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Hoy 9 de abril, como todos los años, se conmemorará a las víctimas que dejó y aún deja la guerra que hemos padecido por más de cinco décadas en el país.

La compleja realidad de las víctimas no debería ser un asunto ajeno para los colombianos. Sin embargo, lo usual es que el conocimiento sobre el tema sea limitado, que abunden los prejuicios, que se confundan conceptos y que no se dimensione lo que implica la reparación. El Gobierno muchas veces se pasa por la faja los derechos de las víctimas y no pasa nada.

En el país, a primero de marzo de 2019, hay 8,7 millones de víctimas. Para tener una idea general de sus características, se puede decir que la mayoría (7,7 millones) han sufrido hechos de desplazamiento. Hay un millón de víctimas de homicidio y 450 mil de amenazas. Se registran 171 mil con eventos de desaparición forzada y 116 mil casos de pérdida de bienes. La mayoría están entre los 29 y los 60 años (3,1 millones). Hay casi 375 mil víctimas entre los 0 y los 5 años y 1,01 millones entre los 12 y los 17 años.

Los departamentos con mayor ocurrencia de hechos que dejaron víctimas son Antioquia con más de 1,7 millones, Bolívar con más de 600 mil y Magdalena con 500 mil. Por género hay mayor registro de mujeres víctimas con 4,40 millones de casos frente a 4,37 millones de hombres y 3.800 personas LGBTI. La etnia más afectada por el conflicto fue la negra o afrocolombiana con 843 mil víctimas, seguidos por los indígenas con 220 mil.

En Bogotá, según el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, residen a la fecha 352 mil víctimas (un 4,1% del total de la nación). La mayoría de ellas vive en la localidad de Ciudad Bolívar (cerca de 27 mil). Le siguen Bosa con 25 mil, Kennedy con 23 mil, Suba con 15 mil y San Cristóbal y Usme, cada una con 11 mil víctimas, respectivamente.

Estas cifras pueden sorprender a muchos y es que el tema de víctimas es una realidad mucho más compleja de lo que creemos entender al respecto. Como sociedad existe, especialmente en zonas no tan afectadas por el conflicto, una indiferencia ante el tema; o como lo describe Cynthia de Benito " hay una gran capa de gente que está ausente en la discusión porque no ha sido interpelada por la guerra, y que pertenecen, generalmente, a una discreta clase media en la que hay una suerte de escepticismo porque la guerra ni les va ni les viene ". Esto crea un ambiente de desconfianza hacia las víctimas porque se cree que mienten o exageran. O incluso se descalifica el hecho de que personas de condición socio económica favorable se declaren víctimas cuando les asiste todo el derecho a hacerlo.

Con este escenario, en que las víctimas suelen ser maltratadas y discriminadas, preocupa lo que viene ocurriendo en el nivel nacional con el actual Gobierno. Por ejemplo, el nombramiento de Rubén Darío Acevedo -quien ha desconocido la existencia del conflicto- como director del Centro de Memoria Histórica no deja de ser polémico, así el funcionario haya llegado con actitud conciliadora. Esa decisión es inconveniente porque vulnera la confianza (organizaciones de víctimas llegaron a anunciar su intención de retirar archivos depositados en la entidad) y puede parecer un irrespeto o desafío para las víctimas. Este tipo de hechos no es saludable en el marco de un posconflicto que debería guiarnos a la reconciliación.

Las bases del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que está en discusión en el Congreso, generan también varias inquietudes. Desde la definición de víctimas contenida en ese documento se observa un enfoque muy distinto al que está vigente en la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Según esta última, las víctimas son " aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno".

En las bases del plan de desarrollo se lee " El país cuenta con nueve millones de colombianos que han sido identificados y registrados como víctimas, producto de los actos criminales y terroristas de los grupos al margen de la ley ". Aquí ni se habla de conflicto ni se menciona a las víctimas de actores que están dentro de la legalidad.

