# data[].attributes.body
Autor: Ayelén Bargados.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
SUMARIO

Introducción. 1. Estado del tema 2. Aspectos metodológicos 3. Actividad y empleo

3.1. Grado de operatividad 3.2. Autorizaciones 3.3. Tasa de inactividad del personal

4. Acciones empresariales y asistencia pública 4.1. Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción (programa atp) 4.2. Acciones empresariales para enfrentar la baja de la actividad

4.3. Capital de trabajo y cierre de empresas 5. Condiciones de trabajo: acuerdos laborales y trabajo remoto 5.1. Acuerdos laborales 5.2. Trabajo remoto. Reflexiones finales. Bibliografía

Documentos

Introducción

El impacto socioeconómico y productivo del COVID-19 seguramente será materia de estudio durante años, el mundo se encuentra aún inmerso entre el primer brote y un rebrote. En Argentina, al complejo y recesivo escenario que se venía atravesando, se sumó inesperadamente la pandemia de COVID-19, cuyo impacto final sobre el tejido productivo interno se desconoce debido al carácter inédito de la situación.

La Fundación Observatorio PyME (FOP) se propuso desde el principio monitorear permanentemente la situación del segmento empresarial que genera el 77% del empleo argentino ( Belacín y Arnoletto, 2019), realizando relevamientos entre las empresas con hasta 800 ocupados, bajo el Programa de Investigación Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo. Se recibieron más de 6.000 respuestas, a través de encuetas a nivel de firma entre los sectores Primario (Agrilcultura/Ganadería/Silvicultura/Pesca/Minería), Servicios, Comercio, Industria Manufacturera y Construcción, a lo largo de todo el territorio nacional. Hasta el momento, cinco relevamientos han sido llevados a cabo indagando sobre el impacto de la pandemia, las intervenciones públicas implementadas y las acciones empresariales adoptadas en lo concerniente a operatividad productiva, empleo, situación financiera y organización interna.

Días previos a la imposición del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se lanzó la primera encuesta, donde estas empresas ya se mostraban activas en materia de medidas para mitigar el riesgo de contagio, en caso de continuar operando. Luego, el viernes 20 de marzo entró en vigencia el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que el Gobierno Nacional estableció en todo el país a través del DNU 297/2020. Entre el período transcurrido desde principios de abril y principios de junio, la FOP llevó a cabo cuatro encuestas más, a fin de identificar distintos aspectos de la actividad productiva, empleo, gestión y estrategias del segmento. Al momento de elaborar este trabajo está en campo una sexta encuesta que indaga sobre operatividad, actividad del personal, evolución de la facturación y trabajo remoto.

A partir de dicho Programa de Investigación de FOP, es posible extraer importantes aspectos de la crisis agravada por el COVID-19.

En cuanto al ritmo de actividad y el empleo, se aprecia que el grado de operatividad de la firma no implica directamente un mismo grado de actividad de su personal. La proporción del personal inactivo de las empresas responde a: i) procesos y organización interna, ii) restricciones regulatorias para poder funcionar, y iii) caída de la oferta y demanda de bienes y servicios que implicó la pandemia

En relación a las herramientas utilizadas por las empresas para mitigar el impacto de la pandemia, puede destacarse la intensa dinámica seguida para adaptarse y sobrellevar las nuevas circunstancias, aunque los relevamientos llevados a cabo por FOP revelan que el grupo de firmas de hasta 50 ocupados sufre especialmente las dificultades del contexto y también las firmas del sector de la Construcción. A este respecto se analizan especialmente la asistencia pública con transferencias directas y los acuerdos de suspensión entre empresas y empleados/as o sindicatos.

El programa público de asistencia para salarios y contribuciones patronales (Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo) resultó importante y bien recibido por las empresas, aunque no ha logrado evitar una elevada fragilidad financiera en una parte de las firmas de menor dimensión y así cerca de un 10% de ellas declaró estar evaluando cerrar definitivamente.

En materia de condiciones de trabajo, los acuerdos laborales de suspensión con reducción salarial, oportunamente normados para la pandemia en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Resolución 397/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), fueron un recurso importante disponible en la práctica para casi un tercio de las empresas de hasta 800 ocupados, aunque aún no homologados en todos los casos. La "nueva normalidad", además, implicó seguir trabajando, pero en forma remota. No obstante, algo más del 40% de estas firmas no tienen posibilidad alguna de finalizar 2020 con su personal desempeñándose a distancia, aspecto que se imprime como un nuevo factor de dualización productiva.

A lo largo del estudio aquí presentado se detectará que la región Centro es el territorio con mayor proporción de empresas sostenibles (alto grado de operatividad, alta tasa de actividad del personal, buen acceso a herramientas de asistencia pública, bajo riesgo de cierre, bajo riesgo de conflicto laboral, alta posibilidad de implementación del teletrabajo), el sector de actividades primarias es el de mejores perspectivas y las empresas de más de 50 ocupados son las relativamente menos amenazadas. Esto es, una profundización de las asimetrías productivas pre-existentes en el país a nivel regional, sectorial y por tamaño.

El documento se estructura como sigue. En la siguiente sección se hará una sucinta mención de algunos trabajos que estudian el impacto socioeconómico y/o productivo del COVID-19. Luego se describen brevemente en la segunda sección algunos aspectos metodológicos que están en la base del análisis que se recorrerá en las secciones 3, 4 y 5 sobre actividad, empleo, acciones empresariales, intervenciones públicas y trabajo remoto. Por último, se esbozan algunos comentarios y reflexiones finales.

1. Estado del tema

Existe un número muy abundante de trabajos en la literatura internacional y local que se han publicado durante los últimos meses sobre tópicos económicos, sociales y productivos relativos a la pandemia, sus efectos, las intervenciones públicas adoptadas y las estrategias privadas para enfrentarla. Se intentará orientar a las y los lectores en algunos trabajos seleccionados.

Baldwin y Di Mauro (2020) recogen las contribuciones de distintos expertos sobre la macroeconomía de la pandemia, en un análisis prospectivo en base a los primeros efectos que pudieron observarse a nivel global y puntualmente en algunos países donde ya se atravesó una primera fase de la pandemia. Se recurre a información tanto sobre la evolución de la actividad económica, como de comercio internacional, política monetaria, regulación financiera, entre otros temas. Se toman en consideración también las estadísticas y reflexiones de organismos internacionales sobre las perspectivas mundiales bajo el impacto del profundo shock que es la pandemia de COVID-19. Podría decirse que este libro es un recorrido de algunos aspectos generales, que pueden servir de contexto para conocer las perspectivas elaboradas en un comienzo. Luego tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por citar algunos organismos, fueron re-editando sus análisis prospectivos en base a estadística calibrada con los avances a lo largo y ancho del mundo del nuevo virus.

Entre los trabajos internacionales basados en encuestas, cabe señalar dos llevados a nivel de empresa en Estados Unidos. El primero de ellos ( Bartik et al, 2020) se trata de un análisis de estadísticas descriptivas sobre las respuestas de encuestas a pequeños empresarios estadounidenses durante fines de marzo y principios de abril. Se enfoca en medir la fragilidad financiera, el grado de operatividad de las firmas y de inactividad de su planta de personal, expectativas sobre la duración de la crisis, y el acceso a programas de asistencia pública y su impacto en la inactividad y en las decisiones de cierre. Utiliza más de 5.800 respuestas obtenidas sobre una base de empresas de pequeña dimensión de Estados Unidos, para una encuesta compuesta por 43 preguntas (algunas sobre escenarios hipotéticos, más bien preguntas de tipo conductual o experimental). La distribución de la base de respuestas a nivel regional y por tamaño se asemeja a las del Censo Económico de 2017. Los principales hallazgos consisten en la elevada fragilidad financiera que muestran muchas de las empresas menores; una inoperatividad cercana al 45% de las firmas, con una reducción de empleo cercana al 40% en relación a comienzos del año 2020; y un significativo interés de las empresas por los programas de asistencia pública, que esperaban ajustar sus decisiones en función de la ayuda recibida, aunque una parte del segmento se mostraba reticente a aplicar debido a cuestiones de complejidad administrativa y elegibilidad; por último, la expectativa de duración de la crisis se extendía hasta mediados del verano (julio-agosto 2020), aunque con una dispersión alta entre las respuestas.

El segundo trabajo ( Bartik et al., 2020) se trata también de un análisis de resultados de dos encuestas que indagan acerca de la modalidad de trabajo remoto durante la pandemia. Una de ellas llevada a cabo entre casi 1.800 líderes de pequeñas empresas (una muestra extraída de la encuesta utilizada en la investigación referida en el párrafo anterior) y otra entre 70 economistas empresariales de la Asociación Nacional de Economistas de Empresa (NABE, por sus siglas en inglés). Se realizaron entre marzo y abril, respectivamente, período durante el cual gran parte del país norteamericano estaba bajo restricciones de aislamiento (stay-at-home restrictions). Utilizan además una medida que permite clasificar la factibilidad de implementación de trabajo remoto a nivel de industria. Entre las PyME, hallan que el 45% tenía trabajadores en transición al trabajo remoto (al menos dos días a la semana), mientras que entre las empresas de mayor dimensión (resultados de la encuesta entre los economistas de NABE) esa proporción es más elevada. Por medio de algunos análisis de regresión, hallan también que el tamaño de firma no genera diferencias significativas en la implementación de teletrabajo, pero que sí está más difundida (o es más factible) en industrias con personal de mayor calificación y mejor pago. Los encuestados revelan pérdida de productividad al pasar al trabajo a distancia, pero esta pérdida también es menor en industrias de mayor calificación de los recursos humanos y mayor remuneración. Una conclusión general es que la implementación de trabajo remoto refuerza las inequidades.

