 puertos de interés general del territorio circulan cada año más de 31 millones de cruceristas que, entre otras razones, son motivo de la apuesta económica del Estado hacia este sistema de transporte, que sólo durante el año 2017 superará los 800 millones de euros.

Referencia mundial de las infraestructuras

Con todo este atractivo turístico, España encabeza, por segunda vez consecutiva, el ranking "The Travel & Tourism Competitiveness Report" elaborado por el Foro Económico Mundial, en el que se mide y compara la competitividad turística de países de todo el mundo.

El informe valora 14 ámbitos diferentes, entre los que se encuentra, cómo no, la calidad de las redes de transporte.

La oferta cultural y natural que presenta el país, sumada a unas cuidadas infraestructuras turísticas y aeroportuarias, hacen que España sea la referencia mundial del turismo.

A la vista de la importante relación existente entre las infraestructuras del transporte y el sector turístico, se vuelve indispensable invertir en el mantenimiento y conservación de las primeras, con el fin de mantener ambos motores de la economía española a la vanguardia mundial.
Si quieres formar parte de de este impresionante sector, no dudes en consultar nuestro Máster oficial
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Las infraestructuras españolas, claves del éxito turístico nacional.

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El sector turístico en España celebra su quinto año consecutivo de crecimiento, batiendo un nuevo record al cierre del pasado año. Nos visitaron más de 82 millones de personas, un incremento del 8,9% respecto al 2016 con el que se desbanca a Estados Unidos como el segundo país con más turistas extrangeros en todo el mundo.

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España necesita invertir en actuaciones prioritarias del ciclo integral del agua, de medioambiente, de salud y educación, de accesibilidad y movilidad urbana, de transporte interurbano y logísticas 114.000 millones de euros en los próximos años, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

Al ritmo inversor actual se tardaría 136 años en realizar las infraestructuras prioritarias de medioambiente, 40 años en realizar las de transporte y ciclo integral del agua, y siete años para recuperar el déficit inversor acumulado en las de salud y educación. Las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses "no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión en infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos", advierte la patronal de las grandes constructoras.

El sector demanda un pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas para la aprobación de un plan general de infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios de rentabilidadeconómico-social, establezca las prioridades y su financiación.

"No asumir este desafío inversor no es una alternativa responsable, pues los efectos de no afrontar la realización de las infraestructuras prioritarias, aparte del pago de multas que podrá imponer la UE por incumplimiento de nuestros compromisos en depuración de agua y medioambiente -las primeras ya han llegado este verano-, se traducirán en pérdida de competitividad, afectando a sectores clave como el turismo y las exportaciones, pérdida de impulso económico y de empleo, y reducción de los ingresos fiscales, repercutiendo todo ello negativamente en el bienestar social de todos los ciudadanos", ha alertado la organización que preside Julián Núñez.

En este escenario, el sector privado considera que el Estado y las Comunidades Autónomas deben valerse de otras fuentes de financiación extrapresupuestarias para la realización de sus planes de inversión en infraestructuras, impulsando de forma decidida las fórmulas de colaboración público-privada, cada vez más extendidas entre los países más desarrollados, aprovechando las circunstancias favorables existentes en los mercados financieros y el marco legal que ofrece la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Tras ocho años de consolidación fiscal, la inversión pública en infraestructuras no ha hecho más que reducirse, destinándose hoy 31.000 millones de euros al año menos que en 2007, al soportar el 46 por ciento del ajuste total operado en el gasto público. Como consecuencia de ello, la inversión en infraestructuras representa hoy un porcentaje sobre el PIB equivalente al de 1979. Ello ha provocado que las necesidades de infraestructuras prioritarias, las que España debe afrontar en el corto y medio plazo, se hayan incrementado.

En los informes encargados a A. T. Kearny y Sener, Seopan concluye en la necesidad de implementar más de 800 nuevas actuaciones, yaplanificadas, de 121.000 millones de euros de inversión, y seleccionadas en base a criterios de rentabilidad socio económica y de cumplimiento de las Directivas y normativa nacional. A pesar de la mejoría de 2017, el ritmo de licitación y contratación actual de las Administraciones Públicas se demuestra insuficiente para resolver el déficit inversor. El año pasado, el volumen de contratos ascendió a 292 millones, lo que implica que aún se tardarían 39 años para alcanzar los objetivos establecidos para 2021.

En el ciclo integral del agua destacan 510 actuaciones prioritarias de 12.000 millones con terminación programada en 2021 y de las que más de la tercera parte, el 37 por ciento, "son de obligada ejecución para evitar nuevas sanciones de la Comisión Europea (CE)", expuso recientemente en el Congreso de los Diputados Julián Núñez. Cinco tipologías representan el 85 por ciento de la inversión anterior. Las más críticas corresponden a saneamiento y depuración, con 3.500 millones. Les siguen regadío (2.900 millones); conducciones (2.000 millones), presas (925 millones; e ingeniería fluvial (905 millones). Hasta 2033, las necesidades en este segmento se elevan hasta 23.781 millones.

Acometer su realización en un nuevo Plan Nacional de infraestructuras hidráulicas proporcionaría un beneficio social de 52.000 por ciento durante su periodo de vida útil, explicó. Resolver el déficit inversor hidráulico, permitiría a España incrementar la competitividad y exportación en productos de alto valor añadido, y, al mismo tiempo, preparar al sector agroalimentario para atender un aumento del 50 por ciento de la población global hasta 2050.

"Somos uno de los países europeos con mayor superficie bajo estrés hídrico severo, pero tenemos unas tarifas de agua equivalentes a la mitad de la media europea", señaló Núñez. Según la OCDE, "somos el único país desarrollado cuyas tarifas no cubren los costes de saneamiento y distribución, incumpliendo la Directiva Marco del Agua; y todo ello, es consecuencia de no disponer de un modelo homogéneo de gestión en todo el país, lo que ha generado, la variabilidad de tarifas más alta de toda Europa".

El pasado 25 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país. Los jueces europeos condenaron a España a "abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso", según un comunicado del Tribunal. La Corte declaró por primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011, después de que la Comisión Europea presentara un recurso contra el país al haber comprobado que 43 municipios españoles con más de 15.000 habitantes no disponían de sistemas colectores ni de tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Por su parte, las infraestructuras de medioambiente en lo relativo al tratamiento y valorización energética de residuos constituyen otro déficit inversor pendiente de resolver en España. Actualmente las ciudades españolas generan más de 20 millones de residuos cada año, de los que casi cinco millones y medio se depositan directamente en vertedero sin tratamiento alguno, contraviniendo con ello las directivas y normativa nacional. Algunas regiones no disponen siquiera de plantas de tratamiento con una tecnología adecuada, y en otras donde si está planificada su construcción, se va omitir la valorización energética de los rechazos por razones de coste e insuficiencia de recursos públicos.

Movilidad urbana

Al ritmo actual de contratación, de 48 millones anuales, España tardará 136 años en conseguir el objetivo de inversión para 2020. En la comparativa con los países europeos, el resultado es esclarecedor: 20 euros por habitante, frente a los 53 euros de media de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, lo que representa un 62 por ciento menos. España es el país que menos residuos genera de los cinco. Sin embargo, está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos con sólo el 39 por ciento de residuos urbanos y el 89 por ciento de residuos industriales tratados, frente al 66 por ciento y el 96 por ciento, respectivamente, de media de los países. En este contexto, la CE ha denunciado que existen 61 vertederos ilegales que funcionan sin supervisión. Continúa todavía sin proyectarse, aprobarse o iniciarse la mayor parte de las obras necesarias para su clausura, sellado y restauración.

Conseguir el objetivo de vertido directo cero y además valorizar energéticamente los más de ocho millones de toneladas anuales de rechazos procedentes de nuestras plantas de tratamiento requiere invertir más de 6.500 millones, de acuerdo con las estimaciones de Seopan. Ello sin duda contribuiría a reducir la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas dado que en protección del medioambiente España invierte actualmente en términos de habitante un 62 por ciento menos.

También la inversión en infraestructuras de transporte tiene una incidencia clara sobre el medioambiente. En este sentido, mejorar la accesibilidad urbana de nuestras infraestructuras (38.000 millones de euros) facilitará el objetivo vinculante de la Unión Europea (UE) para reducir en 2030 un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los niveles de 1990. Y Bruselas ha aprobado recientementeuna propuesta para reducir las emisiones de CO2 en vehículos y furgonetas un 35 por ciento por debajo del objetivo marcado para 2021 (95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido).

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Las infraestructuras urgen más inversiones en España - elEconomista.es

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España necesita invertir en actuaciones prioritarias del ciclo integral del agua, de medioambiente, de salud y educación, de accesibilidad y movilidad urbana, de transporte interurbano y logísticas 114.000 millones de euros en los próximos años, según los cálculos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

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Luis Tinoco

La historia de las infraestructuras en España se ha escrito demasiadas veces con renglones torcidos como este. Los puertos, por ejemplo, acaban de terminar un año récord en transporte de mercancías, con 15,9 millones de TEU (unidad de carga que equivale a contenedores de 20 pies), pero tienen capacidad instalada para gestionar más de 30 millones, casi el doble. La han conseguido a golpe de inversiones multimillonarias y a algunas obras inútiles o dañinas desde el punto de vista medioambiental, ideadas por políticos a la caza del voto. Solo así se explica, por ejemplo, que en Galicia haya dos puertos exteriores separados por seis millas (11,2 kilómetros) de distancia, que han costado más de mil millones; o que las dos terminales de carga del puerto de Barcelona gestionen mercancías que caben en una sola.

En este reino de la improvisación hubo aeropuertos sin aviones, como el archiconocido de Castellón, pero faltan depuradoras. Por las carencias en saneamiento de 17 ciudades el Estado tendrá que pagar una multa de la UE de 47 millones de euros y espera otra sanción este año. Será porque las cañerías no se ven y las torres de control sí. Además, dentro de cada modo de transporte conviven la aristocracia con el pueblo llano. En el ferrocarril, por ejemplo, la larga distancia ha crecido más de un 75% en los últimos diez años en detrimento de la inversión en cercanías, que sin embargo mueve 400 millones de viajeros con una intensidad de paso que llega a ser de un tren cada minuto en las horas punta.

¿Qué falla? "El no planificar. No debemos convertir las infraestructuras en una discusión política, sino en una cuestión de Estado para mantener la competitividad en un país que tiene sus dos mayores activos en el turismo y las exportaciones", analiza Julián Núñez, presidente de la patronal Seopan. El diputado del PSOE César Ramos también reconoce que las obras han sido "utilizadas de forma partidista por parte de todos los Gobiernos", incluidos los de su formación. Núñez recuerda que se han elaborado hasta tres planes directores en obras públicas en 12 años "que además no han fijado todas las prioridades". El documento que define la estrategia vigente en la actualidad, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024, destaca en su análisis que el territorio tiene "un reparto modal desequilibrado, con un claro predominio del transporte por carretera y elevados costes externos y medioambientales", y que hay una insuficiente coordinación en la planificación y el desarrollo de las infraestructuras logísticas. Eso hace que, por ejemplo, el traslado de mercancías esté monopolizado por los camiones frente al resto de los medios de transporte.

Pero algo tiene que cambiar cuando se avecinan decisiones muy importantes derivadas de los presupuestos públicos y de las directrices de Bruselas. Por una parte, los ciudadanos van a tragarse el sapo de rescatar las autopistas radiales con una factura por ahora indeterminada que conlleva una compensación para las concesionarias cuyo cálculo más moderado no baja de 2.000 millones de euros. El monopolio público del transporte de viajeros por ferrocarril de Renfe toca a su fin. A partir de 2021 quienes se hayan constituido como empresa ferroviaria, tengan un certificado de seguridad y hayan solicitado slots a Adif estarán en condiciones de operar. En 2024 se extenderá esa liberalización del tren a las llamadas "obligaciones de servicio público", donde las empresas competirán por el mercado en régimen de exclusividad en servicios de pasajeros que son deficitarios pero necesarios. Aena, por su parte, está revisando 30 planes directores de los aeropuertos y anunciará un plan inmobiliario y comercial para las terminales que promete "despertar mucho interés", según fuentes de Fomento.

Asfalto caliente

Aunque el debate del momento está en el asfalto. Un tercio de la red de autopistas de primera generación, construidas a mediados de los años sesenta del siglo pasado (unos 1.100 kilómetros) que recaudan la mitad de los peajes (unos 900 millones de un total de 1.700, en estimaciones de 2014) finalizarán su periodo de concesión entre este año y el 2021, a caballo de dos legislaturas. La primera vía que será recuperada, el tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava) gestionado por Itinere, volverá al Estado en noviembre. Por él pasan diariamente unos 17.500 vehículos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que estas autopistas no volverán a salir al mercado, pero no ha aclarado si serán gratuitas o qué hará con ellas. En cualquier caso, cree que el escenario para el sector es "bastante atractivo este año", según reconocía en un desayuno de redacción celebrado hace un par de semanas en EL PAÍS.

A medio plazo no todo el mundo es tan positivo. "En 2018 está previsto que se incremente en 11.000 millones el gasto público en educación, protección social y sanidad. Como esto es una tendencia que va a continuar, porque la población envejece, las inversiones públicas no van a subir, por mucho que crezca la economía", argumenta Julián Núñez. Cree que es el fin del modelo "todo gratis", que juzga como "el más insolidario que hay. Quien usa y contamina tiene que pagar". El presidente de Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, coincide en que los costes sociales son prioritarios y van en aumento, así que el reto está en cómo se va a sufragar todo lo demás. "La conservación de las carreteras va a tener que apoyarse en el pago por uso, porque no puede ser que la abonen todos los contribuyentes. De cara al vencimiento de las autopistas, si levantamos las barreras y las convertimos en gratuitas estaremos castigando la financiación de carácter social. El Estado tiene que apoyarse en la colaboración público privada", pronostica. El gobierno actual, al menos, está muy abierto a estas fórmulas.

Ante todos estos retos, De la Serna ha propuesto al resto de partidos una reflexión conjunta para definir las prioridades del país. Un pacto que también incluye a los agentes sociales y que el ministro ha lanzado a mitad de mandato y en una situación de debilidad parlamentaria. De forma casi paralela, Mariano Rajoy anunció en noviembre la inversión de 5.000 millones en un plan de carreteras que se pagará en diferido, a partir de 2021, para sortear la previsible ausencia de nuevos presupuestos, y que se basa en una fórmula que parece casi mágica: el pago por disponibilidad. Con ella un Gobierno puede inaugurar obras sin que se incremente su déficit público: las empresas construyen las carreteras y el Estado las compensa abonando su mantenimiento durante las siguientes décadas. En este caso serán 30 años de canon, según el esquema anunciado.

La oposición no está por la labor de coger el guante del acuerdo. En Ciudadanos recuerdan que el PP les pasó un borrador de esa iniciativa hace tiempo. "Fue para cubrir el expediente. Es un documento absurdo, según el cual habría reuniones con partidos, administraciones y empresarios para acabar llegando al Pitvi, que es el actual plan del PP. Les hemos trasladado nuestra negativa porque lo que queremos no es un plan de partido, sino un plan consensuado para alejar las infraestructuras del debate partidista". En el PSOE la respuesta es parecida: "No creemos que este debate se tenga que dar este año, habría mucha demagogia y pocas conclusiones. Si querían un acuerdo debían haber empezado por consensuar el Plan de Carreteras, pero nos contestan que decidir las inversiones es potestad subjetiva del Gobierno. El ministro no quiere un gran debate, quiere compartir un problema [la decisión sobre las autopistas]", cree Ramos. Podemos, por su parte, tiene un planteamiento radicalmente opuesto al del PP.

Falta racionalidad

El tiempo corre y sigue sin despejarse una primera cuestión: cómo determinar las prioridades sin las interferencias políticas del momento. José Manuel Vassallo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, echa en falta "decisiones con más racionalidad". En otros países, recuerda, "son comisiones técnicas elaboran las que elaboran las prioridades fundamentales de los Estados". Como la red de saneamiento, juzga que las obras menos visibles políticamente son las más necesarias en España. "Pasa con el transporte de mercancías; las conexiones a los puertos; la conexión transfronteriza con Francia; inversiones en agua y algunos ámbitos de equipamiento público. En las ciudades vemos que crece la congestión. La peatonalización por sí sola no soluciona la movilidad, requiere inversión". Juan Lazcano, por su parte, se felicita del desbloqueo de los planes hidrológicos, pero pide acabar con el abanico tan variado de fórmulas de pago en las carreteras.

En materia de puertos, José Luis Almazán, vicepresidente de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, recuerda que, tras los excesos en la construcción, la red está ocupada "al 40% de su capacidad" y que "hasta el presidente de Puertos reconoce que no hay necesidad de invertir en los próximos 20 años". Sus demandas tienen que ver más con nuevos servicios y formas de adaptarse al mundo que viene: "Las cadenas logísticas integradas son muy importantes, porque operadores como Amazon van a entrar en el sector portuario. Hace falta abrir un debate para ver cómo nos posicionamos".

En ferrocarriles las necesidades son otras, enumera el director de la Asociación Ferroviaria Española, Pedro Fortea. "Para poder competir tienes que posicionarte en tu país y mantener equilibrio en exportación y mercado doméstico. Encontrar el equilibrio es fundamental". Habla de soluciones que permitan una mayor capacidad de transporte, de eficiencia energética, conexión con otros modos de transporte y sostenibilidad.

La segunda cuestión está en cómo abordar las nuevas obras en medio ambiente y la movilidad en las grandes ciudades sin hipotecar los presupuestos para las próximas décadas. Cada año desde 2012, según reconoce el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, el grupo Fomento (que incluye el ministerio y todas las empresas dependientes) invierte entre 9.000 y 10.000 millones de euros. "La mitad se dedica a la política ferroviaria, casi un 25% a carreteras, un 11% a puertos, el 9% a aeropuertos y un 5% a los planes de vivienda". Ese es el mapa de prioridades actual, porque el autobús no cuesta un euro a las arcas públicas, ya que se articula mediante concesiones. Pero como explican los economistas, ningún modo de transporte cubre con el precio de los billetes la inversión de toda la obra, a menos que se incluyan otros impactos, como los beneficios sociales, la cohesión o el desarrollo de una población. Y en ese punto el debate se empantana con los eufemismos tan queridos en política.

El ministerio se decanta claramente por las llamadas fórmulas de colaboración público privadas. Ahora tiene un amplio abanico de posibilidades a su alcance: peajes en la sombra (las citadas autopistas de los años sesenta), "peajes al sol", que pagan directamente los usuarios o el citado pago por disponibilidad, como ocurre con el tramo Benavente-Zamora.

"Desgraciadamente, este último mecanismo no es la mejor manera de acometer este tipo de inversiones, por mucho que se esté utilizando en otros países (generalmente con una calidad institucional mejor que la nuestra, por cierto)", considera el investigador Gerard Llobet en un elocuente artículo escrito en el blog Nadaesgratis y titulado: "De los creadores de las radiales llegan... los pagos por disponibilidad". Existen varios motivos. "Primero y más importante, ¿a quién le puede parecer que falsear la contabilidad pública comprometiendo ingresos durante los siguientes 30 años para reflejar un endeudamiento menor es una ventaja para un país?", se pregunta. Explica que una concesión que incluya en el mismo paquete la construcción y el mantenimiento de una infraestructura solo tiene sentido si existen sinergias entre las dos fases del proyecto, "algo que no parece muy relevante en el caso de las carreteras".

Y además, recuerda, el endeudamiento privado suele ser más caro que el público y que nadie se ha hecho la pregunta del millón: si son carreteras necesarias. "De hecho es sintomático que el gobierno anuncie que va a invertir 5.000 millones pero que los proyectos que se van a llevar a cabo se determinarán más adelante". Por ahora se han anunciado tres actuaciones: la circunvalación de Murcia, la autovía del Mediterráneo entre Crevillente (Alicante) y Alhama (Murcia) y nuevos tramos de la A-7 a su paso por Castellón. Quedan 17 actuaciones más por definir, que estarán amparados por el plan Juncker y se pagarán, en buena parte, con recursos del Banco Europeo de Inversiones. "Los operadores privados solo tendrán que aportar un 20%", anuncian en Fomento. Fuentes del sector coinciden en que "va a levantar un gran interés".

Las constructoras también han fijado su mirada en la entrada en vigor, esta misma semana, de la Ley de Contratos en el sector público, que supuestamente nace para derribar el dominio de las grandes empresas en las adjudicaciones. Ya no será así. Como explican en un despacho de abogados, "la Administración ya no buscará la oferta económicamente más ventajosa, sino la que tenga la mejor relación calidad precio". En este matiz pueden viajar muchos millones de euros, ya que se primarán aspectos que no solo tengan que ver con el precio, sino con la capacidad técnica y la innovación. Pero lo más importante de la norma es que abre el abanico de juego a muchas pymes ya que los contratos se dividirán en lotes más pequeños para que haya más adjudicatarios y se estimule la competencia. Además, recoge por primera vez el mandato a todas las administraciones para que incorporen criterios sociales y medioambientales que guarden relación con el contrato. En las concesiones, la norma define que el derecho a explotar la infraestructura incluye que el concesionario corre con el riesgo de la operación cuando no esté claro que el concesionario vaya a recuperar su inversión.

Bajas temerarias

¿Y qué ocurrirá con las bajas temerarias? El valor de los contratos deberá incluir los costes derivados de la aplicación de la normativa laboral vigente, los de la ejecución material y los gastos generales de estructura. Eso quiere decir que la oferta más ventajosa ya no podrá apoyarse en salarios de miseria para los trabajadores. Sin embargo, y aunque no se ven los recortes del hasta el 50% que se daban durante la crisis, el secretario de Estado Gómez-Pomar reconocía esta semana que las bajas rondan el 30%.

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Las obras públicas que España necesita y cómo conseguirlas

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La historia de las infraestructuras en España se ha escrito demasiadas veces con renglones torcidos como este. Los puertos, por ejemplo, acaban de terminar un año récord en transporte de mercancías, con 15,9 millones de TEU (unidad de carga que equivale a contenedores de 20 pies), pero tienen capacidad instalada para gestionar más de 30 millones, casi el doble.

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La inversión en infraestructuras en 2018

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La inversión en infraestructuras en 2018

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La inversión en infraestructuras en 2018 será la segunda más baja del siglo - elEconomista.es

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La inversión pública en infraestructuras que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 contempla un importe de 8.461,5 millones de euros, lo que representa un 13% más que los 7.483,1 millones proyectados para 2017. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene en niveles mínimos.

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El Gobierno pretende continuar en el futuro con su programa de intensas inversiones en esta área.

En este sentido, fue aprobado el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) que, basado en el examen de la situación y en una valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad, establece las prioridades y programas de actuación con el horizonte de 2024.

Entre los objetivos del citado plan cabe destacar (I) la mejora de la eficiencia y competitividad del sistema global del transporte optimizando la utilización de las capacidades existentes, (II) la contribución a un desarrollo económico equilibrado, (III) la promoción de la movilidad sostenible, compatibilizando sus efectos económicos y sociales con el respeto al medio ambiente, (IV) el refuerzo de la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del sistema de transportes y (V) la mejora en la integración funcional del sistema de transportes en su conjunto mediante un enfoque intermodal.

La red de autovías y autopistas, de 17.109 km, ha experimentado una continua renovación para aumentar su eficacia, siendo en la actualidad la primera red europea de autovías y autopistas de Europa. Entre los objetivos del citado Plan se encuentra mejorar si cabe esta red viaria y ampliar el número de vías de gran capacidad mediante la inversión de 36.439 millones de euros.

Por lo que se refiere al transporte por ferrocarril (donde España dispone de una red de más de 15.500 km), las líneas de tren de alta velocidad se han convertido en una prioridad.

En la actualidad, Madrid está conectada mediante tren de alta velocidad con 29 ciudades de España, tras las inauguraciones en el año 2015 de los tramos que han llevado la alta velocidad hasta Zamora, Palencia y León. Asimismo, en el año 2015 se inauguró el último tramo del "Eje Atlántico", lo que ha permitido conectar Galicia de norte a sur. Por otro lado, la conexión Barcelona-París ha permitido unir mediante la alta velocidad ferroviaria las capitales de España y Francia, añadiéndose en un futuro próximo la conexión con la frontera francesa vía Vitoria e Irún (País Vasco).

La red se encuentra en permanente expansión, hallándose próximamente prevista la inauguración de los tramos a Castellón, Burgos, Granada y Murcia. De hecho, en los últimos años España se ha convertido en un país a la vanguardia mundial en alta velocidad. En este tiempo, nuestro país ha multiplicado por más de 5 el número de kilómetros de alta velocidad en servicio, pasando de algo más de 550 km a casi 3.200 km.

Desde su puesta en marcha, la Alta Velocidad ha contado con una inversión aproximada de 51.775 millones de euros, adquiriéndose como compromiso que 9 de cada 10 ciudadanos se hallen a menos de 30 km de una estación de alta velocidad. De esta forma, España se ha situado como el primer país de Europa y segundo del mundo, tras China, en número de kilómetros de altas prestaciones en explotación, por delante de países como Francia o Japón.

Además, el servicio de alta velocidad inteligente (EVA) que comenzará a funcionar en 2019, aunará la alta velocidad con la digitalización de todos los procesos, un sistema de precios predecibles para cada cliente, el viaje puerta a puerta, la integración con otros productos turísticos, nueva versatilidad y espacios de trabajo y una mayor sostenibilidad.

Por otra parte, es de destacar la importante red de relaciones con los administradores de infraestructuras ferroviarias de otros países que se ha establecido mediante la firma de protocolos de colaboración. En el ámbito de estos acuerdos, representantes de diversos países como EEUU o Brasil han venido a España a conocer nuestro modelo de alta velocidad. Asimismo, las empresas españolas participan en la construcción de infraestructuras y equipamientos ferroviarios en países como Turquía, Marruecos, México, Rusia, Polonia, Colombia, Perú, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos, así como en la construcción de la línea de alta velocidad que unirá las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí.

Actualmente está en marcha un proceso de liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, que se ha iniciado con la liberalización del transporte ferroviario de finalidad turística.

Finalmente, cabe destacar la liberalización del sector del transporte de mercancías desde el año 2005, lo que está dando paso a empresas privadas que prestan servicios para el transporte de mercancías por ferrocarril. En este sentido, el gobierno prevé aprobar una serie de medidas con el fin de fomentar este tipo de transporte.

El transporte aéreo, por su parte, une las principales ciudades españolas mediante los 46 aeropuertos con los que cuenta España y que conectan nuestro país con las principales ciudades del mundo. España es una importante estación de paso (hub) para las líneas que unen América y África desde Europa. En este sentido, las más importantes inversiones planeadas están orientadas a los dos principales aeropuertos internacionales, situados en Madrid y Barcelona. Con la inauguración de la Terminal 4 en 2006, el aeropuerto de Madrid incrementó su capacidad hasta los 70 millones de pasajeros al año. Durante el año 2017 los aeropuertos españoles han registrado casi de 250 millones de pasajeros, convirtiendo España en uno de los líderes en movimientos de pasajeros a nivel mundial.

El acceso a la alta velocidad desde el Aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Barajas de Madrid en escasos 25 minutos permite el aprovechamiento conjunto de ambos medios de transporte, situando a España a la vanguardia del transporte de pasajeros.

El Plan de Navegación Aérea 2017 - 2020 recoge los objetivos y actuaciones para atender al crecimiento del tráfico aéreo y el compromiso de España en la construcción del Cielo Único Europeo. Para hacer frente a este reto, España destinará una inversión de 300 millones de euros en el citado período 2017 - 2020 para la modernización y evolución del sistema de navegación aérea español.

Por otra parte, España goza de excelentes comunicaciones marítimas con más de 46 puertos internacionales en las costas atlántica y mediterránea, situándose como potencia portuaria, sólo por detrás de gigantes asiáticos, Estados Unidos, Alemania y Holanda. La potenciación del trasporte marítimo de corta distancia, tanto en el ámbito nacional como europeo, y el desarrollo de las autopistas del mar constituyen otro de los ejes básicos. Asimismo, se encuentra en funcionamiento la Autopista del Mar entre España y Francia, que une Vigo con el puerto galo de Saint-Nazaire. Está proyectado impulsar este tipo de líneas en el Mediterráneo, a través de acuerdos con Italia y otros países, con objeto de aumentar la oferta de las ya existentes y que están funcionando con buenos resultados entre los puertos españoles de Barcelona, Valencia, Castellón y Tarragona y los puertos italianos de Génova, Civitavecchia, Livorno, Cagliari y Salerno.

Esto permitirá una alternativa modal y más sostenible en algunos de los principales flujos con la UE. Por otro lado, con el objeto de mejorar la competitividad de los puertos, se modificó en 2010 la Ley de Puertos, con el objetivo de reducir restricciones a la competencia inter e intra portuaria y, en definitiva, incentivar la competitividad de nuestros puertos en la economía global. En la misma línea se ha aprobado el Plan de Inversiones de Accesibilidad Portuaria para la mejora de la accesibilidad terrestre del sistema portuario destinando una inversión de 1.418 millones de euros.

