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https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf

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Sistema educativo Colombiano. Avances y retos. 

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Sistema educativo Colombiano. Avances y retos. 

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http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v18n1/v18n1a04.pdf

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https://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf

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Organización del sistema educativo español

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Organización del sistema educativo español

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Última actualización: 30-11-2022

Contenido de esta página

Fundamentos del sistema educativo español

El sistema educativo español es una estructura compleja que comprende:

Las Administraciones educativas, los profesionales de la educación y todos los otros agentes, públicos y privados que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España, y los titulares de este derecho.

El conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para prestarlo.

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Estructura y organización del sistema educativo español

Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo español son:

Educación Infantil.

Educación Primaria.

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Bachillerato.

Formación Profesional (FP).

Educación de Personas Adultas.

Enseñanzas universitarias.

Además, se ofertan las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Enseñanzas Deportivas, consideradas Enseñanzas de Régimen Especial.

La Constitución española de 1978 establece un modelo de Estado descentralizado que reparte el ejercicio de las competencias educativas entre todos los niveles administrativos. Es un modelo simétrico en el que las competencias educativas ejercidas por las comunidades autónomas son básicamente las mismas.

Las competencias educativas se distribuyen entre:

la Administración General del Estado (Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP]).

las comunidades autónomas (Consejerías o Departamentos de Educación). En las ciudades de Ceuta y Melilla son asumidas por el propio MEFP.

el papel de las administraciones locales se centra en la gestión educativa a través de las Concejalías de Educación o de los Institutos Municipales de Educación.

los centros educativos también participan gracias a la autonomía que tienen tanto en lo pedagógico, a través de la elaboración de sus proyectos educativos, como en lo que respecta a la gestión económica de los recursos y a la elaboración.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), aprobada en 2020, y que modifica la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, regula el sistema educativo y establece la distribución de competencias educativas entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

Para más información sobre la organización del sistema educativo español, consulta la información disponible en rediE-Eurydice .

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Información por Comunidades Autónomas

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Autoridad responsable de la información

Ministerio de Educación y Formación Profesional
Subsecretaria de Educación y Formación Profesional

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Última actualización: 30-11-2022 Contenido de esta página El sistema educativo español es una estructura compleja que comprende: Las Administraciones educativas, los profesionales de la educación y todos los otros agentes, públicos y privados que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación de servicios para el ejercicio del derecho a la educación en España, y los titulares de este derecho.

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El Ministerio de Educación Pública es el ente rector del sistema educativo costarricense; esto incluye al sector privado.
Este es el sitio oficial
https://www.mep.go.cr

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https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_leyeducacionintercultural_ecu.pdf

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[Bloque 1: #preambulo]

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

[Bloque 2: #tpreliminar]

TÍTULO PRELIMINAR

[Bloque 17: #a13]

Artículo 13

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Se modifica el apartado 2 por el art. único de la Reforma de 27 de agosto de 1992. Ref. BOE-A-1992-20403

[Bloque 20: #s1]

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

[Bloque 36: #s2]

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos

[Bloque 81: #a68]

Artículo 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

[Bloque 82: #a69]

Artículo 69

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

[Bloque 83: #a70]

Artículo 70

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

a) A los componentes del Tribunal Constitucional.

b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

c) Al Defensor del Pueblo.

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

[Bloque 133: #a116]

Artículo 116

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

[Bloque 155: #a136]

Artículo 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

[Bloque 170: #a147]

Artículo 147

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

[Bloque 174: #a151]

Artículo 151

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

[Bloque 183: #a159]

Artículo 159

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

[Bloque 195: #da]

DISPOSICIONES ADICIONALES

[Bloque 200: #dt]

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

[Bloque 210: #dd]

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

[Bloque 211: #df]

DISPOSICION FINAL

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

[Bloque 212: #firma]

POR TANTO,

MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.

PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.

JUAN CARLOS

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES

Antonio Hernández Gil

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fernando Álvarez de Miranda y Torres

EL PRESIDENTE DEL SENADO

Antonio Fontán Pérez

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https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_de_la_republica_del_salvador_1983.pdf

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http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf

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file:///C:/Users/mdmar/Downloads/Ley_General_de_Educaci%C3%B3n.pdf

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https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

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https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974

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Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile

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Biblioteca del Congreso Nacional | Ley Chile

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Servicio proporcionado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que contiene la información jurídico-legislativa

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Ley general de educación - República Dominicana

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Ley general de educación - República Dominicana

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https://siteal.iiep.unesco.org/bdnp/534/ley-661997-ley-general-educacion#:~:text=Ley%20General%20de%20Educaci%C3%B3n,-Tipo%20de%20intervenci%C3%B3n&text=Garantiza%20el%20derecho%20de%20todos,a%20los%20estudios%20que%20imparten.

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Garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación. Regula en el campo educativo, la labor del Estado y de sus organismos descentralizados y la de los particulares que recibieren autorización o reconocimiento oficial a los estudios que imparten. Encauza la participación de los distintos sectores en el proceso educativo nacional.

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Ley Nº 66/1997. Ley General de Educación

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Garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la educación. Regula en el campo educativo, la labor del Estado y de sus organismos descentralizados y la de los particulares que recibieren autorización o reconocimiento oficial a los estudios que imparten. Encauza la participación de los distintos sectores en el proceso educativo nacional.

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Para consultar puedes activar la pestaña de "Texto Consolidado" y así puedes ver las modificaciones a la Ley Orgánica. La última es del año 2020.

BOE.es - BOE-A-2020-17264 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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BOE-A-2006-7899 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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BOE-A-2006-7899 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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Normatividad (mineducacion.gov.co)

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Normograma

El Normograma es una compilación de las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y por otras entidades públicas aplicables al sector Educación. En este encontrará Leyes, Decretos, Resoluciones, Directivas y Circulares, entre otros documentos, en un formato que le permitirá su edición y le facilitará la búsqueda de textos y normas a través de hipervínculos. De igual manera, en el Normograma podrá encontrar las normas con análisis de vigencia y concordancias.

Señor Usuario para consultar directamente el Decreto Reglamentario Único 1075 del 2015 del Sector Educación -DURSE-, por favor dar click aquí.

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ministerio de educacion nacional de colombia

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Normatividad - Ministerio de Educación Nacional de Colombia

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El Normograma es una compilación de las normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y por otras entidades públicas aplicables al sector Educación. En este encontrará Leyes, Decretos, Resoluciones, Directivas y Circulares, entre otros documentos, en un formato que le permitirá su edición y le facilitará la búsqueda de textos y normas a través de hipervínculos.

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Hola compañeros, aquí les dejo información de la legislación educativa de Uruguay.
https://www.parlared.net/legislacion-educativa-de-uruguay?showall=1

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Agrego la Ley de Educación.
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008

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(De la obligatoriedad).- Es obligatoria la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley.

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https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0219.pdf

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Cordial saludo, espero sea de utilidad este aporte.

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Cordial saludo, espero sea de utilidad este aporte.

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Nuestro sistema educativo tiene las pautas necesarias para marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso en el ámbito escolar. Dependería entonces del enfoque y la aplicabilidad de éste teniendo en cuenta todos los factores que lo atañen (económico, social, orden público, cualificación de los docentes y directivos, infraestructura y financiamiento, entre otros).

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Sistema educativo colombiano

Actualizado: 15 de marzo de 2022

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior.

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior.

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Sistema educativo colombiano El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior.

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http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo03b.html#48

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Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía.

Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.

Se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.

Art. 31.- El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las empresas, por medio de la transferencia de acciones o participaciones a favor de aquellos. El porcentaje de utilidad de las empresas que corresponda a los trabajadores, será pagado en dinero o en acciones o participaciones, de conformidad con la ley. Ésta establecerá los resguardos necesarios para que las utilidades beneficien permanentemente al trabajador y a su familia.

Art. 32.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con la ley.

El Estado estimulará los programas de vivienda de interés social.

Art. 33.- Para fines de orden social determinados en la ley, las instituciones del Estado, mediante el procedimiento y en los plazos que señalen las normas procesales, podrán expropiar, previa justa valoración, pago e indemnización, los bienes que pertenezcan al sector privado. Se prohíbe toda confiscación.

Art. 34.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la propiedad.

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales:

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social.

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación.

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento.

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral.

5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los hipotecarios.

8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad con la ley.

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.

Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo.

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se regularán por el derecho administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el derecho del trabajo.

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho administrativo.

10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley.

Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes.

11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario.

12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral.

13. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación y resolución de los conflictos.

14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio.

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación complementaria y el beneficio que representen los servicios de orden social.

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor.

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer.

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no remunerado.

Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan íntegralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas de hogar.

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.

Art. 38.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho.

Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se garantizarán los derechos de testar y de heredar.

Art. 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos derechos.

Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a ella.

Art. 41.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo especializado que funcionará en la forma que determine la ley, incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados.

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social.

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley.

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en esta materia.

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás.

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la ley.

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes garantías:

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario.

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal.

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan discapacidad.

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas.

5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia.

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados.

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores.

Art. 51.- Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración de justicia especializada en la Función Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus garantías constitucionales.

Art. 52.- El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente para la definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades públicas y privadas.

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y adolescentes.

Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades.

El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.

Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley.

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.

Art. 54.- El Estado garantizará a las personas de la tercera edad y a los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento preferente tributario y en servicios.

El Estado, la sociedad y la familia proveerán a las personas de la tercera edad y a otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental.

La ley regulará la aplicación y defensa de estos derechos y garantías.

Art. 55.- La seguridad social será deber del Estado y derecho irrenunciable de todos sus habitantes. Se prestará con la participación de los sectores público y privado, de conformidad con la ley.

Art. 56.- Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien común.

Art. 57.- El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.

La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, conforme lo permitan las condiciones generales del sistema.

El seguro general obligatorio será derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores y sus familias.

Art. 58.- La prestación del seguro general obligatorio será responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma dirigida por un organismo técnico administrativo, integrado tripartita y paritariamente por representantes de asegurados, empleadores y Estado, quienes serán designados de acuerdo con la ley.

Su organización y gestión se regirán por los criterios de eficiencia, descentralización y desconcentración, y sus prestaciones serán oportunas, suficientes y de calidad.

Podrá crear y promover la formación de instituciones administradoras de recursos para fortalecer el sistema previsional y mejorar la atención de la salud de los afiliados y sus familias.

La fuerza pública podrá tener entidades de seguridad social.

Art. 59.- Los aportes y contribuciones del Estado para el seguro general obligatorio deberán constar anualmente en el presupuesto general del Estado, y serán transferidos oportuna y obligatoriamente a través del Banco Central del Ecuador.

Las prestaciones del seguro social en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora y estarán exentas del pago de impuestos.

No podrá crearse ninguna prestación ni mejorar las existentes a cargo del seguro general obligatorio, si no se encontraren debidamente financiadas, según estudios actuariales.

Los fondos y reservas del seguro social serán propios y distintos de los del Estado, y servirán para cumplir adecuadamente los fines de su creación y funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir en sus fondos y reservas ni afectar su patrimonio.

Las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con recursos provenientes del seguro general obligatorio, serán realizadas a través del mercado financiero, con sujeción a los principios de eficiencia, seguridad y rentabilidad, y se harán por medio de una comisión técnica nombrada por el organismo técnico administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La idoneidad de sus miembros será aprobada por la superintendencia bajo cuya responsabilidad esté la supervisión de las actividades de seguros, que también regulará y controlará la calidad de esas inversiones.

Las pensiones por jubilación deberán ajustarse anualmente, según las disponibilidades del fondo respectivo, el cual se capitalizará para garantizar una pensión acorde con las necesidades básicas de sustentación y costo de vida.

Art. 60.- El seguro social campesino será un régimen especial del seguro general obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal del país. Se financiará con el aporte solidario de los asegurados y empleadores del sistema nacional de seguridad social, la aportación diferenciada de las familias protegidas y las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. Ofrecerá prestaciones de salud, y protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

Los seguros públicos y privados que forman parte del sistema nacional de seguridad social, contribuirán obligatoriamente al financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conforme lo determine la ley.

Art. 61.- Los seguros complementarios estarán orientados a proteger contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro general obligatorio o a mejorar sus prestaciones, y serán de carácter opcional. Se financiarán con el aporte de los asegurados, y los empleadores podrán efectuar aportes voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la ley.

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones.

Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la elaboración de políticas culturales.

Art. 64.- Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad particular que sean parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto en la ley.

Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y administrativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se regirá por su ley especial, estatuto orgánico y reglamento.

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos.

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación.

El Estado formulará planes y programas de educación permanente para erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural y de frontera.

Se garantizará la educación particular.

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos.

Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural.

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo nacional.

Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación del analfabetismo.

La educación fiscomisional, la particular gratuita, la especial y la artesanal, debidamente calificadas en los términos y condiciones que señale la ley, recibirán ayuda del Estado. Los organismos del régimen seccional autónomo podrán colaborar con las entidades públicas y privadas, con los mismos propósitos, sin perjuicio de las obligaciones que asuman en el proceso de descentralización.

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la dotación de infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los que serán deducibles del pago de obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley.

Art. 73.- La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará la estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores en todos los niveles y modalidades, a base de la evaluación de su desempeño.

Art. 74.- La educación superior estará conformada por universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinada por el Consejo Nacional de Educación Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la ley.

Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el Estado, existirá una interacción que les permita contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, regionales y locales.

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares serán personas jurídicas autónomas sin fines de lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior.

Como consecuencia de la autonomía, la Función Ejecutiva o sus órganos, autoridades o funcionarios, no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, privarlas de sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus transferencias.

Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de una persona. La vigilancia y mantenimiento del orden interno serán de competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o politécnica solicitará la asistencia pertinente.

Art. 76.- Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas por el Congreso Nacional mediante ley, previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior, que autorizará el funcionamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, de acuerdo con la ley.

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas; para el efecto, las entidades de educación superior establecerán programas de crédito y becas.

Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes cumplan los requisitos establecidos por el sistema nacional obligatorio de admisión y nivelación.

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones estatales de educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará su patrimonio.

Por su parte, las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de ingresos y sistemas de contribución.