El enfoque del plan de desarrollo parece incurrir en otro error. Suponer que las víctimas del conflicto se reducirán en el corto y mediano plazo. Las mismas decisiones del Gobierno en temas de paz pueden hacer que este, lamentablemente, no sea el escenario real. A pesar de que, desde 2013 se presentara una reducción en el Registro Único de Víctimas, al pasar de 326 mil a 126 mil en 2017, para 2018 esta tendencia se quebró. En un solo año se registraron 5 mil casos más que en el año anterior

En este marco preocupa que el gobierno muestre su intención de reducir recursos para la asistencia humanitaria que brinda el Estado a personas que ven vulnerados sus derechos. Estos recursos son complementarios, ni siquiera son parte de la reparación. El argumento para ir reduciendo ese presupuesto es que es asistencialista, no ayuda a superar la pobreza y perpetúa la dependencia de las víctimas. Se confunde aquí la política de víctimas, cuyo objetivo es la restitución de los derechos de quienes fueron vulnerados a causa de la incapacidad del Estado de Defenderlos, como lo afirma la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la política social del Estado.

Ojalá estos temas salgan mejorados en la versión definitiva del plan. Hasta ahora el debate en el Congreso ha tendido a centrarse en el presupuesto pero es necesario que se revisen también estos lineamientos y el enfoque que se está tratando de introducir en el tema de víctimas. Todo parece indicar que la relación entre el gobierno de Duque y las víctimas, como se esperaba, no va a fluir armoniosamente y que se vienen grandes debates con respecto a temas trascendentales como la Ley de Víctimas que tiene vigencia hasta 2021.

Si en verdad le preocupan las víctimas del conflicto armado al Presidente, como lo argumentó para objetar la JEP, entendería que la reparación no se logra solo con cárcel para los victimarios, sino también con recursos para repararles de los vejámenes causados por los guerreros de todos los bandos ideológicos, institucionales y no institucionales.

Por: María Fernanda Rojas

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¿Quiénes son las víctimas y a qué se enfrentan?

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Hoy 9 de abril, como todos los años, se conmemorará a las víctimas que dejó y aún deja la guerra que hemos padecido por más de cinco décadas en el país. La compleja realidad de las víctimas no debería ser un asunto ajeno para los colombianos.

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Corte Constitucional, ahora en defensa de las comunidades indígenas Marco Tulio Gutiérrez Morad, por Marco Tulio Gutiérrez Morad

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Si hemos sido capaces de defender a los toros, a los perros, en general, a los animales como parte integrante del concepto y valor del medio ambiente, ¿por qué no hacerlo con nuestros semejantes?

EDICIÓN 1930

PORTADA

Sube la temperatura: las objeciones tienen la polarización al límite

El debate sobre las objeciones a la JEP dejó la polarización nacional al rojo vivo. Ojalá esta semana, después de lo que pase en el Senado, el país pueda pasar la página de esas divisiones.

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Corte Constitucional, ahora en defensa de las comunidades indígenas

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Si hemos sido capaces de defender a los toros, a los perros, en general, a los animales como parte integrante del concepto y valor del medio ambiente, ¿por qué no hacerlo con nuestros semejantes? PORTADA Sube la temperatura: las objeciones tienen la polarización al límite El debate sobre las objeciones a la JEP dejó la polarización nacional al rojo vivo.

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LOS INDIGENAS

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Rechazamos la estigmatización de la que ha sido objeto la minga departamentos de Antropología del país

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La minga indígena y campesina en el suroccidente del país cumplió más de veinticinco días de protesta. Ante la férrea negativa del presidente Iván Duque de dialogar con los indígenas en el territorio y después de que la ministra del Interior, Nancy Patricia Pedraza, se retirara de la mesa de diálogo, la indignación popular se ha exacerbado. Según Giovanny Yule, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), este fin de semana la minga pasará de 20.000 a 25.000 manifestantes en más de seis departamentos, con particular intensidad en Cauca, Nariño, Caldas, Huila, Antioquia y Valle del Cauca.