En sus planes de internacionalización, Puertos del Estado está promoviendo alianzas con los grandes operadores chinos. Así, la terminal BEST del Port de Barcelona (Barcelona Europe South Terminal) está operada por el grupo chino Hutchison Port Holdings (HPH), el primer operador de terminales portuarias del mundo. Tres grandes puertos españoles (Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona) aparecen en el TOP 100 del mundo en tráfico de contenedores¹⁰, y confirman la estratégica posición que desempeña España en el contexto del transporte marítimo mundial.

España está bien equipada en términos de infraestructura tecnológica e industrial, habiendo proliferado en los últimos años los parques tecnológicos en las principales áreas industriales, así como en torno a las Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo. Actualmente existen 66 parques tecnológicos¹¹ en los que están establecidas 7.800 empresas, principalmente dedicadas al sector de las telecomunicaciones y la informática, dentro de las cuales una buena parte de los trabajadores están dedicados a la actividad de I+D.

Asimismo, España posee una buena red de telecomunicaciones. A la extensa red de cable de fibra óptica convencional que cubre prácticamente todo el territorio, hay que añadir una de las mayores redes de cable submarino y conexión vía satélite con los cinco continentes. En particular, cabe destacar el importante proceso de liberalización ya acometido hace años en la mayor parte de las industrias, incluyendo el sector de las telecomunicaciones, cumpliendo desahogadamente los plazos fijados al efecto por la Unión Europea. Entre otros beneficios, esta liberalización implica una oferta de estos productos más competitiva y con reflejo en los costes, esencial para el desarrollo económico.

Por último, cabe destacar que el Gobierno está impulsando una gestión integrada de los recursos hídricos basada en la recuperación y gestión ambiental, una mayor eficiencia en el uso del agua y una gestión planificada de riesgos como las sequías e inundaciones. En el marco de desarrollo de dichas actuaciones, mediante el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, el Gobierno aprobó la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
10 Lloyd's List - Maritime Intelligence. One Hundred Container Ports 2016. 11 Miembros de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España.

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El Gobierno pretende continuar en el futuro con su programa de intensas inversiones en esta área. En este sentido, fue aprobado el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) que, basado en el examen de la situación y en una valoración rigurosa de las necesidades de la sociedad, establece las prioridades y programas de actuación con el horizonte de 2024.

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Blog y noticias de Transgesa | Transgesa

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El Observatorio del Transporte y la Logística en España es una de las principales fuentes de datos para conocer el estado del sector gracias a la cantidad de cifras y de fuentes que recoge. En el se encuentran los principales números sobre volúmenes, kilómetros, nivel de actividad, métodos de transporte, cantidad de personas empleadas... Esta semana os traemos un resumen con las mejores cifras del Observatorio, como conclusión de su trabajo a lo largo de 2017, para ayudaros a conocer mejor la realidad del transporte en España.

Las cifras del Transporte en España

Las cifras más recientes del Observatorio respecto a la movilidad de mercancías provienen de 2016 y muestran una mejora en la cantidad de toneladas movidas tanto dentro como hacia fuera de nuestras fronteras. En el mercado interior las toneladas aumentaron un 2,1%, mientras que en el exterior destacó en 2016 la carretera, que creció un 4,2%, con unas expectativas aún mejores en los datos de toneladas previstos para 2017 (+6,7%). Aún más fuerte es la previsión para el cierre de los datos marítimos del año pasado, con un +8,8% según los datos provisionales de Puertos del Estado. Si se confirman los datos de 2017, supondría ya el cuarto año consecutivo de subidas en el movimiento interior de mercancías.

En el transporte internacional por carretera también subió la cantidad de toneladas por kilómetro, un 3% según los datos de Eurostat. En este segmento la mayoría de vehículos continúan siendo españoles, aunque ha crecido más la presencia de vehículos de origen extranjero (un 7,6% frente a un 2,4%).

Respecto al reparto por comunidades autónomas, la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera señala que el 51% de todas las toneladas transportadas las acumulan Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, que son además las que más crecen junto a Murcia, Navarra y Castilla La Mancha.

En el transporte interior de mercancías el reparto continúa siendo dominio casi exclusivo de la carretera, con un 94% de las toneladas transportadas.

El transporte supone el 2,9% del PIB en España

Transporte en España y empleo

El transporte y la logística son dos importantes motores de empleo y de actividad económica y así lo recoge el observador. Además, los datos de 2016 muestran una fuerte alza en este punto. En 2016 las personas empleadas en el sector "transporte y almacenamiento" aumentaron un 7,6%. En más detalle, el subsector que más creció fue "transporte terrestre", con 37.000 ocupados más, aunque si hablamos de porcentaje el ganador fue "Almacenamiento y Actividades anexas", con un +10,4%.

El Observatorio sostiene que el transporte en España es un sector muy atomizado, es decir, con un alto número de empresas. Lo que hace que, debido a su menor tamaño, tradicionalmente haya habido una menor productividad. El Observatorio sostiene que esta tendencia se está corrigiendo. Según los datos, en el subsector "Transporte terrestre y tubería", que es mayoritariamente el transporte terrestre, el número de empresas bajó un 1,6% en 2015, a la par que aumentando la producción un 2,6% y el número de empleados un 2,1%. Es decir, hay menos empresas pero con más volumen y más trabajadores.

El peso económico de la logística respecto al total de la actividad económica también es importante. Según los últimos datos disponibles, el peso del transporte en España respecto al PIB se mantuvo estable en 2015, permaneciendo en el 2,9%. Una estabilidad que viene siendo habitual, ya que entre 2008 y 2015 se ha mantenido entre el 2,9% y el 3%. Este hecho explica por qué se suele tomar a la logística como un termómetro fiable del estado de la economía, ya que la relación entre actividad económica y actividad logística es muy estrecha. También fue estable en 2015 respecto al empleo, ocupando a un 3,4% de los trabajadores. Destaca el subsector "Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza" que rompió en 2015 la tendencia negativa iniciada en 2008 y creció un 2,5%.

La salida de la crisis

Esa estrecha relación entre logística y marcha de la economía hizo que el sector sufriera mucho durante los años más duros de la crisis. Aunque aún no se han recuperado los números anteriores a la crisis, desde 2013 a 2016 se han registrado tres años consecutivos de ascenso en la cantidad de toneladas transportadas dentro de España. En 2016 la cantidad de toneladas de mercancía movidas en interior fue un 14% superior a la cifra de 2013.

El transporte internacional ha disfrutado de una mayor estabilidad durante este periodo, con unas caídas que han sido mucho más moderadas durante los años de la crisis. Mientras que en 2007 movió 107,8 millones de toneladas, su cifra en 2016 fue bastante similar (101,7 millones), lo que supone una rebaja del 6%. Además, en el último año su crecimiento ha sido de un 4%.

Cuando nos fijamos en el modo de transporte vemos que en el transporte interior todos ellos permanecen en cifras inferiores a las del 2007. La bajada más abrupta es la de la carretera (de 2.344 millones de toneladas en 2007 a 1.211 millones en 2016), mientras que el marítimo es el que ha tenido un mejor comportamiento (49 millones de toneladas en 2007 frente a 48 en 2016).

Sostenibilidad y Transporte en España

El transporte es uno de los actores fundamentales a la hora de tratar de cuidar el medio ambiente, debido a que el combustible es una parte central de su funcionamiento. El Consumo de energía debido al transporte (incluyendo transporte de mercancías y de pasajeros) representa el 42% del total nacional, nueve puntos por encima de la media europea. Según datos de 2015, en ese año mejoró la relación entre cantidad de carga transportada y gasto.

El método más eficiente en el transporte interior fue el ferroviario, seguido de la carretera y, por último, el aéreo. La logística española tiene un área de mejora en esta tarea, ya que sus números están por debajo de los de Europa, para lo cual es importante la adopción de diversas medidas, como el uso de combustibles menos contaminantes. Según el Inventario Nacional de Emisiones, durante 2014 y 2015 la participación del transporte -mercancías y pasajeros- en las emisiones de gases de efecto invernadero fue del 28,7% del total, mientras que la media de la Unión Europea es de un 25,3%.

Todos estos datos nos permiten componernos una imagen de cuál es la realidad numérica de la logística en nuestro país: la salida de la crisis, las grandes cifras, su relación con el resto de la actividad económica y su batalla por la sostenibilidad.

Consulta en el siguiente enlace los servicios logísticos de Transgesa.

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Transporte en España: descubre todos los números del sector

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El Observatorio del Transporte y la Logística en España es una de las principales fuentes de datos para conocer el estado del sector gracias a la cantidad de cifras y de fuentes que recoge. En el se encuentran los principales números sobre volúmenes, kilómetros, nivel de actividad, métodos de transporte, cantidad de personas empleadas...

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Este ultimo 16 de Enero, BulldozAIR estuvo orgulloso de asistir a la segunda edición de InnoShakers, donde se discutió la temática "¿Cómo construir las infraestructuras del futuro?". La discusión estuvo centrada alrededor de dos paneles que reflexionaron acerca de tendencias de infraestructura venideras e innovaciones recientes además de las futuras ramificaciones que estas nuevas tecnologías pueden generar en el desarrollo urbano.

La semana pasada, discutimos el primer panel centrado en "El Grand Paris Express, un Proyecto dedicado a la innovación". Esta semana, el segundo panel examina nuevas perspectivas acerca del impacto de los datos, además de la importancia de la innovación para enfrentar futuros desafíos y mantener la competitividad. Entre los participantes estuvieron:

Sébastien Couturier, Director de Innovación y Asuntos Corporativos de ADP

Thomas Le Diourion, Fundador y Director de IMPULSE Partners

Jean-Jacques Thomas, CIO de SNCF Réseau

Ali El Hariri, CEO de BulldozAIR (moderador)

Encontrando mayores ganancias gracias a los datos

Thomas abrió el segundo panel explicando por qué es necesaria una incubadora enfocada en construcción e infraestructura. Él mencionó la disparidad tecnológica existente entre estos sectores y otros como bienes raíces. Sin embargo, enfatizó la necesidad crucial de los datos, dándoles carácter de esenciales para los negocios. Los datos pavimentan el camino para optimización de infraestructuras, permitiendo que las compañías mejoren prácticas como manejo de precios y servicios, además de impactar el uso cuando se los explota de manera correcta.

Para Jean-Jacques, tecnologías como sensores o Inteligencia Artificial junto con sistemas de datos permitieron a la compañía ferroviaria francesa manejar el tráfico de trenes, mantenimiento y monitoreo de mejor manera. Jean-Jacques menciona que pueden obtenerse ganancias significativas con la tecnología. Sébastien agrega que incluso los sensores en sí mismos pueden volverse irrelevantes a medida que la tecnología de IA continúa evolucionando rápidamente. Sin embargo, también resaltó que para que la nueva tecnología se vuelva eficiente, es importante reinventar los procesos tradicionales y adaptarlos a las nuevas condiciones. La llave para hacerlo es embarcar al capital humano de la organización hacia la transformación digital.

En un ejemplo provisto por él, la SNCF abordó la tecnología de drones y robots a través de una asociación con ALTAMETRIS, lo que permitió que la compañía recolecte datos topográficos utilizando vectores móviles. La tecnología permitió a la SNCF mejorar el control y mantenimiento de sus infraestructuras y redes. En otro ejemplo dado por Sébastien, ADP se asoció con Pacifa Decision para acceder a tecnología que permitiría a ADP consolidar información y optimizar procesos de manejo, permitiendo que las terminales de los aeropuertos sean operadas remotamente.

Sin embargo, Jean-Jacques también menciona que, con estas nuevas innovaciones, también surgieron nuevos desafíos. Hoy, la conectividad es más importante que nunca. El desarrollo de conectividad más rápida o confiable dará forma al camino de innovaciones futuras.

Manteniendo la competitividad implementando innovación

En los negocios, muchas cosas pueden amenazar al éxito. Para la SNCF, es el desafío de enfrentar a una red ferroviaria que está envejeciendo. Si bien la restauración y renovación pueden parecer las respuestas correctas, el rápido crecimiento en la demanda pone a la SNCF en una paradoja de negocios: ¿Cómo continuar trabajando en la red mientras incrementamos la oferta? Para la SNCF, la solución depende de la invención de una nueva red adecuada a este siglo. Sin embargo, el uso de nueva tecnología debe ser complementado con innovación a lo largo de toda la cadena de valor de la organización para tener un impacto en los procesos de negocios relacionados a costos y eficiencia.

La competición intensa en el sector también es otro impulsor para la innovación. En el caso de ADP, hay competición constante entre diferentes países e industrias respecto de la infraestructura. Por lo tanto, un ambiente que impulsa nuevas ideas para encontrar soluciones innovadoras es esencial para el éxito. Jean-Jacques menciona que crear condiciones adecuadas para que los equipos internos implementen y desarrollen iniciativas innovadoras aún más es vital. Prácticas como comunicar todas las herramientas disponibles u ofrecer a las unidades del negocio toda la información necesaria para que puedan adoptarlas son esenciales para triunfar en la etapa más difícil de la innovación, la implementación.

Sébastien agrega que iniciativas valiosas deben tener una conexión entre la nueva solución y los problemas que enfrentan los equipos en el campo. Para lograr esto, ADP creó el "Innovation Hub", una comunidad que desarrolla y fomenta nuevas ideas seleccionando soluciones de emprendimientos que se adecúan a los desafíos y la cultura de la organización. La comunidad también ayuda a ADP a identificar a las personas correctas para representar y liderar los esfuerzos de implementación, ya que Sébastien destaca que transformar los enfoques de negocio tradicionales a algunos más innovadores es muy desafiante. La creación de estas comunidades también puede requerir de inversiones financieras sustanciales de parte de la organización.

Innovación: anticipando el futuro

Uno de los objetivos más importantes para cualquier iniciativa de innovación es la habilidad de preparar la organización para nuevas condiciones y prevenir potenciales amenazas. En el caso de ADP, Sébastien ve un aeropuerto donde muchas más cosas son posibles ya que, en el futuro, los aeropuertos pueden cambiar de una zona de transición a un espacio de vida. En respuesta, ADP ya comenzó a ofrecer nuevos servicios como el "Airport Startup Day" que permite que los negocios busquen o propongan nuevas ideas y soluciones dentro de las instalaciones.

CES 2018 fue brevemente mencionada. Por primera vez en su historia, la enorme convención tecnológica ofreció una zona dedicada a ciudades inteligentes. Sébastien reveló cómo todos se están enfocando en vehículos autónomos y otros objetos conectados. Sin embargo, el desembarco de esta tecnología puede perturbar a muchas industrias. Para la industria automotriz y de transporte, los jugadores deben preguntarse qué hacer una vez que la habilidad de manejar se vuelva obsoleta, y cómo sus negocios pueden rentabilizar estos ahorros de tiempo. Sébastien también mencionó que estaba intrigado por las tecnologías de optimización del sueño presentadas en la convención. Desde el punto de vista de un aeropuerto, el sueño es un factor esencial a considerar, ya que juega un rol indispensable en la comodidad de los pasajeros. Nuevos desarrollos como éste pueden potencialmente volverse activos valiosos para ADP en el futuro.

Sin embargo, Jean-Jacques también resalta que sólo podemos especular respecto de lo que nos traerá el futuro. Por lo tanto, para la SNCF el problema más crucial a considerar es la creación de una infraestructura en evolución que les permita adaptarse a nuevas condiciones en el futuro de manera veloz.

En conclusión, podemos observar que a medida que la innovación y la infraestructura continúan entremezclándose, surgen nuevas posibilidades para los negocios y los consumidores. Además, podemos presenciar que la implementación de avances tecnológicos es esencial para mantener la competitividad de una compañía y asegurar su continuidad. A medida que la tecnología de la construcción continúa evolucionando, los negocios necesitarán perfeccionar la implementación de nuevas tecnologías en sus organizaciones e identificar las nuevas oportunidades potenciales traídas por cada nuevo desarrollo.

Si este artículo te pareció interesante no olvides revisar nuestro post de la semana pasada resumiendo el panel de InnoShakers acerca de "El Grand Paris Express, un Proyecto dedicado a la innovación", el cual incluyó intervenciones de expertos en innovación de Arcadis, IBM y Explolab.

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InnoShakers: ¿Cómo serán las infraestructuras del futuro? - Blog BulldozAIR

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Este ultimo 16 de Enero, BulldozAIR estuvo orgulloso de asistir a la segunda edición de InnoShakers, donde se discutió la temática "¿Cómo construir las infraestructuras del futuro?". La discusión estuvo centrada alrededor de dos paneles que reflexionaron acerca de tendencias de infraestructura venideras e innovaciones recientes además de las futuras ramificaciones que estas nuevas tecnologías pueden generar en el desarrollo urbano.

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Crecimiento de la inversión en infraestructuras

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Crecimiento de la inversión en infraestructuras

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Viaducto de Velasco en la Autovía del Duero A-11.

Las inversiones en infraestructuras ascenderán a 8.487 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a la presupuestadas en 2017, aunque aún muy alejadas de lo que se invertía en obra pública en los años anteriores a la crisis. Todas las partidas importantes, como ferrocarril y carreteras, que copan casi el 70% de la inversión, aumentan su dotación, según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentados este martes en el Congreso.

Esta inversión incluye no solo la que realiza directamente los ministerios sino también los distintos entes y sociedades estatales dependientes del Ministerio de Fomento como son Adif, Aena, Enaire, Puertos del Estado y Seittsa.

La mayor partida de los Presupuestos en infraestructuras con 3.727 millones de euros se destina a inversión en ferrocarril, un 21,9% más respecto a los 3.056 millones presupuestados en 2017. A este monto procedente de las arcas públicas se sumarán los recursos que Adif y, fundamentalmente, Adif Alta Velocidad levanta a través de sus otras fuentes de financiación como son fondos europeos, deuda bancaria o emisiones de bonos, entre otros.

Dentro de este área, la mayor parte se destina a la construcción de los corredores del AVE en marcha, el Corredor Mediterráneo, el AVE a Galicia, la 'Y' vasca y el corredor a Extremadura, entre otros.Asimismo, parte de esta inversión se destinará también a acometer las obras de mejora de los distintos núcleos de Cercanías, para modernizar la red y las estaciones, y también a mejorar las líneas de ferrocarril convencional.

Carreteras

Las carreteras serán la segunda partida de la inversión presupuestaria en infraestructuras, dado que contará con 2.078 millones, un 8,6% más respecto a los 1.913 millones presupuestados para 2017. A esta inversión pública se sumará la inversión privada que el Ministerio de Fomento levantará a través del Plan Extraordinario de carreteras, un proyecto de 5.000 millones a tres años con el que prevé construir unos 2.000 nuevos kilómetros de carreteras. De la inversión total en carreteras, 952 millones se emplearán en actuaciones de acondicionamiento y mejora de la actual red.

La construcción de infraestructuras hidráulicas, competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente figura como tercera partida de inversión para 2018, con un importe de 812 millones. Después se sitúan los puertos que, a través del ente público Puertos del Estado, prevé ejecutar una inversión de 807 millones de euros, un 7% menos que el pasado año.

En materia aeroportuaria y de navegación aérea se invertirán, mediante Enaire, 730 millones destinados a "mejorar los niveles de seguridad, de la calidad de los servicios y la protección de los derechos de los pasajeros, para potenciar la competitividad del sector aéreo y la mejora de la eficiencia del sistema aeroportuario".

A este importe se sumará el que acometerá y financiará Aena, fundamentalmente el que invertirá a través de los planes directores de ampliación y mejora que está presentando para grandes aeropuertos para los próximos años, como es el caso de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

La inversión presupuestaria en infraestructuras se completa con 207 millones para actuaciones costeras y medioambientales y 105 millones más para otros programas, como es el de reordenación de las comarcas mineras.

El AVE como estrella

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la presentación de los presupuestos del grupo de Fomento para el año 2018. J.J.Guillen EFE

El Ministerio de Fomento contará con un presupuesto de inversión de
8.908 millones de euros en virtud de los Presupuestos de 2018, lo que
supondrá un incremento del 17% en comparación al ejercicio anterior,
según informó del titular del Departamento, Iñigo de la Serna.

La construcción de líneas de Alta Velocidad se mantendrá como inversión
'estrella' del Departamento, dado que acaparará 3.009 millones, un tercio
del total del Ministerio. Asimismo, copa el grueso de la inversión total en ferrocarriles que, al sumar lo que se destinará a la red convencional y a Cercanías, sumará 4.301 millones, un 25,6% más que un año antes y el 48% del total.

En cuanto a la inversión en AVE, De la Serna aseguró que permite garantizar el cumplimiento de los compromisos de construcción y de plazos de ejecución de los distintos corredores adquiridos por el Gobierno. Por corredores, el Corredor Mediterráneo contará con una dotación de 923 millones de euros, después se sitúa el AVE a Galicia con 757 millones y las conexiones por Alta Velocidad al Norte del Pías, esto es, con Asturias,Cantabria y el País Vasco, que contarán con 661 millones de euros en total, la mitad para la 'Y' vasca. Asimismo, el AVE a Extremadura contará con una inversión de 283 millones.

En cuanto a la inversión en ferrocarril convencional, crecerá un 63,1% y sumará 848 millones que se emplearán en renovar y mejorar distintos tramos de la red como el Madrid-Avila, el Mérida-Puertollano o el Aranda-Burgos, a la construcción de otros como, la variante Este de Valladolid o la Variante de Camarillas, y otras actuaciones como son la mejora de túneles, la supresión de pasos a nivel o a conectar por ferrocarril los puertos.

Inversión "récord" en Cercanías

La otra gran partida de este capítulo consiste en la inversión "récord" de 576 millones de euros prevista en los distintos planes de mejora de Cercanías anunciados por Fomento. El segundo capítulo inversor serán las carreteras, que contarán con un monto de 2.436 millones de euros, un 12,1% más. De este importe, 1.161 millones se destinarán a construcción de nuevos tramos de autovía y los 917 millones restantes a mejora y conservación de la red existente.

A esta inversión puramente presupuestaria es preciso sumar la que Fomento emprenderá con capital privado en virtud del Plan Extraordinario de Carreteras de 5.000 millones de euros y a tres años que ha puesto en marcha y del que en "próximos días" se licitarán los dos primeros contratos por 931 millones, según anunció el ministro en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos del Departamento.

De su lado, la inversión en aeropuertos, navegación aérea y seguridad
aérea crecerá un 22,2%, hasta 752 millones. De este importe, Aena canaliza
y financia 644,9 millones y Enaire otros 85 millones. En cuanto a Puertos, la inversión será de 899 millones, un 0,6% más, de los que el grueso (803 millones) se sufragarán por Puertos del Estado. A ello se sumará la inversión privada de 1.143 millones de euros estimada en instalaciones portuarias este año.

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La inversión en infraestructuras crece un 12,7% hasta 8.500 millones

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Las inversiones en infraestructuras ascenderán a 8.487 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a la presupuestadas en 2017, aunque aún muy alejadas de lo que se invertía en obra pública en los años anteriores a la crisis.

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El Instituto Europeo de Estadísticas, Eurostat, ha publicado los datos de gasto público en referencia al PIB en transporte para todos los países de la zona euro para 2016. Durante ese año, el conjunto de los Estados miembro ha gastado el 1,9% de la suma del PIB de dichos países. Esta cifra es una décima inferior al gasto de 2015.

El gasto público en transporte que mide el Eurostat incluye los gastos de administración, regulación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte, incluido el transporte por carretera, fluvial, ferroviario y aéreo, así como cualquier infraestructura para el transporte de mercancías, como oleoductos. También incluye la explotación de empresas de transporte público por parte de las administraciones públicas y cualquier subvención a la inversión en el mercado del transporte o para la explotación del transporte público.

El Estado español, según indican las cifras publicadas por la institución europea, ha gastado un 1,4% de su PIB en transporte, muy por debajo del 1,9% de la media del conjunto de la Unión Europea o del 1,75% de la media de los países de la zona euro. Tan solo Chipre (0,6 %), Irlanda (1,1 %) y Malta (1,2 %) gastan menos que España en transporte.

El mayor porcentaje del gasto público en transporte en 2016 se registró en Luxemburgo (3,7 % del PIB), Hungría y República Checa (ambos con un 3,5 %).

AVE, pozo sin fondo

España destina gran parte de los fondos dedicados a infraestructuras a la construcción y mantenimiento de la Alta Velocidad (AVE). Asociaciones y sindicatos del sector llevan años denunciando el abandono de los trenes regionales y de Cercanías en favor del costoso y poco sostenible AVE. En los últimos años la Alta Velocidad se ha llevado, según datos de CGT, el 71% de los fondos dedicados al ferrocarril, mientras que los trenes convencionales y Cercanías, que acaparan el 94% de los pasajeros (en 2017 Cercanías contabilizó 420 millones de pasajeros frente a los 20 del AVE), solo han obtenido el 29%.

En los últimos presupuestos generales para 2018 la inversión en ferrocarril fue de 4.301 millones, de los cuales el AVE se lleva 2.713-un 16,4% más que el año anterior-, principalmente dedicados al corredor mediterráneo y a las conexiones con Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia y País Vasco.

Por el contrario, Cercanías fue dotada en los últimos presupuestos con 576 millones para mejora de infraestructuras y compra de trenes. La red convencional, a pesar de seguir muy por debajo del AVE en cuanto a fondos e inversión, con 848 millones, obtuvo un importante incremento del 63,1% en sus fondos respecto a los anteriores presupuestos generales.

El nuevo ejecutivo ya ha anunciado que pretende revertir esta tendencia invirtiendo en 2019 en torno a 3.000 millones en la renovación de la flota e infraestructuras de Cercanías.

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España, a la cola de Europa en gasto público en transporte

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El Instituto Europeo de Estadísticas, Eurostat, ha publicado los datos de gasto público en referencia al PIB en transporte para todos los países de la zona euro para 2016. Durante ese año, el conjunto de los Estados miembro ha gastado el 1,9% de la suma del PIB de dichos países.

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El gasto en transporte en las economía familiares

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El gasto en transporte en las economía familiares

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El gasto en transporte supone un 12% del presupuesto familiar medio, casi tanto como la alimentación, sólo superados por el gasto en la vivienda (gráfico 33). La media del gasto en transporte por hogar es de 3.530 euros anuales. Sin embargo, este coste ha ido reduciéndose en los últimos años por efecto de la crisis, del 14,7% al 12%, aunque sólo ha afectado al capítulo de la compra de vehículos. Los gastos por el uso del coche y del transporte público han permanecido constantes (gráfico 34).
Gráfico 33 - Gasto medio por hogar por grupos de gasto. En porcentaje. 2011
Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE (2012): Encuesta de presupuestos familiares 2011.

Uno de los factores que determinan el gasto en transporte es el tamaño de la población, ya que en las más grandes el gasto es claramente menor, sobre todo en los gastos por el uso del coche, debido a una mejor oferta de transporte público, como se pone de manifiesto en el gasto en servicios de transporte. También, por la misma razón, el gasto en la compra de coches es claramente superior. Los habitantes de las ciudades más grandes necesitan en menor medida tanto tener coche como utilizarlo. En este sentido, se puede decir que la sostenibilidad crece con el tamaño de ciudad (gráfico 35).
Gráfico 34 - Evolución del gasto medio por hogar en transporte por subgrupo de gasto. En porcentaje del gasto medio por hogar total. 2006-2011
Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de presupuestos familiares, varios años.

En el mismo sentido, cabe constatar -según datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana- que en las ciudades con más renta se usan más los modos sostenibles (transporte público, andar y bicicleta) con una menor utilización del coche, contrariamente a lo que cabría suponer. Esto se debe a que estas ciudades tienen una mejor oferta de transporte público y también a que ha aumentado la conciencia de apostar por la calidad del espacio urbano: prioridad peatonal, restricciones al coche, etc.
Gráfico 35 - Gasto medio del hogar en transporte según subgrupo de gasto, tamaño del municipio de residencia y densidad de población del municipio de residencia. En porcentaje del gasto total del hogar. 2011
Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE (2012): Encuesta de presupuestos familiares 2011.

Por lo tanto, el transporte, además de absorber gran cantidad de fondos públicos para la construcción, el mantenimiento y la operación del transporte, también supone una parte fundamental del gasto familiar, detrás del dedicado a la vivienda y la alimentación, dos necesidades básicas. Todo indica que el transporte es otra necesidad para la sociedad.

A pesar de que la actividad de desplazarse resulta fundamental en el desarrollo de nuestra vida, la participación del transporte en el presupuesto de las familias se ha reducido con la crisis, debido a que se compran menos coches, ya que los españoles se siguen gastando lo mismo en el uso de sus vehículos y en transporte regular, aunque cada vez utilizan vehículos más antiguos.

Por otra parte, la asociación entre el uso del coche y el estatus social está cambiando: las ciudades más ricas son las que presentan porcentajes más bajos de uso del vehículo privado, en parte gracias a la calidad de sus sistemas de transporte público, pero también a una nueva cultura de movilidad. Se percibe un cambio, una apuesta por ciudades más vivibles, con menos ruido y contaminación y donde el peatón tiene su espacio. Ciudades que no sólo ofrecen alternativas al coche, sino que también restringen su circulación con medidas como el cobro por aparcar o reservar parte del espacio viario a otros modos más sostenibles.

