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Incidir y organizar con personas de nuestra comunidad. Solicitar firmas para propuestas ciudadanas.

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Conocer los mecanismos de evaluación con los que contamos. Saber cómo se están midiendo distintos indicadores para la implementación de los programas sociales.

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Conocer y reconocer nuestro qué hacer como ciudadanos para el beneficio de nuestra comunidad, conocer los programas de intervención y si podemos participar. Informar y contextualizar para buscar estrategias y responder a las necesidades de la misma comunidad.

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No valerse de compadrazgos o vínculos beneficiosos para poder luchar contra la corrupción

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Participar en todo tipo de elecciones

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Contextualizar nuestra acción en los programas sociales. Que se atiendan las necesidades de la comunidad

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Denunciar en caso de que sepamos que un programa no funciona adecuadamente. Estar informados a quienes beneficia el programa y el funcionamiento del programa.

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Ser honestos respecto a los datos que compartimos al estar en algún programa social.

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Hacernos responsables de lo que nos corresponde. No dejar que el gobierno tome todas las decisiones, exigir cuentas y rendimientos.

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Que los ciudadanos tomen decisiones activas respecto a los programas sociales.
Generar estrategias para la construcción de una cultura participativa.
Involucrarnos más en la política social

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Replicar acciones de los programas sociales dentro de los espacios de la comunidad. Incentivar la apropiación de los programas sociales para las comunidades.

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Se necesita un poco más de transparencia en los programas sociales, utilizar los canales adecuados para vincularnos. Vincularnos de forma más directa con juntas vecinales y decisiones en la comunidad. Comunicarnos con algún encargado de los programas sociales.

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La Jornada: De nada sirven los programas sociales contra la pobreza: especialistas

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Periódico La Jornada
Jueves 1º de agosto de 2019, p. 23

La brecha que prevalece en los ingresos que reciben los hogares más pobres y los más ricos no cambiará mientras la mayoría de los mexicanos trabaje en la informalidad, carentes de seguridad social, y los salarios sean muy bajos, aseveró Marcelo Delajara, director de crecimiento económico y mercados laborales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Cualquier crecimiento que registre el país, sea mucho o poco, sólo se concentrará en la población más rica mientras no cambie el modelo económico, dijo a su vez José Antonio Romero, investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

Los especialistas aseveraron que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, presentados este miércoles, muestran que no es significativa o representa un cambio mínimo la reducción de la desigualdad en los últimos tres sexenios. Coincidieron de nada han servido los programas sociales que ha lanzado cada gobierno para reducir la pobreza.

En primer lugar México tiene una economía que sólo favorece a un grupo y no a la mayoría. En segundo lugar, los programas sociales no han servido para mitigar esa desigualdad. De nada sirve que México haya crecido 2 por ciento en 2018 si sólo aumentaron los ingresos de empresarios como Carlos Slim. No tenemos datos económicos en centiles para saber cómo el uno por ciento de los mexicanos se ha vuelto más rico, comentó Romero.

No vemos un cambio significativo en los ingresos de los hogares y eso tiene que ver con el ingreso laboral que apenas ha cambiado, con un incremento de apenas 0.3 por ciento en promedio. El ingreso laboral es la parte más importante del ingreso de los hogares, puntualizó Marcelo Delajara.

Es un problema estructural

Si bien el empleo ha crecido al grado que la tasa de desocupación volvió a ser la misma que antes de la crisis financiera mundial de 2008, los salarios apenas se han movido y, en promedio, el salario base de cotización aumentó menos de uno por ciento en ese periodo.

Así que no ha cambiado gran cosa la magnitud entre los ingresos de los hogares del primer decil de los ubicados en el décimo, puntualizó el especialista del CEEY y lo atribuyó a un problema estructural. El mercado laboral, dijo, está fragmentado entre el sector formal e informal y se ha mantenido muy estable en las pasadas dos décadas, tanto en el número de personas de cada sector como en la diferencia de salarios que perciben.

Las familias de los deciles más bajos son trabajadores informales y los de deciles más altos son formales, por eso se mantiene esa diferencia en que los hogares más ricos superan 18 veces los ingresos de los más pobres.

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La Jornada: De nada sirven los programas sociales contra la pobreza: especialistas

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Periódico La JornadaJueves 1º de agosto de 2019, p. 23 La brecha que prevalece en los ingresos que reciben los hogares más pobres y los más ricos no cambiará mientras la mayoría de los mexicanos trabaje en la informalidad, carentes de seguridad social, y los salarios sean muy bajos, aseveró Marcelo Delajara, director de crecimiento económico y mercados laborales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

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Una menor transparencia de programas sociales en CDMX afectará en las elecciones (expansion.mx)

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Recibe la información más relevante del gobierno y la sociedad.

La transparencia se ha visto afectada durante la pandemia, explica la comisionada del Info-CDMX, María del Carmen Nava, y al no tener claridad de programas, éstos son vulnerables en las campañas.

Ante la pandemia de COVID-19, en la Ciudad de México se han destinado alrededor de 15,000 millones de pesos en 182 programas y acciones sociales durante 2020, así como enero y febrero de 2021. Sin embargo, apenas el 23.6% de dichos programas y acciones dan a conocer a quiénes fueron destinadas esas ayudas, de acuerdo con el Monitoreo de Programas y Acciones Sociales en COVID-19 desarrollado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX).

La publicación de los padrones de beneficiarios permite detectar si se hace un uso parcial de ellos para beneficiar a grupos específicos, en especial en un año donde durante las campañas los candidatos y partidos competirán por gobernar 16 alcaldías y ocupar uno de los 66 puestos en el Congreso local.

"Poder contar con padrones de personas beneficiarias es justo saber que no están sesgados esos apoyos, que sí tienen una metodología de distribución equitativa y que realmente les lleguen sin ningún tipo de condicionamiento en el que esté el voto de por medio", explica María del Carmen Nava Polina, comisionada del Info CDMX.

La mayoría de los programas y acciones son emitidos por las alcaldías que concentran 147, no obstante en 65 casos no fueron publicados en sus portales oficiales.

"La transparencia siempre va a ir de la mano con la credibilidad de las propias instituciones. Con independencia de si los titulares de las alcaldías quieran o no reelegirse, habla de una buena gestión tener información completa, oportuna, de calidad", considera Nava.

Durante 2020, las 16 alcaldías ejercieron 3,607 millones de pesos para apoyos por la emergencia de COVID-19.

Los ocho alcaldes que competirán por obtener el voto el próximo 6 de junio y gobernar sus demarcaciones tres años más solicitaron licencia a partir del llamado hecho por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que quienes busquen la reelección se separen de sus cargos.

En su lugar, durante las campañas, quedarán al frente encargados de despacho nombrados por los propios alcaldes.

Pandemia de COVID-19 pone en pausa la transparencia

Para enfrentar la emergencia de salud también ha faltado información, en especial para orientar a las personas sobre qué hacer después de resultar contagiados por COVID-19, considera la comisionada Nava Polina.

"Con más de 300,000 personas fallecidas en el país lo relevante es poder tener a la mano la información para poderse recuperar, una vez que ya se tiene el contagio. Sabemos que ante los contagios el tiempo es un factor indispensable para poder actuar", sostiene.

De 92 sujetos obligados, al menos 41 portales no contaron con información propia sobre el COVID-19. Mientras otros 14 sujetos obligados no tienen portal institucional, de acuerdo con el Monitoreo de transparencia proactiva, focalizada y apertura, elaborado del 6 al 19 de marzo.

Un obstáculo que se ha sumado a la transparencia durante la pandemia es el cierre temporal y suspensión de términos declarado en cada caso por alcaldías, secretarías y otras autoridades, durante las cuales quedan en pausa las solicitudes de información pública.

De 147 sujetos obligados en la capital, 109 se encuentran en suspensión y 38 mantienen sus unidades de transparencia activas: 21 sindicatos, 10 partidos políticos, 5 órganos autónomos y 2 que integran el Poder Judicial.

La comisionada del Info CDMX destaca que ante la situación, se vuelve más importante que los sujetos obligados pongan al alcance de los ciudadanos más información de aquella que deben dar a conocer por ley.

"Hay suspensión, las ventanillas están cerradas en el derecho al saber. Hay información de transparencia proactiva se tendría que ampliar y profundizar, justo porque estamos en año electoral", afirma Nava.

Las campañas están a punto de arrancar y los efectos de bajar la ventanilla de la transparencia se medirán en el uso que los políticos le den a los programas sociales de sus respectivos gobiernos.

Recibe la información más relevante del gobierno y la sociedad.

Ante la pandemia de COVID-19, en la Ciudad de México se han destinado alrededor de 15,000 millones de pesos en 182 programas y acciones sociales durante 2020, así como enero y febrero de 2021. Sin embargo, apenas el 23.6% de dichos programas y acciones dan a conocer a quiénes fueron destinadas esas ayudas, de acuerdo con el Monitoreo de Programas y Acciones Sociales en COVID-19 desarrollado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX).

La publicación de los padrones de beneficiarios permite detectar si se hace un uso parcial de ellos para beneficiar a grupos específicos, en especial en un año donde durante las campañas los candidatos y partidos competirán por gobernar 16 alcaldías y ocupar uno de los 66 puestos en el Congreso local.

"Poder contar con padrones de personas beneficiarias es justo saber que no están sesgados esos apoyos, que sí tienen una metodología de distribución equitativa y que realmente les lleguen sin ningún tipo de condicionamiento en el que esté el voto de por medio", explica María del Carmen Nava Polina, comisionada del Info CDMX.

La mayoría de los programas y acciones son emitidos por las alcaldías que concentran 147, no obstante en 65 casos no fueron publicados en sus portales oficiales.

"La transparencia siempre va a ir de la mano con la credibilidad de las propias instituciones. Con independencia de si los titulares de las alcaldías quieran o no reelegirse, habla de una buena gestión tener información completa, oportuna, de calidad", considera Nava.

Durante 2020, las 16 alcaldías ejercieron 3,607 millones de pesos para apoyos por la emergencia de COVID-19.

Los ocho alcaldes que competirán por obtener el voto el próximo 6 de junio y gobernar sus demarcaciones tres años más solicitaron licencia a partir del llamado hecho por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que quienes busquen la reelección se separen de sus cargos.

En su lugar, durante las campañas, quedarán al frente encargados de despacho nombrados por los propios alcaldes.

Pandemia de COVID-19 pone en pausa la transparencia

Para enfrentar la emergencia de salud también ha faltado información, en especial para orientar a las personas sobre qué hacer después de resultar contagiados por COVID-19, considera la comisionada Nava Polina.

"Con más de 300,000 personas fallecidas en el país lo relevante es poder tener a la mano la información para poderse recuperar, una vez que ya se tiene el contagio. Sabemos que ante los contagios el tiempo es un factor indispensable para poder actuar", sostiene.

De 92 sujetos obligados, al menos 41 portales no contaron con información propia sobre el COVID-19. Mientras otros 14 sujetos obligados no tienen portal institucional, de acuerdo con el Monitoreo de transparencia proactiva, focalizada y apertura, elaborado del 6 al 19 de marzo.

Un obstáculo que se ha sumado a la transparencia durante la pandemia es el cierre temporal y suspensión de términos declarado en cada caso por alcaldías, secretarías y otras autoridades, durante las cuales quedan en pausa las solicitudes de información pública.

De 147 sujetos obligados en la capital, 109 se encuentran en suspensión y 38 mantienen sus unidades de transparencia activas: 21 sindicatos, 10 partidos políticos, 5 órganos autónomos y 2 que integran el Poder Judicial.

La comisionada del Info CDMX destaca que ante la situación, se vuelve más importante que los sujetos obligados pongan al alcance de los ciudadanos más información de aquella que deben dar a conocer por ley.

"Hay suspensión, las ventanillas están cerradas en el derecho al saber. Hay información de transparencia proactiva se tendría que ampliar y profundizar, justo porque estamos en año electoral", afirma Nava.

Las campañas están a punto de arrancar y los efectos de bajar la ventanilla de la transparencia se medirán en el uso que los políticos le den a los programas sociales de sus respectivos gobiernos.

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Una menor transparencia de programas sociales en CDMX afectará en las elecciones

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Recibe la información más relevante del gobierno y la sociedad. La transparencia se ha visto afectada durante la pandemia, explica la comisionada del Info-CDMX, María del Carmen Nava, y al no tener claridad de programas, éstos son vulnerables en las campañas.

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Incentivar las prácticas de participación ciudadana desde nuestra comunidad.

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Ciudadanos trabajadores del gobierno, ser empáticos y respetuosos. Atraer a las personas a los programas escuchándolos, saber qué les preocupa y acercarlos para que puedan ejercer sus derechos.

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Involucrarnos, saber cuáles son los programas sociales y darle difusión. Acercar a las personas a los programas sociales.

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Los programas sociales deben de estar bien aplicados en la práctica, es decir cuando no cuentan con un problema preciso a resolver, no se logra el objetivo y termina simplemente siendo solamente un gasto público sin resultados. Por eso es necesario tener el objetivo claro y las herramientas para lograrlo. Jazmín

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Los programas sociales deben de estar bien aplicados en la práctica, es decir cuando no cuentan con un problema preciso a resolver, no se logra el objetivo y termina simplemente siendo solamente un gasto público sin resultados. Por eso es necesario tener el objetivo claro y las herramientas para lograrlo. Jazmín

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Los programas sociales son de importancia ya que impulsan los derechos de los habitantes de la Ciudad de México y así coadyuvan en la disminución de la desigualdad

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El impacto de los programas sociales y el turismo en la reducción de la pobreza en el ámbito rural en México | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

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La Revista TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Contabilidad. Luis Encinas y Rosales s/n, Col. Centro. Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83000. Teléfono: 662-2592211. Editor responsable, María Eugenia De la Rosa Leal. Reserva de Derechos al Uso exclusivo 04-2015-041712070800-203.

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DOF: 30/04/2014

PROGRAMA Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS)

Líneas de Acción Transversales

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Gobierno Cercano y Moderno

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Gobierno Cercano y Moderno

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Democratizar la Productividad

Gobierno Cercano y Moderno

Estrategia 1. Perspectiva de Género

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Democratizar la Productividad

Gobierno Cercano y Moderno

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Gobierno Cercano y Moderno

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Gobierno cercano y moderno

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PROGRAMA Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS)

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DOF: 30/04/2014 PROGRAMA Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS) Líneas de Acción Transversales LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES Gobierno Cercano y Moderno LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES Gobierno Cercano y Moderno LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES Democratizar la Productividad Gobierno Cercano y Moderno Estrategia 1.

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Introducción: de la Revolución mexicana a Progresa

La política de desarrollo social en México ha ido evolucionando desde las demandas sociales emanadas de la Revolución de 1910.

Diversos factores han provocado esta evolución, entre ellos las demandas sociales, las crisis, los modelos económicos y las nuevas teorías del desarrollo.

El primer avance significativo se presentó con la Ley Agraria de 1915 y el consecuente reparto de la tierra, lo cual generó las figuras de pequeños propietarios y titulares de derechos agrarios. Posteriormente, con la promulgación de la Constitución de 1917, se incorporan los derechos y las garantías individuales y el Estado asumió la responsabilidad de ser promotor del desarrollo nacional.

Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la república, el reparto de tierras tomó un nuevo impulso y se elaboró el primer Plan Sexenal. No obstante, con la Segunda Guerra Mundial y el modelo de sustitución de importaciones implementado a partir de 1940, las prioridades se modificaron hacia el crecimiento económico y la ampliación de las coberturas de educación y salud, en particular en el sector urbano. Por otra parte, la política de desarrollo rural se vio mermada al focalizar sus acciones en zonas de agricultura comercial excluyendo del desarrollo a miles de campesinos -pequeños productores y de autoconsumo-.

Con la crisis de 1982, el país no pudo hacer frente a compromisos adquiridos, como la deuda externa, y el insuficiente presupuesto impidió enfrentar la demanda creciente de bienes y servicios públicos; con ello aumentaron los niveles de pobreza.

Los años noventa iniciaron con la implementación de las medidas y los postulados del Consenso de Washington. Un nuevo enfoque en la política social estaba emergiendo: la Ley Agraria de 1992 propiciaba la libre circulación de la tierra, se combinaron políticas sociales focalizadas con políticas asistencialistas y se crearon el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en 1988 y 1992, respectivamente. La operación del pronasol fue inicialmente responsabilidad de la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, y pasó a sedesol cuando esta institución nació.

Nuevamente, un escenario de crisis y cambios políticos obligó a la modificación de la política de desarrollo social: la crisis económica de 1995, que derivó en la devaluación del peso y el colapso de la economía del país, llevó al Gobierno de Ernesto Zedillo a reconocer en 1997 que todos los esfuerzos hechos habían sido insuficientes para combatir las causas estructurales de la pobreza, y a enfocar la política pública en dos vertientes: por un lado, la ejecución de acciones amplias dirigidas a la población en general en materia de seguridad y asistencia social, buscando con ello asegurar el disfrute de los derechos sociales, y, por el otro, acciones focalizadas dirigidas a la población en pobreza extrema. Una visión retrospectiva más amplia puede verse en Grupo de Diálogo Rural (2012).

Estimaciones posteriores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dieron cuenta de que en 1996, el 53,5 % de la población rural se encontraba por debajo de la línea de pobreza alimentaria; 62,6 % no contaba con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares solo a estos fines, y 80,7 % no disponía de ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, ni para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.

Dada esta situación, y con el propósito de aumentar las capacidades de la población, en 1997 se puso en marcha el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), donde se conjugaron subsidios alimentarios y acciones de salud y educación para asegurar la entrega de un paquete básico, poniendo énfasis en las mujeres y los niños en condiciones de pobreza extrema en el ámbito rural. Con una cobertura inicial de 300 mil familias, el programa se expandió hasta alcanzar 2,4 millones de las familias (Levy y Rodríguez, 2005).

Este programa de transferencias condicionadas (PTC) forma parte de la entonces denominada "nueva generación" de programas de lucha contra la pobreza enfocados a promover la acumulación de capital humano en los hijos de las familias en situación de pobreza, para romper los ciclos intergeneracionales de pobreza, considerando que una persona más sana, mejor alimentada y con mayor educación podría acceder a mejores opciones dentro del mercado de trabajo. Además, desde su diseño, se incluyó una rigurosa evaluación de impacto que mostró efectos positivos en el aumento en la matrícula de educación primaria y secundaria, la disminución del trabajo infantil, el control nutricional y la vacunación, el crecimiento infantil, un mayor consumo alimentario promedio del hogar (principalmente de frutas, verduras y productos animales), así como un aumento en la ingesta calórica, según Rawlings y Rubio (2003). Se piensa que estos resultados, y la comprensión de que los efectos en capital humano requerían la implementación de mediano plazo del programa, fueron fundamentales para las etapas posteriores de Progresa, en un escenario de alternancia política que podría haber concluido con el programa.

Estrategia contigo es posible: una política de lucha contra la pobreza

Con la alternancia de los gobiernos se modificaron también las políticas públicas. El presidente Vicente Fox (2000-2006) impulsó la denominada Estrategia Contigo es Posible, la cual fue una política de desarrollo social que buscaba romper el círculo vicioso del empobrecimiento. El enfoque se planteaba como un cambio conceptual de la pobreza entendida únicamente como consecuencia de los bajos ingresos de la población, a otro en el que se ponía énfasis en la ampliación de capacidades, la promoción de la protección social, la generación de oportunidades de ingreso y la formación de patrimonio.

Con esta política, por primera vez se integró en una sola estrategia nacional la acción de quince dependencias de la administración pública federal. Inicialmente consideró la integración de 223 programas federales existentes, los cuales se agruparon en torno a las cuatro vertientes:

- Ampliación de capacidades, que incluía educación, salud y nutrición, y capacitación: 123 programas.

- Protección social, que incluía previsión social y protección contra riesgos individuales y colectivos: nueve programas.

- Generación de oportunidades de ingreso, que incluía desarrollo local y acceso al crédito, así como generación de empleo: 38 programas.

- Formación de patrimonio, que incluía ahorro, vivienda y derechos de propiedad: 53 programas.

Esta estrategia buscaba atender las causas estructurales de la pobreza en todo el ciclo de vida de los individuos y las familias, con acciones encaminadas a la atención prenatal, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y los adultos mayores. Durante el sexenio, fue necesario hacer cambios en la estructura pro-gramática, eliminar programas que no estaban alineados a la nueva estrategia y modificar o crear otros programas. A continuación, se presentan algunos de los programas emblemáticos de la Estrategia Contigo, con un enfoque de desarrollo social.

Oportunidades. A partir de 2002 Progresa se transformó en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en adelante Oportunidades) y se erigió como un programa emblemático de la Estrategia Contigo para la ampliación de capacidades. En este contexto, se mantuvieron los esquemas operativos empleados y las principales características de Progresa; se amplió el número de beneficiarios incluyendo familias de localidades urbanas, y se integraron nuevas acciones, con el fin de ampliar el bienestar de las familias en condición de pobreza. A mediados de 2002, el programa atendía a poco más de cuatro millones de hogares. Ese mismo año se extendió a los 32 estados del país, y el apoyo educativo creció: las becas a educación básica se ampliaron hasta educación media superior.

Seguro Popular. La protección social impulsada desde la Estrategia Contigo es Posible consistió en un conjunto separado de beneficios para los trabajadores del sector informal, siendo el Seguro Popular el que mayor cobertura logró. Con la reforma de 2002 a la Ley General de Salud se reconoció la protección social en salud, y en mayo de 2003 se creó la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de la Secretaría de Salud (SSA). Esta Comisión es la responsable de financiar la provisión de los servicios de salud a la población beneficiaria del sistema de protección social en salud. El Seguro Popular forma parte del sistema y tiene como población objetivo a las personas no afiliadas a servicios de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para evitar que realicen gastos catastróficos por atender problemas de salud.

Estrategia Microrregiones. El 14 de febrero de 2001 se puso en marcha la Estrategia de Microrregiones como un mecanismo de atención a las disparidades regionales, para vincular la producción, la distribución y el consumo, y promover un desarrollo regional productivo sostenido. En la estrategia participaban 68 programas federales de 12 dependencias para atender a los mil 338 municipios de alta y muy alta marginación, con prioridad en dos mil 966 localidades denominadas Centros Estratégicos Comunitarios (CEC) (Mujica, 2007) que, por su potencial en infraestructura y ubicación, eran considerados con capacidad de ofrecer servicios básicos a localidades pequeñas y dispersas. En estos cec, se buscaba asegurar los servicios de electricidad, salud, telefonía, caminos, saneamiento, educación, agua potable, abasto de productos básicos y piso firme, así como Centros Comunitarios de Aprendizaje y, principalmente, la existencia de circuitos de actividad productiva.

En cuanto a la formación de patrimonio, la Estrategia Contigo no hizo grandes cambios. Los dos principales programas de vivienda se ejecutaron desde el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (fonhapo), creado en 1981 como una alternativa de financiamiento para atender las necesidades de vivienda de las familias de menores recursos económicos. El Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva presentó algunas adecuaciones menores respecto del diseño inicial de 1998. Por otra parte, en 2004 se creó un nuevo Programa de Vivienda Rural, en el marco de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), firmado en abril de 2003 por el Gobierno Federal y organizaciones campesinas integradas en el movimiento "El campo no aguanta más". Ese movimiento argumentaba que la mayor desgravación de productos agrícolas pactada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a partir de 2003 traería graves repercusiones al sector agrícola, y desde finales de 2002 realizó manifestaciones y ejerció diversas formas de presión hasta lograr una negociación con el Gobierno Federal que derivó en el ANC.

Sin embargo, a pesar de que Contigo era una estrategia integral de desarrollo social, pocas posibilidades tenía para lograr una adecuada vinculación, incluso entre los programas pertenecientes al mismo sector, porque las reglas de operación de la Secretaría de Desarrollo Social no establecían criterios específicos para atender de forma integral a las familias de Oportunidades con los otros programas de la estrategia.

Un ejemplo particular se presentó en el Programa de Oportunidades Productivas, creado en 2002 y que en su nombre parecía establecer una vinculación con los beneficiarios de Oportunidades. En realidad, este programa no establecía lazo alguno con el PTC, pues sus reglas de operación señalaban como población objetivo "Hombres, mujeres, unidades familiares y grupos sociales en pobreza extrema que deseen obtener apoyos a la palabra, diversificar su actividad económica, obtener un crédito social para consolidar proyectos en operación, desarrollar proyectos productivos y obtener capacitación y asistencia técnica en procesos productivos y organizacionales". Incluso un año más tarde, su nombre se modificó a Opciones Productivas, dejando de lado cualquier relación con el PTC.

Otro ejemplo es la escasa o nula vinculación entre el PTC y el Seguro Popular. Si bien es cierto que a finales de 2005 un total de tres millones 555 mil 977 familias estaban afiliadas al Seguro Popular y que alrededor de 39,8 % pertenecía al programa Oportunidades (Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 2005), esta cobertura era más bien casual y no planificada con la intención de contar con políticas integrales, pues las decisiones de la cobertura recaían en las entidades federativas, que son las responsables a nivel local de la afiliación de beneficiarios, administración de los recursos, supervisión de los prestadores de servicios y pago de los mismos. Así, en los primeros años, las entidades no establecieron obligaciones o prioridades respecto de los beneficiarios del PTC. En 2014, el Seguro Popular atendió a 57 millones 300 mil beneficiarios.

Estrategia vivir mejor: una política de desarrollo humano sustentable

Durante la administración del residente Calderón (2006-2012) se impulsó la estrategia Vivir Mejor, cuyo objetivo era concentrar las acciones hacia el desarrollo humano sustentable. En la estrategia, este concepto era entendido como la ampliación de las capacidades que permiten a las personas acceder a una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. Vivir Mejor se basaba en la atención coordinada de las acciones del Gobierno, evitando la dispersión y la subutilización de los recursos públicos. Señalaba también las necesidades de complementariedad entre los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal) para alcanzar los objetivos planteados.

Esta estrategia reconocía que no solo hay que corregir la brecha entre pobres y ricos, sino también entre la armonía de la naturaleza y el hombre. Valoraba además la organización comunitaria como una instancia fundamental para el reforzamiento de la cohesión social. La estrategia consideraba tres líneas de acción para el desarrollo humano sustentable:

Impulsar el desarrollo de las capacidades de los mexicanos, en especial de las niñas y los niños, garantizándoles acceso a educación, salud y vivienda digna.

Proporcionar una red de protección social que evitara el empobrecimiento extremo en las familias más vulnerables, ante la presencia de enfermedades o la pérdida del empleo.

Facilitar el acceso al empleo formal a todas las mexicanas y los mexicanos, fortaleciendo la coordinación entre la política social y la política económica, mediante el establecimiento de puentes comunicadores hacia un desarrollo económico sostenido y sustentable.

Como instrumentos de estas líneas de acción, se conservaron varios de los programas emblemáticos creados en el sexenio anterior, como el Seguro Popular y el programa Oportunidades. En este último se realizaron algunas modificaciones para fortalecer la red de protección social de las familias del programa, en respuesta al alza sostenida en los precios internacionales de los alimentos en 2007-2008. Se creó entonces el componente de apoyo alimentario Vivir Mejor, consistente en un auxilio económico transitorio para compensar la disminución del poder adquisitivo de las familias de Oportunidades, las cuales realizaban cerca del 50 % de su gasto total en alimentos. No obstante que en su diseño se establecía como un apoyo transitorio, posteriormente el mismo se incorporó a la transferencia condicionada habitual para alimentación.

Se intentó también otro esquema de protección social a partir de 2006, al incluir en Oportunidades el Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades (MAROP), un subsidio destinado al ahorro para el retiro entre la población que no disponía de empleo formal, y cuya finalidad era complementar el ahorro individual para que los adultos mayores de las familias beneficiarias de Oportunidades pudieran contar con recursos en cuanto llegaran a los 70 años de edad para adquirir una renta vitalicia que contribuyera a mejorar su nivel de vida. El marop fue abrogado en 2008 dado que, con miras a obtener un ingreso futuro, ocurría una reducción del ingreso presente disponible para los beneficiarios del mecanismo, lo cual tenía un efecto negativo en el bienestar familiar. Ante estas limitantes, se optó por avanzar hacia un sistema de pensión universal no contributiva.

Programa 70 y Más. Uno de los cambios más importantes para consolidar una red de protección social se introdujo con la ampliación de la pensión no contributiva para adultos mayores. Entre 2001 y 2006, las confrontaciones entre el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y el presidente de la república eran recurrentes y ello repercutió en decisiones de política pública. En 2001, el Gobierno del Distrito Federal inició el programa de Apoyo Alimentario a Adultos Mayores, y en 2003 se aprobó la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores Residentes en el Distrito Federal. En respuesta, el Gobierno Federal implementó ese mismo año el programa de Atención a Adultos Mayores enfocado a las personas con edades a partir de 60 años, de localidades rurales con menos de dos mil 500 habitantes, de alta y muy alta marginación.

En 2007 se aumentó a 70 años y más la edad de elegibilidad de este último programa y se eliminó la condicionante de vivir en localidades de alta y muy alta marginación. En 2008 se amplió la cobertura a localidades de hasta 20 mil habitantes, en 2009 se estableció el límite en 30 mil habitantes, y a partir de 2012 involucró a las localidades de más de 30 mil habitantes, lo cual orientó una aplicación universal de sus beneficios. Este programa otorga transferencias monetarias para mejorar el ingreso de los adultos mayores con 70 años o más que carecen de una pensión contributiva y no están afiliados a una institución de seguridad social.

En 2010, la evaluación de impacto del programa señaló que la transferencia bimestral de mil pesos (que representa 50 % del ingreso del hogar de los beneficiarios) impulsó la reducción en 18 % de la proporción de adultos mayores que trabajaban por pago. Esto se tradujo en una mayor dedicación a actividades familiares, sin que esto mermara los ahorros del hogar, y en una reducción del tiempo destinado a movilizarse hacia el trabajo. A pesar de que el programa disminuye el ingreso laboral, la transferencia monetaria permite que se incremente el consumo en 24 %. Asimismo, los evaluadores recomendaron que el programa se extendiera a otras comunidades rurales. Sin embargo, la extrapolación de estos resultados a comunidades más grandes no era aconsejable debido a las diferencias poblacionales.

