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4. Incidencias en que se ha suprimido la libertad de expresión

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4. Incidencias en que se ha suprimido la libertad de expresión

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El artículo de El País informa sobre la situación de la libertad de prensa en Guatemala, destacando la persistencia de la criminalización de periodistas bajo el gobierno. A pesar de algunos avances, el acoso judicial contra comunicadores independientes sigue siendo una amenaza.

La noticia refleja cómo se suprime la libertad de expresión mediante la persecución legal y la censura. Esto impide que los medios trabajen con independencia y fomenta la autocensura, mientras las autoridades utilizan el sistema judicial para reprimir el periodismo crítico.

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Al menos 11 informadores se enfrentaron a procesos judiciales en Guatemala en 2024, entre ellos el reconocido comunicador José Rubén Zamora

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, el pasado 13 de enero. David Toro (EFE)

Reporteros sin Fronteras (RSF), una organización no gubernamental creada hace más de 30 años, publicó el miércoles un comunicado en el que calificó de "insuficientes" los esfuerzos del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para la protección de periodistas e instó al mandatario a ser más "enérgico" y que garantice un entorno seguro para el periodismo independiente.

El pasado 14 de enero, el mandatario cumplió un año en el cargo y aunque su Gobierno hasta el momento no ha tenido señalamientos de corrupción analistas y sociedad civil también le han pedido más contundencia en sus acciones.

En esta ocasión, RSF hizo un balance del primer año de gestión de Arévalo y manifestó que, pese a su enfoque más abierto en comparación con sus antecesores, la continua criminalización de los periodistas y la persistente corrupción del poder judicial perpetúan el ambiente hostil para los medios independientes.

"Reconocemos los progresos realizados por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en su primer año, especialmente en materia de fomento del diálogo y respeto de la libertad de prensa. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes mientras persistan la criminalización y el acoso judicial a los periodistas", señaló Artur Romeu, director de la oficina para América Latina de RSF.

Romeu mencionó que el caso del reconocido comunicador José Rubén Zamora es un recordatorio constante de los graves riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación en Guatemala. "El Gobierno debe tomar medidas más enérgicas para desmantelar el aparato represivo heredado de administraciones anteriores y garantizar un entorno seguro en el que pueda florecer el periodismo independiente", agregó.

En el comunicado, titulado Las amenazas a la libertad de prensa y el caso Zamora socavan los progresos del primer año del presidente Arévalo, la organización recomendó implementar rápidamente la política de protección de los defensores de los derechos humanos, atendiendo especialmente a los periodistas, a frenar el abuso del sistema judicial que provoca la criminalización de comunicadores como los casos de Juan Luis Font de ConCriterio y Diego España de diario La Hora, pues según sus datos unos 11 periodistas enfrentaron procesos judiciales en 2024.

Avances y retos

RSF reconoció que Arévalo puso en marcha medidas que mejoraron el panorama de los medios de comunicación, que autorizó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la participación del relator especial para la Libertad de Expresión, la primera de este tipo en Guatemala en ocho años, firmó la Declaración de Chapultepec, un acuerdo internacional que establece los principios clave para salvaguardar el periodismo independiente y proteger a los periodistas de la censura y la persecución; entre otros.

Prometió que no se perseguiría a las personas por sus opiniones, pero el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, incluida en la lista Engel de Estados Unidos, ha mantenido su "sistemática criminalización" contra los comunicadores.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, manifestó que "el respeto a la libertad de prensa no es negociable" y ha defendido que el Gobierno de Arévalo no se quedó de brazos cruzados. "El periodismo es un pilar fundamental de nuestra democracia, por eso desde la Secretaría de Comunicación Social hemos tomado acciones que garantizan la libertad de prensa y la transparencia, dejando atrás las prácticas de censura y hostigamiento que desde puestos de poder se orquestaban", indicó a través de las redes sociales en respuesta a RSF. Palomo reconoció que "persisten agresiones y persecución por quienes se ven amenazados por la labor periodística", aunque aseguró que "el compromiso es avanzar para que se pueda ejercer con seguridad, con dignidad".

Más información

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Reporteros sin Fronteras denuncia que en Guatemala persiste la criminalización de periodistas

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Al menos 11 informadores se enfrentaron a procesos judiciales en Guatemala en 2024, entre ellos el reconocido comunicador José Rubén Zamora

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3. Limitaciones a la libertad de expresión en el Internet.

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3. Limitaciones a la libertad de expresión en el Internet.

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La postura del magistrado Rafael Sarazá Jimena sobre la responsabilidad legal en internet, especialmente en temas como el derecho al olvido y el control de contenidos ilícitos. Asimismo, se menciona que las plataformas digitales no son responsables del contenido que publican los usuarios, pero deben eliminarlo si saben que es ilegal. También se resalta que quienes administran cuentas en redes sociales deben estar atentos a los comentarios que permiten, como en el caso de un político francés condenado por no borrar mensajes racistas en su perfil.

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‘Me han borrado un comentario en Facebook’: ¿censura, responsabilidad legal o libertad de expresión?