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El gasto en transporte en el presupuesto familiar

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El gasto en transporte supone un 12% del presupuesto familiar medio, casi tanto como la alimentación, sólo superados por el gasto en la vivienda (gráfico 33). La media del gasto en transporte por hogar es de 3.530 euros anuales.

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Uno de los mantras más acrisolados del debate económico tiene que ver con el nivel de gasto del Estado. Para muchos, el sector público es el leviatán que devora el ahorro de las familias y de las empresas. Y, en verdad, el mantenimiento del Estado de bienestar consume enormes recursos. Tantos que, según se sostiene en numerosos estudios académicos, no solo se coarta la libertad individual en la toma de decisiones económicas, sino que, además, se lastra el crecimiento por la pertinaz ineficiencia del sector público, siempre derrochador, a la hora de gastar.

¿Es eso cierto? Un estudio publicado por la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigación Económica) lo matiza. Y mucho. En palabras de sus economistas, en España, el gasto en los servicios públicos fundamentales (SPF) que componen el Estado del bienestar (sanidad, educación y protección social) supone una cifra equivalente al 26,8% del PIB, una ratio que se sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de los países de la eurozona e inferior a la de las cuatro mayores economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

Habrá quien piense que lo significativo no es la foto fija, sino la evolución. Al fin y al cabo, si el punto de partida es bajo -como sucedía en España antes de la extensión del Estado de bienestar- es probable que en los últimos años se haya producido un aumento de la presión fiscal para financiar un gasto público creciente.

¿Qué es lo que dicen los datos? Desde que comenzó el siglo hay dos periodos muy diferenciados. Hasta el comienzo de la crisis, el gasto público no dejó de crecer de una forma intensa. Pero tras la llegada de la recesión -y a consecuencia del desplome de los ingresos públicos- se ha producido un recorrido a la inversa. Hasta el punto de que solo dos comunidades autónomas han sido capaces de recuperar los niveles de gasto público por habitante previos a la crisis. Son el País Vasco y Cantabria. En el primer caso, debido a su singularidad fiscal y al cálculo del cupo, que le garantiza un nivel de r ecursos por habitante superior a la media, mientras que, en el caso de Cantabria, la causa tiene que ver con el enorme peso que tiene el hospital Valdecilla respecto de su presupuesto.

Ahora bien, hay que tener en cuenta un factor muy relevante a la hora de analizar el nivel de gasto público, como afirma este estudio de la Fundación BBVA y el IVIE. La mayoría de los recursos se destinan a pagar las nóminas de los empleados públicos. En concreto, el 52% del gasto público productivo (el que no es meramente administrativo) corresponde a retribuciones de los empleados públicos, lo que supone algo más de 18 puntos de diferencia respecto de Alemania (34,5%). Y en todo caso, por encima de la media de la OCDE (48%).

Un duro ajuste

Los datos del IVIE y la Fundación BBVA muestran que durante la etapa expansiva (2003-2009) el gasto real de las distintas administraciones en servicios públicos fundamentales por habitante registró un crecimiento acumulado de más del 20% en todas las comunidades autónomas, con un incremento verdaderamente espectacular de más del 40% en Murcia y en Castilla-La Mancha. Algo que explica, en este último caso, que cuando llegó la crisis el Gobierno regional se viera obligado a hacer un duro ajuste. Castilla-La Mancha redujo su gasto público en servicios esenciales nada menos que un 26% entre 2009 y 2013, lo que da idea de la intensidad del ajuste. Por el contrario, en el País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.

La consecuencia, como sostienen los autores del estudio, es que las diferencias en el nivel de gasto público en los servicios públicos fundamentales por habitante ajustado se elevan hasta el 42% en 2016 entre la comunidad que más gasta (País Vasco) y la que menos (Canarias). O expresado de otra forma, mientras que el gasto público en el País Vasco alcanza los 3.218 euros, en el caso de Canarias apenas se llega a 2.265 euros por habitante.

Es decir, una distancia verdaderamente colosal en un país dotado de un sistema de financiación que pretende, a la luz de la Constitución, homogeneizar los servicios públicos esenciales a través de diversos fondos creados 'ad hoc' para tener en cuenta las diferenciales regionales.

La población ajustada -tal y como se presentan los datos- busca ponderar el número de habitantes teniendo en cuenta una serie de criterios que permita un análisis comparativo más homogéneo (población joven, población protegida equivalente, población mayor y otras variables territoriales, como la insularidad, la superficie y la dispersión de la población).

Como sostienen los autores del estudio, la existencia de fuertes diferencias en el gasto público en servicios esenciales "es un reflejo de que las diferencias responden no solo a distintas necesidades, sino a otros factores como la disponibilidad de recursos o el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades".

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¿Hay mucho gasto público en España? La derrota de un mito

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Uno de los mantras más acrisolados del debate económico tiene que ver con el nivel de gasto del Estado. Para muchos, el sector público es el leviatán que devora el ahorro de las familias y de las empresas. Y, en verdad, el mantenimiento del Estado de bienestar consume enormes recursos.

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Mientras la sanidad pública se deteriora, la sanidad privada en España crece y crece. El negocio sigue sumando clientes y acumulando ingresos. Tanto las empresas sanitarias como las aseguradoras de salud disfrutan de viento de cola y han ingresado un 16% más en los últimos cinco años. Mientras, una UCI pediátrica quedó inutilizada por una catarata de agua en Madrid hace unas semanas o los jefes de urgencias en Galicia acaban de pedir medidas a la Xunta para frenar los colapsos.

Las clínicas privadas ingresaron en 2016 (a falta de cerrar datos más recientes) 6.175 millones de euros. En 2010 eran 890 millones menos, según la recopilación de datos de la analista DBK. Pero es que, el número de personas que acude a un seguro sanitario privado sigue al alza y superó en 2017 los 11,5 millones de pólizas. Un salto de más de un millón desde 2013. Todo ese volumen dejó unos ingresos mayores a 8.000 millones de euros el año pasado, según explicaba la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) con datos de ICEA. Eran 2013 sumaron 6.937 millones.

Así bajó el gasto público en Sanidad y crecieron los ingresos privados

Evolución en comparación con 2008 del gasto sanitario público, de los ingresos por primas de los seguros privados de salud y de la facturación de los hospitales privados. Datos ajustados a inflación

Fuente: Ministerio de Economía, MSSSI y Fundación IDISeldiario.es

El hecho de que el sector sanitario privado crezca a costa de la caída del público no es una correlación exclusiva a cargo de grupos como la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. La consultora AON analiza, y ha dejado por escrito en su previsión para el año 2018, que, entre los motivos de la bonanza del ámbito privado, se encuentran "las deficiencias en el sector sanitario público que sigue sufriendo las medidas restrictivas tomadas en 2012". Es decir, relaciona directamente el deterioro de la sanidad pública con el auge de las pólizas privadas.

La Fundación Idis -organización que aglutina al sector sanitario privado- interpreta que esta situación es una buena noticia para la sanidad pública. Consideran que el papel creciente de sus empresas "contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público" ya que, entienden, se "liberan recursos" porque los ciudadanos que "cuentan con un seguro privado no consumen, o consumen solo en parte los recursos públicos".

El sistema se ha deteriorado al mismo tiempo que los gobiernos central y autonómicos invertían menos en sanidad pública. El Sistema de Cuentas de la Salud refleja que el gasto público cayó desde 2011 a 2015 (últimos datos verificados): de 75.000 a 71.000 millones de euros para sostener la atención sanitaria (y eso que en 2015 hubo un repunte). En ese mismo tiempo, las familias tuvieron que aumentar su aportación directa más de 3.000 millones: de 20.500 a 23.800. Un salto del.....16% experimentado en pleno estirón de los ingresos de las empresas privadas dedicadas a la salud.

El análisis de AON también explica que hay "cada vez mayor concienciación de la sociedad en torno a la salud". Demanda que ha encontrado hueco en el sistema privado. En palabras de un informe de la Fundación Idis: "En un contexto de dificultades financieras, la Administración Pública opta por una política de transferencia de costes hacia las familias".

Una cascada o una carta inventada

Además de las grandes cifras, van sucediéndose episodios de desgaste en centros sanitarios públicos del país. A mediados del pasado enero, una catarata en la UCI pediátrica del hospital 12 de Octubre de Madrid obligó a evacuar a los niños internos. El reventón de una tubería hizo que la unidad se desperdigara por tres plantas diferentes para acometer las reparaciones. "Se pone en riesgo la seguridad de los pacientes", dijeron los sanitarios. Ese mismo centro vivió en 2016 varios desprendimientos de techos por la falta de mantenimiento. También el agua anegó en enero el área de urgencias lleno de pacientes de otro gran hospital madrileño, La Paz (que siempre asoma entre los mejor valorados de España).

Pero no todo es Madrid. En Castilla y León, hace unas semanas, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, tuvo la idea de redactar un escrito que salía al paso de las críticas a su gestión para hacerla pasar por carta espontánea de jefes de servicio hospitalario. La misiva vio la luz pública el mismo día que se celebraba una manifestación de protesta contra, decían los concentrados, las privatizaciones, las listas de espera encubiertas y la precarización de los profesionales sanitarios. De hecho, el nuevo hospital de Burgos se ha erigido en ejemplo ilustrativo de los sobrecostes a la hora de poner en marcha un centro privatizado dentro de la red pública.

El sistema por el que se creó el centro burgalés, el denominado de "colaboración público-privada", vio sus primeros pasos en la Comunitat Valenciana mediante la puesta en marcha del hospital de La Ribera, el ya célebre modelo Alzira. Una manera de gestionar la sanidad pública que externaliza prácticamente todos los servicios: desde la construcción del hospital a la asistencia médica a cambio de un canon público que aportan las arcas autonómicas. Porque dentro de las partidas que alimentan al sector sanitario privado también se cuenta el dinero que reciben de conciertos y concesiones con las administraciones. Hasta 1.525 millones de euros en 2016, según el informe de DKB.

Este modelo es el que la Generalitat valenciana está en proceso de reversión. Tras pasar por varias fases en los juzgados por las resistencias de la concesionaria Ribera Salud, la consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha reclamado más de 100 millones a la empresa por los pagos excesivos que el Ejecutivo realizó a la empresa durante su gestión del área de salud asignada.

El mapa d también puede extenderse a Galicia donde hace solo unos días, los jefes de urgencias pidieron a la Xunta que tomara medidas para atajar el colapso en sus servicios. Un sistema sanitario el gallego en el que se dan circunstancias tan precarias como contrataciones para jornadas de dos horas, llamadas de última hora para incorporar a profesionales sanitarios y series constantes de contratos temporales para cubrir puestos estructurales. También al arrancar 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Junta por utilizar personal temporal durante ocho años en los mismos puestos sin justificación

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El negocio de la sanidad privada crece imparable a costa del deterioro del sistema público

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Los ingresos de las empresas sanitarias y aseguradoras de salud subieron un 16% en cinco años, mientras la inversión pública bajó casi un 6% entre 2010 y 2015Los analistas atribuyen parte del auge a "las deficiencias en el sector sanitario público que sigue sufriendo las medidas restrictivas tomadas en 2012"Precariedad de los sanitarios, saturación en los servicios o las recientes inundaciones en hospitales, la traducción concreta del menoscabo del sistema públicoOPINIÓN | Ocho razones para defender la sanidad pública, por Esther Samper

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Todas las cifras del sector sanitario en España. Entra ya y descubre los datos de la sanidad española.

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La sanidad sigue siendo motivo de preocupación en nuestra sociedad debido a que se encuentra con un problema que se cronifica en el tiempo, que es el de la falta de solvencia y sostenibilidad progresivas, motivadas fundamentalmente por una necesidad de mejora en la gestión eficiente de los recursos, por una deriva sociodemográfica imparable y por una creciente exigencia planteada por los constantes avances científicos y tecnológicos que es necesario incorporar.

Ante este problema, es necesario que todos los agentes implicados en el cuidado de la salud tengan una visión integradora de todos los recursos disponibles, públicos y privados, en pro de conseguir una optimización de los mismos y una respuesta a las necesidades y servicios incrementales que van a demandar los ciudadanos.

Una gestión adecuada de la sanidad implica utilizar adecuadamente todos esos recursos en aras de conseguir los mejores resultados de salud posibles con las máximas garantías de calidad y seguridad.

"La aportación del sector sanitario privado es clave e ineludible y, de hecho, sin su cooperación, hoy por hoy el sistema nacional de salud (SNS) no podría hacer frente con solvencia a los grandes retos que tiene planteados", indican desde la Fundación IDIS (Institutuo para el Desarrollo e Integración de la Sanidad).

Esta entidad elabora desde hace 8 años un informe anual que quiere ser una radiografía muy completa de los datos del sector sanitario privado, mostrando así ante la sociedad en su conjunto, la extraordinaria aportación al Sistema Nacional de Salud de la sanidad de titularidad privada y del emprendimiento privado en salud.

"El objetivo de este informe es hacer una radiografía de la situación del sector de la sanidad privada: queremos medir sus constantes, no solo con el objetivo de mostrar su realidad y el potencial de un sector pujante y extensivo en innovación, profesionales altamente cualificados, calidad y resultados, sino también para explicar a la sociedad que, pese a los retos y dificultades por los que pasa nuestro sistema público de salud, hay recursos suficientes como para afrontar con éxito el problema presente y futuro si se cuenta con la cooperación de la sanidad de titularidad privada y existe voluntad política real para llevarla a cabo de una forma decidida".

Así lo ha asegurado Luis Mayero, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) durante la presentación del informe "Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2018", que muestra la realidad de la sanidad privada y que actualiza año a año la progresión de su actividad.

La sanidad privada en cifras

El gasto sanitario en España se situaba en el 9,2% del PIB en 2015, lo que supone un ligero incremento respecto a la cifra del año anterior. Según las estimaciones realizadas, el gasto sanitario total en provisión privada asciende al 3,5% del PIB en ese año, lo que supone un gasto aproximado de 36.226 millones de euros.

España cuenta con 8,2 millones de asegurados directos, no mutualistas, que contribuyen a la descarga y ahorro del sistema público en un rango que se sitúa entre 4.369 (si realiza un uso mixto de la sanidad, utilizando tanto sanidad pública como privada) y 9.860 millones de euros aproximadamente al año (cuando exclusivamente utiliza los recursos de la sanidad privada).

En línea con lo observado en años anteriores, el sector asegurador continúa registrando incrementos significativos, tanto en número de asegurados como en volumen de primas. " En 2017 se ha incorporado medio millón de personas, lo que supone un ascenso del 5,1% respecto a al año anterior (por tipología, el 74,4% de los asegurados corresponden a asistencia sanitaria, el 18,5% a mutualismo administrativo y el 7,1% restante a reembolso de gastos)", explica Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS.

Respecto al volumen de primas, se estima que en 2017 han alcanzado un importe de 7.748 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,1% respecto a 2016.

Por otro lado, la sanidad privada presenta una elevada agilidad en la respuesta a las necesidades de la población. A modo de ejemplo, se puede destacar que dispone de una dotación de 451 hospitales en España, lo que representa el 57% del total de centros hospitalarios de nuestro país, con una dotación de 51.332 camas, que suponen el 33% del total de las existentes.

A nivel geográfico, Cataluña, Madrid y Andalucía, se mantienen como las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de camas privadas. Además, de manera global, el sector llevó a cabo el 29% de las intervenciones quirúrgicas, registró el 23% de las altas y atendió el 23% de las urgencias.

Esta accesibilidad a la asistencia sanitaria que ofrece la sanidad privada no se limita exclusivamente a la población residente en España, sino que alcanza también a pacientes de otros países.

Según los datos de Spaincares, marca comercial del Clúster Español de Turismo de Salud, el turismo sanitario registró un volumen económico total de 321,9 millones de euros en 2014, lo que supuso un aumento del 25% respecto al año anterior.

En este punto, el director general de IDIS destaca que "hay que tener en cuenta que nuestro país ocupa la sexta posición a nivel europeo y la octava a nivel mundial como destino de turismo sanitario. De hecho, se estima que en el 2020 la facturación de los pacientes extranjeros alcanzará los 1.000 millones de euros, con el consiguiente beneficio económico para nuestro país".

¿Cómo beneficia la colaboración pública-privada?

Si fijamos la atención en el acceso al sistema, uno de los aspectos que toca este informe es la colaboración público-privada en sus diferentes modelos: conciertos, concesiones y mutualismo administrativo.

Sin duda, se trata de una fórmula idónea para evitar redundancias y duplicidades, contribuyendo a lograr un sistema sanitario eficiente. Por eso la Fundación IDIS considera que el aprovechamiento de todos los recursos, sin tener en cuenta su titularidad, que permitiría obtener niveles de asistencia óptimos y adecuados para la población, debe ser el objetivo indispensable que comprometa al sector público y al privado.

El estudio muestra que el 11,6% del gasto sanitario público se destina a la partida de conciertos: Cataluña es la autonomía que más recursos dedica a esta partida (25,1%), seguida de Madrid (12,4%), Comunidad Valenciana (4,5%) y Andalucía (4,3%).

Por otro lado, las fórmulas de colaboración público-privada están permitiendo a las empresas de tecnología sanitaria convertirse en "socios tecnológicos", desarrollando una colaboración basada en el riesgo compartido; sin duda, estas estrategias para el equipamiento de hospitales permiten actualizar equipos existentes, dotar de forma eficaz nuevos centros o aflorar soluciones específicas para problemas concretos, entre otros aspectos.

Innovación, calidad y formación

La tecnología de última generación es un aspecto clave para el sector sanitario privado. La sanidad privada de nuestro país está en posesión del 56% de los equipos de Resonancia Magnética (RM), del 48% de los PET (Tomografías por emisión de Positrones) y del 36% de los TAC (Tomografía Axial Computerizada). Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña son las que cuentan con más equipos de alta tecnología.

En términos de diagnóstico, en 2015 el sector privado llevó a cabo el 39% del total de las RM, el 16% de los TAC, el 21% de los PET y el 14% de los SPECT. Por otra parte, es importante reseñar que los centros privados participan en 1.327 ensayos clínicos y que Oncología, Cardiología, Respiratorio y Neurociencias son las principales áreas terapéuticas.

Este sector es asimismo un motor generador de empleo en España, con 262.525 profesionales de manera directa (un 65% trabaja en el ámbito extrahospitalario y un 35% el ámbito hospitalario), y contribuye a la formación continuada y especializada (cuenta con 24 hospitales universitarios y ofrece 182 plazas de formación sanitaria especializada).

Composición del sector hospitalario privado

El sector hospitalario privado se caracteriza por la presencia de una serie de agentes que pueden ser clasificados en tres grandes grupos: grupos hospitalarios, hospitales pertenecientes a compañías aseguradoras sanitarias y hospitales independientes.

Respecto a la cuota de mercado, los 12 principales agentes del sector hospitalario privado concentran el 42% de los hospitales privados y el 56% de las camas privadas. Quirónsalud y la Orden de San Juan de Dios son los grupos hospitalarios privados que cuentan con un mayor número de hospitales y camas.

Concretamente, Quirónsalud representa aproximadamente el 10% de los hospitales privados y el 13% de las camas, mientras que la Orden de San Juan Dios cuenta con el 7% de los hospitales y el 12% de las camas.

En relación con la distribución geográfica de los principales agentes, la mayoría se posicionan en diferentes comunidades autónomas, siendo Madrid, Andalucía, Cataluña y País Vasco las que cuentan con una mayor presencia de grupos hospitalarios.

En términos de facturación, los ocho principales agentes del sector alcanzaron una facturación de 4.505 millones de euros en 2016, que representa el 73% del mercado hospitalario no benéfico.

El sector hospitalario privado continúa con la tendencia comenzada hace algunos años de concentración en grupos hospitalarios cada vez más potentes, llegando a un sector cada vez más concentrado.

Otros centros privados

Por otro lado, y al margen de los hospitales, otro tipo de centros que contribuyen de manera significativa a favorecer la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria, mejorando de este modo la atención y la satisfacción de los pacientes, son los centros médicos.

Estos centros están dedicados a la prestación de servicios que no requieren de internamiento u hospitalización. En base a los datos recogidos en el Registro General de Centros y Establecimientos Sanitarios (REGCESS) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en nuestro país existen un total de 10.853 centros médicos.

Por tipología de centro, el 72,9% (7.915) son centros polivalentes, el 20,0% (2.180) son de diagnóstico, el 3,0% (322) son de salud mental, el 1,8% (194) son de reproducción asistida, el 1,6% (171) son centros de diálisis y el 0,7% restante (71) son centros de cirugía mayor ambulatoria.

Asimismo, y al margen de los centros médicos, existen otros proveedores privados de asistencia sanitaria sin internamiento, destacando, entre otros, 14.007 consultas médicas, 23.465 consultas de otros profesionales sanitarios como podólogos o fisioterapeutas, y 21.845 clínicas dentales.

Finalizando, son ocho años los que hace que se constituyó la Fundación IDIS y ocho las ediciones de este informe, aquí expuesto de una forma muy resumida, que intenta mostrar la extraordinaria aportación al SNS de la sanidad de titularidad privada y del emprendimiento privado en salud.

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Análisis de la sanidad privada en España: un sector dinámico

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La sanidad sigue siendo motivo de preocupación en nuestra sociedad debido a que se encuentra con un problema que se cronifica en el tiempo, que es el de la falta de solvencia y sostenibilidad progresivas, motivadas fundamentalmente por una necesidad de mejora en la gestión eficiente de los recursos, por una deriva sociodemográfica imparable y por una creciente exigencia planteada por los constantes avances científicos y tecnológicos que es necesario incorporar.

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El gasto público, excluido pensiones e intereses de la deuda, en 2017 es un 26% inferior al de 2008

El PIB en 2017 fue superior en 50.000 millones de euros nominales al de 2008, pero la parte destinada a salarios aún estaba 12.500 millones de euros por debajo

Los ingresos del 87% de los hogares de España los aportan personas asalariadas o pensionistas

El 93% de los ciudadanos, segundo los datos más recientes del CIS, opine que la situación de la economía es regular, mala o muy mala

Desde la lógica del neoliberalismo se aprovechó la coartada de la crisis para reducir el papel del Estado, tanto en los servicios públicos cómo en las políticas sociales

Nos llevó diez años de dolor y sufrimiento, pero el PIB ya está por encima de 2008 en valores nominales. Por eso debemos hacernos una pregunta fundamental: si ya tenemos el mismo nivel de riqueza que antes de la crisis, ¿por qué ahora vivimos peor? La respuesta es simple: porque la riqueza está peor repartida como resultado de una redistribución de la renta que se puede cuantificar en más de 100.000 millones de euros cada año.

La crisis, pero de manera especial su gestión basada en el neoliberalismo, con las reformas laborales regresivas, la austeridad extrema y los recortes sociales, provocó una redistribución de la renta en contra de la mayoría social.

El PIB de España en 2017 ya fue superior en 50.000 millones de euros nominales al de 2008, pero la parte destinada a salarios aún estaba 12.500 millones de euros por debajo. Tenemos el mismo nivel de riqueza pero menos empleo, más precario y con peores salarios y por eso la mayoría social tiene menores ingresos que antes de la recesión.

La desigualdad en el reparto primario de la renta --entre salarios y beneficios-- es una característica intrínseca al sistema capitalista que intentan corregir parcialmente las políticas públicas propias del Estado del bienestar. Y aquí está la segunda parte del problema, porque desde la lógica del neoliberalismo se aprovechó la coartada de la crisis para reducir el papel del Estado, tanto en los servicios públicos cómo en las políticas sociales.

Lo muestra con claridad una cifra: el gasto público, excluido pensiones e intereses de la deuda, en 2017 es un 26% inferior al de 2008. Esto es, tenemos la misma riqueza, pero muchos menos recursos públicos para la sanidad, la educación o la política social.

También en el denominado reparto secundario de la renta --el que hace el Estado a través de los impuestos y del gasto público-- hay un claro retroceso. Las rentas de capital, las grandes fortunas, los beneficios empresariales, en especial en el caso de las compañías multinacionales y los contribuyentes con rentas más altas, aportan cada vez menos, por culpa de las contrarreformas fiscales de los últimos años. Lo demuestran los datos: baja la recaudación del impuesto de sociedades, del de patrimonio o la contribución de las rentas de capital en el IRPF mientras sube el IVA. El resultado son menores ingresos y una redistribución de la carga fiscal contra asalariados y pensionistas.

La misma riqueza pero peor repartida, y por eso se extiende el malestar social. Los ingresos del 87% de los hogares de España los aportan personas asalariadas o pensionistas. Si los salarios bajan, el empleo se hace precario, las pensiones pierden poder adquisitivo y la protección social y los servicios públicos se recortan, la mayoría social sufre un empeoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.

Salimos de la recesión, es cierto, pero con una gravísima brecha social que se puede cuantificar. En comparación con 2008, los salarios perdieron algo más de tres puntos del PIB lo que equivale a 37.000 millones de euros anuales. Por su parte, el gasto público en servicios públicos y protección social --excluido el gasto en pensiones e intereses-- está 70.000 millones de euros por debajo de 2008.

En conjunto son 107.000 millones de euros, cifra que nos aproxima a la factura que pagamos cada año por una crisis que acabó convirtiéndose en una estafa para la mayoría social.

Esta es la razón que explica que, a pesar del crecimiento del PIB, el 93% de los ciudadanos, segundo los datos más recientes del CIS, opine que la situación de la economía es regular, mala o muy mala. Y tienen razón. Porque salir de la recesión no es salir de la crisis. Porque el crecimiento económico no se traslada a mayor bienestar social. Porque hay crecimiento pero no recuperación. Porque no pasamos de lo macro a lo micro, de las estadísticas a la realidad de la gente.

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El gasto público en España está 70.000 millones de euros por debajo de 2008

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El gasto público, excluido pensiones e intereses de la deuda, en 2017 es un 26% inferior al de 2008 El PIB en 2017 fue superior en 50.000 millones de euros nominales al de 2008, pero la parte destinada a salarios aún estaba 12.500 millones de euros por debajo Los ingresos

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El gasto público en Sanidad aún no alcanza los datos de 2009

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Las cenizas que dejó tras de sí la crisis económica en las inversiones públicas aún asfixia a las administraciones. La partida más importante para el ...

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Los Presupuestos Generales del Estado, PGE, , elaborados por el Gobierno de España, incluyen los gastos previstos y los ingresos estimados de la Administración Central de forma anual. El Gobierno los presenta al Congreso de los Diputados los Presupuestos del año siguiente, al menos tres meses antes de que finalice el año anterior. Las principales fuentes de ingresos son los ingresos no financieros, que incluyen impuestos directos e indirectos (Impuesto de Sociedades, IVA e Impuestos Especiales, básicamente). y tasas. Los gastos pueden analizarse desde el punto de vista los - Los Gastos por función que incluyen como principales las áreas de gasto:

Servicios Públicos Básicos

Actuaciones de Protección y Promoción Social

Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente

Actuaciones de Carácter Económico

Actuaciones de Carácter General

- Los Gastos por Capitulo que incluyen los gastos por capitulo y los gastos financieros. En la tabla de la parte superior puedes ver el detalle de los últimos presupuestos, pinchando sobre cada una de las pestañas. Además puede ver la evolución de cada una de las partidas de gasto y de ingreso ciclando sobre ella y puedes navegar para analizar los presupuestos de los años anteriores. TE RECOMENDAMOS:

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Presupuesto Generales del Estado - España: Pensiones Pensiones 2017

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Los Presupuestos Generales del Estado, PGE, elaborados por el Gobierno de España, incluyen los gastos previstos y los ingresos estimados de la Administración Central de forma anual. El Gobierno los presenta al Congreso de los Diputados los Presupuestos del año siguiente, al menos tres meses antes de que finalice el año anterior.

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La Seguridad Social debe recurrir al fondo de reserva para pagar la extra a los jubilados

La Seguridad Social debe recurrir al fondo de reserva para pagar la extra de las pensiones. Te explicamos las claves mediante preguntas y respuestas de todo lo relativo a la hucha de las pensiones y al pago de estas prestaciones en nuestro país.

-¿El Gobierno tiene capacidad o poder para decidir suprimir la paga extra de los pensionistas?

No podría hacerlo sin cambiar la ley. En todo caso el Gobierno no se está planteando esta posibilidad. Los pensionistas pueden estar tranquilos porque cobrarán su paga en diciembre.

-¿Se ha suprimido alguna vez la paga extra de los pensionistas?

No. El máximo ajuste que se ha hecho con las pensiones ha sido la congelación de las mismas en el año 2011. Una medida aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ante las presiones de Bruselas y el FMI.

-¿Qué cantidad de dinero supone? ¿Cuánto es el mínimo y el máximo que se paga en la extra de los jubilados?