Actualmente, el programa se focaliza en adultos mayores de 65 años y se denomina Pensión para Adultos Mayores. Al quinto bimestre de 2015, el programa atendió a cinco millones 724 mil 854 adultos mayores.

Programa de Guarderías y Estancias Infantiles. Este programa fue emblemático para la red de protección social de la estrategia Vivir Mejor. Se creó con el objetivo de facilitar la inserción de las madres y los padres trabajadores en el mercado laboral y mejorar sus ingresos, garantizando que sus hijos menores de seis años fueran atendidos en condiciones dignas y seguras, y superar la disyuntiva entre la búsqueda de empleo, el cuidado de los hijos y los gastos en guarderías o cuidadores particulares durante la búsqueda de empleo o las jornadas laborales. Además, sin importar si la incorporación al empleo se da en el mercado laboral formal o informal, existe una insuficiente oferta para cubrir la demanda por este servicio. Por ello, el programa otorga subsidios a los servicios particulares de cuidado y atención infantil, así como apoyos para incrementar la oferta de estos servicios.

El programa fue objeto de una evaluación de impacto que dio como resultado que las titulares de las estancias registraran un aumento de 21 % en empleo, un incremento de poco más de siete horas de trabajo a la semana y un aumento de 16 % en la permanencia laboral a corto plazo.

Estrategia 100x100. Para facilitar los puentes entre la política social y la política económica, particularmente en los territorios más desfavorecidos, se creó en 2007 la Estrategia 100x100, que buscaba transformar las condiciones de rezago de los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) para impulsar su desarrollo integral, social y económico, por medio del mejoramiento de las condiciones de vida de la población y del incremento de las posibilidades para una mayor productividad y empleo. Esta estrategia ratificó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y los organismos públicos y privados en los 125 municipios participantes. Su operación estuvo a cargo de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, con la intención de evitar los problemas de coordinación ocurridos en la Estrategia Microrregiones de la anterior administración.

Durante 2007-2011 se realizaron inversiones convergentes por 39 mil 544 millones de pesos en los 125 municipios de la estrategia. Sin embargo, 87 % de los recursos provinieron del Gobierno federal y solo el 13 % de los estados y municipios (CONEVAL, 2013b).

La evaluación realizada por el coneval concluyó que el conjunto de las inversiones obtuvo efectos sobre la población sin derecho a servicios de salud y porcentaje de viviendas con piso de tierra. Sin embargo, la evaluación plantea que las acciones de los programas federales coordinadas por la estrategia no se concentraron solo en los 125 municipios destinatarios, es decir, no se cumple la oportuna priorización en la atención ofrecida.

Los resultados obtenidos en esta evaluación y en la correspondiente a la Estrategia Microrregiones sugieren que para lograr un mayor impacto en las políticas con enfoque regional se requiere que el diseño asegure la priorización, la coordinación institucional y el acoplamiento entre los distintos niveles del Gobierno.

Otro elemento de valoración importante de los avances en la política social en la administración del presidente Calderón se presentó con la medición multidimensional de la pobreza. Esta metodología, establecida por el coneval con base en la Ley General de Desarrollo Social, y cuya primera medición se realizó para 2008, dio cuenta de los avances en la cobertura de los derechos sociales establecidos en la ley: acceso a la alimentación, salud, educación, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, seguridad social e ingresos.

En general, los resultados fueron alentadores para cinco de los seis indicadores de carencia que disminuyeron entre 2008 y 2012, a excepción del acceso a la alimentación. A pesar de la expansión del Seguro Popular, la Pensión para Adultos Mayores y la creación de nuevos elementos de seguridad social, este indicador se encuentra ampliamente ligado a los beneficios que otorga el empleo en el mercado laboral formal, por lo que los instrumentos de protección social desarrollados no han sido suficientes.

Además de los elevados niveles del indicador de seguridad social y el incremento en la carencia de seguridad alimentaria, el aumento en los niveles de pobreza se debe al crecimiento de la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar. La implementación de puentes entre la política social y la política económica, que representaba una línea de acción de la Estrategia Vivir Mejor, no fue suficiente para evitar el incremento de la población en condiciones de pobreza.

Cruzada nacional contra el hambre: una estrategia de inclusión y bienestar social

El presidente Enrique Peña Nieto, que se posesionó el 1 de diciembre de 2012, se comprometió a encabezar una transformación de México basada en trece decisiones presidenciales, una de ellas fue la encomienda a la Secretaría de Desarrollo Social de coordinar la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH).

A principios de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SONHAMBRE), el cual señala:

La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo Segundo del presente Decreto.

La población objetivo de la Cruzada contra el Hambre, de acuerdo con las estimaciones del CONEVAL y con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 (ENIGH, 2010), ascendía a 7,4 millones de personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y simultáneamente presentan carencia por acceso a la alimentación.

A diferencia de las estrategias anteriores, el marco conceptual que genera la Cruzada está relacionado con los derechos sociales marcados en la Ley General de Desarrollo Social. Esto implica la priorización del grupo meta representado por la población en pobreza extrema, es decir, mexicanos y mexicanas con tres o más derechos sociales no cubiertos, uno de los cuales es el derecho a la alimentación, e ingresos inferiores a la línea de bienestar.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, los objetivos de la Cruzada planteados en el decreto por el que se establece sin hambre consideran únicamente el derecho a la alimentación y la mejora en los ingresos de esta población:

Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y con carencia alimentaria severa.

Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia.

Aumentar la producción y el ingreso de los pequeños productores agrícolas.

Minimizar las pérdidas poscosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercios.

Promover la participación comunitaria.

Para lograr sus objetivos, la Cruzada se implementaría en dos etapas; la primera, enfocada en 400 municipios seleccionados con base en la incidencia de personas en situación de pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación;la segunda plantea su extensión a todo el país.

Dado que su implementación implica un proceso participativo entre el Gobierno Federal, estados, municipios y sectores público, social y privado, así como de organismos e instituciones internacionales, se creó la Comisión Intersecretarial, integrada por 19 secretarías y 90 programas; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el fin de coordinar, articular y complementar las acciones, los programas y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada. Adicionalmente, se creó el Consejo Nacional de la Cruzada Contra el Hambre, instancia en la que convergen los sectores público, privado y social.

En 2014, se logró identificar a 5,5 millones de personas en pobreza extrema con carencias de alimentación en el territorio nacional, de las cuales 4,2 millones están siendo atendidas al menos por un programa social de la Cruzada (Secretaría de Desarrollo Social, 2015b). El coneval, en su Informe de resultados intermedios, específicamente en el estudio exploratorio del impacto, observa una reducción significativa de dos puntos porcentuales en la pobreza extrema. Sin embargo, no registra efecto en el indicador de carencia por acceso a la alimentación. Por otro lado, las particularidades de la Cruzada como estrategia de coordinación y participación y las fórmulas para identificar a la población beneficiaria plantean retos para la implementación de una metodología para medir su impacto.

Como se mencionó, la Cruzada es una articulación de coordinación y participación de diversas Secretarías de Estado que suman esfuerzos por medio de sus programas para el logro de los objetivos planteados. Específicamente, hay tres programas emblemáticos de esta estrategia -dos de los cuales surgieron en esta administración- que están focalizados a contribuir a la política social orientada a reducir las carencias sociales. En especial, las acciones de la Cruzada han focalizado apoyos a hogares en pobreza extrema (con una población objetivo de siete millones de personas) y han logrado reducir las carencias sociales de esa población. Sin embargo, se deben encontrar estrategias para lograr la reducción de la pobreza más amplia que involucra a 55 millones de personas (CONEVAL, 2015).

Programa de Comedores Comunitarios. La Secretaría de Desarrollo Social creó este programa con el propósito de incrementar el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales ubicados en las Zonas de Atención Prioritaria. Con este programa se pretende mejorar las condiciones nutricionales de la población de niños y niñas de cero a 11 años de edad, mujeres en gestación y en lactancia, así como personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 años.

El programa, además, promueve el desarrollo de organización comunitaria y el diseño de procedimientos que permitan que la población se involucre y se responsabilice de la operación de los Comedores para atender a las personas que asisten a los mismos. Asimismo, los Comedores están planteados como lugares incluyentes, donde se fomenta la relación familiar y social, la sana convivencia, la comunicación, el encuentro y la participación como atributos básicos de la cohesión social.

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. La presente administración identifica como grupo vulnerable de protección social a los hijos de jefas de familia que presentan carencias por acceso a la seguridad social, por lo que impulsa el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Este programa tiene como objetivo contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social mediante la incorporación de las jefas de familia de entre 12 y 68 años de edad que presentan carencias por acceso a la seguridad social. A partir del 2015, su condicionamiento cambió a aquellas que estén en situación de vulnerabilidad. Ante el fallecimiento de la jefa de hogar, el programa otorga mensualmente apoyos económicos directos a las hijas y los hijos, incentivando su ingreso o permanencia en el sistema escolar hasta los 23 años de edad. Los montos de los apoyos varían según el nivel educativo al cual asista el niño(a) o el o la joven.

Prospera. Antes denominado Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el Programa de Inclusión Social (Prospera), además de apoyar en alimentación, salud y educación, articula esfuerzos para lograr la inclusión financiera, laboral y productiva de las personas por medio de su propio trabajo. Prospera coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, la educación, la alimentación y la salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza.

Este nuevo programa no solo asegura la asistencia social; también promueve el bienestar de los hogares facilitando el acceso al mercado laboral y productivo, lo que implica vinculación y coordinación entre la política social y la política económica. Antes de esta iniciativa, la población en condición de pobreza no tenía acceso a programas productivos, porque se encontraba en localidades relativamente aisladas y porque se pensaba que las personas en situación de pobreza carecían de potencial de respuesta a estímulos de orden productivo y que, por tanto, la superación de su condición debía lograrse por la vía de políticas sociales. De ahí la disociación de las políticas de desarrollo productivo y de desarrollo social.

En ese contexto surge el Programa Territorios Productivos (PTP), que vincula la política de desarrollo económico y la política social mediante desarrollo territorial. Este programa piloto está orientado a hogares beneficiarios de Prospera que se ubican en municipios donde está presente la Cruzada.

El PTP tiene como objetivo contribuir a reducir la población rural en condición de pobreza extrema, por medio del aumento de su productividad, producción e ingresos autónomos, en congruencia con uno de los objetivos previstos de la política de desarrollo social: "Mejorar el ingreso de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos". El PTP busca que los hogares rurales en condición de pobreza accedan efectivamente a las políticas y programas públicos disponibles, y se basa en la evidencia de que -en México y en otros países (incluso con menor nivel de desarrollo)- con adecuados diseños de política e instrumentos apropiados, los habitantes rurales en condición de pobreza pueden incrementar su productividad o su vinculación a trabajos de mejor calidad, y de esta forma elevar sus ingresos.

Este programa beneficiará a 10 mil personas en cinco estados de México, y se enfocará en articular, con una visión territorial, los apoyos de 15 programas productivos disponibles en diversas dependencias del Gobierno Federal.

Desarrollo de capacidades, protección social, inclusión productiva y desarrollo territorial

Tassara, Ibarra y Vargas (2015) sugieren revisar la Estrategia de Inclusión Activa (EIA) de la Unión Europea por sus similitudes con la evolución de los PTC. Dicha eia define tres pilares de la inclusión social: 1) la existencia de un apoyo al ingreso coherente con el costo de la vida; 2) la presencia de un mercado laboral que ofrezca oportunidad de empleo y generación de ingresos; y 3) el acceso a servicios sociales de buena calidad.

Las transformaciones que ha tenido el PTC en México, hasta generar el actual Prospera, han apuntado a conformar estos tres pilares. Por una parte, la cuantía de las transferencias monetarias se ha venido reajustando, tanto en casos de contingencias -por ejemplo, frente a la crisis mundial de los precios de los alimentos- como en forma permanente, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y con base en la variación acumulada de los índices asociados a las líneas de bienestar mínimo (rural y urbano), publicadas por el CONEVAL.

Por otra parte, los cambios de Oportunidades a Prospera buscan atender las recomendaciones del CONEVAL para:

...(a) destinar recursos a programas existentes con mayor incidencia sobre poblaciones pobres (con potencial productivo); (b) revisar las Reglas de Operación e instrumentos de identificación de beneficiarios de los programas; y (c) crear nuevos instrumentos diseñados para aumentar las capacidades productivas de los productores pequeños con mayor grado de pobreza y vulnerabilidad, particularmente los relacionados con la comercialización (Secretaría de Desarrollo Social, 2014a).

No obstante, las Reglas de Operación 2015 del programa no permiten vislumbrar la estrategia de atención para lograr la inclusión productiva, laboral y financiera a la que hacen referencia, pues en su numeral 3.7.3.3, sobre la articulación con programas sociales relacionados con el fomento productivo, generación de ingreso e inclusión laboral, señalan:

El Programa procura la complementariedad de sus actividades con otros programas a través de modelos y esquemas de articulación con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil organizada que cuenten con acciones en materia de fomento productivo, generación de ingreso e inclusión laboral. En este sentido, el Programa promoverá la articulación con los Programas de Fomento Productivo de la SEDESOL, SAGRAPA, así como los que promueven la generación de ingresos, pertenecientes a la SE.

Para tales efectos, en las Reglas de Operación de los programas previstos, con la finalidad de dar un criterio de prioridad en atención a las familias Prospera, destinando los recursos para contribuir al financiamiento de las solicitudes de apoyo a sus proyectos productivos, se agregó el siguiente párrafo:

Se dará prioridad a los proyectos que cuenten con la participación de integrantes de hogares beneficiarios de Prospera [...], así como del programa piloto Territorios Productivos, de acuerdo con la suficiencia presupuestaria. Para este criterio, el Programa determinará los recursos para financiar los proyectos demandados por dichas estrategias y, deberá, en su caso, asegurar el diseño, elaboración y acompañamiento de los proyectos para su consolidación. En los casos que sea necesario, para hacer efectivo el acceso en estos supuestos, el Programa expedirá convocatorias específicas que contendrán las acciones, recursos, metas, así como el procedimiento para el diseño, registro y operación del proyecto, ejercicio de los recursos y la comprobación de su correcta aplicación. Cuando se trate de los integrantes de hogares beneficiarios de Prospera, el Programa solicitará el número de folio familia para fines de monitoreo y seguimiento.

Adicionalmente, la Coordinación Nacional podrá establecer acciones de coordinación con otros programas de la SEP, para el intercambio de información en beneficio de las familias incorporadas a Prospera.

Por último, a pesar de la puesta en marcha de reformas estructurales relacionadas con la calidad de los servicios de educación y salud, poco se ha logrado para mejorar su calidad. El programa ha aumentado de forma significativa los tipos y montos de apoyos, así como su cobertura. Pero, sin un diagnóstico que sustente la mayoría de estos cambios, la baja cobertura y la calidad regular de los servicios de salud y, en menor medida, de educación, han limitado el impacto del PTC en mejorar el capital humano de los pobres en el desarrollo de mercados locales (Rodríguez, 2012).

