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Director de Rutas del Conflicto

Ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional

Especialista en Periodismo de la Universidad de los Andes

Máster en periodismo de la universidad San Pablo CEU

Tiene 17 años de experiencia en medios digitales en portales relacionados con temas políticos y  de Derechos Humanos, tales como: votebien.com, Verdad Abierta y el diario español “EL MUNDO”

Profesor de cátedra del programa de periodismo y opinión pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.

Ha formado parte de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (también conocida como Fundación Gabo)

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Data Journalism Awards 2017 - Data Journalism website of the year.

Premio ¡Investiga! 2019 “Los mejores reportajes de investigación en Colombia” - Categoría Profesional.

Concurso de Proyectos de Investigación Transnacionales de la Colpin 2017 - Mejor Proyecto de Investigación Transnacional de América Latina.

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https://repository.urosario.edu.co/sitios/desperdicios_y_hambre/tutoracademico.html

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Por su gran trabajo periodístico, ha sido reconocido con el premio Simón Bolívar 2014, premio "Data Journalism Award 2017" y finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación.

Imagen tomada: Universidad del Rosario

Óscar Javier Parra Castellanos, profesor de cátedra de la Universidad del Rosario, inicia sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia, donde en el año 2000 se incorpora como Ingeniero en Sistemas.

Su pasión por el periodismo lo lleva a seguir su sueño, por lo que se inscribe en la especialización de periodismo en la Universidad de los Andes, hasta el 2004.

Pero Parra en el afán de seguir superándose y fortaleciendo su pasión, se inscribe en la maestría de periodismo de la Universidad San Pablo CEU y el Periódico el Mundo España.

Su experiencia laboral inicia en el 2002 cuando se incorpora a la empresa Seytec como desarrollar de aplicaciones para internet en ambientes Windows, manejo de datos y programador en lenguaje asp y php.

En el 2005, el portal web Votebien.com le abre las puertas. Ahora forma parte de la entidad como periodista escrito y desarrollador de proyectos multimedia, así como el manejo de herramientas de edición de video.

Su esfuerzo y dedicación lo llevan en el 2006 a formar parte de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano como Relator en el proyecto del Ministerio de Educación de seminarios regionales e internacionales sobre cubrimiento periodístico de la educación. Además se desempeña como coordinador y ponente de talleres sobre el correcto uso de la estadística en la información periodística de la educación.

En ese mismo año ingresa a Terra Networks Colombia, desarrollando proyectos multimedia en Macromedia y herramientas de edición de video, asi como el trabajo periodístico en el área de deportes.

En el 2007, en Conexión Colombia, es editor, periodista escrito y multimedia, realizando trabajos en temas migratorios y de interés general, así como poniendo en práctica sus conocimiento en desarrollo multimedia, edición de video y audio, por lo que en el 2008 se encarga de coordinar el rediseño del portal.

Óscar Parra vuelve en el 2009 como redactor al portal Votebien.com, donde se incorpora al portal de Transparencia por Colombia, Fescol, Terra y Revista Semana cubriendo elecciones legislativas y presidenciales (2010), comicios nacionales (2010) y locales (2011). Además elabora el proyecto conlupa.co, base de datos para presentar información sobre candidatos cuestionados, participa como coordinador y ponente de talleres sobre cubrimiento de elecciones en Internet y es programador y periodista de contenidos de "este videojuego", cuyo fin de la herramienta pedagógica es orientar a los votantes sobre inhabilidades de los candidatos, delitos electorales y las reglas de financiación.

En el 2010, ingresa en el diario El Mundo de España como practicante donde desempeña trabajo periodístico en el área de producción multimedia, así como elaboración de temas deportivos y locales de Madrid en la edición impresa.

Ese mismo año se incopora a la Universidad del Rosario como profesor de cátedra, donde también ha dirigido la maestría.

Dos años más tarde, forma parte como reportero multimedia de "Verdad Abierta", medio digital que cubre el proceso de justicia transicional de los paramilitares desmovilizados en Colombia y produce productos que pretender colaborar en la construcción de la memoria histórica del conflicto colombiano.

En el 2014 gana el Premio Simón Bolívar por la investigación 'Tres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia', investigación realizada junto a sus colegas del portal web VerdadAbierta.com, asociado a la Revista Semana y a la Fundación Ideas para la Paz. Además, es finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación.

Su constancia y profesionalismo lo llevan a ser reconocido en el ámbito internacional gracias a su proyecto "Rutas del Conflicto", que busca facilitar el acceso a información, organizada y confiable sobre el conflicto armado en Colombia, lo que lo hace acreedor al premio "Data Journalism Award", premio de periodismo de datos donde participan más de 50 países de todo el mundo. Cabe destacar que este proyecto esta compuesto en su mayoría por estudiantes y profesionales de periodismo de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de Óscar Parra.

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Por su gran trabajo periodístico, ha sido reconocido con el premio Simón Bolívar 2014, premio "Data Journalism Award 2017" y finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación. Imagen tomada: Universidad del Rosario Óscar Javier Parra Castellanos, profesor de cátedra de la Universidad del Rosario, inicia sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Colombia, donde en el año 2000 se incorpora como Ingeniero en Sistemas.

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Rutas del Conflicto juega un papel crucial en la construcción de memoria histórica en Colombia, proporcionando una fuente confiable de información sobre el conflicto armado y sus secuelas. Su trabajo contribuye al entendimiento y la reconciliación en un país marcado por décadas de violencia.

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Director Ejecutivo y Representante Legal de Fundación Con Lupa:

Óscar Parra Castellanos.

Representante Legal Suplente:

María de Pilar Puentes Espinosa

Asamblea y Junta Directiva

Área Administrativa

Área Contable

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Documentación de masacres:

Rutas del Conflicto tiene una base de datos exhaustiva de masacres ocurridas en Colombia, proporcionando detalles sobre los perpetradores, víctimas y contextos de estos eventos.

Investigaciones especiales: Realiza investigaciones profundas sobre temas relacionados con el conflicto armado, como desplazamiento forzado, violencia de género y narcotráfico.

Periodismo de datos: Utiliza herramientas de visualización de datos para presentar información compleja de manera accesible y comprensible para el público.

Testimonios de víctimas: Recoge y publica testimonios de personas afectadas por el conflicto, ofreciendo una plataforma para que sus voces sean escuchadas.

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Rutas del Conflicto es un proyecto que hace uso de herramientas de periodismo investigativo, ciudadano y de datos, cuya misión es la difusión de información verificada y comprensible relacionada al conflicto armado Colombiano (como pueden ser las historias de guerra y resistencia por parte de los sobrevivientes) mediante la convergencia entre formatos tradicionales y digitales hacia un público relativamente ajeno a los acontecimientos de la guerra.

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Ganador del premio Simón Bolívar por la investigación “ Tres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia”

Su constancia y profesionalismo lo llevan a ser reconocido en el ámbito Internacional gracias a su proyecto “Rutas del Conflicto” lo que lo hace acreedor al premio “Data Journalism Award” premio de periodismo donde participan más de 50 países de todo el mundo.

Oscar Parra se ha involucrado en el proyecto anteriormente mencionado como director, pero cuenta con una importante trayectoria académica y  profesional en el ámbito periodístico.

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Su fundadora, María Teresa Ronderos, fue reconocida como la periodista del año 2014 y un equipo de periodistas recibió Mención Especial por investigación en internet sobre sobre agroindustrias, violencia y despojo de tierras en los Llanos Orientales.

El portal VerdadAbierta.com sobresalió en la trigésima novena versión de los premios de periodismo Simón Bolívar. De un lado, su fundadora, María Teresa Ronderos, fue distinguida como la mejor periodista del año y un equipo de periodistas recibió Mención de Honor por una investigación en internet sobre agroindustrias, violencia y despojo de tierras en los Llanos orientales.

El jurado calificó la actividad periodística de Ronderos como una de las más influyentes del 2014, quien con su labor diaria ayudó a unir los pedazos de una historia dolorosa pero necesaria de contar, el paramilitarismo. "Este año Ronderos cierra un ciclo de una intensa etapa periodística tratando de entender y de contar cómo fue que este país construyó, alimentó y luego intentó acabar con ese monstruo llamado paramilitarismo" puntualizó el jurado, agregando que la autora recuerda que una de las funciones principales del periodismo es hacer memoria, y encontrar la verdad, por más que esta se refugie bajo las sombras de los ocultamientos oficiales, o de la impunidad.

Además de ser la fundadora VerdadAbierta.com, un portal informativo surgido en 2008 de una alianza de la revista Semana y la Fundación Ideas para la Paz, que se dedica a temas relacionados con los procesos de justicia transicional e investiga las verdades del conflicto en Colombia; Ronderos es la actual directora del Programa de Periodismo Independiente de la Open Society Foundations. Trabajó con la revista Semana, fue columnista del periódico El Espectador y ha sido ganadora de varios premios como el Maria Moors Cabot, Simón Bolívar, Rey de España y Lorenzo Natalí.

Dentro de sus más recientes publicaciones se encuentra el libro "Guerras recicladas", un éxito editorial que, tras una exhaustiva investigación, hace un recuento sobre los principales episodios de cómo se formó y perduró durante tres décadas el fenómeno del paramilitarismo en Colombia (Ver: Guerras recicladas, un libro que desentraña el paramilitarismo en Colombia).

Mención Especial
De otro lado, el equipo de periodistas conformado por Ivonne Rodríguez y Óscar Parra, apoyados por María Teresa Ronderos y Felipe Quintero, trabajó durante cuatro meses en una investigación que indagó en terreno y con documentos oficiales la posible relación que tuvieron empresas nacionales y extranjeras en la compra de terrenos donde hubo violencia, despojo de tierras a campesinos y otras irregularidades en la apropiación de la tierra en los Llanos Orientales.

El resultado del trabajo, titulado Tres agroindustrias de los Llanos compraron tierras con líos y violencia, fue una serie de artículos, mapas y videos en el los cuales se evidencia, como en el caso de la finca El Brasil, que luego de haber sido adjudicada esta propiedad a beneficiarios de la reforma agraria, la tierra sirvió de cuartel y campo de entrenamiento durante nueve años a grupos paramilitares que operaron en esa región del país.

La investigación está sustentada en el análisis de los títulos de las fincas, la construcción de una base de datos propia que cruza información de los predios y los socios de las empresas con información de datos oficiales de desplazamiento forzados, despojo de tierras, y las confesiones de ex paras en las audiencias del proceso de Justicia y Paz.

Este especial quedó entre las 15 mejores investigaciones de América Latina de un total de 196 trabajos escogidos por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional, que el pasado mes deoctubre realizó su premiación en México.