Por otra parte, para la región latinoamericana, es útil señalar especialmente el documento del BID ( 2020), donde se discuten las respuestas al COVID-19 desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo (enfocando en medidas empresariales e intervenciones públicas). Allí se resaltan, por un lado, las necesidades y oportunidades de política pública en la región, así como también la centralidad de las capacidades ya instaladas en las distintas economías. Algunas estadísticas presentadas corresponden a distintos relevamientos a nivel de empresas, aunque en pocos países dado que fue difundido en una etapa más bien incipiente de la pandemia en América Latina (Argentina -información FOP-, y asociaciones empresariales en Brasil y Uruguay). Es interesante el recorrido de algunos ejemplos de intervenciones públicas adoptados en materia financiera, laboral y tecnológica, incluyendo a Argentina y otros países de la región, así como la referencia a programas aplicados en diversos países fuera de la región, economías desarrolladas pero muy diferentes entre sí, como Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos o Dinamarca. Para el caso de Argentina, es por ejemplo destacado en materia financiera, el fondeo público a través de garantías para "crédito blando" -que se comentará en la sección 4 (FOGAR, Fondo de Garantía Argentino)-. Este trabajo del BID también hace algunas recomendaciones de política para la pospandemia, en términos de las perspectivas de gran fragilidad y deterioro que posiblemente caracterice a la región una vez que la pandemia haya pasado. Algunas de ellas, en miras de incentivar la innovación y el emprendimiento para acelerar la recuperación económica, son el aumento de la escala de financiamiento para startups innovadoras, el financiamiento de bienes de conocimiento sectoriales, mayor apoyo técnico para la transformación digital de nodos de emprendimientos e innovación, entre otras.

La estructura productiva de la región acumula debilidades desde hace décadas, con fuertes heterogeneidades entre los sectores y las empresas. También existen brechas de productividad externa e interna y la pandemia llega sobre estas condiciones estructurales. Un informe especial de CEPAL ( 2020) analiza la situación productiva y empresarial de la región, donde la pandemia está mostrando un fuerte impacto negativo sobre los sectores que generan un tercio del empleo formal y un cuarto del PBI, y en los sectores intensivos en tecnología en particular. El organismo anticipa el cierre de más de 2 millones de empresas en toda la región, especialmente las más pequeñas. En relación a las políticas implementadas, las califica de importantes pero insuficientes. El trabajo sugiere ampliar las líneas de financiamiento y reforzar las transferencias directas a las empresas.

En términos de estructura productiva PyME y demografía empresarial, la Fundación Observatorio PyME (FOP) lleva a cabo investigaciones desde hace más de veinte años, con el insumo fundamental de las encuestas propias de carácter sistemático a nivel de empresa. Entre los trabajos más recientes, se abordan la situación del desempeño de las PyME en los informes de coyuntura ( Fundación Observatorio PyME; 2019; 2020) donde se muestran las disparidades sectoriales y por tamaño entre empresas de la Industria Manufacturera y algunos Servicios basados en Conocimiento y donde se exhibe que las empresas de entre 10 y 50 ocupados no generan empleo desde hace casi cinco años. Asimismo, por citar algunos ejemplos, en los informes anuales (por ejemplo, Donato, 2016) se recorren características estructurales del segmento y en algunos informes especiales ( Fundación Observatorio PyME, 2018) se estudian aspectos de la demografía empresarial argentina en perspectiva internacional, denotando particularmente el bajo stock de empresas y la baja tasa de natalidad de emprendimientos formales, incluso en comparación al promedio de los países de ingresos bajos.

En relación al análisis del impacto de la pandemia sobre las empresas menores de Argentina, también fueron publicadas estadísticas en base a las encuestas del Programa de Investigación de FOP Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo en Donato (2020) y en siete informes de la Fundación Observatorio PyME ( 2020). Estos trabajos también insumen el presente artículo.

Por último, cabe mencionar un trabajo realizado sobre factibilidad de implementación del teletrabajo en el mercado laboral argentino en base a la Encuesta Permanente de Hogares de INDEC ( Albrieu, 2020). Sus resultados indican que, como máximo, el 29% del total de los trabajos tienen posibilidad de realizarse en forma remota desde el hogar, guarismo que desciende si se corrige por el efectivo uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares, con un piso de 18% en el caso de utilización de computadoras. El estudio marca algunos de los desafíos en materia de política pública, ya que por un lado se requiere de transformación digital en las empresas, por el otro de transformación digital en los hogares, pero por último no debe pasarse por alto que, de acuerdo a los resultados alcanzados, el 40% de las ocupaciones no son de modo alguno teletrabajables, por sus propias características intrínsecas a la hora de llevarlas a cabo. Este estudio puede entenderse como complementario al presentado aquí sobre posible implementación del teletrabajo entre las empresas de hasta 800 ocupados, en el apartado 5.2.

2. Aspectos Metodológicos

Este trabajo consiste en un análisis descriptivo de la situación del segmento empresarial de menor dimensión durante la pandemia del COVID-19 sobre la base de los datos recogidos a partir de las encuestas multisectoriales y en todo el territorio nacional que ha llevado a cabo la Fundación Observatorio PyME desde mediados de marzo entre las empresas de menor dimensión.

La Fundación Observatorio PyME (FOP) constituyó el Programa de Investigación Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo bajo el cual se realizaron cinco operativos de relevamiento en el período que va desde mediados de marzo hasta los primeros días de junio. El primero tuvo lugar del 13 al 17 de marzo, el segundo entre el 2 y 6 de abril, el tercero del 16 al 20 de abril, el cuarto del 7 al 12 de mayo y por último el quinto entre el 29 de mayo y el 10 de junio de 2020.

Las respuestas fueron recogidas a partir de un cuestionario estructurado disponible en una plataforma online y de carácter anónimo. El cuestionario de cada operativo fue puesto a disposición de un conjunto de empresas de la base de la Fundación Observatorio PyME estratificada y representativa del universo de firmas de hasta 800 ocupados. Se obtuvieron 6.593 respuestas de estas empresas a lo largo de los cinco relevamientos. Las encuestas estuvieron dirigidas a dueños, gerentes y responsables de administración y contabilidad.

La estructura por sectores se conforma de Servicios en un 30%, 40% de Industria Manufacturera, 15% de Comercio, 5% del sector de actividades primarias (Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Minería) y el restante 10% compuesto por empresas de la Construcción. El territorio nacional se divide en las "macro-regiones" AMBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires, 55%), Centro (resto de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, 26%), Cuyo (San Luis, San Juan y Mendoza, 6%), NEA (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, 4%), NOA (Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja, 5%), y Sur (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 4%). En términos de tamaño, el 97% de las respuestas corresponde a empresas de hasta 250 ocupados, en el quinto relevamiento (una estructura muy cercana a la del universo).

Las principales temáticas relevadas se refieren al impacto sobre la actividad de las empresas, la producción y el empleo; las estrategias empresariales; el riesgo ocupacional; las intervenciones públicas implementadas y las posibles modificaciones de las formas de trabajo.

En términos de fuentes secundarias, también se utiliza para estimaciones de costo de inactividad, cantidad de empresas y puestos de trabajo información del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), así como los rangos de ventas normados por Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyME) para la clasificación de las empresas en micro, pequeñas y medianas.

3. Actividad y empleo

El 20 de marzo, ante la crisis sanitaria del COVID-19, entró en vigencia el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que el Gobierno Nacional estableció en todo el país a través del DNU 297/2020. En un principio se estableció una fase de "aislamiento estricto" hasta mediados de abril. Posteriormente, conforme a la evolución de la situación sanitaria, el esquema se fue flexibilizando, permitiendo a muchos territorios del país ingresar a la fase de "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" (DISPO), excepto en la región de AMBA y algunos distritos específicos en distintas provincias (de acuerdo a los focos de contagio que se fueron detectando). En los meses últimos, se han visto algunos retrocesos en estas medidas, conforme recrudeció el virus, así como otros territorios van consignando mayores excepciones en el marco del ASPO (como sucede en Ciudad de Buenos Aires).

Durante el segundo trimestre del año tuvo lugar la etapa más estricta del ASPO, con la consiguiente fuerte retracción de la actividad económica interna. El Producto Bruto Interno habría caído 19,1% en relación al segundo trimestre de 2019 y 16,2% con respecto al primer trimestre de 2020, mostrando disparidades en la evolución por sector de actividad, lógicamente ( INDEC, 2020 a).

Así también el mercado de trabajo experimentó un deterioro significativo. En términos interanuales, en el segundo trimestre del año la tasa de actividad cayó de 47,2% a 38,4%, la tasa de empleo pasó de 42,6% a 33,4% y la desocupación abierta se elevó de 10,6% a 13,1% ( INDEC, 2020 b). En el primer trimestre del año la tasa de actividad alcanzaba un 47,1%, la tasa de empleo 42,2% y la desocupación abierta 10,4%.

A partir del segundo relevamiento y hasta el quinto que llevó a cabo la Fundación Observatorio PyME (FOP) entre abril y junio de este año, se puede extraer información de algunas variables claves en términos de la situación de la actividad y el empleo entre las empresas bajo estudio: grado de operatividad, autorizaciones (habilitaciones) y tasa de actividad del personal.

