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La rendición de cuentas es un pilar esencial del derecho internacional y de la justicia transicional. Su objetivo es garantizar que los responsables de crímenes atroces —como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura o violencia sexual— enfrenten consecuencias legales, y que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la falta de rendición de cuentas pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de miles de víctimas” (OHCHR, 2025). Esta afirmación subraya que no se trata solo de castigar a los culpables, sino de prevenir futuras violaciones y fortalecer el estado de derecho.

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En el caso peruano, la reciente aprobación de una ley de amnistía por parte del Congreso ha generado una fuerte reacción nacional e internacional. Diversas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han advertido que esta medida “viola los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano” y representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad (La República, 2025).

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El Congreso de la República aprobó este 11 de junio el dictamen que concede una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000), una medida que ha sido ampliamente criticada por defensores de los derechos humanos.. La norma recibió 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones en el Pleno del Parlamento.

La propuesta, impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi , plantea que las personas sin sentencia firme o con procesos abiertos por presuntas violaciones de derechos humanos puedan beneficiarse de la amnistía, con excepción de aquellos procesados por delitos de terrorismo o corrupción.

También incluye a sentenciados mayores de edad avanzada, lo que podría beneficiar a exjefes militares con condenas por casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.

Bancadas conservadoras apoyaron el proyecto

El congresista Rospigliosi defendió la medida y argumentó que se trata de una acción "justa y necesaria". En el debate del hemiciclo sostuvo que muchos militares "están sometidos a interminables procesos judiciales" y que "son procesos que no sirven a la justicia sino a la revancha". A su vez, el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia) calificó la ley de injusta. "Se abrieron juicios interminable, es manipulación de la justicia", manifestó en el Pleno.

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) rechazó este proyecto y solicitó una cuestión previa para que el dictamen regrese a ser evaluado en la Comisión de Constitución; sin embargo, este no prosperó. "Es un dictamen nefasto, casos como el de Putis, la masacre contra campesinos, esto no se trata de premiar a los malos de la institución, se trata de separar a estos elementos", puntualizó la parlamentaria.

En ese mismo sentido, el legislador Alex Flores (Bancada Socialista) se sumó al rechazo de la ley. "No podemos pretender amnistiar a los responsables de violaciones a DD.HH., hablar de amnistía es hablar de impunidad y de injusticia, no podemos pasar por alto la muerte de campesinos", sentenció. Misma opinión tuvo su colega de bancada, Jaime Quito, quien dijo que "nunca se ve a las víctimas y familiares" e hizo un llamado a "no permitir la impunidad" con esta ley.

Además, diversas voces han advertido que esta ley representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló en un comunicado que esta amnistía "viola los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano" y puede colocar al país en una situación de desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "No se puede pasar por alto crímenes como las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales o torturas cometidas al amparo del poder estatal", advirtió la entidad.

Además de la desaprobación de organizaciones de derechos humanos, la medida ha sido rechazada por el propio Ministerio Público. La fiscal Delia Espinoza, declaró que "la Corte Interamericana ya fue clara: las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles. Si esta norma se aprueba, el Perú va a incumplir sus obligaciones internacionales".

Este nuevo intento de amnistía, similar a uno que impulsó el régimen de Alberto Fujimori en los años 90, podría obstaculizar la verdad, la justicia y la reparación para miles de víctimas del conflicto armado interno. Aunque el dictamen fue defendido como una medida "humanitaria", para sus críticos es una muestra de cómo el actual Congreso busca consolidar impunidad para sectores vinculados al poder político y militar.

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Congreso aprueba ley de amnistía para policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos

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Con el voto mayoritario de las bancadas de derecha, el Pleno del Congreso aprobó una cuestionada norma que otorga amnistía a miembros de las fuerzas del orden procesados por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

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Narrativamente, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora, Tania Pariona, declaró que esta ley “golpea la memoria y dignidad de los pueblos, hombres, mujeres, niños y niñas que sufrieron atrocidades” durante el conflicto armado interno (La República, 2025). Esta cita refleja el impacto emocional y simbólico que tiene la impunidad sobre las víctimas y sus comunidades.

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Ley de amnistía liberaría a militares procesados por violaciones a los derechos humanos: familiares y víctimas alzaron su voz

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El Congreso aprobó una ley de amnistía que podría liberar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Procesados por el caso “El Frontón” podrían salir en libertad gracias a esta nueva norma.

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Mecanismos internacionales de justicia Incluye tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI), los tribunales ad hoc para Yugoslavia y Ruanda, y tribunales híbridos. Estos organismos han sido fundamentales para juzgar a responsables de crímenes atroces desde los años 90 (Bergsmo et al., 2013)

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Justicia transicional y reparación a las víctimas Procesos como comisiones de la verdad, programas de reparación y garantías de no repetición son esenciales para reconstruir sociedades tras el conflicto. Estos mecanismos buscan no solo castigar, sino también sanar y reconciliar.

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En muchos contextos, los esfuerzos por alcanzar la paz se enfrentan a tensiones con la búsqueda de justicia. Algunos acuerdos de paz han incluido amnistías para perpetradores de crímenes graves, lo que genera debates éticos y jurídicos. Según Bergsmo, Dahl y Sousa (2013), “la relación entre los procesos de paz y los juicios por crímenes de guerra ha sido una fuente constante de controversia”. Mientras algunos argumentan que la justicia puede obstaculizar la reconciliación, otros sostienen que no puede haber paz duradera sin rendición de cuentas.

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Este subtema permite explorar dilemas reales en contextos como Colombia, Sudán del Sur o la ex Yugoslavia, donde la justicia transicional ha tenido que equilibrar demandas de verdad, justicia y estabilidad política.

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Aunque los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) tienen un rol clave, los sistemas judiciales nacionales también son fundamentales para garantizar justicia. En muchos casos, son los primeros en recibir denuncias y tienen la responsabilidad de investigar y sancionar crímenes graves. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “la rendición de cuentas efectiva requiere sistemas nacionales sólidos que actúen conforme al derecho internacional” (OHCHR, 2025).

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Fortalecer el estado de derecho y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos

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El estado de derecho y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos son fundamentales para la prevención de violaciones, conflictos y violencia, para la consolidación y el mantenimiento de la paz y el logro de un desarrollo inclusivo. El costo de la ausencia del estado de derecho es brutalmente obvio en todo el mundo: en los fracasos de la justicia y la impunidad de los crímenes, los conflictos por agravios desatendidos y los gobiernos opresivos e irresponsables.