La presión que ha generado el bloqueo de la vía Panamericana ha hecho que el gobierno anunciara este lunes la instalación de una nueva mesa de negociación en Mondomo, Cauca. No obstante, a pesar de que las conversaciones se adelantan, los indígenas aseguran que no hay avances e insisten en exigir la presencia de Duque para un diálogo directo sobre las razones que detonaron esta protesta: el incumplimiento de acuerdos pactados con gobiernos anteriores, la defensa y el reconocimiento de los derechos ancestrales al territorio, las inefectivas medidas de protección de líderes sociales y territoriales y los presupuestos del capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras.
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Esta semana, un sector de la academia decidió pronunciarse para manifestar su apoyo a la minga y sus preocupaciones frente a las maneras como se ha dado la discusión pública en torno la protesta. Impulsados por Alhena Caicedo, presidenta de la Asociación Colombiana de Antropología (ACANT), los departamentos de Antropología del país suscribieron un comunicado del departamento de Antropología de la Universidad de los Andes a través del cual expresan su rechazo a "la estigmatización de la que ha sido objeto la minga, así como el uso de formas violentas de represión". Para Caicedo, "las formas como ha circulado el debate en redes sociales y las claves con que se comunica la noticia en medios, que han implican un fuerte racismo y que vuelve a poner a los indígenas en las narrativas de 'los salvajes', 'lo que obstruye al desarrollo', no han tenido un efecto contundente de rechazo".

Por eso, de la mano del departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes y la Escuela de Género de la Universidad Nacional, la ACANT redactó una carta abierta para "aportar una voz crítica" con las razones sociales e históricas que, en palabras de la filósofa de la Universidad de los Andes Laura Quintana, han vuelto "la defensa del territorio como un espacio de vida que también interseca preocupaciones culturales y no solo una instancia de intervención territorial".

ARCADIA reproduce el contenido completo del pronunciamiento, publicado originalmente por el departamento de Antropología de la Universidad de los Andes.

PRONUNCIAMIENTO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA
La minga indígena y campesina del suroccidente por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, que inició el pasado 10 de marzo en los departamentos del Cauca y el Huila impulsada por el CRIC, se ha convertido hoy en la minga nacional por la vida, incluyendo -de manera amplia y plural- a sectores y colectivos populares, afrodescendientes y campesinos, estudiantes y ambientalistas en distintos departamentos de nuestro país. La minga ha puesto en el centro del debate político nacional el problema de los reiterados incumplimientos a los acuerdos pactados por los pueblos indígenas con el Estado colombiano. Estos incumplimientos están relacionados con la prioridad que se le ha dado a un modelo de desarrollo centrado en grandes emprendimientos extractivos y agroindustriales que deja de lado a las comunidades locales y aumenta la brecha de la desigualdad social, especialmente en el campo. A casi 30 años de la consagración de la Constitución de 1991, que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, los pueblos indígenas, afro y campesinos han tenido impactos especialmente críticos derivados de la guerra interna que se libró en décadas recientes en Colombia, el asesinato de sus líderes sociales, espirituales y políticos, los desplazamientos forzados de población, así como la violación de sus derechos humanos, territoriales y culturales y de su autonomía.

Como colectivo de profesionales y educadores de disciplinas y quehaceres profesionales para los que las historias, memorias y luchas de estos pueblos y colectivos tienen un papel fundamental en la comprensión de las complejas realidades de nuestro país, rechazamos la estigmatización de la que ha sido objeto la minga, así como el uso de formas violentas de represión. También rechazamos las expresiones de estereotipia y racismo que evidencian ignorancia y desinformación frente a una historia de reivindicaciones culturales, políticas y territoriales, cuyos logros son resultado de ingentes esfuerzos colectivos y altos costos humanos.

La minga es una práctica histórica de trabajo colectivo y organizados y de protesta que por más de medio siglo han puesto en marcha los pueblos indígenas del suroccidente colombiano. Hoy se ha convertido en una práctica icónica de resistencia, movilización y exigencia para el cumplimiento de derechos, compromisos y acuerdos de paz, que se vean reflejados de manera efectiva en políticas y programas, en la aplicación de acuerdos sobre derechos territoriales, formas de desarrollo económico y posibilidades de permanencia cultural y vital. La minga, además, expresa una protesta clara respecto al asesinato sistemático de líderes entre 2016 y 2019, 50% de los cuales perteneces a pueblos indígenas y afrodescendientes.

