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Las características de la acusación en el derecho penal son las siguientes:

1. Declaración formal: La acusación es una declaración formal realizada por el titular de la acción penal, que puede ser el Ministerio Público o un acusador particular, en la cual se imputa al acusado la comisión de un delito.

2. Fundamentación de la imputación: La acusación debe estar respaldada por pruebas suficientes que permitan sostener la imputación y demostrar la responsabilidad del acusado. Debe contener los elementos necesarios para fundamentar la imputación, como la descripción del delito, los hechos que lo sustentan y las pruebas que se presentarán en su apoyo.

3. Concreta y precisa: La acusación debe ser concreta, precisa y terminante en cuanto a todos y cada uno de los hechos delictuosos motivo del proceso, así como en cuanto a la imputabilidad y responsabilidad de los procesados. Además, debe indicar el monto de las penas que se solicitan.

4. Solicitud de pena: En la acusación se debe solicitar al juez o tribunal la imposición de las penas correspondientes al delito imputado.

5. Participantes: La acusación puede ser presentada por el Ministerio Público, que es el órgano encargado de la persecución penal, o por un acusador particular que tenga interés legítimo en el caso.

Es importante tener en cuenta que la acusación es un elemento fundamental en el proceso penal, ya que a partir de ella se inicia el juicio y se determina la responsabilidad o inocencia del acusado.

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El Sobreseimiento, es una resolución judicial que pone fin a un proceso penal sin condena ni absolución del acusado. El cual, se dicta siempre que:

1. No existan pruebas e instrumentos suficientes para sostener la acusación.

2. Cuando se constata la inexistencia del delito.

Siendo que, es una medida que busca proteger los derechos fundamentales del imputado y garantizar la justicia en el sistema legal.

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El sobreseimiento en el derecho penal venezolano tiene las siguientes características:

1. Terminación del proceso: El sobreseimiento pone fin al proceso penal sin resolver el fondo del asunto. Es una resolución judicial que dicta el juez o tribunal encargado del caso.

2. Falta de pruebas o inexistencia del delito: El sobreseimiento puede ser dictado cuando no existen pruebas suficientes para sostener la acusación o cuando se constata la inexistencia del delito. También puede ser dictado si no se puede atribuir el hecho objeto del proceso al imputado.

3. Efectos similares a una sentencia absolutoria: El sobreseimiento tiene efectos análogos a los de una sentencia absolutoria. Esto significa que impide cualquier nueva persecución contra el imputado o acusado por el mismo hecho, y se considera como una autoridad de cosa juzgada.

4. Tipos de sobreseimiento: En el derecho penal venezolano, existen dos tipos de sobreseimiento: el sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional. El sobreseimiento libre se dicta cuando no existe en la ley un delito que enmarque los actos que se están juzgando. El sobreseimiento provisional se da cuando hay ausencia total de pruebas que permitan apreciar la comisión de algún delito.

5. Posibilidad de reapertura del caso: Aunque se dicte el sobreseimiento, el caso puede ser reabierto en el futuro si aparecen nuevas evidencias o elementos de convicción que justifiquen la continuación del proceso.

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FUENTE: De acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal venezolano vigente; refiere igualmente, al cese de la investigación por parte del fiscal del Ministerio Público cuando considera que no existen suficientes elementos para presentar una acusación formal. Sin embargo, esto no impide que la investigación pueda ser reabierta en el futuro si aparecen nuevos elementos de convicción.

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El archivo fiscal en Venezuela tiene algunas características importantes. A continuación, se mencionan algunas de ellas:

1. Cese de la investigación: El archivo fiscal es una medida que se toma cuando el fiscal del Ministerio Público considera que no existen suficientes elementos para presentar una acusación formal.

2. Suspensión del proceso: El archivo fiscal constituye una salida procesal que suspende el proceso penal cuando se estima que el resultado de la investigación es insuficiente para imputar o solicitar la desestimación del caso.

3. Derecho a la certeza jurídico-procesal: El archivo fiscal busca garantizar el derecho del denunciado a tener certeza sobre su situación jurídico-procesal y a llegar a una solución definitiva en un plazo razonable.

4. Reapertura de la investigación: Aunque se archive el caso, la investigación puede ser reabierta en el futuro si aparecen nuevos elementos de convicción.

5. Notificación a la víctima: La víctima que haya intervenido en el proceso debe ser notificada del archivo fiscal. Además, la víctima tiene la posibilidad de solicitar al juez de control que examine los fundamentos del archivo y puede solicitar la reapertura de la investigación presentando diligencias conducentes

6. Base legal: El archivo fiscal se fundamenta en la ley y en el principio de legalidad. En cada decreto de archivo fiscal, deben estar contenidos los preceptos legales que facultan al fiscal del Ministerio Público a tomar esta medida.

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En el ámbito legal y procesal penal, el archivo fiscal se refiere a la decisión tomada por el fiscal del Ministerio Público: de dar por concluida una investigación y no presentar acusación debido a la falta de elementos suficientes para sustentar la misma.

Extraído de: https://procesalpenalvenezuela.fandom.com/wiki/El_Archivo_Fiscal

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(Bárbara Patete) Prof  Angel Zerpa  El archivo fiscal en el procedimiento penal venezolano 

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Sobre el archivo fiscal, como acto conclusivo de la fase preparatoria del proceso penal venezolano regulado por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en Abril de 2020, desde Caracas.

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(168) Prof Angel Zerpa El archivo fiscal en el procedimiento penal venezolano - YouTube 

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Prof  Angel Zerpa  El archivo fiscal en el procedimiento penal venezolano

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FUENTE: Según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es una resolución judicial que pone fin al proceso penal sin condena ni absolución del acusado. El sobreseimiento puede ser solicitado por la Fiscalía del Ministerio Público como acto conclusivo y corresponde al tribunal de control decretarlo en un plazo de 45 días siguientes.

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Sala: Casación Penal

Tipo de Recurso: Recurso de Casación

Materia: Penal.

Nº Exp: C23-190

Ponente: Elsa Janeth Gómez Moreno

Fecha: 14/07/2023

Caso: "En fecha 24 de mayo de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo del Recurso de Casación interpuesto por los abogados Jesús Antonio Figueroa Campos y Carmen Cecilia Gil Rincón, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 32.484 y 164.186, respectivamente, quienes actúan como apoderados judiciales del ciudadano identificado con el nombre de Francisco ( se omiten los datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 numerales 1 y 2, de la Ley de Reforma de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, publicada en Gaceta Oficial numero 6.645 Extraordinaria de fecha 17 de septiembre de 2021), quien funge como víctima, en contra de la decisión dictada el 09 de marzo de 2023, por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró: "... : (...) el recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de noviembre de 2022 de conformidad a lo establecido en el artículo 439 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, (...) en contra de la decisión dictada en fecha 04/11/2022, por el Tribunal Vigésimo Quinto (25°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Are Metropolitana de Caracas, mediante la cual decreta previa solicitud Fiscal el sobreseimiento de la causa a favor del los ciudadanos ROBERTO GÓMEZ VEGA, titular de la cédula de identidad N° V- 17.642.411, MAURICIO DE SIMONE BEINER, titular de la cédula de identidad N° V- 11.031.566, ROGER ANDRES COVER SANOJA, titular de la cédula de identidad N° V- 11.737.680., y ALLAN FRANCISCO COVER SANOJA, titular de la cédula de identidad N° V- 11.737.681, de conformidad con lo establecido en el artículo 300.2 del Código Orgánico Procesal Penal. : (...) confirma el fallo impugnado que fue dictado en 04 de noviembre de 2022, por parte del Tribunal Vigésimo Quinto (25°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Are Metropolitana de Caracas ...". (sic). [Mayúsculas y negrillas del texto]."

