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El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser molestado sin un mandamiento escrito de la autoridad competente. También protege el derecho a la privacidad y establece reglas para detenciones e inspecciones.

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El Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."

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Protección de la privacidad: Tanto el artículo 16 de la Constitución Mexicana como el artículo 12 de la DUDH protegen a las personas contra intervenciones arbitrarias en su vida privada, domicilio y correspondencia.

Garantía de seguridad jurídica: Ambos documentos establecen que cualquier acto de autoridad que afecte a una persona debe estar debidamente fundamentado en la ley.

Defensa ante abusos de autoridad: Ambos reconocen que el Estado debe garantizar mecanismos para que las personas puedan defenderse ante abusos.

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El artículo 16 es más específico: Mientras que el artículo 12 de la DUDH establece principios generales, el artículo 16 de la Constitución Mexicana detalla procedimientos legales específicos, como la necesidad de órdenes judiciales para detenciones e intervenciones de comunicaciones.

Protección contra detenciones arbitrarias: El artículo 16 extiende la protección a detenciones ilegales, regulando el debido proceso, algo que no se menciona específicamente en el artículo 12 de la DUDH.

Regulación nacional vs. internacional: La DUDH es una declaración de principios universales, mientras que la Constitución Mexicana es una norma jurídica aplicable en un contexto específico.

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¿Consideras que el derecho se cumple en México?

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¿Consideras que el derecho se cumple en México?

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En teoría si se debería de cumplir pero en la práctica no siempre se respeta por completo.

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Un ejemplo de violación al artículo 16 ocurrió en 2024 en varias ciudades de México, donde se reportaron detenciones arbitrarias durante manifestaciones. En algunos casos, las autoridades detuvieron a personas sin una orden judicial y sin informarles el motivo de su detención, violando así el principio de legalidad.

Además, el espionaje ilegal a periodistas y activistas a través de herramientas como Pegasus ha sido denunciado, lo que muestra que el derecho a la privacidad aún enfrenta desafíos en México.