3.1. Grado de operatividad

Un primer punto es el grado de operatividad de las firmas, entendiendo éste por el grado de puesta en marcha de la actividad de la empresa (sea línea de producción, atención en establecimientos, prestación de servicios, etc.). El mismo evolucionó conforme fueron implementadas las excepciones al ASPO según región y actividad económica ( Tabla 1). Pero también influyeron aquí las posibilidades de adaptar los procesos a las nuevas circunstancias.

En consonancia con las sucesivas flexibilizaciones, el costo de inactividad cayó estimativamente desde 115 a 30 millones de dólares diarios entre abril y junio, para un promedio de firmas no operativas que descendió del 54% al 15%. Este 15% consiste en unas 75.000 empresas con algo más de 275.000 puestos de trabajo registrados.

Al recorrer las estadísticas se observan las diferencias por sector, tamaño y región. Las importantes asimetrías pre-existentes en estas tres dimensiones se ven agravadas por efecto de la pandemia.

A nivel sectorial, de acuerdo con el último relevamiento disponible (29 de mayo al 10 de junio), el 23% de las empresas de la Construcción se encontraban bajo nula operatividad, en oposición al 7% en el sector primario. Industria Manufacturera y Servicios detentaba un 15% de no operatividad y 12% Comercio. Así también, eran las microempresas (0-9 ocupados) las más inactivas en términos relativos, con un 22% de ellas en tal situación, versus las medianas-grandes (251-800 ocupados) con un 5%. El grado de operatividad muestra una asociación directa con el tamaño (más activas a mayor tamaño).

Las regiones Sur y AMBA mostraban el menor grado de operatividad (sólo 16% y 20% de sus empresas totalmente operativas, respectivamente). Por el contrario, Centro y NEA exhibían el mayor grado de operatividad (37% ambas).

El sector primario, así como algunos rubros de la Industria manufacturera, Servicios y Comercio, experimentaron un mejor desempeño relativo dado su carácter esencial. Ahora bien, en el resto de las actividades económicas (la mayor parte) el ASPO estricto inhabilitó cualquier tipo de actividad en los establecimientos. En etapas posteriores, con las sucesivas excepciones, más firmas pudieron paulatinamente volver a operar. Esta reactivación es posible en tanto y en cuanto se otorguen las respectivas autorizaciones a solicitud de cada empresa, a la cual se le requiere cierto protocolo sanitario con especificidades adecuadas a la pandemia en curso. En el próximo apartado se abordan las autorizaciones a empresas de actividades sucesivamente exceptuadas del ASPO.

3.2. Autorizaciones

De acuerdo con el quinto relevamiento, el proceso de aprobaciones oficiales (municipales, provinciales y nacionales) de las actividades no esenciales pero exceptuadas para el funcionamiento en los establecimientos/locales fue intenso y positivo. Las estadísticas revelan que el 44% de las firmas pertenecen a rubros esenciales mientras que un 32% alcanzó la autorización a partir de una solicitud adhiriendo a un protocolo ya aprobado o bien diseñando uno nuevo en concordancia con la crisis sanitaria del COVID-19. Entre las empresas en espera de autorización (4%), se detectó una lógica de mayor atención sobre las plantas productivas con mayor cantidad de ocupados, al hallar que la proporción de empresas en espera de ser autorizada resultaba tres veces mayor entre las firmas medianas-grandes (251-800 ocupados) que entre las microempresas (0-9 ocupados).

Además, un número relativamente importante de empresas -aproximadamente 27.000, 5% del segmento bajo estudio ( Fundación Observatorio PyME, 2020 f)-, también pertenecientes al sector de actividades no esenciales pero permitidas por excepciones al ASPO, no estaba operativo debido a sus propias dificultades internas o restricciones financieras para reorganizar el nuevo proceso productivo o elaborar el protocolo sanitario correspondiente. En particular, la proporción de empresas afectadas por estas dificultades era más importante entre las microempresas que entre las empresas MEG, donde esta problemática es inexistente (incluso en el tramo de medianas empresas, 51-250 ocupados, sólo un 2% se veía afectado por estas dificultades). Nuevamente, las asimetrías por tamaño condicionan el desempeño productivo e, incluso, se ven agravadas en el contexto pandémico.

El restante 15% que aún no se encontraba exceptuado ni tampoco correspondía a actividades esenciales es también el que se declaró completamente no operativo.

3.3. Tasa de actividad del personal

Ahora bien, pasando de la situación de operatividad del proceso productivo a su contraparte en empleo, algunos aspectos muy interesantes emergen del quinto relevamiento. Estos aspectos se refieren a la tasa de actividad del personal, pero también a la organización del trabajo y las relaciones laborales, que se abordarán más adelante, en otras secciones. Este apartado se dedica a analizar la situación de inactividad del personal.

Por una parte, fuera de los trabajadores y las trabajadoras de actividades esenciales, bajo la Fase 1 del ASPO no había prestación laboral en el lugar de trabajo. Adicionalmente, para las fases de apertura con excepciones de actividades, permanecen sin obligación de asistencia al lugar de trabajo para los grupos considerados de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas, quienes padezcan de enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, etc.), de acuerdo a la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ahora bien, en principio no hay impedimento alguno para la prestación laboral en forma remota. Adicionalmente, con las restricciones al transporte público, la reactivación del personal en los establecimientos ha sufrido algunas complicaciones, sobre todo para las empresas que no pueden contar con medios de transporte privados.

Cabe señalar que el grado de operatividad de la firma no implica directamente un mismo grado de actividad de su personal. La proporción del personal inactivo de las empresas responde a: i) procesos y organización interna, ii) restricciones regulatorias impuestas por el Gobierno para poder funcionar, y iii) drástica caída de la oferta y demanda de bienes y servicios que ha implicado la pandemia.

Por una parte, de acuerdo con el quinto relevamiento finalizado el 10 de junio, se observa que el 48% de las MiPyME y MEG contaban con más del 30% del personal inactivo. Ahora bien, analizando extremos, un 20% de las firmas tenía todo su personal activo y un 11% registraba todo su personal inactivo.

Al analizar la proporción de empresas con la totalidad de su personal inactivo por tamaño de firma, se observa que este porcentaje resultaba mayor entre las microempresas e iba disminuyendo a medida que aumentaba la dimensión, mostrando de esta manera las dificultades organizativas y el mayor impacto relativo de la caída de la actividad económica en las empresas menores.

Desde el punto de vista sectorial, en positiva correlación con el estado de operatividad de las empresas, la mayor proporción de personal inactivo tuvo lugar en el sector de la construcción y la menor en el sector primario.

La región del país que mostró la mayor tasa de actividad del personal es Centro, con un 29% de sus empresas con todo el personal activo y sólo un 7% con todo el personal inactivo (al 10 de junio).

Muy interesante y oportuno es también el análisis de la inactividad de la planta de ocupados por grado de operatividad.

Cabe señalar que el grado de operatividad de las empresas (totalmente operativa, parcialmente operativa y no operativa) se refiere al funcionamiento de la firma y no a la tasa de actividad del personal (% de personal activo). Las empresas pueden estar clasificadas como "totalmente operativa", pero esto no implica necesariamente que el 100% de su personal esté activo. Empresas parcial o totalmente operativas pueden tener "activos" a solo una parte de sus trabajadores, mientras que empresas "no operativas" pueden tener activa una parte de su personal realizando actividades internas de administración, planeamiento y venta online. A su vez, si la actividad no fue declarada esencial, pero se encuentra entre las exceptuadas en distintas fases del ASPO, las empresas necesitan una autorización especial que se otorga a partir de la aprobación de un protocolo sanitario para funcionar dentro de sus establecimientos/locales. No obstante, que un establecimiento (local) no esté operativo no implica que su personal no desarrolle tareas fuera de él (en alguna modalidad remota).

En síntesis, si se descuenta la continuidad de la licencia de prestar trabajo en el establecimiento para "grupos de riesgo" y las dificultades para implementar modalidades remotas de trabajo, las estadísticas muestran el verdadero impacto de la recesión productiva, más allá del efectivo estado autorizado de funcionamiento de las empresas.

Estas mismas estadísticas reflejaban ya a comienzos de junio la importancia de analizar el riesgo de que dicho nivel de inactividad del personal se transformase en desocupación abierta. Como se especificó al comienzo de la sección, efectivamente aumentó el desempleo en Argentina, agravando la situación pre-existente de retracción en la generación de ingresos y elevada pobreza.

Es importante tener en claro que el nivel del paro productivo provocado por la irrupción del COVID-19 no se puede medir correctamente solo por el porcentaje de empresas en funcionamiento. Hay que monitorear también el porcentaje de inactividad de su personal.

Como se exhibe en el Gráfico 1, a pesar de que el 26% de las empresas se encontraba en estado de funcionamiento "totalmente operativo", solo el 20% de ellas tenía activo al 100% de su personal. Es decir, un 6% de las empresas, a pesar de estar "totalmente operativa", no lograba tener en actividad a todo su personal.

En el otro extremo, a pesar que el 15% de las empresas se registraron como "no operativas", sólo el 11% tiene la totalidad de su personal inactivo. Esto significa que el 4% de las MiPyME y MEG lograba que una parte de su personal se encontrara activa, seguramente ligada a tareas no estrictamente productivas del personal directivo y de administración, desempeñadas a distancia (bajo la modalidad de teletrabajo, por ejemplo).