Sin perjuicio de otras fuentes de financiamiento de origen público y privado o alcanzadas mediante autogestión, las rentas vigentes asignadas a universidades y escuelas politécnicas públicas en el presupuesto general del Estado, se incrementarán anualmente y de manera obligatoria, de acuerdo con el crecimiento de los ingresos corrientes totales del gobierno central.

Art. 79.- Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estarán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior.

Para los mismos efectos, en el escalafón del docente universitario y politécnico se estimularán especialmente los méritos, la capacitación y la especialización de postgrado.

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales.

Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación.

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación.

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.

Art. 82.- El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades.

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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Art. 30.- La propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo.

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Artículos de la Constitución Política de Colombia que trata sobre la Educación.

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Artículos de la Constitución Política de Colombia que trata sobre la Educación.

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Decreto por medio del cual se reglamenta el servicio educativo para la poblacion con discapacidad, dentro del el esta consagrado el PIAR  y el DUA que son herramientas importantes para la adecuada atencion y compromiso institucional.

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(Agosto 29) <<Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad>> EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En uso de sus atribuciones constitucionales, en particular las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en el artículo 46 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 11 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, y CONSIDERANDO
Que según el artículo 13 de la Constitución Política <<Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan>>.

Que el artículo 67 de la Constitución Política dispone que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, en cual el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Que el artículo 44 de la Constitución Política define los derechos fundamentales de los niños, y en ese sentido establece que <<(...) la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás>>.

Que el artículo 47 de la Carta Política prescribe que <<El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran>>, y en el artículo 68 señala que <<La educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del, Estado>>.

Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 46 dispuso que <<La educación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.>>

Que en razón a lo anterior, el Estado Colombiano busca consolidar procesos con los cuales se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales indicados en precedencia, los tratados internacionales y la legislación nacional, en particular las leyes 361 de 1997, 762 de 2002, 1145 de 2007, 1346 de 2009, 1616 de 2013 y 1618 de 2013, que imponen de manera imprescindible la corresponsabilidad de la autoridades públicas, las instituciones educativas y, primordialmente, la familia.

Que el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el artículo 36 establece que todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho a la educación gratuita.

Que la Ley 1618 de 2013, <<Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad>>, ordena a las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital, y municipal, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos de manera inclusiva.

Que el artículo 11 de la Ley estatutaria en cita ordenó al Ministerio de Educación Nacional reglamentar <<(...) el esquema de atención educativa a la población con discapacidad, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo>>.

Que la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho énfasis en el deber que tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de educación <<segregada>> o <<integrada>> a una educación inclusiva que <<(...) persigue que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos>>, pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se busca ahora es que <<la enseñanza se adapte a los estudiantes y no éstos a la enseñanza>>, según lo indicado en la Sentencia T051 de 2011.

Que el numeral 4º del artículo 11 la Ley estatutaria 1618 de 2013 también le atribuye un enfoque inclusivo a la educación superior, de ahí que el Ministerio de Educación Nacional deba adoptar criterios de inclusión educativa para evaluar las condiciones de calidad que, por mandato de la Ley 1188 de 2008, deben cumplir los programas académicos para obtener y renovar su registro calificado; y por otra parte, las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, están llamadas a <<aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población>>.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1075 de 2015, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.

Que en las secciones 1 y 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, se organiza el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las entidades territoriales certificadas en educación para atender los estudiantes de preescolar, básica y media con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.

Que en la Parte 5, Título 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 se reglamentan, entre otros aspectos, las condiciones de calidad de que tratan la Ley 1188 de 2008 y que deben ser cumplidas por las instituciones de educación superior para obtener, renovar, o modificar el registro calificado de los programas académicos; y adicionalmente, la operatividad del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). el cual fue creado por el artículo 56 de la Ley 30 de 1992 con el propósito que el Ministerio de Educación Nacional pudiera recopilar, divulgar y organizar la información sobre educación superior relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector.

Que el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013 demanda al sector educativo reglamentar aspectos relacionados con la educación inclusiva de las personas con discapacidad, en el sentido de procurar acciones para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en todos los niveles de formación, lo que implica ajustar el Decreto 1075 de 2015 al marco normativo dispuesto en esta ley y en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada mediante la Ley 1346 de 2009.

Que en lo referente a la educación superior, es necesario disponer de una nueva sección al Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, que agrupe las medidas que adelanta el Ministerio de Educación Nacional para fomentar el acceso y la permanencia en este nivel de formación de la población con protección constitucional reforzada, entre las que se encuentran las personas con discapacidad, con el fin de evitar la dispersión normativa en esta materia.

Que la presente norma es expedida en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, razón por la cual, deberá ser incluida en el Decreto 1075 de 2015, en los términos que a continuación se establecen.

Que, en virtud de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO 1. Subrogación de una sección al Decreto 1075 de 2015. Subróguese la Sección 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, la cual quedará así:
SECCIÓN 2 Atención educativa a la población con discapacidad Subsección 1 Disposiciones generales
Igualmente, aplica a las entidades del sector educativo del orden nacional como: Instituto Nacional para Ciegos (INCI), Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

Igualmente, se acogen los principios de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009, como orientadores de la acción educativa en las diferentes comunidades educativas, a saber: i) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; ii) la no discriminación; iii) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y la mujer; viii) el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

Estos principios están enfocados a favorecer las trayectorias educativas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo.

1. Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su independencia.

2. Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna.

3. Acciones afirmativas: conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 de 2013, se definen como: <<políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan>>. En materia educativa, todas estas políticas, medidas y acciones están orientadas a promover el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del servicio público educativo.

4. Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.

Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.

5. Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar.

6. Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes.

El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

7. Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.

8. Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector educativo garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica y media, considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción.

9. Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales. derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.

10. Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas. adolescentes. jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su participación en el ámbito educativo.

11. Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA
Subsección 2 Recursos financieros, humanos y técnicos para la atención educativa pertinente y de calidad a la población con discapacidad
siguientes subsecciones.
Subsección 3 Esquema de atención educativa
De acuerdo con lo anterior y con base en la gestión educativa territorial, los establecimientos educativos deberán adelantar procesos de gestión escolar.

Para cumplir con los anteriores propósitos, se establecen las siguientes responsabilidades para el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos educativos, tanto públicos como privados:

a) Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional:

1. Dar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para la educación inclusiva en los diferentes niveles educativos.

2. Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en educación para la atención de personas con discapacidad y para la elaboración de los planes de implementación progresiva de lo dispuesto en la presente sección, para lo cual coordinará su gestión con el INCI, el INSOR y las organizaciones idóneas en el trabajo con personas con discapacidad.

3. Hacer seguimiento a la ejecución de las estrategias de atención a estudiantes con discapacidad que definan las entidades territoriales certificadas en educación y diseñar y hacer seguimiento a los indicadores que den cuenta de la educación inclusiva de la población con discapacidad en los diferentes niveles educativos.

4. Articular las diferentes áreas y proyectos del Ministerio para la oferta. de una educación de calidad a las personas con discapacidad.

5. Brindar asistencia técnica a los equipos de las secretarías de educación, o entidades que hagan sus veces, en la implementación de los lineamientos para la atención a personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva.

6. Acompañar a la entidad territorial en los ajustes de la estrategia de atención cuando los resultados obtenidos en el desarrollo de la misma así lo ameriten.

7. Articular como sector educativo, con sus entidades adscritas, la generación de planes, programas, proyectos e indicadores para la educación inclusiva de las personas con discapacidad y pedir la asesoría de organizaciones que las representen sobre estos aspectos, tanto para estudiantes en edad regular como para jóvenes en extraedad y adultos, en los diversos niveles educativos.

8. Consolidar con el INSOR la oferta de Modalidad Bilingüe Bicultural para estudiantes con 1 discapacidad auditiva y la organización y calidad de la prestación de los servicios de apoyo necesarios para esta modalidad.

9. Coordinar con el INCI la producción, dotación y distribución de material didáctico en braille, macrotipos, relieve y productos especializados en los establecimientos educativos oficiales de preescolar, básica y media, que atiendan personas con discapacidad visual y sordoceguera.

10. Consultar con organizaciones idóneas en el trabajo con personas con discapacidad para la cualificación de la atención educativa en la oferta general para que todos los establecimientos educativos sean inclusivos.

11. Diseñar, adaptar y desarrollar, en coordinación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el INCI y el INSOR, aplicaciones y contenidos digitales accesibles que faciliten la eliminación de barreras que dificultan los procesos de acceso al conocimiento y a la información a las personas con discapacidad y aportar soluciones dentro de los ajustes razonables a través de las TIC.

12. Promover y desarrollar, en conjunto con las entidades adscritas al Ministerio de Educación Nacional, procesos de investigación e innovación en metodologías, ayudas técnicas, pedagógicas y didácticas que mejoren el desempeño escolar de los estudiantes con discapacidad física, sensorial, intelectual, mental y múltiple.

b) Responsabilidades de las secretarías de educación o la entidad que haga sus veces en las entidades territoriales certificadas. La secretaría de educación o entidad que haga sus veces, como gestora y ejecutora de la política de educación inclusiva en la entidad territorial certificada, deberá:

1. Definir la estrategia de atención educativa territorial para estudiantes con discapacidad y su plan progresivo de implementación administrativo, técnico y pedagógico, así como la distribución de los recursos asignados por matrícula de estudiantes con discapacidad, y la concurrencia de otros recursos, para dar cumplimiento a lo estipulado en la presente sección, de manera que favorezca la trayectoria educativa de dichos estudiantes.

2. Elaborar un informe anual sobre el impacto de la estrategia implementada y remitirlo al Ministerio de Educación Nacional para el análisis pertinente.

3. Gestionar la valoración pedagógica del estudiante con discapacidad, de conformidad con las orientaciones que defina el Ministerio de Educación Nacional.

4. Asesorar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sobre la oferta educativa disponible en el territorio y sus implicaciones frente a los apoyos, así como a las familias de estudiantes con discapacidad auditiva sobre la elección entre la oferta general y la modalidad bilingüe bicultural.

5. Gestionar a través de los planes de mejoramiento de las secretarías los ajustes razonables que las instituciones educativas requieran conforme al diseño universal y a los PIAR, para que de manera gradual puedan garantizar la atención educativa de los estudiantes con discapacidad.

6. Definir y gestionar el personal de apoyo suficiente que requiere la entidad territorial de acuerdo con la matrícula, desde el inicio del año escolar hasta su finalización.

7. Articular con la secretaría de salud de cada jurisdicción, o quien haga sus veces, los procesos de diagnóstico, informes del sector salud, valoración y atención de los estudiantes con discapacidad.

8. Incluir en el plan territorial de formación docente, la formación en aspectos básicos para la atención educativa a estudiantes con discapacidad, de conformidad con lo previsto en la presente sección y, fortalecer este tema en los procesos de inducción y reinducción de los docentes y directivos docentes.

9. Fortalecer a los establecimientos educativos en su capacidad para adelantar procesos de escuelas de familias u otras estrategias, para efectos de vincularlas a la formación integral de los estudiantes con discapacidad.

10. Considerar en la dotación a los establecimientos educativos oficiales, los materiales pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos accesibles para promover una educación pertinente y de calidad para los estudiantes con discapacidad.

11. Prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos públicos y privados en lo relacionado con el ajuste de las diversas áreas de la gestión escolar, para garantizar una adecuada atención a los estudiantes matriculados y ofrecerles apoyos requeridos, en especial en la consolidación de los PIAR en los PMI; la creación, conservación y evolución de las historias escolares de los estudiantes con discapacidad; la revisión de los manuales de convivencia escolar para fomentar la convivencia y generar estrategias de prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes.

12. Desarrollar procesos de gestión y articulación intersectorial público y privado para la creación y ejecución de planes, programas y proyectos educativos y sociales con estudiantes, familias y comunidades en pro de la autonomía y la inclusión social y cultural de las personas con discapacidad.

13. Coordinar acciones con organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como aliados en la estrategia territorial para la atención educativa a esta población.

14. Atender las quejas, reclamos o denuncias por el incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente sección por parte de los establecimientos educativos de preescolar, bastea y media y las instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sean de carácter público o privado.

15. Promover que los ambientes virtuales de aprendizaje sean accesibles para la población con discapacidad.

c) Responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados. Con el propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 y en articulación con la respectiva entidad territorial certificada en educación, los establecimientos educativos públicos y privados deberán:

1. Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible situación de discapacidad de los estudiantes.

2. Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, el retiro o el traslado.

3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

4. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad.

5. Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, según la organización escolar, elaboren los PIAR.

6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

7. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los Informes anuales de Competencias Desarrolladas.

8. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con la participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes, o quienes hagan sus veces en el establecimiento educativo.

9. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación inclusiva.

10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes.

11.Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes.

12. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva.

13. Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de familias, jornadas de concientización sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, la educación inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes y participación de las personas con discapacidad.

14. Reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de Estado para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus necesidades.

15. Reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el caso de los establecimientos educativos oficiales, las necesidades en infraestructura física y tecnológica, para la accesibilidad al medio físico, al conocimiento, a la información y a la comunicación a todos los estudiantes.

16. Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Educación Nacional contará con la asesoría y acompañamiento permanente del Consejo Nacional de Discapacidad.

PARÁGRAFO 2. La gestión educativa territorial que ordena el presente artículo deberá considerar procesos de articulación con otros sectores que faciliten la atención en salud, el acceso al deporte, la recreación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y otros que aporten a la educación integral de los estudiantes con discapacidad. Así mismo, contará con el acompañamiento del INCI, el INSOR y organizaciones idóneas en el trabajo con personas con discapacidad.

i

1. Oferta General: esta oferta corresponde a la ofrecida para todos los estudiantes del país, dentro de la cual tendrán acceso todos los estudiantes con discapacidad, quienes, de igual manera que opera en el sistema general, deberán ser remitidos al establecimiento educativo oficial o contratado más cercano a su lugar de residencia, y al grado acorde a su edad cronológica. Para cada uno de los casos y conforme a las características del estudiante, contará con los ajustes razonables definidos en el PIAR, dentro de los espacios, ambientes y actividades escolares, con los demás estudiantes. En el evento que no sea posible cerca al lugar de residencia, por algún motivo justificado, se garantizarán los servicios de transporte y alimentación, si es el caso.