Ahora bien, Tassara et al. (2015) también señalan que, a pesar de la madurez que los PTC han alcanzado en el mundo, siguen existiendo varios temas que son objeto de discusión entre los expertos. Entre ellos: el efectivo nivel de articulación de estos programas con los sistemas de protección social, y el diseño y el funcionamiento de la institucionalidad de soporte. Estos dos temas de gestión han tenido un impacto significativo en el caso mexicano.

A lo largo de este artículo se han presentado algunos elementos que permiten documentar la experiencia mexicana respecto de la gestión para un sistema de protección social: la articulación del PTC con el sistema de protección social y la vinculación de los beneficiarios del PTC con las políticas públicas para acceder a mejores oportunidades de ingresos. Sin embargo, debido a la importancia que al menos las estrategias Contigo es Posible y Vivir Mejor han dado al tema territorial, en esta sección también se analizarán las mismas, aportando así a la discusión del diseño y el funcionamiento de la institucionalidad de soporte.

Respecto de la articulación del PTC con el sistema de protección social, Tassara et al. (2015) plantean que algunos analistas critican los PTC por no encarar temas de fondo, como la reforma sustantiva del mercado laboral, la redistribución equitativa del ingreso y la creación de sistemas de protección social más amplios e incluyentes.

En el caso mexicano, el sistema de protección social se ha ido conformando con programas universales o de amplia cobertura entre las personas en situación de pobreza, como el Seguro Popular o la Pensión para Adultos Mayores; no obstante, estos constituyen elementos aislados, sin una visión sistémica, que al implementarse de forma articulada garanticen el acceso efectivo de la población a la protección social. Como señalan Tassara et al. (2015), "la clave parece ser la definición de objetivos claros y la articulación con sistemas de protección social integrados".

Más aún, a pesar de la existencia de elementos normativos que obligan a la creación de un padrón de beneficiarios, en su operación se carece de una visión estratégica de integralidad de la política social. En todo caso, únicamente se establecen los mecanismos para la acumulación de información de los beneficiarios de los programas. Incluso es muy claro que la concurrencia de la política social en un sujeto de derecho se obtiene por casualidad, y no por causalidad, lo que implicaría una estrategia articulada de atención, con objetivos claros.

Por otra parte, hemos mostrado que la articulación entre la política social (representada por los beneficiarios del PTC) y la política económica se ve limitada debido a la gran cantidad de programas de desarrollo económico con escasa cobertura y mala focalización en personas en situación de pobreza y poca claridad sobre sus resultados.

Berdegué et al. (2015) señalan seis errores que tienen varias consecuencias en la política pública dirigida a los pequeños productores rurales y campesinos:

1. Mala focalización: por ejemplo, al analizar el presupuesto 2007-2010 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), los autores muestran que los productores con predios más grandes y más capitalizados son los que reciben mayores subsidios.
Disociación entre desarrollo productivo y desarrollo social: las entidades con mayor número de personas en situación de pobreza reciben más apoyos con enfoque asistencial y menos recursos de la vertiente de competitividad de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Descoordinación entre la amplia oferta de programas: según el Catálogo de Programas y Acciones Federales y Estatales para el Desarrollo Social (CPAFEDS), existen 616 programas dirigidos al sector agro-pecuario, desarrollo social y desarrollo productivo

Oferta pública federal acumulativa: según el cpafeds, al menos 130 programas iniciaron antes de 1985, es decir, tienen más de 30 años.

Ausencia de evaluaciones de impacto en programas productivos, lo que dificulta la toma de decisiones sobre cuáles programas son más efectivos.

Baja participación y coordinación de los gobiernos locales.

Asimismo, se mostró la importancia que en el periodo 2001-2012 tuvieron las estrategias de desarrollo social con elementos de desarrollo territorial para generar mejores ingresos, y también se evidenció el cambio de visión en el actual sexenio, dando prioridad a la seguridad alimentaria con la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En todo caso, las evaluaciones han cuestionado los resultados a causa de una insuficiente coordinación institucional y entre los tres niveles de gobierno, incluso cuando la coordinación se encarga a Comisiones existentes o creadas con el objetivo de operar la estrategia.

La coordinación de la Estrategia Microrregiones fue encargada a la Secretaría de Desarrollo Social, la cual operaba simultáneamente un programa casi homónimo (Programa de desarrollo local Microrregiones). Esta situación generó que el liderazgo de la estrategia poco a poco se fuera delegando al responsable del programa y una falta de empoderamiento para emprender de manera consistente acciones de coordinación. Es de destacarse, sin embargo, el diseño operativo y conceptual de la estrategia, el cual pone en el centro del desarrollo territorial los vínculos entre pequeñas ciudades rural-urbanas y sus relaciones con su entorno rural.

Por otra parte, en la Estrategia 100x100 se redujo el número de municipios participantes y se encargó su operación a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, creada por mandato de la Ley General de Desarrollo Social. Sin embargo, se abandonó la estrategia de intervención definida por Microrregiones para detonar el desarrollo territorial Sin una estrategia de intervención y sin presupuestos establecidos para la misma, los resultados alcanzados fueron precarios.

Finalmente, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en su diseño y el funcionamiento de la institucionalidad de soporte, es muy parecida a la Estrategia 100x100. Para su operación se creó la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, con esquemas operativos semejantes a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y, también, sin un documento público que presente la estrategia de atención.

Como señalan Tassara et al. (2015) respecto al tema de discusión sobre el diseño y funcionamiento de la institucionalidad de soporte, se han creado estructuras o comisiones con la finalidad de desempeñar una función más global en la armonización del conjunto de las políticas sociales. Sin embargo, la ausencia de una estrategia de atención bien definida, con responsables y metas, puede impedir el éxito de estos esfuerzos.

Conclusiones

Durante los últimos quince años, los Gobiernos federales de México han venido planteando distintas estrategias de desarrollo social y productivo con preocupaciones y enfoques comunes, principalmente los relacionados con la formación de capacidades, la protección social, el desarrollo territorial y la generación de ingresos.

La Estrategia Contigo, implementada en el periodo 2001-2006, agrupaba las acciones del Gobierno federal en torno a las cuatro vertientes: 1) ampliación de capacidades, incluyendo educación, salud y nutrición y capacitación; 2) protección social, incluyendo previsión social y protección contra riesgos individuales y colectivos; 3) generación de oportunidades de ingreso, incluyendo desarrollo local y acceso al crédito, así como generación de empleo; y 4) formación de patrimonio, incluyendo ahorro, vivienda y derechos de propiedad.

La Estrategia Vivir Mejor, implementada en el periodo 2006-2012, también agrupaba líneas de acción similares para el desarrollo humano sustentable: 1) impulsar el desarrollo de las capacidades de los mexicanos; 2) proporcionar una red de protección social; y 3) facilitar el acceso al empleo formal a todas las mexicanas y los mexicanos, fortaleciendo la coordinación entre la política social y la política económica.

Por su parte, en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, los objetivos se modifican para poner en el centro la alimentación, la nutrición, la producción de alimentos, la participación ciudadana y los ingresos de los pequeños productores, sin hacer una mención específica a la protección social o al desarrollo territorial.

Un elemento común a estas tres estrategias es la mención constante a la coordinación institucional y con los niveles de Gobierno como parte de las acciones necesarias para su éxito. También se destaca la importancia otorgada al PTC de turno, a la protección social y -al menos en las dos primeras estrategias- al desarrollo territorial y a la generación de ingresos.

Progresa, desde su creación en 1997, ha tenido una amplia aceptación por sus resultados en la generación de capacidades básicas en materia de educación, salud y alimentación. No obstante, los efectos de los cambios posteriores en su diseño no han sido necesariamente estudiados con el mismo rigor, por ejemplo, aquellos relacionados con la expansión del programa a zonas urbanas o la creación de nuevos componentes en el marco de Oportunidades o del actual Prospera. A pesar de esta falta, los PTC siguen siendo el elemento central de la política social, con una cobertura actual de 6,1 millones de familias.

Cada cambio de Gobierno se ha caracterizado también por la incorporación de nuevos programas como el Seguro Popular, las pensiones para adultos mayores, programas de estancias infantiles y seguros de vida para jefas de familia. Las evaluaciones de estos programas destacan impactos en sus principales variables de interés. Por otra parte, no existe una estrategia clara de vinculación entre los beneficiarios del PTC y de los programas de protección social.

Además del PTC y de los programas de protección social, en el periodo 2001-2012, los planes de Gobierno incluyeron estrategias de desarrollo social con elementos de desarrollo territorial para generar mejores ingresos. El presidente Vicente Fox implementó la Estrategia Microrregiones, cuyo objetivo era superar la pobreza y promover el desarrollo integral en municipios de alta y muy alta marginación. Posteriormente, la Estrategia 100x100 del presidente Calderón, se enfocó a las condiciones de rezago de los municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH) del país. En ambos casos, además del PTC, estas estrategias fueron la principal herramienta para reducir disparidades desde la política social, pero en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, esta visión cambió y se dio prioridad a la seguridad alimentaria estableciendo la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Como se ha mencionado, las deficiencias en la coordinación institucional e intergubernamental han sido señaladas en las evaluaciones correspondientes. Esta situación prevalece incluso cuando se responsabiliza de la coordinación a Comisiones con encomiendas públicas para operar las estrategias.

Por otra parte, la articulación entre la política social (representada por los beneficiarios del PTC) y la política económica se ve limitada debido a la gran cantidad de programas de desarrollo económico con escasa cobertura y mala focalización a personas en situación de pobreza. La insuficiencia de evaluaciones y conocimiento sobre alternativas de atención ha llevado a la creación de un programa piloto que busca dar respuesta al desarrollo territorial con vínculos entre las ciudades intermedias y las localidades rurales, así como al acceso efectivo a la política de desarrollo económico mediante la articulación de la demanda social. Este programa deberá mostrar resultados para poder ser considerado una estrategia de atención susceptible de expansión y réplica.

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Notas

1 En 2002, el Gobierno organizó el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (en adelante Comité), que aglutinó a especialistas académicos y gubernamentales para establecer una metodología consensuada para la medición oficial de la pobreza en México. Esta medición permaneció vigente hasta la creación, en 2004, de la Ley General de Desarrollo Social, que modificó los criterios para la medición de la pobreza con características multidimensionales. Actualmente, las mediciones de pobreza por ingresos, según los criterios del Comité, siguen reportándose por su importancia como serie histórica.

2 Según estimaciones del coneval, en 1996 existían 22,7 millones de personas por debajo de la línea de capacidades, es decir, que no contaban con ingresos suficientes para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación.

3 Estas acciones constituían las denominadas "Banderas blancas", que eran los elementos mínimos necesarios para detonar el desarrollo territorial.

4 Portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Documento "Cobertura de las poblaciones potencial, objetivo y atendida de los programas sujetos a Reglas de Operación", datos al quinto bimestre de 2015.

5 Para 2014, la Cruzada se amplió a 1.012 municipios (Secretaría de Desarrollo Social, 2015b).

6 La Ley General de Desarrollo Social establece, en su artículo 27, que para asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social integrará el Padrón de los programas federales. Por ello, el 19 de diciembre de 2014 se publicaron los Lineamientos normativos para la integración del padrón único de beneficiarios.

7 El Catálogo de Programas y Acciones Federales y Estatales para el Desarrollo Social es un sistema público, gubernamental y ciudadano, que clasifica la información de programas y acciones para el desarrollo social de los diferentes órdenes de gobierno y la provee en formato de datos abiertos (open data) (Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, s.f.).

8 Según la estrategia de atención, dotar a las localidades estratégicas de servicios de electricidad, salud, telefonía, caminos, saneamiento, educación, agua potable, abasto de productos básicos y piso firme, así como de Centros Comunitarios de Aprendizaje y, principalmente, la existencia de circuitos de actividad productiva, serían detonantes del desarrollo territorial.

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Evolución de las políticas de desarrollo social en México: éxitos y fracasos*

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Introducción: de la Revolución mexicana a Progresa La política de desarrollo social en México ha ido evolucionando desde las demandas sociales emanadas de la Revolución de 1910. Diversos factores han provocado esta evolución, entre ellos las demandas sociales, las crisis, los modelos económicos y las nuevas teorías del desarrollo.

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https://contralacorrupcion.mx/el-primer-ano-de-amlo-y-la-asf-100-mil-millones-de-pesos-de-irregularidades/

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Aparicio Wilhelmi, M. (Ed.). (2015). ¿De qué se habla cuando se habla de derechos? En Los derechos humanos y sus garantías: nociones básicas (UOC ed., pp. 7–12). https://www.uoc.edu

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Los resultados publicados por el Coneval muestran la mala planeación de los programas sociales, las malas prácticas se siguen reflejando y el uso partidista de los mismos es evidente, es necesario evaluarlos... Erick Israel Cosme García

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Los resultados publicados por el Coneval muestran la mala planeación de los programas sociales, las malas prácticas se siguen reflejando y el uso partidista de los mismos es evidente, es necesario evaluarlos... Erick Israel Cosme García

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Articulo 27

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Los programas sociales, permiten abrir brechas de oportunidad para los menos favorecidos, buscan llevar herramientas y cultura a lugares no tan céntricos, asimismo se pretende generar igualdad y equidad en la comunidad.

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Sandra

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Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer la minuta que eleva a rango constitucional los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la turnó a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente Permanente.

Casi por unanimidad, con 91 votos a favor, uno en contra y una abstención, en un ambiente dominado por la contingencia provocada por el Covid-19, el pleno del Senado aprobó esa reforma al artículo cuarto de la Constitución.

Con base en ello, las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de bajos recursos y personas con discapacidad, así como el sistema de salud para quienes carecen de seguridad social, pasan de ser programas sociales y se conviertan en derechos consagrados en la Carta Magna.

La diferencia radica en que los programas sociales se pueden extinguir cuando se acaba un gobierno; en cambio, un derecho social permanece y trasciende a las administraciones, resaltó en tribuna el senador Martí Batres, de Morena.

Su compañero de bancada Miguel Navarro Quintero resaltó que se debe reconocer que el presidente López Obrador se atrevió a poner en marcha esos programas, lo que demuestra que el jefe del Ejecutivo federal no es un peligro para México, sino un peligro para los que han abusado de México.

La minuta, con la reforma al artículo cuarto de la Carta Magna fue aprobada luego de una discusión en la que se tomaron medidas sanitarias preventivas por el coronavirus. En el pleno sólo estuvieron parte de los legisladores, ya que aquellos mayores de 65 años o con problemas de salud siguieron el debate desde sus oficinas.

En nombre del Revolucionario Institucional la senadora Claudia Ruiz Massieu destacó que la reforma debe verse como un punto de partida hacia un más amplio e integral reconocimiento de derechos sociales en el siglo XXI.

Al fijar la postura de Acción Nacional, el senador Erandi Bermúdez Méndez propuso elevar a rango constitucional la garantía de asignar recursos para apoyar a los ciudadanos afectados económicamente por la contingencia ocasionada por la pandemia de coronavirus en México.

El también panista Damián Zepeda propuso establecer un pago único de 3 mil 207 pesos para los trabajadores formales e informales que hayan perdido sus empleos a causa de la contingencia, pero la mayoría lo rechazó.