Decisión: "PRIMERO: Se declara de oficio la NULIDAD ABSOLUTA, de la decisión emitida en fecha 4 de noviembre de 2022, por el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como también, de todas las actuaciones realizadas con posterioridad al acto irrito, manteniéndose incólume el presente fallo.

SEGUNDO: En atención a las previsiones ya señaladas, se REPONE LA CAUSA, al estado que un Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, adscrito al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, disímil, se pronuncie en relación al acto conclusivo -Solicitud de Sobreseimiento-, presentado por el Ministerio Público en fecha 20 de octubre de 2022, prescindiendo de los vicios aquí advertidos.

TERCERO: Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines de iniciar el procedimiento que hubiera lugar contra el Juez del Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y los Jueces Integrantes de la Sala Tercera del respectivo Circuito Judicial Penal, así como al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, para que instruya el procedimiento a que hubiere lugar, contra los abogados Arantxa Alveaca Núñez, (Fiscal provisoria), Carlos José Velásquez, y Blas Daniel Aristigueta Tovar, (Fiscales auxiliares interinos), todos adscritos a la Fiscalía Sexagésima Segunda del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas "con Competencia Plena."

Extracto: "Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, esta Sala de Casación Penal en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución (...), ha revisado las actuaciones contenidas en el presente expediente, constatándose la existencia de vicios de orden público que se traducen en la violación al derecho del debido proceso, (...), y por ende, acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en contravención con la ley.
(...)
Ahora bien, esta Sala observó del procesal que conforma el presente expediente, lo siguiente:

(...)

De los actos antes mencionados, se puede cotejar, que la investigación penal, en primer lugar, está incoada contra cuatro ciudadanos, de los cuales a dos de ellos ROGER (...) y ALLAN (...), se les realizó el acto de imputación , y,a los otros ciudadanos, MAURICIO (...) y ROBERTO (...) se les solicitó orden de aprehensión.

Transcurrido, siete meses, con fecha cierta el 20 de octubre de 2022, los (Fiscales ...) presentaron el acto conclusivo, contentivo de solicitud de -Sobreseimiento- a favor de los ciudadanos ROBERTO (...), MAURICIO (...), ROGER (...) y ALLAN (...) "... de conformidad con lo establecido en el artículo 300 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal (...) por no lograr una relación sucinta con los delitos investigados ya que los hechos denunciados se basan en un ámbito civil y meramente mercantil donde no hay bases para solicitar fundamente el enjuiciamiento de los investigados e imputados de autos en concordancia con el artículo 305 Ejusdem ...". (...)

Ahora bien, no hay duda alguna, que el Ministerio Público de forma falaz, en detrimento al debido proceso, a la administración de justicia, silenciando la tutela judicial efectiva, ha incumplido su buena fe, como titular de la acción penal, al presentar una solicitud de sobreseimiento, bajo argumentos genéricos e imprecisos, y en apariencia desconociendo en sus demostraciones, que sobre los ciudadanos MAURICIO y ROBERTO (...), pesa una orden de captura, la cual no puede entenderse que ha quedado sin efecto, solo con el sobreseimiento solicitado, porque de admitirse esta situación, se estaría otorgando en apariencia, una patente de corso al Ministerio Público, a los fines de subvertir el orden procesal.

En efecto, no se evidencia hasta la presente fecha que dicha orden de aprehensión se hiciera efectiva, por el contrario a ello, los ciudadanos (...) siguen estando solicitados, sin que se haya materializado su estadía como un acto formal en el cual se exige la comparecencia de la persona investigada, siendo necesario, su presencia en los actos procesales, por lo que dicha omisión en la cual incurrieron los (...) (Fiscales auxiliares interinos), (...) derivó en la violación de la garantía constitucional referente a la prohibición del juicio en ausencia, debido a la incomparecencia de los ciudadanos antes mencionados, en consecuencia, no estando a Derecho.

Así mismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 406 de fecha 20 de agosto de 2021, expresó con ocasión a la orden de aprehensión, lo siguiente:
"...Así, dictada una orden de captura, es necesario que la parte afronte el proceso penal, para poder ejercer en el mismo, su derecho a la defensa, siendo que sería contrario tanto a la doctrina de esta Sala, como a los derechos consagrados a favor de éstas en la legislación penal vigente y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, permitir la continuación del proceso en ausencia (...) (Cfr. Sentencias de esta Sala números. 760/2006 y 710/2010). ...".
De lo anteriormente expuesto, se evidencia que al decretarse una orden de aprehensión, se derivan una serie de consecuencias jurídicas, dado que una de las finalidades de dicha medida cautelar consiste en asegurar la asistencia del imputado al proceso y dado a su carácter excepcional, en razón al principio favor libertatis, donde se requiere la realización de la respectiva audiencia de presentación, en la cual el juez de control determinará la necesidad o no de mantener la privación preventiva de libertad decretada, (...)

(...)

Y en fecha 4 de noviembre de 2022, el Tribunal (...) de Control (...), decretó el "(...) SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, (...)

Siendo evidente que, el Juez de la Primera Instancia, también incurrió en error, al no percatarse que la orden de aprehensión (...), no se había materializado, subvirtiendo el debido orden procesal, por cuanto se dejaron de observar normas de orden público (artículos 236, 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal), vulnerando de esta forma el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Por ello, el deber del (...) Juez (...), era someterse a lo preceptuado en el segundo aparte del artículo 305, del Código Orgánico Procesal Penal, o en su defecto decretar la nulidad absoluta del mismo por contravención a la Ley, ya que al declarar Con Lugar el pedimento fiscal, que hoy se cuestiona, deja mucho que entrever sobre el discernimiento jurídico de quien administra justicia, permitiendo con su actuar una mala praxis "procesal", en detrimento de la administración de justicia, por lo que la falta de estadía a derecho, considerada como una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana, trae como consecuencia que el proceso penal se encuentre actualmente suspendido para los ciudadanos MAURICIO (...) y ROBERTO (...), situación esta, que era conocida por los sujetos procesales (Fiscal y Juez).

