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El Tribunal es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que fue creado el 4 de octubre del año 1995 por la Ley Orgánica del Ambiente. Los objetivos principales del Tribunal son prevenir, establecer, compensar y sancionar por daños al medio ambiente, lo anterior a través de los procedimientos administrativos que están contenidos en la Ley General de la Administración Pública.

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El Tribunal se encuentra facultado para conocer y resolver en sede administrativa, de oficio o por denuncia, todas las violaciones contra la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, que cometan personas físicas o jurídicas, públicas y privadas.

Así, frente a una violación, el Tribunal, mediante la aplicación del Procedimiento Ordinario Administrativo, emitirá una sentencia (norma jurídica individualizada) por la cual resolverá el conflicto.

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El derecho al trabajo, que implica condiciones justas, equitativas y satisfactorias de empleo.

El derecho a la seguridad social, que incluye atención médica, subsidio o jubilación en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

El derecho a la educación, que incluye la enseñanza primaria, secundaria y superior.

El derecho a la protección de la familia, que implica que el Estado debe velar por el mejoramiento de su situación moral y material.

El derecho a la niñez, que implica que los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.

El derecho a la protección de los ancianos, que implica mejorar su calidad de vida.

El derecho a la protección de los minusválidos, que implica que puedan desarrollar una vida plena

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Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica, cuya función es resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento.

Conocen de las demandas de reparación de daños al medio ambiente, de las Reclamaciones contra actos administrativos de carácter ambiental y de solicitudes y autorizaciones que eleve la Superintendencia del Medio Ambiente.

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1. EL NUEVO TRIBUNAL DEL MAR: Es un paso importante para la justicia ambiental, ya que es una respuesta a las problematicas ambientales, ya que sin ser un organo suporaracional posee la ventaja de que resulta obligatorio para los Estados Parte de la Convención del Mar

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Función: Protege el derecho a un medio ambiente sano en América, vinculando el impacto ambiental con derechos humanos.

Ejemplo:

Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, sobre la explotación petrolera en territorios indígenas.

Operación: Sus sentencias son vinculantes para los Estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3. .Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Asegura el cumplimiento del derecho ambiental de la UE, incluyendo contaminación, biodiversidad y cambio climático.

Ejemplo:

Caso Comisión Europea vs. Polonia

4. Tribunales Arbitrales Internacionales (CIADI y PCA)

Resuelven disputas entre Estados e inversionistas sobre proyectos ambientales y recursos naturales.

Ejemplo:

Caso Pac Rim Cayman LLC vs. El Salvador en el CIADI, donde una minera demandó al país por prohibir la explotación de oro para proteger el agua.

Caso Chevron vs. Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (PCA), sobre contaminación petrolera en la Amazonía.

5. Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)

Función: No es un tribunal oficial, pero juzga crímenes ambientales cometidos por Estados y empresas.

Ejemplo:

Caso de Chevron en Ecuador, denunciando el daño ambiental en la Amazonía.

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Resuelven disputas entre Estados y analizan violaciones de tratados internacionales.

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Son tribunales que operan dentro de un grupo de países que comparten un marco legal común (como America latina y la unión europea).

Su función es proteger los derechos ambientales dentro de una región especifica, basándose en acuerdos regionales.

Características:

Solo aplican en algunos países

Interpretan normas regionales

Ejemplo: CIDH, TEDH

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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

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OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

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Objetivo principal

Garantizar el ejercicio progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, asegurando que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adopten medidas para su cumplimiento.

Derechos protegidos en el Protocolo

Entre los derechos que reconoce están:

1. Derecho al trabajo y condiciones justas.

2. Derecho a la seguridad social.

3. Derecho a la salud.

4. Derecho a la educación.

5. Derecho a la alimentación adecuada.

6. Derecho a un medio ambiente sano (Artículo 11).

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El objetivo principal del Protocolo de San Salvador en relación con el medio ambiente es garantizar que toda persona tenga el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos (Artículo 11). Esto implica que los Estados deben adoptar medidas para proteger, preservar y mejorar el entorno natural, evitando que su degradación afecte la salud y calidad de vida de las personas.

Principales compromisos ambientales del Protocolo

1. Prevenir la contaminación y el daño ambiental: Los Estados deben tomar medidas para evitar impactos negativos en el medio ambiente.