Tanto panistas como priístas insistieron en que es una reforma de relevancia, pero se requiere que haya un presupuesto para garantizar que esos derechos no queden en el papel sino que se garantice su viabilidad.

Actualmente se están ejerciendo 125 mil millones de pesos en apoyo para los adultos mayores y 80 mil millones en becas para estudiantes de escasos recursos, lo que se traduce en un gran avance para la inclusión social y que las personas no queden en desamparo, destacó el senador Alejandro Peña, de la bancada de Morena.

Sin embargo, el panista Marco Antonio Gama consideró que son programas populistas, que establecen obligaciones al Estado mexicano por 500 mil millones de pesos al año, en un país en franca crisis económica.

Fue el único legislador que votó en contra de la minuta.

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Programas sociales quedan ya plasmados en la Constitución

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Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer la minuta que eleva a rango constitucional los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la turnó a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente Permanente.

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Alejandra Vera

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Se trata de un triunfo histórico de la sociedad mexicana; significa un avance sin precedentes en el reconocimiento de los derechos sociales.

Será de gran utilidad en estos tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19, señalan legisladores.

El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que eleva a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.

El proyecto de decreto fue avalado con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, lo remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.

El dictamen reforma el artículo 4 de la Constitución para garantizar la extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. Tiene como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional.

Establece además que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas, y aquellas en condición de pobreza.

Incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante. En caso de personas indígenas y afromexicanas, este apoyo se otorgará, a partir de los 65 años de edad.

De la misma manera, pone en marcha un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública, priorizando los que viven en familias en condiciones de pobreza. Esta medida pretende garantizar el derecho a la educación con equidad.

En el dictamen a la minuta se menciona que un estudio de impacto presupuestal, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señala que existen las condiciones económicas adecuadas para llevar a cabo esta reforma constitucional.

Calcula que se generaría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones 508 mil 349 pesos. No obstante, "tomando en cuenta el escenario, en el cual todas las entidades federativas celebren acuerdos de coordinación, los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) podrían solventar los recursos adicionales".

Se precisa en el documento que el FASSA cuenta para este 2020 con 103 mil 371 millones 546 mil 526 pesos.

Al presentar el dictamen, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que se trata de una reforma "de gran calado" que garantiza el Estado de bienestar en la Constitución. Reivindica a los adultos mayores, toma en cuenta a las personas con discapacidad y apoya a los estudiantes de todos los niveles educativos, expuso.

Sin embargo, consideró que la parte fundamental es la creación del sistema nacional de salud. Opinó que esta reforma pondrá a prueba al Estado mexicano en materia de salud, además de que es de gran utilidad en estos tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, mencionó que esta reforma constitucional es un triunfo histórico de la sociedad mexicana y "significa un avance sin precedentes en el reconocimiento de los derechos sociales como principio básico del Estado de derecho".

Dijo que se consolida una política de Estado basada en el bienestar y en la decisión de transitar hacia una autentica sociedad democrática, solidaria incluyente y con plena vigencia de derechos para todas y todos por igual. Afirmó que el Congreso de la Unión se llena de gloria al impedir que los programas sociales vuelvan a ser utilizados como "carne de cañón electoral" de los más pobres de México.

Al fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, el senador José Alejandro Peña Villa, afirmó que hoy sin duda es un día histórico, pues se concreta una demanda que durante muchos años han esperado los sectores vulnerables, "a quienes en otros momentos sólo utilizaban como botín político".

Señaló que los programas sociales ya no serán dádivas y no se entregarán como favores a cambio de votos. Se reconocerá el derecho que tienen todas y todos los mexicanos a que se les retribuya un poco de todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho o han dado por el bien de México, manifestó.

El senador José Erandi Bermúdez Méndez, indicó que el Partido Acción Nacional quiere incluir en esta reforma a los trabajadores que se quedarán sin empleo ante la pandemia que enfrentamos. Como siempre, subrayó, los que menos tienen son los más afectados, muchos de ellos viven al día y si no trabajan no comen.

Que los ciudadanos que dejen su empleo sean incluidos en este derecho y que el gobierno pueda ayudarles a mitigar este problema. "Tenemos que garantizar sus derechos fundamentales y darles certidumbre ante catástrofes, como la que estamos viviendo. Debemos que ser coherentes, solo así podemos ver de frente a la sociedad y decirles que somos su voz y que trabajamos para ellos", subrayó.

La senadora Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI, se dijo convencida de la buena intención de la reforma y de que el trabajo conjunto del Pleno puede ayudar a transitar hacia la construcción de la reforma que requiere el país. "Este dictamen debe verse como un punto de partida y no como uno de llegada", señaló.

Afirmó que los derechos sociales son uno de los grandes orgullos de la historia del México moderno, los cuales nos colocaron a la vanguardia del constitucionalismo global y fueron el semillero de grandes instituciones. No obstante, indicó, el reconocimiento de derechos debe ser sólido para que los programas sociales transiten con eficacia a través del tiempo y no sólo durante unos cuantos años.

El senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, indicó que su partido se identifica plenamente con la reforma constitucional porque representa la lucha histórica de las fuerzas progresistas de México. "Cuando encontramos puntos de coincidencia, gana nuestro país", apuntó.

Aseguró que con la aprobación de esta reforma se está haciendo justicia a los sectores más vulnerables de la sociedad, sin embargo, el gobierno Federal deberá actuar con responsabilidad para seguir en este camino. "Apostamos a que estos derechos sean progresivos, sentenció.

Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, del PT, aseguró que aprobando la minuta se logrará garantizar derechos los ciudadanos que se encuentran en situación vulnerable, mismos que gobiernos anteriores no había podio otorgar, por ello, indicó, representa triunfo a favor del desarrollo social.

Aseguró que su bancada respalda la modificación porque con estas medidas se apoyará a cerrar la brecha de desigualdad y se construirá un verdadero derecho de bienestar en el país.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, resaltó que lo más importante para los legisladores es el bienestar de los mexicanos y con esta reforma de fondo, dijo, se contribuye a enfrentar la desigualdad y abre oportunidades a los sectores más desfavorecidos.

Enfatizó que no existe mejor inversión que poner el presupuesto en el bienestar de la población, por lo anterior, exhortó a los grupos sociales a apoyar la iniciativa y apoyar una verdadera transformación.

Del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que su Grupo Parlamentario respalda y a compaña este dictamen, ya que establece un sistema robusto0 de bienestar social. "Tenemos que avanzar en formas cada vez más efectivas de protección para las personas".

Se está dando un paso muy importante, aseguró, para transformar los programas sociales en derechos fundamentales para la sociedad. Es un avance sustancial, porque con el nuestra Constitución será de avanzada y mucho más progresista, argumentó.

La senadora del PES, Elvia Marcela Mora Arellano afirmó que a través de esta reforma se avanza en la garantía de los derechos sociales, con una perspectiva universal y con miras en el bienestar general de la nación.

Es un paso adelante hacía un nuevo paradigma de la política social, el cual debe recuperar la sustancia de los derechos sociales consagrados en la Carta Magna, para avanzar a la universalidad e integralidad de la garantía y protección de los derechos de las y los mexicanos, puntualizó.

Posteriormente, senadoras y senadores de Morena, PAN y PRI propusieron diversas reservas de modificación, sin embargo, fueron rechazadas por la Asamblea, por lo que el dictamen quedó en sus términos, presentados inicialmente.

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Senado eleva a rango constitucional programas sociales y crea el sistema nacional de salud para el bienestar

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Se trata de un triunfo histórico de la sociedad mexicana; significa un avance sin precedentes en el reconocimiento de los derechos sociales. Será de gran utilidad en estos tiempos difíciles por la pandemia de Covid-19, señalan legisladores.

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En nuestro país hay miles de individuos adscritos a decenas de programas y esfuerzos por promover el hábito de leer entre los que destacan el hoy disminuido Programa Nacional de Lectura de la SEP, el Programa Nacional Salas de Lectura de Conaculta con sus alrededor de cuatro mil salas, aunados a proyectos estratégicos y de iniciativas particulares como el de Consejo Puebla para la Lectura, -recientemente despojado de su espacio por órdenes de un auditor del estado de Puebla- o IBBY México.

¿Qué es la promoción de la lectura y del libro? Es algo más o menos como esto: casi todos los días, en especial los fines de semana, en nuestro país: en una plaza, en las jardineras de algún paseo público, en las aulas de cualquier escuela una persona, a quien por lo general le gusta leer se presenta ante un grupo de niños, adolescentes o adultos y con libro en mano les cuenta una historia. La narración detiene el tiempo. Los lectores oyen, fieles y a la expectativa, el desarrollo de la trama. Al final, una vez que ha mantenido al público atento, el promotor de lectura cierra el libro y le pregunta a su auditorio qué le agradó. En ocasiones esta actividad se complementa con otras de "mediación de la lectura", es decir, volver personal e íntimo el texto tras varias acciones como dibujar, realizar objetos con plastilina o la charla tradicional que ocurre tras la lectura.

El promotor de lectura es alguien que se autodesigna como tal y que proviene de prácticamente todas las profesiones y niveles económicos. A veces son lectores de muchos libros, en ocasiones de pocos, pero todos tienen en común que, más allá del bagaje cultural que poseen, desean compartir tiempo e historias. Saben que la lectura es buena, aunque sus herramientas para profundizar en ella y hacerla más accesible las aprenden más de forma empírica que académica.

Si hay tantos, ¿por qué parece que no suben los promedios de libros leídos por los mexicanos al año, por qué seguimos en los últimos escalafones de lectura entre los países de la OCDE y de cuantas organizaciones internacionales miden la comprensión de textos como las pruebas de PISA? La respuesta, tan compleja como querer explicar en qué reside el acto de leer, tiene qué ver con los problemas de visibilidad y de administración, con la falsa idea de que, bajo el lema "vamos a promover la lectura" se formarán solo lectores de "alta literatura" -término que aisla, dictamina y sanciona- cuando en realidad deberíamos de revisar a detalle cuáles son las prácticas lectoras que inciden en nuestro país para reconocer a todos los tipos de lectores que ya existen.

Las prácticas lectoras, concepto que recupero de Lucina Jimenez en su texto de Gestión cultural de los cuadernos de PNSL y que complemento con el de los "circuitos de lectura" de los que habla Graciela Montes, son las condiciones, libros y necesidades de lectura con las que se lee dentro de un gran panorama de textos y espacios a su disposición. Estas prácticas incluyen, además de la alta literatura, libros bestseller, novelas románticas, circuitos de lectura infantil y académica, pero también las revistas de notas de espectáculos, folletines de poesías decimonónicas y, ampliando aún más estos circuitos: todas aquellas maneras en las que los lectores se apropian de historias.

La promoción de la lectura en México tiene tantos brazos que es casi imposible contabilizarlos. Tantas lecturas. Tantos lectores. Tantos modos de ser lectores. Tantas formas de leer y de poner los libros a disposición de muchos. Se lleva el libro y se pone en acceso al subirlos a una carreta para llevarlos a los pueblos, como lo hacen en Nayarit; con policías que leen en los camiones, como lo hicieron por breve tiempo en Guadalajara y San Juan del Río, en Querétaro en sus programas " Lecturas inesperadas en espacios inesperados" y " Lectura y prevención ", respectivamente, hasta que cambios de director llevaron al cierre de estos programas. En el estado de Hidalgo hay al menos cuatro microbuses-biblioteca que recorren la sierra y en Puebla, en el barrio de San Antonio, hay un promotor que, con un triciclo y un megáfono, anda las calles del barrio, uno de los más peligrosos de la Angelópolis, para narrar cuentos a los niños que se quedan encerrados en casa mientras sus padres trabajan. En otros lugares los libros se "liberan" y son abandonan en plazas para lectores furtivos.

En nuestro país actualmente se han ido abandonado los espacios tradicionales de lectura (bibliotecas, centros culturales y casas de la cultura) pero la formación de lectores actúa como en guerrilla. A la par de los grandes programas, que deberían informarnos de sus verdaderos alcances, hay un ejército de promotores que silenciosamente llega a hospitales, cárceles, casas, centros de rehabilitación, escuelas. Mucho me he sorprendido al encontrar grupos de lectura en Matehuala, en una biblioteca especializada en historia en Villa de la Paz, SLP, o ver un espacio de lectura eficaz en el cual los chicos se pelean por los libros en una Universidad Técnica Agropecuaria en Santiago Ixcuintla o un grupo de ávidos lectores en Los Cabos.

A estas acciones hay que sumar la promoción de la lectura en las Ferias del Libro infantil y juvenil, las escasas visitas de autores a las escuelas, las acciones desarticuladas en la mayoría de las ocasiones, pero acciones al fin, del préstamo del libro en bibliotecas y hasta los cuestionados aportes de los booktubers, jóvenes que recomiendan libros en su mayoría sagas o traducciones de novelas de género vía YouTube.

Todos estos esfuerzos la mayoría de la veces son invisibles porque los propios promotores no comparten sus éxitos, porque al momento de los grandes encuentros de formación de lectores vienen más estudiosos extranjeros que mexicanos, pero más aún, porque a nivel nacional se sigue reduciendo el libro y la lectura solo al literario y al de algunos autores. Se aprieta la cuña para que leamos solo un tipo de libro, cuando en realidad no se han explorado todas las prácticas lectoras de nuestro país como la que ejercen los booktubers, los novelas que se recomiendan lectores de profesiones no humanistas, los cuentos que se ofrecen en mercados ambulantes; historias de las que la gente se apropia porque tal vez es posible vivir sin libros, pero es imposible vivir sin historias.

Peor: denigramos ciertas gestiones de lectura porque no las consideramos bajas a la altura. Atacamos a quienes tienen mala ortografía y leen a Paulo Coehlo, a quienes se emocionan con Los vengadores o quienes promueven libros que no están en el canon. El caso más reciente es el de Perrea un libro, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Las críticas han pasado de la mofa al horror, y muchos han demostrado ser fervientes defensores del acto del "buen leer". La mayoría centró sus ataques al discurso del proyecto, pero ¿alguien puede decir que está mal poner unos poemas en una canción de reggeaton y al final decir que eso salió de un libro? Parece, en el fondo, más una discriminación por promover la lectura con elementos de cultura popular del tipo: "si esos jóvenes perrean entonces no tienen derecho a leer", "si es reggaeton no puede ser vehículo para conducir la poesía", como si eso solo fuera exclusivo del canto nuevo, Caíto o los Spoken Word.

Los retos de la promoción de la lectura en nuestro país son tan complejos como nuestra propia nación. El primero es reconocer y validar todas las lecturas, todos los libros, todas las formas como lee nuestra sociedad. Otro es dar el paso de la promoción de lectura solo como divertimento para centrarnos en el análisis de la formación de lectores al detenernos en los procesos: qué ocurre con el lector, qué libros funcionan, qué métodos lúdicos y pedagógicos informales como refiere Daniel Penac y su clásico Como una novela, funcionan para los mexicanos. Pensar en la lectura con un método social y científico. Incluso el concepto "formación de lectores" debería ser menos rígido, acaso para hablar de una "asimilación de lecturas": el buscar más métodos para encaminar, jugar, para una revalorización amplia del verbo leer: apertura, hospitalidad: abrir el concepto de la lectura único del libro literario para ir a la lectura multifactorial/sensorial: cine, museos, partidos de futbol, viajes, conciertos, recuerdos que siempre vayan a lo que el lector reconoce en ellos como propio, así como en los libros nos encontramos.