Reafirmando lo anterior, la Sala Constitucional, en sentencia número 406 de fecha 20 de agosto de 2021, haciendo mención a la sentencia número 862 de fecha 27 de octubre de 2017, en relación a "la falta de estadía a derecho", señaló:

"(...) La señalada exigencia de la comparecencia personal no constituye un formalismo suntuoso e inútil, pues por un lado, está orientada a asegurar el acceso personal del encausado al contenido de la investigación, lo cual incluye las actas procesales, aspecto integrante del derecho a la defensa, en su expresión material, y por otro lado, a demostrar la voluntad de someterse al proceso y comparecer por voluntad propia cada vez que sea llamado por cada uno de los órganos que intervienen en él, a saber, Juzgado, Ministerio Público, entre otros, lo cual, permite que el proceso sea tramitado en completo respeto de su libertad personal, prescindiendo de medidas restrictivas de libertad como mecanismo para asegurar su comparecencia.
En este orden de ideas, es necesario recordar lo manifestado por esta Sala Constitucional en sentencia N° 710/2010, del 9 de julio (caso: Eduardo Manuitt Carpio), de la cual es oportuno extraer lo siguiente: Así pues, tomando en consideración que bajo la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no está en absoluto permitido el enjuiciamiento en ausencia (Omissis). Además, para que el imputado pueda beneficiarse de todos los derechos y garantías que ofrece el sistema procesal penal, es necesario que afronte el proceso penal, para poder ejercer, en el mismo, su derecho a la defensa.
La falta de estadía a derecho, que debe ser considerada como una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana, trae como consecuencia que el proceso penal del referido quejoso se encuentre actualmente suspendido, razón por la cual impide que los Jueces que conocen del proceso penal puedan resolver o decidir peticiones de las partes, así como cualquier decisión que pudiera dictar esta Sala, en caso de que sea procedente el amparo constitucional, lo cual es materia que versa sobre el fondo de la presente controversia constitucional (...)" (Resaltado de la Sala).

En consecuencia, la transgresión realizada por el Tribunal (...), desmerece mérito en franca contravención de sus funciones como órgano rector prima facie en el proceso penal venezolano.

En relación a las atribuciones que debe tener el Juez de Primera Instancia en funciones de Control, como norte, con ponderación a su investidura, la Sala en sentencia número 58 de fecha 19 de julio de 2021, indicó lo siguiente:
"... Es así, que respecto a las funciones del Juez de Control, durante las fases preparatorias e intermedias, por imperativo del Ley, le corresponde controlar el cumplimiento de los principios y las garantías establecidos en el Código y Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República. Asimismo, también le corresponde controlar que la actuación del Ministerio Público, entre otros sujetos procesales, se respete de manera estricta los derechos y garantías constitucionales. Igualmente, le corresponde al juez de control expedir ordenes de aprehensión, y dictar o no una medida judicial preventiva privativa de libertad o una medida cautelar de la prisión para el imputado, con las formalidades prescritas en la Carta Magna, respetando los principios y garantías de índole procesal. En este orden de ideas, resulta oportuno, traer a colación la sentencia número 2901, de fecha 7 de octubre de 2005, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual indicó: ´...se evidencia que la competencia de los juzgados de control se encuentra limitada al conocimiento del proceso penal, y específicamente, a las fases preparatoria e intermedia del procedimiento ordinario, ejerciendo en dichas fases las potestades que les confiere expresamente el Código Orgánico Procesal Penal; así como también les corresponde el conocimiento de las acciones de amparo a la libertad y seguridad personales, salvo que el agravio sea ocasionado por un tribunal de la misma instancia...´.
A tal efecto, se debe ratificar que "...no le es factible a los Jueces de Primera Instancia en función de Control, Juicio y Ejecución, subrogarse facultades, cargas y atribuciones, como un ente mas del titular de la acción penal (Ministerio Público), apartándose de sus funciones jurisdiccionales. ..." (Cfr. Sentencia número 58 de fecha 19 de julio de 2021, Sala de Casación Penal), convirtiéndose en simples, "...proveedores de solicitudes, desconociendo per se las amplias atribuciones que ostenta en su condición de Juez (...) para administrar Justicia. ..." (Cfr. Sentencia número 131 de fecha 14 de abril de 2023, Sala de Casación Penal), ya que ello, evidentemente, deviene en violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Por lo tanto, en el presente caso, el Ministerio Público, como el Juez de la primera Instancia, pretendieron con la ausencia de los ciudadanos MAURICIO (...) y ROBERTO (...), (no están a Derecho), darle visos de legalidad a un acto conclusivo -Sobreseimiento-, con el solo fin de desnaturalizar la figura de la orden de aprehensión, bajo la simulación de la institución de sobreseimiento, situación que se traduce en un fraude constitucional, al utilizarse el proceso como un instrumento ajeno y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.

(...)

En este sentido, las razones que han sido expuestas precedentemente, concurren como elementos de plena convicción que el no cumplimiento de las formalidades, apartándose de lo preceptuado por la ley, apareja la nulidad del acto, como aconteció en el presente caso e, indudablemente, esta falacia procesal por los sujetos procesales antes mencionados, cercenó a la víctima el debido proceso, el derecho de ser escuchado y la tutela judicial efectiva, produciendo un estado de indefensión absoluta, así como un error in procedendo jurisdiccional, y en consecuencia la decisión sub examine está afectada por un vicio no subsanable.

(...)

Simultáneamente, la Sala tampoco puede dejar pasar por alto, la infracción cometida por los Jueces integrante (...) de la Corte de Apelaciones (...) que sin duda vulneró también el debido proceso y la tutela judicial efectiva, contenida en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al convalidar el pedimento fiscal y por ende la declaratoria Con Lugar del Sobreseimiento, ignorando los vicios detectados con anterioridad por parte del Ministerio Público y el Tribunal Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Mal puede aseverar la Alzada en su fallo de fecha 9 de marzo de 2023, como argumento medular, para sostener un irrito acto conclusivo, que:

"...De igual modo en lo que respecta a lo alegado por el recurrente referente a que no puede decretarse el sobreseimiento respecto de los imputados sobre los cuales recae orden de aprehensión y no están a derecho, este Tribunal de Alzada hace la acotación de que en el presente caso el Ministerio Público que es el titular de la acción penal considero que los hechos investigados no revisten carácter penal, por cuanto oriento su investigación a los fines de determinar la comisión o no de los delitos de Estafa Continuada en Concurso Real de Delito, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación a los artículos 88 y 99 del Código Penal y Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y que del desarrollo de la investigación y de todas las diligencias practicada y evacuadas, los hechos denunciados son insuficientes para darle continuidad al proceso, por ello procede a presentar como acto conclusivo el sobreseimiento de la causa, dejando constancia el Ministerio Público en su escrito que a tenor de lo que establece el Tribunal Supremo de Justicia, que para interponer la (solicitud de sobreseimiento la representación fiscal) no necesita realizar imputación previa dada la naturaleza del acto conclusivo presentado. Por tales razones no le asiste la razón al recurrente en cuanto a esta denuncia se refiere. Y ASÍ SE DECIDE.- ...". (sic).

De lo antes transcrito, se debe aleccionar lo siguiente:

La doctrina y la jurisprudencia patria, ha sido constante en afirmar que el sobreseimiento es un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, extingue la acción y pasa en autoridad de cosa juzgada.