4. Acciones empresariales y asistencia pública

Días previos a la aplicación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se lanzó una primera encuesta entre las MiPyME del país (Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 1° relevamiento llevado a cabo entre el 13 y 17 de marzo), en base a la cual se halla que estas empresas ya se mostraban activas en materia de organización interna del trabajo y medidas para mitigar el riesgo de contagio, en caso de continuar operando. Sólo un 7% de las firmas no habían adoptado ninguna acción para enfrentar el virus. Del total de firmas, el 79% indujo modificaciones en los hábitos sociales, 43% capacitaba en prevención, 37% ya había optado por el trabajo remoto, 28% había adoptado protocolos de higiene y algo menos de un 10% había otorgado vacaciones anticipadas y/o amplió turnos para rotar al personal.

Luego, una vez impuesto el ASPO, afrontar la merma en el nivel de actividad que experimentaban la mayoría de estas empresas requería de diversas acciones mitigantes, entre las cuales cuentan el acceso y la utilización de herramientas y programas de asistencia puestos a disposición por parte de los distintos niveles de gobierno (entre ellos, herramientas con especial foco en el segmento de empresas de hasta 800 ocupados). Algunas de dichas intervenciones públicas son: suspensión de embargos fiscales y de cuentas bancarias por cheques rechazados, congelamiento de tarifas y alquileres -estos últimos por cierto plazo a partir del cual deberían acordar locatario y locador la forma de saldar los aumentos no aplicados-, planes de pago para diversos tributos, moratoria fiscal, crédito a tasa preferencial con período de gracia y posibilidad de garantía estatal ("crédito blando"), asistencia para el pago de salarios y contribuciones patronales (Programa ATP), prohibición de despidos, acuerdo marco específico en el marco de esta crisis sanitaria para la implementación de suspensiones concertadas entre trabajadores y empleadores, etc. Es decir, un conjunto de medidas destinadas a sostener el empleo y el capital de trabajo (ya mermado por los años recesivos previos), asimilables a los adoptados en otros países como España, Italia, Alemania y Estados Unidos, entre otros (una recopilación de respuestas de política pública ante el COVID-19 puede verse en Fondo Monetario Internacional, 2020).

A continuación, se dedica el primer apartado de la sección al Programa ATP y su efecto sobre la situación de este segmento del tejido productivo. En el segundo apartado, se analizan diversas medidas adoptadas por las empresas con la finalidad de enfrentar la merma en el nivel de actividad. Finaliza la sección con un análisis sobre capital de trabajo y riesgo de cierre definitivo de empresas.

4.1. Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (Programa ATP)

Se desea dedicar este primer apartado al Programa ATP, intervención pública a nivel nacional para asistir financieramente a las empresas para el pago de salarios y la reducción de la carga tributaria laboral durante la crisis del COVID-19. En su concepción y diseño es similar a los programas públicos aplicados en otros países (Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Francia, sólo por citar algunos ejemplos, con distintos programas de apoyo financiero, especialmente focalizados en PyME).

En primera instancia, a través del DNU 332 del 1° de abril, el "Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo" (Programa ATP) tenía un diseño diferente al que finalmente resultó implementado por el DNU 376 del 20 de abril y las disposiciones que bajo este marco normativo fueran determinadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo también a las recomendaciones del Comité de Evaluación y Monitoreo (creado por el DNU 347/2020, que también establece la exclusión de actividades esenciales para la percepción de los beneficios). Adicionalmente, el Programa fue transformándose según evolucionaron la rehabilitación de actividades. Los dos beneficios centrales para el segmento productivo bajo estudio consistieron en el Salario Complementario (que establece la erogación pública por parte del Estado Nacional de un monto equivalente al 50% del sueldo neto de cada trabajador y trabajadora, a través de la ANSES) y la Reducción de hasta el 95% de las Contribuciones Patronales. El Programa tuvo su primera ronda en abril. El criterio de elegibilidad fue flexibilizado en mayo, para alcanzar a un mayor número de empresas y trabajadores. Sin embargo, luego a medida que fueron dictaminándose sucesivas excepciones al ASPO, el criterio fue ajustándose para focalizar los recursos en los sectores aún críticos, así como para algunos casos de criticalidad media se pasó de un sistema de transferencias públicas al sector privado a otro de créditos a tasa cero.

En base al tercer relevamiento se efectuó un análisis comparativo de la capacidad de cubrir los costos salariales (salarios más cargas sociales) del mes de abril sin asistencia gubernamental y con ella. Si bien aún no se hallaba vigente el DNU 376/20, se podía anticipar la asistencia financiera a partir del DNU 332/20. Así se detecta que, con ayuda gubernamental, la proporción de empresas que podía cubrir menos del 30% de los costos salariales descendía del 47% al 10%, así como la proporción de empresas que podía pagar 90% o más ascendía del 9% al 35% ( Tabla 2).

A través de los datos recogidos por el cuarto relevamiento (principios de mayo), se aprecia que la proactividad del Gobierno y las demandas del sector empresario lograron que el Programa ATP alcanzara tanto a las empresas no operativas como a las operativas (aunque en menor medida, lógicamente), ya que ambas sufrieron la caída de la actividad. Así pues, alrededor del 60% de las firmas lograron al menos uno de los beneficios sobre salarios y contribuciones durante la primera ronda del Programa ATP.

En lo específico, el instrumento del Salario Complementario tuvo mayor difusión (52% de acceso) que el de Reducción de las Contribuciones Patronales (36% de acceso).

Se observaron importantes diferencias de acceso al Salario Complementario entre los distintos tamaños de empresas. Mientras que entre las firmas medianas alrededor del 60% de ellas obtuvo la asistencia, entre las microempresas este porcentaje se redujo al 35% (debido a las características y problemáticas inherentes a su estructura).

Las empresas de los sectores de la construcción y de manufacturas fueron las que tuvieron un mayor acceso al Programa ATP, tanto del componente de Reducción de las Contribuciones Patronales como del Salario Complementario.

Desde el punto de vista regional, las empresas localizadas en la región AMBA y Centro fueron las que mayor acceso tuvieron al instrumento del Salario Complementario. Más de la mitad de las empresas de estas dos regiones tuvieron acceso a dicho instrumento, mientras que en NEA y NOA lo percibió menos del 40%. Esta diversidad en el acceso se explica por las diferencias en la composición sectorial y dimensional de las firmas localizadas en dichas regiones con respecto a los territorios más desarrollados del país.

4.2. Acciones empresariales para enfrentar la baja de la actividad

Es importante primero destacar el dinamismo de las empresas para sobrevivir en estas circunstancias inéditas, particularmente complejas. Aquí se presentan las estadísticas sobre distintas medidas de gestión por las que se consultó a las MiPyME su utilización ( Gráfico 2).

A pesar de la asistencia gubernamental en sus distintas formas, casi el 80% de las empresas debió acudir -de todas maneras- a sus propias reservas para enfrentar la crisis.

Por otra parte, el 14% de las empresas logró incorporar nuevas actividades y/o productos a su negocio. Lógicamente, esta alternativa es sólo un instrumento disponible para las firmas con estructuras de negocio muy flexibles, como el comercio y las microempresas. En efecto, el 22% de las empresas comerciales lograron incorporar nuevos productos y/o actividades, mientras que sólo el 12% de las manufactureras y el 7% de las firmas de la Construcción pudieron implementar esta estrategia, caracterizadas por una mayor rigidez productiva. Asimismo, la mayor flexibilidad del negocio se manifestó más frecuentemente entre las microempresas (19%) que entre las empresas medianas (11%).

Para enfrentar la crisis, las empresas de todos los sectores intentaron combinar, aunque en diferentes proporciones, la utilización del Programa ATP (Programa para la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), el crédito al 24% con garantía pública y período de gracia ("crédito blando") y los acuerdos laborales.

Las más activas fueron las empresas del sector manufacturero: el 70% de ellas utilizó el Programa ATP, el 48% el "crédito blando" y el 35% acuerdos con sus trabajadores. En todos los otros sectores, estos porcentajes de utilización fueron sensiblemente menores.

Como era de esperarse, tanto por su mayor grado de informalidad como por sus dificultades organizativas, las microempresas -hasta 9 ocupados- utilizaron mucho menos frecuentemente que las empresas medianas -51-250 ocupados- los instrumentos disponibles: Programa ATP (micro 37% vs. medianas 67%), "crédito blando" (micro 24% vs. medianas 59%) y acuerdos laborales (micro 17% vs. medianas 34%).

A nivel regional, no se observaron diferencias estadísticamente significativas, con excepción del Programa ATP y Otros préstamos. En relación a la asistencia gubernamental para salarios y contribuciones patronales, la mayor difusión tuvo lugar entre las empresas ubicadas en el AMBA (61%) y en el Sur (57%). Con respecto a Otros préstamos, la mayor utilización de este recurso se observó en el NOA (29%) y en el Sur (35%).

4.3. Capital de trabajo y cierre de empresas

Este aspecto se desprende y comulga con las estrategias adoptadas por las firmas y la asistencia gubernamental efectivamente percibida. También es relevante para describir el cuadro de situación financiera de las empresas que logren sobrevivir a la crisis. Téngase en cuenta que, como se introducía al comienzo de este trabajo, la economía argentina ya transitaba una situación estructuralmente recesiva, con fuertes desbalances estructurales entre distintos tamaños de firma, sectores de actividad y territorios del país. Adicionalmente, la demografía empresarial argentina se caracteriza estructuralmente por un bajo stock de empresas formales y una prácticamente nula modificación del mismo. La debilidad de las empresas existentes y el cierre de empresas agrava la situación deficitaria, al destruir no sólo capital físico, sino también capacidades técnicas y saber empresarial.