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VerdadAbierta.com sobresale en los premios Simón Bolívar | VerdadAbierta.com

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Su fundadora, María Teresa Ronderos, fue reconocida como la periodista del año 2014 y un equipo de periodistas recibió Mención de Honor por investigación en internet sobre sobre agroindustrias, violencia y despojo de tierras en los Llanos orientales.

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Su propósito es aportar a la visibilización de historias dentro del marco del conflicto, especialmente aquellas que independientemente del motivo, no se hayan documentado previamente por la prensa tradicional u oficialmente por el Estado.

Esto para aportar a los procesos para la reclamación de derechos de las víctimas, a investigaciones de varios ámbitos sobre el tema y tanto a la reparación como a la reconstrucción de la memoria histórica nacional del conflicto armado.

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El Centro Nacional de Memoria Histórica, dirigido por María Valencia Gaitán, cambió la fecha de referencia que se había tenido hasta ahora para comenzar a registrar los hechos del conflicto armado a partir de 1944 y no desde 1958 como lo venía trabajando el mismo Centro y la Comisión de la Verdad. Expertos consultados cuestionan la forma en que se han incorporado estos datos a las bases de consulta. Por: Laura Rudas
La primera semana de abril de 2024, un grupo de estudiantes de una clase de periodismo de datos de la Universidad de la Sabana se percató de que la base de datos de masacres del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) había cambiado para agregar nuevos registros desde el año 1947. El hallazgo de los estudiantes mostraba que la entidad había agregado 118 registros, sin ningún aviso público, marcando un nuevo punto de partida para esta recolección de datos, que coincide con un reclamo que ha tenido por años la actual directora del CNMH, María Valencia Gaitán, orientado a que la entidad incluya los hechos victimizantes ocurridos durante La Violencia.

Expertos señalan que aunque modificar el punto de partida para narrar el conflicto armado no está mal, hacerlo sin el debido rigor puede afectar la credibilidad, reputación y operatividad de la base de datos del OMC. Agregan que, incluso, puede llevar al público a concluir que el periodo previo a 1958 fue relativamente pacífico comparado con lo que vino después, no porque eso sea cierto, sino porque existen pocos datos registrados de dicha época.

Entre 2014 y 2018, el OMC se encargó de sistematizar los hechos de violencia relacionados con el conflicto armado en Colombia y logró construir una base de datos que es, para muchos, el ejercicio más riguroso que se ha hecho de cuantificación de estos crímenes.

Durante estos años, el CNMH, bajo la dirección de Gonzálo Sánchez, incluyó en la base de datos del OMC la información de masacres, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamientos y otros hechos de violencia relacionados con el conflicto armado y sus víctimas. La recolección de datos tomó como fecha de partida el año 1958 y se realizó a partir de la integración de fuentes sociales e institucionales que permitieron esclarecer la memoria sobre la larga guerra que ha atravesado el país. Sin embargo, esto cambió en junio de 2023 cuando el OMC comenzó a modificar la base de datos que había construido en el pasado para incluir en ella hechos victimizantes previos al año en mención.

Durante la administración de Darío Acevedo, entre 2019 y 2022, la base de datos se mantuvo casi igual, con el ingreso de unos cuantos registros de hechos violentos que ocurrieron en esos mismos años.

Rutas del Conflicto hizo una revisión de las bases de datos del OMC con fecha de corte al 31 de marzo de 2024 y verificó que, para el periodo comprendido entre 1944 y 1957, se ha agregado la información de 1480 víctimas y se han registrado 885 casos de violencia clasificados en diversas categorías: asesinato selectivo, ataque a poblaciones, atentado terrorista, daño a bienes civiles, desaparición forzada, masacres, minas, secuestro, violencia sexual y acciones bélicas.

Según Andrés Suárez, excoordinador del OMC durante el periodo 2014-2018, la decisión original de escoger el año 1958 como punto de partida para la base de datos respondió tanto a una razón histórica como a una metodológica.

Desde una perspectiva histórica, esta fecha ha sido concebida por diversos académicos como el hito fundacional del conflicto armado actual, pues, con la creación del Frente Nacional, las matrices ideológicas de la violencia cambiaron, aunque otros factores persistieron como la lucha por la tierra. "De ser una pelea, principalmente, entre liberales y conservadores, con el Frente Nacional, gústenos o no, se acabó esa pelea y pasamos a una violencia entre el Estado y la insurgencia", relata Suárez.

Esa idea de situar el origen del conflicto en el 58 fue adoptada por el CNMH y por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), creada con ocasión del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, bajo la premisa de que, como afirma Suárez, "aunque existen continuidades entre La Violencia y el conflicto armado, el conflicto armado no es la violencia bipartidista con otro nombre".

Tanto el informe ¡Basta Ya! del CNMH como los informes de la CEV abordan la época de La Violencia, sin embargo, no es el centro de su investigación. Aunque reconocen los hechos previos a 1958 como antecedentes esenciales para entender el conflicto que vino después, enfatizan también en la diferencia entre los dos periodos.

"No son sólo antecedentes, efectivamente hay continuidades, pero, vuelvo a decir, el que existan las continuidades no quiere decir que sea la misma con otro nombre y las rupturas son también importantes para comprender lo diferente que es el conflicto armado", manifiesta Suárez.

Sin embargo, esta concepción no es universal dentro del campo de estudio, pues hay quienes defienden que el 58, lejos de tratarse de un punto de partida evidente y natural, es una fecha escogida por razones pragmáticas, administrativas e incluso políticas.

Según Suárez, este debate sobre el origen del conflicto armado se puso de manifiesto en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en 2014 y conformada por 12 expertos, en la que la mitad de los miembros puso su apuesta en los años 20, en la luchas agrarias, y la otra mitad lo puso en 1964 con el nacimiento de las FARC y el ELN.

Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, está en desacuerdo con que empiece a narrarse el conflicto a partir de 1958, porque, según él, la violencia de Estado estuvo presente desde antes de ese periodo. "La decisión es más administrativa en términos de capacidad operativa para poder abarcar un periodo bien hecho y analizarlo, pero violencia de Estado ha existido y esta debe ser esclarecida", afirma.

Además, si bien es cierto que existen rupturas entre las dinámicas de violencia antes y después del 58, lo mismo aplica para periodos posteriores, por lo que este argumento no es suficiente para concluir que el inicio del conflicto armado se sitúa en el Frente Nacional. Como señala Charry, no se pueden homogeneizar las diferentes formas de violencia y los diferentes conflictos armados que han existido en Colombia a lo largo de los años, pues los actores mutaron con el tiempo, al igual que las causas y dinámicas.

El académico concluye que, en efecto, existen marcadas diferencias entre la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta y el surgimiento de las guerrillas comunistas de origen campesino de los años sesenta, pero también existen marcadas diferencias entre este periodo y el surgimiento del paramilitarismo, o entre este último fenómeno y el auge del narcotráfico a mediados de los ochenta.

Esta postura coincide con la defendida por María Valencia Gaitán, quien lleva años afirmando que la construcción de memoria del conflicto armado en Colombia ha ignorado la violencia bipartidista e insistiendo en que el origen del conflicto debe ubicarse antes, especificamente, en la fecha del asesinato de su abuelo, el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán.

El tinte político de las disputas por el origen del conflicto armado se hace evidente en la decisión de ampliar la base de datos del OMC, pues no es casual que este cambio se dé ahora que la directora del CNMH es la nieta de Gaitán.

Ahora bien, Surárez señala que la razón metodológica tiene que ver con la existencia de un desbalance muy fuerte entre las fuentes de información disponibles antes y después de 1958. Tal como lo relata el excoordinador del OMC, existen serias dificultades para hacer una documentación rigurosa de los hechos de violencia previos a ese año, puesto que no existen suficientes fuentes de información.

Los expertos afirman que antes de esta fecha la mayor parte de la memoria sobre los hechos de violencia es oral, dispersa y regional. Como relata Suárez, no existían todavía organizaciones de derechos humanos ni políticas institucionales que favorecieran la recolección de testimonios. Ni siquiera la investigación realizada por la Comisión Nacional Investigadora de 1958 se encuentra debidamente sistematizada.

Tal vez la primera documentación que hubo en Colombia de graves violaciones de DDHH realizada por organizaciones civiles esta consignada en el Libro Negro de la Represión de 1974, pero allí sólo se analizó lo ocurrido desde el Frente Nacional en adelante. Las bases de datos de las entidades tampoco son una fuente pues, por ejemplo, la Policía solamente municipalizó la información de homicidios a partir de 1960.

Ocurre lo mismo con los trabajos académicos que han analizado La Violencia. Para Suárez, en temas de cifras, es clave el libro La Violencia en Colombia de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, en el que se estima que el número de víctimas de esta época es de aproximadamente 200.000, aunque señala que ese mismo trabajo reconoce que no se cuenta con información que dé cuenta de la magnitud de la violencia en ese periodo.

Según el excoordinador del OMC, tal vez el mejor intento de calcular el número de víctimas es el realizado por Paul Oquist en el libro Violencia, conflicto y política en Colombia. Allí, basándose en los datos del Tolima, que es el departamento que tiene mayor registro de información, el autor realiza una proyección de los muertos que pudo haber durante La Violencia y lanza la cifra de 193.017 personas.

De allí que la principal fuente de información de lo que algunos historiadores denominan la violencia bipartidista sea la prensa, la cual también tiene serios problemas. Por un lado, porque durante el Bogotazo se quemaron documentos de El Tiempo, El Espectador y del Archivo Nacional. Y, por el otro, porque este periodo se caracterizó por una fuerte censura a la prensa que comenzó en 1949 y se endureció aún más durante el mandato de Rojas Pinilla comprendido entre el 53 y el 57. Situación que impide la utilización de este medio como principal o única fuente de información disponible. Esto sin contar con que muchos documentos se han perdido por el paso del tiempo y la ausencia de una política de conservación de archivo en varios lugares del país.

El excoordinador del OMC cuenta que, debido a esos inconvenientes, cuando se realizó la investigación para el informe ¡Basta Ya!, publicado en 2013, sólo se pudo construir una pequeña base de datos del periodo 1946-1956. Esta incluía 64 casos de masacres y 88 casos de violencia en general ocurridos a nivel nacional entre 1946 y 1949 y 102 casos de violencia en general ocurrida en el Tolima entre 1951 y 1956. Datos que no fueron publicados originalmente en la base de datos del CNMH debido a la precariedad de las fuentes.

No obstante a todas las observaciones históricas y metodológicas, Suárez reconoce que la memoria del conflicto armado no se puede edificar sobre el olvido de la violencia bipartidista.