Sobre este particular la doctrina ha sustentado que "Se extingue así, por este fallo, la acción, al extinguirse el derecho. Esta es la significación conceptual que regimenta este instituto jurídico de limitación de la continuidad procesal del juicio criminal". (HEREDIA ANGULO, Cipriano. (1995, El Sobreseimiento: Aspectos básicos, editorial Vadell Hermanos, Caracas-Venezuela)

Y en referencia con lo antes señalado, la Sala de Casación Penal, en Sentencia número. 517 del 9 de agosto de 2005, expresó que: "...El sobreseimiento, es el pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional competente que excluye la posibilidad que el Ministerio Público presente la acusación. Éste es un dictamen con forma de auto que en algunos casos puede tener efectos de verdadera sentencia: cuando tiene como fundamento motivos relacionados con el fondo de la cuestión penal, como en el caso de que el hecho no sea típico o cuando concurra una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. El sobreseimiento tiene eficacia con respecto a las personas sometidas al proceso, debiendo guardar en consecuencia una relación estrecha con el contenido de la imputación, por lo tanto podría afirmarse que el valor del sobreseimiento es el mismo al de una sentencia absolutoria firme y definitiva..."

Acoplado a lo anterior, la Sala de Casación Penal en sentencia número 398 de fecha 25 de noviembre de 2022, indico: "...Resulta necesario precisar que el sobreseimiento material constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es decir, se fundamenta en la certeza negativa, por lo tanto pone fin al proceso penal, provocando su terminación anticipada en relación a los hechos y a las personas que se refiere. Las causas que hacen procedente el decreto del sobreseimiento material están basadas en la certeza, refiriéndose a circunstancias que resultan inmodificables, dando carencia definitiva, cierta e insubsanable, de elementos de hecho o de derecho que imposibilitan el enjuiciamiento. ...".

En efecto, estamos en presencia de un sobreseimiento material, por cuanto el Ministerio Público, presuntamente consideró que "el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad", pero con la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, para que sea procedente este supuesto, previsto en el artículo 300 numeral 2 eiusdem, es imperativo que el "sujeto investigado", para ser favorecido con esa figura, debe ser imputado conforme a lo preceptuado en el articulo 126-A ibídem, y ostente la cualidad de tal, porque de lo contrario la conducta típica que se presume infringida, seria inexistente.

Siendo así, los ciudadanos MAURICIO (...) y ROBERTO (...), obstentan la condición de investigados y no de imputados, por lo que no era viable, solicitar el sobreseimiento a su favor, y más aun cuando no se ha materializado la orden de captura, lo que resulta, citar la sentencia número 6 del 22 de febrero de 2023 de la Sala Constitucional, donde prevaleció que:
"(...) De lo anterior se tienen entonces que la condición de imputado como parte formal del proceso, se obtiene en razón de 2 situaciones: 1.- La primera, a consecuencia de la aprehensión hecha sobre una persona, por los órganos de seguridad y orden público, ya sea a) producto de la materialización de una orden de aprehensión librada previamente por un Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control, previa solicitud del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del artículos 236 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal (Vid. s.S.C n.° 1.381/2009, del 30 de octubre); b) cuando la aprehensión ha sido hecha como consecuencia de una aprehensión flagrante en los términos previstos en los artículos 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 274 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal (Vid. s.S.C n.° 276/2009, del 20 de marzo). 2.- La segunda forma, es que el acto de imputación formal se realice ante el Fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación, ya sea porque: a) la persona haya sido citada a tal efecto por el Ministerio Público; o b) la persona haya comparecido espontáneamente ante dicho órgano (Vid. s.S.C n.° 754/2021, del 9 de diciembre) y exista fundamento y oportunidad para realizar ese acto jurídico. En esos supuestos, el acto de imputación formal se realiza en sede fiscal, pues éste -el acto de imputación formal- es, en esencia, un actividad inherente, ante todo, al Ministerio Público, el cual, al ser el órgano encargado constitucionalmente (ex-artículo 285.4) de ejercer la acción penal, en nombre del Estado Venezolano, es a quien precisamente corresponde realizar dicho acto, dentro de los parámetros que prevé nuestro ordenamiento procesal penal. ..."
Por ende la Sala debe ratificar el criterio de la Sala Constitucional, cuando se afirma, que la condición de imputado no puede ser equiparada con la condición de investigado que puede dársele a cualquier persona cuyo nombre aparezca vinculado con los hechos o circunstancias que constituyen el objeto de la investigación realizada por el Ministerio Público en esta primera etapa del proceso penal, ya que esta última no supone, en modo alguno, la atribución a dichas personas de la autoría o participación en la comisión de ningún hecho punible, sino sólo la vinculación de éstas, por ejemplo, como sospechosos o testigos, con los sucesos o situaciones fácticas que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público en la fase inicial del procedimiento penal.

De los razonamientos expresados, la Alzada tampoco se percató, que el Juez encargado del referido Juzgado de Control, debió, dentro de su autonomía para decidir, si los actos de investigación plasmados en el expediente penal, permitían llegar a la conclusión de que fueron agotadas todas las diligencias necesarias, para concluir la investigación y que no existía ninguna otra posibilidad de incorporar otras, para poder aplicar el artículo 300, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual era imperioso verificar si, durante los años que duró la investigación, se habían realizado todas las actuaciones pertinentes, lo que sin duda alguna, los Jueces integrantes de la respectiva (...) Corte de Apelaciones, convalidaron la ausencia de una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, al no dar cumplimiento con su deber contenido en el artículo 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión, toda vez que, al ostentar el monopolio de la acción penal, tenían la obligación de ejercerla -como lo establece el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal- y realizar una investigación exhaustiva con el objeto de ratificar si lo denunciado por quien hoy funge como víctima, podía subsumirse en los delitos imputados (...), o en algún otro injusto típico; siendo entonces que a esta Sala le llama la atención que el Ministerio Público sin motivación y sin consideración sobre su pertinencia, solicitó el sobreseimiento de la causa, situación cambiada por el Tribunal Colegiado.

Aunado a lo anterior el Tribunal Colegiado, al igual que el Ministerio Público y el Tribunal tantas veces mencionado, a sabiendas que los ciudadanos MAURICIO (...) y ROBERTO (...), estaban sujetos a una orden de aprehensión, pretendió con su decisión que hoy también se cuestiona, un fraude procesal en contravención a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la ley y a los Convenios Internacionales, incurriendo también en el vicio de inmotivación, conforme a lo estatuido en el artículo 157, del Código Orgánico Procesal Penal, dada la escasa formulación argumentativa y contradictoria para subvertir el debido proceso.

La motivación, se encuentra íntimamente relacionada con la legitimidad de la función jurisdiccional, en torno a que el fundamento de la sentencia debe lograr el convencimiento de las partes en relación a la justicia impartida y permitir el control de la actividad jurisdiccional, siendo así "...la motivación debe garantizar que la resolución dada es producto de la aplicación de la ley y no una derivación de lo arbitrario, por lo que no debe ser entendida como una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al thema decidendum, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario...". (Sentencia Nº 620, de fecha 7 de noviembre de 2007, Sala de Casación Penal)

Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales superiores tienen la obligación de verificar si las decisiones de instancia sometidas a su consideración cumplen con esas normativas de orden legal, por cuanto en caso contrario se encuentran obligados a materializar los correctivos procesales pertinentes, para así cumplir con su labor revisora.

(...)