La tolerancia y el respeto mutuo son la base para la convivencia pacífica y la democracia. Como profesionales y educadores para quienes la paz es un norte esencial en el camino hacia la reconstrucción económica, social y cultural de nuestra sociedad, al igual que lo es la valoración de nuestra diversidad cultural, el respeto a la diferencia y las garantías para el pleno goce de los derechos humanos otorgados por la Constitución, esperamos que prevalezca el diálogo y la mediación respecto a los reclamos de estos conciudadanos. Refrendamos el valor político, cultural y humanos de sus modos de existencia.

Bogotá, 3 de abril de 2019
Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes Departamentos de Antropología del país Asociación Colombiana de Antropología Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes Escuela de Género de la Universidad Nacional

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"Rechazamos la estigmatización de la que ha sido objeto la minga": departamentos de Antropología del país

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A través de un comunicado público, y de la mano de la Asociación Colombiana de Antropología y la Escuela de Género de la Universidad Nacional, los docentes de los departamentos de Antropología del país manifestaron su apoyo a la minga indígena y campesina, que ya cumple más de veinticinco días de protesta.

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Pese a la implementación de proyectos en Colombia para mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad, entidades y algunos miembros de esta población consideran que aún no existe un verdadero aporte a su bienestar.

Uno de los principales inconvenientes se registra en oficinas y entidades gubernamentales donde a la hora de recibir atención, esta población no cuenta con expertos en lenguaje de señas -para el caso de personas sordas- y otros insumos necesarios.

El Instituto Nacional para Ciegos (INC) señala que en Colombia existe una población de 595.288 personas en condición de discapacidad, la cual se atiende con diferentes proyectos como el CONPES 166 y Ley 1618 del 2013 o la Ley 1680 del 2013.

"El Estado debe garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad en los diferentes sectores; en ese sentido, las entidades se encuentran en la etapa de reglamentación impulsando la formulación de proyectos de decretos que garanticen las condiciones de inclusión", señala la Institución.

La inversión al año de 65.000 millones de pesos, por parte del Ministerio de Educación para la formación de niños y niñas con problemas de visión, es otro de los programas destacados.

Por otro lado, el INC señala que las bibliotecas que hacen parte de la Red de las Grandes Ciudades (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga) cuentan con salas de tecnología para que la población pueda acceder a la información y a la lectura, a través de lectores de pantalla, magnificadores de pantalla, impresoras braille, materiales en tinta y braille, y en audio, los cuales son avances importantes en materia de atención a esta población.

Sin embargo, en las grandes ciudades que cuentan con el sistema de transporte masivo no se garantiza, de alguna manera, el acceso a la información a través de señalética, semáforos sonoros, sistemas de audio y atención.

El Estado debe garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad en los diferentes sectores

Nostalgia de luz, la vida de Nemesio Daza

El centro histórico de Cartagena, y en general toda la ciudad, no es amigable con las personas en condición de discapacidad. Además de los frentes de obra en vías principales que se tardan más de lo planeado, la ciudad carece de rampas y la mayoría de andenes son altos, además, hay muchos postes de la luz ubicados en la mitad de los andenes, lo que constituye una trampa mortal para Nemesio y las siete personas con discapacidad visual que habitan Getsemaní, así como para el centenar de Cartagena. A estas trampas mortales -para la comunidad con discapacidad- se suma la constante invasión del espacio público.

"Salgo a caminar todos los días solo con la ayuda de mi bastón y te puedo decir que siempre hay un restaurante que pone una mesa con sillas en el andén", dice Nemesio.
Los carros mal parqueados, que abundan en el centro histórico, también son un riesgo.

Pero, pese a los obstáculos que hay en las calles de Cartagena, Nemesio dice que siempre caminará por su amada ciudad, así ella no esté lista para él.