2. Oferta bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva: la Modalidad Bilingüe Bicultural es aquella cuyo proceso de enseñanza aprendizaje será en la Lengua de Señas Colombiana Español como segunda lengua y consiste en la destinación de establecimientos educativos regulares, en los que se contarán con aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en lengua de señas, y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos, entre los que están los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos. Para tal efecto, las entidades podrán centralizar esta oferta educativa en uno o varios establecimientos educativos y garantizar el transporte para aquellos a quienes les implique desplazarse lejos de su lugar de residencia

Para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad auditiva, la entidad territorial asesorará a las familias y a estos estudiantes, para optar (i) por la oferta general en la cual el estudiante ingresa a un aula regular y se le brindan los apoyos determinados en el PIAR conforme su particularidad, sin contar entre estos apoyos con interprete de lengua de señas colombina Español, ni modelo lingüístico, o (ii) por una modalidad bilingüe bicultural ofrecida por establecimientos educativos con aulas paralelas que fortalezcan la consolidación de la lengua y de la comunidad.

3. Oferta hospitalaria/domiciliaria: si el estudiante con discapacidad, por sus circunstancias, requiere un modelo pedagógico que se desarrolle por fuera de la institución educativa, por ejemplo en un centro hospitalario o en el hogar, se realizará la coordinación con el sector salud o el que corresponda, para orientar la atención más pertinente de acuerdo con sus características mediante un modelo educativo flexible.

4. Oferta formación de adultos. Las personas con discapacidad con edades de quince (15) años o más, que no han ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los dos primeros grados; o aquellos que con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de educación primaria y demuestren que han estado dos (2) años o más por fuera del servicio público educativo formal, serán destinatarios de la educación básica formal de adultos regulada en la Subsección 4, Sección 3, Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del presente decreto.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Educación, en coordinación con el INSOR o quien haga sus veces, conforme a las funciones establecidas en el marco normativo, asesorará y brindará lineamientos para la organización de la oferta educativa para los estudiantes con discapacidad auditiva que opten por la modalidad bilingüe bicultural.

PARÁGRAFO 2. Si en el proceso educativo se evidencia la necesidad de promover alternativas orientadas al desarrollo de habilidades para la vida o la formación vocacional, la entidad territorial certificada contará con proyectos específicos dentro o fuera de la institución educativa, que respondan a sus características, descritas en el PIAR, con aliados como el SENA, el sector salud o con otros actores para gestionar la implementación de un proceso más pertinente a sus características.

1. El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema educativo formal deberá contar con diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la discapacidad emitido por el sector salud y con el PIAR o el informe pedagógico si viene de una modalidad de educación inicial, que permita identificar el tipo de discapacidad. En caso de que el estudiante no cuente con dicho requisito, se deberá proceder con la matrícula y con el registro de las variables para la identificación de los estudiantes con discapacidad en el SIMAT, con base en la información de la familia y se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva secretaría de educación, o entidad que haga sus veces, para que en articulación con el sector salud se establezca el diagnóstico y el proceso de atención más pertinente, en un plazo no mayor a tres meses.

2. Efectuada la matrícula, se inicia el proceso de acogida incluido en la organización institucional con base en el diseño universal y se realiza la valoración pedagógica y la elaboración del PIAR.

Para aquellos establecimientos educativos que no cuenten con el docente de apoyo pedagógico, la secretaría de educación o entidad que haga sus veces deberá brindar su asesoría para que, de manera conjunta, realicen el PIAR de cada estudiante con discapacidad.

3. Las secretarías de educación en articulación con el sector salud y otras entidades del gobierno realizarán campañas de identificación y matrícula de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que se encuentran por fuera del sistema educativo.

Para esto, las entidades territoriales deberán gestionar los ajustes a las condiciones de accesibilidad a la infraestructura física y tecnológica en el establecimiento educativo, así como los apoyos y recursos idóneos para su atención; los servicios de alimentación y transporte escolar; los procesos pedagógicos y la dotación de materiales didácticos pertinentes o la canasta establecida para ello, planteada en los PIAR y en los planes de mejoramiento institucional.

El PIAR es el proyecto para el estudiante durante el año académico, que se debe llevar a cabo en la institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: i) descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales); ii) valoración pedagógica; iii) informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes; iv) objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar; v) ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se requieren; vi) recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la participación del estudiante y; vii) proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes; viii) información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de aprendizaje y participación y ix) actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de receso escolar.

El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará. anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva.

Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional (PMI) de los establecimientos educativos y en los planes de apoyo al mejoramiento de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas.

El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad, y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados.

PARÁGRAFO 1. En el evento en que un estudiante se vincule al sistema educativo de manera extemporánea, se contemplará un término no mayor a treinta (30) días para la elaboración de los PIAR y la firma del acta de acuerdo en la institución educativa y la familia, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.

PARÁGRAFO 2. En el evento en que un estudiante requiera el traslado de institución educativa, la institución de origen, en coordinación con la familia, deberá entregar formalmente la historia escolar del estudiante al directivo de la institución receptora. Esta última deberá actualizar el PIAR al nuevo contexto escolar y conservar la historia escolar del estudiante para facilitar su transición exitosa entre los diferentes grados, ciclos y niveles educativos.

El PIAR definirá estrategias de trabajo para las familias durante los recesos escolares, en el marco del principio de corresponsabilidad, y para facilitar las transiciones entre grados y niveles.

PARÁGRAFO. El acta de acuerdo se constituirá en el instrumento que permita a la familia hacer seguimiento, control y veeduría a la garantía del derecho a la educación inclusiva del estudiante con discapacidad.

ARTÍCULO 2.3.3.5.2.3.7. Informe anual de competencias o de proceso pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y retroalimentación que el establecimiento educativo fije en el sistema institucional de evaluación de todos los estudiantes.

Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes particulares en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los estudiantes de preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y media.

Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de su historia escolar. Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, y será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y ajustes que requiera, así como para la toma de decisiones frente a la titulación del estudiante.

Esta información tiene carácter confidencial y solamente será entregada a otro establecimiento educativo en caso de traslado, de manera que sean tenidos en cuenta en su ingreso a un nuevo establecimiento, o entregados a la familia en caso de retiro.

PARÁGRAFO. Los establecimientos educativos deberán conservar una copia de la historia escolar de los estudiantes cuando estos sean trasladados a otro establecimiento o retirados del servicio educativo.

Los establecimientos y las secretarías deberán reconocer y valorar las prácticas y saberes de las familias y desarrollar estrategias enfocadas a promover su participación y vinculación en el proceso educativo de los estudiantes, mediante, entre otros: i) la conformación de redes de familias inclusivas, ii) el aprovechamiento de la escuela de familias para fortalecer una comunidad educativa cada vez más incluyente, que comprenda el derecho a la educación de todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones y características diversas, y favorezca el proceso de aprendizaje y iii) la participación en los espacios e instancias escolares para incidir en la toma de decisiones.

Las familias como sujetos de especial protección, serán acompañadas y asesoradas por los establecimientos educativos y las secretarías de educación, o la entidad que haga sus veces en la entidad territorial certificada, para que, en el marco de la estrategia de rehabilitación. basada en comunidad, identifique las vías para el acceso a la información y los servicios de los diferentes sectores y entidades del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1618 de 2013.

1. Adelantar anualmente el proceso de matrícula del estudiante con discapacidad en un establecimiento educativo.

2. Aportar y actualizar la información requerida por la institución educativa que debe alojarse en la historia escolar del estudiante con discapacidad.

3. Cumplir y firmar los compromisos señalados en el PIAR y en las actas de acuerdo, para fortalecer los procesos escolares del estudiante.

4. Establecer un diálogo constructivo con los demás actores intervinientes en el proceso de inclusión.

5. Solicitar la historia escolar, para su posterior entrega en la nueva institución educativa, en caso de traslado o retiro del estudiante.

6. Participar en los espacios que el establecimiento educativo propicie para su formación y fortalecimiento, y en aquellas que programe periódicamente para conocer los avances de los aprendizajes.

7. Participar en la consolidación de alianzas y redes de apoyo entre familias para el fortalecimiento de los servicios a los que pueden acceder los estudiantes, en aras de potenciar su desarrollo integral.

8. Realizar veeduría permanente al cumplimiento de lo establecido en la presente sección y alertar y denunciar ante las autoridades competentes en caso de incumplimiento.

En dicho Plan se definirá en el inmediato (1 año), corto (3 años) y largo plazo (5 años) las acciones y estrategias para garantizar la educación inclusiva a personas con discapacidad. Este plan será remitido al Ministerio de Educación en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente sección, quien tendrá la responsabilidad de revisarlo y presentar las observaciones que considere pertinente.

La estrategia y el plan progresivo administrativo, técnico y pedagógico deberá contener la distribución de los recursos asignados por matrícula de estudiantes con discapacidad, y la concurrencia de otros recursos, en caso de que la entidad territorial cuente con dicha disponibilidad, para dar cumplimiento a lo estipulado en el presente decreto.

PARÁGRAFO. Una vez vencido el término del plan progresivo de implementación administrativo, técnico y pedagógico y, con base en el análisis de los resultados logrados con la estrategia de que trata el presente artículo y con la creación del cargo de docente de apoyo en las entidades territoriales, según las dinámicas particulares de las mismas, el Ministerio de Educación Nacional decidirá sobre la forma en que se dará continuidad a los cargos de los empleos temporales de docente de apoyo que haya determinado cada secretaría de educación para la atención de estudiantes con discapacidad, de conformidad .con el estudio técnico correspondiente.

Las organizaciones de la sociedad civil, las de personas con discapacidad y las familias ejercerán sus funciones de veeduría al cumplimiento de lo ordenado en la presente sección para las diferentes entidades>>. ·

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales.

2. Nacional. El Ministerio Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la educación en los establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. Los exámenes de Estado que se aplican al finalizar el grado once (11) permiten, además, el acceso de los estudiantes a la educación superior.

Para la evaluación de los estudiantes con discapacidad, el ICFES realizará una adaptación equiparable a la prueba empleada en la aplicación censal de población general, para lo que deberá:

a) Diseñar formatos accesibles con ajustes razonables en los exámenes de Estado, con la finalidad de garantizar una adecuada y equitativa evaluación del desarrollo de competencias de las personas con discapacidad.

b) Confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que requiere para la prueba, de acuerdo con el reporte realizado por los establecimientos educativos para efectos del diseño y administración del examen que deba ser practicado.

c) Garantizar los ajustes razonables que se requieran para la inscripción y la presentación de los exámenes de Estado por parte de personas con discapacidad, los cuales deberán responder al tipo de discapacidad reportada por el usuario al momento de la inscripción, ser verificables y no interferir con los protocolos de seguridad de la evaluación.

Estos apoyos se entienden como los recursos humanos, técnicos, tecnológicos o físicos que posibiliten la implementación de procesos de comunicación aumentativa o alternativa; también el que brindan personas como lectores, guías intérpretes e intérpretes de la Lengua de Señas Colombiana Español, según el caso, o el que se brinda a personas con limitación motora al momento de presentar el examen>>.

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes>>.

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle, en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo.

La promoción de estudiantes con discapacidad en la educación básica y media está regida por las mismas disposiciones establecidas en la presente sección, la cual tendrá en cuenta la flexibilización curricular que realice el establecimiento educativo con base en los resultados de la valoración pedagógica de estos estudiantes, su trayectoria educativa, proyecto de vida, las competencias desarrolladas, las situaciones de repitencia y el riesgo de deserción escolar>>.

1. Docentes de aula: Son los docentes con asignación académica, la cual desarrollan a través de asignaturas y actividades curriculares en áreas obligatorias o fundamentales y optativas definidas en el plan de estudios. Igualmente son responsables de las demás actividades curriculares complementarias que le sean asignadas por el rector o director rural, en el marco del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.

los cargos de docentes de aula serán ejercidos por:

a) Docentes del grado de preescolar;

b) Docentes de grado de primaria;

c) Docentes de cada una de las áreas de conocimiento de que tratan los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994.

Para el área de educación artística, habrá docentes de aula para las especialidades que se determinen en la convocatoria al respectivo concurso de méritos para el ingreso al servicio educativo estatal, de acuerdo con los planes de estudio y el proyecto educativo de las instituciones educativas oficiales.

Para el nivel de educación media técnica, los cargos de docentes de aula corresponderán a la especialidad de este nivel de formación, según lo determinado en el proyecto educativo institucional de las respectivas instituciones educativas.

La asignación académica y la jornada laboral de los docentes de aula serán las establecidas en los artículos 2.4.3.2.1 y 2.4.3.3.3 del presente decreto.

2. Docentes líderes de apoyo: Son los docentes que desarrollan su actividad académica a través de proyectos pedagógicos y otras actividades de apoyo para la formación integral de los estudiantes, relacionadas con la orientación y convivencia escolar: el fortalecimiento de competencias matemáticas, comunicativas y científicas; las áreas transversales de enseñanza obligatoria; el uso como espacio pedagógico del bibliobanco de textos, las bibliotecas y el material educativo para desarrollar proyectos de oralidad, escritura y lectura; el desarrollo de proyectos de mejoramiento de la calidad educativa; la aplicación de modelos pedagógicos flexibles para la prestación del servicio educativo; y las necesidades que surjan de la puesta en marcha de los planes de estudio y los proyectos educativos institucionales. Igualmente, son responsables de las demás actividades curriculares complementarias que les sean asignadas por el rector o director rural en el marco del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo.

La ejecución de los proyectos pedagógicos y de las otras actividades académicas de apoyo que formulen los docentes líderes de apoyo será desarrollada durante la jornada escolar de los estudiantes y de acuerdo con la asignación académica y los horarios que defina el rector o director rural del establecimiento educativo.

La jornada laboral de los docentes líderes de apoyo será igual a la establecida en el parágrafo 2 del artículo 2.4.3.3.3 del presente decreto.

3. Docentes de apoyo pedagógico: son los docentes que tienen como función principal acompañar pedagógicamente a los docentes de aula que atienden estudiantes con discapacidad, para lo cual deberán: fortalecer los procesos de educación inclusiva a través del diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR) y su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI); la consolidación y refrendación del Informe Anual de proceso pedagógico o de competencias; el trabajo con familias; la sensibilización y formación de docentes y los ajustes institucionales para garantizar la atención pertinente a esta población.

PARÁGRAFO 1. Para los cargos de docentes de aula, líderes de apoyo y de apoyo pedagógico de que trata este artículo, el Ministerio de Educación Nacional establecerá el manual de funciones, requisitos y competencias previsto en el artículo 2.4.6.3.8 del presente decreto.