Durante los primeros días de abril, con el segundo relevamiento, se indagó entre las MiPyME sobre la capacidad de cubrir los gastos del mes de abril. Frente a la inactividad, dada la disponibilidad de activos líquidos para pagar los salarios y los gastos fijos del mes de abril, sólo el 16% de ellas podría afrontarlos sin asistencia gubernamental alguna y un 24% no podría cubrirlos ni siquiera con dicha asistencia, por lo cual deberían recurrir al endeudamiento o el aumento del aporte de capital propio a la actividad. Un 6% estaba considerando abandonar la actividad, esto es, aproximadamente 35.000 empresas con 190.000 puestos de trabajo registrados ( Fundación Observatorio PyME, 2020 a).

El cuarto relevamiento revela también que, aún con el conjunto de medidas adoptadas por estas empresas (que se comentaron en el apartado 4.2), un grupo no menor de las MiPyME se encontraban limitadas para cubrir los gastos operativos y salariales del mes de mayo.

Solo el 46% de ellas lograría afrontar más del 60% de los gastos operativos y obligaciones del mes de mayo. Pero entre las empresas no operativas esa proporción alcanzaba sólo al 20%.

Los sectores con más dificultades resultaban el de la construcción y el comercial. El porcentaje de empresas que lograría afrontar más del 60% de los gastos eran, respectivamente, 38% y 41%. Las MiPyME con menos dificultades correspondían a aquéllas del sector de agricultura/ganadería/pesca/silvicultura/minería, entre las cuales el 67% afirmaba pagar en el mes de mayo más del 60% de los gastos fijos y obligaciones.

A pesar de las intervenciones de política pública, el riesgo de cierre de empresas aumentó en 2 puntos porcentuales entre la primera semana abril y la primera semana de mayo, es decir que pasó del 6% al 8%. Las estadísticas sugieren que el riesgo de cierre es mucho mayor entre las empresas no operativas, alcanzando al 18%.

Por otra parte, es importante destacar que el riesgo de cierre muestra una asociación inversa con al tamaño de las mismas: entre las microempresas (hasta 9 ocupados) el riesgo alcanza al 12% del total y disminuye al 7% entre las empresas pequeñas (10-50) y al 3% entre las medianas (51-250).

Las implicancias del riesgo de cierre son graves para la ocupación. El nuevo riesgo concierne a 61.000 empresas y 263.000 puestos de trabajo. Es decir, un incremento de 26.000 empresas y 73.000 puestos con respecto a comienzos de abril. Las diferencias se explican porque se suman al riesgo empresas de menor tamaño, pero más numerosas (en el total de firmas del universo de empresas privadas empleadoras).

Las anteriores proporciones cambian según sector y región. La proporción de empresas con riesgo de cierre es superior en el sector del comercio (10%), que en los servicios (9%) y que en la construcción e industria manufacturera (7% en ambas). Regionalmente el riesgo máximo de cierre se alcanza en el NOA con la amenaza para el 20% de las firmas.

5. Condiciones de trabajo: Acuerdos laborales y Trabajo remoto

5.1. Acuerdos laborales

En el inicio del aislamiento, a través de la segunda encuesta de FOP realizada durante la primera semana de abril, pudo observarse que el 63% de las MiPyME consideraba útil la aplicación de art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) referido a la suspensión concertada. Posteriormente, durante el tercer relevamiento (16 al 20 de abril), se hallaba una intensa búsqueda por parte de estas empresas de concertaciones con su personal y/o los gremios que lo representan, para reorganizar el proceso productivo, negociando suspensiones y los salarios en consecuencia (esas suspensiones podrían plasmarse en reducción de jornada o incluso completa inactividad de parte del personal). El 51% de las empresas declaraba estar en negociación, mientras que un 49% requería la intervención del Gobierno para facilitar los acuerdos.

Luego, a fin de abril, se manifestó la intensa dinámica social de acuerdos laborales en la firma del acuerdo general entre CGT-UIA, pero también en la disponibilidad de los sindicatos a considerar situaciones diferentes al estándar general establecido por aquel acuerdo y acompañar la homologación correspondiente del MTEySS. La Resolución que así lo contempla, dispuesta por este Ministerio ( Res. 397/2020), en el marco del artículo 223 bis de la LCT, establece una homologación prácticamente automática para toda suspensión concertada que contenga las características del acuerdo marco CGT-UIA (suspensión del personal por inactividad con una reducción del salario neto de hasta el 25%) y adicionalmente contempla la correspondiente reducción de cargas sociales (básicamente porque la empresa no debe integrar las contribuciones patronales). No obstante, suspensiones con reducciones salariales superiores, serían aceptadas para su evaluación y eventual homologación por parte del MTEySS.

El cuarto relevamiento de comienzos de mayo arroja que un tercio de las firmas estaba cerrando acuerdos con su personal, siendo esta dinámica más frecuente entre las empresas no operativas. Los sectores de la Industria Manufacturera y Construcción resultaban los más activos en la búsqueda de acuerdos, a diferencia del sector vinculado a recursos naturales (con un grado mucho más elevado de operatividad). En términos relativos, los acuerdos estaban teniendo lugar con mayor frecuencia entre las empresas de mayor tamaño y no tanto en los micro-emprendimientos.

Sin embargo, a comienzos de junio (quinto relevamiento), se aprecia que las concertaciones de nuevas condiciones laborales transitorias, dada la crisis agravada por la pandemia, fueron alcanzadas por el 27% de las micro, pequeñas, medianas y medianas-grandes empresas.

En base a este relevamiento, ya en la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) para la mayor parte del país y ASPO parcialmente flexibilizado en el resto (AMBA, Gran Córdoba, departamento de San Fernando en Chaco -Resistencia y otras localidades- y Bariloche y General Roca en Río Negro), se aprecia que el 59% de las empresas habían logrado mantener inalteradas las condiciones laborales en el difícil escenario de lucha contra el COVID-19.

Como era de esperar, el mantenimiento inalterado de las condiciones laborales se relaciona directamente con la condición de operatividad de las empresas, la condición de actividad esencial y la proporción de personal activo. Es evidente que los cambios en las condiciones laborales responden a necesidades reales de las empresas derivadas del ASPO y posterior caída de la demanda agregada fruto de la crisis por la pandemia.

Por esta razón las condiciones laborales se mantuvieron en el 83% de las empresas operativas, en el 71% de las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales y en el 85% de aquellas que tienen activo al 100% de su personal ( Tabla 3). Las proporciones de contratos laborales inalterados caen fuertemente entre las empresas no operativas, no esenciales y con el personal inactivo. En efecto, las condiciones laborales pudieron mantenerse inalteradas sólo en el 29% de las empresas no operativas, en el 50% de las empresas no exceptuadas del aislamiento y en el 38% de aquellas que tienen inactivo al 100% del personal.

En síntesis, las estadísticas muestran que fue muy difícil mantener las condiciones laborales entre las empresas más perjudicadas por la pandemia.

Ahora bien, un 13% de las empresas atraviesan una situación particular, al haber intentado infructuosamente establecer un acuerdo con sus trabajadores para modificar las condiciones laborales. La falta de acuerdo pone de manifiesto que la crisis del COVID-19 abrió en estas empresas un espacio de tensión en las relaciones laborales. Las estadísticas muestran que los fallidos intentos por modificar las condiciones laborales se verifican mucho más frecuentemente en las empresas con problemas. En efecto, el frustrado intento de acuerdo se verificó en el 30% de empresas no operativas (contra el 7% de las operativas), en el 26% de las empresas con todo el personal inactivo (contra el 8% de la que tienen todo su personal activo) y en el 17% de aquellas que realizan actividades no esenciales -ni exceptuadas- (contra el 11% de las que realizan actividades esenciales). El riesgo de conflictos laborales aumentó en las empresas que han intentado sin éxito modificar las condiciones laborales para sobrellevar el impacto de la pandemia.

Entre las empresas que sí lograron concertar con sus trabajadores, es importante diferenciar entre las que habían homologado dichos acuerdos ante el MTEySS y las que aún no lo habían hecho, lo cual podría acarrear en el futuro una ola de reclamos ante la Justicia Laboral. Cabe destacar que este riesgo, por ausencia de homologación del cambio de las condiciones de trabajo, se encontraba presente en dos tercios de las empresas que lograron acuerdos. Esta proporción se mostraba independiente de la condición de operatividad, proporción de personal activo y condición de actividad esencial o exceptuada. Es decir, aún en las empresas con menos problemas relativos, dos tercios de los acuerdos logrados contenía el riesgo de un reclamo laboral futuro por el cambio de condiciones, que podría ser acogido favorablemente por la Justicia Laboral.

En tal sentido, se puede construir una medida del riesgo de conflicto laboral en el sector de las MiPyME y las empresas MEG (medianas-grandes), sumando la frecuencia de la situación de fracaso del acuerdo laboral propuesto y la frecuencia de los acuerdos logrados, pero no sometidos a la homologación de la autoridad laboral.

Según la condición de operatividad, se puede observar que dicho riesgo está presente en 13% de las empresas operativas vs. 55% de las no operativas. Según la condición de sector esencial, el riesgo se presenta en el 24% de las empresas correspondientes a actividades esenciales vs. 40% de las no esenciales. Finalmente, se presenta en el 13% de las empresas que tienen activo a todo su personal vs. 47% de la que tiene todo su personal inactivo.