Siendo así, y siguiendo el hilo motivacional no logra entender la Sala de Casación Penal, que al verificarse que los ciudadanos (...) , se encuentran evadidos del proceso, es decir, Ausentes, el Ministerio Público solicite un acto conclusivo -Sobreseimiento-, y el Tribunal de la primera instancia de forma intempestiva, decrete el sobreseimiento de la causa de conformidad con el artículo 300, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, y aunado a ello sobre los mismos pesa orden de aprehensión, por lo que ineludiblemente los ciudadanos (...) , deben enfrentar el proceso para poder ejercer su derecho a la defensa, ya que esa falta de estadía a derecho de los imputados ante la emisión de una orden de aprehensión, debió ser considerada una conducta contumaz, quedando el proceso en suspenso, y por ende los jueces impedidos para resolver o decidir peticiones de parte.

Es por ello, que sobre la base de lo antes expuesto, resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal, (...)

Finalmente, esta Sala de Casación Penal no puede pasar por alto que actuaciones como las descritas, en este caso, son las que desdicen del sistema de justicia, atentan contra el Estado social de Derecho y de Justicia, (...) acuerda remitir copia certificada del presente fallo a la Inspectoría General de Tribunales, (...), así como también al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, (...)

(...)

De igual manera, se le hace un llamado de atención a la abogada Igledys (...) Jueza del Tribunal Vigésimo Cuarto (...)de Control (...), quien al momento de inhibirse, omitió no solo presentar el informe respectivo conforme lo preceptúa la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino también su remisión para que una Corte de Apelaciones dictaminara lo procedente en relación a la incidencia planteada, debiendo tener la respectiva prudencia en el trámite correcto que se le debe dar cuando se pierde la capacidad subjetiva, ya sea por Inhibición o recusación, en aras del debido proceso, y la tutea judicial efectiva. Así se decide.

Comentario de Acceso a la Justicia: La causaobjeto de análisis comienza por denuncia interpuesta en el año 2020, por hechos que comenzaron a ocurrir en el año 2017, cuando la víctima invierte una cantidad considerable de dinero en divisas en la empresa de un amigo que -según lo afirmado por el denunciante- la estafa.

La fiscalía que da inició a la investigación cita a los cuatro socios de la empresa para ser imputados, dos acuden con sus abogados y dos están fuera del país y pese a varias citaciones, no asisten al llamado fiscal, razón por la que le piden orden de captura; con relación a los demás imputados el tribunal de control dicta medida cautelar de prohibición de salida del país y otra innominada de inmovilización de sus cuentas. Posteriormente continua un proceso lleno de excepciones, apelaciones, inhibiciones, recusaciones y se decretan medidas innominadas de prohibiciones de enajenar y gravar bienes, hasta que la fiscalía que estaba conociendo dicta sobreseimiento de la causa por considerar que los delitos imputados de estafa continuada y asociación para delinquir, no se configuraron y que los hechos no eran de carácter penal, lo que ratifica el tribunal y la corte de apelaciones.

La Sala de Casación Penal realiza una larga sentencia en la que ratifica una serie de sentencias de la Sala Constitucional así como de la propia sala. En principio, acertadamente hace referencia a que el Ministerio Público no podía dictar sobreseimiento de los imputados que tenían o tienen orden de aprehensión y que el tribunal de Control así como la alzada, no podían convalidarlo, por cuanto la ausencia de los imputados ante el tribunal por estar en búsqueda y captura se considera una conducta contumaz para afrontar la justicia, lo que conlleva a que el proceso penal se encuentre suspendido. Esto, desde luego, impide que los Jueces puedan resolver o decidir peticiones de las partes, razón está por la que decreta nulidad de las decisiones que avalaron el acto conclusivo de sobreseimiento.

Debe destacarse que la Sala de Casación Penal en este fallo se aparta de criterio previo de la SC, al señalar que el Ministerio Público consideró que el sobreseimiento establecido en artículo 300 numeral 2 del COPP (vale decir que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad), para que sea procedente es imperativo que el sujeto investigado, para ser favorecido con esa figura, debe ser imputado conforme a lo preceptuado en el artículo 126-A ibídem, y ostente la cualidad de tal, porque de lo contrario la conducta típica que se presume infringida, sería inexistente.

En reciente sentencia de la Sala Constitucional, la misma señaló que no es necesario que el justiciable esté imputado para que el Ministerio Público dicte un sobreseimiento, mientras que en la sentencia bajo análisis el problema radicó fue que los imputados no se habían hecho presente en el juicio, que no es el supuesto final alegado por la Sala de Casación penal

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/324599-0333-28423-2023-22-0384.HTML

Por otra parte, desde Acceso a la Justicia observamos con suma preocupación que la Sala de Casación Penal establezca que en la reforma del COPP del año 2021, de conformidad con el artículo 126-A, los investigados deben estar imputados para ser sobreseídos. Este artículo contiene la formalidad del acto de imputación que nuevamente pasó a ser una potestad únicamente del Ministerio Público, pero dicho artículo en ningunos de sus parágrafos afirma lo dicho por la sala.

En esta sentencia quedó sentado por parte de la misma Sala el fraude procesal que pretendieron todos los jueces y fiscales que participaron en la causa en detrimento de la víctima, que violentaron derechos fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, por lo que ordenó la investigación a que hubiere lugar. También es pertinente indicar que la Sala de Casación Penal intentó abarcar más allá de la decisión que ya había dictado, anulando las sentencias precedentemente dictadas por los tribunales a quo, provocando una confusión para los operadores de justicia, con este tipo de sentencias que no coinciden con algunos criterios de la Sala Constitucional y en la que además realiza aseveraciones inexistentes en la norma penal adjetiva.

Voto Salvado No tiene

Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/327075-244-14723-2023-C23-190.HTML

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El sobreseimiento en materia penal │ Acceso a la Justicia

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Sala: Casación Penal Tipo de Recurso: Recurso de Casación Materia: Penal. Nº Exp: C23-190 Nº Sent: 244 Ponente: Elsa Janeth Gómez Moreno Fecha: 14/07/2023 Caso: "En fecha 24 de mayo de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo del Recurso de Casación...

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(Barbara Patete) Pt.2, Fundamento legal.

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FUENTE: El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sobre la acusación en Venezuela revela varias características importantes:

1. Objetivos de la fase preparatoria: Durante la fase preparatoria del proceso penal, la acusación tiene como objetivo determinar la existencia de un hecho punible, identificar a los presuntos autores o partícipes del delito y sustentar el juicio oral y público con base en los elementos de convicción recabados.

2. Fundamentación de la imputación: La acusación debe estar respaldada por pruebas suficientes que permitan sostener la imputación y demostrar la responsabilidad del acusado. Debe contener la descripción del delito, los hechos que lo sustentan y las pruebas que se presentarán en su apoyo.

3. Solicitud de pena: En la acusación, se debe solicitar al juez o tribunal la imposición de las penas correspondientes al delito imputado.

4. Participantes: La acusación puede ser presentada por el Ministerio Público, que es el órgano encargado de la persecución penal, o por un acusador particular que tenga interés legítimo en el caso.

5. Control formal y material: Durante la audiencia preliminar, el juez de control realiza un control formal y material de la acusación. El control formal se refiere a verificar aspectos formales de la acusación, mientras que el control material implica analizar los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, evitando acusaciones infundadas y arbitrarias

Es importante tener en cuenta que esta información se basa en los resultados d

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Competencia del Juez de Control para modificar la calificación jurídica hecha por el Fiscal en la acusación

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Comentario de Acceso a la Justicia: La Sala ratifica y sigue el criterio expresado por la Sala Constitucional, en cuanto a la necesidad de que el juez de control explique suficientemente las razones por las cuales decide cambiar la calificación jurídica del delito atribuido por la representación fiscal en su escrito de acusación; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.