PARÁGRAFO 2. Los títulos que acrediten los aspirantes a cargos docentes para el cumplimiento de los requisitos de estudio que ordena el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1297 de 2009, deben haber sido expedidos por una institución prestadora del servicio educativo legalmente habilitada para ello.

Para participar en el concurso de méritos que se convoque para la provisión del cargo respectivo, los títulos de educación superior obtenidos en el extranjero deben estar debidamente convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional>>.

<< PARÁGRAFO. Los docentes de apoyo pedagógico no están sujetos a las reglas de reubicación establecidas en el presente artículo.>>
<<Sección 3 Fomento de la educación superior a favor de la población con protección constitucional reforzada
1. Generen estrategias que contribuyan a sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, en la prevención de las violencias contra las mujeres.

2. Incluyan en los procesos de selección, admisión y matrícula mecanismos que permitan a las mujeres víctimas de violencias acceder a la oferta académica y a los incentivos para su permanencia.

3. Adelanten a través de sus centros de investigación, líneas de investigación sobre género y violencias contra las mujeres.

4. Fomenten la incorporación de los lineamientos de política de educación superior inclusiva y motiven la fijación progresiva de su presupuesto para adelantar investigación e implementar estrategias de admisión, evaluación y desarrollo de currículos accesibles, la vinculación y formación de talento humano, el fortalecimiento de los recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos apropiados, garantizando la accesibilidad y permanencia en los programas de educación superior para las personas con discapacidad.

5. Prioricen en los procesos de selección, admisión, matrícula y permanencia a la población con discapacidad.

<< PARÁGRAFO. Las instituciones de educación superior remitirán la información necesaria y suficiente que permita verificar al Ministerio de Educación Nacional la manera en que se formalizarán en cada una de las condiciones de calidad previstas en este artículo las políticas de inclusión para la población con discapacidad, cuando ello resulte procedente>>.

<< PARÁGRAFO. Las instituciones de educación superior remitirán la información necesaria y suficiente que permita verificar al Ministerio de Educación Nacional la manera en que se formalizarán en cada una de las condiciones de calidad previstas en este artículo las políticas de inclusión para la población con discapacidad, cuando ello resulte procedente>>.

Por lo tanto, las disposiciones que tengan que ver con la población con discapacidad, se encontrarán establecidas principalmente, en la Sección 2, Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015.

ARTÍCULO 11. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el artículo 2.3.3.4.3.6 del Decreto 1075 de 2015.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de agosto del año 2017 YANETH GIHA TOVAR LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, Nota: Publicado en el Diario Oficial No. 50.340 de 29 de agosto de 2017

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(Agosto 29) > EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En uso de sus atribuciones constitucionales, en particular las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en el artículo 46 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 11 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, y CONSIDERANDO Que según el artículo 13 de la Constitución Política >.

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Sistema educativo colombiano

Actualizado: 09 de diciembre de 2021

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior.

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior.

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Sistema educativo colombiano El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior.

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http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v18n1/v18n1a04.pdf

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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO

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ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO

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Comparto video explicativo de la estructuración de nuestro sistema educativo Colombiano; espero sea de utilidad.
https://youtu.be/0PgYnw76KNk

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La legislación panameña establece que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en el país tienen derecho a recibir del Estado una educación integral, sin ningún tipo de discriminación (artículo 91 de la Constitución de la República de Panamá y Ley Orgánica de Educación – Ley 47 de 1946). Esto incluye a los solicitantes de la condición de refugiado, y personas refugiadas.
La falta de documentos no impide el acceso al sistema educativo, según lo regula el Decreto Ejecutivo 1225 de 21 de octubre de 2015.

El documento fue tomado de la página web del Ministerio de Educación de Panamá.
https://www.meduca.gob.pa/sites/default/files/2016-01/1946_ley_00047_25042_2004.pdf

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Después de 18 años de la expedición de la Ley 30, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia, el Gobierno Nacional presenta una Reforma integral a través de la cual se busca consolidar los avances alcanzados en los últimos años y potenciar el acceso y la calidad de la oferta educativa para generar más y mejores oportunidades a todos los colombianos mediante la organización del Sistema de Educación Superior, de un sistema de calidad y un incremento significativo de las fuentes de recursos para el sector. Asimismo, será una herramienta que le permitirá al país avanzar en sus niveles de equidad, competitividad y productividad.

Conozca aquí de qué se trata esta Reforma, sus objetivos y postulados clave.

La Reforma a la educación superior es una propuesta del Gobierno Nacional que surge de la necesidad de organizar el sistema de educación superior en Colombia para responder a las necesidades de formación de calidad que demanda la sociedad en su búsqueda de mayor equidad, bienestar y desarrollo.

La Reforma se presenta porque aun cuando la Ley 30 de 1992 le dio un giro y una gran dinámica al sector, hoy es evidente el cambio en las estructuras del sistema que empiezan a ser insuficientes para responder a las demandas sociales, productivas y económicas del país.

Porque el número de bachilleres aumentó de 414.424 en 2002 a 625.466 en 2010. Para el 2019 se esperan más de 900.000 bachilleres.

Porque hay que ofrecer las condiciones para que los 3'226.213 de jóvenes que entre los años 2000 y 2010 no ingresaron a la educación superior o que ingresaron pero desertaron, ingresen, permanezcan y se gradúen de programas de educación superior de calidad.

Porque aumentar el número de jóvenes que podrán graduarse de una educación superior de calidad, que asegure la igualdad de oportunidades y atienda a las expectativas y las demandas de la sociedad, significa a su vez impactar el desempleo, la inseguridad y los niveles de pobreza.

Porque la educación superior es una excelente herramienta para avanzar en equidad. La empleabilidad y las expectativas de ingreso de una persona con un título de educación superior al mercado laboral son sensiblemente mejores comparadas con las de un bachiller, e incrementan según el nivel de formación.

Porque tan solo el 13% del total de los programas de pregrado cuenta con acreditación de alta calidad, el 8% de las instituciones tiene acreditación de alta calidad, el 13,5% de los docentes en tiempo completo equivalente cuenta con doctorado, y la baja producción científica origina que únicamente dos universidades colombianas se encuentren entre las 15 primeras de América Latina y entre las 500 del mundo .

Porque la calidad educativa marca la diferencia entre los países en desarrollo y países desarrollados, razón por la que Colombia requiere una educación superior de calidad que forme el capital humano que promueva la innovación, la transformación de los sectores productivos y la generación de movilidad social, para lograr las metas trazadas en materia de productividad y equidad .

Porque Colombia necesita un sistema de educación superior acorde a sus realidades y metas e integrado a la región y al mundo.

Y porque un país no puede avanzar si las transformaciones que se emprenden en los distintos sectores no se acompañan de una gestión ejemplar, un manejo eficiente y transparente de los recursos y una permanente rendición de cuentas a la sociedad.

Consciente de que la educación es la mejor inversión que Colombia puede hacer, la Reforma plantea los siguientes cuatro objetivos, siempre en el marco del principio de la autonomía universitaria, la equidad, la ética, la excelencia académica, el pluralismo y la participación:

1. Generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior.
2. Generar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen de la educación superior.
3. Adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales.
4. Y fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.

Con respecto al primer objetivo que busca generar condiciones para una mejor oferta en educación superior, se consolida un sistema de calidad que garantice el mejoramiento de la calidad de los programas académicos, en conjunto con el fortalecimiento de la autonomía y la autorregulación de las IES. Igualmente, se fortalecerá el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para garantizar el cumplimiento de condiciones de calidad de todos los programas e instituciones y se promoverá la acreditación voluntaria y la evaluación.

Además, a través del fomento, se establecen incentivos para reconocer la excelencia y convertir a la innovación e investigación en clave para la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico. Prevé el fortalecimiento de la inspección y vigilancia para cumplir de mejor manera con el mandato constitucional.

Para lograr el segundo objetivo que busca generar condiciones para que más colombianos ingresen y se gradúen de la educación superior, la propuesta propone ampliar la capacidad de las instituciones estatales a través de un incremento de los recursos de la Nación y de otras fuentes; promover el acceso equitativo; la permanencia; mejorar las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar la oferta educativa, y fortalecer la participación regional.

Con respecto al incremento de los recursos de la Nación, se hará un incremento del presupuesto anual de tres (3) puntos porcentuales, desde el año 2012 hasta el 2022, adicionales al 2% que se entregará a las instituciones estatales que hoy, por la Ley 30, se retienen para fomento de todos los aportes de la Nación a las instituciones de educación superior estatales para fomento. De acuerdo con la propuesta de los rectores de las universidades públicas, hasta el 2014 la mitad de dichos recursos, es decir 1.5 puntos, serán entregados a las universidades públicas de conformidad con el aporte histórico y la otra mitad será distribuida por el Ministerio de Educación con base en indicadores que respondan al mejoramiento de la calidad, la formación y productividad docente, el aumento de cobertura con énfasis en lo regional y los resultados de investigación, teniendo en cuenta a las universidades de menores aportes. Entre el 2015 y el 2022, estos recursos se distribuirán de acuerdo con los resultados de las instituciones en los tres años anteriores. Todos estos recursos adicionales, se mantendrán en la base presupuestal de los siguientes años.

Es importante aclarar que los aportes nuevos de la Nación irán destinados a todas las IES públicas del país (Instituciones técnicas profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades), privilegiando las instituciones con menos aportes del Estado. Además, se incrementará el aporte adicional que hace la Nación, que depende del crecimiento de la economía.

Como otras medidas, se dispone que la Nación y las entidades territoriales puedan hacer aportes adicionales, que no incrementarán la base presupuestal para la inversión en proyectos específicos de infraestructura y ambientes de aprendizaje. De la misma manera, se incluye como fuente de financiación los recursos del Sistema General de Regalías que les sean asignados para inversión física, como lo establece el Acto Legislativo 05 de 2011.

En lo que tiene que ver con el tercer objetivo de adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales, el proyecto de Reforma promueve la consolidación de las relaciones entre la educación superior con la sociedad y el Estado para contribuir a una mayor generación y transferencia de conocimiento, así como la internacionalización de las instituciones y del sector en general.

Asimismo, fortalece de manera significativa la investigación y la innovación al hacer, las instituciones de educación superior, parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De igual manera, involucran en su desarrollo el Sistema Nacional de Regalías a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Así mismo, se hace explícito el fomento a la formación de alto nivel (maestrías y doctorados); a los programas de doble titulación; a la participación en redes, alianzas o consorcios; a facilitar el reconocimiento de saberes, créditos, competencias, programas, currículos, acreditaciones y títulos en el contexto internacional de la educación superior; y apoyar los programas de movilidad e intercambio académico y científico, entre otros aspectos.

Finalmente, para el cuarto objetivo que busca fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector, se propone un capítulo específico que combina la autonomía institucional y la responsabilidad pública en cuanto a la rendición de cuentas a la sociedad y al Estado, y el establecimiento de códigos del buen gobierno.

La Reforma del Sistema de Educación Superior plantea recursos públicos adicionales para los próximos tres años, por un valor de 1,5 billones de pesos corrientes para todo el sistema de educación superior. En total, entre 2012 y 2022 se destinarán 11,1 billones de pesos corrientes adicionales.

Específicamente, dentro de los recursos adicionales, se destinarán 600.000 millones de pesos hasta 2014 y 6,46 billones de pesos entre 2012 y 2022 para las instituciones de educación superior.

Esta reforma garantiza, además, recursos públicos, entre 2012 y 2022, por 35,3 billones de pesos corientes para las instituciones de educación superior públicas, de los cuales 6 billones de pesos son adicionales.

Además, 915.500 millones de pesos irán destinados, entre 2012 y 2014, para otorgar subsidios de sostenimiento, así como para subsidiar la matrícula y la tasa de interés durante la época de estudios de los beneficiarios de créditos del Icetex. Entre 2012 y 2022, por este mismo concepto, se destinarán 4,7 billones de pesos.

Es importante resaltar que estos nuevos recursos para el Icetex son adicionales a los 3 billones de pesos que se destinarán en los próximos tres años para entregar créditos a más y más jóvenes del país que quieren acceder a una educación superior de calidad.

Estos nuevos recursos de la Nación al sistema de Educación Superior, demuestran el compromiso del Gobierno Nacional en el aumento de la cobertura y disminución de las tasas de deserción universitaria. El mensaje es claro: La Reforma a la Educación Superior es un proyecto pensado en el beneficio de los estudiantes y las familias colombianas.

En ese mismo sentido, también habrá una nueva fuente de recursos que provendrán del Sistema General de Regalías. Una parte de estos recursos podrá ser destinada para inversiones físicas (infraestructura y TIC) en educación, y un 10% irá destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que equivale a 1 billón de pesos anual adicional.

Es importante tener en cuenta que, entre 2007 y 2011, los aportes de la Nación a las universidades públicas presentaron un crecimiento real de 9,5%, lo que demuestra el esfuerzo del Gobierno por aumentar y asegurar los recursos girados a las instituciones. Parte de esto se evidenció en 2009, cuando el Congreso de la República aprobó entregar 160 mil millones de pesos (de éstos, 30.000 millones de pesos para Colciencias) a las Instituciones de Educación Superior, de los cuales 70.000 millones de pesos pasaron a fortalecer la base presupuestal de las mismas.

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la política "Educación de calidad, el camino para la prosperidad", se ha propuesto pasar del 37% al 50% de cobertura en educación superior. Gracias a los nuevos recursos de la Nación se espera incrementar en 600.000 los nuevos cupos de pregrado y en 45.000 los de posgrado, así como aumentar la participación de matriculados en programas técnicos y tecnológicos de 33% a 45%. La meta es que con la Reforma el país alcance en el año 2022 los niveles de cobertura de los países desarrollados, que está alrededor del 64%.

Además, con esta Reforma, y en especial con el fortalecimiento de los subsidios de sostenimiento y del crédito educativo sin interés real, se busca reducir la tasa de deserción interanual de 12% a 9% y permitir entonces que más jóvenes, principalmente los de más bajos recursos económicos accedan a una educación superior de calidad y puedan culminar sus estudios exitosamente.

Con el fin de promover la oferta regional, este aspecto se incluirá en los criterios para la distribución de recursos adicionales para las IES públicas, y se crearán unas instancias de coordinación departamental a través de Comités Departamentales de Educación Superior, los cuales contarán con la participación de los secretarios de educación en los departamentos respectivos.