La paga extra de Navidad de los pensionistas cuesta a las arcas públicas 7.500 millones de euros. Se trata de una paga idéntica a una mensualidad de la pensión y por tanto oscila entre la pensión mínima, que para la jubilación es de 618 euros para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo y 763 euros con cónyuge, y la máxima asciende a 2.522 euros :

-¿Nunca se había recurrido al fondo de reserva?

Sí. El pasado mes de julio, ante las tensiones de tesorería, la Seguridad Social recurrió a los excedentes de las mutuas de accidentes para hacer frente a la extra de verano, y en septiembre se usaron algo más de 3.000 millones del fondo de reserva para pagos ordinarios.

-¿Por qué no tiene dinero el Estado para pagar la extra?

Porque la crisis ha hecho disminuir el número de trabajadores y por tanto de cotizantes al sistema de la Seguridad Social, mientras el número de pensionistas sigue creciendo y la cuantía de las pensiones también

-¿Sí tiene para las pagas no extraordinarias?

No depende de si son pagas extraordinarias o no. El problema es que en diciembre tienen que pagar 15.000 millones en lugar de los 7.500 millones de un mes habitual, y el trabajador cotiza doce meses, no catorce, por tanto la Seguridad Social recibe igual dinero de cotizaciones todos los meses, y en diciembre tiene que pagar el doble.

-¿De dónde procede el dinero del fondo de reserva?

Es el excedente de los años de bonanza. La diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los gastos por prestaciones se fue metiendo a esta hucha, que ha llegado a acumular casi 70.000 millones

-¿Ese dinero tiene que devolverlo el Estado al fondo de reserva?

No. Pero cuando vuelvan las vacas gordas, y los ingresos del sistema superen a los gastos, se volverá a dotar la hucha. Además, el fondo está invertido, la mayoría en deuda pública española, y genera unos intereses que también sirven para engordar la hucha.

-¿Para cuántos meses habría dinero si el Estado tuviera que recurrir cada mes al fondo de reserva?

Hay para pagar la nómina de nueve millones de pensionistas durante ocho meses. Pero lo lógico es que se recurra a él para pagar una parte de alguna mensualidad, nunca mensualidades completas y durante varios meses.

-¿La paga extra de los funcionarios podría haberse pagado con ese fondo de reserva?

No. El fondo de reserva de la Seguridad Social solo se puede utilizar para pagar pensiones del sistema, no para pagar sueldos de funcionarios, inversiones, deuda pública, ni cualquier otro tipo de gasto público.

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Preguntas y respuestas sobre la hucha de las pensiones

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La Seguridad Social debe recurrir al fondo de reserva para pagar la extra a los jubilados La Seguridad Social debe recurrir al fondo de reserva para pagar la extra de las pensiones. Te explicamos las claves mediante preguntas y respuestas de todo lo relativo a la hucha de las pensiones y al pago de estas prestaciones en nuestro país.

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Actualizado 03/04/2018 13:18:22 CET
La partida de las becas aumenta en 52 millones, 32 más para becas generales y 20 para nuevas ayudas de excelencia
MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado de 2018
El Gobierno prevé un gasto en Educación de 2.600 millones de euros en 2018, un 3% más (75 millones) que el año anterior, con el objetivo de concentrar los recursos financieros disponibles en programas estratégicos para el sistema educativo, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, presentado este martes 3 de abril en el Congreso de los Diputados.

La partida que más aumenta es la del programa de becas y ayudas al estudio en 52 millones de euros, un 3,4% más, ya que alcanza los 1.575 millones de euros, de los que 32 millones son para becas generales y 20 para un nuevo programa de ayudas para alumnos con un rendimiento académico excelente.

Así, el total que el Gobierno pretende destinar a las becas generales, es decir, las destinadas a los alumnos con bajo nivel de renta familiar, asciende a 1.452 millones de euros, 32 millones más que en el ejercicio anterior, "la dotación más alta de toda la serie histórica", señala el texto presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"Se trata de garantizar que quienes tienen el talento y la voluntad de estudiar más allá de las etapas obligatorias y gratuitas puedan hacerlo al margen de sus circunstancias socioeconómicas, pero a cambio se exige una corresponsabilidad a quien recibe ese esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir con la obligación de estudiar y obtener resultados proporcionales", sostiene el Ejecutivo, que en 2012 elevó los requisitos académicos para acceder y mantener las becas generales.

SE MANTIENE LOS 50 MILLONES PARA LIBROS DE TEXTO

Con cargo a los créditos de este programa, además de financiarse las convocatorias de becas y ayudas de carácter general para niveles universitarios y no universitarios, se compensan a universidades por exenciones y bonificaciones en los precios públicos correspondientes a alumnos becarios, pertenecientes a familias numerosas y con discapacidad.

También se financia entre otras ayudas, la aportación para el desarrollo del programa Erasmus+, las becas para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la cobertura de libros de texto y material didáctico, para la que en el año 2018 se ha mantenido la dotación de 50 millones de euros del ejercicio anterior.

El programa presupuestario de Educación Infantil y Primaria, está dotado en 2018 con 164 millones de euros para Ceuta y Melilla, ciudades autónomas que son competencia directa del Ministerio de Educación, un 3,2% más (5 millones de euros), que tiene como objetivo asegurar un puesto escolar gratuito en los niveles obligatorios de la enseñanza.

El programa de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas está dotado en 2018 con 421 millones de euros, también para Ceuta y Melilla, un 2,1% menos que en el ejercicio anterior (8 millones de euros menos).

Asimismo, para el programa de Formación permanente del profesorado, se prevé un aumento del 0,8% en 2018 frente al año anterior, ya que pasa de 2,68 millones de euros 2,70 millones.

40 MILLONES CONTRA EL FRACASO ESCOLAR

Por otra parte, en este programa para el año 2018 también se han consignado dotaciones, la mayoría de ellas nuevas, por importe de 318 millones de euros al objeto de financiar actuaciones de refuerzo y mejora de la calidad educativa en colaboración con las comunidades autónomas y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

El Gobierno destaca el programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso y abandono escolar temprano, para el que se han consignado dotaciones por importe de 40 millones de euros, 10 más que en 2017. Este programa se dirige a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos y con necesidades específicas de apoyo educativo.

Con estos 318 millones y en colaboración con las comunidades autónomas, el Ejecutivo pretende poner en marcha acciones de mejora, tales como la formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado, el fomento de la Formación Profesional, el impulso a la Formación Profesional Dual y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

BAJA UN 2,5% LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA

La partida del programa de educación compensatoria baja un 2,5% en 2018 respecto al ejercicio anterior, ya que pasa de 4,65 millones de euros a 4,54 millones. Este programa está destinado a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social.

Asimismo, para el programa de deporte en edad escolar y Universidad, dotado en 2017 con 2,11 millones, el Gobierno no pretende destinar fondos en 2018.

Para las Enseñanzas artísticas, la partida aumenta un 5,7 por ciento, hasta los 3,56 millones de euros. Asimismo, pretende invertir 109 millones de euros para el programa de Inversiones en centros educativos y otras actividades educativa s, casi 20 millones de euros más que el año pasado.

TASAS UNIVERSITARIAS

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 contempla también la modificación a la baja las horquillas en las titulaciones universitarias oficiales de Grado, como se hizo el año pasado con las de los másteres no habilitantes.

Así, las comunidades autónomas podrán fijar como tasa en los grados entre el 0 y el 25% de los costes en primera matrícula. Además, el texto contempla que la tasa de reposición de docentes que se jubilan siga siendo del 100%.

También en el ámbito de la enseñanza universitaria, en el que las competencias se encuentran también transferidas a las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación prevé un gasto de 129 millones en 2018 para participar en la financiación de la UNED y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), además del sostenimiento de los centros y escuelas universitarias de Ceuta y Melilla y el funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Para el programa de Educación en el exterior se prevé una partida de 99 millones de euros en 2018 para sostener la oferta de educación española para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria en diversos centros en el exterior. Esta partida aumenta en 3,5 millones de euros respecto a 2017.

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El Gobierno prevé un gasto en Educación de 2.600 millones de euros en 2018, un 3% más que el año anterior

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Actualizado 03/04/2018 13:18:22 CET La partida de las becas aumenta en 52 millones, 32 más para becas generales y 20 para nuevas ayudas de excelencia MADRID, 3 Abr.

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El gasto público en España en 2017, creció 5.971 17.510,5 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros 540.138,9 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

La posición de España frente al resto del mundo en 2017, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 11. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha descendido, al puesto 44 de 189 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

En 2017 el gasto público per cápita en España, fue de 10.247 euros 11.576 dólares por habitante. En 2016 fue de 10.148 euros 11.233 dólares, luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 99 euros 343 dólares. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de 9.189 euros 12.658 dólares. En la actualidad según su gasto público per cápita, España se encuentra en el puesto 25 de los 189 publicados.

Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. España, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 9,77% de su gasto público, a sanidad un 15,14% y a defensa un 2,99%.

Si miramos la tabla de la parte inferior de la página podemos ver la evolución del gasto público público en España. Si te interesa esta información puede interesarte visitar:

El gasto público en España en 2017, creció 5.971 17.510,5 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros 540.138,9 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

La posición de España frente al resto del mundo en 2017, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 11. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha descendido, al puesto 44 de 189 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

En 2017 el gasto público per cápita en España, fue de 10.247 euros 11.576 dólares por habitante. En 2016 fue de 10.148 euros 11.233 dólares, luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 99 euros 343 dólares. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de 9.189 euros 12.658 dólares. En la actualidad según su gasto público per cápita, España se encuentra en el puesto 25 de los 189 publicados.

Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. España, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 9,77% de su gasto público, a sanidad un 15,14% y a defensa un 2,99%.

Si miramos la tabla de la parte inferior de la página podemos ver la evolución del gasto público público en España. Si te interesa esta información puede interesarte visitar:

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El gasto público en España en 2017, creció 5.971 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros . Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

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Otro de los requisitos establecidos para la obtención de la beca consiste en no superar el número máximo de años con la condición de becario. Superarlo puede suponer que nos llegue la siguiente denegación: " Haber sido beneficiario de beca el número máximo de años que permite la Resolución de la Convocatoria ".

Hay que tener en cuenta que estos límites se fijan en función del nivel de estudios en el que nos encontremos, y que dentro del mismo nivel sólo puedes obtener beca el número de años que establece el plan de estudios, salvo excepciones que veremos posteriormente. Una vez hayamos superado y progresado en el nivel de estudios, empezará el cómputo de años para el nuevo nivel.

Así, un estudiante que comienza sus estudios postobligatorios matriculándose en un ciclo de grado medio, cuando finaliza estos estudios se matricula en bachillerato, a continuación se presenta a la Prueba de Acceso a la Universidad o bien opta por matricularse en un ciclo de grado superior y por último se matricula en un Grado Universitario, puede obtener beca en todos los cursos y niveles, siempre y cuando cumpla el resto de los requisitos exigidos.

Vemos en el siguiente cuadro el número máximo de años con derecho a beca tanto para alumnos no universitarios como universitarios, y las distintas excepciones:

Como vemos, la mayoría de los niveles tienen excepciones:

En el caso de estudios Universitarios pasa algo parecido. Las "matrículas parciales" y las "no presenciales" tienen la cuantía "muy limitada" en relación al resto: Las parciales se limitan a la beca matrícula y a la cuantía variable mínima (60 euros), y los no presenciales a la beca matrícula y a la variable completa: Estos estudiantes no pueden acceder a las cuantías fijas ligadas a la renta o a la ayuda de residencia.

En el caso de estudios No Universitarios, los estudiantes con matrícula parcial o no presencial pueden tener beca un año más del fijado en el plan de estudios. Esto se justifica en que los que estudian con estas matrículas han tenido limitada la cuantía de la beca durante todos los años a un máximo de 260 euros, lo cual justifica que, "al menos", la puedan obtener durante un año más en el que continúan cursando sus estudios. Aún así, la suma total de las becas de estos estudiantes sigue representando prácticamente "la sexta parte" de lo que obtienen algunos alumnos con matricula completa.

Además, tanto para estudios universitarios de Grado, como para estudios superiores "no universitarios" (conservatorio, estudios religiosos, arte), se permite obtenerla durante 1 año más de lo que dura el plan de estudios (2 años más en el caso de ingeniería y arquitectura), pero "en el último de estos cursos adicionales" la cuantía de la beca está limitada a la beca matrícula, la variable mínima (60 euros) y el 50% del resto de cuantías que le puedan corresponder. En el caso de estudios de máster en el año adicional solo se puede tener la beca de matrícula.

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¿Cuantos años puedo tener beca? La duración de la condición de becario

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Otro de los requisitos establecidos para la obtención de la beca consiste en no superar el número máximo de años con la condición de becario. Superarlo puede suponer que nos llegue la siguiente denegación: " Haber sido beneficiario de beca el número máximo de años que permite la Resolución de la Convocatoria ".

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La recuperación ha llegado a la escuela concertada mientras que la pública sigue sufriendo los estragos de la crisis. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, el gasto público en conciertos en el año 2015 (cifras aún provisionales) fue de 5.918,316 millones de euros, el mayor de toda la serie histórica y superior a los 5.891,028 millones de 2009, el más alto hasta ahora. Ese gasto récord en 2009 se produjo en el año en el que hubo mayor inversión educativa en España 53.895,012 millones en total, el 4,99% del PIB.

En 2015, sin embargo, las buenas cifras de la concertada contrastan con los recortes que aún se notan en la pública. Las Administraciones Educativas se gastaron en centros públicos 40.730 millones de euros. La inversión aumentó con respecto a 2014 en 1.652 millones pero está muy lejos de los 48.003 millones del año 2009. En total, la enseñanza pública recibió 7.252 millones de euros menos en 2015 que en 2009, mientras que en la concertada el gasto fue de 27 millones de euros más.

Las cifras reflejan también como la concertada ha salido reforzada con respecto a la pública de estos años de recesión. Si en 2009 el gasto en conciertos suponía el 10,9% del presupuesto educativo total, en 2015 alcanzó el 12,6%.

Todas las comunidades autónomas excepto han Andalucía han aumentado la proporción del gasto educativo que dedican a la enseñanza concertada. Las que más, Murcia donde la inversión en centros concertados ha pasado de suponer el 11,8% en 2009 al 16%en 2015 respecto al gasto educativo total y Madrid donde ha subido del 15,9% al 19,9% en ese periodo. En estas dos comunidades la inversión en conciertos ha aumentado a pesar de los recortes y de la caída en el presupuesto global para Educación. También es importante, de más de dos puntos porcentuales, la subida del gasto en concertada en la Comunidad Valenciana (del 13,2% al 15,9% del gasto total) Baleares del 18,2% al 21,1%, Navarra del 18,4% al 21,2% y La Rioja donde ha subido del 14,6% al 17,2% En todas estas comunidades gobernaba el Partido Popular en ese periodo.

En cualquier caso la comunidad que más gasta en conciertos es el País Vasco que en 2015 invirtió el 24,4% del total del gasto educativo en este tipo de enseñanza, en 2009 ya gastaba el 23,2% por lo que ha subido algo más de un punto porcentual.

La única comunidad en la que ha bajado proporcionalmente el gasto destinado a la concertada es Andalucía, casi un 0,4%. Además en Castilla y León el porcentaje no ha variado entre 2009 y 2015 y se mantiene en el 12,6%.

La Directora General de centros educativos de la Región de Murcia, María Dolores Valcárcel, reconoce que se han incrementado los conciertos atendiendo, asegura, a la demanda social: "El aumento del presupuesto destinado a conciertos entre 2009 y 2015 se debe al crecimiento vegetativo de los centros educativos que aún no están concertados completamente", explica en declaraciones a la SER en una grabación remitida por la propia consejería de Educación de Murcia.

Valcárcel añade que con ese 16% del gasto se atiende al 24% de los alumnos murcianos y que entre los compromisos del Gobierno regional está "garantizar la complementariedad de la enseñanza concertada con la pública" y "la libre elección de centro a las familias".

Una explicación parecida da la Comunidad de Madrid. En una respuesta por escrito la consejería de Educación explica que el incremento en el gasto en conciertos se debe "crecimiento vegetativo de los centros". Afirma que entre 2009 y 2015, el periodo analizado, aumentaron en casi 50.000 los alumnos de la concertada mientras que en la pública descendieron en 10.000. Educación responsabiliza del aumento de los conciertos a los anteriores Gobiernos del PP y subraya que Cristina Cifuentes "no ha autorizado la apertura de ningún centro concertado en lo que va de legislatura". Además señala que mientras que los alumnos de la concertada han subido casi un 16% el gasto solo lo ha hecho un 9,6% y recuerda que Madrid equiparó los sueldos de los profesores de la concertada y la pública en 2008 lo que "sólo en los primeros 4 años ha supuesto un gasto de 160 millones de euros".

El profesor de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero, cree que hay dos factores que explican el aumento del gasto en conciertos a niveles previos a la crisis: "En la concertada se puede recortar menos porque la administración pública sólo paga los salarios y, por tanto, es más fácil hacerlo en los centros públicos. Por otra parte, en algunas comunidades, como Madrid, Murcia, Valencia o Cataluña, ha habido una voluntad política de impulsar la concertada y esto hace que en los últimos años, incluida la crisis, haya habido una expansión de centros concertados y un incremento de la participación del gasto en conciertos sobre el gasto educativo total". Calero también subraya que la proporción de alumnos que van a la escuela concertada y los que estudian en centros públicos se ha mantenido estable durante la crisis lo que refuerza la idea de una apuesta política por la concertada. " El número de alumnos se ha mantenido muy estable, también durante la crisis, uno de cada tres alumnos va a centros concertados y dos de cada tres a centros públicos. Sin embargo, sí que ha habido durante la crisis ese crecimiento de la participación del gasto público en centros concertados. Es una evolución que claramente se debe a una voluntad política de dar impulso a los centros privados-concertados".

En este punto coincide con Francisco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras: "Yo creo que las políticas del Gobierno han tenido un claro sesgo privatizador y eso es una opción ideológica y política. Ha habido una apuesta clara por favorecer la privatización de la enseñanza por parte de la mayoría de las administraciones educativas del partido popular". García también recuerda que los recortes en la enseñanza pública han hecho aumentar el gasto privado de las familias durante la crisis - que ha pasado de representar el 0,8% del PIB al 1% - lo que afecta a la equidad del sistema educativo y a la igualdad de oportunidades de los alumnos con menos recursos.

Para Calero, experto en Economía de la Educación, la equidad del sistema educativa se basa en la fortaleza de la red pública: "Parece que un sistema donde hubiera más participación del sector público sería un sistema educativo con más posibilidades de igualdad. Una mayor presencia de colegios concertados abre más las puertas a la capacidad de elección, lo que también supone una reducción de la igualdad, supone más segregación, normalmente. Ahora, siempre en política educativa tenemos estos dos polos: la igualdad y la capacidad de elección. Unas políticas se orientan hacia un tipo de objetivo, otras hacía otro".

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El gasto público en colegios concertados marca un récord en 2015

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La recuperación ha llegado a la escuela concertada mientras que la pública sigue sufriendo los estragos de la crisis. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, el gasto público en conciertos en el año 2015 (cifras aún provisionales) fue de 5.918,316 millones de euros, el mayor de toda la serie histórica y superior a los 5.891,028 millones de 2009, el más alto hasta ahora.

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El gasto total no financiero de los Administraciones Públicas en 2017 ascendió a 467.126 millones de euros, un 4,4% menos que en 2012, según el informe sobre el gasto público que acaba de dar a conocer el Ministerio de Hacienda.

Así se desprende de un informe sobre el gasto público elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, que refleja una paulatina reducción del gasto público en porcentaje del PIB entre 2012 y 2017, así como en términos absolutos.

En concreto, el gasto público ha pasado de los 500.177 millones que suponía en el año 2012, tras la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, hasta los 478.126 millones con los que cerró el año 2017. No obstante, esta reducción se debe en su mayoría al ajuste del gasto público realizado en el año 2013.

Según el informe, la evolución del gasto de las administraciones públicas en los últimos años se encuentra afectada de forma directa por los efectos de la crisis financiera y el proceso de reestructuración del sistema bancario.

Las partidas que más redujeron su gasto entre 2012 y 2017 fueron las de servicios públicos generales (-6%) y asuntos económicos (-46,4%), frente al alza del resto: defensa (+7,6%), orden público y seguridad (+1,4%), protección del medio ambiente (+8,3%), vivienda (+6%), Salud (+7,3%), actividades recreativas, cultura y religión (+0,3%), Educación (+7,5%) y protección social (+5,6%).

¿Qué partidas han aumento o disminuido su gasto público entre 2012 y 2017?

El gasto público en servicios públicos generales y en asuntos económicos ha sufrido el mayor recorte.

Si se tiene en cuenta la cantidad de gasto, la protección social (prestaciones por desempleo o pensiones) representó un 16,55% del PIB en 2017, seguido del gasto en Salud (5,95%), servicios públicos generales (5,56%), Educación (3,99%), asuntos económicos (3,81%), orden público y seguridad (1,84%), actividades recreativas, cultura y religión (1,09%), Defensa (0,89%) y protección del medio ambiente (0,86%).

Por administraciones públicas, la Administración Central es la que realiza una mayor gasto, con 218.187 millones de euros en 2017, un 0,7% menos que el año anterior; seguida de las comunidades autónomas, con 173.384 millones (+3,2% interanual); los fondos de la Seguridad Social, con 165.193 millones (+2,1%), y las corporaciones locales, con 67.00 millones (+4,8%).

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Radiografía del gasto público de España, en datos y gráficos - elEconomista.es

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El gasto total no financiero de los Administraciones Públicas en 2017 ascendió a 467.126 millones de euros, un 4,4% menos que en 2012, según el informe sobre el gasto público que acaba de dar a conocer el Ministerio de Hacienda.

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Gasto anual por alumno en los diferentes colegios

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Gasto anual por alumno en los diferentes colegios

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La educación pública en España es más cara en muchos casos que esos colegios a los que van los ricos. O por decirlo de otro modo, al que llevan los políticos a sus hijos, porque la mayoría no apuesta por lo público. Los datos del Ministerio de Educación sorprenden. Porque dejan negro sobre blanco que el coste medio del alumno por clase en una escuela pública cuesta como un selecto centro para hijos de clase alta.

Nadie duda de que todo lo que sea pagar impuestos para la educación es necesario, pero también que ese esfuerzo debe tener una exigencia detrás, y calidad. Porque se paga para ello. El último informe del Ministerio deja claro que en las clases de los colegios públicos no hay más alumnos que en uno privado, hay menos, y que el dinero que se gasta (ahora con grandes rebajas en becas y ayudas) es alto. Al menos lo suficiente para que la gente quisiera ir a los colegios públicos... y no esperar a ser admitidos en otros.

El gasto anual por alumno en la escuela pública en España es superior al de la Unión Europea (UE), 7.861 euros frente a los 6.820 euros de la Unión. Una cifra que se destina en todos los niveles educativos, siendo mayor en Secundaria, con un gasto por alumno en centros públicos de 8.516 euros frente a los 6.071 de la U.E, según los datos del informe anual "Datos y Cifras del Curso Escolar" recién presentado . Estas cifras ponen de manifiesto que la sensación de que lo público es gratis, y lo privado más caro, no es del todo real. Lo que sí se debe exigir es que si el estudio en una pública cuesta en España tanto o más como muchos colegios privados o concertados

Con esos 7.861 euros anuales por alumno, cualquier padre podría inscribir a su hijo en uno de los colegios más caros de España. Todos los padres conocen colegios como el Liceo Francés (5.163 euros al año), Montessori (2.605 al trimestres en Madrid), el Alemán (3.790 euros al año en Vizcaya), La Miranda (Barcelona) 625 euros al mes. Colegios con fama... y caros.

Según el ránking anual '100 colegios' que elabora el diario El Mundo, solo existen nueve centros privados en España donde su importe máximo supere esos 7.861 euros que el Estado dedica a la educación de los alumnos de la enseñanza pública. Es solo un ejemplo para ilustrar la idea. El más caro es el International College Spain (1.653 euros/mes), seguido del Sotogrande (1.370), el Swans (1.333), el American School (1.250), el King's College (1.236), el San Francisco de Paula (1.145), el San Patricio (1.050), el SEK Catalunya (879) y el The lady Elizabeth (880). Solo estos nueve centros superan a los 7.861 euros destinados a los alumnos de la pública.

El gasto público educativo se sitúa en 2013 en el 4,55 por ciento del PIB (excluidos los capítulos financieros) -según cálculos basados en los presupuestos iniciales-, lo que significa un nivel inferior a 2008 (4,62 por ciento), año en el que la crisis económica comenzó a azotar a España.

La distribución del gasto público en educación (47.220,5 millones) se hace de la siguiente forma: un 63,4% en personal, un 11% en conciertos y subvenciones a la enseñanza privada, 17,7% en otros gastos corrientes, un 7,4 en gastos de capital y un 0,5% en activos y pasivos financieros.

La distribución por nivel educativo quedaría de la siguiente forma: Educación Infantil, Primaria y Especial, acumulan un 32,9%; en la ESO, el Bachillerato y FP, un 30,2%; y un 20,2% en Educación Universitaria.

Este curso escolar registra 80.971 alumnos más que el año pasado

El informe prevé que el alumnado de las enseñanzas generales no universitarias suba un 1 por ciento este año académico, lo que se traduce en 80.971 alumnos más que en el curso anterior, alcanzando los 8.087.347 matriculados en total.

Una cifra a la que harán frente los 27.790 centros de Enseñanza, 18.855 públicos, donde en 2012 se matricularon el 68,3% de los alumnos, y 8.935 privados, siendo los de Educación Primaria los más numerosos con 10.317 centros.

Y mientras los alumnos de entre 4 y 16 años aumentan, el alumnado en Educación Infantil registra un descenso en 13.800 alumnos, una caída provocada por los pocos nacimientos registrados desde 2008.

Más alumnos por profesor en la privada (13,5) que en la pública

Según los datos del informe en base a las cifras del curso pasado, el total de profesorado se situó en 664.325 profesionales. Dentro de la enseñanza pública trabajan 474.993 profesores, 232.862 de ellos en primaria y 171.850 en secundaria. Los centros privados y concertados cuentan con 189.332 profesores. Cifras que registran el incremento del profesorado desde 2002 en un 20%. Estos datos demuestran que hay más alumnos de media por profesor en la enseñanza privada y concertada (13,5) que en la pública (11,6).

Si comparamos nuestras cifras con el resto de Europa no salimos mal parados. Reino Unido (17,7), Países Bajos (16,3), Alemania (15,7) o Italia (12) tienen de media más alumnos por profesor que España, pero, por contra, Austria (10,2), Bélgica (10,5) o Portugal (9,1) tienen un ratio menor.

El número de estudiantes extranjeros ha disminuido en el último año

En cuanto al alumnado extranjero, desde 2008-2009 se ha frenado el ritmo de incorporación, con un descenso en 2012 de 26.080 alumnos. En total, son 755.156 alumnos de fuera de España los que estudian en centros públicos y privados de las diferentes comunidades autónomas. Las comunidades que mayor número de estudiantes extranjeros tienen son La Rioja (15,2%), Islas Baleares (14,6%), Catalunya (12,9%) y Aragón (12,7%).

En cambio, las que menos alumnos tienen procedentes de fuera de España son Extremadura (3,1%), Galicia (3,7%), Ceuta (4,1%) y Asturias (4,6%).

Por lugar de origen, el 26,1% proceden de Unión Europea, un 4% del resto de Europa, un 27,5% de África, un 34,8% de América y un 7,5% de Asia y Oceanía. Un dato curioso es que la mayor parte de los alumnos procedentes de África se concentran en Ceuta, Melilla y Murcia, mientras que las regiones que tienen mayor porcentaje de alumnos que vienen de la Unión Europea son Castilla-La Mancha, Valencia y Aragón.

Además, un 82,5% de los niños y adolescentes extranjeros estudian en centros públicos, mientras que en los concertados se concentran un 13,7% y un 3,8% en los privados.

El inglés se estudia como la primera lengua extranjera

El inglés es hasta ahora la primera lengua extranjera en todos los niveles educativos. En Educación Infantil de Segundo Ciclo, el 73,3% de los peques lo estudian; en Educación Primaria suman un 98,6%; en ESO son el 98,1% los que estudian este idioma; mientras que en Bachillerato lo aprenden el 95,5%. Muy por debajo, se encuentra el francés como primer idioma, que no llega ni al 2% en ningún caso.

En el caso de la segunda lengua extranjera más estudiada es el francés, llegando en el caso de la ESO al 36,9%, pero en ningún caso supera este porcentaje.

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El gasto anual por alumno en la pública es de 7.861 euros, más caro que muchos de ricos

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7.861 euros al año es el dinero que destina el Estado a cada alumno de la enseñanza pública. Tan caro como muchos privados y concertados.Hay más alumnos por profesor en la enseñanza privada y concertada (13,5) que en la pública (11,6).