Ahora bien, como señala Oscar Maldonado, sociólogo experto en métodos cuantitativos y profesor de la Universidad del Rosario, respecto de la importancia de narrar el conflicto armado desde antes de 1958, cualquier intento por ampliar el conjunto de datos y las fuentes a las que se puede acceder es muy valioso, pero representa serios desafíos.

"Pensar el conflicto en esa mirada de más larga duración trae unos nuevos retos que se resumen en si vamos a ser capaces de hacerlo con el mismo rigor que se ha hecho después del hito del 58", afirma el sociólogo. Es decir, si se tienen los recursos, la experticia y las fuentes materiales para mantener el estándar que tenía la base de datos original del CNMH.

Para Andrés Suárez, el mayor problema que tiene la modificación de la base de datos es que se va a generar una descompensación muy fuerte con el acervo de fuentes que acompañan la documentación de los casos desde el 58 en adelante, porque no hay suficiente información para sacar cifras del periodo anterior. En su criterio, esto no solo afecta la reputación y credibilidad de la base de datos en su conjunto, sino que además puede llevar a la gente a pensar, de manera errada, que ese periodo fue menos violento de lo que en realidad fue, en vista de los pocos casos documentados.

De hecho, en una revisión de las bases de datos del OMC realizada por Rutas del Conflicto se encontró que, contrario a la estimación realizada por Guzmán, Fals Borda, Umaña y Oquist de aproximadamente 200.000 víctimas durante La Violencia, la base de datos del CNMH actualmente solo registra 1480 víctimas y 885 casos de violencia en el periodo 1944-1957 (fecha de corte: 31 de marzo de 2024).

"Lo grave aquí es que están tratando de estirar la metodología a un escenario en donde no tienen el mínimo de fuentes para hacer el ejercicio de documentación y ese desbalance hace inviable el ejercicio", manifiesta el excoordinador del OMC.

Para Maldonado más que tratarse de un tema de credibilidad o reputación, el problema es operativo. Según el sociólogo, las historias que cuentan los datos no son tan explícitas, pues se requiere pasar por muchos trámites de sistematización, procesamiento, limpieza, cálculo y visualización para finalmente poder contar una historia con datos. Por ello, al trabajar con bases de datos es crucial que se respete un estándar de comparabilidad y un criterio de clasificación estricto que permita que, independientemente de quien diseñe la base de datos, otro la pueda usar.

Según el experto en investigaciones cuantitativas, si la base de datos no es consistente y estandarizada, si no están todas las categorías, si la información incluida no es precisa, si los datos se vuelven números descontextualizados y los valores no permiten generar series de tiempo, lo que va a suceder es que, de facto, se termine ignorando el periodo histórico anterior para centrarse en el periodo en el que las cosas se vean un poco mejor. "Entonces la base de datos termina siendo inoperativa, que es un poquito peor, más que una cuestión de prestigio es una cuestión de operatividad de poder trabajar con los datos", afirma.

En la revisión de las bases de datos del OMC adelantada por Rutas del Conflicto, se hallaron inconsistencias entre la Base de Datos de Casos (BDC) y la Base de Datos de Víctimas (BDV). Como estaban concebidas originalmente, la BDC incorporaba los sucesos según las circunstancias en que ocurrieron y la BDV consignaba datos de las personas directamente afectadas, pero la información contemplada en ambas bases de datos coincidía y podía vincularse usando la variable ID del caso. Pues cada víctima estaba relacionada con un caso a través de un código.

Sin embargo, al contrastar la BDC con la BDV del periodo comprendido entre 1944 y 1957, resultan evidentes algunas discrepancias. Por ejemplo, para el caso de masacres se registran 118 casos de masacres pero 0 víctimas, y, para el caso de acciones bélicas, se registran 0 casos pero 576 víctimas.

Por ello, los expertos señalan que, si bien resulta loable el esfuerzo del CNMH de ampliar la base de datos para, como afirma la entidad, "superar las limitaciones temporales y recuperar para la memoria de Colombia las experiencias históricas que hacen parte del origen del conflicto", este ejercicio debe realizarse con cuidado. Como señala Charry, aunque "todo intento por esclarecer la verdad y por tener mejores archivos es bienvenido, se debe hacer la salvedad de los orígenes de las fuentes y si son fuentes oficiales o no oficiales, porque el relato y la reconstrucción de los hechos va a ser muy distinta".

Según los expertos, existen diversas alternativas que puede implementar la entidad para superar los retos que implica comenzar a agregar información previa a 1958 en las bases de datos del conflicto armado.

Para Oscar Maldonado esta es una gran oportunidad para innovar en métodos de investigación que permitan resolver de forma creativa el problema de la precariedad de fuentes, pero se requiere que se movilicen suficientes recursos para que, más allá de decir que se amplió el periodo de análisis, se logre registrar información que tenga un impacto real en términos académicos de investigación y discusión pública. En su criterio, la clave radica, por un lado, en que se realice un trabajo activo que involucre diversos actores y convocatorias y, por el otro, en que se arranque con un plan piloto para evaluar cómo se superan las contingencias antes de modificar la base de datos original.

Andrés Suárez, el excoordinador del OMC, considera que la sistematización de hechos de violencia previos al 58 debe hacerse en una base de datos separada, en la cual se dejen todas las consideraciones respecto de la precariedad de las fuentes. Esto, con el objetivo de evitar que el público crea que las cifras que se tienen de ese periodo son igual de contundentes que las registradas con posteridad al Frente Nacional. Y agrega, en todo caso, que una metodología útil puede ser acompañar los datos que se logren reunir con las cifras de muertos totales en Colombia, que sí existen, de manera que la gente tenga en mente el nivel de violencia real que ocurrió durante el periodo al leer los hechos documentados.

Como señalan los expertos, independientemente de la decisión que se tome sobre las bases de datos del CNMH, si se incluyen nuevas décadas y nuevos materiales en una base datos lo importante es hacerlo de forma transparente y meticulosa. Es decir, enunciar de manera explícita la complejidad del periodo analizado y la solidez o precariedad de las fuentes, para que la comunidad académica, los investigadores y quienes quieran acceder a esa base de datos sepan de dónde viene la información y las limitaciones con las que cuenta.

Rutas del Conflicto consultó al CNMH sobre los recientes cambios en la base de datos del OMC, particularmente en lo relacionado con el motivo, la metodología y el momento en que comenzaron a incluirse hechos de violencia previos al Frente Nacional.

Al preguntarle a la entidad sobre el proceso de modificación de la base de datos, esta afirmó que "el CNMH tiene un deber de garantizar la amplia escucha de todas la memorias, los contextos, hechos y resistencias del conflicto armado interno", que "ampliar el periodo de observancia no implicó modificaciones metodológicas" y que la documentación de casos anteriores a 1958 se adelanta a partir de "la compilación y sistematización de artículos de prensa de orden regional y nacional, archivos privados del periodo y documentación de consulta pública de la Sección de Archivos Oficiales del Archivo General de la Nación".

"Se decidió agregar la información en la misma base de datos, como un corpus integral de información, porque más allá de la fecha de ocurrencia de los hechos, los casos se registran con los mismos criterios y se busca documentar las mismas variables. Además, tener la información en una misma base permite que se apliquen las mismas reglas de validación y criterios de calidad", afirmó el Centro.

Actualizado el: Jue, 05/09/2024 - 14:25

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Las bases de datos del Centro de Memoria: disputas por contar el origen del conflicto armado

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La primera semana de abril de 2024, un grupo de estudiantes de una clase de periodismo de datos de la Universidad de la Sabana se percató de que la base de datos de masacres del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) había cambiado para agregar nuevos registros desde el año 1947.

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La Fundación Gabo promueve el periodismo ético, innovador, riguroso y de excelencia; organiza el Premio Gabo y el Festival Gabo; cuenta con el Centro Gabo.

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¿Cómo va la búsqueda de los secuestrados y desaparecidos por las Farc? Capítulo 1

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Según una base de datos construida con información de la JEP, entre 2005 y 2008, militares asesinaron a al menos 93 personas para presentarlas como guerrilleros o paramilitares en el entorno petrolero del piedemonte, en veredas de 14 municipios de Casanare y Boyacá. Al menos 69 de estos crímenes fueron cometidos en las cercanías de los campos que explotó hasta 2010 la multinacional British Petroleum.

Por Rutas del Conflicto con el apoyo de La Liga Contra el Silencio. Publicado el 20 de diciembre de 2023.

Derlly Patiño permanecía sentada mientras las lágrimas le caían por el rostro. Varias mujeres a su lado la abrazaban y consolaban. Cerca estaba su hijo, Esteban Araque, con una camiseta estampada con la foto de su padre, Hugo Edgar Araque. También lloraba, bajaba y levantaba la mirada mientras escribía con fuerza en un cuaderno. Ambos escuchaban el relato del capitán retirado Miguel Sierra, quien parado junto a cerca de 20 militares que llevaban camisas blancas, contó cómo asesinaron a Hugo Edgar, haciéndolo pasar por guerrillero hace 16 años. Todos participaban en una audiencia de reconocimiento de verdad de la Justicia Especial para la Paz (JEP) relacionada con el subcaso de Casanare sobre 'falsos positivos', realizada el 20 de septiembre de 2023 en Yopal. En el departamento, esa jurisdicción ha documentado 303 víctimas .

Derlly Patiño es una profesora boyacense que terminó en Casanare porque el Estado le asignó un trabajo en una pequeña escuela rural de la vereda Cunamá y vivía en la vereda El Triunfo, en el municipio de Aguazul. En esas montañas llenas de pozos petroleros, que se funden con la planicie de los Llanos Orientales, conoció a su esposo y tuvo a su hijo. Hugo Edgar era un campesino que se ganaba la vida con los 'turnos' que hacía trabajando en los pozos petroleros.

Derlly Patiño con la fotografía de su esposo Hugo Edgar Araque en el evento en el que se mostraron los datos de esta investigación en el centro de Bogotá. Foto: Juan Carlos Contreras.

