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La problemática del petróleo en el departamento del Meta, Colombia

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La problemática del petróleo en el departamento del Meta, Colombia

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Sara Sofia Herrera 202111734
Tania Palacios 202217065
Karolyne Bryan Aragón 202116564
Valentina Sánchez 202020486
Ren Mejía 202215428

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Samuel Cuellar 202210745
Carlos Muñoz 202212652
Izabella Enciso 202212321
Jorge Marquez 202215397
Carlos Rivera 202123504

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Fuentes rechazo padres gays y la falla del sistema educativo

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Fuentes rechazo padres gays y la falla del sistema educativo

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Acción de tutela.

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Colegio en Bogotá no habría recibido a una niña por tener papás gays

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Los padres dicen haber pasado siete veces por el mismo problema. Institución responde.

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Christian Laiton 202220946
Andres Garcia 202210282
Brainer Jimenez 202222320

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Sebastian Peña 202210336
Valeria Villera 202211699
Juliana Bautista 202210519
Daniel Moncada 202215468

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▷ City Tv | Noticias

COPYRIGHT © 2022 EL TIEMPO Casa Editorial NIT. 860.001.022-7. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.El portal www.citytv.com.co es propiedad de EL TIEMPO Casa Editorial, todas las noticias principales de Bogotá, Colombia y el Mundo.

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Todos los hechos relatados se toman de Almeida (2019):

Para el año 1973 se comprueba la existencia real de crudo en las tierras llaneras y desde ahí hasta el 2000, la compañía Chevron Petroleum Company y Ecopetrol empiezan a explotar Cubarral, municipio del Meta, siendo el piedemonte la principal zona de exploración petrolera del departamento, hasta que se empezó a explorar el campo Rubiales por Efromovich en Puerto Gaitán, que se convirtió en “la joya de la corona”.

Para 2006, la comunidad le reclamó a Ecopetrol por intentar instalar tuberías para verter aguas residuales en el río Guamal. Sin embargo, la empresa aseguraba tener las licencias necesarias para llevar a cabo la obra, pero por la clase política se impidió esta continuidad.

A pesar del malestar en algunos sectores del departamento, en 2008 el Meta se convierte en el primer productor de crudo en toda la historia. A su vez, el año 2010 fue un año clave para marcar el camino del petróleo en Colombia. Por un lado, Álvaro Uribe, presidente del momento, visita Villavicencio y menciona que se producirá la mayor cantidad de petróleo posible. Y por el otro lado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, promovió más de 500 hectáreas para exploración en los alrededores del Cubarral. Para ese entonces, “se encuentra una nueva “joya de la corona” debido a su ampliación, en donde se crea el bloque de crudos pesados de oriente que comprende 9 municipios, es decir, 208.000 hectáreas, divididas en seis áreas de perforación de exploración entre las que se encontraba el bloque Acacías y el Pozo Lorito 1, ubicado en la vereda de Humadea, Guamal” (Almeida, 2019).

En este sentido, la comunidad al evidenciar la falta de agua en la vereda La Esmeralda por la actividad petrolera del bloque Cubarral y luchando por impedir la construcción de la tubería de agua residual al río Guamal, instauró varias medidas legales para impedir la exploración en las nuevas áreas de perforación. Entre estas se pueden destacar:

En 2011, el presidente Juan Manuel Santos creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Y, en abril de 2012, a solicitud de terceros intervinientes se realizó la primera audiencia ambiental en el país, para hacer seguimiento al proceso de licencias de las áreas de exploración del bloque CPO-09. En esta audiencia la comunidad expresó su preocupación por la salubridad y medio ambiente.

Por otro lado, en noviembre de 2012, “varias mujeres de los municipios de Guamal, Castilla La Nueva y Acacías interpusieron una acción de tutela por el derecho al agua, ya que la plataforma de Pozo Lorito 1, según el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, no cumplía con los 100 metros reglamentarios que la deben separar de un cuerpo de agua” (Almeida, 2019). Sin embargo, estas tutelas fueron rechazadas.