Además, para hacer la oferta más flexible y fortalecer la autonomía, se plantea que la oferta de programas dependa de la decisión autónoma de la institución y del cumplimento de las condiciones de calidad, verificado por el Sistema de Aseguramiento de cada IES y no del tipo de institución. Asimismo, se fomentará el reconocimiento a los estudiantes, por parte de las IES, de las competencias y créditos académicos obtenidos en el sistema de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

La Reforma plantea la creación del Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, mediante el cual se ampliarán de manera significativa los subsidios de sostenimiento para estudiantes de bajos ingresos, tanto de instituciones estatales como privadas. Asimismo, establece mediante Ley que los intereses para los estudiantes de estratos bajos (1, 2 y 3) sea igual a cero y un 25% de su deuda pueda ser condonada al momento de graduarse. Adicionalmente, plantea que a los estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en la pruebas Saber Pro y tengan crédito con ICETEX, su deuda pueda ser condonada hasta en un 100%.

Los profesores se verán directamente beneficiados con los nuevos recursos que ingresarán al sistema, ya que parte de ellos serán destinados a la formación docente, investigación y reconocimiento a la producción académica. La Reforma pone un especial énfasis en el fortalecimiento de la formación de alto nivel (maestrías y doctorados) y la movilidad académica de estudiantes y profesores.

Un país no puede avanzar si las transformaciones que se emprenden en los distintos sectores no se acompañan de una gestión ejemplar, un manejo eficiente y transparente de los recursos y una permanente rendición de cuentas a la sociedad.

La transparencia, la información y rendición de cuentas son pilares de un Estado Social de Derecho y se han convertido en un principio de la vida pública. En este sentido, quién mejor que el sector educativo para ser ejemplo de buen gobierno y transparencia, e impulsar la adopción de buenas prácticas en las distintas esferas, gubernamentales, sociales y productivas.

Con estricta observancia y respeto de la autonomía universitaria, será fundamental fortalecer también la información y los mecanismos con base en los cuales la comunidad en general y el Estado podrán vigilar y hacerle seguimiento a la calidad y a las condiciones de oferta de la educación superior en el país, única garantía para que la prosperidad sea una realidad para todos.

La educación superior es la herramienta más poderosa para avanzar en equidad. La empleabilidad y las expectativas de ingreso de una persona con un título de educación superior al mercado laboral son significativamente mejores comparadas con las de un bachiller.

Según el DANE, entre octubre y diciembre de 2010, en las 13 áreas metropolitanas, la ocupación total creció 4,4% con respecto al mismo período de 2009; mientras que el empleo de personas con educación superior aumentó 6,6%, y el empleo formal para ellos se incrementó en 7,8%.

Por otra parte, en Colombia un técnico profesional gana en promedio 909.000 pesos; mientras que un joven que terminó su grado 11 y dejó de estudiar tiene un ingreso de un poco más de 394.000 pesos, es decir, menos del salario mínimo. Y es justamente la diferencia de sueldos a medida que se mejora el nivel de estudios y la probabilidad para encontrar un empleo mejor pago, unas de las cosas que hacen la diferencia entre estudiar y no estudiar. El mensaje es claro: estudiar sí paga.

Lo anterior deja ver la estrecha relación entre el empleo, la productividad y el nivel de formación de su capital humano. Para que el país continúe por una senda de crecimiento y productividad positiva que permita la reducción de las inequidades, y que cada vez sean más las oportunidades de ingreso y progreso para los colombianos, es imperativo elevar los niveles de cobertura de una educación superior de calidad. La Reforma al Sistema de Educación Superior es un paso importante para ello.

La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno "Prosperidad para todos (2011-2014)" contempla llegar también al 50% de cobertura en este nivel de formación. Con la reforma, Colombia podría alcanzar los niveles de cobertura de los países de la OCDE en 2022.

Actualmente, son muy grandes los retos en materia de educación y desarrollo en todas las latitudes, por ello, muchos países han decidido implementar reformas profundas en sus sistemas. Un ejemplo de ello es Brasil, que gracias a una reforma a finales de los años 90, logró pasar de 1'868.529 estudiantes en 1996 a 5'958.135 en 2008. Algo similar ocurrió en China, donde el salto fue de 2 millones de estudiantes en 1990, a 26 millones en 2009; y Corea, que hoy es uno de los países con mayor cobertura en educación en el mundo, registró un aumento en cobertura pasando de 33,2% en 1990 a 92% en 2009.

La calidad educativa marca la diferencia entre países en desarrollo y países desarrollados. El país requiere de una educación superior de calidad que genere conocimiento e innovación y que forme las personas que lideren la transformación social y productiva del país. Se requiere de una educación que dé oportunidades reales de desarrollo personal e integral a un mayor número de jóvenes para lograr las metas trazadas en materia de equidad, bienestar y desarrollo. Para lograr estos objetivos, la reforma plantea la consolidación de un Sistema de Calidad con cinco elementos: aseguramiento, acreditación de alta calidad, fomento, evaluación e inspección y vigilancia.

El proceso de construcción de la Propuesta de Reforma fue incluyente, participativo y enriquecedor, y gracias a él, hoy se entrega un proyecto de Reforma consensuado en su mayor parte para el beneficio de los estudiantes de Colombia.

La cruzada se inició el pasado 10 de marzo cuando el Presidente Santos presentó la propuesta del Proyecto para que todos los colombianos, en especial los diferentes actores del sector educativo y productivo del país participaran con sus aportes y ayudaran en la construcción de un Proyecto de Reforma robusto e integral.

Así, se abrió en la página web del portal educativo del Ministerio de Educación, Colombia Aprende ( www.mineducacion.gov.co/reformaeducacionsuperior), un micrositio especial donde las personas podían conocer la propuesta y hacer sus aportes. A lo largo de este tiempo, el portal recibió más de 145.000 visitas, así como 340 aportes concretos a los objetivos y temas centrales de la propuesta inicial.

También se realizaron 28 foros regionales donde asistieron más de 4.500 personas provenientes de todos los sectores del país.

Igualmente, se realizaron dos foros internacionales para analizar reformas recientes de los sistemas de educación superior de otros países y aprender de las experiencias. Así, se realizó en abril el Foro Internacional de Reformas de la Educación Superior y en mayo el Foro Internacional de Inversión Privada en Educación. Estos dos encuentros internacionales lograron reunir a cerca de 1.400 personas y contaron con la participación de la Unesco, el Banco Mundial, la OCDE, y representantes de Chile, Corea del Sur, España, Francia, Uruguay, China, Holanda, Estados Unidos, Brasil y México.

Por otra parte, se realizaron de manera frecuente reuniones con el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el Sistema Universitario Estatal (SUE), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCÚN), la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Educación Tecnológica (ACIET), la Asociación Colombiana De Instituciones de Educación Superior con Carreras Técnicas Profesionales por Ciclos Propedéuticos (ACICAPI), la Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas (ACIUP), la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), Colciencias, Icetex, Icfes, Sena, y las 22 IES acreditadas, entre otros actores educativos.

Uno de los aspectos más importantes que el Ministerio de Educación acogió fue el de la necesidad de organizar un Sistema de Educación Superior dinámico y articulado, el hacer explícita la educación superior como derecho y como bien público basado en el mérito y la vocación, así como el retiro de la posibilidad de inversión privada con ánimo de lucro en el sector y el aumento de los recursos de la Nación a las IES públicas del país en 3 puntos porcentuales, desde el año 2012 hasta el 2022. Esos recursos serán distribuidos por el Ministerio de Educación, entre el 2012 y el 2014, de la siguiente manera:

Un 50% con base en indicadores que respondan al mejoramiento de la calidad, la formación y productividad docente, el aumento de cobertura con énfasis en lo regional, y los resultados de investigación. Es importante anotar que todo este incremento irá a la base presupuestal de cada institución y, por lo tanto, se mantendrá en los años subsiguientes.

El 50% restante, se distribuirá siguiendo la misma proporción de los aportes de la Nación en 2011, dándole prioridad a las universidades que registran más bajos aportes.

A partir de 2015, los recursos adicionales serán distribuidos según indicadores.

Entre otros aportes acogidos se encuentran:

La propuesta planteada por ASCÚN sobre los principios del Sistema de Educación Superior y el consiguiente desarrollo de la autonomía, así como el establecimiento de una doble instancia en los procesos de Inspección y Vigilancia.

La ampliación, de 5 a 8 años, en el plazo para cumplir los requisitos para la denominación de universidad, así como el acompañamiento a las universidades para que cumplan con dichos requisitos.

El retiro de la acreditación institucional como requisito para mantener o conseguir la denominación de "Universidad".

Dejar, tal como lo señala la Ley 30, la conformación de los Consejos Superiores de las IES públicas y se determina que son nueve (9) el número de miembros que los conforman.

Se retiran los órganos de tercera parte para otorgar la acreditación y se establece la posibilidad de reconocer acreditaciones o certificaciones internacionales, según reglamentación del Ministerio.

Se hace énfasis en la protección de los derechos de los estudiantes, se aclaran los agravantes y atenuantes de las sanciones, se suprimen las medidas cautelares, y se incluye una doble instancia.

Se fortalece la articulación como una herramienta clave para la permanencia, la movilidad y la flexibilidad del sistema.

Se establece el fomento de la investigación como una responsabilidad compartida del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), Colciencias, el Sistema Nacional de Regalías y el Sistema Nacional de Competitividad, entre otros.

Se apoyarán programas de movilidad e intercambio académico y científico, así como los programas de maestría y doctorado.

Conozca más sobre los diferentes acuerdos acogidos, ingresando al especial de la Reforma que se encuentra en el Centro Virtual de Noticias de la Educación ( www.mineducacion.gov.co/cvne).

El Gobierno Nacional (ni el Presidente de la República, ni la ministra de Educación, María Fernanda Campo) no planteó que la solución para aumentar la cobertura en Educación Superior fueran las IES con ánimo de lucro. Ésta se contemplaba como una de las medidas que podían aportar al aumento de la cobertura. El aporte o la participación de estas IES, en el mediano plazo, se pensó que pudiera ser del orden de 50.000 estudiantes, muchos de ellos con crédito educativo.

El impacto de 50.000 en toda la matrícula no llega al 3%, por lo que los esfuerzos estarán concentrados en trabajar con las IES para que esos estudiantes los cubran las IES privadas (con el crédito educativo) o estatales.

La Educación Superior en Colombia
Estos son algunos indicadores que dan cuenta del estado actual de la educación superior en el país:
Oferta:

Existen 286 IES, de las cuales 80 son públicas (32 universidades) y 206 (48 universidades) son privadas.

En total, a agosto de 2011, se ofrecen en Colombia 10.772 programas de educación superior, incluidos los programas técnicos profesionales y tecnológicos ofrecidos por el Sena.

Cobertura:

En 2010, se graduaron en Colombia 625.466 bachilleres y para el año 2014 se estima serán cerca de 700.000 estudiantes.

Durante el 2011 (en el primer y segundo semestre del año) ingresaron 514.990 jóvenes a la educación superior.

A 2010, en todo el país hay 1'674.420 estudiantes en el sistema de la educación superior, de los cuales 1'587.928 se encuentran matriculados en programas de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario) y 86.492 en programas de posgrado (especialización, maestría o doctorado).

La tasa de cobertura en educación superior es de 39,8%, medida como el número de estudiantes de pregrado sobre la población entre los 17 y 21 años.

Para el 2014 la meta de cobertura en este nivel de formación es de 50%, lo que implica una matrícula en pregrado de 2'182.272 estudiantes, de los cuales se espera que 1'358.164 estén en IES públicas y 824.108 en IES privadas.

La tasa de deserción por cohorte es de 45%, es decir que de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación superior, 55 eventualmente se gradúan, mientras 45 nunca lo hacen.

Del total de estudiantes matriculados en 2010 (1'674.4202), 927.295 están en IES públicas y 747.125 en IES privadas. En 2002 estas cifran era de 416.722 y 583.426 estudiantes, respectivamente.

Calidad:

Todos los programas de educación superior (técnicos profesionales, tecnológicos, profesional universitario, especialización, maestría y doctorado) cuentan con registro calificado, es decir que cumplen con las condiciones de calidad establecidas por el Ministerio de Educación. La única excepción son algunos programas del Sena que actualmente están en proceso de obtener dicho registro.

De las 286 IES de todo el país, 22 (9 públicas y 13 privadas) cuentan con la acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación.

646 programas de educación superior cuentan, al 15 de julio de 2011, con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación.

Todos los estudiantes próximos a recibir sus títulos, son evaluados a través de las pruebas Saber PRO (antes Ecaes) del Icfes.

En Colombia existen 4.072 grupos de investigación registrados por Colciencias y 405 revistas indexadas, es decir que son publicaciones que denotan alta calidad y están listadas en alguna base de datos de consulta mundial. En 2003, estas cifras eran de 809 y 90, respectivamente.

¿Cómo se financia actualmente la educación superior pública en Colombia?
El gasto público de todo el sector educativo en 2011 se estima en 4,9% del PIB y específicamente para educación superior corresponderá el 1,01% del PIB. Por otra parte, la inversión directa de recursos del Estado al sistema de educación superior, será de 3,87 billones de pesos en 2011.

El financiamiento público de la educación superior en Colombia se da a través de mecanismos dirigidos a la oferta y entrega de subsidios a los estudiantes, entre los que se cuentan:

Los aportes directos de la Nación a las instituciones de educación superior (IES) públicas, los cuales ascenderán en 2011 a 2,2 billones de pesos. Esta reforma garantiza, además, recursos públicos entre 2012 y 2022, por 35,3 billones de pesos, en pesos corrientes, para las Instituciones de Educación Superior públicas, de los cuales 6 billones de pesos son adicionales.

La generación de recursos propios que cada institución consigue en el ejercicio de sus labores misionales de formación, extensión e investigación, los cuales alcanzaron en 2009 los 2,1 billones de pesos.

Los recursos de inversión de Colciencias que se destinan a proyectos de investigación de las IES ascenderán en 2011 a 300.000 millones de pesos.

Para los proyectos de fomento dirigidos desde el Ministerio de Educación Nacional se destinarán 133.403 millones de pesos en 2011. En 2010, se asignaron 123.089 millones de pesos.

Recursos destinados por el Sena a formación técnica y tecnológica, y educación para el trabajo y el desarrollo humano. En 2010, se destinaron 1,68 billones de pesos y para 2011 la asignación es de 1,77 billones de pesos.