Durante la audiencia en Yopal, los militares reconocieron que asesinaron a las víctimas para ganar ascensos, días de descanso y otros 'premios'. Como en otros actos similares realizados en Antioquia y Cesar, el reconocimiento se dio frente a un grupo de familiares de las víctimas de 'falsos positivos', como parte del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

El horror de estas muertes se enmarca en una violencia más amplia en las montañas entre los departamentos de Boyacá y Casanare. En esa región, los pobladores llevan más de tres décadas sufriendo las consecuencias del estigma de ser señalados como guerrilleros y las secuelas por reclamar condiciones dignas de trabajo ante la industria petrolera en medio de crímenes y abusos por parte del Estado.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio han seguido en detalle estas historias y construyeron una base de datos con información del Caso 03, que evidencia que militares colombianos asesinaron, entre 2005 y 2008, a al menos 93 personas para presentarlas como guerrilleros o paramilitares en el entorno petrolero del piedemonte, en veredas de 14 municipios de Casanare y Boyacá. Al menos 69 de estos crímenes fueron cometidos en las cercanías de los campos que explotaba British Petroleum (hoy BP), la principal compañía internacional presente en la zona desde principios de los noventa hasta 2010, año en el que dejó el país y vendió sus derechos de explotación a la petrolera Equión, una sociedad conformada por la colombiana Ecopetrol y la canadiense Talismán.

Para construir esta base de datos se tomaron en cuenta la georeferenciación de los 305 pozos que explotaba la British Petroleum entre 2002 y 2008, además de 14 pozos adicionales a cargo de otras empresas. También, se registraron los asesinatos en cercanías a otras infraestructuras petroleras, como oleoductos y carreteras por donde se transportaba el crudo en Boyacá y Casanare.

Informes entregados por organizaciones de víctimas a la JEP, confirmados por más de 20 miembros retirados del Ejército en su comparecencia a esa jurisdicción, dan cuenta de cómo el Estado estableció desde la década de los noventa una presencia militar enfocada en el cuidado de la infraestructura petrolera, que terminó actuando contra la población civil de la zona. Esta presencia incluía un batallón instalado junto a las instalaciones de procesamiento central (CPF, por su siglas en inglés) de la British Petroleum en el municipio de Tauramena, tres batallones contraguerrilla y un grupo del Gaula.

En el piedemonte, en esa época, actuaban los frentes 28, 38 y 56 de las FARC-EP y los frentes José David Suárez, Adonay Ardila Pinilla y Domingo Laín del ELN. Según el Auto 055 del 2022 de la JEP, la presencia de grupos subversivos, y los conflictos sociales entre los habitantes y las petroleras de la zona, fueron la excusa perfecta para justificar los crímenes de Estado. Aunque el documento de la JEP se refiere en varias ocasiones a 'empresas petroleras', en plural, solo menciona con nombre propio a British Petroleum.

Haz clic sobre cada uno de los puntos para conocer información de las víctimas registradas en la base de datos de esta investigación. La recolección de información fue posible gracias al semillero de Rutas del Conflicto y Plaza Capital, el medio del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario y la ONG Cospacc. Participaron cerca de 30 personas de varias universidades y voluntarios profesionales de diversas áreas.

Hugo Edgar Araque fue una de las víctimas del Estado. Fue asesinado el 10 de octubre de 2005 por integrantes del Batallón Ramón Nonato Pérez (BIRNO) de la Brigada XVI, quienes lo presentaron como un guerrillero muerto en combate. El capitán retirado Miguel Sierra le contó a la JEP que se encontraron con Hugo Edgar, acompañado del niño Roque Julio Torres, en uno de los caminos de la vereda. Luego los identificaron y consultaron al batallón sobre lo que tenían que hacer. "Me contesta el señor mayor (José Francisco) Bustamante (...) Le comento la situación (...) Me dice: 'No lo suelte, tiene orden de captura, tiene anotaciones judiciales' (...) y me quedo esperando instrucciones del Batallón", declaró Sierra.

José Francisco Bustamante de la Cruz, el militar al que se refiere Sierra, era el comandante encargado del BIRNO cuando Hugo Edgar fue asesinado. Según pudo verificar esta alianza periodística, Bustamante no se encuentra registrado como compareciente en la JEP, pero dos notas de prensa ( ver artículo 1 y artículo 2 ) evidencian que fue llamado a juicio en 2012 por otros cuatro casos de 'falsos positivos'. Contactamos vía Whatsapp al militar para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta.

Según el testimonio de Sierra, recibieron del mayor Bustamante la orden de asesinar a Hugo Edgar y al adolescente Roque Julio Torres -en ese momento de 14 años y que vivía en la misma vereda-, luego de verificar que supuestamente la víctima aparecía en una base de datos donde era señalado de pertenecer a un grupo subversivo. "El mayor Bustamante sale al radio y me lo dice con toda la frialdad y facilidad del mundo: 'Hágale que ya está autorizado. Muy bien por sus dos bajas, lo felicito por sus dos bajas' (...) 'Ya saben qué tienen que hacer'", narró el militar.

Sierra le dijo a la JEP que decidió ordenar la muerte de Araque y dejar con vida al joven que lo acompañaba, por lo que recibió un fuerte regaño de su superior. Roque Julio se salvó y le contó a la comunidad y a la justicia lo que había presenciado: no había existido ningún combate y temía por su vida. Dos años después, el 16 de julio de 2007, fue asesinado, al igual que su padre, el líder social Daniel Torres Arciniegas. Nuevamente, las dos víctimas fueron señaladas de ser 'bajas' en combate.

Fotografías de Roque Julio y Daniel Torres, hijo y padre asesinados por el Ejército y presentados como 'bajas' en combate. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

"Hoy reconozco que le transmití la orden, le di la orden al cabo Tapias de que procediera con Hugo Edgar Araque Rodríguez, sin antes haber revisado qué veracidad había sobre las informaciones que me estaba dando el mayor Bustamante", dijo Sierra.

Pero, ¿cuál era la información que aparecía en esa base de datos que usaron los militares para justificar la decisión de asesinar a Hugo Edgar? La JEP publicó en el Auto 055 del 2022 que la fuerza pública se valió de un estigma que ha pesado sobre las comunidades del piedemonte del Casanare: "En la política de supresión de personas pertenecientes a comunidades estigmatizadas por ser 'nidos de la guerrilla', tuvo lugar un previo señalamiento de víctimas por parte de las oficinas de inteligencia de la Brigada XVI y sus unidades tácticas", señala el Auto.

El magistrado de la JEP, Óscar Javier Parra Vera, que ha investigado por más de cuatro años casos de 'falsos positivos' en el Casanare, dijo en una entrevista que en la zona del piedemonte, conocida como el ABC -por las iniciales de los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, que coinciden en ese punto-, hubo señalamientos permanentes a las comunidades de ciertas zonas rurales de ser colaboradoras de la guerrilla. "Era una corredor estratégico para las guerrillas en la que, si bien es cierto, había unos objetivos válidos en el marco del despliegue de acción militar, existió una estigmatización a las comunidades que estaban en estos territorios donde se estaban protegiendo los pozos petroleros", afirmó Parra.

Así funcionaba la estigmatización

Derlly Patiño, viuda de Hugo Edgar Araque y madre de Esteban, huérfano de padre a los 4 años, cree que su esposo terminó "perfilado" simplemente porque tenía una moto. "Por eso lo molestaban, porque él usaba la moto para llevar a algunas personas de la vereda. En ese tiempo esto era terrible, a la gente le daba miedo venir porque decían que los del cerro, todos, eran guerrilleros", dijo Patiño en entrevista.

Río Cravo Sur, que baja desde la Cordillera Oriental y cae a los Llanos del Casanare. Al fondo las montañas del piedemonte, en las que viven las comunidades estigmatizadas. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

La mujer contó que los militares usaron el estigma que tenían los campesinos de la zona para hacerlos pasar por guerrilleros y así ganar ascensos y beneficios. "Hoy no solo vengo a hablar por estas 303 víctimas de Casanare, vengo a hablar por las más de 6 400 víctimas que asesinó ese Estado", dijo la profesora durante un evento público organizado por esta alianza periodística. El acto, realizado a finales de noviembre en el centro de Bogotá, buscó visibilizar la información de los 93 casos de 'falsos positivos' documentados en Casanare, en el entorno petrolero.

El 23 de noviembre de 2023, en el centro de Bogotá, se mostraron públicamente los datos obtenidos en esta investigación. Cada par de zapatos simbolizaba a cada una de las víctimas de 'falsos positivos' en el piedemonte. Este ejercicio tuvo el apoyo de el programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, el programa de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Fundación Heinrich Böll, La Liga contra el Silencio y decenas de personas que donaron su zapatos.

La JEP inició el proceso de investigación del subcaso Casanare con 23 comparecientes que aceptaron su responsabilidad en casos de 'falsos positivos' en el departamento. Entre ellos están el mayor general retirado Henry William Torres Escalante y otros 19 exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército, el exdirector del DAS Casanare y dos terceros civiles.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio hablaron con líderes sociales y habitantes de las veredas Plan Brisas, Cunamá y El Triunfo, en el municipio de Aguazul, y el corregimiento del Morro, en Yopal, quienes explicaron la relación del petróleo con el estigma de ser visto como guerrilleros. "Aquí todo tiene que ver con el trabajo en los pozos. No hay mucho más trabajo por aquí que el que ofrecen las empresas petroleras, por eso las comunidades se unieron para exigirles condiciones laborales y que al menos arreglen la carretera. Todo eso nos marcó, por eso nos llaman guerrilleros", dijo una lideresa de Cumaná que prefirió mantener su nombre en reserva y quien habló desde su casa, muy cerca del centro de la vereda, junto a un pozo petrolero en una zona con una precaria carretera y sin red telefónica celular.

Aviso del salón comunal de la vereda Cunamá, en Aguazul, construido por Ecopetrol y British Petroleum por solicitud de los habitantes de la zona. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

La persecución que denuncian los habitantes de estas veredas y, en general, de toda la zona montañosa de los municipios de Tauramena, Yopal, Aguazul y Nuchía, se ha materializado en situaciones como la judicialización a varios de los líderes de la región bajo cargos de rebelión y extorsión, y asesinatos selectivos, tanto a manos del Ejército como de los paramilitares. "Eso es lo que nos ha traído problemas, exigir nuestros derechos, porque como uno siempre va al frente liderando, entonces lo identifican a uno más fácil", dijo otra habitante de Cumaná que también prefirió mantener la reserva de su nombre.

Como contó la lideresa, la economía de esta zona ha girado en torno a la explotación petrolera desde los descubrimientos de los campos de Cupiagua y Cusiana, a inicios de los noventa, por la empresa British Petroleum. Ante la llegada de la compañía, prácticamente se terminó la actividad agrícola, ya que la producción petrolera requería personal y ofrecía unos ingresos que no se comparaban con lo que podía producir una finca en una zona tan aislada.

Según narraron los líderes de las veredas, la mayoría de los habitantes ha tenido que trabajar para la industria petrolera ante la falta de oportunidades en otros sectores. Hugo Edgar Araque tenía un 'turno', como se le llama a la garantía de trabajar dentro de los pozos petroleros, a través de una empresa contratista.