El paradigma a cambiar no es solo el de las instituciones que trabajan proyectos a largo plazo, sino también en nuestros promotores de lectura para que empiecen a considerarse gestores culturales, a incidir más en la vida literaria de sus comunidades, a analizar qué ocurre con el lector en el momento en que se enfrenta al libro, a llevar un registro de sus estrategias para que en los grandes encuentros de formadores de lectores tengan más presencia como investigadores. Todo mediador-promotor-coordinador de lectura debe ser un investigador-escritor-divulgador de estrategias lectoras. Mientras no se dé ese cambio se mantendrá el país en el término falaz de "leer por placer", cuando en realidad un libro te pone en riesgo, el riesgo del yo ante el otro; un libro conmueve y duele cuando funciona o nos hace dudar de nuestra ideología. Leer por placer no abarca de manera completa lo que los lectores hacen con lentitud a partir de muchos hallazgos y sobre todo de riesgos. Leemos para desafiar quienes somos, no sólo para pasarla bien.

En la Universidad, en la carrera de Letras de la UANL, había un maestro que nunca dijo a sus alumnos lo que significaba o lo que era la Literatura. Cuando se le cuestionaba qué era para él respondía con preguntas que nos intentaban llevar a otras líneas de pensamiento: a respuestas que no llegaran del discurso fácil. De la misma manera: ¿Qué es la promoción de la lectura? ¿Leer por placer? ¿Vender libros? ¿Leer al menos 20 minutos al día? ¿Solo leer literatura con mayúsculas? ¿Que los lectores se hagan solos? La respuesta sigue estando allá afuera, pero se necesita que instituciones, promotores, escritores, críticos literarios, maestros y padres de familia empiecen a cuestionarlo con más argumentos, a exigir más a las instituciones que los cobijan, a los escritores de los que disponen a la mano, a recordar que cada extraño es en potencia un lector... pero nunca un lector como yo, como usted, con sus gustos y preferencias. Si respetamos y hacemos visibles todos los tipos de lectura sin caer en la burla, como abunda ahora en las redes sociales contra el reggaeton y los libros, estaremos dando un paso a reconocer un México que siempre ha leído por muy descabellado que eso suene.

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En nuestro país hay miles de individuos adscritos a decenas de programas y esfuerzos por promover el hábito de leer entre los que destacan el hoy disminuido Programa Nacional de Lectura de la SEP, el Programa Nacional Salas de Lectura de Conaculta con sus alrededor de cuatro mil salas, aunados a proyectos estratégicos y de iniciativas particulares como el de Consejo Puebla para la Lectura, -recientemente despojado de su espacio por órdenes de un auditor del estado de Puebla- o IBBY México.

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Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina

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A partir de 1997, la Ciudad de México ha vivido una importante transformación política y social, si bien aún incompleta, que le ha permitido dibujar un perfil propio en el diseño de políticas sociales y contribuir al debate nacional. De esta manera, han corrido paralelos un proceso de democratización y otro de innovación de las políticas públicas. Es necesario recordar que fue en ese año cuando se devolvió a los ciudadanos del Distrito Federal el derecho de elegir a sus autoridades locales, empezando por el jefe de Gobierno en 1997 y, posteriormente, en 2000, a los titulares de las jefaturas delegacionales. No obstante, el proceso aún se encuentra inacabado, en la medida en que la Ciudad de México, a diferencia de las restantes entidades federativas del país, no cuenta con una Constitución propia; los nombramientos del procurador de Justicia y del secretario de Seguridad Pública son compartidos con el presidente de la República; y, sobre todo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no es parte del Constituyente Permanente, por lo que no interviene en los procesos de reforma de la Constitución General de la República. Desde 1997 hasta la fecha se han sucedido cuatro elecciones de jefe de Gobierno y en todas ellas ha resultado ganador el candidato postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), generalmente en alianza con otros partidos, lo que ha permitido en la mayoría de los casos construir coaliciones gobernantes amplias con importante respaldo en el Poder Legislativo.

Continuidad con ajustes (mayores y menores)

La sucesión de tres gobiernos del mismo signo político ha significado que en el curso de los últimos 15 años se haya construido un conjunto de iniciativas públicas, desde legislativas hasta programáticas, caracterizadas esencialmente por la continuidad, lo que ha permitido escapar a los virajes o interrupciones de políticas y programas característicos de los cambios de gobierno. En esencia ha habido continuidad, pero con énfasis y orientaciones distintas y no exenta de tensiones y contradicciones. Grosso modo, puede decirse que las tres administraciones del gobierno de la ciudad: las de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-1999), Andrés Manuel López Obrador (2000-2005) y Marcelo Ebrard (2006-2012), han puesto el eje de su gestión, respectivamente, en los derechos políticos, los derechos sociales y los derechos civiles.

El gobierno de Cárdenas y su sucesora, Rosario Robles, se caracterizó, fundamentalmente, por iniciar el proceso de democratización de la ciudad y la reafirmación de los derechos políticos recién recuperados de los habitantes del Distrito Federal. En materia social, su eje fue la construcción de una nueva institucionalidad, su articulación en torno del concepto de equidad, la relevancia otorgada a temas emergentes (pueblos indígenas, salud mental, violencia de género, adicciones) y el énfasis en la prestación de nuevos servicios sociales (Servicios Comunitarios Integrados, Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, preparatorias públicas), en un contexto de construcción del marco jurídico de la política social. No obstante, este gobierno contó con pocos recursos presupuestarios y limitado tiempo para consolidarse y alcanzó coberturas acotadas. Su legado fundamental fue la recuperación de los derechos políticos, así como el establecimiento de las bases de la autonomía de la ciudad.

El gobierno de López Obrador y su sucesor, Alejandro Encinas, se caracterizó por colocar en el centro de su actividad y su discurso la política social y los derechos sociales. Canalizó importantes recursos adicionales hacia esta área y llevó a cabo iniciativas de gran calado, como la pensión alimentaria (o pensión ciudadana) de adultos mayores, consistente en una transferencia universal no condicionada equivalente a 70 dólares mensuales. Para finales de 2012, este beneficio llega a 480.000 personas mayores de 68 años en la Ciudad de México, y desde 2003 tiene la condición de derecho exigible conforme a la Ley de la Pensión Alimentaria de Adultos Mayores del Distrito Federal. Por otro lado, se concretó el apoyo económico a personas con discapacidad y las becas para niñas y niños en condición de vulnerabilidad social (conocido como Programa de Madres Solteras), entre otros. Y, al mismo tiempo, se avanzó en la compactación de acciones en torno del Programa Integrado Territorial (PIT), que agrupó en una lógica de planeación microterritorial los principales programas sociales.

A pesar del énfasis en las transferencias monetarias, también se hicieron esfuerzos muy importantes en materia de educación y salud. En el primer caso, creando una red de 16 nuevas preparatorias públicas agrupadas en el Instituto de Educación Media Superior y la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En el segundo caso, se echó a andar el Programa de Medicamentos y Servicios Médicos Gratuitos para Personas sin Seguridad Social (conocido como Programa de Gratuidad), que durante el gobierno de Encinas también fue elevado por la Asamblea Legislativa a la categoría de derecho exigible.

La pensión de adultos mayores y el Programa de Gratuidad son la expresión más acabada de la orientación de la política social del gobierno de López Obrador-Encinas, en particular por dos características: la universalidad y la exigibilidad. En el contexto de la primera década del siglo XXI, cuando parecía que la focalización por hogares y nivel de ingresos se había convertido en un principio (casi universal) de política social y cuando a las transferencias monetarias se les agregaba siempre el componente de la condicionalidad, las dos iniciativas sociales de mayor alcance de ese gobierno se construyeron en una lógica distinta, lo que tuvo un importante efecto en el debate nacional y en el diseño de políticas y programas a escala federal.

No obstante, este fue un gobierno en el que se estancó, o al menos no se expandió, la prestación de servicios especializados a la población: contra la violencia familiar, iniciativas en materia de equidad de género y diversidad sexual, unidades básicas de rehabilitación para personas con discapacidad, centros de día para adultos mayores, estancias infantiles, atención de adicciones, salud mental. La participación ciudadana se concentró en las instancias territoriales y se vivió un enfriamiento de la relación con organizaciones civiles especializadas en el desarrollo social.

El gobierno de Marcelo Ebrard dio continuidad a los programas sociales diseñados y puestos en marcha por sus antecesores, pero sobre todo colocó nuevos énfasis. Su administración se caracterizó por la relevancia dada a la equidad de género, el espacio público, la movilidad no motorizada y el reconocimiento de derechos civiles, sexuales y reproductivos. Las medidas emblemáticas de dicho gobierno -y que serán probablemente las de efecto más duradero- fueron la legalización de la interrupción del embarazo y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, junto con el reconocimiento del derecho de estas parejas a la adopción.

En materia social, una de las mayores apuestas e innovaciones fue el establecimiento del Seguro de Desempleo, primero en su tipo en el país, que cubrió con una prestación equivalente a un salario mínimo (145 dólares aproximadamente), por un plazo máximo de seis meses, a quienes hubieran perdido su empleo formal a partir de enero de 2008.

Además, se dio continuidad a los principales programas de la ciudad y se expandió el derecho a la pensión alimentaria de adultos mayores, ya que se redujo la edad mínima de 70 a 68 años, una de las pocas reformas pensionarias a escala internacional que disminuyó la edad para acceder al derecho. En este contexto se crearon nuevos programas y el gobierno introdujo otros enfoques, no exentos de contradicciones y tensiones, en la política social y los programas existentes.

Por ejemplo, en materia educativa se frenó la expansión del sistema de preparatorias de la ciudad y, en cambio, se puso en marcha un amplio programa de apoyo económico a estudiantes del bachillerato público (el programa "Prepa Sí"), que entrega un estímulo económico a cerca de 200.000 jóvenes de la ciudad. La singularidad de este apoyo económico es que los montos monetarios están diferenciados por nivel de calificaciones e incluyen condicionalidades como, además de estudiar, la de realizar dos horas de trabajo comunitario a la semana. De la misma manera se generó un programa para infancia denominado "Niños Talento"en el que, nuevamente, el criterio de las calificaciones o el rendimiento escolar es predominante y se otorgan apoyos económicos y servicios académicos adicionales a niñas y niños de escuelas públicas con calificaciones de 9 y 10.

En materia de salud, se dio continuidad al programa de medicamentos y servicios médicos gratuitos, pero el cambio fue en el peso y la relación con el programa nacional de protección en salud.Mientras que en la administración anterior el Seguro Popular era solo un complemento del Programa de Gratuidad -fundamentalmente para cubrir intervenciones de tercer nivel que este último no incluye, vinculadas a enfermedades que requieren tratamientos costosos o de alta complejidad-, en la administración de Ebrardtendió a tener mayor relevancia el primero, y se le dio prioridad a la afiliación al programa federal frente al local, y a hacer recaer el financiamiento de los servicios locales de salud en una mayor proporción en las aportaciones federales que en los recursos propios -aunque la proporción federal todavía no es mayoritaria-.

En materia de vivienda, se mantuvieron los programas de construcción y mejoramiento de unidades habitacionales en lote familiar. Pero la diferencia más importante respecto a experiencias anteriores es que se le dio mayor relevancia a la participación de las empresas inmobiliarias desarrolladoras de vivienda, frente a los procesos de autoconstrucción y de producción social del hábitat. Al tiempo que en el terreno social hubo continuidad de los programas creados en los gobiernos anteriores, particularmente en el de López Obrador-Encinas, se organizaron algunos programas grandes -como el mencionado "Prepa Sí"- o innovadores -como el de Mejoramiento Barrial-, pero se observó un cierto proceso de hibridación del enfoque de política social por la vinculación de criterios meritocráticos en el acceso a apoyos escolares, la introducción de condicionalidades en algunos programas, un peso más acentuado del programa federal de salud y mayor participación de agentes privados en la producción de vivienda social.

Del derecho al hecho... un largo trecho

Es probable que uno de los resultados más duraderos de estos 15 años de política social en la Ciudad de México haya sido la construcción de un avanzado y complejo marco jurídico con enfoque de derechos, en particular en sus ordenamientos fundamentales, como la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal o la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal fue la primera de este tipo en México, previa a la Ley General de Desarrollo que rige en el país. Y su carácter innovador radica en que fue concebida desde el enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales e incluyó un apartado de principios en que se postuló que la política social de la Ciudad de México se basa, entre otros, en la universalidad, la igualdad, la equidad social, la equidad de género y la exigibilidad de los derechos. Asimismo, postuló una definición amplia del concepto de política social, que escapa a su reducción a programas de combate a la pobreza o a la pobreza extrema. Para dar una idea de la amplitud de este ordenamiento, entre los objetivos de la política social enumerados en su artículo primero, se encuentran:

I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos sociales universales;

II.Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; III. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos territoriales;

IV. Integrar las políticas y programas contra la pobreza en el marco de las políticas contra la desigualdad social;

V. Impulsar la política de desarrollo social, con la participación de personas, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado y a la ampliación del campo de lo público;

VI. Revertir los procesos de exclusión y de segregación socio-territorial en la ciudad (...).

Es además una legislación que diseñó una compleja arquitectura institucional de la política social, en la que se incluye un instrumento de planeación y coordinación intergubernamental (la Comisión Interinstitucional), un mecanismo de consulta y participación ciudadana (el Consejo de Desarrollo Social) y un órgano de evaluación externa (el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social). No obstante la riqueza y alcance de esta ley, no se le ha dado pleno cumplimiento, ni en su marco normativo ni en el organizacional, por lo que la dificultad principal que enfrenta no es tanto la de su contenido como la de su desigual implementación. El principal problema es menos la ausencia o insuficiencia de la legislación, que la existencia de brechas de implementación que limitan su alcance y materialización. En la Ciudad de México, el tema del modelo de gestión de la política social y la armonización con el marco conceptual que la rige parece un asunto fundamental para su desarrollo en los próximos años.

Adicionalmente a las brechas de implementación, el marco normativo de la política social parece enfrentarse a un creciente problema de fragmentación y dispersión de la normatividad, con la progresiva multiplicación de ordenamientos cuyo sentido fundamental es el de elevar a rango de ley diversos programas, pero desvinculados de las políticas generales a las que pertenecen. De esta manera, existe la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y, de manera paralela, la Ley de Pensión Alimentaria para las Personas Adultas Mayores. La Ciudad de México cuenta con la Ley de Salud y simultáneamente con la Ley de Medicamentos y Servicios Médicos Gratuitos para Población sin Seguridad Social, además de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama; cuenta con la Ley de Educación y, al mismo tiempo, con la Ley de Educación Física y Deporte, la Ley del Seguro Educativo y la Ley del Acceso a un Paquete de Útiles Escolares. Todo esto vuelve cada vez más compleja la planeación y armonización de la política social en una lógica de integralidad, porque esta política debe ser mucho más que una suma de programas, acciones y beneficios. Asimismo, esta tendencia a la fragmentación y a la dispersión normativa erosiona uno de los propósitos centrales de la Ley para el Desarrollo Social: la de ser un ordenamiento general, paraguas, techo común que oriente no uno o dos programas, sino el sentido de conjunto de la política social.