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El magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Rafael Sarazá Jimena imparte una ponencia en el Colegio de la Abogacía de Córdoba sobre la jurisdicción en los abusos y publicaciones en internet

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2. Limitaciones a la libertad de expresión en internet

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2. Limitaciones a la libertad de expresión en internet

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Manahel al Otaibi, activista saudí, fue condenada a 11 años de prisión por expresar en redes sociales su apoyo a los derechos de las mujeres y desafiar normas de vestimenta. Su caso, juzgado bajo leyes antiterroristas, refleja la represión extrema de la libertad de expresión en Internet en Arabia Saudí.

Este fallo demuestra que, pese a las supuestas reformas, el gobierno sigue criminalizando la disidencia digital, especialmente contra mujeres que cuestionan el sistema. Además, refuerza el clima de censura y autocensura, usando juicios secretos y detenciones arbitrarias para silenciar activistas.

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Las autoridades de Arabia Saudí deben poner en libertad inmediata e incondicional a Manahel al Otaibi, activista de los derechos de las mujeres e instructora de educación física de 29 años, que ha sido condenada a 11 de años de prisión por su elección de la vestimenta y su apoyo a los derechos de las mujeres, han declarado hoy Amnistía Internacional y ALQST. La sentencia contradice directamente el discurso gubernamental de reforma y de empoderamiento de la mujer.

Manahel al Otaibi fue condenada en una vista celebrada en secreto ante el tristemente célebre tribunal antiterrorista de Arabia Saudí, el Tribunal Penal Especializado, el 9 de enero de 2024, pero la sentencia sólo se conoció semanas después en la respuesta oficial del gobierno saudí a una petición de información incluida en una comunicación conjunta de relatores y relatoras especiales de la ONU sobre el caso de Manahel.

Los cargos contra ella estaban relacionados únicamente con su elección de vestimenta y sus opiniones expresadas en Internet, que incluían pedir en las redes sociales el fin del sistema de tutela masculina en Arabia Saudí, publicar vídeos de sí misma vistiendo "ropa indecente" e "ir a las tiendas sin llevar una abaya" (vestido tradicional). Su hermana Fawzia al Otaibi se enfrenta a cargos similares, pero huyó del país en 2022 por temor a ser arrestada tras recibir una citación para ser interrogada.

Sin embargo, según la misión permanente de Arabia Saudí en Ginebra, Manahel al Otaibi fue declarada culpable de absurdos "delitos de terrorismo" en aplicación de los artículos 43 y 44 de la draconiana Ley Antiterrorista del reino, que penaliza a "toda persona que cree, inicie o utilice un sitio web o un programa en un ordenador o un dispositivo electrónico [...] o publique información sobre la fabricación de artefactos incendiarios, explosivos o cualquier otro dispositivo empleado en crímenes terroristas", así como a "toda persona que, por cualquier medio, retransmita o publique noticias, declaraciones, o rumores falsos o maliciosos, o equivalentes para cometer un crimen terrorista". La familia al Otaibi no ha tenido acceso a su documentación procesal ni a las pruebas presentadas contra ella.

La sentencia condenatoria y la pena de 11 años de prisión impuestas contra Manahel constituyen una terrible y cruel injusticia. Desde el momento del arresto de Manahel, las autoridades saudíes la han sometido a un implacable catálogo de abusos, que van desde su detención ilegítima por apoyar los derechos de las mujeres hasta su desaparición forzada durante más de cinco meses mientras era interrogada, juzgada y condenada en secreto y sufría repetidas palizas en prisión.
Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí

"La sentencia condenatoria y la pena de 11 años de prisión impuestas contra Manahel constituyen una terrible y cruel injusticia. Desde el momento del arresto de Manahel, las autoridades saudíes la han sometido a un implacable catálogo de abusos, que van desde su detención ilegítima por apoyar los derechos de las mujeres hasta su desaparición forzada durante más de cinco meses mientras era interrogada, juzgada y condenada en secreto y sufría repetidas palizas en prisión. Con esta condena, las autoridades saudíes han dejado al descubierto la vacuidad de sus tan pregonadas reformas en materia de derechos de las mujeres de los últimos años y han demostrado su aterrador empeño de silenciar la disidencia pacífica", ha sostenido Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí.

"La confianza de Manahel en que podía actuar con libertad podría haber supuesto una publicidad positiva para el tan elogiado discurso de Mohammed bin Salman según el cual éste dirigía las reformas en materia de derechos de las mujeres en el país. En cambio, al arrestarla e imponerle ahora esta indignante pena, las autoridades saudíes han evidenciado una vez más la naturaleza arbitraria y contradictoria de sus supuestas reformas, y su firme decisión de controlar a las mujeres de Arabia Saudí", ha afirmado Lina Alhathloul, responsable de observación e incidencia de ALQST.