Créditos para infraestructura (física y tecnológica) a través del Ministerio de Educación y Findeter.

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abc de la reforma a la educación superior en colombia

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ABC de la Reforma a la Educación Superior en Colombia - ..::Ministerio de Educación Nacional de Colombia::..

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Después de 18 años de la expedición de la Ley 30, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia, el Gobierno Nacional presenta una Reforma integral a través de la cual se busca consolidar los avances alcanzados en los últimos años y potenciar el acceso y la calidad de la oferta educativa para generar más y mejores oportunidades a todos los colombianos mediante la organización del Sistema de Educación Superior, de un sistema de calidad y un incremento significativo de las fuentes de recursos para el sector.

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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31427&nValor3=33152&strTipM=TC

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Texto Completo acta: 2A1D3

1

LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION

CAPITULO I

De los Fines

amplia y adecuada.

ARTICULO 2º.- Son fines de la educación costarricense:

ARTICULO 3º.- Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará:

ARTICULO 7º.- La educación escolar será graduada conforme al desarrollo psicobiológico de los educandos y comprenderá los siguientes niveles:

De la Educación Pre-escolar

De la Educación Primaria

De la Educación Media

De los Servicios Especiales

ARTICULO 24.-
La formación de profesionales docentes deberá:

CAPITULO IV

De la Educación Especial

ARTICULO 27.- La educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran temporal o permanentemente.
(Así reformado por el artículo 73 (actual 86) de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600 del 2 de mayo de 1996)

ARTICULO 34.-
Anulado.
ARTICULO 43.-
Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes.
CAPITULO IX

ARTICULO 50.-
Esta ley rige desde su publicación.
DISPOSICIONES DE CARACTER TRANSITORIO

Transitorio I.-
El Ministerio de Educación Pública deberá elaborar los proyectos de leyes y reglamentos derivados de la presente ley, excepto las leyes y reglamentos relativos a planes, programas y materias especializadas o técnicas sobre educación, los cuales serán elaborados por el Consejo Superior de Educación. Los proyectos de leyes y reglamentos a que se refiere este artículo, deberán estar preparados en el término de seis meses a partir de la vigencia de la presente ley. En todo caso, los reglamentos que confeccionaren el Consejo Superior de Educación y el Ministerio del ramo, serán emitidos mediante Decretos Ejecutivos.
Transitorio II.-
Mientras la Universidad de Costa Rica no establezca la Escuela de Medicina, las funciones señaladas por el artículo 21 de esta ley, en lo relativo a tal materia, estarán a cargo del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República.
Transitorio III.-
Una Ley de Personal Docente, inspirada en la concepción democrática de la función pública, establecerá;
a) Requisitos para ingresar al servicio;

b) Deberes y obligaciones en los distintos cargos y niveles;

c) Derechos y garantías;

d) Servicios de mejoramiento profesional y funcional;

e) Evaluación de la labor del personal;

f) Escala de salarios y remuneraciones adicionales;

g) Normas de ascenso y prioridad para ocupar los cargos;

h) Medidas de protección y seguridad social; e i) Estímulo y garantías a las organizaciones de educadores.

Transitorio IV.-
La aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 17 de esta ley se realizará gradualmente, conforme lo considere oportuno y conveniente el Consejo Superior de Educación y lo permitan los recursos económicos y técnicos de que se disponga.
Ficha articulo

De la Extensión Cultural

ARTICULO 48.-
Corresponderá al Ministerio de Educación:
a) Realizar programas adecuados para elevar el nivel cultural de las comunidades;

b) Proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación;

c) Estimular la creación y el funcionamiento de bibliotecas públicas;

Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. En cuanto a bienes inmuebles, sólo podrán adquirir los que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de los colegios que tengan a su cargo. En la realización de estos actos jurídicos, las Juntas Administrativas estarán sujetas a las disposiciones que respecto a las Juntas de Educación establecen los artículos 36, 37 y 38 del Código de Educación. En cuanto a impuestos nacionales y municipales, las Juntas Administrativas gozarán de las mismas exenciones otorgadas por las leyes a las juntas de educación. Los bienes propiedad de las Juntas Administrativas destinados a sus funciones públicas son inembargables.

(Así adicionado por el artículo 1 de la ley No.2298 del 22 de noviembre de 1958) Ficha articulo

(Por resolución de la Sala Constitucional No. 3550de las 16 horas del 24 de noviembre de 1992, se declara inconstitucional y se anula por conexidad éste articulo, cuyo texto disponía lo siguiente: "Para que adquiera validez oficial la educación que imparten los establecimientos privados, el Consejo Superior de Educación deberá: a) Aprobar sus propósitos, planes de estudio y programas de acuerdo con el reglamento que con ese objeto se dicte; b) Autorizar la expedición de certificados y títulos que sean de categoría o validez legal similar a los oficiales; y c) Ejercer la vigilancia necesaria para que sus cuadros de profesores y funcionarios administrativos estén formados por personas que reúnan las condiciones señaladas por el artículo 38").
Ficha articulo

Ficha articulo

a) Inspirarse en los principios democráticos que fundamentan la vida institucional del país, y en el criterio sobre la educación que establece el Artículo 77 de la Constitución Política;

b) Asegurar al educador una cultura general y profesional y los conocimientos especiales necesarios para el buen servicio docente;

ARTICULO 22.-
El sistema de educación costarricense asegurará al educando, mediante la coordinación de las labores dentro de los establecimientos de enseñanza:
a) Un servicio de orientación educativa y vocacional que facilite la exploración de sus aptitudes e intereses, ayudándole en la elección de sus planes de estudios y permitiéndole un buen desarrollo emocional y social;

ARTICULO 14.-
La Enseñanza Media comprende el conjunto de estructuras o modalidades destinadas a atender las necesidades educativas tanto generales como vocacionales de los adolescentes, y tiene por finalidades:
a) Contribuir a la formación de la personalidad en un medio que favorezca su desarrollo físico, intelectual y moral;

b) Afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de la cultura universal y en los principios cristianos;

c) Desarrollar el pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos y sociales; para la solución inteligente de los problemas y para impulsar el progreso de la cultura;

d) Preparar para la vida cívica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando el conocimiento básico de las instituciones patrias y de las realidades económicas y sociales de la Nación;

ARTICULO 13.-
La educación primaria tiene por finalidades:
a) Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño;

b) Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad;

c) Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad de bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del sentido democrático de la vida costarricense;

d) Capacitar para la conservación y mejoramiento de la salud;

e) Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo;

f) Capacitar, de acuerdo con los principios democráticos, para una justa, solidaria y elevada vida familiar y cívica;

g) Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social;

ARTICULO 12.-
La educación pre-escolar tiene por finalidades:
a) Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico armónico;

b) Fomentar la formación de buenos hábitos;

c) Estimular y guiar las experiencias infantiles;

d) Cultivar el sentimiento estético;

e) Desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación;

a) Educación Pre-escolar;

b) Educación Primaria;

a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad;

b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y religiosos;

c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de los valores cívicos propios de una democracia;

d) La trasmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo psicobiológico de los educandos;

a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana;

b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana;

c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad;

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Sistema Costarricense de Información Jurídica

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Texto Completo acta: 2A1D3 1 LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION CAPITULO I De los Fines amplia y adecuada.

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Reglamento de la Ley General de Educación 

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Reglamento de la Ley General de Educación 

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Gobiernos de América Latina y el Caribe crearán planes nacionales para reducir las brechas educativas en la región.

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Gobiernos de América Latina y el Caribe crearán planes nacionales para reducir las brechas educativas en la región.

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https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/comunicados/414593:Gobiernos-de-América-Latina-y-el-Caribe-crearan-planes-nacionales-para-reducir-las-brechas-educativas-en-la-region

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Decreto 1278 de 2002 Estatuto Único Docente.

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Decreto 1278 de 2002 Estatuto Único Docente.

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Comparto este decreto con el cual se seleccionan los educadores y se rige la carrera docente y directivos docentes en Colombia, para garantizar una educación integral y de calidad.

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En nuestro país la educación es gratuita y obligatoria para todos y cada uno de los habitantes, aún aquellos que no son costarricenses pueden acceder a ella. Inicia desde el prescolar hasta la educacion general básico que es 9no año. De ahi ya queda a criterio de cada persona continuar su educación. A continuación pongo el link para ver el testo completo de la Ley.

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspxparam1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31427&nValor3=130529&strTipM=TC

La información es tomada desde el sitio oficial: Sistema Costarricense de Información Jurídica.

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Texto Completo acta: 11B0D3

1

LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION

De los Fines

Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Por lo que se deberá estimular y fomentar en los educandos el aprecio por el ejercicio de los derechos humanos y la diversidad lingüística, multiétnica y pluricultural de nuestro país.
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9456 del 6 de junio de 2017, "Reconocer el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica")

ARTICULO 2º.- Son fines de la educación costarricense:

a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana;

b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana;

c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad;

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; y

e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales.

f) Promover la formación de ciudadanos amantes de su patria multiétnica y pluricultural, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana sin discriminación de ningún tipo.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la Ley N° 10198 del 5 de mayo del 2022)

ARTICULO 3º.-Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará:

a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la colectividad;

b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores éticos, estéticos y religiosos;

c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de los valores cívicos propios de una democracia;

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales; y

f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social.

g) El desarrollo de aptitudes orientadas a un manejo sano y adecuado de las finanzas personales a través de herramientas de educación financiera.

h) Mantener, en forma permanente, el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

CAPITULO II

Del Sistema Educativo
(Así reformado por el artículo 4° de la ley para la reactivación y reforzamiento de la red nacional de cuido y desarrollo infantil, N° 9941 del 15 de febrero del 2021)

a) Educación Pre-escolar;

b) Educación Primaria;

c) Educación Media; y

d) Educación Superior.

En todos los niveles, el Estado, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP), será corresponsable en el cuido integral del niño, la niña y el adolescente, una vez finalizado el programa docente y hasta el egreso del centro educativo al cual pertenece. Por ende, deberá definir programas educativos integrales y focalizados a la población inscrita en el sistema educativo, en los dos primeros niveles.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 4° de la ley para la reactivación y reforzamiento de la red nacional de cuido y desarrollo infantil, N° 9941 del 15 de febrero del 2021)

ARTICULO 8º.-La enseñanza primaria es obligatoria; ésta, la pre-escolar y la media son gratuitas y costeadas por la Nación.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 4° de la ley para la reactivación y reforzamiento de la red nacional de cuido y desarrollo infantil, N° 9941 del 15 de febrero del 2021)

ARTICULO 9º.- El Consejo Superior de Educación autorizará los planes de estudio y los programas de enseñanza para los diversos niveles y tipos de educación. Esos planes y programas serán flexibles y variarán conforme lo indiquen las condiciones y necesidades del país y el progreso de las ciencias de la educación y serán revisados periódicamente por el propio Consejo. Deberán concebirse y realizarse tomando en consideración:

a) Las correlaciones necesarias para asegurar la unidad y continuidad del proceso de la enseñanza; y

Las necesidades e intereses psicobiológicos y sociales de los alumnos en una sociedad caracterizada por ser multiétnica y pluricultural, hacia la búsqueda de relaciones de interculturalidad.

De la Educación Pre-escolar

De la Educación Primaria

De la Educación Media

De los Servicios Especiales

ARTICULO 24.-
La formación de profesionales docentes deberá:
ARTICULO 34.-
Anulado.
ARTICULO 43.-
Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas por los Consejos de Profesores correspondientes.
CAPITULO IX

ARTICULO 50.-
Esta ley rige desde su publicación.
DISPOSICIONES DE CARACTER TRANSITORIO

Transitorio I.-
El Ministerio de Educación Pública deberá elaborar los proyectos de leyes y reglamentos derivados de la presente ley, excepto las leyes y reglamentos relativos a planes, programas y materias especializadas o técnicas sobre educación, los cuales serán elaborados por el Consejo Superior de Educación. Los proyectos de leyes y reglamentos a que se refiere este artículo, deberán estar preparados en el término de seis meses a partir de la vigencia de la presente ley. En todo caso, los reglamentos que confeccionaren el Consejo Superior de Educación y el Ministerio del ramo, serán emitidos mediante Decretos Ejecutivos.
Transitorio II.-
Mientras la Universidad de Costa Rica no establezca la Escuela de Medicina, las funciones señaladas por el artículo 21 de esta ley, en lo relativo a tal materia, estarán a cargo del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República.
Transitorio III.-
Una Ley de Personal Docente, inspirada en la concepción democrática de la función pública, establecerá;
a) Requisitos para ingresar al servicio;

b) Deberes y obligaciones en los distintos cargos y niveles;

c) Derechos y garantías;

d) Servicios de mejoramiento profesional y funcional;

e) Evaluación de la labor del personal;

f) Escala de salarios y remuneraciones adicionales;

g) Normas de ascenso y prioridad para ocupar los cargos;

h) Medidas de protección y seguridad social; e i) Estímulo y garantías a las organizaciones de educadores.

Transitorio IV.-
La aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 17 de esta ley se realizará gradualmente, conforme lo considere oportuno y conveniente el Consejo Superior de Educación y lo permitan los recursos económicos y técnicos de que se disponga.
Ficha articulo

De la Extensión Cultural

ARTICULO 48.-
Corresponderá al Ministerio de Educación:
a) Realizar programas adecuados para elevar el nivel cultural de las comunidades;

b) Proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación;

c) Estimular la creación y el funcionamiento de bibliotecas públicas;

Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. En cuanto a bienes inmuebles, sólo podrán adquirir los que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de los colegios que tengan a su cargo. En la realización de estos actos jurídicos, las Juntas Administrativas estarán sujetas a las disposiciones que respecto a las Juntas de Educación establecen los artículos 36, 37 y 38 del Código de Educación. En cuanto a impuestos nacionales y municipales, las Juntas Administrativas gozarán de las mismas exenciones otorgadas por las leyes a las juntas de educación. Los bienes propiedad de las Juntas Administrativas destinados a sus funciones públicas son inembargables.

