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Así queda la ley de infancia: más tiempo para denunciar los abusos y facilidades para que los niños sean escuchados

ANALISIS:
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves por amplio consenso a la ley orgánica para proteger a los niños y adolescentes frente a la violencia. Una norma de carácter integral que el Comité de Derechos del Niño de la ONU había reclamado a España y que incluye un amplio paquete de medidas, entre ellas, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de pederastia.
Las víctimas que no forman parte de la violencia machista

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El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves por amplio consenso a la ley orgánica para proteger a los niños y adolescentes frente a la violencia. Una norma de carácter integral que el Comité de Derechos del Niño de la ONU había reclamado a España y que incluye un amplio paquete de medidas, entre ellas, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de pederastia. El Senado aprobó la semana pasada el texto, en el que se incluyeron modificaciones como la prohibición de los desnudos en las pruebas para determinar la edad de los menores inmigrantes que llegan solos a España, y este jueves ha vuelto a la Cámara baja para su aprobación definitiva. Estas son las principales novedades de la ley:

Prohibición de los desnudos en las pruebas para determinar la edad. Los menores que lleguen solos a España no podrán ser sometidos en ningún caso a desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas, algo que le ha valido a España varias reprimendas del Comité de Derechos del Niño de la ONU. La ley da un año al Gobierno para regular el procedimiento con el que se determine la edad de los menores migrantes.

Prohibición de atar a los menores en los centros. La ley introduce el veto a las contenciones mecánicas, es decir, se prohíbe atar a los menores a una cama o a otros objetos fijos, algo hasta ahora permitido en los centros de reforma y los centros para menores con trastornos de conducta. Dos adolescentes han muerto durante esta práctica desde 2017. Cuando la norma entre en vigor solo se permitirá, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas del menor con "equipos homologados". El texto no precisa cuáles son estos mecanismos, pero fuentes del Ministerio de Justicia explican que se trata de equipos homologados en el sistema sanitario, "en ningún caso será material policial, como grilletes".

Derecho a la imagen. Se refuerza el respeto al honor, intimidad e imagen del menor víctima de violencia y sus familiares, incluso tras su fallecimiento. Si esto ocurre, la difusión de cualquier imagen del niño deberá contar con la autorización expresa de herederos o progenitores. Este cambio se introdujo a raíz de casos como el de Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, quien ha denunciado un "trato cruel e inhumano" desde la muerte de su hijo a raíz de publicaciones en redes sociales y portales de internet.

Ampliar el plazo de prescripción de delitos. El plazo de la prescripción de los delitos graves contra menores, entre ellos los abusos sexuales, empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18, como actualmente. Las víctimas tardan mucho en procesar lo ocurrido y atreverse a denunciar, por lo que muchos casos quedaban hasta ahora impunes. Este cambio implica que estos delitos no prescribirán, al menos, hasta que la víctima cumpla 40 años, frente a los 23 de ahora. En los casos más graves, el tiempo se ampliará hasta los 55 años.

Deber de denuncia. Todo ciudadano que advierta indicios de violencia estará obligado a comunicarlo a las autoridades, y si puede haber delito, a la policía. También podrán denunciar los propios menores sin necesidad de estar acompañados de un adulto.

Una sola declaración. La normativa hace obligatoria la prueba preconstituida para los menores de 14 años y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Esto implica que solo deberán declarar una vez, un testimonio que será grabado durante la fase de instrucción del proceso judicial. Únicamente testificarán en el juicio con carácter excepcional. Así se evita la victimización secundaria, que surge al recibir una atención deficiente durante el proceso que les hace revivir el trauma o sentirse culpables. Por regla general, solo declararán ante la policía en una ocasión, ante profesionales formados. Se crearán unidades policiales especializadas en las comunidades autónomas y entidades locales. Las víctimas de delitos violentos graves tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Acto de Save the Children frente al Congreso, el 15 de abril, cuando la Cámara baja aprobó el texto por primera vez. ÁNGEL NAVARRETE / SAVE THE CHILDREN / Europa Press

Derecho a ser escuchados. A lo largo del texto se refuerza este derecho de los niños. Se garantiza que sean escuchados "sin límite de edad" en todos los procesos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y reparación de las víctimas. En caso de separación o divorcio, si los niños tienen madurez suficiente, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten, tanto en procedimientos contenciosos como de mutuo acuerdo.

