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Que haya una evaluación y supervisión, para poder establecer mecanismos de evaluación continua del sistema judicial para así identificar obstáculos y áreas de mejora. Donde los datos recabados pueden ser utilizados para ajustar políticas y procedimientos, asegurando que se cumpla con la misión de protección de derechos.

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Además, incorporar la mediación y el arbitraje como etapas obligatorias en el proceso civil, especialmente en casos que demanden atención rápida, para resolver conflictos sin la necesidad de un juicio formal.

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La creación de vías procesales diferenciadas, donde los casos se clasifiquen en función de su complejidad y urgencia desde el inicio del procedimiento. Esto permitiría priorizar aquellos asuntos que requieren una resolución rápida, como los relacionados con la salud, la vivienda o la integridad física de las personas. Al establecer diferentes plazos procesales según el tipo de caso, se evitaría que todos los asuntos sigan un mismo camino, lo cual muchas veces provoca dilaciones innecesarias.

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Otra estrategia sería implementar audiencias preliminares obligatorias con la finalidad de promover la solución temprana de controversias. En estas audiencias, las partes podrían presentar pruebas iniciales y exponer sus posturas bajo la supervisión de un juez que actúe como facilitador, buscando acuerdos antes de que el litigio avance a etapas más formales y costosas. Este mecanismo garantiza que solo los casos más complejos o controversiales continúen su curso hacia un juicio completo, reduciendo la sobrecarga en el sistema judicial y garantizando una respuesta más ágil en situaciones de menor complejidad.

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Para casos que requieran una intervención inmediata, como aquellos relacionados con la protección de derechos humanos o violencia familiar, sería vital contar con jueces de guardia. Estos jueces estarían disponibles fuera del horario regular para atender solicitudes urgentes, como medidas cautelares. Así, se garantiza que las personas en situaciones de riesgo obtengan protección en un plazo mínimo, asegurando que la justicia esté disponible cuando más se necesita.

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Un problema recurrente en el sistema judicial es el uso abusivo de recursos dilatorios por parte de las partes, lo que retrasa el proceso innecesariamente. Se propone limitar la cantidad de apelaciones o recursos que se pueden interponer en ciertos casos, especialmente cuando no aportan elementos sustanciales. Además, se podrían imponer sanciones a quienes utilicen estas estrategias con el objetivo de retrasar la justicia, contribuyendo así a un proceso más rápido y eficaz.

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La creación de vías procesales diferenciadas, donde los casos se clasifiquen en función de su complejidad y urgencia desde el inicio del procedimiento. Esto permitiría priorizar aquellos asuntos que requieren una resolución rápida, como los relacionados con la salud, la vivienda o la integridad física de las personas. Al establecer diferentes plazos procesales según el tipo de caso, se evitaría que todos los asuntos sigan un mismo camino, lo cual muchas veces provoca dilaciones innecesarias.

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Establecer juzgados multidisciplinarios donde jueces trabajen junto a profesionales de otras áreas (psicólogos, trabajadores sociales, mediadores) para resolver casos con un enfoque integral. Estos tribunales serían especialmente útiles en casos familiares, juveniles o de violencia doméstica, donde se requiere una intervención más holística. Modelos de cortes multidisciplinarios se han utilizado con éxito en Nueva Zelanda y Australia, especialmente en asuntos de derecho de familia y juveniles. En Perú, este enfoque permitiría abordar las causas subyacentes de ciertos conflictos, proporcionando soluciones sostenibles más allá del fallo judicial.

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Introducir un sistema que permita que los jueces analicen un caso en las primeras fases del proceso y emitan una resolución temprana (previa a un juicio completo) cuando las pruebas sean claras y no haya necesidad de un litigio completo. Esto aceleraría la resolución de casos simples.

Basado en el concepto de "Earl y Neutral Evaluation" en Estados Unidos, donde un tercero evalúa el caso rápidamente y sugiere una solución. Esto ayudaría a reducir la carga procesal y ofrecer justicia rápida en casos de clara resolución.