(Así adicionado por el artículo 1 de la ley No.2298 del 22 de noviembre de 1958) Ficha articulo

(Por resolución de la Sala Constitucional No. 3550de las 16 horas del 24 de noviembre de 1992, se declara inconstitucional y se anula por conexidad éste articulo, cuyo texto disponía lo siguiente: "Para que adquiera validez oficial la educación que imparten los establecimientos privados, el Consejo Superior de Educación deberá: a) Aprobar sus propósitos, planes de estudio y programas de acuerdo con el reglamento que con ese objeto se dicte; b) Autorizar la expedición de certificados y títulos que sean de categoría o validez legal similar a los oficiales; y c) Ejercer la vigilancia necesaria para que sus cuadros de profesores y funcionarios administrativos estén formados por personas que reúnan las condiciones señaladas por el artículo 38").
Ficha articulo

a) Inspirarse en los principios democráticos que fundamentan la vida institucional del país, y en el criterio sobre la educación que establece el Artículo 77 de la Constitución Política;

b) Asegurar al educador una cultura general y profesional y los conocimientos especiales necesarios para el buen servicio docente;

ARTICULO 22.-
El sistema de educación costarricense asegurará al educando, mediante la coordinación de las labores dentro de los establecimientos de enseñanza:
a) Un servicio de orientación educativa y vocacional que facilite la exploración de sus aptitudes e intereses, ayudándole en la elección de sus planes de estudios y permitiéndole un buen desarrollo emocional y social;

ARTICULO 14.-
La Enseñanza Media comprende el conjunto de estructuras o modalidades destinadas a atender las necesidades educativas tanto generales como vocacionales de los adolescentes, y tiene por finalidades:
a) Contribuir a la formación de la personalidad en un medio que favorezca su desarrollo físico, intelectual y moral;

b) Afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de la cultura universal y en los principios cristianos;

c) Desarrollar el pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos y sociales; para la solución inteligente de los problemas y para impulsar el progreso de la cultura;

d) Preparar para la vida cívica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando el conocimiento básico de las instituciones patrias y de las realidades económicas y sociales de la Nación;

ARTICULO 13.-
La educación primaria tiene por finalidades:
a) Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño;

b) Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad;

c) Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad de bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del sentido democrático de la vida costarricense;

d) Capacitar para la conservación y mejoramiento de la salud;

e) Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo;

f) Capacitar, de acuerdo con los principios democráticos, para una justa, solidaria y elevada vida familiar y cívica;

g) Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social;

ARTICULO 12.-
La educación pre-escolar tiene por finalidades:
a) Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico armónico;

b) Fomentar la formación de buenos hábitos;

c) Estimular y guiar las experiencias infantiles;

d) Cultivar el sentimiento estético;

e) Desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación;

Ficha articulo

Ficha articulo

Ficha articulo

Ficha articulo

Ficha articulo

Ficha articulo

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Sistema Costarricense de Información Jurídica

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Texto Completo acta: 11B0D3 1 LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION De los Fines Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada.

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Estructura del Sistema Educativo: niveles y modalidades

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El Artículo 17 de la Ley 26.206 establece la estructura del Sistema Educativo Nacional, que comprende cuatro (4) niveles y 8 (ocho) modalidades. Los **niveles** son: * la educación inicial, * la educación primaria, * la educación secundaria y * la educación superior.

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Manual de Requisitos, funciones directivos docentes

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Manual de Requisitos, funciones directivos docentes

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Manual de requisitos, funciones y competencias para directivos docentes MEN

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Modelos Educativos Flexibles (Educación Rural)

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Modelos Educativos Flexibles (Educación Rural)

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Las condiciones de la educación que se ofrece en las zonas rurales de nuestro país Colombia, hace un recorrido primero por las características y las dificultades propias de la educación en un contexto rural y sus diferencias con respecto a las zonas urbanas, pasando por las dificultades que afronta el docente que se desempeña en las zonas rurales y lo que se espera de él. Finalmente se abordan las dificultades que afronta las educación rural en Colombia y cómo es casi inexistente la formación docente para el contexto rural, el MEN crea los modelos educativos flexibles como garante de una formación académica propia para nuestros niños, niñas y adolescentes.

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El concurso de méritos para ingreso al servicio educativo estatal

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El concurso de méritos para ingreso al servicio educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su ubicación en el mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal. ( Artículo 8° del Decreto 1278 de 2002 ).

La Constitución Política en su artículo 125 determina que " Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera......El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes". Complementariamente al principio constitucional, la Ley 115 de 1994 dispone que " únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales."

ElDecreto Ley 1278 de 2002 "Estatuto de Profesionalización Docente" define el concurso para ingreso al servicio educativo estatal, y establece las etapas para su desarrollo.
Mediante los Decretos 3982 de 2006 el Gobierno Nacional establece el procedimiento de selección mediante concurso para ingreso a la Carrera Docente para población mayoritaria y a través de losDecretos 3323 de 2005 y , reglamentó el proceso de selección mediante concurso.

Convocatoria

Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas

Aplicación de pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Publicación de resultados de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas

Recepción de documentos, verificación de requisitos y citación a entrevista

Valoración de antecedentes y entrevista

Publicación de resultados de la valoración de antecedentes y entrevista

Conformación y publicación de lista de elegibles

Nombramiento en período de prueba

Periodo de prueba.

Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC - La corte Constitucional mediante sentencia C-175 de 2006 establece que la administración, organización y vigilancia de la carrera docente corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Ministerio de Educación Nacional:Ley 715 de 2001 en su Artículo 5° - le otorga las siguientes competencias a la Nación en materia de concursos:

Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente.

Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector en los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades territoriales indígenas

Es el mecanismo utilizado durante el tiempo de vigencia de la lista de elegibles para que los integrantes de la misma, seleccionen la plaza en institución educativa oficial, de acuerdo con la oferta pública de empleos de carrera docente, cuando deba proveerse un número plural de cargos de directivo docente o de docente en un mismo nivel o área de conocimiento.

Las audiencias públicas podrán ser presenciales o virtuales, de conformidad con lo establecido en la presente Resolución.

Habrá audiencias conjuntas cuando una lista de elegibles tenga validez para un departamento y los nuevos municipios que se certifiquen en educación, después de haberse convocado el concurso. (Resolución 0207 de 2010)

Mediante la Resolución No. 1161 de 11 de marzo de 2010 la Comisión Naional del Servicio Civil delegó en las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas, la programación, organización y realización de las audiencias públicas.

Tiempo durante el cual el docente o el directivo docente muestra su capacidad de apropiación del cargo para el cual fue nombrado, su eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y su integración en la cultura de la institución educativa.

La evaluación del periodo de prueba es un proceso sistemático que se lleva a cabo durante todo el periodo (mínimo cuatro meses) y requiere al menos tres momentos:

Socialización del proceso

Primera valoración

Evaluación final

Decreto 0140 de Enero 23 de 2006: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3323 de 2005 y se reglamenta el proceso de selección mediante concurso especial para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3323 de Septiembre 21 de 2005: Por el cual se reglamenta el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente, se determinan criterios para su aplicación y se dictan otras disposiciones.

Circular 25 de Noviembre 08 de 2004: Concurso de ingreso a la carrera docente para etnoeducadores en comunidades indigenas, afrocolombianas y raizales.Circular 17 de 2011.

Circular No. 17 de septiembre 2 de 2011: Reporte de cargos con vacantes definitivas para atención de población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. Actualización SIMAT.
Concursos de méritos para la provisión de vacantes de docentes y directivos docentes
Con la expedición de la Ley 715 de 2001 y del Decreto - Ley 1278 de 2002 , por medio de los cuales se establece el Estatuto de Profesionalización Docente, las entidades territoriales certificadas (departamentos, distritos y municipios mayores de 100 mil habitantes) adquirieron competencia para administrar y vigilar la carrera docente, y en consecuencia convocar y desarrollar los concursos de méritos para la selección de docentes y directivos docentes.

El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto - Ley 1278 de 2002, expidió el Decreto 3238 de 2004 , "por medio del cual se reglamentan los concursos que rigen para la carrera docente y se determinan criterios, contenidos y procedimientos para su aplicación". Este decreto fue modificado por los Decretos 4235 de 2004 y 3333 de 2005 y bajo su vigencia se convocaron dos (2) concursos de docentes, para los cuales se determinaron responsabilidades a los diferentes entes gubernamentales que participaban* del mismo .
Tercera convocatoria
Para la tercera convocatoria y como consecuencia de lo dispuesto en la sentencia C-175 de 2006, en la que se establece que la administración y vigilancia de la carrera docente corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 3982 de 2006 , estableció el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente, determinó criterios para su aplicación y derogó el Decreto 3238 de 2004 y sus modificatorios.

En el 2006 y en virtud de la Sentencia C-175, la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada ahora de la administración y vigilancia de la carrera docente, abrió la tercera convocatoria
Cuarta convocatoria Concurso de Ingreso Docentes y Directivos Docentes 2009
La finalización del quinto concurso docente general para el ingreso de aproximadamente 41.000 nuevos docentes y directivos, mas es una muestra fehaciente, del avance en la consolidación del Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto Ley 1278 de 2002, que rige este nuevo grupo de maestros y maestras que por el mérito demostrado en las diferentes pruebas a las cuales aplicaron, le dan solidez a la evaluación como instrumento de medición y mejoramiento de la calidad educativa.

Los concursos realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación con las entidades territoriales y el Ministerio de Educación Nacional, han permitido seleccionar entre muchos aspirantes, a los mejores maestros, quienes asumen un reto importante de contribución para generar las transformaciones en la sociedad y el país requieren, consolidando el ingreso a la carrera docente por procesos de meritocracia, desplazando en forma definitiva la influencia del clientelismo, dando paso a un sector educativo transparente y respetuoso de la constitución y la ley, como ejemplo de una cultura institucional que incorpora los niños, niñas y jóvenes de las futuras generaciones, que seguramente relevarán las actuales, con convicciones muy fuertes sobre valores y principios éticos para el ejercicio de la profesión que elijan y las funciones de los empleos que les corresponda.

Igualmente, esta nueva generación de maestros y maestras y directivos docentes, ingresan con competencias para poner en práctica y orientar a sus estudiantes en la aplicación de las nuevas tecnologías, en la comprensión de la globalización y las nuevas tendencias del concomimiento y disciplinas del saber.

Del concurso 2009 quedaron en situación de elegibilidad 54.384 y se expidieron 858 listas para 66 Entidades Territoriales.

Se realizaron Audiencias públicas para escogencia de plaza docente en establecimiento educativo, en las 66 entidades territoriales participantes en el proceso y en algunas de las que no participaron en el concurso con la utilización de listas Territoriales, Departamental y Nacional. (Resolución 2318 de 2010).

Participantes licenciados y normalistas 77.4% en el proceso de concurso 2009. al final colocar los datos del recuadro verde

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Concurso Docente - ..::Min Educación OLD::..

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El concurso de méritos para ingreso al servicio educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su ubicación en el mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal.

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compañeros a tener en cuenta esta resolución para el caso de Alberto, si se analiza desde la normativa propia.( Resolución 003842 del 18 de Marzo de 2022).

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Guía No 34 Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento

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Guía No 34 Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento

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Guia No 34 Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento

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Decreto 2277 de 1979 Definición Creación y grados Reglas especiales para el ascenso Artículo 4 Educadores no oficiales Artículos 26 y ss Carrera docente Artículo 52 Reescripción en el Escalafón Artículos 71 y ss Asimilación al nuevo Escalafón

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Ley 2216/2022, 23 de junio, “Por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje

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Ley 2216/2022, 23 de junio, “Por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje

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(23 DE JUNIO) "POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON TRASTORNOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE"
ARTÍCULO 1. Objeto. El objeto de la presente Ley es promover la educación inclusiva efectiva y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje desde la primera infancia hasta la educación meta en |as instituciones públicas y privadas del país. Para la garantía efectiva del derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje, el Gobierno nacional adoptará las medidas necesarias para la implementación de la presente Ley.

ARTÍCULO 2. Definición. Para los efectos de esta Ley, se entiende como trastorno específico de aprendizaje aquellas dificultades asociadas a la capacidad del niño, niña, adolescente o joven para recibir, procesar, analizar, o memorizar información desarrollando problema5 en los proceso5 de lectura, e5critura, cálculos aritméticos e incluso dificultades en la adquisición del conocimiento, nuevas habilidades y destrezas, propios del proceso y desempeño escolar del niño, niña, adolescente o joven.

ARTÍCULO 3. Cualificación y formación docente. El Ministerio de Educación Nacional establecerá las orientaciones y los lineamientos para que las secretarías de educación definan e implementen planes territoriales de formación acorde con las necesidades de sus educadores y de los aprendizajes de los estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje.

PARÁGRAFO. Las instituciones educativas privadas, en el marco de su autonomía, capacitarán a su personal docente en la atención pedagógica de aquellos estudiantes que presentan trastornos específicos de aprendizaje.

ARTÍCULO 4. Caracterización. Las entidades territoriales en coordinación con el Gobierno nacional facilitarán el diagnóstico de los casos de trastornos específicos de aprendizaje en los estudiantes de educación básica y media.

PARÁGRAFO 1. Es competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, de las secretarias de salud, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), garantizar jornadas diagnó5ticas, incluyendo el acceso oportuno a la evaluación interdisciplinar, diagnóstico diferencial y tratamiento clínico.

PARÁGRAFO 2. Las Secretarías de Educación deberán impulsar las estrategias y los mecanismos efectivos para la identificación oportuna de las señales de alerta de presencia en relación con los trastornos específicos de aprendizaje en el contexto educativo, en los estudiantes de todos los grados a través de herramientas o estrategias pedagógicas, y que involucren a todos los actores intervinientes en el proceso académico.

PARÁGRAFO 3. Las estrategias y mecanismos efectivos para la identificación oportuna de las señales de alerta en el aprendizaje en el contexto escolar, en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deberán ser incluidas en los planes de desarrollo y presupuesto territoriales, dependiendo de los alcances y límites del marco fiscal de mediano plazo.

ARTÍCULO 5. Sistema de información de matrícula. El Ministerio de Educación Nacional instaurará una categoría especial y determinada dentro del Sistema Información de Matrícula para el registro de estudiantes que presentan trastornos específicos de aprendizaje.

El Ministerio de Educación Nacional, dentro de sus competencias, deberá brindar los lineamientos y orientaciones, así como el acompañamiento y asistencias técnicas necesarias a las Secretarías de Educación para realizar la identificación temprana de los signos de alerta y el registro en el Sistema de Información de matrícula, de los estudiantes que presenten trastornos específicos de aprendizaje.