Este riesgo de conflicto laboral presenta una distribución muy desigual entre tamaños, sectores y regiones del país. Afecta, por ejemplo, a cerca de un tercio de las empresas de hasta 50 ocupados, pero a casi un cuarto de las MEG; al 45% de las empresas de la construcción y sólo al 15% de las empresas agropecuarias y demás recursos naturales; al 38% de las empresas de la región Cuyo y al 24% de la región Centro.

Asociando los resultados presentados en el apartado 4.3 sobre riesgo de cierre definitivo con el riesgo de conflicto laboral, se extraen algunas conclusiones de suma importancia a nivel de tamaño de firma, sector de actividad y región.

El segmento que muestra una alta debilidad es el de las microempresas, donde el 12% sufre riesgo de cierre y el 29% exhibe riesgo de conflicto laboral futuro, de acuerdo a las estadísticas recogidas de FOP. Entre las pequeñas empresas, también complicadas, el riesgo de cierre es del 7% y el riesgo de conflicto futuro incumbe al 34%. Entre las medianas, en cambio, el riesgo de cierre se presenta en el 3% de las empresas y el riesgo de conflicto laboral en el 29% de las mismas. Es decir, en el tejido empresarial del país, las empresas de menor dimensión (hasta 50 ocupados) están claramente expuestas a un gran riesgo de insostenibilidad futura y cierre.

El sector primario es el que muestra tanto un menor riesgo de cierre de empresas (4%) como un menor riesgo potencial de conflicto laboral futuro (15%).

La región menos riesgosa es Centro, donde el porcentaje de empresas con riesgo de cierre definitivo es el menor (5%) y también es la región con menor riesgo de conflicto laboral futuro, que abarca sólo al 24% de las empresas. La región NOA muestra una particularidad que se explica probablemente por su grado de informalidad en las relaciones laborales: es la región con el riesgo de cierre de empresas más difundido (18% de las empresas allí localizadas) pero, al mismo tiempo, con el menor riesgo de conflicto laboral (27%), sólo superior a la región Centro.

5.2. Trabajo remoto

Cabe aclarar que la última encuesta de FOP disponible que aborda esta arista de las condiciones laborales indagó sobre teletrabajo. Teletrabajo consiste en la prestación laboral fuera de la empresa aplicando tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Dada la ya sancionada Ley de Teletrabajo que tiene por finalidad regular específicamente esta modalidad de prestación laboral, la información aquí volcada puede resultar no menor a la hora de pensar una adecuada implementación que incentive nuevas formas de trabajo con una relación de equilibrio empresa-trabajadores que también posibilite la transformación digital, mejoras de eficiencia y mayor competitividad.

El primer aspecto a destacar es que la reconversión de los procesos productivos hacia el teletrabajo afectará a un gran segmento de las empresas argentinas. En efecto, el 6% de las firmas con hasta 800 ocupados podría implementar este sistema para todo su personal antes de terminar el año. Este grupo se conforma de unas 60.000 firmas con 220.000 empleos ( Fundación Observatorio PyME, 2020 e). Además, el 51% de las empresas podría realizar un traspaso parcial de tareas al trabajo remoto. En esta situación intermedia podrían estar implicados entre 800.000 y 1.000.000 de puestos de trabajo formales.

De todas maneras, una parte sustancial del espectro empresarial quedará excluido de este proceso: 43% de las empresas con hasta 800 ocupados no están en condiciones de incluir bajo la modalidad de teletrabajo a ninguno de sus trabajadores, es decir, al menos 280.000 empresas con 1.500.000 millones de puestos de trabajo registrados ( Fundación Observatorio PyME, 2020 e).

Se conforman así dos universos distintos de empresas que, si bien están interrelacionados, en la pospandemia enfrentarán problemas de organización productiva bien distintos.

En el Gráfico 3 puede verse cómo se distribuye la posibilidad de implementar teletrabajo entre distintos sectores de actividad, tamaños de firma y región y, por defecto, el complemento de aquellas que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo debido a las propias características de su proceso organizativo-productivo. La realidad es desigual y también imprime características muy particulares a la velocidad de adaptación.

Entre los sectores, las empresas de Servicios encuentran una posibilidad más alta, y más inmediata, que el resto de los sectores para adaptar la organización interna del trabajo a una modalidad remota: el 68% de estas empresas puede implementar el sistema de teletrabajo para parte o todo el personal en la pospandemia (mientras que su complemento, el restante 32%, no tiene ninguna posibilidad de hacerlo). Además, el 15% de las empresas de Servicios podría implementar el teletrabajo de forma inmediata, antes que finalice el 2020.

En el otro extremo se sitúa el sector de las empresas de la Construcción, donde las dificultades para adoptar el teletrabajo son mayores y sólo el 43% de las empresas pueden implementar el sistema para parte o todo el personal, mientras que el restante 57% no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Debe destacarse que Construcción combina esta situación con la mayor inoperatividad e inactividad del personal, para el período relevado, como se describió en la sección 3. Por otra parte, la velocidad de implementación inmediata del teletrabajo en este sector es también mucho menor que en el sector de Servicios, ya que solo el 2% de las empresas podría adoptar este sistema antes de la finalización de este año.

En situación intermedia se encuentran el resto de los sectores productivos de las micro, pequeñas, medianas y medianas-grandes empresas. Entre ellos, las actividades agropecuarias y de pesca, silvicultura y minería, que no enfrentan mayores problemas de operatividad y funcionamiento, dado su carácter esencial (o exceptuado en las primeras fases) y el tipo de proceso productivo. De hecho, sumado a esto, el bajo riesgo de cierre y de conflicto laboral, como se comentó en el apartado anterior, vuelven a este sector el de mejores perspectivas. De todas maneras, cabe destacar que la posibilidad de implementación inmediata del sistema de teletrabajo en este sector, tanto como en Comercio y la Industria Manufacturera, encuentra importantes dificultades ya que solo el 2% de las empresas podría adoptar la modalidad antes de finalizar el 2020.

Desde el punto de vista dimensional (tamaño), se observa que algo menos de la mitad de las microempresas pueden adaptar las tareas de una parte o de todos sus trabajadores para que se desempeñen bajo teletrabajo, mientras que este porcentaje aumenta a tres cuartos entre las empresas medianas. Sin embargo, desde el punto de vista de la velocidad de implementación, las microempresas muestran mayor capacidad que las empresas de mayor tamaño, probablemente debido a la mayor flexibilidad de sus procesos productivos. Menos chances, pero más rápidas.

La situación de las microempresas es en cierta medida paradójica. Es el segmento empresarial más fuertemente golpeado por el COVID-19, donde mayor es el riesgo de conflicto laboral y de cierre, mayor es el nivel de inactividad de su personal y mayores las dificultades organizativas y financieras para adoptar los nuevos protocolos sanitarios, pero donde se observa la mayor difusión de aquellas empresas que están en condiciones de implementar la modalidad de teletrabajo de forma más o menos inmediata. En efecto, el 12% de microempresas podría organizar el teletrabajo para todos o algunos de sus colaboradores antes de fin de año, contra el 7% de las medianas y el 4% para las dos restantes categorías.

Las desigualdades territoriales entre AMBA y Centro y el resto del país son evidentes, también en cuanto a las posibilidades de adoptar el teletrabajo y en cuanto a la velocidad de implementación del mismo antes de fin de año. En efecto, como se evidencia en al Gráfico 3, en el AMBA el 65% de las firmas está en condiciones de implementarlo para una parte o todo su personal. Además, el 9% de estas firmas podría adoptarlo de manera inmediata antes de fin de 2020.

El contraste del AMBA y el Centro con regiones como el NEA es muy evidente, ya que en esta región solo el 35% de las firmas está en condiciones de implementar procesos de trabajo remoto y solo el 5% puede hacerlo de forma inmediata antes de fin de año.

Las características del teletrabajo (mucho más probable de implementar en tareas gerenciales y de dirección, entre las y los trabajadores más calificadas/os, en las actividades de servicios de mayor valor agregado y en las regiones más densamente pobladas por robustas empresas) introducen un mayor riesgo de desigualdades, lo cual en Argentina se traduce en un mayor riesgo de dualización productiva, aspecto que en los países menos desarrollados se estructura funcionalmente con la pobreza.

Reflexiones finales

A lo largo de estas páginas se ha recorrido la situación frente a la crisis del COVID-19 del tejido productivo compuesto por las empresas de menor dimensión de todo el país, que explica el 70% del empleo. Las condiciones previas a la pandemia no eran para nada beneficiosas, con una situación recesiva estructural. A partir de los operativos de encuestas del Programa de Investigación de FOP Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo, ha sido posible extraer importantes aspectos de la crisis agravada por la irrupción del COVID-19.

En cuanto al ritmo de actividad y el empleo, se aprecia que el grado de operatividad de la firma no implica directamente un mismo grado de actividad de su personal. La proporción del personal inactivo de las empresas responde a: i) procesos y organización interna, ii) restricciones regulatorias para poder funcionar, y iii) caída de la oferta y demanda de bienes y servicios que implicó la pandemia. Así pues, empresas totalmente operativas no pueden igualmente reactivar a todo su personal, así como firmas completamente no operativas han asignado funciones a parte de su personal para desempeñarlas en forma remota.

En relación a las herramientas utilizadas por las empresas para mitigar el impacto de la crisis, puede destacarse la dinámica intensa seguida para adaptarse y sobrellevar las nuevas circunstancias, aunque el grupo de firmas de hasta 50 ocupados sufre especialmente las dificultades del contexto y también las firmas del sector de la Construcción. A este respecto se analizan especialmente la asistencia pública a través de transferencias directas y los acuerdos de suspensión entre empresas y empleados/as o sindicatos.