Daniel Torres Arciniegas, padre de Roque Julio, también había tenido uno de esos 'turnos'. Yohana Torres, hija de Daniel y hermana de Roque Julio, contó que su padre era un líder social de la vereda y que ocasionalmente había trabajado en la producción petrolera.

Luego de su asesinato, según los familiares de las víctimas, la British Petroleum, dueña de la explotación para la que prestaron sus servicios, nunca los contactó, para verificar la información que mostraba el Ejército sobre su supuesta relación con grupos armados.

Según el Auto de la JEP, el grado de estigmatización, impulsado por el mismo Estado llegó al punto de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), realizó, sin que la población lo supiera, censos para identificar a todos los habitantes de las veredas y tener bases de datos que se compartían con la British Petroleum. Los censos "se actualizaban de forma permanente y eran conocidos por el comandante de la Brigada [2] y compartidos con la petrolera BP. Esta identificación inicial también se hizo por medio de detenciones masivas o individualizadas por parte del Ejército, que tuvieron lugar, en varias ocasiones, meses antes del asesinato y presentación como bajas en combate de las víctimas", señala el Auto.

Esta alianza entrevistó en la cárcel La Picota a Orlando Rivas Tovar, director regional del DAS en Casanare entre 2005 y 2007, y quien ocupó varios cargos en esa misma entidad en el departamento desde mediados de los noventa. Rivas, quien fue admitido por la JEP dentro del Caso 03, contó en detalle cómo hombres del DAS se hicieron pasar por militares en las veredas del piedemonte para construir estos censos, que eran la fuente principal de una base de datos que servía para justificar los asesinatos del Ejército.

"Hacíamos retenes y así identificábamos a la población campesina. En bazares llegábamos con cámaras de video que nos servían para hacer inteligencia encubierta", contó Rivas. El exdirector del DAS en Casanare señaló también que esta base de datos se "alimentaba" -entre varias fuentes- de información suministrada por las empresas petroleras que, por ejemplo, identificaban a los líderes sociales que promovían las protestas contra las mismas compañías.

La estigmatización era tal que inclusive personas que no vivían en la región, pero transitaban por allí, también fueron asesinadas. Astrid Sanabria es la esposa de Eiver Isidro Mendoza Vargas, asesinado el 24 de marzo de 2008 por el grupo Delta 4, del Batallón Contraguerrilla 23. Eiver Isidro terminó presentado como guerrillero por la simple casualidad de haber ido a recoger una vaca para un evento de integración a la vereda Monterralo, en el piedemonte, dentro de la zona en la que se ha estigmatizado a los habitantes.

Eiver Isidro Mendoza, asesinado por miembros de la Brigada XVI en Aguazul y presentado como 'baja en combate'. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

En el momento del crimen, Astrid Sanabria era la coordinadora de un núcleo educativo en el casco urbano de Aguazul y su esposo era trabajador de una empresa que construía un megacolegio en el mismo municipio. "Esa vereda en la que lo asesinaron queda sobre el cerro, por la vía a Pajarito (Boyacá), después del batallón que queda en Cupiagua, es zona petrolera, por eso vive todo militarizado", contó en la sala de su casa, llena de fotografías de su esposo.

El estigma que llegó con el petróleo

Buena parte de los primeros habitantes de las veredas de la zona petrolera del Casanare llegaron hace dos o tres décadas desde regiones como Boyacá en busca de un mejor futuro. Uno de esos campesinos que migró en los años ochenta fue Orlando*. Había llegado desde Labrazagande, Boyacá, y fue testigo del arribo, a principios de los noventa, de la British Petroleum, una de las mayores extractivistas del mundo que llegó a explotar el que fue, en ese momento, el mayor campo de crudo en Colombia, el del complejo Cusiana y Cupiagua, entre Yopal y Aguazul.

Orlando, que se convirtió en líder social de El Morro, una vereda de Yopal cercana a los pozos petroleros, contó que la comunidad, ilusionada con la rentabilidad de la actividad petrolera, se organizó para pedir trabajo a la British Petroleum. Sin embargo, rápidamente se generaron tensiones con la empresa. "Traían gente de otro lado a trabajar así que tuvimos que organizarnos para pedirles que nos dieran cupos de trabajo. Con el tiempo las cosas empeoraron, especialmente por la carretera, porque los camiones de ellos eran los únicos que podían pasar por el mal estado en el que quedaban", contó.

Carretera en mal estado que comunica la vía principal Aguazul - Yopal, con la vereda Cunamá, en la que la British Petroleum tuvo pozos. En la actualidad son explotados por Ecopetrol. Foto: Juan Carlos Contreras Mediana.

La protesta social empezó a verse como un acto rebelde, y la persecución y estigmatización contra los manifestantes se fue acentuando con los años en estas zonas de municipios como Yopal y Aguazul, en Casanare, y Pisba, Labranzagrande y Pajarito, en Boyacá. Por ejemplo, en los noventa, los habitantes de El Morro, la vereda de Orlando, organizaron paros, que incluyeron bloqueos, para exigirle a la British Petroleum que invirtiera dinero en la vía para que todos la pudieran usar. Orlando recordó que casi en ese mismo momento llegó el Ejército, que comenzó a señalar a los líderes de la comunidad de ser colaboradores del ELN.

Fabián León, de la organización no gubernamental Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que ha investigado la violencia en el Casanare, señaló que la configuración institucional de Colombia ha facilitado que todo el aparato militar estatal esté volcado a la protección de la industria petrolera desde el inicio de la explotación a gran escala en los noventa. "La intersección entre la estigmatización y persecución al movimiento social en el Casanare, y el fuerte despliegue militar, configuró de modo particular los riesgos y amenazas a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de quienes ejercían el derecho a la protesta, muchas veces por violaciones de derechos en contextos que tienen que ver con la operación del sector petróleo", explicó.

El investigador agregó que un elemento de contexto desde la perspectiva del conflicto armado que agravó la situación fue que, entre 2001 y 2004, en la zona se vivían dos conflictos: por un lado, la fuerza pública combatía a las FARC-EP y el ELN, y por el otro, los paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se enfrentaban a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocidas como Buitragueños.

Las ACC, comandadas por Héctor Buitrago, alias 'Tripas', y su hijo con el mismo nombre, alias 'Martín Llanos', fueron en varios casos los responsables materiales de la violencia que vivieron las comunidades del piedemonte, en medio de los pozos petroleros. Para Martín Ayala, líder de la ONG de Casanare, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), que ha denunciado la relación de la industria petrolera y la violación de derechos humanos, es evidente la persecución del Estado de la mano de los paramilitares en esa región del país. "Mataron a varios compañeros que hemos denunciado abusos, a líderes campesinos. Hemos recibido amenazas y muchos hemos tenido que dejar la región. Gente de la justicia, militares, políticos tenían que ver con los 'paras'", explica Ayala.

Cospacc, junto a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el apoyo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), fueron los autores del informe Ni delincuentes, ni combatientes, sobre 12 casos de los llamados 'falsos positivos' en Casanare, entregado a la JEP. Varias de estas investigaciones tienen un carácter reservado y sólo son públicas parcialmente ( ver resumen del informe ).

La Cospacc también fue víctima de hechos violentos como el asesinato, el 13 de abril de 1995, de Carlos Mesías Arriguí, uno de los líderes de la organización que participó en iniciativas sociales de protesta por la falta de inversión social de la petrolera British y en un paro que bloqueó la carretera en el Morro en 1994. Según la investigación del CINEP, "Casanare: exhumando el genocidio" , publicada en 2009, el Ejército señaló después de la muerte que la víctima era un guerrillero del ELN hecho que nunca se probó judicialmente.

Otro caso es el del líder sindical de la Unión Sindical Obrera (USO), Gilberto Torres, que trabajaba en Ecopetrol para el contrato de asociación que tenía la estatal con British Petroleum. En 2002, Torres permaneció secuestrado 42 días por los 'Buitragueños', luego de liderar una protesta que bloqueó la producción de una de las instalaciones de la petrolera británica. "Ya hay varios de los que me secuestraron condenados, pero fueron los autores materiales, que fueron los paramilitares. Faltan los autores intelectuales. Por ahora tengo que seguir en el exilio", dijo a esta alianza Torres, quien se ha visto obligado a dejar el país por amenazas en dos periodos, entre 2003 y 2016, y desde 2017 hasta la actualidad.

La situación empeoró con el enfrentamiento entre los dos grupos paramilitares, especialmente con el aumento de la desaparición forzada. Entre 2001 y 2004 se registraron cerca de 700 casos en Casanare, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. La mayoría de los casos ocurrieron en la zona del piedemonte, con casos críticos como el del municipio de Recetor que tuvo casi 60 desaparecidos en solo cuatro meses, entre diciembre de 2002 y marzo de 2003.

Falsos señalamientos, judicialización y capturas

Mientras se disparaba la desaparición forzada, al inicio de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llegaron las detenciones por señalamientos a habitantes de la zona de ser colaboradores de la guerrilla. Entre 2003 y 2004, el Ejército capturó a varios miembros de las comunidades y los acusó de delitos como rebelión y terrorismo.

Después de unos meses en la cárcel, la mayoría salió libre por falta de pruebas, pero el estigma los marcó desde entonces. "Nosotros no sabíamos que podíamos demandar al Estado por eso que nos hicieron, pero era solo el principio. Desde ese momento, cada tanto vienen y se llevan a alguien, y le montan un proceso por terrorismo", contó uno de los habitantes de una vereda de Yopal que prefirió no revelar su identidad.

No existen cifras del total de capturados durante esos años en los municipios del piedemonte, pero los testimonios de los militares y del exdirector del DAS ante la JEP muestran la sistematicidad de estas judicializaciones que sirvieron para consolidar la base de datos que justificó los 'falsos positivos'.

En la entrevista, Orlando Rivas, exdirector seccional del DAS en Casanare, nos dijo que información relacionada con las personas arrestadas luego fue usada para mostrar que tenían un prontuario judicial a la hora de presentarlos como bajas en combate.

Uno de estos casos es el de Beyer Ignacio Pérez, un campesino cuyo único delito fue vivir en la zona del piedemonte del municipio de Nuchía. Según su hijo Andrey Betancourt, presidente de la Asociación de Víctimas de Casanare por la Paz (Casa-Paz), su padre había sido capturado con falsos señalamientos y dejado en libertad porque la justicia no encontró pruebas en su contra. En 2007 fue asesinado por militares del Grupo Delta 4 del Batallón Contraguerrilla 23, en colaboración con agentes del DAS, y presentado como guerrillero muerto en combate.

