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¿Qué resultado está produciendo actualmente el sistema local de acuerdo con los datos y opinión de los distintos actores?

¿Los beneficiarios experimentan resultados diferenciales según alguna condición, característica o tipo de servicio?

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¿Existen reglas formales (leyes) o informales (normas) que afecten, influyan o provoquen el problema objetivo?

¿Se aplican las normas pertinentes? ¿Qué tan bien? ¿Efectivamente? ¿Equitativamente?

¿Qué incentivos y desincentivos existen que afectan la forma en que los actores se comportan en el sistema?

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¿Quiénes son los principales actores relevantes para abordar el problema y por qué?

¿Qué roles están desempeñando actualmente estos actores?

¿Están alineados los intereses y prioridades de estos diferentes actores/partes interesadas/grupos? Si no es así, ¿por qué no?

¿Quiénes son los posibles campeones y spoilers actualmente?

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¿Qué tipos de relaciones existen entre los actores relevantes (formales/informales, contractuales/jerárquicas/recíprocas) descritas anteriormente?

¿Cómo son estas relaciones? ¿Son colaborativos? ¿Conflictivas?

¿Hay relaciones entre actores que actualmente son faltantes, débiles o innecesarias?

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¿Qué recursos (financieros, técnicos, etc.) está utilizando actualmente el sistema local para producir los resultados actuales?

¿Faltan recursos necesarios o son insuficientes para hacer frente al desafío?

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Prueba

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Actualmente no se cuenta con oferta especializada para esta población en el servicio de protección especializada. Sin embargo, en cuanto a la oferta previa que correspondería a los programas 24 horas, no se cuenta con información sobre resultados en términos de cambios conductuales o de factores de riesgo en los participantes. En el caso de la oferta externa, existe la oferta de Lazos que solo opera para NNA con adultos responsables, y que cuenta con buenos resultados en cambio conductual para el perfil de beneficiario según los estudios. En este sentido es posible decir que existe una condición actual en la oferta nacional que genera resultados diferenciales y es tener adulto responsable, ya que los NNA inimputables con esta condición son posibles beneficiarios de MST.

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Ley 21430 de garantias

Ley 19968 tribunales de familia

Ley 21128 aula segura

Ley aula segura no se cumpla a cabalidad lo siguiente: El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.

Ley de garantias aun con diversas dificultades de implementación como por ejemplo la responsabilidad del intersector, la participación activa de los NNA y la comunidad, etc.

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Servicio de Protección especializada: regente de la política y oferta programática de atención a NNA inimputables

Ministerio de Educación (superintendencia y servicios locales): co-responsable de la integración escolar y detección/atención temprana.

Salud y redes asistenciales: Entrega de servicios especializados en salud mental y física a NNA inimputables

Programa Lazos: Red de derivación de casos que cuentan con adulto responsable

SENDA/ Salud: Red de derivación de casos que presentan consumo de sustancias.

Sociedad Civil: Ejecutores de oferta programática externalizada para NNA inimputables y oferta complementaria

Universidades y centros de investigación y desarrollo: estudios, asesoria técnica, recomendaciones.

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El sistema de protección carece de un programa específico para atender a niños y niñas en edad de inimputabilidad con trayectorias delictivas, siendo incorporados a una oferta general que no considera sus particularidades, lo que puede agravar su situación. Además, falta información adecuada para identificar las causas de su ingreso, dificultando una intervención efectiva. Sin embargo, el Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito ofrece una intervención especializada para niños desde los 10 años detenidos por Carabineros, mediante evaluaciones tempranas y derivaciones a componentes específicos. Este programa ha sido evaluado con informes recientes, incluyendo uno de DIPRES (2024) y otro de impacto en 2018.

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El Servicio de Protección carecen de evidencia clara sobre trayectorias delictivas en menores de 14 años, enfrentando desafíos como la fragmentación del sistema, la falta de coherencia interna y la insuficiencia de recursos para atender factores de riesgo (abandono escolar, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, etc.). La implementación de la Ley 21.430 y la desinstitucionalización muestran avances como el énfasis en familias de acogida, pero persisten problemas en residencias familiares, listas de espera y violencia en instituciones residenciales.

