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fué una dictadura cívico-militar que gobernó a la República Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la entrega incondicional del poder a un gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983. Adoptó la forma de un Estado burocrático-autoritario y se caracterizó por utilizar un "plan sistemático" de terrorismo de Estado.

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El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta María Estela Martínez, imponiendo en su lugar una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las FF. AA., que dictó varias normas de jerarquía supraconstitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo, de la Nación y las provincias, que recibió el título de "presidente", y cinco funcionarios civiles que ocuparon la Corte Suprema.

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fueron combatir la "corrupción", la "demagogia" y la "subversión", y ubicar a la Argentina en el "mundo occidental y cristiano". Estableció un nuevo modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo, recién surgido, impuesto a través de una masiva violación de derechos humanos, en línea con el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población calificado como "populistas", "zurdos", "izquierdistas" o "subversivos".

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La dictadura produjo al menos 6348 desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, etc, que ha sido judicialmente calificado como genocidio.​ La dictadura contó con el apoyo o la tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos, la Iglesia católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo.

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Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la ciudad Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfield, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.

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El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30 000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente quince mil víctimas. La CONADEP documentó 8961 casos. En pocos casos, personas que estuvieron ilegalmente detenidas o desaparecidas, han retornado a la vida plena.

Dentro de las listas de víctimas figuran también cientos de ciudadanos extranjeros de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras. Adicionalmente más de 500 000 personas que tuvieron que exiliarse.

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El Proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas, las cuales dieron a luz, en muchos casos, en cautividad. La práctica habitual de los grupos de tareas, como el temible Grupo de tareas 3.3.2, fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca Más también hay testimonios de secuestrados que afirman haber escuchado los gritos de sus propios hijos mientras eran torturados, lo cual era una estrategia de tortura psicológica hacia los padres, con el objetivo de desmoronarlos moralmente.

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Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre doscientos cincuenta y quinientos, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que ya ha encontrado a más de cien nietos secuestrados por la dictadura.

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La característica central de la política educativa de la dictadura fue poner fin a la “escuela única” vigente históricamente en la argentina, igualitaria para todos, que equilibraba las diferencias y las desigualdades para la población que concurría.Con medidas estructurales, financieras, organizacionales, curriculares y didácticas, la dictadura fortaleció sus mecanismos de segmentación y diferenciación interna.El Proceso de Reorganización Nacional produjo una reformulación del Estado docente como principal agente educador. Favoreció además un aumento de segmentación en el sistema educativo en temas como las propuestas curriculares, el nivel de cobertura del sistema y las políticas salariales docentes, favoreciendo al sistema educativo privado.La dictadura reordenó el sistema de acuerdo a criterios excluyentes, meritocráticos y elitistas, con el fin de lograr una mayor equivalencia entre el sistema educativo y las clases sociales. Las políticas didácticas de la dictadura tuvieron en sus fines generar una homogeneización mediante una propuesta modernizadora en cuestiones pedagógicas y didácticas.

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La dictadura llevó a cabo una sistemática labor de censura, en la cual se quemaron cientos de miles de libros. Así pues, de editoriales como el Centro Editor de América Latina se quemaron 1 500 000 de ejemplares, y de Eudeba unos 90 000.
Entre algunos casos paradigmáticos se prohibió la enseñanza de la matemática moderna, o los temas musicales en los que Carlos Gardel era acompañado solo por guitarras. Grupos de censores marcaban con una cruz los temas musicales que no podían ser transmitidos por las emisoras radiales.
En septiembre de 1980, un comunicado ministerial prohibió el uso en las escuelas de los textos de Antoine de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de El Principito.

Editores, periodistas, escritores, poetas, cantantes, fueron prohibidos

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Las Madres de la Plaza de Mayo son madres de los desaparecidos que comenzaron a organizarse durante la dictadura con el objetivo de descubrir el paradero de sus hijos.
Giraban alrededos de la Plaza de mayo en parejas mientras transitaban ya que el gobierno no permitía que se quedasen hablando ni las manifestaciones.En 1977, el grupo inicial fue infiltrado por el integrante de la Armada Argentina y represor Alfredo Astiz, resultando secuestrados, torturados y muertos una cantidad importante de miembros del grupo, incluidas algunas fundadoras.