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El gasto no financiero de las administraciones cayó en 2017 al 41% del PIB, 1,2 puntos menos que en 2016. La regla de gasto impide obliga a las AAPP a ajustar su déficit por la vía de los empleos

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El gasto en pensiones cae por debajo del 10% del PIB por primera vez en la era Rajoy. Noticias de Economía

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Pensiones: El gasto en pensiones cae por debajo del 10% del PIB por primera vez en la era Rajoy. La Seguridad Social empleó 115.729 millones en el pago de las pensiones contributivas, equivalente al 9,9% del PIB. Desde 2013 ha recortado en seis décimas su participación en la economía

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El Ministerio de Educación prevé aumentar en 50 millones de euros el dinero para becas y ayudas para estudios postobligatorios en los presupuestos de 2018. Se trata de un incremento del 3,5%, el mayor desde que el PP implantó el nuevo sistema de becas, aunque la cantidad total aún está por debajo del máximo alcanzado con el PSOE en 2011.

En total el Ministerio de Educación quiere destinar a estas becas y ayudas en 2018 1.470 millones de euros, según se refleja en el plan estratégico de subvenciones para los próximos dos años y han confirmado a la SER fuentes del departamento de Méndez De Vigo. Son 50 millones más que en los últimos presupuestos, los de 2017, para becas y ayudas de caracter general y suponen el mayor incremento desde 2014, cuando entró en vigor un nuevo modelo de reparto de las ayudas con un presupuesto cerrado.

Hasta entonces, con los gobiernos socialistas, el dinero invertido en becas dependía del número de solicitantes. En 2011, el último con el antiguo modelo, se presupuestaron 1.168 millones para becas pero se acabaron gastando más de 1.500 millones. El sistema actual ha provocado que la cuantía de las becas universitarias haya caído unos 600 euros de media y ha perjudicado las expectativas de decenas de miles de estudiantes, según datos de los rectores. El número de becarios se ha incrementado en un 10% y supera los 300.000 por el empobrecimiento de las familias y a pesar de que se han endurecido los requisitos.

El Ministero de Educación se asegura que el incremento en la partida de becas, condicionado a que se aprueben los presupuestos de 2018, refleja "el compromiso reiterado del ministro Méndez de Vigo en mejorar las ayudas a los estudiantes". El aumento presupuestario previsto para este año es sensiblemente mayor al de años anteriores. Entre 2014 y 2017 el presupuesto para becas ha crecido un 0,6%, 9 millones de euros.

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Educación prevé subir en 50 millones el dinero para becas en 2018

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El presupuesto total ascendería a 1470 millones de euros, un 3,5% más que en 2017. Se trata del mayor aumento desde 2014, cuando entró en vigor el nuevo sistema de ayudas al estudio, aunque la cantidad total aún está por debajo del máximo alcanzado con el PSOE en 2011.

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El gasto total no financiero de los Administraciones Públicas en 2017 ascendió a 467.126 millones de euros, un 4,4% menos que en 2012, según el informe sobre el gasto público que acaba de dar a conocer el Ministerio de Hacienda.

Así se desprende de un informe sobre el gasto público elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, que refleja una paulatina reducción del gasto público en porcentaje del PIB entre 2012 y 2017, así como en términos absolutos.

En concreto, el gasto público ha pasado de los 500.177 millones que suponía en el año 2012, tras la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, hasta los 478.126 millones con los que cerró el año 2017. No obstante, esta reducción se debe en su mayoría al ajuste del gasto público realizado en el año 2013.

Según el informe, la evolución del gasto de las administraciones públicas en los últimos años se encuentra afectada de forma directa por los efectos de la crisis financiera y el proceso de reestructuración del sistema bancario.

Las partidas que más redujeron su gasto entre 2012 y 2017 fueron las de servicios públicos generales (-6%) y asuntos económicos (-46,4%), frente al alza del resto: defensa (+7,6%), orden público y seguridad (+1,4%), protección del medio ambiente (+8,3%), vivienda (+6%), Salud (+7,3%), actividades recreativas, cultura y religión (+0,3%), Educación (+7,5%) y protección social (+5,6%).

¿Qué partidas han aumento o disminuido su gasto público entre 2012 y 2017?

El gasto público en servicios públicos generales y en asuntos económicos ha sufrido el mayor recorte.

Si se tiene en cuenta la cantidad de gasto, la protección social (prestaciones por desempleo o pensiones) representó un 16,55% del PIB en 2017, seguido del gasto en Salud (5,95%), servicios públicos generales (5,56%), Educación (3,99%), asuntos económicos (3,81%), orden público y seguridad (1,84%), actividades recreativas, cultura y religión (1,09%), Defensa (0,89%) y protección del medio ambiente (0,86%).

Por administraciones públicas, la Administración Central es la que realiza una mayor gasto, con 218.187 millones de euros en 2017, un 0,7% menos que el año anterior; seguida de las comunidades autónomas, con 173.384 millones (+3,2% interanual); los fondos de la Seguridad Social, con 165.193 millones (+2,1%), y las corporaciones locales, con 67.00 millones (+4,8%).

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Radiografía del gasto público de España, en datos y gráficos - elEconomista.es

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El gasto total no financiero de los Administraciones Públicas en 2017 ascendió a 467.126 millones de euros, un 4,4% menos que en 2012, según el informe sobre el gasto público que acaba de dar a conocer el Ministerio de Hacienda.

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Los Presupuestos Generales del Estado, PGE, , elaborados por el Gobierno de España, incluyen los gastos previstos y los ingresos estimados de la Administración Central de forma anual. El Gobierno los presenta al Congreso de los Diputados los Presupuestos del año siguiente, al menos tres meses antes de que finalice el año anterior. Las principales fuentes de ingresos son los ingresos no financieros, que incluyen impuestos directos e indirectos (Impuesto de Sociedades, IVA e Impuestos Especiales, básicamente). y tasas. Los gastos pueden analizarse desde el punto de vista los - Los Gastos por función que incluyen como principales las áreas de gasto:

Servicios Públicos Básicos

Actuaciones de Protección y Promoción Social

Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente

Actuaciones de Carácter Económico

Actuaciones de Carácter General

- Los Gastos por Capitulo que incluyen los gastos por capitulo y los gastos financieros. En la tabla de la parte superior puedes ver el detalle de los últimos presupuestos, pinchando sobre cada una de las pestañas. Además puede ver la evolución de cada una de las partidas de gasto y de ingreso ciclando sobre ella y puedes navegar para analizar los presupuestos de los años anteriores. TE RECOMENDAMOS:

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Presupuesto Generales del Estado - España: Cultura Cultura 2017

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Los Presupuestos Generales del Estado, PGE, elaborados por el Gobierno de España, incluyen los gastos previstos y los ingresos estimados de la Administración Central de forma anual. El Gobierno los presenta al Congreso de los Diputados los Presupuestos del año siguiente, al menos tres meses antes de que finalice el año anterior.

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España es un país en el que los pensionistas y jubilados tienen un notable peso político y social. Tanto, que con apenas unos meses de protestas por las reducidas subidas que han registrando sus pensiones, ya han conseguido que el Gobierno confeccione unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "pensados para los pensionistas", y en los que el gasto en prestaciones acapara ya el 41% del total.

En concreto, y según explicó ayer Cristóbal Montoro tras entregar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la cifra destinada al pago de pensiones en 2018 será de 144.834 millones de euros, lo que supondrá un incremento de más de 5.000 millones respecto al ejercicio anterior.

Durante la presentación de las cuentas "más sociales de la historia", el ministro de Hacienda mostró la espectacular subida que ha experimentado el gasto en pensiones, triplicándose desde los 45.340 millones de 1996. En consecuencia, el gasto en protección social, que incluye además del pago de las prestaciones, el desempleo y los servicios sociales, está ya en casi 200.000 millones de euros y supone más de la mitad del gasto total anual.

Y es que al repunte del número de beneficiarios y al incremento de la pensión media, este ejercicio hay que sumarle las importantes medidas que el Gobierno ha incluido para tratar de contener las protestas de los pensionistas, asegurarse el voto a favor de las cuentas de Ciudadanos y acumular más méritos para atraer al Partido Nacionalista Vasco (PNV) a pesar de su postura oficial de rechazo dado el contexto catalán.

Así, "tres de cada cuatro pensionistas, que suman casi siete millones de personas, se van a beneficiar de iniciativas presupuestarias que suponen incrementos de renta superiores al 0,25% que garantiza el propio sistema de pensiones", explican desde Hacienda, a lo que añaden: "La subida media de las pensiones de viudedad será de 450 euros al año; la de las pensiones mínimas, de 250 euros y las pensiones de hasta 12.040 euros subirán 100 euros de media".

Estos incrementos tendrían lugar de manera retroactiva, esto es, una vez aprobadas las cuentas, lo que según Montoro no debería ocurrir más tarde de junio, los pensionistas tendrían acceso al incremento planteado para todo el año.

Lo mismo ocurriría con el cheque guardería, que supone un incentivo fiscal de hasta 1.000 euros al año, así como con el cheque familiar, que ofrece una reducción fiscal de 1.200 euros al año por cónyuge discapacitado y 600 euros al año por cada hijo que exceda el número mínimo de familia numerosa.

Rebaja de IRPF

Sin embargo, en la p arte principal de la mejora fiscal no se produciría esa retroactividad. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, apuntó que "la rebaja en el IRPF permitirá ahorros de 440 euros al año de media para 3,5 millones de pensionistas y también trabajadores que ganen entre 12.000 y 18.000 euros al año". Pero en este caso la rebaja sólo se aplicaría a partir de su aprobación. Por lo tanto, en 2018 la cifra de 440 euros sería realmente cercana a la mitad, 220 euros, mientras que en los próximos ejercicios la rebaja fiscal sí se aplicaría de manera íntegra.

En el documento presentado también se "incluye el acuerdo firmado con los sindicatos de la función pública con los que el Gobierno reconoce la labor de los funcionarios en la salida de la crisis con una importante mejora salarial entre 2018 y 2020 [que será de, al menos, el 6,9%], la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y la oferta de empleo público". Estas medidas, a diferencia de las mejoras para pensionistas y rentas medias-bajas y bajas, el Ejecutivo sí estaría dispuesto a aplicarlas a través de diferentes decretos ley si finalmente no es capaz de sacar adelante los PGE de 2018. Pero en todo caso, Montoro quiso garantizar que el proyecto de Presupuestos Generales ayer entró en el Congreso " incluyen medidas que mejoran las rentas de más de 13 millones de pensionistas, empleados públicos y asalariados".

Para el resto de la sociedad, en cambio, no contiene ninguna novedad. No hay actuaciones específicas para las rentas medias o altas, ya que el Gobierno considera que a este nivel la recuperación ya ha llegado y que la prioridad son los niveles que todavía no se han beneficiado del fuerte crecimiento que acumula la economía en los últimos ejercicios.

Pensiones aseguradas

Pero aún así, Montoro sí quiso lanzar un mensaje a los ciudadanos que no tendrán un beneficio directo en caso de que se aprueben las cuentas y, en especial, se dirigió a los trabajadores más jóvenes. El ministro hizo referencia directa a la encuesta publicada el lunes por EL MUNDO y en la que se evidenciaba que los menores de 45 años consideran que su pensión no está garantizada.

"Si es lo que piensan, están equivocados. La Seguridad Social no está quebrada y su déficit no puede magnificarse. Es una parte de la Administración y no se puede mirar como si tuviera un régimen propio. Está asegurada por el Estado, como lo ha estado siempre", aseguró el representante del Gobierno, que fue aún más allá y no dudó en restarle importancia a la situación del Fondo de Reserva: "El Fondo de Reserva es un apunte contable, no es una hucha. ¿Cómo va a ser una malla de seguridad de nada si como máximo el Fondo llegó a tener 70.000 millones y este año vamos a pagar 144.000 millones en pensiones".

Sin embargo, la realidad también muestra que, por ahora, las cotizaciones sociales son incapaces de hacer frente a las necesidades del sistema. Por ello, los PGE contemplan un crédito del Estado a la Seguridad Social por valor de algo más de 15.000 millones, lo que representa un 50% más que el pasado ejercicio.

Y a todo hay que sumarle otras partidas importantes como las transferencias a las diferentes Administraciones; la deuda y el desempleo, que se han reducido pero que siguen demandando un esfuerzo importante; o las Infrestructuras, la Defensa y el I+D+i, que aunque no son tan importantes sí han experimentado subidas sensibles. El resultado final es que, a pesar de ser unos Presupuestos que presumiblemente acaban con la austeridad, son también los que menos gastarían en términos de PIB desde 2007: un 40,5%.

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La pensiones suponen ya el 41% de los Presupuestos

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España es un país en el que los pensionistas y jubilados tienen un notable peso político y social. Tanto, que con apenas unos meses de protestas por las reducidas subidas que han registrando sus pensiones, ya han conseguido que el Gobierno confeccione unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "pensados para los pensionistas", y en los que el gasto en prestaciones acapara ya el 41% del total.

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Educación pondrá en marcha el próximo curso un nuevo programa de intercambio de libros dotado con 6,7 millones de euros que permitirá "a 75.000 familias" disponer de forma gratuita de este material escolar, frente a las cerca de 50.000 que se benefician de las ayudas actualmente existentes. Lo anunció ayer la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2018. El programa, que nace del acuerdo con Ciudadanos, se acompañará de 2,2 millones de euros en becas directas. En total, las ayudas para libros supondrán 8,9 millones de euros.

Se trata de un cambio en el modelo de ayudas para libros que todavía está por definir. La Consejería explica que la implantación del programa será "progresivo", pero no aclara en qué cursos arrancará ni cuáles serán los criterios a cumplir por parte de las familias solicitantes. El programa de intercambio de libros sustituirá paulatinamente a las becas directas. Si el año pasado se consignaron 4,6 millones para estas ayudas (según datos de Educación), en 2018 se destinarán 2,2 millones. Pero esta reducción -negada por la consejera en rueda de prensa pero admitida después por su departamento- se compensa con los 6,7 millones para el intercambio del material escolar. En conclusión, se produce un incremento global de 4,4 millones de euros.

1.193 millones de euros es el presupuesto de la Consejería de Educación para 2018, lo que representa un aumento del 4,3%

La iniciativa parte, sin embargo, con polémica. Ciudadanos advirtió ayer de que el acuerdo alcanzado para los presupuestos con el PP contempla 9 millones íntegros para este nuevo programa, y no 6,7. Por su parte, el PSOE puso el acento en que las becas directas se reducen "un 50%", y si bien esa caída se compensaría con el nuevo programa, este no queda garantizado "porque no se ha recogido en el articulado" y puede no ejecutarse.

Frente a las críticas, la consejera insistió en que globalmente se produce un aumento, de forma que las ayudas llegarán a 25.000 familias más, según las previsiones. Sin embargo, las becas que no se incrementan son las destinadas a comedor. La partida se queda en 3,8 millones, la misma cantidad que en 2017.

Un 4% más a la concertada

Los centros de enseñanza concertada recibirán 233 millones de euros en 2018, un 4% más que en este ejercicio. El incremento está relacionado con la extensión de los conciertos a la etapa del Bachillerato. Martínez-Cachá defendió que se trata de "garantizar la libertad de elección de los padres".

Ascensión Ludeña. PSOE: "Se mantiene la desigualdad social"

Para el PSOE, el presupuesto de Educación "mantiene los recortes y aumenta la desigualdad social". La diputada Ascensión Ludeña subrayó que en 2016 "el capítulo de inversiones solo se ejecutó un 28%, mientras que en 2017 solo se ha invertido un 32%". Ahora, en las cuentas de 2018 "nos vuelven a hacer los mismos anuncios que en años anteriores", lamentó. El PSOE acusa a la Consejería de "incumplir su palabra con los profesores interinos, al no recoger su compromiso respecto al verano".

Miguel García Quesada. Podemos: "Una quinta parte va a la concertada"

Podemos denunció que "una quinta parte de los presupuestos" va a los centros concertados, y señaló que "financiamos a la concertada como si fuésemos el País Vasco, mientras que nos comportamos con la pública como si estuviésemos en Melilla". El diputado Miguel García Quesada cuestionó el aumento de 50 millones en los presupuestos anunciado por la consejera, y aseguró que solo 15 se destinan realmente a las políticas educativas públicas.

Juan José Molina. Ciudadanos: "Hay desmotivación en alumnos y docentes"

Ciudadanos pidió "un esfuerzo mayor en infraestructuras, en nuevas tecnologías e innovación" para hacer frente "a la desmotivación de alumnos y docentes". Juan José Molina puso en valor las enmiendas de Cs, como el programa de intercambio de libros de texto. La formación naranja también ha introducido 5 millones para climatizar los centros educativos y 2 millones para el funcionamiento de los mismos". El programa de Enfermería escolar se lleva 3 millones.

Víctor Martínez-Carrasco. PP: "El crecimiento supondrá más calidad"

El PP destacó el incremento en un 4,3% de los presupuestos de la Consejería gracias a la "mejora" económica y a la "priorización" de las políticas educativas por parte del Gobierno regional. El diputado Víctor Martínez-Carrasco aseguró que el crecimiento presupuestario contribuirá a "una mayor calidad del sistema educativo". Además, "permite más inversiones para modernizar centros, más profesores, ayudas y becas a las familias".

El presupuesto de la Consejería alcanzará el próximo año, en total, los 1.193 millones de euros, con un aumento de 50 millones que se van principalmente al capítulo de personal. La consejera lo achacó a que este curso hay "300 docentes más", pero el aumento en esta partida también se debe a la devolución de parte de la paga extra de 2013 retenida a los funcionarios, que todavía estaba pendiente.

Los centros educativos tendrán, de media, un 20% más de fondos para poder gestionar sus gastos (luz, agua, teléfono, material u obras menores). En total, se destinarán 17,5 millones. "De esta forma recuperamos la inversión del año 2012, previa a la reducción que se produjo durante la crisis", subrayó Martínez-Cachá. También se "prioriza" la "mejora de las infraestructuras", con 18 millones para "un plan plurianual, que permitirá a los centros conocer por primera vez las inversiones previstas hasta 2020".

En Formación Profesional aparece "por primera vez" una partida específica para la FP Dual, y también otra para la formación del profesorado. En cuanto al fomento de la enseñanza de idiomas, se destinarán dos millones para la contratación de auxiliares de conversación.

Por otra parte, la atención a alumnos con necesidades especiales se llevará 40 millones, "un 15% más que el año pasado". En otras materias, Martínez-Cachá adelantó la puesta en marcha del "primer Plan de Juventud de la Región".

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Educación cambia el modelo de ayudas a libros "para llegar a 75.000 familias"

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Educación pondrá en marcha el próximo curso un nuevo programa de intercambio de libros dotado con 6,7 millones de euros que permitirá "a 75.000 familias" disponer de forma gratuita de este material escolar, frente a las cerca de 50.000 que se benefician de las ayudas actualmente existentes.

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El gasto público en España en 2017, creció 5.971 17.510,5 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros 540.138,9 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

La posición de España frente al resto del mundo en 2017, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 11. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha descendido, al puesto 44 de 189 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

En 2017 el gasto público per cápita en España, fue de 10.247 euros 11.576 dólares por habitante. En 2016 fue de 10.148 euros 11.233 dólares, luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 99 euros 343 dólares. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de 9.189 euros 12.658 dólares. En la actualidad según su gasto público per cápita, España se encuentra en el puesto 25 de los 189 publicados.

Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. España, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 9,77% de su gasto público, a sanidad un 15,14% y a defensa un 2,99%.

Si miramos la tabla de la parte inferior de la página podemos ver la evolución del gasto público público en España. Si te interesa esta información puede interesarte visitar:

El gasto público en España en 2017, creció 5.971 17.510,5 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros 540.138,9 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

La posición de España frente al resto del mundo en 2017, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 11. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha descendido, al puesto 44 de 189 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

En 2017 el gasto público per cápita en España, fue de 10.247 euros 11.576 dólares por habitante. En 2016 fue de 10.148 euros 11.233 dólares, luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 99 euros 343 dólares. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de 9.189 euros 12.658 dólares. En la actualidad según su gasto público per cápita, España se encuentra en el puesto 25 de los 189 publicados.

Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. España, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 9,77% de su gasto público, a sanidad un 15,14% y a defensa un 2,99%.

Si miramos la tabla de la parte inferior de la página podemos ver la evolución del gasto público público en España. Si te interesa esta información puede interesarte visitar:

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El gasto público en España en 2017, creció 5.971 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros . Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

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España es el quinto país que menos invierte en educación

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España es el quinto país que menos invierte en educación

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España destinó en 2015 un total de 43.780 millones de euros a educación, lo que equivale a un 4,1% del PIB de este año y es el quinto porcentaje más bajo de toda la Unión Europea, según los datos publicados este lunes por Eurostat.

Los únicos países del bloque comunitario que destinaron menos parte de su PIB a educación que España fueron Rumanía (3,1%), Irlanda (3,7%), Bulgaria e Italia (ambos un 4%). Levemente por encima de España se situaron Alemania y Eslovaquia (4,2%) y Grecia (4,3%).

Por el contrario, los socios europeos que destinaron un mayor porcentaje de su PIB a educación fueron Dinamarca (7%), Suecia (6,5%), Bélgica (6,4%), Finlandia (6,2%), Estonia (6,1%) Letonia y Portugal (6%).

En total, los Estados miembros dedicaron 716.000 millones de euros en 2015 a educación, lo que supone un 4,9% del PIB comunitario. Esta partida fue la cuarta más importante de la UE hace dos años, por detrás de la protección social (19,2%), la salud (7,2%) y los servicios públicos generales, como asuntos exteriores y transacciones de deuda pública (6,2%).

En cuanto al gasto en educación por habitante, encabezan la clasificación Luxemburgo (4.685 euros), Dinamarca (3.368 euros ) y Suecia (2.977 euros). Sin embargo, Rumanía (248 euros), Bulgaria (250 euros) y Croacia (494 euros) registraron los menores niveles de gasto en educación por habitante. La media de la UE fue de 1.405 euros por habitante.

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España es el quinto país de la UE que menos dinero invierte en Educación

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España destinó en 2015 un total de 43.780 millones de euros a educación, lo que equivale a un 4,1% del PIB de este año y es el quinto porcentaje más bajo de toda la Unión Europea, según los datos publicados este lunes por Eurostat.

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INE / La organización estadística en España / Inventario de Operaciones Estadísticas / Inventario actual / Ficha IOE actual: 41050

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INE. Instituto Nacional de Estadística. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office. El INE elabora y distribuye estadisticas de Espana. Este servidor contiene: Censos de Poblacion y Viviendas 2001, Informacion general, Productos de difusion, Espana en cifras, Datos coyunturales, Datos municipales, etc.. Q2016.es

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El gasto público en España en 2017, creció 5.971 17.510,5 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros 540.138,9 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

La posición de España frente al resto del mundo en 2017, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 11. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha descendido, al puesto 44 de 189 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

En 2017 el gasto público per cápita en España, fue de 10.247 euros 11.576 dólares por habitante. En 2016 fue de 10.148 euros 11.233 dólares, luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 99 euros 343 dólares. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de 9.189 euros 12.658 dólares. En la actualidad según su gasto público per cápita, España se encuentra en el puesto 25 de los 189 publicados.

Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. España, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 9,77% de su gasto público, a sanidad un 15,14% y a defensa un 2,99%.

Si miramos la tabla de la parte inferior de la página podemos ver la evolución del gasto público público en España. Si te interesa esta información puede interesarte visitar:

El gasto público en España en 2017, creció 5.971 17.510,5 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros 540.138,9 millones de dólares. Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

La posición de España frente al resto del mundo en 2017, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto 11. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha descendido, al puesto 44 de 189 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

En 2017 el gasto público per cápita en España, fue de 10.247 euros 11.576 dólares por habitante. En 2016 fue de 10.148 euros 11.233 dólares, luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 99 euros 343 dólares. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de 9.189 euros 12.658 dólares. En la actualidad según su gasto público per cápita, España se encuentra en el puesto 25 de los 189 publicados.

Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distinta proporción. España, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 9,77% de su gasto público, a sanidad un 15,14% y a defensa un 2,99%.

Si miramos la tabla de la parte inferior de la página podemos ver la evolución del gasto público público en España. Si te interesa esta información puede interesarte visitar:

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El gasto público en España en 2017, creció 5.971 millones, un 1,26%, hasta un total de 478.126 millones de euros . Esta cifra supone que el gasto público en 2017 alcanzó el 41% del PIB, una caída de 1,2 puntos respecto a 2016, cuando el gasto fue el 42,2% del PIB.

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Seguridad Social (España) - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La Seguridad Social de España es el principal sistema de protección social del Estado. Su finalidad es garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas, para hacer frente a determinadas contingencias que pueden situar a la persona (y a quienes dependan de ella) en situación de necesidad.​ La regulación básica de la Seguridad Social se encuentra en el artículo 41 de la Constitución y en el texto refundido de la ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015​).

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elEconomista.es

El sector de las ingenierías españolas mejoró en 2018 su cifra de negocio un 2,3 por ciento, hasta alcanzar los 4.450 millones de euros. Un incremento que viene sustentado por el impulso de la facturación internacional, toda vez que los ingresos en España se mantuvieron estancados en un contexto en el que a la parálisis de la inversión pública se han sumado las dificultades para acceder a la financiación. Un entorno que, pese al repunte de la actividad a nivel global, ha propiciado que el número de empresas y de empleados haya descendido de nuevo.

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Noticias sobre gasto público Página: 0 - elEconomista.es

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elEconomista.es El sector de las ingenierías españolas mejoró en 2018 su cifra de negocio un 2,3 por ciento, hasta alcanzar los 4.450 millones de euros. Un incremento que viene sustentado por el impulso de la facturación internacional, toda vez que los ingresos en España se mantuvieron estancados en un contexto en el que a la parálisis de la inversión pública se han sumado las dificultades para acceder a la financiación.

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El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Consumo y la Red de alerta alimentaria acaba de lanzar una advertencia a los consumidores para que no se extremen las precauciones a la hora de consumir varios lotes de complementos alimenticios de fabricación española. Desde el citado organismo advierten que se ha trasladado una notificación a las autoridades sanitarias de Madrid de la presencia de leche y crustáceos no declarados en el etiquetado de tres complementos alimenticios: el Inmucare de Vital Ballance, el Sacia-T Día de la misma marca y la versión "Noche" de esta misma cápsula.

Según informan desde Sanidad el citado producto ha sido fabricado en Castilla La Mancha y distribuido a establecimientos de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. Desde la red de alerta alimentaria ya se ha dado alerta de estos hechos a las autoridades competentes de las diferentes comunidades autónomas que pudieran verse afectadas. Como medida de precaución en estos casos desde Sanidad apuntan a que "se recomienda a aquellos consumidores alérgicos tanto a la leche como a los crustáceos que pudieran tener los productos anteriormente mencionados que se abstengan de consumirlos". Además se insiste en que para el resto de consumidores estos productos no comportan ningún tipo de riesgo.

Estos complementos no son los únicos afectados. También se alerta de la presencia de crustáceos en el Blok Ultra 9 de la marca Nature Chrome que ha sido distribuido en establecimientos dedicados a la suplementación y en otros tipos de locales de Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias. También en este caso se ha procedido a informar a las autoridades sanitarias del extranjero en este caso a través del sistema de alerta de la Unión Europea ya que este complemento también se vendió en Grecia, Francia, Bulgaria, Lituania y Portugal.

En este caso también como medida de precaución se recomienda a los alérgicos a los crustáceos que no utilicen estos productos bajo amenaza de que sufran importantes problemas de salud. De nuevo se recomienda que en caso de tenerlos acercarse a la tienda más cercana o escribir a través de redes sociales a la empresa con el objetivo de que se devuelva el dinero a los consumidores. También se recuerda que en este segundo caso si no eres alérgico estos complementos no suponen un riesgo para tu salud en ningún caso por lo que no hay que (en este caso) evitar su consumo.

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Sanidad alerta de la peligrosidad de consumir estos complementos alimenticios que se venden en España y los retira del mercado

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El Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Consumo y la Red de alerta alimentaria acaba de lanzar una advertencia a los consumidores para que no se extremen las precauciones a la hora de consumir varios lotes de complementos alimenticios de fabricación española.

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Anuario de Estadísticas Culturales 2017

Nota de Prensa

En 2016 el gasto medio anual por hogar en bienes y servicios culturales fue de 764,4 euros, y el gasto medio por persona se situó en 306,7 euros.

El aumento del empleo cultural (5,8%) y del número de empresas dedicadas a la cultura (1,8%) confirma la tendencia alcista del sector.

Los turistas internacionales que vinieron a nuestro país por motivos culturales, gastaron el año pasado 8.567,1 millones de euros, un 6,5% más que en 2015.

Con el aumento del gasto total de los hogares que confirma el alza de la economía y la salida de la crisis económica, el gasto de éstos en bienes y servicios culturales también ha aumentado. Concretamente en 2016 el gasto de los hogares en Cultura se situó en 14.099,4 millones de euros, un 6,9% más que en 2015, y representó el 2,7% del total de gasto en bienes y servicios.