Adela Bayona, la mujer que se enfrenta a Bucaramanga

En medio de una ciudad cuyas estructuras, al parecer, no fueron pensadas para personas en su condición y sobre una silla de ruedas, transita, con dificultad, Adela Bayona, una mujer de 42 años, que desde hace 40 fue diagnosticada con poliomielitis, enfermedad infecciosa causada por un virus que desencadena atrofias cerebrales y musculares. La enfermedad le causó una prolongada fiebre que le ocasionó una discapacidad motora.

Todos los días hay barreras en la ciudad

Aunque desde joven aprendió a ser independiente, Bayona asegura que asistir al centro de salud del barrio Girardot, donde reside, y utilizar el Sistema Integrado de Transporte Masivo (Metrolínea) son algunas de las dificultades que sostiene permanentemente en Bucaramanga.

A las dificultades de ingreso a los principales edificios de la ciudad se suma el hecho de que muchas de las pendientes de los andenes no cumplen con la inclinación establecida en la norma, lo que hace más complejo la circulación de la mujer en su silla de ruedas.

En Santander hay aproximadamente 110.000 personas en situación de discapacidad, de las cuales 30.799 viven en Bucaramanga, que luchan diariamente por sus derechos de tener una ciudad estructural y socialmente incluyente, que los acoja y les brinde las oportunidades de llevar una vida con igualdad de condiciones.

'He tenido miedo de salir sola a la calle'

Lina María Arango Lina María Arango, persona en condición de discapacidad.

Aunque considera que Medellín se ha transformado para bien, cree que las dificultades para esta población persisten, no solo para movilizarse, sino también para conseguir empleo, recibir educación y evitar ser estigmatizados.

Por ejemplo, con los taxistas, Lina dice que a los conductores les molesta tener que ayudarla a ingresar al vehículo y que la silla de ruedas ensucie el asiento trasero.

Lina manifiesta que es importante crear más conciencia en los ciudadanos sobre la manera de referirse a las personas en situación de discapacidad, para que no utilicen términos como "discapacitados", "inválidos" o "incapaces". "La barrera está en el imaginario del otro", sostiene.

Dan mala nota a obra en Cali

En un laboratorio urbano, siete personas con distintas discapacidades tomaron el recorrido de la fase uno del parque Lineal del río Cali, un nuevo proyecto urbano que se levanta en esta ciudad.

En el trayecto, desde la plazoleta del Correo, frente al Centro Administrativo Municipal (Cam), en más de un kilómetro y medio encontraron caminos cruzados, huecos y falta de barandas.

Discapacidad Cali El recorrido de cuatro personas con discapacidad visual, dos con discapacidad física y una con discapacidad auditiva hace parte de una iniciativa para que las obras que se construyen estén validadas par la accesibilidad universal, con énfasis en la población con discapacidad.

NACIÓN
Con información de corresponsales*

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La deuda del país con su población en condición de discapacidad

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Pese a la implementación de proyectos en Colombia para mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad, entidades y algunos miembros de esta población consideran que aún no existe un verdadero aporte a su bienestar.

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En Colombia la población con alguna discapacidad se ve muy afectada por la afectación de sus derechos como la inclusión laboral principalmente, falta de programas y asignación de fondos por parte del gobierno nacional

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En Colombia más del 14 % de la población está en condición de discapacidad y están viendo vulnerados sus derechos, especialmente el acceso laboral.

Así lo reveló el alto consejero presidencial para la Discapacidad, Jairo Clopatofsky, quien confirmó que, "se estima que el 15 % de la población mundial son más de 1.200 millones de habitantes en la tierra y solamente 200 millones tienen algún tipo de discapacidad severa ".

"Colombia no es ajena a esta situación. En diferentes regiones del país nos encontramos con que la población con discapacidad suma más de 7 millones de colombianos. Colombianos que en su inmensa mayoría no son escuchados", advirtió.

Esta población vive con la vulneración constante de sus derechos, tal como la infraestructura necesaria para ingresar y utilizar los establecimientos públicos, el acceso preferencial a los servicios de salud, entre otros y permanentemente son víctimas de discriminación.