ARTÍCULO 6. Atención. La atención que ofrezca el sistema educativo a estudiantes que presenten trastornos específicos de aprendizaje, no deberá ser individualizada, ni exclusiva, sino deberá promover la vinculación y permanencia en el aula regular mediante herramientas y estrategias que consideren las características particulares de las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que favorezcan un desempeño académico y social y por ende una dinámica de enseñanza-aprendizaje exitosa, apoyada por todos los miembros de la comunidad educativa a la que pertenece el estudiante.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Educación Nacional, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, articularán los términos y procesos de atención para los estudiantes diagnosticados con trastornos específicos de aprendizaje para garantizar un tratamiento prioritario, oportuno y adecuado a estos estudiantes, cuando se haga necesaria una intervención desde el área de la salud.

PARÁGRAFO 2. Las secretarías de educación y los establecimientos educativos del país deberán determinar e implementar los ajustes suficientes y necesarios en materias de metodología, tecnología e infraestructura para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación efectiva de las niñas, niños, y adolescentes y jóvenes en su proceso educativo, en equidad de condiciones con los demás, incluyendo ajustes en la política institucional, las culturas y las prácticas pedagógicas.

ARTÍCULO 7. Incorporación de la educación inclusiva en los Programas Educativos Institucionales -PEI-. El Ministerio de Educación Nacional promoverá y acompañará en acuerdo con las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, la incorporación de estrategias que favorezcan la educación inclusiva en los Proyectos Educativos Institucionales - PEI - de los establecimientos educativos públicos y privados, en sus diferentes niveles académicos.

ARTÍCULO 8. Acompañamiento en casa. El Ministerio de Educación Nacional brindará las orientaciones y lineamientos a las entidades territoriales certificadas en educación para que en articulación con los establecimientos educativos se realice acompañamiento pedagógico a los padres, cuidadores o asistentes personales de los estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje, con el objetivo de dar continuidad en los hogares a las estrategias educativas diseñadas para ellos y garantizar así la efectividad de su proceso educativo.

ARTÍCULO 9. Responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. Mientras la Ley no señale a un organismo o entidad distinta, será responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar familiar -ICBF- continuar la atención en educación inicial a niñas y niños de primera infancia con trastornos específicos del aprendizaje, bajo las directrices y orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional como ente competente.

ARTÍCULO 10. Autorización. Autorícese al Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto de Bienestar Familiar ICBF para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de lo estipulado en la presente Ley.
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA GREGORIO ELJACH PACHECHO LA PRESIDENTA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO REPÚBLICA DE COLOMBIA Ã¢¿¿ GOBIERNO NACIONAL PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
PARÁGRAFO 1. La financiación para el cumplimiento de la presente Ley se hará con cargo al Presupuesto General de la Nación, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y los criterios de distribución entre las entidades territoriales que para el efecto establezca el Gobierno nacional.
EL MINISTRO DE HACIENDO Y CRÉDITO PÚBLICO JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO LA VICEMINISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DELDESPACHO DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MARÍA ANDREA GODOY CASADIEGO LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL (E) PIERRE EUGENIO GARCÍA JACQUIER EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NERIO JOSÉ ALVIS BARRANCO.
PARÁGRAFO 2. Las entidades territoriales podrán destinar recursos para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley dependiendo de sus alcances presupuestales.

ARTÍCULO 11. Reglamentación. En un término no mayor a doce (12) meses, el Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo estipulado en la presente Ley.

ARTÍCULO 12. Vigencia y Derogatorias. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá D.C, a los 23 días del mes de junio de 2022

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(23 DE JUNIO) "POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON TRASTORNOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE" ARTÍCULO 1. Objeto.

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Constitución Política de República dominicana

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Constitución Política de República dominicana

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https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/do_3061_1.pdf

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Guía para construcción de código de convivencia

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Guía para construcción de código de convivencia

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Guía de construcción del Proyecto Educativo Institucional

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Guía de construcción del Proyecto Educativo Institucional

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Lineamientos para la construcción de la Propuesta Pedagógica

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Lineamientos para la construcción de la Propuesta Pedagógica

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Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural

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Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural

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El presente Reglamento General tiene por objeto instrumentar la aplicación de las normas contenidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos constitucionalmente para el Sistema Nacional de Educación.

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Real Decreto 205/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre otras importantes modificaciones, establece una nueva definición del currículo y sus elementos básicos y una redistribución de las competencias entre Gobierno y comunidades autónomas en esta materia.

De este modo, desaparece en la organización de todas las etapas la anterior diferenciación entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. En lugar de esta, se recupera una estructura más homogénea, basada, en la Educación Secundaria Obligatoria, en un conjunto de materias obligatorias para todo el alumnado, que podrán agruparse por ámbitos en los tres primeros cursos. Dicho conjunto se completa en cuarto curso con una serie de materias de opción definidas también en la normativa básica. Las administraciones educativas pueden, además, incrementar su oferta con una o más materias optativas de acuerdo con el marco que establezcan. De forma semejante, el Bachillerato se organiza en materias comunes, de modalidad y optativas, conformando al mismo tiempo cuatro modalidades dentro de la etapa: Artes, Ciencias y Tecnología, General y Humanidades y Ciencias Sociales.

En desarrollo de lo dispuesto por la nueva redacción de la ley orgánica se han dictado el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que fijan, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas de las respectivas etapas. Conforme al calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, lo dispuesto en los citados reales decretos empezará a ser de aplicación en el curso 2022-2023 para los cursos impares de ambas etapas y en el 2023-2024 para los cursos pares.

En previsión de este proceso de implantación gradual, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, añade una disposición adicional cuadragésima séptima a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la que se establece que corresponde al Gobierno regular las condiciones de promoción de un curso que no hubiera sido superado en su totalidad al siguiente, cuando entre uno y otro se apliquen las modificaciones introducidas por dicha ley relativas al currículo, la organización y los objetivos.

Así pues, procede regular, mediante este real decreto, las condiciones en las que deberá promocionar el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a un curso del nuevo sistema con materias pendientes del currículo anterior, el modo en que podrá recuperar estas materias o sustituirlas por sus correspondientes en la nueva ordenación, así como el currículo que se tomará como referencia para dicha recuperación. Asimismo, se determinan las materias o ámbitos que debe superar el alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y opte por realizar las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias previstas en el artículo 17.5 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. En cuanto a las modalidades de Bachillerato, se encomienda a las administraciones educativas el establecimiento de las condiciones para el cambio de modalidad y se establece la correspondencia entre la antigua modalidad de Ciencias y la nueva modalidad de Ciencias y Tecnología. Por último, se fijan las condiciones en las que será expedido el título de Bachiller a quienes se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 4 de este real decreto.

En esta norma se recoge, además, una disposición modificatoria del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, para garantizar que a los alumnos y alumnas que cursen Bachillerato en el marco de la oferta específica realizada por las administraciones educativas para personas adultas les será también de aplicación la prelación entre materias de Bachillerato que, con carácter general, se establece en el anexo V de dicho real decreto. De igual modo, se modifica el límite temporal establecido para la organización de las pruebas que, basándose en la configuración curricular desarrollada a partir del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, realicen las administraciones educativas para la obtención directa del mencionado título.

El presente real decreto se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de la promoción de un curso que se extingue a otro del nuevo sistema con materias o ámbitos pendientes del curso anterior. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la regulación que esta norma contiene es la imprescindible para garantizar su finalidad, no suponiendo restricción de derechos ni imposición de obligaciones a los ciudadanos. Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública. Además, y tal como prevé el artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha posibilitado el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios del proceso de elaboración de la norma.

En la elaboración del presente real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas a través de la Comisión General de Educación, y ha informado el Ministerio de Política Territorial. Asimismo, cuenta con el dictamen del Consejo Escolar del Estado.

El presente real decreto tiene carácter de norma básica y se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y para establecer normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia y asegurar una enseñanza común de calidad.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, procede en este caso establecer la extensión del carácter básico a una norma reglamentaria, ya que, conforme a la excepcionalidad admitida por el dicho Tribunal, entre otras, en las SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988, "resulta complemento indispensable en determinados supuestos para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas".

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de marzo de 2023,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto regular, para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, las condiciones de promoción de un curso no superado en su totalidad al siguiente, cuando entre uno y otro se apliquen las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, relativas al currículo, la organización y los objetivos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo establecido en el presente real decreto será de aplicación en los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como en los centros autorizados por las respectivas administraciones educativas para impartir enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.

Artículo 3. Educación Secundaria Obligatoria.

1. En la Educación Secundaria Obligatoria, la promoción de curso sin haber superado todas las materias o ámbitos se hará en las condiciones establecidas en el artículo 16 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. Quienes promocionen sin haber superado alguna de las materias o ámbitos que continúan formando parte de la organización del curso correspondiente en la nueva ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria deberán seguir los planes de refuerzo que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a estos planes, de acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. Para ello se tomará como referencia el currículo derivado del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

3. Quienes tengan pendiente de superar alguna de las materias del sistema que se extingue contempladas en el anexo I, deberán superar las evaluaciones correspondientes a los planes de refuerzo de la materia correspondiente del nuevo sistema, de acuerdo con lo establecido por las administraciones educativas. Corresponde a estas establecer, en el ejercicio de sus competencias, las correspondencias que determinen entre las materias de libre configuración autonómica que en el anterior sistema hubieran diseñado específicamente para su ámbito de gestión con las materias optativas que formen parte de la oferta de su ámbito territorial.

4. El alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y opte por realizar las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias previstas en el artículo 17.5 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, deberá hacerlo únicamente para las materias o ámbitos no superados. En este caso será de aplicación el currículo cursado. A estos efectos, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, tienen carácter meramente orientativo.

Artículo 4. Bachillerato.

1. La promoción del primer curso de Bachillerato al segundo se hará en las condiciones establecidas en el artículo 21 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

2. El alumnado que, dentro de una misma modalidad, hubiera cursado primero del sistema que se extingue y promocione al segundo curso del nuevo sistema con materias pendientes de primero deberá recuperar, únicamente, las materias cursadas y no superadas de primero.

3. Las administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en el sistema anterior en una determinada modalidad pueda pasar al segundo curso de la nueva ordenación en una modalidad distinta.

4. El alumnado que haya cursado segundo de Bachillerato del sistema que se extingue y opte por no repetir el curso completo, deberá recuperar las materias cursadas con calificación negativa de segundo y, en su caso, las materias cursadas con calificación negativa de primero.

5. Quienes tengan pendiente de superar alguna de las materias del sistema que se extingue contempladas en el anexo II, deberán cursar y superar la materia correspondiente del nuevo sistema. Corresponde a las administraciones educativas establecer, en el ejercicio de sus competencias, las correspondencias que determinen entre las materias de libre configuración autonómica que en el anterior sistema hubieran diseñado específicamente para su ámbito de gestión con las materias optativas que formen parte de la oferta de su ámbito territorial.

6. El alumnado que tenga pendiente de superar "Fundamentos del Arte I", "Cultura Audiovisual II" o alguna materia específica no incluida en la nueva ordenación y para la que no se haya establecido correspondencia en el anexo II, deberá sustituir dicha materia por otra de la modalidad que curse, a elegir de entre las que se oferten en el centro.

7. Para la recuperación de las materias no superadas de Bachillerato se tomará como referencia el currículo derivado del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.

8. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes en el marco organizativo que establezcan las administraciones educativas.

9. A todos los efectos, habrá de considerarse en los apartados anteriores que al alumnado que con anterioridad al curso 2022-2023, en el caso de primero de Bachillerato, y del curso 2023-2024, en el caso de segundo, cursaba la modalidad de Ciencias, a partir del curso 2023-2024 le corresponderá la nueva modalidad de Ciencias y Tecnología.

10. A quienes se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en este artículo, una vez finalicen la etapa, les será expedido el título de Bachiller, con expresión de la modalidad cursada y de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética, redondeada a la centésima, de las calificaciones de todas las materias cursadas necesarias para la obtención del título en dicha modalidad.

Disposición transitoria única. Aplicabilidad del currículo derivado del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

En el curso escolar 2022-2023, el alumnado que tenga pendiente de superar materias correspondientes al segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria deberá seguir los planes de refuerzo que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a estos planes, de acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. Para ello se tomará como referencia el currículo derivado del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. A estos efectos, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho real decreto tienen carácter meramente orientativo.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 3 de la disposición adicional tercera queda redactado como sigue:

"3. Con el fin de adaptar la oferta del Bachillerato al principio de flexibilidad que rige la educación de personas adultas, en la oferta que realicen las administraciones educativas para dichas personas adultas no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21."

Dos. El apartado 2 de la disposición transitoria primera queda redactado como sigue:

"2. Asimismo, las pruebas que hasta el final del curso 2023-2024 realicen las administraciones educativas para la obtención directa del título de Bachiller se organizarán basándose en la configuración curricular desarrollada a partir del citado real decreto."

Disposición final segunda. Título competencial.

El presente real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la ejecución de lo establecido en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid, el 28 de marzo de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Educación y Formación Profesional,

MARÍA DEL PILAR ALEGRÍA CONTINENTE

ANEXO I

Correspondencia entre materias de Educación Secundaria Obligatoria que han cambiado de denominación

Materias del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Materias del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (3.º ESO).

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3.º ESO).

Matemáticas (3.º ESO).

Primera Lengua Extranjera.

Lengua Extranjera.

Tecnología (de 1.º a 3.º ESO).

Tecnología y Digitalización (de 1.º a 3.º ESO).

ANEXO II

Correspondencia entre materias de Bachillerato que han cambiado de denominación

Materias del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

Materias del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril

Artes Escénicas.

Artes Escénicas II.

Biología y Geología.

Biología, Geología y Ciencias Ambientales.

Cultura Audiovisual I.

Cultura Audiovisual.

Economía de la Empresa.

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

Fundamentos del Arte II.

Fundamentos Artísticos.

Geología.

Geología y Ciencias Ambientales.

Primera Lengua Extranjera I.

Primera Lengua Extranjera II.

Lengua Extranjera I.

Lengua Extranjera II.

Tecnología Industrial I.

Tecnología Industrial II.

Tecnología e Ingeniería I.

Tecnología e Ingeniería II.

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BOE-A-2023-7939 Real Decreto 205/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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BOE-A-2023-7939 Real Decreto 205/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.