Juzgados especializados. La norma da un año al Gobierno, tras su entrada en vigor, para remitir a las Cortes un proyecto de ley para crear juzgados capacitados en violencia contra la infancia y la adolescencia, y además se configurará, en el ámbito civil, una jurisdicción especializada en infancia, familia y capacidad. También deberá remitirse otro proyecto de ley que regule la especialización de la Fiscalía. Los equipos técnicos de los juzgados deberán estar igualmente entrenados. Habrá formación específica para jueces y quienes trabajen habitualmente con menores.

Prohibición del síndrome de alienación parental. La ley establece que los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para "impedir" que puedan ser tomados en consideración "planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental", por el cual se entiende que un progenitor, normalmente la madre, interfiere en los hijos en contra del otro progenitor, al que los niños acaban rechazando. No está reconocido como síndrome por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las asociaciones feministas reclamaban su prohibición.

Violencia machista. La norma modifica la ley de violencia de género para que también se reconozca la violencia que, "con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres", se ejerza sobre familiares o allegados menores de edad, algo que se conoce como violencia vicaria. Además, se añade un nuevo artículo para proteger a los menores que viven en entornos familiares marcados por la violencia de género. Cuando exista una orden de protección en vigor y haya "indicios fundados" de que los hijos hubieran "presenciado, sufrido o convivido con la violencia", se suspenderá el régimen de visitas, salvo que el juez presente una resolución motivada que justifique lo contrario, tras haber evaluado la relación paternofilial. Asimismo, se prohibirán las custodias compartidas si durante el procedimiento el juez aprecia indicios de violencia machista. Y se retirará la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran hijos en común o respecto a otros hijos cuando la víctima fuera hija del autor. Hasta ahora la ley de violencia de género recoge que el juez podrá retirar la patria potestad, pero esta modificación lo hace obligatorio en caso de homicidio o asesinato.

Agentes de autoridad. Se dará esta categoría a los funcionarios de servicios sociales en el ejercicio de sus funciones de protección de los menores, por lo que podrán requerir la colaboración de las fuerzas de seguridad, los servicios sanitarios y cualquier servicio público necesario para su intervención. Es un estatus que ha suscitado reticencias de algunas organizaciones de infancia, que creen que puede aumentar los desequilibrios entre la Administración y las familias. Por otro lado, los servicios sociales de atención primaria estarán dotados de un equipo de intervención familiar especializado en violencia contra la infancia.

Educación afectivo-sexual y protocolos. En todas las etapas educativas, independientemente de la titularidad del centro, se recibirá una educación que recoja el respeto a su dignidad y sus derechos, la igualdad de género, diversidad familiar, educación alimentaria y nutricional y educación afectivo-sexual. Se elaborarán protocolos específicos, en cuya redacción participarán los menores, contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género, violencia doméstica, el suicidio, la autolesión o cualquier otra forma de violencia, que deberán aplicarse en todos los centros educativos. Deberán evaluarse periódicamente. Habrá un coordinador de bienestar que vele por la aplicación del protocolo. Una figura parecida, el delegado de bienestar, se instaurará en los centros deportivos y de ocio. Se creará un protocolo de aplicación en el ámbito sanitario y la atención relativa a la violencia contra menores quedará incorporada a la historia clínica.

Menores tutelados por la Administración. Todos los centros deberán ser "entornos seguros" e, independientemente de su titularidad, estarán obligados a aplicar protocolos de actuación ante casos de violencia, cuya eficacia deberá ser evaluada. En ellos se establecerán mecanismos de queja y denuncia seguros y confidenciales, para que los niños puedan informar sin riesgo de sufrir represalias. Deberán tener en cuenta las situaciones en que sea aconsejable un cambio de centro. Y contener actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a menores que vivan en las instalaciones.

Nuevos delitos. Se castigará a quienes promuevan a través de internet el suicidio, autolesión o trastornos alimenticios entre menores o la comisión de delitos de naturaleza sexual contra menores. Se prevé que los jueces retiren estos contenidos de la red.

Registro de víctimas. Se creará un registro central de información sobre violencia contra la infancia. Y se elaborará una estrategia de erradicación de este tipo de violencia.

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Covid-19: Perú recibirá más de 2.7 millones de dosis de la vacuna en solo una semana

ANALISIS:
El sábado 29 de mayo y el sábado 5 de junio llegarán al Perú bastante más de 2 millones 700,000 dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo cual constituye un récord semanal, hizo saber el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

De esta misma unión llegarán otras 245,700 vacunas el viernes.

El ministro Ugarte rememoró que ya se vacuna en Lima Metropolitana y Callao a los individuos de 63 y 64 años, y que rápido se anunciará el inicio de la vacunación de los que poseen 60, 61 y 62 años.