Rivas explicó que, especialmente durante los años de la política de Seguridad Democrática, se utilizó el testimonio de desmovilizados que recibían dinero para señalar a presuntos guerrilleros. "Con la base de datos en mano les decíamos: 'Oiga estos campesinos que le voy a mostrar, qué vínculos tienen con grupos al margen de la ley'. Entonces, nos decían: 'Este campesino fue el que nos llevó un mercado, este unos medicamentos, este es el que nos llevó una carta al presidente de la Junta de Acción Comunal o nos llevó una carta al gerente de una empresa de petróleos'", relató el exdirector del DAS.

Con esta información, según Rivas, el DAS hacía informes de inteligencia que eran enviados a la Fiscalía para respaldar las capturas aunque posteriormente la justicia dejaba libres a las víctimas por falta de pruebas. "Todo iba a dar a la base de datos que utilizaban los militares para mostrar que las víctimas eran guerrilleros", dijo Rivas.

El exdirector del DAS en Casanare contó que gran parte de las personas que aparecían en la base de datos fueron perfiladas por su liderazgo social, como el caso de Daniel Torres, padre de Roque Julio Torres. "Cualquier persona que pensara diferente se le señalaba como revolucionario, se entendía como de izquierda y más si tenía el asesoramiento de alguna ONG. Ese fue el caso específico de Daniel Torres, que lideraba procesos en favor de la comunidad", dijo Rivas.

Un hecho aterrador que han confesado los militares y que refuerza las estrategias de estigmatización es la utilización de un 'kit de legalización' -con panfletos de las guerrillas, botas, uniformes y otros elementos- que era puesto junto a los cuerpos para reforzar la idea de que pertenecían a grupos subversivos.

Crímenes financiados con recursos públicos y dinero de las petroleras

El amplio despliegue del Ejército en Casanare, relacionado con el cuidado de la infraestructura petrolera, contó con varias unidades militares, incluída una seccional del Gaula, además de otros dentro del Brigada XVI, como el Batallón Ramón Nonato Pérez (BIRNO), cuya sede se encontraba cerca al principal centro logístico de la British Petroleum en Aguazul, y varios batallones contraguerrilla que, a su vez, tenía varios grupos DELTA. Toda esta presencia militar fue financiada con dinero público, pero también con recursos entregados por las propias petroleras.

El Auto de la JEP señala que tanto los recursos de los contribuyentes, como los que llegaron por convenios entre las petroleras y el Ejército, fueron utilizados en la comisión de estos crímenes. "Especial mención merece el manejo de los recursos del Gaula Casanare que, en vez de ser orientados a la lucha antiextorsión y antisecuestro, fueron destinados para financiar el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Esto le permitió competir en el número de resultados con el BIRNO, con una tropa de no más de 100 integrantes", dice el documento de la JEP.

Según la base de datos construida por esta alianza periodística, de los 93 asesinatos identificados en el piedemonte, 43 fueron cometidos por el BIRNO y 25 por el Gaula. Estos grupos 'antisecuestros' no estaban subordinados a la Brigada XVI, sino que tenían una línea de mando directa con la coordinación central de los Gaula a nivel nacional. Sin embargo, sí coordinaban acciones con la Brigada y, según las declaraciones del exdirector seccional del DAS también usaron información de inteligencia para justificar los crímenes.

Audiencia de reconocimiento de la JEP en Yopal, en septiembre de 2023. Del lado izquierdo familiares de las víctimas, del lado derecho, los militares retirados. Foto: Oscar Javier Parra Castellanos.

Tratamos de conseguir información sobre los convenios por los cuales la petrolera British Petroleum le entregó recursos al Ejército, pero después de casi 10 meses de solicitudes a diferentes instancias judiciales, tanto esa institución como el Ministerio de Defensa han utilizado recursos legales para no entregar la información.

Estos convenios fueron aprobados desde 1996, y permiten que empresas minero-energéticas le entreguen dinero al Ejército, la Policía, e incluso la Fiscalía (en el caso particular de Ecopetrol), a cambio de que presten seguridad a las instalaciones de la compañía y que prioricen las investigaciones relacionadas con delitos contra su personal e infraestructura. Como lo documentó Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio en 2019, en la investigación "Convenios de fuerza y justicia" , varias organizaciones sociales han denunciado que este mecanismo supone una especie de privatización de la seguridad pública y está relacionada con casos de criminalización de líderes sociales que han protestado contra presuntos abusos ambientales o laborales, o por falta de inversión social de las empresas. También se han denunciado casos de corrupción por parte de militares en el manejo de estos recursos ( ver investigación "Contratos millonarios ponen al Ejército bajo sospecha").

La más reciente solicitud de información al Ejército y al Ministerio de Defensa se realizó a través de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ya que en el pasado una petición similar expuso a los periodistas de Rutas del Conflicto, que terminaron perfilados en el caso conocido "Las carpetas secretas" del Ejército. Sobre la última petición, el Juzgado 16 de Familia de Bogotá ordenó el 27 de octubre al Comando de Adquisiciones del Ejército que entregara la información solicitada dentro de las siguientes 48 horas. La decisión fue impugnada por la institución y hasta la publicación de este reportaje el recurso no había sido resuelto.

Entre marzo y abril de 2023, el Ejército negó varias veces que tuviera registro de convenios con la British Petroleum, aunque aclaró que había firmado 216 acuerdos con varias empresas petroleras, 106 con Ecopetrol. La entidad ha insistido en que estos documentos son reservados por asuntos de seguridad nacional. Solo a través de las vías legales, esta alianza ha logrado obtener la información de dichos convenios que se consideran de interés público.

En un documento de 2010 , obtenido por Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio, el entonces vicepresidente jurídico de la British Petroleum, Orlando Cabrales Segovia, le envió una carta al padre Mauricio García, para la época director del Centro de Investigación Popular (CINEP). En el documento, Cabrales le señalaba que el único mecanismo que tenía la compañía para relacionarse con la fuerza pública eran convenios que "se renuevan anualmente y son materia de auditoría por parte de la Contraloría General de la Nación".

En ese mismo documento, el vicepresidente jurídico explicaba que estos convenios eran suscritos formalmente por Ecopetrol y el Ministerio de Defensa, para "proteger las operaciones conjuntas y las comunidades circundantes y mitigar los riesgos de seguridad". La carta era una respuesta a la investigación "Casanare: exhumando el genocidio" , publicada por el CINEP, donde se señalaba la presunta responsabilidad empresarial de la British Petroleum en varios hechos de violencia ocurridos desde los años noventa en el entorno petrolero.

Fabián León, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, considera que la British Petroleum fue un actor decisivo de poder indiscutible en el país, incluso, superior al Estado colombiano. El investigador señala que, en consecuencia, si se contemplan los recursos económicos que entregaba a la fuerza pública mediante los denominados convenios de colaboración, la empresa tuvo algún grado de responsabilidad en los hechos que ocurrieron en la región, como en el marco del conflicto armado. "Como evidenció la Comisión de la Verdad, el desarrollo de la política de seguridad en Colombia, y particularmente en el Casanare, se ve que estuvo asociada a la presencia de actores empresariales en el sector de hidrocarburos", señaló León, quien agregó que incluso en gobiernos más recientes, se intensificó esa situación, por ejemplo, con la creación de seis batallones minero-energéticos en el gobierno de Iván Duque.

Esta alianza intentó comunicarse con la oficina de comunicaciones de la BP en Londres, ya que en Colombia no tiene ninguna oficina de contacto, para consultarle su versión. Se enviaron tres correos electrónicos solicitando una entrevista e incluso un cuestionario, pero no recibió respuesta.

Tanto en la carta que en su momento envió el vicepresidente jurídico, como en otros comunicados públicos, la British Petroleum ha señalado que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos violentos que ocurrieron en el entorno de su trabajo y, por el contrario, invirtió en la formación de militares. "Un ejemplo vívido (...) es la Pista de entrenamiento de Derechos Humanos y el taller anual de alto nivel en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario patrocinados por la BP en el marco de los convenios", señala la carta firmada por Cabrales.

Un estigma que continúa

Los líderes sociales entrevistados señalaron que aunque la violencia se ha reducido en comparación con la que sufrieron hace un par de décadas, siguen siendo víctimas de la estigmatización, de amenazas contra sus vidas y de persecución judicial por su liderazgo.

Es el caso de Miguel Daza, líder de la vereda Plan Brisas de Aguazul, que en la actualidad afronta un proceso en la Fiscalía por concierto para delinquir y rebelión, como lo documentó el portal Verdad Abierta . El líder y varios miembros de la comunidad han denunciado que se trata nuevamente de una situación en la que las empresas petroleras que actualmente están en la zona, como Ecopetrol y Frontera Energy, tienen una abierta influencia en el actuar de la Fiscalía con los convenios señalados anteriormente.

El líder, que hace parte de la Asociación de Veredas de Cunamá (ASOVEC), nos dijo que ha recibido presiones por parte de la Fiscalía para que acepte los cargos a cambio de una reducción en la pena, pero insistió en que no lo hará y demostrará que no cometió ninguna ilegalidad. "Esta es la segunda vez que me judicializan. La primera fue hace como 18 años. Ha sido una situación muy difícil para mí. Llevo ya un tiempo largo en 'casa por cárcel' y eso me ha afectado a mí y a mi familia, tanto económica como emocionalmente", dijo.

Pozo petrolero ubicado a solo 300 metros del centro urbano de la vereda Cunamá. Fue explotado por la British Petroleum hasta 2010 y en la actualidad está a cargo de Ecopetrol. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

Rutas del Conflicto publicó en julio de 2023 una investigación donde evidenció con una base de datos que 140 líderes y lideresas sociales han sido judicializados desde 2013 y luego puestos en libertad por falta de pruebas. Aunque nunca fueron declarados culpables, el impacto a su prestigio se ha visto afectado y su liderazgo, debilitado.

Habitantes de la vereda Plan Brisas de Aguazul señalaron que con la captura y el proceso de Daza se afectó el liderazgo de la comunidad a la hora de solicitarle a Ecopetrol, que ahora explota parte de los pozos, más inversión en la zona.

Las familias de las víctimas de los 'falsos positivos' siguen exigiendo justicia, verdad y reparación, no solamente por parte de los agentes del Estado, sino de los actores políticos y económicos que tuvieron alguna responsabilidad. Mientras tanto, los habitantes de las montañas de esta región siguen sobreviviendo a la estigmatización, después de más de 30 años de explotación petrolera, lejos del sueño de vivir una vida digna, lejos de la pobreza.

*El nombre fue cambiado por razones de seguridad.