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La acusación en el derecho penal se refiere al acto mediante el cual se imputa a una persona la comisión de un delito. Es una etapa del proceso penal en la cual se presenta formalmente la acusación ante el tribunal competente, generalmente por parte del Ministerio Público o la Fiscalía.

Asimismo, debe contener los elementos necesarios para fundamentar la imputación, como la descripción del delito, los hechos que lo sustentan, las pruebas que se presentarán en su apoyo y la solicitud de la pena correspondiente. Es importante destacar que la acusación debe estar respaldada por pruebas suficientes que permitan sostener la imputación y demostrar la responsabilidad del acusado.

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(Bárbara Patete)

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(Bárbara Patete) Prof  Angel Zerpa A  La tramitación de la acusacion privada penal en Venezuela

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Sobre el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en Julio de 2020.

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Prof  Angel Zerpa A  La tramitación de la acusacion privada penal en Venezuela

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Sobre las causales para solicitar un sobreseimiento penal, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela, y al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela, en Abril de 2020.

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Prof  Angel Zerpa A  Las causales de sobreseimiento penal en Venezuela

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INFORMACIÓN GENERAL:

El Archivo Fiscal, es uno de los actos que concluyen la fase preparatoria, fundamentado en que el resultado obtenido en el desarrollo de la investigación preliminar, resulta insuficiente como para poder sustentar una acusación formal en contra del imputado. El archivo fiscal debe ser decretado por el representante del Ministerio Publico una vez que hayan sido realizadas todas las diligencias necesarias y pertinentes tendientes a la búsqueda de elementos que permitan alcanzar una convicción acerca de la perpetración de un hecho punible y sus circunstancia.

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IMAGENES SOBRE EL DERECHO LEGAR JURIDICO

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FUNDAMENTO LEGAL:

Esta fundamentado en el Código Orgánico Procesal Penal ( COPP)

Capitulo IV

De los Actos Conclusivos

Archivo Fiscal.

Artículo 297. Cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará toda medida cautelar decretada contra el imputado o imputada a cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes. Parágrafo Único: En los casos de delitos en los cuales se afecte el patrimonio del Estado, o intereses colectivos y difusos, el o la Fiscal del Ministerio Público deberá remitir a el o la Fiscal Superior correspondiente, copia del decreto de archivo con las actuaciones pertinentes, dentro de los tres días siguientes a su dictado. Si el o la Fiscal Superior no estuviere de acuerdo con el archivo decretado, enviará el caso a otro u otra Fiscal a los fines de que prosiga con la investigación o dicte el acto conclusivo a que haya lugar.

Facultad de la Victima.

Artículo 298. Cuando el o la Fiscal del Ministerio Público haya resuelto archivar las actuaciones, la víctima, en cualquier momento, podrá dirigirse al Juez o Jueza de Control solicitándole examine los fundamentos de la medida

Pronunciamiento del Tribunal

Articulo 299. Si el tribunal encontrare fundada la solicitud de la víctima así lo declarará formalmente, y ordenará el envío de las actuaciones al o la Fiscalía Superior para que este ordene a otro Fiscal que realice lo pertinente.

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REQUISITOS.

Para poder decretar el archivo fiscal el representante del Ministerio Publico el Fiscal, debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Base legal de actuación que faculta al fiscal del ministerio publico, para decretar el archivo fiscal: La actuación del ministerio publico, se debe plenamente a la ley, en función del principio de legalidad

2. Descripción de los hechos objeto de la investigación: El proceso penal gira en torno a hechos pasados.

3. Señalamiento de las Diligencias practicadas: El decreto de archivo fiscal, al fundamentarse en las conclusivas dimanadas de la investigación preliminar.

4. Motivación del Decreto de archivo fiscal: La motivación del decreto del archivo fiscal debe estar sustentado en el cúmulo de diligencia practicadas, y en una argumentación lógica

5. Fecha del decreto de archivo: Todo escrito de archivo fiscal debe contener la fecha en que se libra, a lo efectos de prever seguridad jurídica-.

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El sobreseimiento.

El autor Lorenzo Eric (2009) establece que "El sobreseimiento procede cuando el hecho que motivo la apertura de la averiguación resulte inexistente, no aparezca suficientemente probado o resulte no ser constitutivo de delito..." p.360

El sobreseimiento procede cuando sean por extinción de acción penal, tales como la muerte del acusado, el indulto, la enajenación mental comprobada o sobrevenida y la despenalización de la conducta perseguida.

Cuando se produce un sobreseimiento, el Juez decide no proceder con el caso debido a la insuficiencia de evidencia o la ausencia de condiciones necesarias, lo que le permite finalizar el proceso judicial sin emitir un veredicto. Esta decisión no descarta la posibilidad de que el caso se reanude en el futuro si surgen nuevos elementos. Generalmente, esta resolución se formaliza a través de una providencia judicial, la cual está sujeta a apelación.

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El archivo fiscal se refiere a la decisión tomada por el Ministerio Público, específicamente el fisca, suspende temporalmente un proceso penal. Esta suspensión ocurre cuando, tras una investigación, el Ministerio Público determina que no existen suficientes pruebas para formular una acusación formal contra el imputado, similar al sobreseimiento. Es importante diferenciar entre el archivo fiscal provisional y el definitivo. El archivo provisional implica que el caso puede reabrirse si surgen nuevas pruebas, mientras que el archivo definitivo ocurre cuando se cumplen ciertas causales que hacen imposible continuar con el proceso, como la prescripción del delito o la muerte del imputado. Esta figura jurídica es fundamental para garantizar que no se mantengan abiertas investigaciones sin fundamentos sólidos, lo que protege los derechos de las personas y evita el uso innecesario de recursos judiciales. Además, el archivo fiscal asegura que el sistema penal se concentre en los casos con suficiente base probatoria para proceder a juicio.

El autor, Lorenzo Eric (2009) en su código orgánico procesal penal comentado, explica y hace alusión que este articulo 315 (2009) - 297 (2021) el fiscal del Ministerio Publico puede archivar la causa sin consulta o referendimiento de un juez alguno.

De tal manera, queda a la libérrima apreciación del fiscal el hecho de que las actuaciones cumplida resulten insuficientes para acusar. En este caso hay que preguntarse si en buena lógica esa insuficiencia de pruebas para acusar no debe conducir a la liberación de responsabilidad del imputado por vía del sobreseimiento. In hoc sensu, el llamado "Archivo Fiscal" expone el autor que es contrario al principio constitucional de presunción de inocencia y también como principio del COPP en su articulo 8 que establece "Cualquiera a quien se le presume inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca sentencia firme" Entonces, a quien no pueda demostrarse su culpabilidad por resultar insuficientes las pruebas que pueda recoger la fiscalía , debe exonerársele de manera clara y terminante a través de la figura del sobreseimiento.

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CONCEPTO. SOBRESEIMIENTO.