Aunque las autoridades han eliminado algunas de las restricciones impuestas a las mujeres por el sistema de tutela masculina, muchas prácticas discriminatorias siguen vigentes. La muy esperada Ley del Estatuto Personal, de 2022, que se suponía que iba a ser una reforma importante, en la práctica codifica, en lugar de abolir, muchos elementos restrictivos del sistema, incluidas las cuestiones relativas al matrimonio, el divorcio, la custodia infantil y la herencia.

Irónicamente, Manahel al Otaibi creyó en un primer momento en las promesas de reforma formuladas por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En una entrevista televisiva que concedió en 2019 a la cadena alemana Deutsche Welle, Manahel describió los "cambios radicales" que se estaban produciendo en el reino saudí, incluidas las reformas del código indumentario, y dijo que se sentía libre para expresar sus opiniones y vestir como quisiera, en vista de las declaraciones del príncipe heredero. Sin embrago, fue arrestada el 16 de noviembre de 2022 precisamente por ejercer esas libertades.

Al arrestarla e imponerle ahora esta indignante pena, las autoridades saudíes han evidenciado una vez más la naturaleza arbitraria y contradictoria de sus supuestas reformas, y su firme decisión de controlar a las mujeres de Arabia Saudí.
Lina Alhathloul, responsable de observación e incidencia de ALQST

Tras ser arrestada, Manahel al Otaibi fue sometida a abusos físicos y psicológicos en la prisión de Malaz, en Riad, y a desaparición forzada durante cinco meses, desde el 5 de noviembre de 2023 hasta abril de 2024. El 14 de abril de 2024, cuando finalmente pudo ponerse de nuevo en contacto con sus familiares, les contó que la mantenían recluida en régimen de aislamiento y que tenía una pierna rota a consecuencia de los abusos físicos. También dijo que le negaban atención médica.

"Las autoridades saudíes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Manahel al Otaibi y a todas las personas detenidas actualmente en el reino por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Hasta la puesta en libertad de Manahel, las autoridades deben garantizar su seguridad y su acceso a atención médica adecuada", ha declarado Lina Alhathloul.

"Es hora de que las autoridades saudíes reformen las disposiciones discriminatorias de la Ley del Estatuto Personal y abolan totalmente el sistema de tutela masculina", ha afirmado Bissan Fakih.

Según la respuesta del gobierno saudí a la ONU, a fecha de 25 de enero de 2024, la sentencia dictada contra Manahel al Otaibi era apelable y su caso seguía siendo "examinado por los tribunales".

La sentencia condenatoria de Manahel se dicta en un contexto de recrudecimiento de la represión de la libertad de expresión en Arabia Saudí, incluidas las opiniones expresadas en Internet. Durante los últimos dos años, los tribunales saudíes han dictado sentencias condenatorias e impuesto largas penas de prisión contra decenas de personas por expresar sus opiniones en las redes sociales, entre ellas muchas mujeres, como Salma al Shehab (27 años), Fatima al Shawarbi (30 años), Sukaynah al Aithan (40 años) y Nourah al Qahtani (45 años).

En 2019, en el marco de una iniciativa para abrir el país al turismo, las autoridades anunciaron la relajación de los códigos indumentarios para las mujeres extranjeras que lo visiten. Sin embargo, esa concesión no se ha extendido a las ciudadanas saudíes y las mujeres residentes en el país, que sufren inseguridad jurídica por vestir libremente en público. Posteriormente, también en 2019, en un vídeo promocional publicado por la agencia de seguridad del Estado, las autoridades llegaron a calificar el feminismo como una forma de pensamiento "extremista", pero se vieron obligadas a rectificar rápidamente y la Comisión de Derechos Humanos saudí tuvo que aclarar que el feminismo "no es delito".

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Arabia Saudí: Mujer condenada a 11 años de prisión por expresar en Internet su apoyo a los derechos de las mujeres

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Las autoridades de Arabia Saudí deben poner en libertad inmediata e incondicional a Manahel al Otaibi, activista de los derechos de las mujeres e instructora de educación física de 29 años, que ha sido condenada a 11 de años de prisión por su elección de la vestimenta y su apoyo a los derechos de las [...]

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Elecciones en Venezuela 2024: resultado de Maduro y protestas de la oposición, en vivo.

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1. Incidencias en que se ha suprimido la libertad de expresión.

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1. Incidencias en que se ha suprimido la libertad de expresión.

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El artículo de El Confidencial informa sobre las elecciones en Venezuela, destacando la victoria de Nicolás Maduro y las protestas que han dejado al menos once muertos y cientos de detenidos.

Muchas personas no pueden expresar sus opiniones sin miedo. La noticia plasma la manera en que se suprime la libertad de expresión porque la información se ve censurada y controlada por el gobierno de Venezuela. Ello impide que los medios informen libremente y reprime las protestas con violencia y detenciones.

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Adriana López;Pepe Campos;Laura Prieto;Alba Sanz

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Elecciones en Venezuela 2024: resultado de Maduro y protestas de la oposición, en vivo

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El pueblo venezolano ha vivido una jornada electoral emocionante marcada por la alta participación, que se ha situado en el 59%, superando en más de diez puntos los anteriores comicios