Las madres y abuelas de los desaparecidos han llevado a cabo una militancia desde los mismos comienzos de la dictadura hasta la actualidad.

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En diciembre de 1981 la Junta Militar comenzó a preparar secretamente la invasión de las Malvinas.​ Argentina considera que las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur constituyen territorios propios usurpados por el Reino Unido en 1833.
El 2 de abril de 1982 la invasión se materializó. La dictadura estableció una gobernación militar y una fuerza militar con el fin de negociar para anexionar las islas definitivamente a la República.
La resistencia popular cada vez más fuerte giró a favor de la acción militar.​ La mayoría de los dirigentes políticos apoyaron al hecho.

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Las Fuerzas Armadas constituyeron la Guarnición Militar Malvinas para guarecer el archipiélago. Convocaron a miles de conscriptos a las filas. Las operaciones quedaron a cargo del Comando del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), del cual dependían todos los mandos en operaciones.
El 1 de mayo comenzaron las hostilidades en Malvinas. Los combatientes argentinos resistieron al ejército británico durante 45 días.
El momento más crítico fue el hundimiento del crucero ARA General Belgrano por parte de un submarino británico.​ Un número de 323 argentinos murieron en el incidente. El hecho es controversial por cuanto el crucero estaba fuera de la zona de exclusión total instaurada por el Reino Unido.

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El gobierno vió aquella oportunidad que serviría para ganarse un lugar acomodado, se reclutaron jóvenes de 18 años por la fierza y sin experiencia alguna para mandarlos a combatir. La eleccion se realizaba por número de documento y no tenían opción de negarse. Fueron maltratados, no se los alimentaba no se les daba el suficiente abrigo, los medios mentían, desde nuestra provincia en la television y demás medios se daba a conocer que en realidad estábamos ganando, y que nuestros combatientes estaban bien, a pesar de que era exactamente lo contrario.

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La batalla final ocurrió entre el 11 y el 13 de junio, donde el ejército británico se impuso al ejército argentino en la isla Soledad. El 14 de junio el comandante argentino se rindió condicionalmente en Puerto Argentino.​ En ese momento, un número de 649 argentinos habían muerto en combate, incluidos los del General Belgrano. Los generales de división echaron al teniente general Galtieri, quien se vio forzado a renunciar el 18 de junio como presidente y comandante. El reemplazante en la Junta fue el teniente general Cristino Nicolaides​ y en la Presidencia fue el general de división Reynaldo Bignone, quien inició un proceso de restauración del sistema democrático.

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Posteriormente se iniciarían investigaciones por crímenes de guerra cometidos por generales argentinos contra los propios conscriptos, en 2009, excombatientes de las Malvinas contaron las vejaciones a las que fueron sometidos como parte de castigo de campo por parte de setenta oficiales y suboficiales durante el conflicto bélico. El veterano José M. Araníbar, que apoyó la investigación sobre vejámenes, torturas, servidumbre, heridas graves, abandono de persona e incluso dos muertes; la de un soldado que al parecer fue fusilado por un cabo y otro que murió de hambre al ser abandonado.

Actualmente la Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con base en lo estipulado en diferentes laudos y mapas coloniales españoles, así como en lo enunciado en la constitución nacional.

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La campaña presidencial de 1983 opuso al candidato peronista Ítalo Luder, quien rechazaba una revisión de lo sucedido durante la dictadura, otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de Estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 30 de octubre Alfonsín venció con el 52 % de los votos, provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.
Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín (1983–1989) firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca más, fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.

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El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal Julio César Strassera. La sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a penas por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales responsables. Era la primera vez que se enjuiciaba a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el Código Penal vigente en la república desde 1922. Este fue un hecho único en el mundo, que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.
Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares y también de algunos sectores civiles, el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes del terrorismo de Estado.

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DIA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

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DIA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

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El 15 de marzo de 2006, la ley 26085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.