Sin embargo, el acceso al mercado laboral es uno de los mayores obstáculos que encuentran estos colombianos en el país, en un entorno en el que ni el propio Estado cumple las normas.
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Según el consejero Clopatofsky, el decreto 2011 de diciembre del 2017 estableció que, "el 1 % del total de la planta debe generar el empleo para las personas con discapacidad ".

"Hoy en día tenemos menos de 5.000 personas con discapacidad que están trabajando del millón 200 de empleados que tiene el sector público ", esto corresponde a menos del 0,5 %

Según la regla deberían estar por lo menos 12.000 personas en esta condición empleadas por el Estado, "que no es ni siquiera un favor, es una normatividad, inclusive con acciones de sanciones administrativas para los que incumplan esa normatividad".
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La meta del Gobierno sería generar más de 120.000 empleos mínimos para esta población en condición de discapacidad, según explicó el alto consejero presidencial.

"Desde el Gobierno Nacional vamos a dar ejemplo a quitar barreras arquitectónicas para accesibilidad y comencemos a buscar una sociedad incluyente", manifestó.

De la misma forma hizo un llamado a alcaldes y gobernadores en el país para conformar los Comités Territoriales que hacen parte del Sistema nacional de la Discapacidad, al igual que los convocó a cumplir con la normatividad vigente y garantizar el acceso laboral para esta población en Colombia.

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En Colombia hay 7 millones de personas en condición de discapacidad

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En Colombia más del 14 % de la población está en condición de discapacidad y están viendo vulnerados sus derechos, especialmente el acceso laboral. Así lo reveló el alto consejero presidencial para la Discapacidad, Jairo Clopatofsky, quien confirmó que, "se estima que el 15 % de la población mundial son más de 1.200 millones de habitantes en la tierra y solamente 200 millones tienen algún tipo de discapacidad severa ".

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En el marco de las movilizaciones del movimiento social LGBT I, Juan Carlos Prieto García, director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación realizó un balance sobre los principales logros de esta comunidad frente al reconocimiento de sus derechos y los retos que aún están pendientes.

Prieto explicó que hace de 36 años en Colombia era ilegal ser homosexua l, y aunque no se conoce el caso de alguna persona que haya sido condenada en razón a su identidad sexual diversa, lo cierto es que el código penal colombiano tipificaba esta conducta como un delito.
Los avances
En el año 1982 se despenalizó de la homosexualidad, lo que el funcionario califica como un gran logro por parte del movimiento social. Paralelamente arrancó la primera movilización del movimiento de liberación homosexual, la cual es considerada como uno de los primeros pasos para que Bogotá reconociera la diversidad sexual en la ciudad.

Prieto explicó que en el año 2008 Bogotá fue la primera ciudad del país y de la región en implementar una política pública que reconociera la discriminación de la cual es objeto la comunidad LGBTI, según el funcionario este documento ha sido la base para que se desarrollen otras políticas públicas a nivel nacional.

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Estos son los avances y lo que queda pendiente frente a los derechos LGBTI

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En el marco de las movilizaciones del movimiento social LGBT I, Juan Carlos Prieto García, director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación realizó un balance sobre los principales logros de esta comunidad frente al reconocimiento de sus derechos y los retos que aún están pendientes.

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en 1996 se emitió la sentencia CO98, se prohíbe la discriminación de una persona por su orientación sexual

en 1999  la corte constitucional considero que la homosexualidad no debe  considerarse  una falta en las fuerzas militares

en el 2003 se aprueban las visitas conyugales a personas de mismo genero

en el 2007 se le otorgo a las parejas homosexuales derechos patrimoniales

en el 2008 la sentencia 336 de la corte constitucional determino que las parejas homosexuales también tienen derecho a recibir el reconocimiento y pago de pensión por sobrevivientes

en el 2011 se les da a las parejas homosexuales los mismos derechos que las parejas heterosexuales en unión libre

en el 2015 se determina que el genero de una persona no puede definir si una persona puede adoptar o no

en el 2016 se aprueba el matrimonio igualitario

https://www.rcnradio.com/colombia/los-avances-y-lo-que-queda-pendiente-frente-los-derechos-lgbti

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Es el respeto por los derechos humanos y la libertad de la identidad de una persona con sus dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales.