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El caso nos presenta que el suboficial Barreto entregó documentos clasificados a la prensa sobre los asesinatos que cometió el Grupo Colina (como la matanza de La Cantuta) y los que planeaba cometer contra periodistas que no estaban alineados con el Gobierno de Fujimori, como César Hildebrandt.

Mariella Barreto y Santiago Martín Rivas tenían una relación amorosa y tuvieron una hija. Sin embargo, la agente era víctima de violencia psicológica y física del líder del Grupo Colina. Esto, sumado al conocimiento de los delitos de lesa humanidad que había cometido la mano derecha de Vladimiro Montesinos.

Luego de 26 años de impunidad, este viernes 16 de junio, la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional condenó a 23 años de pena privativa de la libertad contra Vladimiro Montesinos y el mayor EP (r) Santiago Martín Rivas por el secuestro y asesinato de Mariella Barreto Riofano. La agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quien reveló los crímenes del Grupo Colina y los planes que tenía para matar a periodistas detractores del Gobierno de Alberto Fujimori.

A su vez, el Poder Judicial también condenó al coronel EP (r) Carlos Edmundo Sánchez Noriega, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y al comandante EP (r) José Rafael Salinas Zuzunaga, exjefe de Contrainteligencia del SIE, a penas de 15 y 8 años de cárcel, quienes también participaron del secuestro, asesinato y descuartizamiento de la exsuboficial de 28 años, en 1997.

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Primera conclusión:

Vladimiro Montesinos fue condenado a 23 años de prisión por el asesinato de Mariella Barreto, lo que pone de relieve la falta generalizada de justicia en casos de graves abusos contra los derechos humanos en Perú. Esta sentencia no sólo castiga al individuo, sino que también deja claro que no se tolerará la impunidad por los crímenes del Estado. El brutal asesinato del agente de inteligencia Barreto refleja la represión y el comportamiento criminal del gobierno peruano en los años noventa.

Segunda conclusión:

El juicio y condena de Vladimiro Montesinos por el asesinato de Mariella Barreto subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. El caso revela cómo el abuso de poder y la falta de control sobre los servicios de inteligencia pueden conducir a graves violaciones de derechos humanos. La sentencia de 23 años es una victoria para la justicia y demuestra que, si bien el poder puede corromper, la verdad y la justicia prevalecerán. La sentencia también enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para evitar que tales violaciones se repitan. La condena de Montesinos es un hito en la lucha contra la impunidad y un homenaje a personas valientes como Mariela Barreto que se enfrentan a la corrupción y la violencia.

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Los nuevos presidentes que tomarán posesión a lo largo de los años es necesario buscar políticas efectivas para reducir los homicidios. Debería haber control que consista   enfocarse en reducir la corrupción creando estándares más altos para oficiales y despidiendo a los corruptos. También puede incluir cambios a los salarios, beneficios o capacitaciones de los oficiales. También debería haber despliegue militar, esto consiste en desplegar soldados armados para atacar el crimen. Reformas internas en la policía consisten en reducir la corrupción creando estándares más altos para oficiales y despidiendo a los corruptos. También puede incluir cambios a los salarios, beneficios o capacitaciones de los oficiales.

Las autoridades deben realizar una investigación exhausta y transparente para establecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. El uso de tecnología avanzada,  como la ciencia forense, puede ayudar a analizar pruebas y establecer hechos. El uso de plataformas en línea y redes sociales para crear conciencia sobre el caso y crear presión pública para que se haga justicia puede ser una herramienta útil. Trabajar con organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil puede ayudar a monitorear el progreso del caso y lograr justicia.

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El reciente fallo judicial que condena a Vladimiro Montesinos a 23 años de prisión por el homicidio de la agente Mariella Barreto es un hito crucial en la lucha contra la impunidad en Perú. Montesinos, ex asesor del presidente Alberto Fujimori, fue hallado culpable de un crimen que subraya la violencia sistemática y los abusos de derechos humanos durante el régimen fujimorista.

Mariella Barreto, suboficial del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), fue asesinada en 1997 después de haber filtrado información sobre las actividades del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte encargado de eliminar a opositores y sospechosos de terrorismo. Su valentía al exponer estos crímenes la convirtió en un blanco, resultando en su brutal asesinato, cuyo objetivo era silenciarla y enviar un mensaje de advertencia a otros posibles denunciantes.

El caso de Mariella Barreto no solo es un recordatorio de los horrores del pasado reciente de Perú, sino también un llamado a la continua vigilancia y la lucha por los derechos humanos. La sentencia contra Montesinos no devuelve la vida a Barreto, pero representa un paso significativo hacia la reconciliación y la justicia para las víctimas de la violencia estatal. En este sentido, el veredicto es una victoria simbólica en la batalla más amplia por la memoria y los derechos humanos en Perú.

Finalmente, este caso destaca la importancia del testimonio y la denuncia en la búsqueda de justicia. La valentía de Barreto al exponer la verdad sobre las atrocidades cometidas por el Grupo Colina es un ejemplo poderoso de la necesidad de continuar luchando contra la impunidad y de garantizar que los perpetradores de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia. La condena de Montesinos es, por tanto, no solo una victoria legal, sino también un tributo a la memoria de quienes, como Mariella Barreto, sacrificaron todo en la búsqueda de la verdad y la justicia.

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Este caso fue reportado en muchos medios locales, según Lex (2023) La Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional condenó a 23 años de cárcel a Montesinos como autor mediato y a Martín Rivas, como autor.

Para esto se requiere saber qué Marialla Barreto fue suboficial del ejército peruano y agente del servicio de inteligencia del ejército peruano, conocido como (SIE)

En este caso de homicidios también se puede ver la dolencia y la afectación que puede desarrollar al entorno de la víctima, según Gómez R. (2023) la suboficial Mariela Barreto Riofano tenía 28 años y era madre de una niña y de una recién nacida. A la par nuestro país también estaba sumido en una espiral de violencia.

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Derecho a la vida

El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones.

En nuestro caso presentado a la Madre de familia Marialla Barreto, siendo madre de 2 menores niñas se le fue arrebatada este derecho, por la vil astucia y por fines sucios de parte de Vladimiro Montesinos.

Gracias a que tenemos este derecho como ciudadanos es que también se imparte la justicia en este caso, pero vemos muchos otros casos donde no se aplica o la mis justicia se ciega por muchas razones no gratas para la ética gubernamental pero siempre se lucha para que se haga justicia ante un homicidio.

Derecho a la libertad y seguridad personal

Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. En nuestro estudio sobre este caso hemos visto que Marialla Barreto ha sido torturada, por ende se ha violado esta ley con ella.

Esto implica más cargos bajo los abusadores y asesinos de esta madre de familia, en el perú también vemos mucho abuso a este derecho, y muchas veces se espera llegar al peor momento que es un homicidio para que las autoridades actúen, lo cual no debería ser así. En este caso fue por tema de secuestro pero igual se aplica todas las normas de ley bajo este derecho abusado.

El derecho a la integridad personal se encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política vigente.