Asimismo, mediante la resolución 514 de 2012 la ANLA le exige a Ecopetrol que tuviera planes de manejo ambiental, como que los pozos se encuentren a no menos de 200 metros. No obstante, la ANLA, tras un visita a la plataforma Lorito 1, concluyó que el río Humadea desde ese momento era un caño y cumplía con la distancia requerida.

Finalmente, tras ver que ninguna de las acciones jurídicas realizadas funcionaba, a partir del 22 de febrero de 2013 hasta el 19 de octubre del mismo año, los habitantes de Guamal, Humadea y Castilla La Nueva iniciaron un plantón sobre el puente del río Guamal, que logró bloquear el paso a los vehículos que llevaban los equipos para la exploración petrolera al pozo Lorito. Durante estos meses, líderes ambientales interpusieron una acción popular solicitando medidas cautelares para la suspensión de la construcción de la plataforma de Pozo Lorito 1. Por lo que en septiembre de 2013, el Tribunal Contencioso del Meta falló a favor de la comunidad, pero las medidas cautelares fueron suspendidas.

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- Juan David Ramos 202212826
- Maria Paula Ávila 202110725
- Dayanna Rueda 202015345
- Juan Diego Rivera 202214003
- Ana María Castañeda 202122124
- Juan Diego Cárdenas 202214904
- Nicolás Tirado 202223808

URI no recibe denuncia de abuso en Transmilenio

1. Hechos del caso:
La noche del 31 de octubre en Bogotá, Hilary se encontraba en la estación de Transmilenio La Castellana, ella se bajó de la ruta B12 en la estación mencionada. De repente se percató que un hombre se bajó detrás de ella y empezó a actuar de manera sospechosa. A continuación, el hombre sacó un cuchillo y se hizo detrás de ella, amenazándola con hurtar sus pertenencias. En este momento Hilary le entrega todas sus pertenencias sin embargo, el hombre continuó con sus agresiones, obligándola a practicarle sexo oral fuera de la estación. Después de la violación el agresor se aleja corriendo y Hilary se acerca a dos hombres en la estación los cuales la auxilian y le prestan un teléfono con el que llama a una amiga. Hilary llega a la casa de su amiga en estado de shock, la amiga llama a su mamá y le cuenta la situación. Su madre le dice que se vaya para la casa así que Hilary se va para su casa. Finalmente, decide no hacer nada esa noche ya que está muy abrumada por la situación.

Al otro día Hilary se despierta y con la insistencia de su madre decide hacer la denuncia del abuso. Un abogado les aconsejó que se dirigieran a la URI de la 38 ya que para conseguir los videos de las cámaras de Transmilenio necesitaban poner un derecho de petición. Cuando llegan ahí les impiden hacer la denuncia ya que esa URI es para adultos y ella solamente tiene 17 años. Les mencionan que se dirijan a la URI de la 30 con 12, al lado de la estación de Transmilenio El Ricaurte. Allí también les niegan la denuncia ya que el agresor es mayor de edad y esa URI solo maneja casos en los que están involucrados menores de edad. El personal del lugar les indica que vuelvan a la otra URI. Hilary y su madre proceden a volver a la URI de la 38, allí les vuelven a negar la solicitud ya que eran más de las 5 de la tarde y su caso no era de urgencia. Adicionalmente, el abogado les aconsejó llamar a la linea de policía Transmilenio pero se encontraba fuera de servicio. En conclusión, Hilary Castro no logró realizar la denuncia y su caso de vulneración no tuvo resolución.

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“Inaudito que URI no recibiera la denuncia”, alcaldesa sobre mujer abusada en TM

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La mandataria se pronunció sobre la denuncia presentada por la menor de edad que fue víctima de acceso carnal violento.

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El artículo 44 de la Constitución en Colombia indica que los derechos de los niños deben primar sobre los otros, entre estos derechos se encuentra el de la educación. No obstante, este martes se conoció un caso en el cuál le estarían violando este derecho a una joven estudiante de Bogotá, por un motivo que parece increíble.
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Según se conoció en un video de denuncia, en el Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en el barrio Arbolizadora Baja, se le negó el ingreso a una pequeña estudiante por no tener zapatos blancos.