El programa público de asistencia para salarios y contribuciones patronales (Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo) resultó importante y bien recibido por las empresas, aunque no ha logrado evitar una elevada fragilidad financiera en una parte de las firmas de menor dimensión y así cerca de un 10% de ellas declaró estar evaluando cerrar definitivamente. El cierre de empresas implica destrucción de puestos de trabajo, como así también de capacidades técnicas, saber empresarial y, por supuesto, capital físico.

En materia de condiciones de trabajo, los acuerdos laborales de suspensión con reducción salarial fueron un recurso importante disponible en la práctica para casi un tercio de las empresas de hasta 800 ocupados, aunque aún no homologados ante el MTEySS en todos los casos. La "nueva normalidad", además, implicó seguir trabajando, pero en forma remota. No obstante, algo más del 40% de estas firmas no tienen posibilidad alguna de finalizar 2020 con su personal desempeñándose a distancia, aspecto que se imprime como un nuevo factor de dualización productiva.

A lo largo del estudio aquí presentado se detectó que la región Centro resulta ser el territorio con mayor proporción de empresas sostenibles, el sector de actividades primarias es el de mejores perspectivas y las empresas de más de 50 ocupados son las relativamente menos amenazadas. En consecuencia, hay cuatro aspectos clave que destacarán en la economía nacional de la pospandemia si no se adoptan medidas de política pública para contrarrestarlas:

Las heterogeneidades entre distintos tamaños de empresas se están acentuando;

La economía argentina tiende a reprimarizarse, con el consiguiente impacto en el empleo;

Los desequilibrios territoriales puede que se agraven;

El riesgo de dualización productiva es creciente.

De acuerdo a algunas estadísticas, en el término de un año podría ser que este segmento de empresas retorne al nivel de actividad pre-pandemia; no obstante, la pre-pandemia se caracterizaba por una recesión a la que se sumará, tras el COVID-19, un tejido productivo encogido, dualizado y reprimarizado. Para sostener la recuperación, morigerar el riesgo de cierre definitivo de emprendimientos e incluso promover una mayor dinámica empresarial, se hace necesaria, por un lado, la estabilidad macroeconómica. Pero también son fundamentales los esquemas de incentivos acordes a las heterogeneidades existentes, como por ejemplo tributación acorde al tamaño de firma y a la región de localización de la misma, promociones debidamente focalizadas en sectores de potencial exportador, asistencia técnica para la profesionalización de la gestión, asistencia financiera para la transformación digital, podrían ser algunos ejemplos.

Es primordial incentivar la convergencia de productividades entre sectores, tamaños de empresas y territorios, la competitividad internacional de las empresas argentinas y la creación de trabajo para eliminar la pobreza.

# data[].attributes.attachment_link.title
Impacto del Covid-19 en las Pymes argentinas

# data[].attributes.attachment_link.description
SUMARIO Introducción. 1. Estado del tema 2. Aspectos metodológicos 3. Actividad y empleo 3.1. Grado de operatividad 3.2. Autorizaciones 3.3. Tasa de inactividad del personal 4. Acciones empresariales y asistencia pública 4.1. Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción (programa atp) 4.2. Acciones empresariales para enfrentar la baja de la actividad 4.3.

# data[].attributes.body
Autora: Pauline Henriquez
En función del artículo leído, haré la siguiente lectura crítica. Muchas veces no estamos preparados para afrontar situaciones que se presentan. La pandemia por COVID 19 fue una de ellas. Medidas tomadas desde el punto de vista sanitario hicieron que desde lo personal, laboral y/o empresarial cada uno de nosotros analice que estrategias necesitábamos para reinventarnos o continuar por el camino que habíamos empezado a construir.
El apostar a la tecnología y con ella a los procesos de digitalización  ( plataforma comercial electrónica, medios de pagos digitales) permitieron que las pymes continuaran generando ingresos.
De permanecer esta crisis, es necesario adecuar  medidas para que las pymes tengan el aire suficiente para seguir produciendo.
El esfuerzo y la perseverancia permitirá afrontar desafíos que la vida nos presente en cualquier ámbito y momento.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Para sobrevivir en el actual contexto de impactos causados por la pandemia del COVID-19, muchas empresas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online, así como gestionar procesos de producción de forma remota. Pero esto constituye un gran reto, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), segmento mayoritario del universo de firmas existentes y al cual le ha costado más subirse a la ola digital.

¿Puede la crisis sanitaria ser una oportunidad para la transformación digital de las pymes? ¿Cómo apoyarlas para acelerar este proceso? Analizamos algunas estrategias y destacamos la importancia del diagnóstico digital para pymes, proponiendo una herramienta concreta para hacerlo.

¿Qué necesitan las pymes?

La clave hoy es seguir generando ingresos para sostenerse en el mercado y una vía para ello es la digitalización de los procesos. No obstante, para muchas mipymes esto puede volverse imposible sin el acompañamiento y apoyo adecuados que hagan el camino menos doloroso.

Si bien la penetración de Internet y dispositivos móviles ha aumentado significativamente en la última década en América Latina y el Caribe (ALC), el uso de aplicaciones productivas y sofisticadas aún está muy concentrado en el subgrupo de empresas exportadoras y del sector de servicios, de acuerdo a un estudio del INTAL del BID. La realidad es bien distinta para la mayoría de las mipymes en la región, que representan el 99% de las firmas y el 60% del empleo, según datos de CEPAL de 2018. Por ejemplo, en Chile, datos de la Encuesta Longitudinal de Empresas señalan que, aunque un 90% de las pymes tiene conexión a Internet, su uso se limita a enviar y recibir correos electrónicos, mientras que solo un 40% tiene página web y un 27% realiza comercio electrónico. Otro estudio regional (realizado en 8 países de ALC), encargado por Visa en el 2018, revelaba que el 70% de las pymes usan efectivo como método de pago.

La digitalización, que antes parecía un "extra" para aumentar la productividad y las ganancias, hoy se ha vuelto un requisito para que las empresas sobrevivan. En particular, las mipymes que comienzan a transitar por la ruta de la transformación digital necesitan dotarse muy rápidamente de una serie de elementos. Por un lado, necesitan conexiones de calidad y dispositivos tecnológicos (computadoras y servidores). Por otro, requieren soluciones digitales, incluyendo sistemas informáticos para ventas, marketing y gestión de clientes adaptados a sus necesidades específicas, soluciones reforzadas de ciberseguridad, y herramientas para potenciar sus oportunidades de negocio (plataforma de comercio electrónico, medios de pago digitales, etc.).

Se trata de una tarea titánica para muchas mipymes, que destinan la mayor parte de sus recursos, humanos y financieros, a la gestión del día a día. Por ello, ahora más que nunca necesitan financiamiento y asesoría técnica para navegar este laberinto digital.

¿Qué estrategias pueden implementarse?

Los gobiernos pueden ayudar a que, de forma ágil y rápida, una masa crítica de empresas pueda dotarse de capacidades digitales para continuar operando ininterrumpidamente en el contexto de las restricciones de esta pandemia y para maximizar oportunidades de crecimiento en la poscrisis. Para masificar y optimizar sus intervenciones y recursos, los gobiernos deben apoyarse en herramientas digitales que ya existen. Este tipo de programas se vienen impulsando con fuerza en los países desarrollados en el marco de agendas digitales integrales, por lo que su despliegue ha sido más rápido que en ALC.

Actualmente, vemos incluso que los grandes paquetes de financiamiento para mipymes anunciados en muchos países en el marco de la emergencia sanitaria, vienen complementados por iniciativas de apoyo a la digitalización.

En España, se ha potenciado la plataforma digital Acelera Pyme (hoy enfocada en respuesta al COVID-19), una ventanilla única o " one-stop-shop" para mipymes, que consolida un repositorio de soluciones tecnológicas, información relevante sobre digitalización en áreas como teletrabajo, ciberseguridad y comercio digital, así como soluciones financieras disponibles ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Singapur, a través del programa Stay Healthy Go Digital, ha ampliado el monto y abanico de soluciones digitales pre aprobadas del programa SMEs Go Digital incluyendo soluciones digitales para la medición de temperatura de trabajadores, la gestión de instalaciones y la seguridad laboral. Por su parte, Japón, en el marco del paquete de US$ 4.100 millones de apoyo a las pymes ante la pandemia, otorga subsidios a las mismas para facilitar el teletrabajo, la adopción de soluciones tecnológicas y el comercio electrónico.

En la región, el Servicio Brasileño de Apoyo a la Empresa (Sebrae), a través de su portal ofrece servicios digitales a las mipymes como la emisión de facturas online, una plataforma de comercio electrónico, la comparación de servicios financieros y el acceso a expertos en impacto del COVID-19 en los negocios. También ofrece una amplia gama de cursos virtuales para que los empresarios y emprendedores desarrollen las habilidades necesarias para sobrevivir y crecer en tiempos de crisis.

El caso de Colombia ilustra la importancia de sumar y coordinar los esfuerzos públicos y privados. Las cámaras de comercio del país han sido muy activas en brindar soluciones a sus empresas socias, ofreciendo capacitaciones en temas de comercio electrónico, teletrabajo, marketing digital y nuevas tecnologías, complementarias a las capacitaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Igualmente, pusieron a disposición herramientas para promover el negocio virtual, creando un centro de negocios donde las empresas puedan realizar citas de negocio online, y dando acceso y acompañamiento a mipymes para acceder a vitrinas virtuales.