Sobreseimiento, es una resolución Judicial constituida por razón de la cual se decide la terminación del proceso penal en proporción de uno o diversos sujetos imputados establecidos, por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuidad de la percusión penal y pues impide una posterior apertura de un proceso con los mismos sujetos respecto del mismo hecho.

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imagenes relacionada con el derecho juridico

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CUANDO SE APLICA.

Falta de pruebas o demasiadas dudas razonables respecto a la participación de los acusados dentro de los delitos señalados. Esas son las dos condiciones mas recurrentes que dan lugar al sobreseimiento de una causa.

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BASE LEGAL.

Sobreseimiento.

Artículo 300. El sobreseimiento procede cuando:

1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado o imputada.

2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad.

3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada.

4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o imputada.

5. Así lo establezca expresamente este Código.

Efectos.

Artículo 301. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución contra el imputado o imputada o acusado o acusada a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este Código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas.

Solicitud de Sobreseimiento.

Artículo 302. El o la Fiscal solicitará el sobreseimiento al Juez o Jueza de Control cuando, terminado el procedimiento preparatorio, estime que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente. En tal caso, se seguirá el trámite previsto en el artículo 305 de este Código.

Declaratoria por el juez de control

Articulo 303.   El Juez o Jueza de Control, al término de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente, salvo que estime que éstas, por su naturaleza, sólo pueden ser dilucidadas en el debate oral y público.

Sobreseimiento Durante la Etapa de Juicio

Artículo 304. Si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseimiento. Contra esta resolución podrán apelar las partes.

Tramite.

Artículo 305. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez o Jueza la decidirá dentro de un lapso de cuarenta y cinco días. La decisión dictada por el tribunal deberá ser notificada a las partes y a la víctima aunque no se haya querellado.

Si el Juez o Jueza no acepta la solicitud de sobreseimiento, enviará las actuaciones a el o la Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el o la Fiscal Superior del Ministerio Público ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez o Jueza lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el o la Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro u otra Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo.

Requisitos.

Artículo 306. El auto por el cual se declare el sobreseimiento de la causa deberá expresar:

1. El nombre y apellido del imputado o imputada;

2. La descripción del hecho objeto de la investigación;

3. Las razones de hecho y de derecho en que se funde la decisión, con indicación de las disposiciones legales aplicadas;

4. El dispositivo de la decisión.

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FORMAS DE PRONUNCIAMIENTO DEL SOBRESEIMIENTO

FACULTATIVO.

Se desprende del prudente arbitro del Juez, cuando considera procedente la aplicación de alguna de las causales del articulo 300 del COPP

OBLIGATORIO.

Por cuanto el juez lo dicte compelido en base a los parámetros de legalidad, en ese sentido siempre que concurran algunas de las causales contenidas en el articulo in comento, se debe decretar el sobreseimiento de la causa.

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CARACTERÍSTICAS DEL SOBRESEIMIENTO.

Es un pronunciamiento Judicial: Por cuanto es el órgano jurisdiccional quien debe dictarlo, ya sea como auto con carácter definitivo en las dos primeras fases del proceso penal, o como sentencia en la fase de juicio.

Es un acto conclusivo de la fase preparatoria: El representante de la vindicta publica, podrá solicitar sea decretado el sobreseimiento de la causa, cuando de los resultados dimanados de la investigación, resulte que encuadre con alguna de las causales comprendidas en el articulo 300 del código orgánico procesal penal.

Es personal: Por cuanto se dicta a favor de las personas, y no de los hechos.

La decisión que lo acuerda debe estar motivada: La fundamentación de esta decisión estará basada en la fundamentación factica-juridica, que hagan encuadrar la solicitud en una de los causales establecidos en el articulo 302 del COPP.

Produce los mismos efectos que una sentencia absolutoria y tiene carácter de coSa juzgada. Articulo 301 COPP.

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Sobre la solicitud fiscal de sobreseimiento como acto conclusivo de la fase preparatoria penal, en Venezuela, conforme al código orgánico procesal penal COPP y la jurisprudencia del tribunal supremo de justicia, disertada realizada en abril de 2022.

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Angel Zerpa A. La solicitud fiscal de sobreseimiento como acto conclusivo de fase preparatoria penal

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La acusación en el ámbito del derecho penal es un acto procesal de gran importancia, ya que constituye la formalización de un cargo contra una persona, a la que se le imputa la comisión de un delito. Este acto es llevado a cabo por la fiscalía y marca el inicio del proceso penal. La acusación debe contener una exposición clara de los hechos que se atribuyen al acusado, así como las pruebas que la sustentan. Es fundamental que la fiscalía presente una acusación sólida, basada en elementos probatorios suficientes que permitan sostener la probabilidad de que el delito fue cometido y que el acusado es responsable del mismo. Además, la acusación se compone de dos elementos clave: el escrito de acusación y la audiencia de formulación de acusación. El primero es un documento que detalla los hechos y las pruebas que se llevarán a juicio, y se entrega una copia a la defensa para su análisis y evaluación. El segundo es una audiencia donde la fiscalía presenta al juez el escrito de acusación y las pruebas, y donde la defensa puede hacer observaciones o plantear nulidades si lo considera necesario. Este proceso es esencial para garantizar el derecho a un juicio justo y la correcta administración de justicia.

En el Código Orgánico Procesal Penal, la acusación esta establecida en el articulo 308. Este escrito de acusación es ejercida por un acusador particular, la acusación es el documento esencial del proceso penal acusatorio, del que depende tanto de un debate oral y publico como el contenido de una sentencia. La importancia de este escrito radica en que contiene una pretensión publica punitiva, es decir, una solicitud para enjuiciar y condenar al acusado por un determinado hecho y dentro del marco legal determinado.

En este orden de ideas, Carnelutti (1950) establece que "llamamos imputación a la formulación de la pretensión penal. Una palabra para expresar este concepto seria acusación (Ad causam): en el uso, sin embargo, este vocablo, como se vera, no tanto la preposición de la pretensión cuanto la razón de esta..."

De tal manera, Carnelutti nos explica, en su estilo simple, la relación entre imputación y acusación: la imputación es la razón, la base y el fundamento la acusación.

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INFORMACIÓN GENERAL.

LA ACUSACIÓN.

Es el Acto Conclusivo, que contiene la pretensión punitiva y la solicitud de enjuiciamiento de los probables responsables de la comisión del hecho punible. Este acto es llevado por la Fiscalía y marca el inicio del proceso Penal.

La Acusación debe contener una exposición clara de los hechos que se atribuyen al acusado, así como las pruebas que la sustentan. Es una etapa del proceso penal em la cual se presenta formalmente la acusación, ante el tribunal competente.

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BASE LEGAL.

Acusación.

Artículo. 308. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el tribunal de control.

La acusación debe contener:

1. Los datos que permitan identificar plenamente y ubicar al imputado o imputada y el nombre y domicilio o residencia de su defensor o defensora; así como los que permitan la identificación de la víctima.

2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado o imputada.

3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan.

4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables.

5. EI ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad.

6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada. Se consignarán por separado, los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos, lo cual tendrá carácter reservado para el imputado o imputada y su defensa.