Por hogar, el gasto medio en cultura se situó en 764,4 euros y, por persona, en 306,7 euros.

El mayor destino del gasto de los hogares españoles en este sector fue en cuotas de plataformas de televisión y radio, tratamiento de la información e Internet (47,9%), seguido de libros y publicaciones periódicas (22,2%) y de servicios culturales (16,3%). De estos últimos, el mayor destino del gasto es acudir a espectáculos y al cine (12,4%).

Por Comunidades Autónomas, los hogares madrileños son los que más gastan en bienes y servicios culturales (357,2 € por persona), seguidos de Aragón (336,9 € por persona), Navarra (335,8 € por persona), Cataluña (334,1 € por persona), Asturias (332,7 € por persona), País Vasco (329,3 € por persona), Baleares (324,3 € por persona) y La Rioja (309,1€ por persona).
Aumenta un 5,8% el empleo en el sector cultural
También son muy significativos los datos de la generación del empleo de empresas vinculadas a la cultura, que en 2016 aumentó un 5,8% respecto al año anterior, situándose en 544,7 mil personas empleadas en el sector, lo que equivale a un 3% del empleo total en España.

Este dato, unido al del número de empresas culturales, que también creció un 1,8%, confirma la tendencia alcista del sector cultural.

En 2016, el número de empresas con actividad económica principal vinculada a la cultura se situó en 114.099, un 3,5% del total de empresas en España. La mayor parte de ellas, el 80% (91.237 empresas), realizan actividades de la industria o los servicios, como la edición, bibliotecas, archivos, museos, cine y audiovisual o artísticas y del espectáculo, entre otras. Tan sólo el 20% restante (22.862 empresas), realizan actividades vinculadas al comercio o alquiler de bienes culturales.

El 63,9% son empresas sin asalariados; el 29,4% de pequeño tamaño, de 1 a 5 trabajadores; el 6,1% tienen de 6 a 49 asalariados y el 0,6% restante son empresas de mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante.
La cultura como motor de otro sector estratégico: el turismo
El 16,8% de los viajes realizados por los residentes en España en 2016 por ocio, recreo o vacaciones fueron iniciados principalmente por motivos culturales, concretamente 14,4 millones de viajes. A ello han de añadirse las entradas de turistas internacionales que son realizadas principalmente por motivos culturales, 8 millones en 2016, cifra que supone el 12,5% del total de viajes de este colectivo.

A estos datos tan relevantes, se añade que en 2016 el turismo cultural de los residentes en España aumentó su volumen de gasto un 9,9%, hasta alcanzar 7.339 millones de euros. Los turistas internacionales que vinieron a nuestro país por motivos culturales, gastaron el año pasado 8.567,1 millones de euros, incrementado su desembolso un 6,5% respecto a 2015.
788,5 millones en exportaciones de bienes culturales
En su conjunto, el valor de las exportaciones de los bienes vinculados a la cultura analizados en 2016 se situó en 788,5 millones de euros, frente a unas importaciones de 666,1 millones de euros, obteniéndose un saldo comercial positivo de 122,4 millones de euros. El comportamiento más favorable del comercio exterior se observa, al igual que otros años, en libros y prensa, con exportaciones por valor de 598,1 millones de euros y un saldo comercial positivo de 253,6 millones.

Según sus resultados, la Unión Europea fue el principal destino de las exportaciones, un 60,2%, seguida de Iberoamérica, con un 23,9%.
Continúa en ascenso la matriculación en Enseñanzas Artísticas
En el curso académico 2016-2017 un total de 396.265 alumnos se matricularon en Enseñanzas Artísticas del Régimen Especial. Esta cifra supone un incremento del 0,9% respecto al curso anterior, continuando el ascenso observado en los últimos años. En la mayor parte de los casos, el 83,2%, se corresponden con enseñanzas de Música, un 9% con enseñanzas de Danza, un 7,2% con enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, un 0,6% con Arte Dramático y el 0,1% restante con los estudios de Máster en Enseñanzas Artísticas.

Toda la información de esta edición del Anuario de Estadísticas Culturales ha sido incorporada a CULTURAbase, base de datos disponible en el área dedicada a estadísticas de la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?L=0).

Anuario de Estadísticas Culturales

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el gasto de los hogares en cultura aumenta un 6

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El gasto de los hogares en cultura aumenta un 6,9%

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Anuario de Estadísticas Culturales 2017 Nota de Prensa En 2016 el gasto medio anual por hogar en bienes y servicios culturales fue de 764,4 euros, y el gasto medio por persona se situó en 306,7 euros. El aumento del empleo cultural (5,8%) y del número de empresas dedicadas a la cultura (1,8%) confirma la tendencia alcista del sector.

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Salud

Durante mucho tiempo las personas cubrieron el tratamiento de sus enfermedades con recursos propios, acudiendo a las distintas alternativas que podían encontrar. Los acontecimientos históricos fueron modificando profundamente la estructura de la sociedad, sus costumbres, su cultura y entre ellos el concepto de salud; de ahí que se forjaran profesiones sanitarias y aparecieran diversos dispositivos asistenciales. Los poderes públicos tomaron conciencia de la necesidad de establecer determinadas garantías a favor de la población, principalmente las que se referían al desarrollo de las medidas higiénicas, la medicina preventiva y el saneamiento ambiental.

Publicada el 26 DE JULIO 2011

Esta situación originó distintas visiones ideológicas y políticas respecto a la asistencia sanitaria en los distintos países, dependiendo de la conformación de las características sociales, políticas, económicas e históricas de cada uno de ellos. Tales características dieron origen a modelos como el Liberal, el Socialista y el Mixto.

Es común en la literatura especializada que se utilice el concepto de modelo y sistemas como sinónimo. Por ello es importante remarcar la diferencia entre ambos para no confundirlos:

El Modelo hace al ámbito de la política y se lo puede definir como "el conjunto de criterios o fundamentos doctrinales e ideológicos en los que están cimentados los sistemas sanitarios", en él se determinan aspectos como: población receptora, quién financia el sistema, prestaciones que se van a dar, actuaciones y competencias de la salud publica-autoridad sanitaria.

Mientras que el Sistema hace a la operatividad y ejecución del Modelo, pero al momento de definirlo aparecen distintas maneras de conceptualizarlo propio de las características y complejidades que guarda.

La Organización Mundial de la Salud los relaciona con el Concepto de Salud en su aspecto más amplio "como un conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud en los hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos y las comunidades, así como en el medio ambiente físico y psicosocial, y en el sector de la salud y otros sectores afines".

Asimismo, la OMS visualiza los distintos actores que lo componen al explicar que "sistema es el conjunto de todas las actividades, oficiales o no, relacionadas con la prestación de servicios de salud a una población determinada, que debe tener acceso adecuado a la utilización de dichos servicios. Integrado por todo el personal de la salud disponible, los procedimientos de formación de este tipo de personal, las instalaciones sanitarias, las asociaciones profesionales, los recursos económicos que por cualquier motivo u origen se pongan al servicio de la salud y el dispositivo oficial y no oficial existente".

Y añade que "todo este conjunto debe armonizarse en un sistema homogéneo que permita utilizar los recursos habilitados para el logro de la máxima satisfacción de los objetivos prefijados: garantizar elderecho a la salud no sólo como un derecho universal, sino como un recurso para el desarrollo social, económico e individual de una persona".

Si bien todo sistema se encuentra incluido en uno mayor, el suprasistema, están quienes consideran que los sistemas de salud son una variante de los sistemas sociales, y como tales aparecen como una de las instituciones y funciones sociales más constantes y de mayor complejidad en la sociedad.

Desde la sociología se ha definido al sistema de salud como "el conjunto de mecanismos sociales cuya función es la transformación de recursos generalizados en productos especializados en forma de servicios sanitarios de la sociedad".
A) Modelos Sanitarios
1. Liberal: La salud en este modelo es considerada como un bien de consumo, que no necesariamente tiene que estar protegida por los poderes públicos en toda su amplitud. La responsabilidad del Estado queda resumida a atender a grupos mas carenciados y vulnerables a las contingencias de la enfermedad, con mínima contribución financiera al sistema por parte del Estado.

Los otros grupos poblacionales (medios y altos) se adhieren a compañías de seguros privados o contratan directamente al proveedor de prestación médica, sin intermediarios. La utilización de los servicios se basa en la ley de la oferta y la demanda.

Este modelo está presente en el Sistema Privado de Estados Unidos, siendo el referente entre otros países. Aspectos relevantes del modelo:

Los proveedores de servicios desarrollan sus dispositivos de acuerdo a los planteamientos de rentabilidad económica. La alta competitividad existente entre los diferentes proveedores para captar clientes hace que la tecnología, y la investigación científico-médica avancen notablemente y atraigan a los mejores profesionales.

Algunas características de este sistema están siendo aplicadas en otros sistemas sanitarios, como el análisis de costes por proceso (utilización desmedida de pruebas complementarias en los diagnósticos y exceso de medicamentos) para hacerlos más eficientes.

Su financiamiento descansa sobre las empresas que cofinancian un contrato de seguro de salud con organismos privados, esta situación genera desventajas y desigualdades para los distintos segmentos de la población. Dos tercios de los empleados reciben esta cobertura. Los trabajadores autónomos, los de tiempo parcial o los que tienen pequeñas empresas deben contratar pólizas individuales mucho más caras, por lo que a menudo las rechazan. Fuera de la empresa no hay derechos. Los jubilados de más de 65 años tienen derecho a una cobertura mínima, para aquellos que no entran en estas categorías: la nada.

Una variante del Modelo Liberal es el Modelo Singapur, que ha introducido en los sistemas sanitarios el concepto de capitalización individual. La financiación se genera en una Central Provisora de Fondos (20% salario del trabajador + 20 % empresarios). Entre el 6-8% va a una cuenta. Cada individuo puede retirar dinero de esa cuenta para cubrir gastos sanitarios.

2. Socialista o Estadista: su característica más relevante es que las prestaciones se dan en condiciones de equidad, gratuidad y universalidad para todos los segmentos de la población. Es financiado en su totalidad por presupuestos generales del Estado. El sector privado es inexistente. De este modelo derivan dos tipos:

a) Modelo Semashko. Comenzó en la antigua URSS y los países del bloque soviético después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1990 Rusia y todos los países comunistas de Europa han abandonado el sistema centralizado, totalmente controlado y operado por el Estado.

b) Modelo Público Unificado. Aplicado en Cuba y Corea del Norte, en este sistema el estado toma un papel relevante en garantizar el acceso a la salud financiando y suministrando servicios de salud directamente a través de un sistema único e integrado verticalmente. La cobertura se otorga con criterios de equidad, gratuidad y universalidad a toda la población. La priorización de la salud pública es a través de la medicina preventiva y la educación sanitaria para incrementar los niveles de salud en detrimento de la creación de servicios asistenciales y medicaciones costosas, como así también la inversión en servicios públicos ha sido una de las características más relevantes e imitadas por otros países. Este sistema es poco eficaz en lo referente al individuo, excluye las opciones de prestaciones bajo el control del consumidor y limita la representación efectiva de los usuarios en la organización del servicio.

3. Mixto. Es común en muchos países europeos y latinoamericanos. Se define por la contribución que tiene el sector público y privado en la gestión del sistema. Según el país, difiere la participación de ambos sectores dándole características propias en la financiación, en los modos de provisión y en la funcionalidad, como así también en los distintos niveles de asistencia.

Dos modelos europeos le dieron origen: Modelo Seguridad Social-Bismarck. Es el más antiguo y el más avanzado del mundo, inspirado en la legislación social de Alemania en 1883.

El estado garantiza las prestaciones mediante cuotas obligatorias.

El modelo garantiza la asistencia sólo a los trabajadores que pagaban el seguro obligatorio, teniendo que constituir redes paralelas de beneficencia para los trabajadores que no "cotizan".

Los profesionales son retribuidos mediante acto médico y las instituciones hospitalarias reciben un presupuesto global.

La red de salud pública queda en manos del Estado, que se constituye asimismo en autoridad sanitaria.

Actualmente todos los ciudadanos de estos países gozan de una sanidad universal, gratuita y en condiciones de equidad.

En segundo lugar el Modelo Impuesto-Beveridge,inspirado en el informe Beveridge de 1942, que formalizó la organización adoptada por Suecia en la década de 1930, y dio origen al Sistema Nacional de Salud en diferentes países.

La Financiación es pública a través de impuestos y mediante presupuestos estatales.

La prestación se da en condiciones de universalidad, equidad, gratuidad y libertad de acceso de toda la población.

La planificación y la salud pública quedan en manos del Estado y descentralizadamente en comunidades autónomas y municipios que deciden y elaboran planes de salud evaluables y de cumplimiento obligado.

Amplio control parlamentario sobre el sistema.

Los medios de producción son estatales aunque existe una parte del sector privado, los pacientes participan en el pago.

Tiene un presupuesto global limitado para las instituciones hospitalarias.

En tercer lugar, cabe mencionar que en Latinoamérica surgieron otros modelos parecidos pero con características históricas y sociales propias de la región.

1- Modelo Segmentado: Es el modelo más frecuentemente utilizado en América Latina. Coexisten tres sectores en el sistema:

- Sector Público: representado por el Estado, quien se ocupa de brindar asistencia a aquellos individuos excluidos del mercado, es decir a quienes pertenecen a los grupos sociales más carenciados y vulnerables y sin cobertura social. Se financia con recursos fiscales que pueden provenir de las finanzas generales o bien de impuestos con afectación específica a esta finalidad. A su vez es el estado es prestador de servicios a través de su red sanitaria.

- Sector Seguridad Social: su organización se descentraliza en entidades intermedias no gubernamentales, pero con alta regulación por parte del estado. La financiación se efectúa a través de aporte de los trabajadores y contribuciones de los empleadores, recursos que tiene el carácter de obligatorios. Por definición, sólo cubre a los aportantes al sistema y su grupo familiar.

- Sector Privado: la prestación de servicios de salud se realiza a través de prestadores privados en el mercado. La financiación la efectúa el usuario demandante mediante el sistema denominado prepago. En general los seguros se contratan individualmente, aunque pueden ser contratados colectivamente. En Argentina lo que debe aportar cada usuario se calcula en base al riesgo de enfermar y de estar enfermo (es decir, a través de las tasas de incidencia y prevalencia de las diferentes enfermedades) y al tipo de servicio.

Estos tres sectores financian el sistema, pero dos de ellos también son prestadores de servicio: el Público y el Privado. Este último brinda servicio a seguros privados como a seguros sociales.

Los problemas que presenta esta conformación le imprimen al área de la salud una lógica peculiar puesto que implica la coexistencia desarticulada de cada uno de estos subsistemas, que difieren respecto a su población objetivo, los servicios que brindan, el origen de los recursos con que cuentan y nivel de decisión en el sistema. A ello hay que sumar la existencia de serios niveles de fragmentación en cada sector.

La interdependencia económica de los tres sectores, la duplicidad de funciones, la ineficiencia en el manejo de recursos y las diferencias importantes de prestación de servicios entre los diversos segmentos de población en relación a su cobertura dan como resultado falta de equidad y discriminación en la prestación del sistema, es decir marcadas ineficacias.

2- Contrato Público (ejemplo de esta modalidad lo representaba Brasil)

* El financiamiento público se combina con una creciente participación privada en la provisión de los servicios de salud, mediante la contratación de servicios.

* La población tiene mayores opciones y los proveedores encuentran más oportunidades para la autonomía y la competencia.

* El presupuesto público global se asigna a un conjunto plural de proveedores en función de ciertos criterios de productividad y calidad.

* Este modelo conduce a la fragmentación de la provisión y complica el control de la calidad y los costos.

3- Pluralismo Estructurado (Es una nueva modalidad que se encuentran transitando Colombia, México, Argentina y Brasil)

Representa un punto intermedio entre los dos polos (público y privado) en los que han funcionado los sistemas de salud, lo que evita los extremos del monopolio en el sector público y la atomización del sector privado. Esta nueva alternativa busca que elsistema ya no esté organizado por sectores sociales sino por funciones. Juegan aquí un rol importante los Ministerios de Salud de cada país asumiendo funciones de rectoría y regulación del sistema y procurando la conducción estratégica, en lugar de ser un proveedor más de servicios de salud.

* La Seguridad Social se convierte en la responsable principal de la financiación y se amplía gradualmente a fin de alcanzar una protección universal, guiada por principios de finanzas públicas.

* La provisión directa de servicios quedaría abierta a todo un esquema pluralista de instituciones, tanto públicas como privadas.

* En las áreas urbanas fomentaría la competencia entre proveedores, y en las áreas rurales otras innovaciones para fomentar el pluralismo serían las cooperativas organizadas y empresas solidarias de salud. En todo caso el reto es incrementar las opciones para los consumidores y los proveedores, con reglas claras que minimicen los conflictos potenciales entre equidad y eficiencia.

En conclusión, se podría afirmar que de todos los modelos descriptos sintéticamente han ido variando en el tiempo y generando cambios en busca de nuevas alternativas para ser más eficientes y guardar mayor equidad en la prestación.

El siguiente cuadro muestra la transición que a nuestro criterio han teniendo y hacia donde van:

La percepción generalizada es que no hay ningún modelo concreto único y puro que permita resolver todos los problemas de salud de la población en nuestro entorno. El modelo sanitario ideal no existe, cualquier modelo que elijamos tiene defensores y detractores por sus propias características y complejidades. La salud en su concepción tiene una dimensión ética que se apoya en valores sociales, políticos y religiosos entrecruzados con distintas visiones ideológicas e intereses de todo tipo que no siempre tienen apreciaciones comunes.

La salud, objetivo de todo sistema, es un bien esencial para la vida, para el bienestar y la economía de un país. La OMS sostiene que la misión de todo sistema es conseguir incrementar los niveles de salud en todos los aspectos y situaciones de la persona aislada y/o en sociedad, por lo que su funcionamiento es condición para establecer indicadores de medición de bienestar y de nivel de desarrollo de una sociedad.

La salud y los servicios sanitarios son una responsabilidad pública y un derecho social. El Estado debe garantizar su protección, promoción y acceso a los servicios de salud de una manera adecuada y oportuna independiente de su clase social, nivel de ingreso, inserción laboral, genero, etnia o edad.

Es común a la mayoría de los modelos descriptos definir a las políticas de salud más allá de los Ministerios de Salud, ya que las consideran intersectoriales abarcando todas aquellas acciones destinadas a mejorar la salud.
B) Características de los Sistemas de Salud comunes a todos los modelos
* Los sistemas de salud son instrumentos operativos diseñados por la autoridad política de los diferentes países para cumplir con sus modelos teóricos sanitarios.

* El rasgo más específico de todos los sistemas salud es su carácter profesional. El médico es el eje del sistema, el tomador de decisiones fundamental (en nombre del paciente) con gran autonomía en sus decisiones.

* Las decisiones médicas en los sistemas de salud determinan la calidad y eficiencia de estos.

* Los sistemas sanitarios permanentemente deben alinear la práctica médica (con sus incentivos e intereses) con la misión y valores del sistema sanitario, articulando la gestión administrativa con la gestión clínica colegiada basada en la autoridad profesional.

* Los determinantes más importantes de la salud individual y colectiva no dependen del sector salud. Este tiene una limitada capacidad de producir salud, aproximadamente un 11%, frente al 89% (que comprende la carga genética, los estilos de vida y el medio ambiente).

* El sector salud es cada vez más relevante en los indicadores macroeconómicos de un país, esta cantidad de recursos genera poderosos intereses en actores económicos con gran influencia en decisiones sanitarias. Ejemplo de ello: Industria farmacéutica, equipamiento médico, profesionales, seguridad social, etc.

* El crecimiento del empleo sanitario respecto a otro tipo de empleo, dan al sector una gran capacidad de presión social y laboral, cuya gestión es en especial problemática. Por ej.: enfermeros, residencias asistidas, servicios socio-sanitarios, cuidados de enfermos crónicos, profesionales concentrados en un mismo empleador (hospitales), un mix de categorías profesionales distintas con diferentes intereses, entre otros.

Los sistemas sanitarios además de ser complejos como se ha descrito se caracterizan por ser parcialmente descriptibles por el gran número de componentes y relaciones que guardan entre las partes hacen que lo comparen, con la caja negra de una compleja máquina con funcionamiento desconocido.

Los sistemas sanitarios, además son sistemas abiertos y por ende interactúan con otros sistemas: el político, el fiscal, educativo y el económico guardando con estos relaciones de interdependencia, es decir el sector salud depende del accionar de éstos, cualquier variación en alguno de ellos tiene fuerte impacto en su ejercicio, tal es el caso del sistema fiscal (recaudador) el proveedor de recursos financieros o la falta de definición y de apoyo del sistema político deja al sistema de salud sin rectoría sobre el todo sanitario. El educativo, pieza fundamental al momento de acompañar en la prevención educando a la población a través de sus métodos sistemáticos y parasistemáticos; y por último, quizás el más relevante el sistema económico que produce fuertes impactos en los distintos sectores cuando tiene desequilibrios relevantes como es el caso de la variaciones en empleo (desempleo).

Mantener el equilibrio en las interacciones de estos sistemas conlleva al mantenimiento del sistema y a mejorar el nivel sanitario produciendo los resultados esperados en la población que se cubre en un país.

A su vez, los sistemas social y ambiental (suprasistemas) contienen al sistema de salud e interactúan permanentemente condicionándolo en su funcionamiento en cuanto al impacto que generan, como así también en su capacidad de dar respuesta a las demandas constantes que presenta el medio, midiendo su capacidad de retroalimentación en términos de eficacia y de eficiencia, es decir, producir los mejores resultados (prolongar la vida, minimizar las enfermedades, las discapacidades, promover el bienestar- satisfacción interna, etc.), en definitiva la satisfacción de los usuarios. Ver grafica (presentación PowerPoint que acompaña este trabajo)
C) Funciones y componentes de los Sistemas de Salud
Los componentes se podrían definir como las partes internas del sistema, que en su accionar determinan el equilibrio operativo del sistema. Los componentes son:
D) Estructura organizativa asistencial de los Sistemas de Salud
Las partes se relacionan a través de funciones: financiación, regulación (legislación), provisión y gestión (planificación y control del sistema).

La organización de la asistencia médica es fruto de la estructura sociopolítica y económica de la sociedad en la que actúa. (Modelo-Sistema).

En los países europeos la atención de salud es bajo la modalidad de dispositivo asistencial, sometido directamente al poder del Estado y gestionado por autoridades y organismos que representan a dicho poder, es lo que se ha denominado servicio nacional de salud. En este sistema los servicios se estructuran dentro del esquema de asistencia integrada con una total planificación estatal, tanto en el aspecto de la distribución geográfica del dispositivo asistencial como en la definición de las prestaciones y en las modalidades de actuación del personal de salud, que quedan reguladas mediante detalladas reglamentaciones. La acción gubernamental comprende la definición de los puestos de trabajo necesarios en el campo sanitario y la creación de los centros de salud y sus niveles de equipamiento, y tiene como objetivo la extensión de las prestaciones a toda la población.

Los países socialistas adoptaron este esquema con carácter general para sus dispositivos de salud, pero también algunos otros países como los latinoamericanos han estructurado esquemas hasta cierto punto similares compartidos con el sector privado.

Tal es el caso que debido a medidas de racionalización económica y la creciente evolución de la asistencia han permitido que en los últimos años, en muchos países europeos parte de la población se oriente hacia la atención médica ofertada por centros sanitarios privados, generando un desarrollo importante de seguros médicos privados y dando lugar al cambio de visión sostenido por muchos años del Sistema Nacional de Salud.

Evidentemente en casi todos los países se avanza hacia modelos mixtos descriptos anteriormente variando algunos de ellos en la modalidad de gestión, esto es, distinta participación del sector público y el privado en la financiación y provisión de servicios.

Podemos afirmar que existe una gran diversidad en relación a la estructura organizativa de la sanidad, los cuales son el resultado de combinar los dos elementos básicos de los que se constituyen todos los sistemas sanitarios:

1. Fuentes de financiación: recursos económicos

2. Proveedores: médicos, hospitales, farmacias, etc.
A pesar de los avances terapéuticos, el constante incremento del costo de la salud, la demanda masiva de asistencia, las repetidas reformas y las desigualdades en la atención médica siguen a la orden del día, tanto entre los países como en el interior de ellos. Numerosos factores inciden en ello: medio ambiente, alimentación y trabajo, las costumbres, entre otros. Pero los sistemas de salud y los modos de financiamiento también generan consecuencias que a diferencia de las anteriores se pueden mejorar interviniendo en sus defectos, como son la burocratización, la ausencia de regulación, la falta de equidad - accesibilidad, la eficiencia tanto micro como macroeconómica; en definitiva "sistemas de salud que garanticen la satisfacción de la población en lo referente a la promoción, prevención, protección y restauración de la salud de los individuos y las comunidades de un país" (OMS).
La estructura asistencial común a la mayoría de los sistemas es:

En conclusión el presente documento ha intentado hacer una descripción conceptual y general de los distintos modelos y sistemas vigentes en gran parte de los países; describir características comunes y complejidades propias del sistema considerado el más complejo de todos los sistemas sociales.

Bibliografía:

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- Alonso J., Calderón C., Duque F., García P., Ortuño I., Organización y Gestión Sanitaria. Anexos. 2001.

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Departamento de Salud Internacional, Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

- CEPAL Serie de Políticas Sociales Nª 121 "La reforma al Sistema de Salud Chileno desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Marcelo Drago. Santiago de Chile 2006

- Documento La Salud como Sistema Dr Hernán Omar Caballero. Mendoza, 2002

- Sojo, Ana. Reformas de gestión de salud en América Latina: los cuasimercados de Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica, CEPAL, Chile, 2000.

- WWW. Sistemas Sanitarios -uah.wikispaces.com

- De Los Sistemas de Salud de Mercosur y Chile Daniel Olesker, Director Instituto Cuesta Duarte P.I.T. -- C.N.T

- Investigaciones Web Los sitios para el análisis internacional comparado de los sistemas sanitarios son, entre otros: El European Observatory on Health Systems and Policies (http://www.euro.who.int/observatory) impulsado por la OMS, varias instituciones y gobiernos europeos (entre ellos España); el International Network Health Policy & Reform (http://www.healthpolicymonitor.org/) que cuenta con un excelente sistema de seguimiento y análisis de reformas sanitarias; la OCDE (www.oecd.org) cuyos datos sobre el sector sanitario son el estándar de referencia para las comparaciones internacionales.

Link permanente:
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/articulos/index/caracterizacion-de-modelos-sanitarios-y-sistemas-sanitarios

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Caracterización de Modelos Sanitarios y Sistemas Sanitarios

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Salud Durante mucho tiempo las personas cubrieron el tratamiento de sus enfermedades con recursos propios, acudiendo a las distintas alternativas que podían encontrar. Los acontecimientos históricos fueron modificando profundamente la estructura de la sociedad, sus costumbres, su cultura y entre ellos el concepto de salud; de ahí que se forjaran profesiones sanitarias y aparecieran diversos dispositivos asistenciales.

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El sueldo de los médicos en España depende de la antigüedad, las guardias y de la comunidad autónoma en la que se ejerce, según datos de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En concreto, el salario medio anual que percibieron los médicos en España en 2013 fue de 64.424,66 euros, según las últimas cifras que registra la organización, unos números que se alejan de la media del conjunto europeo en sanidad, que se quedaron en los 76.549,56 euros. Un año anterior, en 2012, un recorte de 1.720 euros anuales lo dejó en los 62.704 euros,el salario de los profesionales de la salud en España se ha devaluado en 5.000 euros en los últimos dos años.

Los médicos que trabajan en España cobran, de media, 15.124,9 euros anuales menos que el resto del conjunto de países europeos desarrollados, o lo que es lo mismo, casi un 19 por ciento menos, según los datos de 13 países de la Unión analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en este sector.

La nómina de un médico en España (año 2013)

El sueldo bruto anual de un médico del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España fue de 56.104 euros en 2012 en España, según los datos de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Estos datos se elaboraron a partir de un médico cualquiera (sin contar la especialidad) y con 20 años de antigüedad en el ejercicio.

Los médicos se han visto especialmente afectados por los recortes públicos, especialmente los que han aprobado las oposiciones de Sanidad pertinentes. Este profesional ha visto como su retribución se ha reducido un 12,5% en solo dos años. Es decir, los médicos en cuestión habría cobrado unos 64.112 euros brutos anuales en 2010.

Su situación puede además variar en función de la comunidad en la que trabaje. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron los salarios más elevados con una cantidad que asciende a 70.301 euros. Los más bajos se pagaron an Asturias con 46.143 euros anuales. En los salarios también influye el plus de antigüedad. Así, con cinco años de ejercicio, la media salarial baja a 45.651 euros anuales y si se supera los 35 años alcanza los 61.594 euros de media.

La retribución media de un médico de Atención Primaria ha variado de 53.789 euros en 2010 a 48.146 euros brutos en 2012, lo que supone una reducción del 10,51%. Los residentes, por su parte, cobraron 28.858 euros en 2012.