¿Por dónde empezar?

La implementación de las estrategias citadas para apoyar la digitalización de las pymes tiene varias dimensiones y varios gobiernos de la región están avanzado en el desarrollo de iniciativas similares, en muchos casos con apoyo del BID.

Para quienes están pensando en dedicar esfuerzos para equiparse en esta carrera digital, un componente fundamental es tener un buen diagnóstico. En ese sentido, el Ministerio de Economía de Chile, con el apoyo de la Fundación País Digital y del BID, desarrolló una plataforma de chequeo digital que permite a las mipymes realizar un autodiagnóstico de sus capacidades digitales y proveer un conjunto de recomendaciones de acciones, herramientas y fuentes de apoyo disponibles para implementarlas. Desde el BID nos interesa poner esta herramienta a disposición de más instituciones y gobiernos en la región y colaborar en la aplicación de la misma, así como en el análisis de los resultados.

Si tienes interés, déjanos un mensaje al respecto y tu email en los comentarios de este artículo.

Te puede interesar

Nueva publicación: Pymes y desarrollo productivo ante COVID-19

Un nuevo documento del BID, titulado Respuestas al COVID-19 desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo, describe en uno de sus capítulos las medidas de apoyo a pymes que se están tomando a nivel internacional y regional como respuesta a la emergencia sanitaria. Se indica que las intervenciones que se han venido desarrollando hasta ahora ofrecen una buena plataforma de aprendizaje; sin embargo, se señala que para avanzar en la recuperación empresarial serán necesarias medidas adicionales innovadoras. Para ello, se aportan lineamientos y recomendaciones en cuatro grandes áreas.
Descarga la publicación

# data[].attributes.attachment_link.title
COVID-19: ¿Una oportunidad para la transformación digital de las pymes? - Puntos sobre la i

# data[].attributes.attachment_link.description
Para sobrevivir en el actual contexto de impactos causados por la pandemia del COVID-19, muchas empresas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales para implementar el teletrabajo, realizar compras y ventas online, así como gestionar procesos de producción de forma remota.

# data[].attributes.headline
Consideraciones a la hora de seleccionar el artículo

# data[].attributes.subject
Consideraciones a la hora de seleccionar el artículo

# data[].attributes.body
Más allá del análisis crítico que hicimos en la “valoración global de la fuente que seleccionamos” de la Actividad 1, resulta importante destacar que las 3 participantes tenemos la posibilidad de analizar la situación de las PyMEs desde el contexto de 3 diferentes ciudades: Bahía Blanca, Chivilcoy y Ushuaia, lo cual hace que aportemos un "componente sociocultural" diferente a la hora de la lectura del artículo, por la diferencia geográfica, regional y  productiva de cada región.
Particularmente, al principio de la lectura no me sentí identificada con algunos datos vinculados al impacto de la pandemia en Pymes, por lo cual “dudé respecto a su veracidad”, evidentemente no solo por la construcción del significado que le di (concepción psicolingüística), sino por la concepción sociocultural aplicada en la lectura desde el punto de vista de mi comunidad.

# data[].attributes.body
En materia de trasporte y abastecimiento Tierra del Fuego (TDF) se vio mucho más afectada que las provincias del continente, ya que se accede sólo por medio terrestre cruzando indefectiblemente por Chile (cuyo ingreso se vio condicionado a las restricciones de ese país) o de manera aérea, viéndose casi anulado por completo los vuelos en la Fase 1, afectando directamente a la población y a las empresas. En Ushuaia, las PyMEs (aunque sean de diferentes rubros como discriminó el artículo, ejemplo: comercios como gastronómicos o servicios, producción primaria como pesca artesanal de centolla, hotelera, construcción, etc.), al estar directamente vinculadas al Rubro Turístico, se vieron afectadas casi de igual manera con el cierre total del ingreso de turismo nacional e internacional durante varios meses. En ese contexto, a piori no compartí varios aspectos planteados en el artículo, en virtud de este “conocimiento previo” que yo tenía de la crisis local

# data[].attributes.body
Ahora bien, es dable destacar que el artículo brinda datos estadísticos donde la Región Sur posee la menor proporción (obviamente que debe corresponderse con la cantidad de habitantes) y por ende, los datos se centran mayormente en Regiones del AMBA. Considerando que son  datos estadísticos de todo el territorio nacional y que fueron brindados por la Fundación Observatorio PyMES, puedo inferir credibilidad sobre los mismos. Otras consideraciones que tuve en cuenta al realizar mi juicio de credibilidad sobre la fuente fueron las siguientes: que la respalda una institución universitaria, que está publicada en Radalyc.org que es una iniciativa de acceso abierto a publicaciones científicas en revistas latinoamericanas, que han utilizado en su elaboración una estructura metodológica académica (correcto orden para exponer la información), la autora ha tomado datos de reconocidas fuentes (INDEC, FMI, Banco Mundial, BID, etc.) tanto de nivel nacional como internacional, etc.
Por otra parte, al formularme preguntas de carácter social o políticas y reflexionar sobre ello, puedo observar que si bien el artículo indica que las intervenciones (ayudas) del Estado para mitigar la crisis de las empresas (como el Programa ATP) fueron considerables (aunque aclara que no han resultado suficientes), "no aporta datos precisos ni información objetiva" sobre la “real llegada de la ayuda a las PyMES”. Asimismo, al leer puedo inferir al respecto ya que tengo “conocimientos previos y entiendo el contexto” de las PyMEs casi en primera persona, dado que mi pareja es un Micro-emprendedor y pude palpar directamente la crisis del sector.
Como usuario crítico e hiperlector, cabe destacar que el artículo posee un elemento esencial del “hipertexto”, ya que cuenta con innumerables enlaces y links que llevan a diferentes fuentes utilizadas para la construcción del texto, que otorgan respaldo institucional a los datos aportados y que permiten navegar a través de estos conectores entre enlaces. Estos enlaces y/o links brindan datos que permiten acceder a diferentes fuentes de información de las cuales la autora se ha valido para la construcción de este artículo en particular.

# data[].attributes.body
Inicialmente en un procedimiento de enfoque crítico corresponde preguntarse el trasfondo de la información, la manera de presentarla y analizarla. La fuente es totalmente identificable y divulgar las conclusiones de dicho estudio responde al enfoque construido por la autora del artículo. El respaldo de la investigación cumple con parámetros que son considerados válidos tales como autoridad de la fuente, cuenta con veracidad, exactitud, datos actuales, objetivos y  son de libre acceso.

El contexto de la publicación bien puede recrearse al estar todos inmersos en un escenario mundial marcado por la aparición del coronavirus y el impacto de éste en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Particularmente, se trata del impacto en un sector de la economía, las PyMEs.

Cuando coincidimos en aportar desde nuestras concepciones, obviamente aún acotadas en tanto los marcos referenciales se construyen permanentemente, consideré que esta colaboración en el análisis acarrea una nueva reinterpretación desde nuestros entornos, puntos de vista, experiencias. Por lo pronto, entiendo que falta o no aparecen en la publicación otros actores que, como interlocutores válidos, pueden emitir opiniones al respecto más allá de la mera participación a través de encuestas (asociaciones gremiales, trabajadores, funcionarios públicos, entre otros).

Para no quedarme en el marco de lo leído, me permito linkear para reconstruir la información del impacto en el sector PyME de Bahía Blanca y la región.
Asimismo pueden incluirse informes y estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como entidad gremial empresaria y las consideraciones de diferentes asociaciones de trabajadores.

Para concluir puedo decir que este tablero expone solo parte del proceso de interpretación, crítica y síntesis de la información  que van a dar sustento a nuestros conocimientos.

# data[].attributes.attachment_link.description
Líneas de crédito para la reactivación productiva.

# data[].attributes.headline
Covid 19. Una oportunidad para la digitalización de las pymes.

# data[].attributes.subject
Covid 19. Una oportunidad para la digitalización de las pymes.

# data[].attributes.body
El artículo Una oportunidad para la transformación digital de las pymes aporta datos específicos extraídos de estudios realizados por organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, quién promueve la integración internacional de los países de la región.
Refiriendo a que estos datos fueron extraídos de un organismo que en los últimas décadas alcanzó la mayor presencia y confiabilidad en las negociaciones entre los países desarrollados y economías fuertes a nivel mundial, además de estar formado por un equipo de especialistas altamente capacitados. Por este motivo la información cumple con el respaldo necesario, además de ser verídica y actualizada.

# data[].attributes.headline
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS. 

# data[].attributes.subject
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS. 

# data[].attributes.body
A fin de desarrollar un enfoque más reflexivo y crítico respecto de la credibilidad del artículo puedo destacar que las pymes necesitan y seguirán necesitando de distintas medidas para sobrevivir.
La autora a través de la información que obtuvo de fuentes creíbles, como INTAL DEL BID, El Ministerio de Tecnologías de la información y de las comunicaciones, además de la estadísticas de diferentes países, me permitió visualizar la importancia de la digitalización y de las medidas de ayuda que los gobiernos deben darle a estas empresas.
Las pymes necesitan de apoyo y en este contexto todos los recursos que se le pueden brindar a cualquier pyme, emprendedor o trabajo que requiere desarrollo productivo es bienvenido para no tener que cerrar sus puertas.
Para terminar puedo manifestar que se visualizó claramente la importancia que tienen las medidas políticas en un contexto de pandemia para el funcionamiento de una pyme.