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Según una base de datos construida con información de la JEP, entre 2005 y 2008, militares asesinaron a al menos 93 personas para presentarlas como guerrilleros o paramilitares en el entorno petrolero del piedemonte, en veredas de 14 municipios de Casanare y Boyacá.

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En 2014, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y Verdad Abierta, Rutas del Conflicto documentó 730 masacres cometidas en medio del el conflicto armado colombiano, desde 1982 hasta 2012. Haga clic en cada uno de los puntos para ver el detalle de cada uno de estos hechos.

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En 2014, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y Verdad Abierta, Rutas del Conflicto documentó 730 masacres cometidas en medio del el conflicto armado colombiano, desde 1982 hasta 2012. Haga clic en cada uno de los puntos para ver el detalle de cada uno de estos hechos.

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The data journalists who entered the competition this year, focused on popular keywords: election, analysis, national, country, showed to be quite popular, with much focus on elections in the United States and around the world.

Journalists do love their deadlines indeed

Watch the Data Journalism 2017 Shortlist Reveal

Data visualisation of the year

Shortlisted projects

Fenced Out, The Washington Post, United States
Gun Deaths in America, FiveThirtyEight, United States
One Angry Bird, Periscopic, United States
The Rhymes Behind Hamilton, The Wall Street Journal, United States
Who supports Donald Trump? The new Republican center of gravity, Guardian, United States

Investigation of the year

Shortlisted projects

Fake News and False Flags: How the Pentagon paid a British PR firm $500 million, The Bureau of Investigative Journalism, United Kingdom
Football Leaks, Der Spiegel / European Investigative Collaborations (EIC), Germany
Race Behind Bars, The New York Times, United States
The death of a prosecutor, 40,000 audio hearings, 2 years, a team and a news app, La Nación Data, Argentina
The Nauru files: cache of 2,000 leaked reports reveal scale of abuse of children..., Guardian Australia, Australia
The unlawful use of physical restraints in Norwegian psychiatric wards, VG, Norway
Unfounded, The Globe and Mail, Canada

News data app of the year

Shortlisted projects

Blue Feed, Red Feed, The Wall Street Journal, United States
Drone Warfare data explorer, The Bureau of Investigative Journalism, United Kingdom
Electionland, ProPublica and The Electionland Coalition, United States
REM-F: City Efficiency Ranking (Ranking de Eficiência dos Municípios Folha), Folha de S.Paulo, Brazil
US Elections 2016 Results Tracker, Guardian US, United States

Data journalism website of the year

Shortlisted projects

Ctrl+X, Abraji - Brazilian Association for Investigative Journalism, Brazil
Currency Chaos, IndiaSpend, India
Data Journalism Pakistan, Internews Network, Pakistan
FiveThirtyEight.com, FiveThirtyEight, United States
Les Décodeurs, Le Monde, France
Open Data by SRF Data, SRF Data, Switzerland
PORTAFOLIO DATA, La Nación, Costa Rica
Postdata.club, Postdata.club, Cuba
Rutas del Conflicto, Rutas del Conflicto, Colombia
TeleGraphs, The Telegraph, United Kingdom

The Chartbeat award for the best use of data in a breaking news story, within first 36 hours

Shortlisted projects

EU referendum: The result in maps and charts, BBC News Visual and Data Journalism team, United Kingdom
Fact Check: Trump And Clinton Debate For The First Time, NPR / NPR Visuals & NPR Politics, United States
Live factchecking of the State of the Union Speech, La Nación, Costa Rica

Open data shortlisted projects

#MineAlert, Oxpeckers Investigative Environmental Journalism, South Africa
Analyzing 8 million data from public speed limit detectors radars, El Confidencial, Spain
Database of Assets of Serbian Politicians, Crime and Corruption Reporting Network - KRIK, Serbia
Pajhwok Afghan News, Afghanistan
ProPublica Data Store, ProPublica, United States
Researchers bet on mass medication to wipe out malaria in L Victoria Region, Nation Media Group, Kenya

Best individual portfolio shortlisted projects

Ashley Kirk, The Telegraph, United Kingdom
Carla Pedret for The exodus data project, Spain
Derek Willis, ProPublica, United States
Doris Truong, Wall Street Journal, United States
John Burn-Murdoch, Financial Times, United Kingdom
Julia Wolfe, Various, United States
Keith Collins, Quartz, United States
Lena Groeger, ProPublica, United States
Mohammed Haddad, AJLabs for Al Jazeera, Qatar
Mona Chalabi, The Guardian, United States
Patrick Stotz, Spiegel Online, Germany

Best portfolio - Team shortlisted projects

Berliner Morgenpost Interactive team, Germany
El Confidencial data team, Spain
Sydney Morning Herald, Australia
Wall Street Journal Graphics team, United States

Public choice shortlisted projects

1,000 gold medals, The Washington Post, United States
Analyzing 8 million data from public speed limit detectors radars, El Confidencial, Spain
Broken Homes - A record year of home demolitions in occupied East Jerusalem, AJLabs for Al Jazeera, Qatar
Fact-checking every Declaration of Assets and Incomes of the Spanish MPs, El Mundo, Spain
How do Chinese spokespersons of MFA answer questions? The Beijing News, China
One Angry Bird, Periscopic, United States
Race Behind Bars, The New York Times, United States
Researchers bet on mass medication to wipe out malaria in L Victoria Region, Nation Media Group, Kenya
The Rhymes Behind Hamilton, The Wall Street Journal, United States
Who supports Donald Trump? The new Republican center of gravity, Guardian US, United States

Small newsrooms (one or more winners) shortlisted projects

A caixa-preta dos sindicatos (THE BLACK BOX OF THE TRADE UNIONS), A Gazeta, Brazil
Crime in Context, The Marshall Project, United States
Foreign Investments Uncovered database, Balkan Investigative Reporting Network, Macedonia
If you're black, Tampa Bay Times, United States
Parrains2017, OuestMediaLab, France

Student and young data journalist of the year shortlisted projects

Reade Levinson for Protecting the Blue, Reuters, United States
Shadab Nazmi, India Today, India
Yaryna Serkez for portfolio, Ukraine

The Global Editors Network and its jury members warmly thanks all of this year's competitors for the outstanding quality of the project.

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The Data Journalism Awards 2017 Shortlist

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The winners will be announced at the DJA 2017 Ceremony and Gala Dinner taking place during the GEN Summit 2017, in Vienna, Austria on 22 June 2017. Over the past six years, the Global Editors Network...

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Luego de conocer los trabajos ganadores del Premio ¡Investiga! 2019, la iniciativa de Consejo de Redacción que reconoce la labor de los periodistas investigativos en el país, los premios no se hicieron esperar. El conocimiento que se adquiere con la experiencia es lo más importante para nosotros, por eso en esta versión los ganadores recibieron dos pasantías en las que compartieron su trabajo y conocieron los procesos que se llevan en otras organizaciones.

Juan Gómez, periodista de Rutas del Conflicto y ganador en la categoría Periodistas con el trabajo "Líderes de sustitución de cultivos uso ilícito: en doble riesgo", visitó Periodistas de a Pie en México, una organización de periodismo de investigación que busca elevar la calidad de la profesión.

Durante dos semanas Juan, quien también es #AsociadoCdR, compartió con colegas mexicanos su trabajo en Rutas del Conflicto e inició una investigación colaborativa y transnacional que se presentará en unos meses en el portal de Rutas del Conflicto y Periodistas de a Pie.

En la imagen, los ganadores del Premio Gabo en la categoría Innovación por su trabajo Mujeres en la vitrina. Juan Gómez compartió con ellos y otros periodistas durante su pasantía. Foto cortesía.

Por otro lado, el ganador en la categoría estudiantes, Carlos Mayorga, quien con sus compañeros del Politécnico Gran Colombiano realizó la investigación " Periodismo en tiempos de posacuerdo. El riesgo de informar desde las regiones" viajó a Medellín al evento Crece con Google.

En esta experiencia compartió con el equipo de Google herramientas digitales para expandir sus posibilidades personales y profesionales. Fueron dos días en los que también conoció proyectos emprendedores y la oferta que este gigante tecnológico tiene disponible para periodistas y usuarios.

El 30 y 31 de julio, Carlos Mayorga, ganador del Premio ¡Investiga! en la categoría Estudiantes, compartió con otros asistentes de la primera edición de este evento en Colombia. Foto cortesía.

Consejo de Redacción habló con los ganadores del Premio ¡Investiga! 2019 y esto fue lo que nos contaron:

Lee también Chequeado abrió sus puertas al ganador de ¡Investiga! 2018.
Consejo de Redacción: Cuéntanos cómo fue tu experiencia durante tu pasantía en Periodistas de a Pie
Juan Gómez: Como te vas a dar cuenta por mi acento colombo - mexicano me fue muy bien, me llevo en el corazón la amistad de los colegas mexicanos con los que estuve trabajando, quienes me tendieron una ayuda muy grande para entender los complejos contextos de violencia que hay en ese país y que son muy locales.

En medio de este proceso de investigación, contando con su apoyo, pudimos adelantar dos investigaciones que tienen que ver con la reconstrucción histórica de la relación que hay en dos temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito y las rutas del narco entre Colombia y México.

Estas son investigaciones de largo aliento que van a merecer unos meses más de trabajo. Lo bueno es que el interés de los periodistas de allá ha permitido que esta alianza pueda perdurar en los meses siguientes, y que ellos puedan dedicarse a terminar los capítulos de Mexico y yo pueda dedicarme a Colombia, a seguir documentando.
Consejo de Redacción: ¿Cómo llegaron al tema de investigación?
JG: Llegamos al tema pensando en ¿qué une a Colombia y México?, esto en términos de violación a los derechos humanos. Entonces son varias conexiones como la desaparición forzada, la violencia desmedida de los carteles, las rutas del narcotráfico, las reclamaciones sociales de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades que, de una u otra forma, han tenido alguna participación en el cultivo y procesamiento de los cultivos de uso ilícito, acá principalmente la coca, allá la amapola.

Lo que resalto de esto es ver cómo aún cuando son dos países diferentes, comparten un contexto que dentro de lo cultural, lo político y las exigencias sociales son muy parecidos, porque sigue siendo mucha gente la que vive en lugares de altísima conflictividad, y así en Colombia hayamos tenido momentos de violencia más oscuros, allá está mucho más fresco, y guardando los contextos, se ve que en el tema de la desprotección de las comunidades más vulnerables en ambos países hay una deuda del Estado grandísima.

Entonces lo que queremos es justamente ver cómo esa ruta del narco Colombia - México afecta a unas comunidades que participan de ella o que se ven de, alguna manera, impactadas por las dinámicas de violencia alrededor de quienes controlan la ruta.