Si lo deseas, puedes consultar el modelo de nómina de un médico en España para saber cómo es y que conceptos, devengos y deducciones se incluyen en su recibo de salarios.
Ejemplo de nómina de un médico en España

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¿Cuánto gana un médico en España? | Nómina de un médico

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El sueldo de los médicos en España depende de la antigüedad, las guardias y de la comunidad autónoma en la que se ejerce, según datos de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

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Con el comienzo de la crisis en 2007 en España, pocos se imaginaban el enorme efecto que tendría en la vida de todos nosotros. En estos 10 años de crisis (que muchos no dan aún por terminada) casi cada faceta de nuestra vida se ha visto influenciada, en mayor o menor medida, por estas circunstancias especiales. La Sanidad, por su vital importancia y por la magnitud de inversión que supone para un país (especialmente para las Comunidades Autónomas) ha sido una de las protagonistas. Ahora que llevamos alrededor de una década de crisis quizás sea un buen momento para echar la vista atrás y preguntarnos: ¿cómo ha cambiado la sanidad española en estos 10 años? ¿En qué se ha visto más afectada?

Sin duda, el factor más importante para responder a estas preguntas es el dinero que se ha invertido (o dejado de invertir) en sanidad durante los últimos años. Es este "detalle" el que determina la magnitud con la que la sanidad se ha visto influenciada. En la web del Ministerio de Sanidad pueden encontrarse las Estadísticas de Gasto Sanitario Público desde 2002 hasta 2015.

Durante el transcurso de esta crisis se pueden observar 3 tendencias diferentes. De 2007 a 2009, pese a la crisis, hubo un aumento del gasto sanitario. A partir de 2009 y hasta 2013 ha existido un descenso evidente y gradual del gasto hasta valores casi de 2007. Y es a partir de 2014 cuando se empieza a notar un cambio con una tendencia hacia un ligero aumento del gasto sanitario. Como explica Javier Padilla en Seis dudas y siete gráficas sobre gasto sanitario en España: se recortó en Sanidad más de lo que decreció la economía y, en general, la Atención Primaria y la Salud Pública han sido el principal objeto de recorte.

Evolución del gasto público en Sanidad

Fuente: Ministerio de Sanidad

¿Cómo nos sitúa nuestra inversión en Sanidad con respecto al resto de países de Europa? Como era de esperar, teniendo en cuenta los datos anteriores, España se sitúa en la posición decimoctava dentro de un total de 28 países europeos en cuanto a porcentaje de inversión en Sanidad por PIB (6.2%), según datos de 2015 de Eurostat. Desde 2011 (6.5% del PIB en Sanidad), el porcentaje de inversión ha ido disminuyendo año a año (excepto 2015) y las previsiones del actual Gobierno son reducirlo aún más hasta 2020 con un porcentaje del 5.6%, datos con los que los inversores en sanidad privada se estarán frotando las manos. Además, desde el 2012 (fecha en la que se modificó la ley de Sanidad) la Sanidad pública española dejó de ser universal y desde entonces sólo están cubiertas las personas que cumplan ciertos criterios.

Otra de las consecuencias de la crisis ha sido que las diferencias en cuanto a inversión en Sanidad entre Comunidades Autónomas se han incrementado drásticamente, lo que supone diferencias evidentes en las prestaciones y la calidad en la atención sanitaria de los españoles según su lugar de residencia. Por ejemplo, resulta especialmente llamativo que hay en torno a 500 euros de diferencia en el gasto sanitario público por habitante entre el País Vasco y Andalucía.

Por otro lado, si el panorama general de la inversión pública en sanidad ha sido el recorte tras recorte, exceptuando 2014-2015, en la sanidad privada la tendencia ha sido justo la opuesta: Desde 2007 hasta 2014 (últimos datos publicados) el gasto sanitario privado prácticamente se ha incrementado año por año. Como comentan en la fundación IDIS: "En un contexto de dificultades financieras, la Administración Pública opta por una política de transferencia de costes hacia las familias". A lo que habría que añadir: A río revuelto, ganancia de pescadores.

Una de las consecuencias más inmediatas del descenso en el gasto sanitario público han sido la reducción de personal y la precarización del personal sanitario. Desde 2008 hasta 2016, el sector sanitario ha sido el más castigado con la crisis, con una reducción en la media salarial de 11 puntos, según el Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, la elevada temporalidad del personal sanitario ha descendido ligeramente desde 2008 hasta 2016 (de un 34.2% a un 31.6%). Aun así, 1 de cada 3 trabajadores de la sanidad pública en 2016 tenía un contrato temporal (incumpliendo la normativa de la Unión Europea). Como dato revelador, en el mismo año, 1 de cada 3 contratos firmados en Sanidad duraba menos de una semana. Además, entre 2009 y 2014 se perdieron 12.180 profesionales en la Sanidad Pública.

Esta precarización y reducción del personal sanitario tiene obvias consecuencias en la calidad de la atención sanitaria. Si bien en 2011 se batió un récord del número camas de hospital (162.538), esta cifra hay ido cayendo hasta 2016, año en el que se registró el número más bajo de camas de hospital (157.665) desde que se tienen registros históricos (año 2004). El número de hospitales ha seguido una tendencia similar, con un máximo de 804 hospitales en 2008 hasta un mínimo de 788 en 2016.

Los aumentos de las listas de espera y los tiempos de espera son las consecuencias lógicas de todos los datos anteriores y las que sufren más directamente los usuarios de la sanidad pública. Quizás por ello, los políticos suelen hacer múltiples "trampas" para maquillar las listas esperas y se hacen cambios metodológicos para calcularlos, lo que hace difícil una comparación directa entre los datos de diferentes años.

Evolución del tiempo medio en la lista de espera quirúrgica del sNS

Fuente: Ministerio de Sanidad

Por tanto, la información al respecto hay que cogerla con pinzas y teniendo en cuenta que, muy probablemente, la realidad es peor de lo que las estadísticas indican. En este sentido, el número de pacientes en listas de espera quirúrgica y el tiempo medio de espera se había mantenido más o menos estable e incluso iban disminuyendo en nuestro país hasta Junio de 2011. Es a partir de Diciembre de 2012 cuando se observa un obvio cambio de tendencia, con un incremento notable del tiempo medio de espera (de 76 días en Junio de 2012 a 104 días en Junio de 2017). Además, tanto el número total de pacientes como el porcentaje de pacientes en listas de espera por más de 6 meses es también considerablemente mayor en la actualidad que en años previos. Por ejemplo: Si en Junio de 2014 el porcentaje de pacientes en lista de espera por más de 6 meses era del 10.6%, en Junio de 2017 esta cifra se eleva al 14.3%.

La frustración ante el panorama de recortes en sanidad también tiene un lado oscuro: en los últimos años las agresiones a sanitarios han aumentado (casi un 40% sólo en 2016), como consecuencia, entre otras razones, de las listas de espera o la falta de personal, según los profesionales sanitarios. Y mientras ciertos individuos canalizan su ira hacia las víctimas de un sistema, los verdaderos responsables de su crisis pueden vivir bien tranquilos, porque ni los pacientes enfervorecidos ni los recortes en Sanidad les afectarán lo más mínimo.

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¿Cómo han afectado a la sanidad 10 años de crisis?

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Desde 2011 (6.5% del PIB en Sanidad), el porcentaje de inversión ha ido disminuyendo año a año (excepto 2015) y las previsiones del actual Gobierno son reducirlo aún más hasta 2020 con un porcentaje del 5.6%Mientras ciertos individuos canalizan su ira hacia las víctimas de un sistema, los verdaderos responsables de su crisis pueden vivir bien tranquilos, porque ni los pacientes enfervorecidos ni los recortes en Sanidad les afectarán lo más mínimo

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El informe anual de Bloomberg ha demostrado que el Sistema Sanitario español es el más eficiente de toda Europa. Además, la sanidad española ocupa el tercer lugar en el ránking mundial por detrás de Hong Kong y Singapur y seguida por Italia, que avanzó dos puestos respecto del año anterior.

Este informe mide la eficiencia de los sistemas sanitarios a través de la esperanza de vida, el gasto en salud per cápita y el peso relativo del gasto sanitario sobre el PIB. Así, España afianza su posición y deja en el olvido los malos resultados de 2014, cuando se precitó a la decimocuarta posición. En los últimos años, la evolución del SNS en esta carrera de obstáculos ha sido positiva, pasando primero al quinto puesto y en los tres últimos al tercer puesto.

Reino Unido ha dado la sorpresa ya que se ha caído de los diez mejores de Europa en el ranking de salud, basado en datos de 2015. Los resultados pueden deberse a la votación a favor del Brexit celebrada en 2016, con los costos y la eficiencia del Servicio Nacional de Salud un tema clave para los votantes británicos.

Resultados en América

España mantiene el tercer puesto a nivel mundial por tercer año consecutivo

Quien no ha presentado muy buenos resultados ha sido Estados Unidos, donde los tratamientos son más caros, tanto en términos absolutos como en relación con los ingresos medios de la población. La esperanza de vida de los estadounidenses, de unos 79 años, fue excedida por más de 25 países.

Por su parte, Chile, el mejor clasificado de América Latina el año pasado, ha caído 23 posicione. El gobierno chileno gastó 28 puntos básicos más en gastos de salud en relación con el PIB anual, mientras que la longevidad de sus ciudadanos cayó más de dos años.

Turismo sanitario

Tailandia subió 14 lugares hasta el número 27, la mayor mejora anual, ya que el gasto per cápita disminuyó un 40 por ciento, mientras que la esperanza de vida avanzó a 75.1 años. La industria del turismo sanitario es una de las industrias de más rápido crecimiento en Tailandia.

Entre las economías de Medio Oriente, Israel y los Emiratos Árabes Unidos ocuparon el primer lugar, y ambos permanecieron en el top 10 de la encuesta del año pasado.

Por su parte, Costa Rica, Irlanda, Líbano y Nueva Zelanda se agregaron al índice final este año, después de haber alcanzado el umbral de la población, todos ahora clasificados entre los primeros 25.

Ahora España debe conseguir mantenerse en esa tercera posición o, incluso, tratar de avanzar posiciones pese al otoño caliente que se avecina, con movilizaciones médicas anunciadas por los primcipales sindicatos del sector.

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España tiene la sanidad más eficiente de Europa y la 3ª mejor del mundo

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El informe anual de Bloomberg ha demostrado que el Sistema Sanitario español es el más eficiente de toda Europa. Además, la sanidad española ocupa el tercer lugar en el ránking mundial por detrás de Hong Kong y Singapur y seguida por Italia, que avanzó dos puestos respecto del año anterior.

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Uno de los mantras más acrisolados del debate económico tiene que ver con el nivel de gasto del Estado. Para muchos, el sector público es el leviatán que devora el ahorro de las familias y de las empresas. Y, en verdad, el mantenimiento del Estado de bienestar consume enormes recursos. Tantos que, según se sostiene en numerosos estudios académicos, no solo se coarta la libertad individual en la toma de decisiones económicas, sino que, además, se lastra el crecimiento por la pertinaz ineficiencia del sector público, siempre derrochador, a la hora de gastar.

¿Es eso cierto? Un estudio publicado por la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigación Económica) lo matiza. Y mucho. En palabras de sus economistas, en España, el gasto en los servicios públicos fundamentales (SPF) que componen el Estado del bienestar (sanidad, educación y protección social) supone una cifra equivalente al 26,8% del PIB, una ratio que se sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de los países de la eurozona e inferior a la de las cuatro mayores economías europeas (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia).

Habrá quien piense que lo significativo no es la foto fija, sino la evolución. Al fin y al cabo, si el punto de partida es bajo -como sucedía en España antes de la extensión del Estado de bienestar- es probable que en los últimos años se haya producido un aumento de la presión fiscal para financiar un gasto público creciente.

¿Qué es lo que dicen los datos? Desde que comenzó el siglo hay dos periodos muy diferenciados. Hasta el comienzo de la crisis, el gasto público no dejó de crecer de una forma intensa. Pero tras la llegada de la recesión -y a consecuencia del desplome de los ingresos públicos- se ha producido un recorrido a la inversa. Hasta el punto de que solo dos comunidades autónomas han sido capaces de recuperar los niveles de gasto público por habitante previos a la crisis. Son el País Vasco y Cantabria. En el primer caso, debido a su singularidad fiscal y al cálculo del cupo, que le garantiza un nivel de r ecursos por habitante superior a la media, mientras que, en el caso de Cantabria, la causa tiene que ver con el enorme peso que tiene el hospital Valdecilla respecto de su presupuesto.

Ahora bien, hay que tener en cuenta un factor muy relevante a la hora de analizar el nivel de gasto público, como afirma este estudio de la Fundación BBVA y el IVIE. La mayoría de los recursos se destinan a pagar las nóminas de los empleados públicos. En concreto, el 52% del gasto público productivo (el que no es meramente administrativo) corresponde a retribuciones de los empleados públicos, lo que supone algo más de 18 puntos de diferencia respecto de Alemania (34,5%). Y en todo caso, por encima de la media de la OCDE (48%).

Un duro ajuste

Los datos del IVIE y la Fundación BBVA muestran que durante la etapa expansiva (2003-2009) el gasto real de las distintas administraciones en servicios públicos fundamentales por habitante registró un crecimiento acumulado de más del 20% en todas las comunidades autónomas, con un incremento verdaderamente espectacular de más del 40% en Murcia y en Castilla-La Mancha. Algo que explica, en este último caso, que cuando llegó la crisis el Gobierno regional se viera obligado a hacer un duro ajuste. Castilla-La Mancha redujo su gasto público en servicios esenciales nada menos que un 26% entre 2009 y 2013, lo que da idea de la intensidad del ajuste. Por el contrario, en el País Vasco, Asturias y Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.

La consecuencia, como sostienen los autores del estudio, es que las diferencias en el nivel de gasto público en los servicios públicos fundamentales por habitante ajustado se elevan hasta el 42% en 2016 entre la comunidad que más gasta (País Vasco) y la que menos (Canarias). O expresado de otra forma, mientras que el gasto público en el País Vasco alcanza los 3.218 euros, en el caso de Canarias apenas se llega a 2.265 euros por habitante.

Es decir, una distancia verdaderamente colosal en un país dotado de un sistema de financiación que pretende, a la luz de la Constitución, homogeneizar los servicios públicos esenciales a través de diversos fondos creados 'ad hoc' para tener en cuenta las diferenciales regionales.

La población ajustada -tal y como se presentan los datos- busca ponderar el número de habitantes teniendo en cuenta una serie de criterios que permita un análisis comparativo más homogéneo (población joven, población protegida equivalente, población mayor y otras variables territoriales, como la insularidad, la superficie y la dispersión de la población).

Como sostienen los autores del estudio, la existencia de fuertes diferencias en el gasto público en servicios esenciales "es un reflejo de que las diferencias responden no solo a distintas necesidades, sino a otros factores como la disponibilidad de recursos o el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades".

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¿Hay mucho gasto público en España? La derrota de un mito

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Uno de los mantras más acrisolados del debate económico tiene que ver con el nivel de gasto del Estado. Para muchos, el sector público es el leviatán que devora el ahorro de las familias y de las empresas. Y, en verdad, el mantenimiento del Estado de bienestar consume enormes recursos.

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Presentación del informe sobre gasto público europeo en cultura.

España es el país europeo que más ha recortado el gasto público en cultura desde 2011. A esta conclusión ha llegado un estudio elaborado por la Fundación SGAE y la Fundación Alternativas titulado El modelo español de financiación de las artes y las culturas en el contexto europeo, presentado esta mañana en Madrid. El informe recoge "descensos significativos" en la inversión durante los últimos tres años que, en casos como la Secretaría de Estado de Cultura, ha registrado una reducción del 50% nominal en los presupuestos, según sus cálculos. El recorte, además, llega tras una década dorada para España: entre 2000 y 2010 fue el país europeo que más vio aumentar el gasto público en cultura.

El estudio recoge la aportación de las diferentes administraciones del Estado al gasto en el sector. En el año 2010 la Administración General del Estado invirtió 1.050 millones de euros, por los 1.769 millones de la Administración autonómica y los 4.042 millones de la Administración local. Al año siguiente, la propia AGE gastó 956 millones en cultura, por los 1.482 millones de la administración Autonómica y los 3.396 millones de la Administración local.

Entre 2009 y 2013, la mayor parte de las partidas presupuestarias del Ministerio de Cultura se redujeron entre un 32% (Teatro) y casi 80% (Promoción y Cooperación Cultural). Según el documento, la Distribución exterior aumentó un 1% y el gasto en Dirección y Servicios Generales de Cultura se mantuvo intacto, mientras la partida de Investigación y Desarrollo de la Sociedad de la Información, con 1.100 millones en 2009, desapareció completamente.

Eso se contrapone, según el informe, a la tendencia vivida entre 2000 y 2010, cuando España era el país europeo que más invertía en cultura teniendo en cuenta el crecimiento absoluto, con un aumento del 91% en el gasto público del sector en estos 10 años. Juan Arturo Rubio, uno de los artífices del estudio y profesor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Barcelona, ha señalado que países como Polonia y Estonia presentaban crecimientos mayores en ese mismo período (del 205% y del 135% respectivamente), pero ha recordado que ambos Estados partían de una base mucho menor y, por lo tanto, el crecimiento absoluto es inferior.

Si se compara a España, por el contrario, con países del centro y norte de Europa, con cifras de gasto público "casi estratosféricas", no sale bien parada. Si el Gobierno invirtió 149 euros por habitante en 2011 (un 2,6% menos que en 2009), Noruega y Holanda, que encabezan la lista, gastaron 446 y 338 euros respectivamente. El informe destaca entre los Estados centroeuropeos la excepción "muy relevante" de Alemania, "con datos muy modestos incluso a escala europea": 117 euros por habitante en 2011, la misma cantidad que Italia. A la cola en financiación cultural en 2011 están Irlanda (43 euros per cápita) y Letonia (51) con el descenso porcentual más alto con respecto al 2009: 12% y 16% respectivamente.

A nivel europeo, el documento distingue dos opciones en los países periféricos del euro: niveles de inversión "modestos" (Italia) o "muy modestos" (Grecia, Irlanda, Portugal), empeorados por los recortes llegados con la crisis. España, precisa el informe, escapó a esta tendencia, pero "la magnitud de los recortes anuncia sin ningún tipo de dudas un cambio de ciclo que amenaza con romper también esa singularidad". En resumen, el mundo cultural, "después de tres décadas de crecimiento casi sostenido, las gráficas y estadísticas culturales se expresan en números rojos en casi todos sus indicadores: público, ventas, facturación o empleo".

Antonio Onetti, presidente de la Fundación SGAE, ha señalado la exigencia de "redefinir el modelo" de gasto público, ya que "la cultura necesita financiación del mismo modo que lo necesita el alcantarillado de las calles". El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, ha reivindicado un sistema de patrocinio que sea "complementario" y no "sustitutorio". El Gobierno prometió regular e impulsar con una Ley de Mecenazgo antes del final de 2013, y Sartorius lanza una advertencia ante este modelo: las presumibles deducciones fiscales a las empresas finalmente "se convierten en ayudas públicas" y en tiempos de crisis "se corre el riesgo de que el dinero se concentre en las grandes ciudades", más apetecibles para las empresas.

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España es el país europeo que más ha recortado en cultura desde 2011

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España es el país europeo que más ha recortado el gasto público en cultura desde 2011. A esta conclusión ha llegado un estudio elaborado por la Fundación SGAE y la Fundación Alternativas titulado El modelo español de financiación de las artes y las culturas en el contexto europeo, presentado esta mañana en Madrid.

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La dotación anual para mantener el Estado del Bienestar fue en 2014 de unos 280.000 millones de euros. A la partida de las pensiones se destinaron cerca de 120.000 millones y en prestaciones por desempleo se gastaron en torno a 20.000 millones.

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Gasto público en cultura en porcentaje del PIB España 2006-2016 | Estadística

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Esta estadística presenta la evolución de los gastos de la Administración General del Estado en cultura en España en relación con el producto interior bruto (PIB) desde 2006 hasta 2016. En ese último año, el gasto destinado a cultura realizado por la Administración General supuso un 0,06% del producto interior bruto.

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Gasto público vinculado al deporte

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Gasto público vinculado al deporte. Resultados

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deportedata, datos oficiales, estadística, base de datos estadística, estadísticas deportivas, gasto hogares, gasto público vinculado al deporte

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Boom

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La mecánica
El nuevo concurso ¡BOOM! consta de tres fases en la que se enfrentarán dos equipos (rojo y azul) compuesto cada uno de ellos por cuatro miembros.
Primera fase
Concursa un solo miembro del equipo hasta quedar eliminado. Se plantean cuatro preguntas configuradas como bombas que deben desactivar en un minuto. En caso de que corten el cable de la pregunta correcta, explota y el concursante queda eliminado. En ese caso, continuara un nuevo jugador. Cada respuesta acertada tiene un valor económico que suman una cantidad de 3.000 euros (300.600.900 y 1200 euros). Esta fase sirve para conseguir una cantidad de dinero que conservarán hasta el final
Segunda fase
Juega una persona de cada equipo, elegida previamente por cada uno de ellos. Es una fase clasificatoria en la que uno de los dos equipos será eliminado. Los dos representantes de cada equipo se enfrentan a una bomba de color plata con siete cables, siete opciones de respuesta, de la que, por turno deberán cortar un cable. En el momento que se cometa el primer error, el equipo que haya fallado quedara eliminado de forma instantánea. En caso de acierto por parte de los dos equipos, se enfrentarán a sucesivos artefactos hasta que uno de ellos falle. En esta fase se puede utilizar un comodín para compartir que sirve para que el concursante elija a un compañero en activo para resolver uno de los cables.
Fase final
Los concursantes en activo del equipo ganador juegan juntos la última bomba, de color oro. Tiene 10 cables que deben resolver en dos minutos. En caso de hacerlo correctamente se llevan el bote . Este bote aumenta cada día con 5.000 euros. El primer programa arrancará con uno de 55.000 euros.
En caso de fallo en la bomba final, no se llevan el bote, pero sí el dinero de las bombas desactivadas en la primera fase y regresan para el siguiente programa.
Cada vez que un equipo gana el bote, el siguiente programa empieza con uno nuevo de 10.000 euros.

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La mecánica El nuevo concurso ¡BOOM! consta de tres fases en la que se enfrentarán dos equipos (rojo y azul) compuesto cada uno de ellos por cuatro miembros. Primera fase Concursa un solo miembro del equipo hasta quedar eliminado. Se plantean cuatro preguntas configuradas como bombas que deben desactivar en un minuto.

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Ministros de gobierno de PedroSánchez

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Duque (Madrid, 1963) se licenció en 1986 en Ingeniería Aeronáutica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. La Agencia Espacial Europea le eligió en 1992 para formar parte del primer equipo de astronautas y viajó por primera vez al espacio en 1998.

Margarita Robles, hasta ahora portavoz socialista en el Congreso, se mantuvo fiel a Sánchez en los dramáticos días de enfrentamiento del partido en el que no milita y le apoyó en las horas más bajas e inciertas del hoy presidente del Gobierno.

Valerio (Torremocha, Cáceres, 1959) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la responsable de Seguridad Social en la Junta de Castilla-La Mancha. Antes de llegar al Congreso en 2011, fue consejera del Gobierno manchego y llegó a ocupar tres carteras: la de Empleo, la de Turismo y la de Justicia.

Celaá (Bilbao, 1949), que fue consejera de Educación del Gobierno vasco con Patxi López y que es una persona muy cercana a Pedro Sánchez, es actualmente presidenta de la Comisión de Garantías del PSOE.

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Los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez

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Duque (Madrid, 1963) se licenció en 1986 en Ingeniería Aeronáutica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. La Agencia Espacial Europea le eligió en 1992 para formar parte del primer equipo de astronautas y viajó por primera vez al espacio en 1998.

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Nueva economía de deporte en España

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El CSD desglosa el empleo y la actividad empresarial.

¿A cuántas personas emplea el deporte en nuestro país? ¿Cuánto dinero público se invierte en deporte en España? ¿Qué número de empresas se dedican al sector deportivo? Son algunas de las preguntas que intenta responder el Anuario de Estadísticas Deportivas que elabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), junto al CSD, y que en su quinta edición disecciona, a lo largo de más de 200 páginas, los resultados más relevantes de un sector estratégico en España.

Tanto MECD como CSD comparten opinión sobre este informe al que consideran "una herramienta imprescindible para el sector" que además nace de múltiples fuentes y se observa desde la transversalidad tratando de no descuidar las múltiples variables de las que se compone este sector.

Teniendo en cuenta los datos más relevantes de dicho informe cabría destacar las cifras surgidas en torno al empleo, las empresas vinculadas al deporte y el gasto público en este sector.

Casi 200.000 puestos de trabajo

En lo referente al empleo, el Anuario de Estadísticas Deportivas 2017 ha tenido en cuenta todo trabajo que se desarrolla en empresas dedicadas a actividades deportivas, tales como la gestión de instalaciones, las actividades de los clubs y gimnasios o la fabricación de artículos de deporte. Los resultados de esta explotación indican que el volumen medio anual de empleo vinculado al deporte ascendió en 2016 a 194.000 personas, lo que supone en términos relativos un 1,1% del empleo total.

El dato resalta cuando se compara con las cifras del resto de países europeos. España se coloca como el tercer país de Europa con un mayor número de personas empleadas solo por detrás de Reino Unido (más de 400.000) y Alemania (más de 220.000) y por delante de países como Francia (175.000), Italia (117.000) o Portugal (menos de 50.000).

De vuelta en España, el estudio revela diferencias respecto al empleo total registrado por tramos de edad, con una proporción superior de jóvenes de 16 a 24 años, 19%, frente al 4,5% observado en el conjunto del empleo, y de personas de 25 a 34 años, 28,9% frente al 20,6% observado en el total. Además, el empleo vinculado al deporte se caracteriza también por una mayor formación académica superior a la media, presentando tasas de educación superior más elevadas que las observadas en el conjunto nacional, 49,8% frente al 42,1%.

De otro lado, se demuestra que el 89% del empleo vinculado al deporte es asalariado, lo que supone una cifra superior a la observada en las de empleo total, y presenta, en adición, tasas de temporalidad y de empleo a tiempo parcial más elevadas a las registradas en el total de empleo.

Red empresarial deportiva

En cuanto a las compañías que erigen su objeto de negocio en el sector deportivo, el estudio de MECD y CSD revela, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), que a principios del pasado año el número de este tipo de sociedades ascendió a 33.071, lo que supone el 1% del total de empresas. Además de confirmar la tendencia ascendente desde que este estudio se hace público, se confirma que el 79,2%, es decir algo más de 26.000 compañías se dedican a actividades deportivas tales como la gestión de instalaciones, las actividades de los clubes deportivos o de gimnasios. Un 0,6% se dedica principalmente a la fabricación de artículos de deporte mientras que las empresas dedicadas al comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados suponen un 20,2% del total.

En cuanto a su tamaño, el 42,2% son empresas sin asalariados, el 43,1% de pequeño tamaño, de 1 a 5 trabajadores; el 13,6% tienen de 6 a 49 asalariados y el 1,1% restante son empresas de mayor tamaño, de 50 asalariados en adelante.

Gasto público

Antes de profundizar en los números obtenidos de la investigación, el Anuario de Estadísticas Deportivas 2017 se esfuerza por recalcar la concepción del gasto público en el deporte como el gasto liquidado destinado al deporte, en su fase obligaciones reconocidas, por las distintas administraciones públicas, es decir, en calidad de financiador y no de receptor.

En cuanto a los indicadores, el informe se refiere a los datos de Administración General del Estado, por la Administración Autonómica y por la Administración Local. Los resultados indican que, en el ejercicio 2015, el gasto liquidado en deportes por la Administración General del Estado se situó en 139 millones de euros y por la Administración Autonómica en 299 millones, cifras que suponen en términos del PIB, el 0,01% y 0,03% respectivamente. Por lo que respecta a la Administración Local1, el gasto liquidado en 2015, 2.115 millones de euros, supone el 0,20% del PIB.

En cuanto a la tipología del gasto se aplican tres indicadores principales con sus correspondientes subsecciones. Así por ejemplo, atendiendo al gasto liquidado por el cómputo de Administraciones Locales, entidades locales, ayuntamientos y diputaciones encargadas en último lugar de ejecutar las inversiones, encontramos que para el ejercicio mencionado de los 2.115 millones de euros invertidos, algo más de 1.727 millones de euros correspondieron a los gastos corrientes entre los que se incluyen los gastos de personal, gastos corrientes de bienes y servicios, gastos financieros y trasferencias corrientes.

En otra categoría se mencionan los gastos de capital (inversiones reales y transferencias de capital) que se situaron en 376.000 euros mientras que los activos pasivos y financieros no alcanzaron por poco los 12.000 euros. Cabe resaltar además las Comunidades Autónomas que más dinero invierten en deporte. En primer lugar aparece Cataluña la cual, según el estudio, destinó 644.000 euros por los algo más de 619.000 de Andalucía y los 585.166 de la Comunidad de Madrid.