2. Garantizar el acceso a servicios básicos: Asegurar agua potable, saneamiento y condiciones adecuadas para la vida.

3. Proteger la salud de la población: Evitar que la degradación ambiental afecte la salud humana.

4. Fomentar el desarrollo sostenible: Equilibrar el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales.

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Tribunales Ambientales  Nacionales y Especializados 

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Tribunales Ambientales  Nacionales y Especializados 

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Son organismos de cada País encargados de aplicar la legislación ambiental dentro de su territorio.

Pueden ser Cortes especializadas o Tribunales generales con competencias ambientales.

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Tribunales de Arbitraje y Mediación Ambiental

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Tribunales de Arbitraje y Mediación Ambiental

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Son mecanismos alternativos de resolución de disputas ambientales entre empresas, Estados o comunidades, sin necesidad de un juicio formal.

Características:

No son tribunales tradicionales

Mas rápidos y flexibles

Generalmente aplican derecho internacional privado

Ejemplos: CPA

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En cuanto a la sentencia de La Oroya, esta se refiere al caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la contaminación ambiental en La Oroya, Perú, causada por la actividad minera y metalúrgica de Doe Run. La demanda argumentaba que el Estado peruano no protegió adecuadamente la salud de los habitantes, en especial de los niños, quienes sufrieron graves afectaciones debido a la contaminación con plomo y otros metales pesados.

La relación entre ambos radica en que el Protocolo de San Salvador refuerza la obligación de los Estados de garantizar derechos fundamentales como la salud y un ambiente adecuado para el desarrollo humano. En el caso de La Oroya, se alegó que el Estado peruano violó estos derechos al no controlar adecuadamente la contaminación ni brindar protección efectiva a la población.

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El Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador es el organismo encargado de definir los indicadores que deben incluirse en los informes de los Estados Partes, proporcionar cooperación técnica, así como de analizar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Protocolo.

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La base jurídica del Protocolo de San Salvador está principalmente anclada en su relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la Carta de la OEA, constituyendo un marco regional clave para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el continente americano.

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• Está vinculado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece los derechos civiles y políticos, mientras que el Protocolo de San Salvador amplía la protección a los derechos económicos, sociales y culturales.

• La Carta de la OEA, que establece principios fundamentales de cooperación interamericana y respeto a los derechos humanos.

• El Protocolo de San Salvador forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque fue creado como un instrumento adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para garantizar una protección más integral de los derechos humanos en América. Su inclusión dentro del SIDH permite la supervisión, control y expansión de los derechos humanos en la región, asegurando que los derechos económicos, sociales y culturales sean reconocidos y promovidos en el continente

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1. Reconoce la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos
El Protocolo reafirma que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (DESC) son indivisibles y complementarios. Esto significa que no se pueden garantizar plenamente los derechos civiles y políticos si no se protegen también los DESC. Por ejemplo, la libertad de expresión pierde sentido si las personas viven en condiciones de pobreza extrema que les impiden ejercerla.

2. Establece la obligación de progresividad
Los Estados firmantes asumen el compromiso de adoptar medidas progresivas para garantizar estos derechos. Esto implica:

No regresividad: Los Estados no pueden retroceder en los niveles alcanzados.

Obligación de mejorar: Deben tomar acciones para asegurar que los DESC se cumplan de manera continua, aún cuando los recursos sean limitados.

3. Fortalece la protección de grupos vulnerables
El Protocolo pone especial énfasis en la protección de grupos tradicionalmente marginados, como:

Personas en situación de pobreza.

Comunidades indígenas.

Personas con discapacidad.

Mujeres y niños.

4. Garantiza el acceso a la educación y la cultura
El derecho a la educación, consagrado en el Protocolo, no solo implica el acceso a la enseñanza básica, sino también el derecho a una educación de calidad y equitativa. Además, reconoce el derecho a participar en la vida cultural y en los avances científicos, algo esencial para el desarrollo pleno de las personas.

5. Crea mecanismos de evaluación y monitoreo
El Protocolo impulsó la creación de indicadores específicos para medir el cumplimiento de estos derechos, lo que permite evaluar el progreso de los Estados de forma objetiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también juegan un papel fundamental en este proceso.

6. Da fuerza jurídica a los DESC en la región
Al ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Protocolo otorga fuerza vinculante a los DESC, lo que permite que los ciudadanos de los Estados parte puedan exigir su cumplimiento a través de mecanismos internacionales si sus derechos son vulnerados.

7. Impulsa el desarrollo sostenible y la justicia social
El Protocolo promueve condiciones para que las personas puedan vivir con dignidad y tengan oportunidades reales para desarrollarse. Esto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y refuerza la idea de que el desarrollo no es solo económico, sino también social y cultural.