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Esta masacre se desarrollo en la zona urbana de la inspeccion de policia EL TIGRE, en el bajo Putumayo (VALLE DEL GUAMUEZ)

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Ocurrió el 9 de enero de 1999 en el corregimiento de El Tigre, municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo. Esta brutal incursión fue perpetrada por paramilitares del Bloque Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes llegaron a la zona con la intención de erradicar la supuesta presencia de colaboradores de las guerrillas, en particular de las FARC. En un ataque planificado, los paramilitares asesinaron a al menos 27 personas de la comunidad, sin hacer distinción alguna, y destruyeron negocios y viviendas. El terror se extendió a lo largo de las horas, dejando a los habitantes traumatizados y con sus vidas devastadas.

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25 años de la M4S4CR3 del Tigre: el horror que no se olvida en el Putumayo

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El miedo a nuevas incursiones y el riesgo constante de violencia desencadenaron un desplazamiento masivo en El Tigre y en los municipios aledaños de Putumayo. Cientos de familias, abandonando sus hogares y cultivos, huyeron a otras regiones en busca de seguridad, aumentando las cifras de desplazamiento forzado en el país. Muchas personas no solo dejaron atrás sus posesiones, sino también su arraigo y formas de vida, ya que la mayoría dependía de actividades agrícolas y comerciales que quedaron paralizadas. Este éxodo contribuyó a una crisis humanitaria en la región, donde las necesidades básicas de los desplazados no siempre podían ser atendidas en las zonas de refugio.

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A nivel político y social, la masacre de El Tigre evidenció las graves falencias en la protección de las comunidades rurales y la vulnerabilidad en la que vivían ante el control de grupos armados ilegales. El episodio generó un fuerte rechazo nacional e internacional, y los sobrevivientes y sus familias demandaron justicia, lo que llevó a que el Estado fuera responsabilizado, en parte, por su omisión y falta de intervención. Esta masacre resaltó la necesidad de reformas y una presencia estatal efectiva en regiones remotas y fronterizas, además de una política de seguridad integral que ofreciera garantías a los habitantes de zonas rurales.

Económicamente, El Tigre quedó sumido en la crisis, ya que el abandono de tierras y negocios destruyó el tejido económico local. La agricultura y el comercio fueron duramente golpeados, y la pérdida de mano de obra y de confianza en la seguridad regional dificultó la recuperación económica a largo plazo.

Los sobrevivientes enfrentaron años de precariedad económica, sin acceso a medios de subsistencia y con limitadas oportunidades de empleo. Esta crisis marcó a Putumayo y agudizó la pobreza en la región, afectando a generaciones de habitantes que, hasta hoy, luchan por recuperarse de las consecuencias devastadoras de la violencia en sus comunidades.