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Así es la nueva economía del deporte en España

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El CSD desglosa el empleo y la actividad empresarial. ¿A cuántas personas emplea el deporte en nuestro país? ¿Cuánto dinero público se invierte en deporte en España? ¿Qué número de empresas se dedican al sector deportivo?

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España invierte en cultura. Más de lo que parece (o nos quieren dar a entender). No hablamos meramente del sector público, es decir, de la inversión estatal, sino también de la gran labor que llevan a cabo empresas culturales privadas. Según un análisis de ShopAlike, España se encuentra en el top 10 de países europeos que más invierten en cultura.

España invirtió 998 millones de euros en 2016 en traer bienes culturales de fuera de sus fronteras y exportó bienes culturales españoles por 911 millones de euros. Este dato constata su posición en el top 10 de Europa, tanto en importación como en exportación. Estos bienes se refiere a múltiples variables de la cultura, desde el comercio del arte, hasta libros, películas, discos, etc.

El resultado de este análisis queda reflejado en un mapa interactivo de ShopAlike. En él muestra el dinero invertido y ganado en el comercio de bienes culturales de cada país europeo según las estadísticas de Eurostat.

El sector editorial, el principal valor de la cultura en España

A nivel global, tan solo Reino Unido y Estados Unidos superan a España como principal exportador de libros, tal y como recoge un informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (datos de 2016). La exportación de libros supone la mitad del total de exportaciones culturales de nuestro país.

De cada 100 libros publicados en España, 21 son libros traducidos y seis se publican en alguna lengua extranjera. Por otro lado, de cada 100 títulos que se venden, se producen 147. A pesar de eso, y tal como dejamos reflejado al principio del artículo, compramos cultura de fuera por más de lo superior a lo vendido.

Un tercio de los bienes culturales que traemos del extranjero son películas, videojuegos y videoconsolas. Casi otro tercio son libros. Esto es el principal causante de que el saldo resultante del intercambio de bienes culturales de España sea de -87 millones de euros.

Los líderes de Europa en cultura

Alemania y Reino Unido son los mayores comerciantes europeos de cultura. En el caso del primero, presume de videojuegos, videconsolas y libros, mientras que el segundo la importación de obras de arte supone más de un 30% de las importaciones culturales de Reino Unido.

Cuando se trata de vender cultura en el extranjero, Reino Unido lidera la especialización en el arte, puesto que más de la mitad de sus exportaciones son antigüedades, grabados, pinturas, etc. Curiosamente, Londres es la ciudad con más museos de Europa. No es casualidad.

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España, de los países que más invierten en cultura en Europa

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España invierte en cultura. Más de lo que parece (o nos quieren dar a entender). No hablamos meramente del sector público, es decir, de la inversión estatal, sino también de la gran labor que llevan a cabo empresas culturales privadas. Según un análisis de ShopAlike, España se encuentra en el top 10 de países europeos que más invierten en cultura.

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Presupuestos del estado

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¿En qué se gasta el Estado el dinero que nos cobra en impuestos? Pues no hay nada más que leer todas las noticias sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para comprobar que no es nada sencillo saberlo. Miles de datos, tablas, diferentes formas de presentar las cifras, clasificación por capítulos, por programas, por entidades gestoras de ese gasto... De hecho, lo primero que habría que recordar es que estos PGE son sólo una parte del gasto público, que luego se completa con lo que hacen el resto de las administraciones (que también nos cobran otros impuestos).

Los PGE nos muestran gastos e ingresos de la Administración Central y organismos anexos (Seguridad Social, Organismos Autónomos, Agencias...). Hablamos de 441.000 millones y decenas de miles de partidas. Por eso, en buena medida es lógico que sea tan complicado conocer cómo se distribuyen. Los periodistas y los políticos intentan explicarlo. Se dan porcentajes de gasto en las grandes partidas (como pensiones), subidas o bajadas respecto al año pasado y cifras en términos absolutos.

En Libre Mercado, cada año, intentamos desbrozar las cuentas del Estado. Empezamos con esos 441.000 millones y terminamos con cada uno de los organismos presentes en los PGE. Es un primer esquema, muy general, pero que permite de un vistazo ver dónde se están acabando esos fondos. Tal y como hicimos con los PGE de 2017, éste es un intento por aclarar las cifras más importantes. Nos apoyaremos tanto en el Libro Amarillo (LA) como en el Informe Económico y Financiero (IEF) con los que Hacienda acompaña su proyecto.

Gasto financiero y no financiero

El gasto total es de 451.122 millones. Puede que hayan visto esa cifra en algunos de los artículos de esta semana. Sin embargo, las cuentas sobre subidas o bajadas respecto al año pasado y sobre el total de gasto normalmente comienzan con otra cifra, los 327.957 millones de gasto en operaciones no financieras. Nosotros también comenzaremos desde ahí, para lo que quitamos pasivos y activos financieros:

81.416 millones corresponden a los pasivos financieros (vencimientos de deuda para este año). Fundamentalmente hablamos de deuda del Estado que vence en 2018, se paga y se refinancia de nuevo.

41.748 millones son para los activos financieros. Tampoco entran en el cálculo en términos de déficit (sí cuenta para la deuda) porque son préstamos del Estado que se supone que recuperarán en un futuro. Hay que decir que parte de estos préstamos son los que el Gobierno hace a la Seguridad Social (y que sí aparecen en el gasto de este organismo). Dicho esto, de los 41.748 millones, 40.154 son del Estado y 1.585 de la Seguridad Social (con unos pequeños restos para los otros organismos).

Este esquema general puede verse en el siguiente cuadro: "Presupuesto de gastos consolidado por subsectores y capítulos" (se encuentra en la Serie Amarilla; pondremos los links a los diferentes documentos por si alguien quiere bucear en el marasmo de la documentación que Hacienda hace pública):

Los cuatro grandes

A partir de aquí, comienza el desarrollo del gasto en sentido estricto. Como vemos, dividimos el total del Presupuesto en cuatro grandes tipos de entes: Estado, Seguridad Social, Organismos Autónomos y Resto de Entidades y Agencias Públicas.

Estado: 156.702 millones

Organismos autónomos: 38.702 millones

Seguridad Social: 152.562 millones

Resto de entidades: 7.469 millones

Si sumamos las cuatro cantidades nos sale una cifra de 355.435 millones. Pero, ¿no habíamos dicho que el gasto total no financiero ascendía a 327.957 millones? Sí, el problema es que tenemos las transferencias entre administraciones. Esta partida corresponde a dinero que va de uno de estos cuatro grandes entes de gasto a otro. El problema es que entonces lo estamos sumando dos veces: por ejemplo, si el Estado le da 13.000 millones a la Seguridad Social para que incremente las pensiones más bajas, aparecerá como gasto tanto para el uno como para la otra. Por eso, lo que tenemos que hacer es quitarlos de la suma total: son 27.378 millones.

1. Seguridad Social

Para el desglose de la cifras de la Seguridad Social, empezaremos con el dato de gasto consolidado, que ya elimina la parte que le toca de esos 27.378 millones de transferencias entre administraciones. Son 148.382 millones (página 269 del Libro Amarillo), que se reparten de la siguiente manera:

2.392 millones en gastos de personal

1.542 millones en gasto corriente

144.197 en transferencias corrientes (ver página 273 del Libro Amarillo)

El resto son pequeñas partidas de unas pocas decenas de millones de euros

Está claro que la gran partida de este organismo es la que corresponde a las transferencias corrientes (página 273 del Libro Amarillo), que se divide de la siguiente manera:

127.110 millones en pensiones contributivas (sólo este concepto ya se lleva casi el 39% del gasto no financiero total de los PGE-2018)

2.385 millones en pensiones no contributivas

7.980 millones en prestaciones de incapacidad temporal

2.559 millones en prestaciones de maternidad y paternidad

1.585 millones en prestaciones familiares

1.314 millones en Atención a la Dependencia

1.251 millones en otras transferencias

14 millones en diversos subsidios

Y dentro de las transferencias corrientes, lo que más pesa, con mucho, son las pensiones contributivas (página 104 del Libro Amarillo):

Pensiones de jubilación: 90.261 millones

Pensiones de incapacidad: 12.642 millones

Pensiones de viudedad: 22.039 millones

Pensiones de orfandad: 1.846 millones

Pensiones en favor de familiares: 322 millones

2. Organismos autónomos

De acuerdo al Libro Amarillo, los Organismos Autónomos (OOAA) son entes que "se rigen por derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un ministerio, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos". Como puede verse en la tabla que incluimos a continuación, aquí hay de todo: las prestaciones por desempleo que paga el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el Consejo Superior de Deportes o la Biblioteca Nacional. En total, los PGE incluyen 58 organismos autónomos con un presupuesto total de 38.803 millones de euros de gasto consolidado (página 226 del Libro Amarillo). Es una de las pocas partidas del Presupuesto que cae este año respecto al de 2017 gracias a la mejora del empleo: tanto el SPEE como el Fogasa ven reducidas las partidas para este ejercicio.

3. Agencias estatales

El resto de entes que no pueden incluirse ni en el apartado ministerial ni en el de los organismos autónomos. Hay un poco de todo, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hasta el Museo del Prado (en total, hablamos de 21 entidades).

El Libro Amarillo lo explica con una de esas definiciones burocráticas que no dicen demasiado sobre la naturaleza real de los entes: " Entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo. Estas entidades tienen un régimen jurídico diferenciado y su característica principal, desde el punto de vista presupuestario, es que su normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos".

El gasto de las agencias estatales asciende a 7.481 millones (hay una pequeña diferencia con la cifra apuntada en el primer desglose porque esta tabla sí incluye las operaciones financieras). Los datos aparecen en la página 238 del Libro Amarillo:

3.1 Otras entidades del sector público estatal

En este punto hay que recordar que quedan fuera del cuadro general consolidado de los PGE otras entidades del sector público estatal como las empresas públicas (Adif, Renfe o las entidades del Grupo Sepi, entre otras). En este caso, sus dotaciones son "estimativas" (no están sujetas a las restricciones de los entes ministeriales) y sus gastos no están incluidos en esos casi 328.000 millones que estamos analizando.

En realidad, su contabilidad es la misma que la de una empresa privada, con beneficios (o pérdidas) que el Estado recibe (o sufre) como accionista. Para este año, el Gobierno prevé unos beneficios de 2.868 millones, que llegarán sobre todo de Loterías (Selae) y Aena (Enaire). Eso sí, no hay que olvidar que estas entidades también acumulan deuda que, a finales de 2018, alcanzará, según las estimaciones del Gobierno, los 63.170 millones de euros.

Por otro lado, muchas de estas sociedades y empresas no financieras reciben transferencias de los PGE, que suman 4.851 millones y que se recogen en el siguiente cuadro (página 246 del Libro Amarillo). Recordemos que esta cifra no hay que sumarla al resto de tablas de este artículo, porque ya está incluida en las diversas partidas de gasto del Estado:

4. Estado

Ésta es la partida de la que más se habla en estos días aunque, como ya hemos visto, los 156.601 millones que vamos a desglosar a partir de este momento (página 209 del Libro Amarillo) son menos de la mitad de los 327.955 millones de gasto no financiero de los que hablábamos al comienzo de este artículo.

Deuda pública: 31.547 millones. Es la cantidad que nos gastaremos en el pago de intereses. Supone una pequeña reducción respecto a la cifra de 2017, incluso aunque el montante total de la deuda sigue creciendo. Se nota en este punto la reducción de tipos de los últimos años y el buen acceso al mercado para las emisiones de deuda del Reino de España. También hay que apuntar que es casi un 10% del total de gasto que, si no hubiera que pagar esos intereses, podría destinarse a otros usos o a bajar impuestos. Tener déficit y deuda pública es en parte una decisión política, pero hay que recordar que ese alivio a corto plazo tendrá consecuencias durante muchos años.

Clases pasivas: 14.791 millones (pensiones y ayudas que paga el Estado a determinados colectivos)

Relaciones financieras con la UE: 13.384 millones (también recibiremos transferencias desde Bruselas por importe de 13.678 millones, por lo que el saldo final es de 294 millones a favor de nuestro país)

Financiación Territorial: 38.791 millones. Esta cantidad se divide en 34.602 millones para los sistemas de financiación de los entes territoriales, 2.397 millones para el Fondo de Contingencia, 582 millones para el Fondo de Compensación Interterritorial y 1.210 millones para Otras transferencias.

Aportaciones al mutualismo administrativo: 2.162 millones

Contratación centralizada entre varios ministerios: 283 millones

Órganos constitucionales: dan mucho juego en los medios, aunque son una parte ínfima del PGE. Casa del Rey (8 millones), Cortes Generales (212 millones), Tribunal de Cuentas (63 millones), Tribunal Constitucional (24 millones), Consejo de Estado (11 millones), Consejo General del Poder Judicial (58 millones). En total, como vemos, son apenas 376 millones de euros (aunque también hay que decir que todas las partidas crecen respecto a 2017)

4.1 Ministerios

Para el gasto ministerial puro quedan algo más de 55.000 millones de euros (página 209 del Libro Amarillo). Es la cifra que se usa en ocasiones para medir si sube o baja el gasto disponible. Como vemos, esto tiene un problema y es que apenas hablamos de una fracción de esos casi 328.000 millones con los que comenzábamos nuestro desglose.

1.182 millones para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

1.753 millones para el Ministerio de Justicia

8.453 millones para el Ministerio de Defensa (incluye programas especiales de Defensa por valor de 2.164 millones que no tienen efecto en el déficit)

2.626 millones para el Ministerio de Hacienda y Función Pública

7.684 millones para el Ministerio del Interior

5.521 millones para el Ministerio de Fomento

3.048 millones para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

12.591 millones para el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

4.539 millones para el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

1.789 millones para el Ministerio de Agricultura y Pesca

801 millones para el Ministerio de la Presidencia

2.275 millones para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

3.002 millones para el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

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¿En qué se gasta el dinero el Estado?: los Presupuestos, paso a paso

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¿En qué se gasta el Estado el dinero que nos cobra en impuestos? Pues no hay nada más que leer todas las noticias sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para comprobar que no es nada sencillo saberlo. Miles de datos, tablas, diferentes formas de presentar las cifras, clasificación por capítulos, por programas, por entidades gestoras de ese gasto...

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Países europeos más deportistas

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Un nuevo estudio liderado por expertos de la Universidad de Barcelona (UB) y el Instituto de Sales de Viladecans revela el nivel de actividad física de los europeos por países. Los resultados, publicados en Open Access Library Journal, revelan que Suecia, Finlandia y Dinamarca son los países de la Unión Europea donde se practica actividad física o deporte con más regularidad.

Las conclusiones subrayan que los habitantes de Portugal, Italia, España y, muy especialmente, Grecia, se sitúan por debajo del valor promedio de Europa en indicadores sobre población y actividad física.

El nuevo trabajo aborda aspectos generales de la actividad física y no se centra en ningún deporte en particular. En concreto, se basa en el análisis multivariante de datos de cerca de 27.000 personas de 27 países europeos, según la información publicada por el Eurobarómetro de la Comisión Europea sobre la práctica de deporte declarada por ciudadanos mayores de quince años.

Para cada país estudiado, los expertos analizaron la práctica de ejercicio físico y deporte de sus habitantes, clasificados en cuatro categorías: los que no hacen deporte, los que prácticamente nunca, los que lo practican con cierta regularidad y los que lo hacen con regularidad.

La actividad física en Europa: ¿un nuevo mapa de la desigualdad?

"Una vez analizada la regularidad con la que se practica ejercicio o deporte en 27 países de la Unión Europea, se ha observado que en los nórdicos -Suecia, Finlandia y Dinamarca- esta práctica es más regular", explica Daniel Ríos, profesor de secundaria en la Instituto de Sales.

Después de Suecia, Finlandia y Dinamarca, los países con mejores indicadores de actividad física de la población son Eslovenia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido y Francia. Los niveles más bajos de actividad física, por el contrario, se registraron en Bulgaria y Grecia.

"Los niveles educativos y económicos de los países están relacionados estrechamente con la práctica de ejercicio físico o deporte de los ciudadanos", subraya Ríos. En efecto, este trabajo describe cómo la práctica habitual de ejercicio y deporte se asocian con los adultos más implicados en actividades formativas, y con un destacado grado de satisfacción respecto a su estatus económico y su perfil laboral.

En el caso particular de España, "el nivel de práctica de deporte está correlacionado con el estatus socioeconómico, tal como reveló la Encuesta de hábitos deportivos en España de 2015", explica Antonio Monleón-Getino, del departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la UB, y miembro del Grupo de Investigación de Bioestadística y Bioinformática (GRBIO), equipo integrante de la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB).

La encuesta, elaborada en el marco del Plan estadístico nacional 2013-2016 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Deporte y el Instituto Nacional de Estadística, tenía por objetivo aportar los indicadores principales sobre los hábitos y prácticas deportivas de los habitantes de todo el Estado.

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¿Qué países europeos son más deportistas?

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Un nuevo estudio liderado por expertos de la Universidad de Barcelona (UB) y el Instituto de Sales de Viladecans revela el nivel de actividad física de los europeos por países. Los resultados, publicados en Open Access Library Journal, revelan que Suecia, Finlandia y Dinamarca son los países de la Unión Europea donde se practica actividad física o deporte con más regularidad.

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Marina

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Ciudades que más invierten en deporte

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(27-7-2017). León (con 131,70 euros por persona) lidera el ranking, seguida de San Sebastián y Melilla. En la cola están las ciudades de Alicante, Cáceres y Huelva.

Como cada año, la revista Deportistas ha elaborado un ranking con las ciudades españoles que más invierten en deporte por habitante. Lo ha hecho con las capitales de provincia y aquellas poblaciones con más de 150.000 habitantes, que suman un total de 67, y ha dividido los presupuestos destinados a deporte de sus ayuntamientos por el número de habitantes.

De las conclusiones generales se puede extraer que la media en estas ciudades es de 39,64 euros por ciudadano, un 3,57% más que los 38,28 euros del 2016, que han contribuido a mitigar el receso de la inversión sufrido desde el 2008, cuando empezó la crisis, que ahora es de un -8,36%.

Cabeza y cola de carrera

En las primeras posiciones destaca el liderazgo de León, con 131,70 euros por persona de inversión en deporte, seguida de San Sebastián (130,32), Melilla (128,27) y Huesca (109,72), las únicas cuatro ciudades que pasan de los 100 euros por persona.

En la cola, por contra, están las ciudades de Alicante (con tan solo 12,71 euros), Cáceres (8,80) y Huelva, que tan solo invierte 5,05 euros en deporte por cada uno de sus habitantes y también es la que más ha reducido dicho presupuesto desde el 2008 (un 92%), siendo también la que menos invierte en términos absolutos (736.000 euros).

Por su parte, cabe destacar también que el crecimiento más grande en inversión deportiva por habitante desde el 2008 se ha dado en L'Hospitalet de Llobregat (un 216%), donde se invierten casi 15 millones de euros que suponen 58,7 euros por persona.

Madrid y Barcelona

Las dos grandes ciudades de España viven situaciones distintas. Madrid está en el Top20 con 162 millones de euros de inversión total que suponen una media de 51,22 euros para cada uno de sus más de tres millones de habitantes. Desde la llegada de la crisis, dicho presupuesto ha subido un 13,29%.

Por su parte, Barcelona está mucho más abajo en el ranking, en el número 59, con 26 millones de euros de inversión deportiva, un 180% más que en 2008 pero que se queda en 16,16 euros por cabeza por cada uno de sus 1,6 millones de habitantes.

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Ranking de ciudades con más inversión en deporte por habitante - CMD Sport

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(27-7-2017). León (con 131,70 euros por persona) lidera el ranking, seguida de San Sebastián y Melilla. En la cola están las ciudades de Alicante, Cáceres y Huelva. Como cada año, la revista Deportistas ha elaborado un ranking con las ciudades españoles que más invierten en deporte por habitante.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Luis Sevillano Arribas EL PAÍS

La cultura sonríe a medias ante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Tras años de recortes y congelaciones, la partida destinada a las artes experimenta una subida. Un 4,4%, en concreto, de los 803 millones de 2017 a los 838 de los que dispondrá el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la gestión de este sector en 2018. En términos relativos, sin embargo, las artes no se mueven ni un milímetro: apenas reciben el 0,2% del gasto general, al igual que el año pasado, pese a representar el 2,5% del PIB, según cifras oficiales. Y pese a la frase que se puede leer en el Libro Amarillo presentado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: "La política de Cultura es un elemento vertebrador de la identidad cívica". La Secretaría de Estado de Cultura ha visto incrementado su presupuesto un 4,92%, hasta alcanzar 569,1 millones de euros.

Tal vez consuele al sector el recuerdo de los 721,21 millones que el Gobierno del PP destinó a las artes en 2013. Queda lejos, en cambio, la memoria de los 1.050 millones para la Cultura del último presupuesto del Ejecutivo socialista, en 2011. De ahí que la principal alegría sea la bajada del IVA sobre las entradas de cine, que pasa del 21 al 10%. Siempre y cuando, eso sí, el Gobierno consiga aprobar a finales de abril unos presupuestos para los que, actualmente, no tiene apoyos suficientes.

En España había 833 salas de cine en 2012, año en que el Gobierno del PP subió el IVA cultural del 8 al 21%. En 2016, quedaban 719, según el Anuario de la SGAE. El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández-Moyanes, sostuvo que estos cines ahora ahorrarán unos 70 millones gracias a la bajada del IVA y recordó, como ya dejó claro Montoro, que esperan que los exhibidores reaccionen bajando los precios, ya que su objetivo es un beneficio "para el consumidor" y no para la industria. Los dueños de salas han destacado a lo largo de estos años que ya han reducido el precio medio (hasta 5,99 euros) y que apenas tienen margen para más descensos. El séptimo arte era el único que aún sufría por el ivazo de 2012. Poco a poco, el Ejecutivo ha rebajado la presión sobre los distintos apartados culturales: el año pasado se beneficiaron los espectáculos en directo y quedó excluido únicamente el cine.

La dotación para Museos es una de las más beneficiadas por la subida: aumenta un 4,1%, de 151 a 157 millones. Crecen especialmente los fondos para el Museo del Prado (un 7,6%), de 46 a 49,7 millones. "Para la puesta en marcha de las actividades incluidas en el Programa Conmemorativo del Bicentenario del Museo y las obras en el campus del Museo del Prado", lo explica el documento presentado por Montoro. El Reina Sofía obtiene 39,5 millones, con un aumento de 1,6 respecto al año pasado. Y la Fundación Thyssen-Bornemisza, que gestiona el museo homónimo, recibirá 5,6 millones de euros. Se trata de un aumento del 6,7% respecto a 2017, cuando el centro sufrió un recorte del 13%: es decir, el Thyssen no recupera su dotación de 2016, que superaba los seis millones.

Suben también las dotaciones para los programas relacionados con la administración, conservación, restauración y protección del Patrimonio Histórico: 155 millones, un 9,4% más. Entre otras razones, destaca "el incremento en las inversiones para el diseño y ejecución del equipamiento museográfico necesario para la puesta en marcha del Museo de Colecciones Reales".

Muchas de las principales partidas culturales, en cambio, reflejan inmovilismo, como las destinadas al cine, el teatro o la música. Las tres aumentan, pero en cantidades y porcentajes muy limitados. Las artes escénicas sufrieron un recorte del 5,4% en su dotación el año pasado, que ahora no recuperan: el fondo pasa de 50,6 a 51 millones en 2018. Parecida es la mejora para la música, de 99,6 a 100,7 millones.

El séptimo arte pasa de 84,8 a 85,6 millones (0,9%), con 71 para el Fondo de Protección a la Cinematografía, del que salen las subvenciones públicas a las películas. Aunque la cifra precisa, por última vez, una segunda lectura: los 71 millones han de repartirse entre las ayudas a priori a nuevos proyectos, que se presenten y rueden actualmente, y el pago que todavía se debe a filmes estrenados en 2016, ya que la anterior Ley del Cine, reformada entretanto, entregaba los fondos a posteriori, dos años después del debut en salas. La cantidad a repartir, casi idéntica a la del año pasado, es considerada por tanto insuficiente por prácticamente cualquier productor cinematográfico de España. Ambos modelos llevan tres años conviviendo: en 2019 ya solo quedarán las subvenciones antes y durante la producción.

Los apartados de Archivos y Bibliotecas aumentan sus partidas: la primera pasa de 26,4 a 27,6 millones (sube un 4,6%) y la segunda crece de 43.6 a 47 millones (7,7% más), "recogiendo dotaciones para desarrollar las previsiones contenidas en la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas". Un informe de los editores denunció hace un año el estancamiento de la lectura en España: más de un tercio de la población lee "nunca o casi nunca", según distintos estudios. El mismo documento señalaba que, si bien la cantidad de bibliotecas se ha mantenido, su servicio ha empeorado: están abiertas menos horas, sus colecciones envejecen, prestan mucho menos y solo las aprovecha uno de cada cuatro ciudadanos.

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La cultura sube un 4,4% pero sigue pesando solo un 0,2% en los Presupuestos 2018

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La cultura sonríe a medias ante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Tras años de recortes y congelaciones, la partida destinada a las artes experimenta una subida. Un 4,4%, en concreto, de los 803 millones de 2017 a los 838 de los que dispondrá el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la gestión de este sector en 2018.

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Actualizado 10/01/2019 13:30:44 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gasto público en España se situó en 2017 en el 40,99% del PIB (40,92% excluidas las ayudas financieras), lo que supone un 1,2% menos que el año anterior y un 7,11% menos que el gasto realizado por las administraciones públicas en el año 2012.

Así se desprende de un informe sobre el gasto público elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, que refleja una paulatina reducción del gasto público en porcentaje de PIB durante el periodo 2012-2017, así como en términos absolutos, ya que el volumen de gasto público se ha reducido en un 4,4%.

En concreto, el gasto público ha pasado de los 500.177 millones que suponía en el año 2012, tras la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, hasta los 478.126 millones con los que cerró el año 2017. No obstante, esta reducción se debe en su mayoría al ajuste del gasto público realizado en el año 2013 (-6,6%), ya que la ratio se ha mantenido o ha aumentado el resto de años: 2014 (-0,4%), 2015 (+1,6%), 2016 (-0,1%) y 2017 (+1,3%).

Según el informe, la evolución del gasto de las administraciones públicas en los últimos años se encuentra afectada de forma directa por los efectos de la crisis financiera y el proceso de reestructuración del sistema bancario. Las operaciones realizadas por determinados organismos, como el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Fondo de Garantía de Depósitos o el Banco Financiero y Ahorro, tuvieron especial importancia en los empleos totales del sector.

Esto se debió unas veces al pago de intereses, otras veces por la concesión de financiación para el pago de facturas, y en otras ocasiones y, principalmente, por la concesión de ayudas financieras, aportando dinero o capital bajo diversas formas (suscripción de participaciones preferentes, esquema de protección de activos o aplicando provisiones para tenedores de híbridos) en el proceso de fusión y reestructuración del sistema bancario.

LA PROTECCIÓN SOCIAL SUPONE EL 40% DE TODO EL GASTO

En términos de PIB, el gasto de las administraciones públicas ha estado centrado predominantemente en el grupo de Protección social, que supone cada año en torno al 40% de los empleos no financieros de todo el sector y en los últimos cinco años es el que mayor incremento ha registrado en cuanto a volumen de gasto, con 8.609 millones más, como consecuencia del incremento de la rúbrica prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie en un 4,6%.

En detalle, el gasto en protección social representa un 16,55% del PIB, seguido de Salud (5,95%), servicios públicos generales (5,56%), Educación (3,99%), asuntos económicos (3,81%), orden público y seguridad (1,84%), actividades recreativas, cultura y religión (1,09%), Defensa (0,89%) y protección del medio ambiente (0,86%).

En términos absolutos, las partidas que más redujeron su gasto entre 2012 y 2017 fueron las de servicios públicos generales (-6%) y asuntos económicos (-46,4%), frente al alza del resto: defensa (+7,6%), orden público y seguridad (+1,4%), protección del medio ambiente (+8,3%), vivienda (+6%), Salud (+7,3%), actividades recreativas, cultura y religión (+0,3%), Educación (+7,5%) y protección social (+5,6%).

Por administraciones públicas, la Administración Central es la que realiza una mayor gasto, con 218.187 millones de euros en 2017, un 0,7% menos que el año anterior; seguida de las comunidades autónomas, con 173.384 millones (+3,2% interanual); los fondos de la Seguridad Social, con 165.193 millones (+2,1%), y las corporaciones locales, con 67.00 millones (+4,8%).

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El gasto público en España bajó al 41% del PIB en 2017, siete puntos menos que en 2012

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Actualizado 10/01/2019 13:30:44 CET MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) - El gasto público en España se situó en 2017 en el 40,99% del PIB (40,92% excluidas las ayudas financieras), lo que supone un 1,2% menos que el año anterior y un 7,11% menos que el gasto realizado por las administraciones públicas en el año 2012.