El desarrollo desigual (y combinado) de la política social

Desde su diseño normativo, la política social de la Ciudad de México se propuso contar con una perspectiva integral, en línea con lo que se postula desde el enfoque de derechos humanos explícitamente incorporado en junio de 2011 en el artículo primero de la Constitución General de la República Mexicana, que a la letra dice: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad". Pero la complejidad reside en cómo construir una política social integral que parta de la indivisibilidad del bienestar y de los derechos, y en la cual no solo los derechos humanos, sino también las políticas sociales, deben ser indivisibles, interdependientes, progresivas y universales.

No es, por supuesto, un asunto privativo de la Ciudad de México, sino uno de los grandes problemas de la política social en el mundo entero, ya que existe un consenso creciente respecto a la multidimensionalidad de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, junto con la integralidad e interdependencia del bienestar. Empero, la formulación de las políticas y el diseño organizacional son siempre parciales y sectoriales, por lo que, en la práctica, la política social termina por separar en la administración lo que está unido en la realidad. Por ese motivo, hay muy pocos ejemplos exitosos (a escala internacional) que hayan logrado trascender el particularismo y la fragmentación sectorial.

En la búsqueda de un carácter integral, la política social de la Ciudad de México parece enfrentar tres grandes dificultades y desafíos:

- Existe un desarrollo sumamente desigual entre los cuatro grandes componentes de la política social: la prestación de servicios, las transferencias monetarias, los subsidios directos e indirectos y la infraestructura social. Hasta ahora, los diversos gobiernos de la Ciudad han puesto el acento en uno u otro aspecto, pero se está aún lejos de lograr un desarrollo armónico y complementario entre estas cuatro dimensiones, y con frecuencia lo que se presenta es una fuerte disputa de recursos entre ellas. Cuando ha habido expansión en la prestación de servicios, las transferencias monetarias tienden a rezagarse, y a la inversa: cuando se han priorizado las transferencias monetarias, cae la inversión en la prestación de servicios. Además, se registra una insuficiente discusión pública sobre el tema del alcance y la magnitud de diversos subsidios.

- No hay una articulación entre la política fiscal y la política social. Ninguna fuerza política en la ciudad ha abierto el debate sobre cómo financiar a largo plazo la expansión de la política social y el papel de la fiscalidad local en ese ámbito, más allá de las limitaciones financieras y fiscales de un gobierno del Distrito Federal. Una excepción fue la decisión de financiar la expansión de la política social con lo que se llamó "austeridad republicana" (un recorte en los gastos de la alta burocracia y baja inversión en desarrollo institucional) que rigió durante el gobierno de López Obrador-Encinas. Es decir, se trata de cómo abordar el problema desde la perspectiva de los ingresos y no solo del ahorro en el gasto, sin desconocer las virtudes de lo anterior pero, al mismo tiempo, sin dejar de ver sus limitaciones. La cuestión fiscal parece estar fuera de la discusión pública, lo que genera una tensión entre crecientes demandas de expansión del gasto social y la inversión estatal y una fiscalidad local estancada o incluso en retroceso por medidas como la eliminación del impuesto sobre tenencia de automóviles desde 2012. Hasta ahora, el tema del financiamiento del desarrollo de la ciudad ha sido planteado por las autoridades del Distrito Federal más como un asunto de renegociación del pacto de coordinación fiscal nacional (que en parte lo es, por supuesto) y de mayor participación privada en la apropiación de la renta urbana, vía inversiones en infraestructura pública, como en el caso de las vialidades de cuota (autopistas urbanas en que se paga peaje). No obstante, sigue sin aparecer con fuerza la cuestión de la fiscalidad propia de la ciudad y la pertinencia de articular un círculo virtuoso entre las capacidades redistributivas de la política social y de la política fiscal.

- Se puede observar la postulación de una política social con base en el ciclo de vida, pero con profundas desigualdades en el alcance de las intervenciones públicas para cada una de las etapas. En particular, la Ciudad de México tiene una política y un presupuesto significativo para personas adultas mayores (solo la pensión ciudadana significa cerca de 5.000 millones de dólares anuales), pero sufre de un muy fuerte rezago en las políticas y programas de infancia y de juventud. Una política de ciclo de vida debe ser lo más integral posible y no puede tener una punta fuerte (adultos mayores) y una punta muy débil (infancia). Adicionalmente, la insuficiencia de las políticas y los programas para la infancia y la juventud tienen implicaciones no solo para ese periodo de la vida, sino para la edad adulta y la calidad del envejecimiento; es decir, para el ciclo en su totalidad.

Más allá de este conjunto de problemas, la Ciudad de México ha desarrollado elementos de reflexión muy relevantes sobre la política social que le permiten contar con una masa crítica en construcción para discutir aquellas problemáticas y diseñar distintos cursos de acción. No hay que olvidar que se trata, en todo caso, de desafíos del desarrollo de una política sobre la base de una obra construida amplia, compleja y de largo alcance. Entre esta masa crítica se encuentran documentos elaborados en procesos sociales y deliberativos muy ricos, como la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, las más de 20 evaluaciones y 150 recomendaciones sobre la política social emitidas por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, los diagnósticos y líneas programáticas incluidos en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los seminarios organizados por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, y la investigación realizada al amparo del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de la UNAM. Pero, además, existe un conjunto de intelectuales, académicos, organizaciones civiles y sociales críticos, activos y participativos que continuarán pugnando por que la Ciudad de México sea un espacio de análisis y debate que permita construir políticas sociales intensivas en conocimiento e innovación, y desde una perspectiva de derechos.

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Quince años de política social en la Ciudad de México. Logros y desafíos, lecciones y tensiones | Nueva Sociedad

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A partir de 1997, la Ciudad de México ha vivido una importante transformación política y social, si bien aún incompleta, que le ha permitido dibujar un perfil propio en el diseño de políticas sociales y contribuir al debate nacional. De esta manera, han corrido paralelos un proceso de democratización y otro de innovación de las políticas públicas.

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La mandataria local adjudicó la pérdida de alcaldías gobernadas por Morena a la atención a la pandemia de Covid-19 y la vacunación.

Para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el que Morena haya perdido cinco alcaldías en las pasadas elecciones del 6 de junio, se debió a que no hubo la suficiente difusión de programas sociales implementadas en su administración y por parte del gobierno de México.

En rueda de prensa, Sheinbaum Pardo reconoció que los esfuerzos estuvieron enfocados en atender la pandemia de Covid-19 y la estrategia de vacunación y no en dar difusión a los avances en programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, Mi Beca para Empezar y los centros PILARES.

"Quizá por el tema de la pandemia, la vacunación; reforzamos mucho la información relacionada con ello y dejamos de difundir, pues este trabajo tan fundamental que hace el Gobierno de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. No se nos puede olvidar jamás que la Pensión a Adultos Mayores inició en la Ciudad de México", destacó.

Insistió en que una campaña de desprestigio jugó en contra de Morena y de la llamada "Cuarta Transformación", incluso criticó los memes -que consideró "clasistas"- y que surgieron a raíz de la forma en que quedó dividida la capital del país políticamente.

"No vamos a permitir ni la discriminación, ni este clasismo que se está promoviendo; una vez que ganaron la elección, se quitaron la máscara. Eso son... mujeres que defienden derechos de las mujeres votando por el PAN, que llama 'viejerio' a las mujeres", criticó la mandataria.

La jefa de Gobierno se dijo segura de que la polarización que permea en gran parte del país es generada desde los grupos y partidos opositores y no desde el proyecto del presidente López Obrador.

"Entonces, esto es a lo que nos vamos a seguir dedicando todos los días en la ciudad: a fortalecer este trabajo y a que estas campañas sucias, negras, mentirosas, con falta de ética, haciendo uso de la tragedia; todo eso lo vamos a combatir con información todos los días. Y siguiendo con este apoyo que hemos seguido dando y este trabajo de transformación de la ciudad, del que estamos muy orgullosos", argumentó.

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"Quizá por el tema de la pandemia, la vacunación; reforzamos mucho la información relacionada con ello y dejamos de difundir, pues este trabajo tan fundamental que hace el Gobierno de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. No se nos puede olvidar jamás que la Pensión a Adultos Mayores inició en la Ciudad de México", destacó.

Insistió en que una campaña de desprestigio jugó en contra de Morena y de la llamada "Cuarta Transformación", incluso criticó los memes -que consideró "clasistas"- y que surgieron a raíz de la forma en que quedó dividida la capital del país políticamente.

"No vamos a permitir ni la discriminación, ni este clasismo que se está promoviendo; una vez que ganaron la elección, se quitaron la máscara. Eso son... mujeres que defienden derechos de las mujeres votando por el PAN, que llama 'viejerio' a las mujeres", criticó la mandataria.

La jefa de Gobierno se dijo segura de que la polarización que permea en gran parte del país es generada desde los grupos y partidos opositores y no desde el proyecto del presidente López Obrador.

"Entonces, esto es a lo que nos vamos a seguir dedicando todos los días en la ciudad: a fortalecer este trabajo y a que estas campañas sucias, negras, mentirosas, con falta de ética, haciendo uso de la tragedia; todo eso lo vamos a combatir con información todos los días. Y siguiendo con este apoyo que hemos seguido dando y este trabajo de transformación de la ciudad, del que estamos muy orgullosos", argumentó.

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derrota de morena en cdmx por campaña de desprestigio

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sheinbaum acusa de clasistas a memes de la cdmx

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Caída de Morena en CDMX, por poca difusión de programas sociales: Sheinbaum

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Periódico La Jornada
Jueves 1º de agosto de 2019, p. 23

La brecha que prevalece en los ingresos que reciben los hogares más pobres y los más ricos no cambiará mientras la mayoría de los mexicanos trabaje en la informalidad, carentes de seguridad social, y los salarios sean muy bajos, aseveró Marcelo Delajara, director de crecimiento económico y mercados laborales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Cualquier crecimiento que registre el país, sea mucho o poco, sólo se concentrará en la población más rica mientras no cambie el modelo económico, dijo a su vez José Antonio Romero, investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

Los especialistas aseveraron que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, presentados este miércoles, muestran que no es significativa o representa un cambio mínimo la reducción de la desigualdad en los últimos tres sexenios. Coincidieron de nada han servido los programas sociales que ha lanzado cada gobierno para reducir la pobreza.

En primer lugar México tiene una economía que sólo favorece a un grupo y no a la mayoría. En segundo lugar, los programas sociales no han servido para mitigar esa desigualdad. De nada sirve que México haya crecido 2 por ciento en 2018 si sólo aumentaron los ingresos de empresarios como Carlos Slim. No tenemos datos económicos en centiles para saber cómo el uno por ciento de los mexicanos se ha vuelto más rico, comentó Romero.

No vemos un cambio significativo en los ingresos de los hogares y eso tiene que ver con el ingreso laboral que apenas ha cambiado, con un incremento de apenas 0.3 por ciento en promedio. El ingreso laboral es la parte más importante del ingreso de los hogares, puntualizó Marcelo Delajara.

Es un problema estructural

Si bien el empleo ha crecido al grado que la tasa de desocupación volvió a ser la misma que antes de la crisis financiera mundial de 2008, los salarios apenas se han movido y, en promedio, el salario base de cotización aumentó menos de uno por ciento en ese periodo.

Así que no ha cambiado gran cosa la magnitud entre los ingresos de los hogares del primer decil de los ubicados en el décimo, puntualizó el especialista del CEEY y lo atribuyó a un problema estructural. El mercado laboral, dijo, está fragmentado entre el sector formal e informal y se ha mantenido muy estable en las pasadas dos décadas, tanto en el número de personas de cada sector como en la diferencia de salarios que perciben.

Las familias de los deciles más bajos son trabajadores informales y los de deciles más altos son formales, por eso se mantiene esa diferencia en que los hogares más ricos superan 18 veces los ingresos de los más pobres.

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La Jornada: De nada sirven los programas sociales contra la pobreza: especialistas

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Periódico La JornadaJueves 1º de agosto de 2019, p. 23 La brecha que prevalece en los ingresos que reciben los hogares más pobres y los más ricos no cambiará mientras la mayoría de los mexicanos trabaje en la informalidad, carentes de seguridad social, y los salarios sean muy bajos, aseveró Marcelo Delajara, director de crecimiento económico y mercados laborales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

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Alejandra Vera

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Sistema de Información para el Bienestar (SIBIS)

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En 2021, 240 programas sociales de 30 dependencias y alcaldías estarán en operación en la Ciudad de México. El Gobierno Central ha registrado 41 de 41 programas aprobados. Las alcaldías han registrado 63 de 63 programas aprobados.

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Los programas sociales se deben de bazar en una gestión , es decir donde tenga una organización, voluntad, rumbo y lo más importante enfocarse en una comunidad donde se obtenga una observación previa junto con esto va de la mano con los derecho humanos como la libertad cultural y el derecho a la diversidad constituyen una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad propia sin verse excluido de otras alternativas. El reconocimiento de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad humana. Estos programas reconoce al otro a través de su participación. JACQUELINE.

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Reconocer las acciones que cada programa lleva a a cabo, y como a través de ellos, las instancias garantizan algunos derechos a la ciudadanía y qué fallas tienen, así el gobierno puede tomar en cuenta, mejorar e incluso dar pasos más grandes y constitucionalizar ciertas acciones para que se vuelvan derechos sociales.   Sandra

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Reconocer las acciones que cada programa lleva a a cabo, y como a través de ellos, las instancias garantizan algunos derechos a la ciudadanía y qué fallas tienen, así el gobierno puede tomar en cuenta, mejorar e incluso dar pasos más grandes y constitucionalizar ciertas acciones para que se vuelvan derechos sociales.   Sandra

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Gaspar, A (2012). En busca de una ciudad lectora, libro clubes de la Ciudad de México. Ciudad de México: México, Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

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Los programas sociales son beneficios en tanto buscan el fortalecimiento y mejoramiento de distintos ámbitos como  la mejora educativa, productividad,
así como la superación de carencias sociales, ciencia y tecnología, mejora en salud, mejora
laboral, bienestar social, desarrollo cultural, medio ambiente, desarrollo rural y
bienestar económico.
Tomando en cuenta los derechos fundamentales de la población.

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Que los programas hayan surgido partiendo de las necesidades de la ciudadanía, además de implementar su enfoque con base en el cumplimiento y la ejecución de los derechos humanos. Gracias a esto es que hoy contamos con la Ley de Desarrollo Social. Rubén García

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Por la diversidad de las personas y la diversidad de necesidades que existen en cada contexto social, los derechos no llegan a garantizarse del todo puesto que existen brechas sociales que generan desigualdades que impiden tal garantía. Repensar si las acciones implementadas en espacios reales por parte de los programas sociales caen en un sentido de "privilegio"

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Los programas sociales favorecen a la población ya que reduce desigualdades. La sistematización de los resultados ayuda a la creación de estrategias para lograr los objetivos planteados.  

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Los programas sociales favorecen a la población ya que reduce desigualdades. La sistematización de los resultados ayuda a la creación de estrategias para lograr los objetivos planteados.  