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CARACTERÍSTICAS DE LA ACUSACIÓN.

1. Es un Acto que concluye la fase preparatoria: Se trata del resultado efectivo de una investigación criminal, corroborar la existencia del hecho punible, y la posibilidad aportada por las resultas de las pesquisas, de poder atribuírselo al probable autor.

2. Es un acto formal: El escrito acusatorio es formal por cuanto debe cumplir con la exigencias de forma.

3. Debe estar fundamentada: La acusación por lo que representa con mucha mas razón debe estar

fundamentada tanto factica como

jurídicamente hablando, sustentada en elementos de convicción, que avalen la solicitud de enjuiciamiento fiscal.

4. No pone fin al proceso: Este acto conclusivo pone fin a la fase preparatoria, mas no al proceso.

5. Contiene la pretencion punitiva : La acusacion es el acto conclusivo por excelencia. El mismo contiene la pretensión punitiva por parte del estado de enjuiciamiento de los autores o participes de la comisión del delito, a los efectos de poder demostrar mediante el descargo probatorio el grado de responsabilidad de los mismos, que haga factible la condena penal.

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Escritorio Juridico Ely Gimenez & Asociados

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EL ACTO CONCLUSIVO, EL EL PROCESO PENAL VENEZOLANO

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Es aquella resolución judicial, proferida antes de la oportunidad legal, que pone fin al proceso, siempre y cuando se evidencie que se concurra en una de las causales contenidas en el art. 318 del COPP.

Además, el sobreseimiento procede solo cuando:

1. El hecho objeto del proceso no se realizo o no puede atribuírsele al imputado.

2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad.

3. La acción pena se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada.

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En el marco del Derecho Procesal Penal Venezolano, los actos conclusivos representan un hito fundamental dentro de la fase preparatoria del proceso penal. Estos actos, materializados por el Fiscal del Ministerio Público, tienen como objetivo dar fin a la investigación penal, determinando si existen elementos suficientes para acusar al imputado o si, por el contrario, se debe decretar el archivo de la causa o el sobreseimiento.

Definición y Características:

El Código Procesal Penal (2021) en su Artículo 297 (Archivo fiscal) define los actos conclusivos como aquellos que el Fiscal del Ministerio Público presenta al Juez de Control al finalizar la investigación penal, para solicitar su pronunciamiento sobre el fondo de la causa, este está ubicado en el Capítulo IV de los actos conclusivos.

Las características esenciales de los actos conclusivos son:

Emanan del Fiscal del Ministerio Público: La potestad de presentar los actos conclusivos recae exclusivamente sobre el Fiscal del Ministerio Público, quien, como titular de la acción penal, determina el curso de la investigación y su desenlace. Artículos 28 y 295 del Código Orgánico Procesal Penal (2021)

Marcan el fin de la fase preparatoria: La presentación de los actos conclusivos culmina la fase preparatoria del proceso penal, dando paso a la siguiente etapa procesal, que dependerá del acto conclusivo presentado, artículos 295 y 305 de la ley anteriormente citada.

Determinan el futuro del proceso: Los actos conclusivos establecen la postura del Fiscal del Ministerio Público respecto al caso, solicitando la acusación, el archivo o el sobreseimiento, según corresponda. Artículos 296, 305 y 318.

Tipos de Actos Conclusivos:

El Código Orgánico Procesal Penal (2021) establece tres tipos de actos conclusivos:

1. Acusación:

La acusación se presenta cuando el Fiscal del Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para sostener la acusación formal contra el imputado por la comisión de un hecho punible, artículo 262 de la ley utilizada.

2. Archivo fiscal

El archivo procede cuando el Fiscal del Ministerio Público concluye que no existen elementos suficientes para fundar una acusación, por lo que solicita el archivo de la causa, artículo 297.

3. Sobreseimiento:

El sobreseimiento se decreta cuando se comprueba que el hecho punible no ha existido, que el imputado no lo cometió o que la acción penal se ha extinguido, artículo 300 del Codigo Orgánico Procesal Penal (2021)

Procedimiento para la Presentación de Actos Conclusivos:

El Codigo Orgánico Procesal Penal (2021) establece un procedimiento específico para la presentación de los actos conclusivos:

1. El Fiscal del Ministerio Público notifica al imputado y a su defensor la decisión de presentar los actos conclusivos.

2. El Fiscal del Ministerio Público presenta los actos conclusivos ante el Juez de Control.

3. El Juez de Control fija una audiencia para dar traslado a las partes del acto conclusivo presentado.

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Fase Intermedia o Control de la acusación 

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Fase Intermedia o Control de la acusación 

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El Derecho Procesal Penal Venezolano, en su búsqueda de garantizar un proceso penal justo y eficaz, establece un mecanismo fundamental denominado control de la acusación en la fase intermedia. Esta etapa procesal, contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal (2021) tiene como objetivo verificar la viabilidad de la acusación presentada por el Ministerio Público y determinar si existen elementos suficientes para pasar a la siguiente fase: el juicio oral y público.

Definición y Características:

El control de la acusación se define como el acto mediante el cual el Juez de Control, en la fase intermedia del proceso penal, analiza la acusación presentada por el Fiscal del Ministerio Público, verificando su admisibilidad, pertinencia y suficiencia para sustentar la pretensión punitiva.

Las características del control de la acusación son:

Realizado por el Juez de Control: El Juez de Control, como garante de la legalidad del proceso, es el encargado de realizar el control de la acusación.

Se desarrolla en la fase intermedia: El control de la acusación se lleva a cabo en la fase intermedia del proceso penal, posterior a la fase preparatoria y previa al juicio oral y público, artículo 309 de la ley ya mencionada.

Tiene un carácter formal y material: El control de la acusación comprende dos aspectos: el formal, que verifica el cumplimiento de los requisitos formales de la acusación, y el material, que analiza la existencia de elementos de prueba suficientes para sustentar la acusación. Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal (2021) que establece la decisión.

Diversos autores del Derecho Penal Venezolano han abordado el tema del control de la acusación, ofreciendo valiosas perspectivas sobre su importancia y alcance.

Luisa Palencia (2020:55) En su obra define el control de la acusación como un "filtro que permite depurar el proceso penal de las acusaciones infundadas o mal planteadas, garantizando así el acceso a un juicio justo para el imputado"

Vicenzo Giliani (2021:12) dice que "se enfatiza la función esencial del control de la acusación en la tutela de los derechos del imputado, al evitar que este sea sometido a un juicio oral y público sin la existencia de elementos de prueba suficientes"

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https://youtu.be/Ctz9_CGvENw?si=f16pqDFbhzc0ps8D

Ángel Wladimir Zerpa Aponte

Es un abogado, juez y profesor universitario venezolano. Fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio el 21 de julio de 2017, Zerpa Aponte es graduado de derecho de la Universidad Central de Venezuela. Es practicante y docente de derecho penal, profesor de pregrado y de postgrado de varias universidades venezolanas, incluyendo su alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras. Zerpa Aponte fue instructor en la Escuela de Fiscales dependiente del Ministerio Público y Juez Superior Titular Penal de la Corte de Apelaciones Penales de Caracas.

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Prof. Angel Zerpa A. Recorrido de la Fase Intermedia en el Proceso Penal Venezolano.