«Esta va a ser la semana en la que más vacunas han llegado al país», resaltó el ministro.

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Covid-19: Perú recibirá más de 2.7 millones de dosis de la vacuna en solo una semana

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Covid-19: Peru recibira mas de 2.7 millones de dosis de la vacuna en solo una semana

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Conferencia Episcopal Peruana invoca a votar de "forma libre y bien informada"

ANALISIS:
A través de un pronunciamiento sobre las elecciones generales, la Conferencia Episcopal Peruana pidió un "voto responsable" de la ciudadanía.
Arzobispo de Arequipa se pronuncia sobre elecciones
De otro lado, el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, señaló que la Iglesia Católica no apoya la candidatura del candidato Pedro Castillo ya que "el Ideario y Programa del partido Perú Libre está abiertamente reñido con la doctrina y moral católica".

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La Conferencia Episcopal Peruana invocó a los ciudadanos, a través de un pronunciamiento, a emitir un "voto responsable" de "forma libre" y "bien informada" el domingo 6 de junio, día de la jornada electoral por segunda vuelta.

"Que Dios nos conceda el don de la Sabiduría, para poder discernir y elegir lo mejor para nuestra Patria y así encaminarnos a superar la crisis social, política, económica, educativa, sanitaria y la corrupción que nos afecta y golpea a todos de manera especial a los más débiles y vulnerables", indicó.

La Conferencia Episcopal Peruana consideran que en el contexto del bicentenario de la independencia nacional, las elecciones debe ser una ocasión para "fortalecer los valores fundamentales de la Nación": democracia, libertad, Estado de derecho, independencia de poderes, dignidad humana, la vida, la familia, la propiedad, el respeto de los tratados internacionales. Estos, afirmaron debe ser "plenamente garantizados" por el orden constitucional.

"Con nuestra elección debemos también reafirmar los grandes valores éticos, morales y religiosos que sustentan a nuestra nación desde sus incios y que constituyen la gran reserva moral del país que debemos cuidar y ennoblecer", precisa el documento.

Conferencia Episcopal Peruana pide fortalecer la democracia

La Conferencia Episcopal Peruana aclaró que la Iglesia siempre ha rechazado y condenado al comunismo por ser un "sistema perverso" que reduce al ser humano a la esfera de lo económico y restringe las libertades fundamentales de la persona. Además, precisó que la Iglesia también rechaza al "capitalismo salvaje" que reduce al ser humano al 'consumismo' y al afán de lucro desmedido, en desmedro de la dignidad humana.

"Igualmente, la Iglesia condena al terrorismo, la violencia vegan de donde venga y a todo atentado contra la vida", remarcó.

Asimismo, la Conferencia Episcopal Peruana argumentó que para fortalecer la democracia, es necesaria una ciudadanía activa, proactiva y vigilante que esté muy atenta para preservar el orden democrático ante "cualquier intento de quebrantarlo".

"Como ciudadanos necesitamos con urgencia recuperar la confianza entre nosotros para que juntos y con generosidad construyamos un Perú realmente fraterno, solidario, en paz. ¡No nos dejemos robar la esperanza!", finalizó el documento con fecha del 25 de mayo.

Arzobispo de Arequipa se pronuncia sobre elecciones

De otro lado, el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, señaló que la Iglesia Católica no apoya la candidatura del candidato Pedro Castillo ya que "el Ideario y Programa del partido Perú Libre está abiertamente reñido con la doctrina y moral católica".

A través de una columna titulada "Por un voto libre e informado", publicado en el Facebook del Arzobispado de Arequipa el 30 de mayo, monseñor Del Río Alba aclaró que si bien la Iglesia Católica "no hace política partidaria", esto lo impide "valorar las implicaciones religiosas y morales de los programas políticos".

El monseñor Javier del Río Alba, sostuvo que basado en una "concepción totalmente falsa de la religión católica" Perú Libre presenta un programa basado en abolir el Concordato entre el Perú y la Santa Sede.

"Hace un llamado a luchar para liberar a los pueblos supuestamente subyugados por la religión. No toma en cuenta, por cierto, todo el bien social que hace la Iglesia al gratuitamente brindar educación escolar a decenas de miles de niños, atender muchos miles más de enfermos, otorgar alimentos a familiass pobres, acoger a niños y ancianos desamparados, por sólo mencionar algunas de las numerosas obras de caridad que lleva a cabo en todo el Perú, incluidos lugares donde el Estado no llega", dijo.