Conoce la investigación ganadora Líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito, ¡ganadora del Premio ¡Investiga! 2019!
CdR: ¿Por qué es importante propiciar espacios para periodistas en los que se premie el trabajo bien hecho con experiencias profesionales?
JG: Tiene que ver con el hecho de que siempre como periodistas, independientemente de cuánto bagaje tengamos, estamos en constante aprendizaje y eso se refleja en las prácticas que terminan siendo saludables para las maneras en que tratamos la información. Esto quiere decir que si estamos en constante capacitación y reflexión vamos a poder hacer las cosas de la mejor manera y ser escuela y maestros para los que siguen, porque al final este es un oficio de maestros y de maestras.

El poder de la inquietud periodística, si es aprovechado junto con la experticia y la experiencia de otras personas que en otras latitudes se hacen las mismas preguntas o similares, que han pasado por los procesos que uno a pasado o que ya van en una etapa de maduración, siempre va a ser mucho más valioso que los equipos y el dinero.

Tener la posibilidad de ir a otro lugar a aprender, de estar viendo en perspectiva, de salirte de tu zona de confort, te hace empezar a evaluar cómo haces las cosas desde la manera en que otros colegas lo hacen en otros lugares, con otros contextos y lo hacen bien. Es una experiencia muy enriquecedora.

Para mí es una fortuna conocer gente que está incomodando e incomodándose en otros lugares con los mismo temas y que son de trascendencia por lo que vivimos. Más allá de los equipos o materiales, la experiencia es algo que nunca se va a negociar en el futuro y que jamás va a perder su importancia, porque lo que te acuerdas es de los grandes profesionales que conoces, de las prácticas que quieres hacer, de los amigos que has hecho y que te esperan y de las alianzas para investigar cosas que al final como región y continente compartimos.

Este tipo de experiencias hacen concluir que siempre se puede hacer un trabajo mejor y estas vivencias nos muestran que sí se pueden hacer mejor las cosas.

Revive la premiación del Premio ¡Investiga! 2019
Consejo de Redacción: Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el Evento Crece con Google.
Carlos Mayorga: Crece con Google fue una experiencia para aprender de tratamiento de datos, también para aprender a emprender de alguna manera un medio de comunicación y fue fundamental para entender que hay muchas maneras de emplearse y ser autosuficiente dentro de la labor periodística. Entendemos que estamos en un momento donde hay una crisis de medios, un desfinanciamiento, y Crece con Google fue una oportunidad para abrir un abanico de posibilidades y entender que hay maneras por las cuales uno puede, con herramientas tecnológicas, apoyarse y realizarse laboralmente.

En el evento "Crece con Google", nuestro ganador no solo conoció nuevas herramientas y emprendimientos, sino que también conoció la ciudad. Foto cortesía.
CdR: Cuál fue el mayor aprendizaje que te quedó después de haber participado de este evento.
CM: Nos dieron una serie de herramientas tecnológicas de Google y los panelistas estaban muy empapados del tema de emprendimiento y de datos. Con la Unidad de Investigación Periodística de la cual hago parte y proyectándome a la Red de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes, de la cual voy a hacer parte desde la siguientes semanas, estoy proponiendo trabajos de datos.

Entender que hay herramientas que nos facilitan el tratamiento y visualización de datos, hizo que se creara en mí la curiosidad y que esto fuera lo primero que llegué a hablar con el resto de la Unidad de Investigación Periodística, con el objetivo de emancipar estos saberes.

Conoce la investigación Periodismo en tiempos de posacuerdo, el riesgo de informar desde las regiones
CdR: ¿Qué destacas del Premio ¡Investiga!?
CM: Creo que el Premio ¡Investiga! me dio tres vueltas en la vida. Estoy demasiado agradecido, primero porque no nos lo esperábamos: cuando empezamos "Periodismo en tiempo de posacuerdo. El riesgo de informar desde las regiones" fue una apuesta porque sentíamos que era necesario, lo teníamos en casa, y empezamos con una investigación que nos llegó con periodistas de región que fueron a al universidad y era un intento por visibilizar estas problemáticas, pero digamos que las confluencias de personas, disciplinas y saberes llegaron a lo que constituyó este especial multimedia que fue ilustración, podcast, video, texto.

Estamos muy satisfechos porque recibir el Premio ¡Investiga! 2019 es reconocer que el periodismo de investigación vale, que los jóvenes estamos empoderados, que tenemos las capacidades para realizar investigaciones y que desde la academia es necesario empezar a hacer periodismo, ya que es antinatural que no hagas periodismo si lo estás estudiando. Además, creo que es un aliciente para todas las personas que dicen que del periodismo no se puede vivir, porque con este tipo de trabajos y galardones se reconoce que con el esfuerzo, la disciplina y el interés es posible vivir del periodismo y elogiar los esfuerzos cuando uno quiere hacer las cosas.
Conoce más detalles sobre el Premio ¡Investiga! acá, y anímate a participar de nuestra siguiente versión

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¡México y Medellín recibieron a nuestros ganadores! Conoce la experiencia de los ganadores del premio ¡Investiga! 2019 - Consejo de Redacción

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La octava versión del Premio ¡Investiga! nos sigue dando sorpresas. Las experiencias periodísticas son lo más importante para nosotros, por eso los ganadores del Premio compartieron con periodistas y expertos en México y Medellín métodos, técnicas y herramientas periodísticas para ampliar sus conocimientos.

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Cuatro asociados ganadores del concurso de Proyectos de Investigación Transnacionales IPYS - Consejo de Redacción

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Cuatro asociados fueron ganadores del Concurso de Proyectos de Investigación Transnacionales organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional (TI). ¡Conoce los proyectos transnacionales que desarrollarán!

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La Fundación Con Lupa, y por tanto, Rutas del Conflicto obtiene ingresos operacionales (808.3123.214 para 2021 en total) mediante la venta de servicios por producción periodística y crowdfunding (financiación colectiva).

También cuenta con proyectos de cooperación como PNUD, Heinrich Böll, FESCOl por valor de 670.978.121 deducción en gastos generados tanto administrativos como por proyectos, dando así un excedente de 16.216.28. Los activos fueron de 33.845.340, los pasivos de 7.526.981 y el patrimonio de  26.318.360.

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La segunda edición de la campaña de crowdfunding “#YoApoyoARutas” realizada entre Agosto y Octubre, con el objetivo de recolectar recursos para el fortalecimiento del área administrativa de Fundación con Lupa, tuvo una meta de 25 millones de pesos, de los cuales logró recolectar 11.547.177 pesos colombianos gracias a 130 donantes para el 4 de Octubre (fecha de cierre de la campaña).

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La anterior información sobre la gestión financiera de Fundación Con Lupa se puede encontrar en la sección “¿Quienes somos?” del sitio virtual de Rutas del Conflicto en su informe de Estados financieros 2021-2020 y en su informe de gestión 2021.

Los estados financieros son presentados en la moneda funcional de la Fundación, que es el peso colombiano y tiene definido por estatutos efectuar un corte de cuentas, además de realizar la preparación y difusión de estados financieros de propósito general anualmente, el 31 de diciembre.

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Cabe destacar que sus notas y especiales se publican de manera semimensual en su página web, pero sus cuentas de Instagram, Facebook y sobre todo, Twitter tienen actividad casi diaria, sea divulgando contenido propio o de otros individuos y organizaciones.

Es una plataforma limpia en cuanto a publicidad y mercadeo, lo que permite una exploración tranquila y libre de contaminación visual o distractores.

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Residencia: Bogotá, Distrito Capital, Colombia.

Atribuciones dentro del proyecto (Rutas del Conflicto): Dirección de Fundación con Lupa, Representación legal y Edición de Notas periodísticas.

Ubicación Geográfica: Regiones colombianas especialmente golpeadas por la violencia producto del conflicto armado. Algunos ejemplos son Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander. Aunque su trabajo periodístico aplica prácticamente a todo el territorio nacional, en cuanto en mayor o menor medida, esta problemática tiene ese mismo alcance.

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Marco Político: El enfoque de su trabajo gira alrededor del conflicto armado (y sus perspectivas) como se ha mencionado anteriormente. Pero podemos destacar otros temas predominantes como son el medio ambiente, el relacionamiento entre el Estado y el Paramilitarismo, comunidades marginalizadas y las dinámicas estatales relacionadas tanto al tratamiento de la información y la formación de redes de clientelismo/corrupción.

Métodos de difusión de la opinión y transmisión de la información en los que ha sido partícipe: Columnas de Opinión, ensayos, conferencias, entrevistas y análisis documental.

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¿Qué tipo de procesos de investigación usa Oscar Parra para  su información?

El proceso de investigación que usa el periodista son formatos tradicionales y digitales, incluyendo datos de investigación propia y  testimonios de la  ciudadanía con el fin de visualizar las historias de conflicto en Colombia que no habían sido documentadas por ningún medio.

¿Cómo documenta sus investigaciones y descubrimientos el periodista?

La información se documenta a través de bases de datos de investigación propia, reportajes, podcast y productos multimedia. Actualmente es el medio de comunicación alternativo independiente, que conserva el archivo periodístico interactivo más completo sobre la memoria de la guerra en Colombia.

¿Cuáles son los temas recurrentes que suele tratar en su trabajo?

El objetivo principal de este periodista es visualizar el conflicto armado en Colombia de manera que las personas que no han vivido la guerra puedan comprender su magnitud desde sus relatos y vivencias, pero más allá de eso, quiere demostrar el alcance periodístico que tiene el medio  para obtener una información veraz, imparcial y transparente.

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¿Cuáles han sido sus aportes en las instituciones tanto académicas como laborales?

Su experiencia como ingeniero de sistemas le ha permitido desarrollar aplicaciones para internet, manejo de datos y programador en lenguaje asp y php, también aportó en los diferentes portales web (Votebien.com, Terra Networks Colombia, conexión Colombia, entre otros) su conocimiento como periodista, escritor y desarrollador de proyectos multimedia y manejo de herramientas de edición de video. Actualmente aporta su conocimiento como profesor en la Universidad del Rosario.

¿Cuál es su visión personal sobre el periodismo, su alcance, su propósito y sus características?

Su compromiso más importante es hacer un buen periodismo, mostrando la realidad del conflicto en Colombia para que el estado pueda tomar buenas decisiones respecto a las solicitudes que hacen las víctimas en sus relatos, que ellos puedan hacer valer sus derechos y se pueda construir una memoria histórica mucho más incluyente.

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Luis Felipe Huertas Fabra

Jeimy Andrea Torralba Millares