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Ale Vera

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La falta de una buena operación por parte del equipo interno o externo, una buena comunicación y empatía para el trabajo comunitario. Cynthia

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Elementos de monitoreo y evaluación: no se encuentran bien definidos, y en ocasiones son subjetivos, lo que dificulta, y lleva, a buscar procesos y herramientas de medición que ayuden a la redición de cuentas y alcance de objetivos. Alejandra M.

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La corrupción y el poco rigor de algunas personas funcionarias públicas

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Erick Israel Cosme García

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A un año y medio de que arrancaron 17 nuevos programas sociales creados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó las primeras evaluaciones sobre su diseño. Sin embargo, algunos de los que más ha presumido la administración como programas insignia rechazaron buena parte de las recomendaciones recibidas para mejorar, con argumentos como que los evaluadores no entendieron bien el programa o tuvieron prejuicios en su contra.

Es el caso de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Mientras que el Coneval advirtió que tiene deficiencias en su diseño debido a que no identifica a la población objetivo, la forma de medir las metas, y carece de lineamientos para la aplicación de los recursos, pertinencia de las carreras y sedes, la autoridad responsable respondió que los señalamientos son "prejuicios".
Leer más: Por la pandemia, la Auditoría aplaza la revisión al primer año de gobierno de AMLO
"Debemos reconocer que para nosotros no fue una grata sorpresa encontrarnos con que, justo al inicio de la gestión, se nos informara que había la pretensión de continuar con la práctica de imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores, sobre todo cuando había sido ostensible su ineficacia para impedir el desorden de la administración pública, el abuso en la gestión de recursos que pertenecen al pueblo de México y el desborde de la corrupción", dice la respuesta institucional.

Como parte del proceso de evaluación, el Coneval envía un informe con los hallazgos a las dependencias involucradas y estas tienen derecho a responder si ya se hicieron ajustes, se harán, o no se acepta la recomendación.

En este caso fue al Organismo Coordinador de las Universidades, descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que dirige Raquel Sosa, quien ha sido funcionaria con López Obrador desde que fue jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2000.

El Coneval recomendó mejorar sus conceptos porque no hay claridad, por ejemplo, en la definición de la población atendida, pues "parecería estar definiendo no a los beneficiarios directos de la intervención sino indicando los efectos positivos que se podrían derivar en diversos actores de la sociedad como resultado de la implementación de las sedes educativas".

El Organismo en cambio, advierte que el objetivo del programa es "contribuir a la política social" mediante la incorporación de personas con bachillerato al nivel licenciatura "pertinentes al desarrollo económico y social de localidades, municipios y regiones en situación de pobreza y marginación", pero esto, dice el Consejo "es un objetivo mayor al que el programa contribuye y su logro no está controlado por los responsables de la intervención".

Por lo tanto, "es necesario repensar" cuál problema pretende resolver el programa y cómo lo va a hacer; si el problema se centra en reducir la exclusión de los estudiantes a la educación superior a través de la creación o adaptación de infraestructura educativa y con programas educativos acordes a sus contextos, "la unidad de medida de sus poblaciones serían personas que son excluidas, que quieren ingresar y las que ingresaron y el número de planteles así como de programas de estudio serían acciones para lograr el objetivo antes mencionado", recomendó el informe.

La Coordinación de las Universidades arremetió contra "la empresa" que hizo la evaluación inicial, ya que el Coneval se apoya en consultoras o centros de investigación públicos para las evaluaciones. Criticó que evaluó uno de los planteles "con una visión claramente ideologizada".

"La experiencia que la empresa que se contrató inicialmente tuvo con nuestra escuela de Texcoco fue frustrante e inaceptable, porque no se intentó en absoluto hacer una evaluación de los avances del programa, sino descalificarlo, cuestionarlo y buscar encontrar cualquier posible error o deficiencia para promover su desaparición o la destitución de sus autoridades y un cambio radical en su orientación", reclamó.

El Programa de Universidades es "complejo, enraizado en las comunidades", resumió la institución en su respuesta. Es por eso que se enfoca en estudiantes que han pasado por "difíciles problemas de supervivencia y que se han sobrepuesto a la exclusión en condiciones precarias en comunidades en las que la precariedad o la carencia de casi todo, es experiencia de vida de decenas o cientos de años", por eso es que, insistió, "no puede ser comprendido desde la métrica simplificadora que se nos impuso".

No entendieron o no tomaron el contexto de programas, se justifican

En el caso de Sembrando Vida, que depende de la Secretaría de Bienestar, aunque se aceptaron la mayoría de recomendaciones y se propusieron modificaciones, la dependencia también criticó a la instancia evaluadora. Entre sus argumentos, critica que no se haya tomado en cuenta el contexto del conjunto de políticas públicas destinadas a la superación de la pobreza "o aquellas que buscan la recuperación de territorios abandonados como resultado de las políticas neoliberales rurales".

Aquí en lugar de quejarse de un comparativo con otros países, reclama que no se haya hecho, es decir, que no se vieran las propuestas de países con economías emergentes como Brasil, India o Sudáfrica para valorar las acciones mexicanas.

Lamenta que se evaluaran documentos sobre el diseño, como era el objetivo del Coneval, y no el grado de satisfacción de los beneficiarios. Agrega que de las entrevistas que se hicieron a una parte de quienes reciben los apoyos, "dichos resultados fueron generalizados a la totalidad del Programa, de los cuales está la duda de que el equipo evaluador haya utilizado un marco teórico cuantitativo, con un diseño de muestra pertinente, para que sus hallazgos tengan validez estadística".

La Secretaría de Bienestar también rechazó 5 de 12 recomendaciones planteadas sobre la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, referentes, por ejemplo, a la necesidad de reforzar las capacitaciones a los Servidores de la Nación, encargados de identificar a personas susceptibles de ser inscritos, ya que en las entrevistas, ellos mismos reconocieron tener confusión para distinguir discapacidad permanente de temporal. Pero la secretaría justificó que las capacitaciones son constantes.

"El análisis realizado por el equipo evaluador se considera de gran valor para identificar áreas de mejora para la operación del Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Sin embargo, se considera que los hallazgos identificados no cuentan con el suficiente sustento, debido al poco entendimiento o comprensión de los procesos de planeación y ejecución del programa", reclamó Bienestar.

En el análisis del programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que sustituyó a Estancias Infantiles, la dependencia aceptó que tomará o ya ha tomado acciones de mejora a solo 6 recomendaciones, mientras que otras 10 las contradijo o comentó que no eran precisas. Por ejemplo, rebatió las cifras de beneficiarios que el Coneval tomó de los informes trimestrales que elabora la propia Secretaría sobre sus programas sociales, que fueron a la baja durante todo 2019, y aseguró que en realidad tiene el doble de inscritas.

Una de las recomendaciones fue generar información sobre el acceso o permanencia de las beneficiarias en el mercado laboral o educativo para evaluar el impacto del programa a los tres años.

"El programa tiene como prioridad la atención de las Niñas y Niños mediante una transferencia económica, por lo que el comentario no se acepta dado que no tiene fundamento de acuerdo a los criterios del programa", respondió, a pesar de que las madres o padres de los menores son quienes están marcados como población objetivo.

En su informe a Jóvenes Construyendo el Futuro, otro de los programas estrella del gobierno actual, el Coneval advierte que éste no cuenta con mecanismos operativos, instrumentos metodológicos, ni personal, para evaluar qué tan efectivo está siendo el programa y la capacitación laboral que recibieron más de un millón de jóvenes el año pasado. Por ello señaló que "se corre el riesgo" de que los jóvenes becados, que reciben 3 mil 748 pesos del gobierno mientras se capacitan en centros de trabajo durante un año, salgan del programa "sin haber registrado cambio alguno en su capacidad de empleabilidad o de habilidades laborales".

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo respondió que los evaluadores del Coneval "no entendieron del todo" los objetivos de este Programa social, a pesar de las múltiples reuniones de trabajo que mantuvieron con ellos.

La dependencia subrayó que el objetivo del programa no es, per se, capacitar a los jóvenes, sino vincularlos con el mundo laboral y los centros de trabajo que son los que, en la práctica, los deben de capacitar a partir de un modelo basado en "aprender trabajando".

También planteó que en el gobierno federal la forma de operar los programas sociales "ya es distinta", por lo que criticó que estos sean medidos por el Coneval "por los mismos instrumentos con los que se han evaluado siempre".

Otra secretaría de las que más rechazó recomendaciones fue la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre el Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017. En 28 recomendaciones, a 14 contestó " La propuesta no se considera una acción de Mejora para el programa ".

Este caso tiene la complejidad de involucrar a varias dependencias, por lo que varias veces Sedatu señaló que no había estado en sus manos o que los retrasos en alguno de los cuatro sectores que tiene el programa (vivienda, salud, cultura y educación) provocaron que no se tuviera el diseño a tiempo para el ejercicio 2019, sino hasta 2020.

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Coneval ve fallos en programas insignia de AMLO; gobierno los rechaza

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A un año y medio de que arrancaron 17 nuevos programas sociales creados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó las primeras evaluaciones sobre su diseño.

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Los programas sociales se han visto beneficiados por prácticas que los han logrado colocar dentro de la jurisprudencia local y federal, garantizando que estos contribuyan al goce de los ciudadanos de sus derechos sociales universales y que esto a su vez promueva su acceso a una vida digna. Como lo ha expresado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los derechos humanos y sociales a través de los programas sociales ya no son vistos como mercancía sino que son para contribuir al bienestar y la justicia social de todas y todos. Brenda Salazar.

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Una de las prácticas que favorece es que los indicadores para el estudio de la población objetivo fueron diseñados adecuadamente considerando su contexto como (Nivel socio económico, vulnerabilidad y responde a los derechos fundamentales)

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Vincular los programas sociales a un partido político. Si bien sabemos que un partido político impulsó el desarrollo y la creación de diversos programas sociales, al estar presentes de manera constitucional dentro del marco de una reforma en materia de política cultural, deberían atribuirse a las instituciones públicas, porque realizar ese tipo de acciones forma parte de su función.

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La falta de difusión en medios más comunes como podría ser un anuncio en un video de YouTube, o en Facebook y replicar el mismo tipo de programas sin tener una adaptación más fiel al publico objetivo .

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La falta de transparencia en el uso de los recursos destinados a ellos (apenas 23.6 % de los programas dan a conocer a quiénes fueron destinadas esas ayudas); están dirigidos solo a algunas personas o grupos (solo 30 % de los hogares en México son beneficiarios de algún programa social).

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Falsa idea de pensar, por parte de los programas sociales, que todas las personas beneficiarias se encuentran en las mismas condiciones para recibir estos programas, un ejemplo son las condiciones que se viven actualmente con la pandemia, muchos no cuentan con los recursos tecnológicos para asistir a actividades virtuales y las cuestiones económicas afectan en la disponibilidad para poder desarrollar actividades culturales.

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Los programas sociales favorecen a la población para garantizar sus derechos en una forma práctica.
Tomar acciones como mejores políticas públicas, organización y transparencia fortalecerán la efectividad del programa

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Los programas sociales son beneficiosos en todas sus índoles puesto que ayudan a sectores de la población con situaciones sociales complicadas, de forma que se pueda tener una igualdad mayor en ciertos aspecto.

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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/los-programas-ni-son-sociales-ni-funcionan-6892760.html

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El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas

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No porque una mentira se repita mil veces se convierte en verdad, y así sucede con los mal llamados programas sociales del actual gobierno federal que, con base en cifras y diagnósticos, se ha evidenciado que no son programas ni son sociales y mucho menos cumplen con el cometido de auxiliar a las y los mexicanos más pobres para salir adelante.

Lo que sí se comprobó el pasado 6 de junio es que están medio hechos para comprar votos, no para ayudar a la gente.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha advertido que los "programas sociales" prioritarios de la actual administración federal fueron puestos en marcha con deficiencias en su diseño, ya que en su primer y segundo año de operación carecieron de una definición clara de su población objetivo y de los problemas sociales que buscaban atender.

De igual forma, operaron con poca o nula infraestructura física y recursos humanos dado el contexto de "austeridad" y aún no está claro el impacto de los programas en las condiciones de vida de la población.

Lo que mal empezó, ha empeorado con el paso de los meses, pero se ha agravado aún más con la pandemia y la nula capacidad de respuesta del gobierno federal.

Una de las situaciones más preocupantes vinculadas con la deficiencia de los programas sociales actuales es que carecen de reglas de operación, o en pleno funcionamiento se realizaron cambios a sus reglas, ocasionando una incertidumbre que ha puesto en riesgo su operación en favor de los beneficiarios.

Las intervenciones de los programas cuentan con poca claridad en la definición del problema que pretender resolver y ello se refleja en los siguientes datos.

En mayo pasado 387 mil 756 mexicanos se sumaron a las filas del desempleo, sin que exista un plan o programa social abocados a la atención y apoyo de este sector de la población.

Hoy la informalidad laboral en el país alcanza a 55.5% de la población ocupada, representando un incremento de 3.7 puntos porcentuales respecto a mayo del año pasado, lo cual se traduce en falta de cobertura de servicios sociales básicos como la salud y alimentación.

30.5 millones de mexicanos son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, lo cual debería ser un foco prioritario de atención para el gobierno y no lo es.

Existe un aumento abrupto en el indicador de carencias por salud derivado de la desaparición del Seguro Popular y el fracaso que ha sido el llamado INSABI, a lo cual se suma la falta de medicamentos, equipo médico, mantenimiento de instalaciones y despido de médicos y enfermeros.

De 170 indicadores de la situación antes del inicio del programa y metas (a dónde quieren llegar) de los programas prioritarios de la administración federal, en 101 ni siquiera se estableció una línea de base o punto de partida para medir avances, mientras que en 40 indicadores se establecieron metas iguales a su línea base, es decir, no se buscó una mejora de la situación prevaleciente sino solo mantenerla.

Se trata de una verdadera catástrofe que ha arrasado con los programas sociales que sí funcionaban para dejarnos sin nada, especialmente a los más pobres y vulnerables.

Hoy en día no existe ningún indicador ni diagnóstico que permita sostener que hay una política social y menos aún que ésta sea exitosa o haya sido factor central para permitir que alguien superara la pobreza.

@jlcamachov

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Los programas ni son sociales ni funcionan

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No porque una mentira se repita mil veces se convierte en verdad, y así sucede con los mal llamados programas sociales del actual gobierno federal que, con base en cifras y diagnósticos, se ha evidenciado que no son programas ni son sociales y mucho menos cumplen con el cometido de auxiliar a las y los mexicanos más pobres para salir adelante.

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Son un conjunto de instrumentos del gobierno capitalino que tienen por objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población. Esto lo llevamos a cabo mediante el otorgamiento de diversos tipos de apoyos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, productivos, sociales u otros que representen un beneficio para la ciudadanía

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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México

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Todos los programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todas las personas contribuyentes. Esta prohibido el uso de los programas con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de estos programas en la Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México

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Todos los programas son de carácter público, no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todas las personas contribuyentes. Esta prohibido el uso de los programas con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.

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Prácticas que no favorecen a los programas sociales

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Prácticas que no favorecen a los programas sociales

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Prácticas que favorecen a los programas sociales

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Prácticas que favorecen a los programas sociales