De esta manera, el monseñor Javier del Río Alba afirmó que la Iglesia Católica iría "en contra de su naturaleza y misión" si apoyase una candidatura que, además es "diametralmente opuesta a su propia fe" y a la correcta comprensión del ser humano.

"Si la Conferencia Episcolpa Peruana invitó al profesor Castillo y a la señora Fujimori a firmar la denominada 'Proclama Ciudadana' no fue para favorecerlo a él, como algunos han sostenido, sino movida por su preocupación por el bien común de la nación", destacó.

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Elecciones 2021 | Conferencia Episcopal Peruana invoca a votar de "forma libre y bien informada"

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A través de un pronunciamiento sobre las elecciones generales, la Conferencia Episcopal Peruana pidió un "voto responsable" de la ciudadanía. Además, aclaró que la Iglesia siempre ha condenado al comunismo por ser "un sistema perverso" y también ha rechazado al "capitalismo salvaje".

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Los obispos alertan de que la eutanasia «es un mal moral»

Recuerdan que «no existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida»
ANALISIS:
Al respecto, puntualizan que frecuentemente se habla de la soberanía del paciente y de su pura subjetividad como criterios primordiales de la elección. «Lo que realmente demandan los enfermos y sus familias es el apoyo para aceptar los inconvenientes y problemas particulares y parientes que se acostumbran exponer en los últimos instantes de la vida», advierten.

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Centro Regional de Medicina Paliativa HospitalLos Montalvos (Salamanca) - ABC

Laura DanieleSEGUIR
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Por segunda vez en menos de un mes, los obispos se han vuelto a pronunciar sobre sendas iniciativas legislativas presentadas recientemente en el Congreso de los Diputados con el objetivo de legalizar la eutanasia en España. En una breve nota, publicada este lunes, los prelados de la Comisión Episcopal de Familia y Vida recuerdan que la eutanasia y el suicidio asistido "son un mal moral" y "un atentado contra la dignidad de la persona".

Sin hacer alusión explícita a ninguna de las proposiciones legislativas, los obispos subrayan que el mandamiento "no matarás" se encuentra "en el fundamento de toda ética verdaderamente humana" y que tanto la eutanasia como el suicidio asistido "se deben entender como una acción o una omisión que, por su naturaleza y en la intención, causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor".

En su argumento, los prelados desmontan además varios mitos sobre los que se apoyan "algunos" para presentar esta práctica como "viable y aceptable al problema del dolor y el sufrimiento". Al respecto, puntualizan que muchas veces se habla de la autonomía del paciente y de su pura subjetividad como criterios fundamentales de la decisión. Sin embargo, los obispos apostillan que "nadie es dueño de absoluto de la vida", ni "existe el derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida".

También recuerdan que la eutanasia es "ajena al ejercicio de la Medicina y a las profesiones sanitarias", según sostiene el propio "juramento hipocrático" y el artículo 36.3 del Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegioal (OMC).

Los prelados llaman además la atención sobre la urgencia de legislar sobre sobre un tema sobre el que no existe ninguna demanda social. "Lo que realmente demandan los enfermos y sus familias es la ayuda para asumir los problemas y dificultades personales y familiares que se suelen presentar en los últimos momentos de la vida", advierten. En este sentido, lamentan que se quiera proponer una ley de eutanasia cuando aún "no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos", así como "la necesaria formación reglada de esta disciplina en el ámbito universitario y sanitario".

Los socialistas presentaron el jueves 3 de mayo su proposición de ley en el Congreso de los Diputados para facilitar el derecho a la eutanasia a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y con informes médicos, acabar con su vida. En la propuestas se incluye que los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla. Además, el 10 de mayo el Congreso de los Diputados dio luz verde a abrir el debate sobre la eutanasia a través de una proposición de ley del Parlamento catalán que pide la reforma del código penal para despenalizar esta práctica.
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Los obispos alertan de que la eutanasia "es un mal moral"

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Establezcan semejanzas y diferencias entre ellas.
La diferencia entre las noticias es que una hace el bien al prójimo y a ti mismo y otra en la otra lo hacen sin conciencia y no

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¿Cuál crees que sea la causa de las buenas y de las malas noticias?
Las buenas noticias son las que nos da tranquilidad y felicidad al enterarnos que algo bueno va a pasar y las malas son las que nos transmite miedo y nostalgia al enterarnos de algo malo

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¿Por qué crees que suele haber más noticias negativas que positivas?
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