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a. Reglas formales e informales:
El marco normativo actual sobre infancia y adolescencia no contempla disposiciones específicas para atender a niños en trayectorias delictivas tempranas. Se aplica un enfoque general basado en la vulneración de derechos, considerado adecuado, pero se requiere establecer procedimientos claros para personalizar las intervenciones y abordar factores de riesgo sin estigmatizar.

b. Aplicación de normas:
Aunque el sistema opera bajo principios legales, la implementación enfrenta desafíos, como la falta de roles definidos en la coordinación intersectorial y de mecanismos para identificar problemas y medir resultados. Esto dificulta una aplicación efectiva de las leyes sobre protección infantil.

c. Incentivos y desincentivos:
Los incentivos incluyen un marco legal robusto, supervisión intersectorial, capacitación continua y principios rectores basados en derechos humanos. Sin embargo, desincentivos como la ausencia de datos claros, roles definidos y estrategias especializadas limitan la eficacia y calidad de las intervenciones, junto con una falta de mirada preventiva.

y sesgos dogmáticos respecto al abordaje de factores criminógenos que afectan a NNA.

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·       Todas las instituciones que conforman el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia: Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado y la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
También pasan a integrar el sistema, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Comité Interministerial de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (que reemplazará al Sename en esa área), las Oficinas Locales de la Niñez, el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez y el Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

·       Servicios sectoriales: Educación, Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Mujer y Equidad de Género. Además del Ministerio del Interior, en especial la Subsecretaría de Prevención del delito por ser la entidad a cargo del Programa Lazos (programa que actualmente interviene a NNA inimputables).

·       Además, se deben considerar Organizaciones de la Sociedad Civil, Familias, Comunidad, Municipios, etc.

Se entenderá por campeones aquellas instituciones o actores claves que impulsan, promueven y lideran la implementación y éxito de políticas de protección de derechos y/o interrupción de factores de riesgo. En este efecto, se consideran como campeones:

·       Servicio de Mejor Niñez, Subsecretaría de la Niñez y Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya que pueden liderar iniciativas para fortalecer el sistema de protección y coordinar esfuerzos interinstitucionales dado su rol en el Comité Interministerial y el acceso a garantías.

·       Los tribunales desempeñan un rol importante en la protección integral de los derechos de los NNA y la adopción de medidas preventivas y restaurativas, asegurando que se implementen mecanismos para abordar las vulnerabilidad y factores de riesgo (detección temprana, evaluación, adopción de medidas de protección).

·       Podrían ser campeones – por ahora son spoilers – el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, dado que su intervención desde una perspectiva preventiva y promotora de derechos puede ser crucial para abordar los factores de riesgo y protección de los NNA. Dentro de ellos se debe considerar, Ministerio de Educación – permanencia en el sistema escolar, generación de un entorno escolar inclusivo y seguro y promoción de habilidades socioemocionales y de resolución de conflictos – Ahora bien, Ministerio de Salud – [PD1] por la disponibilidad de información y por la oferta programática que podría brindar en atención de salud mental, consumo de sustancias, etc.

·       Subsecretaría de Prevención del Delito dado su rol en la administración e implementación de oferta programática, ejemplo: Programa Lazos, el cual contempla dentro de su población objetivo a NNA inimputables.

Ahora bien, será spoilers, aquellas instituciones que obstaculizan o dificultan la implementación y éxito de un programa o aquellas que tienen una actitud inactiva/pasiva aun teniendo facultades.

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personal y capacitación

instrumentos de medición

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Dificultades en la definición de los roles y responsabilidades, la desigualdad en capacidades y recursos, y la carencia de información necesaria para una intervención adecuada en la protección de niños, niñas y adolescentes pueden generar tensiones y conflictos entre los actores involucrados. Además, la falta de cumplimiento activo de la ley sobre garantías y protección de derechos de NNA por parte de organismos colaboradores, el Inter sector, el Servicio de Protección y el Poder Judicial se identifica como un desafío significativo en la coordinación efectiva del sistema de protección.

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Los recursos disponibles son un factor crítico que influye significativamente en la capacidad del sistema para implementar una oferta programática efectiva y específica para niños, niñas y adolescentes (NNA) inimputables. A considerar:

Infraestructura y capacidad institucional.

Recursos humanos.

Financiamiento.

Información y tecnología.