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En nuestros países existe una similitud: las leyes que protegen el medio ambiente y los derechos de participación suelen ser buenas en el papel, pero su aplicación en la práctica es muy débil. Esto genera conflictos y deja a las comunidades vulnerables.

Como juventud, proponemos actuar como veedores permanentes, usando redes sociales para monitorear y denunciar daños ambientales. También debemos impulsar proyectos locales sostenibles e incidir en los espacios de decisión para exigir que nuestra voz sea tenida en cuenta en el presente, no solo en el futuro.

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Isabel Cornejo, Luis Pérez, Marludy Herrera y Sebastián Herrán 

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Isabel Cornejo, Luis Pérez, Marludy Herrera y Sebastián Herrán 

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Identificamos que en Perú, Bolivia y Colombia hay normativa y derechos humanos ambientales establecidos. Sin embargo, muchas veces se quedan cortos a la hora de la aplicación, un ejemplo es el Acuerdo de Escazú dado que su implementación no es realmente efectiva. Es por ello que nuestras propuestas cómo jóvenes:

1. Educación y formación ambiental con enfoque de derechos humanos que permita conocer sobre información ambiental, mecanismos de participación y acceso a la justicia.

2. Avanzar en la consolidación de un tribunal ambiental que garantice el acceso a la justicia.

3. Crear rutas de protección efectivas, transparentes y construidas en conjunto con las comunidades para proteger a los defensores y defensoras ambientales.

4. Fortalecer las capacidades de clínicas jurídicas de las universidades que puedan ofrecer servicios para acceder a justicia en asuntos ambientales

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Integrantes:

Juliana Andrade-Colombia (dinamizador)

Jose Diaz-Costa Rica

Fredy Chavés-Colombia

Victor Manuel Bardález-Perú

Jean Pierre Orozco- Perú

En los tres países —Costa Rica, Perú y Colombia— identificamos que, aunque existen marcos normativos y políticas ambientales importantes, el ejercicio efectivo de los derechos humanos ambientales sigue siendo limitado por la débil implementación y la escasa participación de las comunidades locales e indígenas en la toma de decisiones.

Similitudes

Falta de representatividad y participación real de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales. En los tres contextos, los procesos de consulta previa o participación ciudadana se realizan de forma incompleta o simbólica.

Predominio de intereses económicos y extractivistas que debilitan la protección ambiental y vulneran derechos colectivos.

Desigualdad en el acceso a la información y la justicia ambiental, lo que impide que las comunidades ejerzan plenamente sus derechos o defiendan sus territorios.

Retrocesos institucionales: aunque hay leyes o fiscalías ambientales (como en Perú), su aplicación no es efectiva o se encuentra limitada por falta de recursos o voluntad política.

Diferencias:

Costa Rica cuenta con un marco constitucional fuerte en materia ambiental, pero justifica su no ratificación de instrumentos internacionales alegando que su normativa ya es suficiente; sin embargo, en la práctica, la representación indígena sigue siendo mínima.

Perú atraviesa una etapa de retroceso político y normativo, donde las reformas impulsadas desde el Congreso favorecen intereses privados y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.

Colombia posee una amplia normativa ambiental y de derechos étnicos, pero su implementación es débil. Los procesos de consulta previa y participación se ven obstaculizados por intereses extractivistas, lo que limita la democracia ambiental y la protección de las personas defensoras del ambiente.

PROPUESTAS:

1. Consejos y asambleas juveniles ambientales, donde jóvenes, niñas, niños y comunidades puedan incidir directamente en decisiones locales, proponer proyectos y dar seguimiento a políticas públicas.

2.Laboratorios culturales y territoriales, que integren arte, saberes ancestrales y comunicación comunitaria para crear soluciones ambientales desde la identidad y la diversidad.

3.Escuelas de liderazgo y acción climática, para formar a jóvenes en derechos ambientales, incidencia política y gestión de proyectos, impulsando redes de trabajo entre territorios.

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Luisa Santi, Joyce Vieira, Katherine Suazo, Pablo Morataya, Abigail Ellis

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Luisa Santi, Joyce Vieira, Katherine Suazo, Pablo Morataya, Abigail Ellis

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Similitudes:

Persecución a los defensores ambientales;

Retrocesos ambientales institucionales en varios países;

Fuerzas externas y estatales que afectan la situacion de los pueblos indígenas, tradicionales e afrodescendientes;

Dificuldad para tener instituciones fuertes;

Lacunas en la institucionalización de las leyes que se supone que deben respaldar los derechos de las personas (un ejemplo es el derecho a protestar);

Diferencias:

Diferencias entre las dificultades los paises del Caribe que son mas pequeño y los demas países de latinoamerica;

Idea:

Crear un sistema de monitoreo y alerta temprana gestionado por jóvenes para visibilizar y documentar las amenazas, hostigamiento y criminalización que sufren los defensores

ambientales en la región.

Trabajar tambien talleres y campañas para enseñar a las comunidades y otros jóvenes cómo solicitar información a las instituciones públicas (ej. uso de leyes de transparencia) sobre proyectos extractivos o licencias. Con el finde proteger a la comunidad y sus defensores.

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Bárbara Vargas Natalia GuerrerosPaulina Flor De PazRosario EspinozaMónica María Campo

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Bárbara Vargas Natalia GuerrerosPaulina Flor De PazRosario EspinozaMónica María Campo

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Bárbara Vargas

Natalia Guerreros

Paulina Flor De Paz

Rosario Espinoza

Mónica María Campo

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Green Orange and White Illustrated Environmental Presentation

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Bárbara VargasNatalia GuerrerosPaulina Flor De PazRosario EspinozaMónica María Campo

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Bárbara VargasNatalia GuerrerosPaulina Flor De PazRosario EspinozaMónica María Campo

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Bárbara Vargas

Natalia Guerreros

Paulina Flor De Paz

Rosario Espinoza

Mónica María Campo

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En el Perú, y especialmente en la región Áncash, el ejercicio de los derechos humanos ambientales enfrenta avances y limitaciones. Aunque existen normas que garantizan el derecho a un ambiente sano y la participación ciudadana, su cumplimiento es débil, sobre todo en comunidades rurales y altoandinas que dependen de ecosistemas frágiles como bofedales, glaciares y bosques de queñuales. Pese a ello, las juventudes ancashinas vienen asumiendo un rol activo mediante colectivos juveniles promoviendo educación ambiental, restauración de ecosistemas y defensa del territorio.

Comparado con otros países de América Latina, se observan desafíos comunes como la falta de acceso a información y espacios reales de participación, así como la desprotección de defensores ambientales. Sin embargo, naciones como Chile o Costa Rica muestran mayores avances en democracia ambiental y en la aplicación del Acuerdo de Escazú. En Áncash, los impactos del cambio climático, como el retroceso de glaciares y la escasez hídrica, hacen urgente una gestión ambiental con enfoque territorial y participativo.

Desde las juventudes, fortalecer la democracia ambiental implica promover escuelas de liderazgo con enfoque en derechos humanos, redes de jóvenes guardianes de ecosistemas y espacios de diálogo con autoridades locales. También es clave impulsar la educación intercultural y la protección de defensores ambientales jóvenes, construyendo así una ciudadanía activa y comprometida con la sostenibilidad en Áncash y en el Perú.