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VIDEO: A niña no la dejaron entrar a su colegio por no llevar tenis blancos

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El artículo 44 de la Constitución en Colombia indica que los derechos de los niños deben primar sobre los otros, entre estos derechos se encuentra el de la educación. No obstante, este martes se conoció un caso en el cuál le estarían violando este derecho a una joven estudiante de Bogotá, por un motivo que parece increíble.

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Gabriela Cadena 202210596
Daniel Delgado 202210760
Camila Muñóz 202211943
Laura Peña 202123289

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i. Un estudiante del colegio Montessori British School de Bogota, llamado Alejandro Adams, hace unos meses, decidio hacerse un hueco en la oreja para colocarse un arete.
ii. Alejandro llego a la institucion con el arete puesto, a lo que un funcionario de convivencia al ver el arete le dice que se lo retire o sino se le aplicara una sanción, a lo que Alejandro se retiró el arete por miedo a la sanción.
iii. Al cabo de una semana, Alejandro volvio a usar un arete. Cuando un funcionario de convivencia lo vió y le volvió a decir que se lo quitara, a lo que él le replicó "¿Por qué no puedo usar arete y las niñas sí?". Así que la funcionaria le dijo que "Simplemente esas son las reglas y yo no hago las reglas." Alejandro no se quito el arete y la funcionaria le aplico la sanción.
iv. Alejandro fue a la oficina del jefe de convivencia y le preguntó "¿Por qué los hombres no podemos usar aretes?",
a lo que él respondió "Eso es lo que está planteado en el manual de convivencia", por lo que Alejandro se rindio y no decidio utilizar aretes otra vez.

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El día 31 de octubre del 2022 los habitantes del barrio Bosa Porvenir realizaron una denuncia por medio del canal City TV para presentar la situación de la carrera 94a con calle 56f sur en donde se presenta un gran deterioro de la vía. Esta problemática ya era evidente a comienzos del 2022 pero debido a la gran circulación de vehículos y buses en la zona se ha agravado la degradación de la vía ocasionando huecos entre 10 a 20 metros de largo y por lo menos 30cm de profundidad. Adicionalmente, por la época de lluvias el agua no permite visibilizar los huecos por lo que no se pueden esquivar representando un gran riesgo de accidentalidad y un daño a los vehículos que transitan por la zona.

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En el 2020, una niña se dirigía a su colegio, usando zapatos diferentes a los pedidos por el colegio en su uniforme. El Liceo Pedagógico Madrigal, ubicado en el barrio Arbolizadora Baja. Le negó el ingreso a la joven estudiante, por no cumplir por las reglas del manual de convivencia. A pesar de la petición de explicaciones por los padres de la menor, un funcionario le manifestó que al ser un colegio privado las reglas eran obligatorias para todo estudiante. Posteriormente, un docente aclaro que la situación fue mal manejada, ya que normalmente se le debía hacer una anotación, más no negar su ingreso.

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2)Qué tipo de acción procede en este caso ¿por qué?

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2)Qué tipo de acción procede en este caso ¿por qué?

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En este caso en particular procede una acción popular, debido a que el problema afecta no solo a los habitantes del barrio, sino también a toda aquella persona que decida movilizarse por esa zona. Por lo tanto, afecta a un colectivo donde según la Ley 472 de 1998 articulo 88 "La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella."

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Vulneración de derechos a educación y trato igualitario

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Vulneración de derechos a educación y trato igualitario

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Hechos del caso:
En el año 2006 una estudiante que se encontraba cursando grado 11 en una institución educativa, notificó que se encontraba en embarazo, esto el 27 de Julio de ese año, como respuesta la institución le ordenó no presentarse presencialmente debido a su estado y que en su lugar le enviarían distintas actividades como talleres para que pudiese completar su educación.
Relata que la institución nunca le envió dichas actividades y como respuesta le dijeron que no habían sido enviadas, pues se encontraban preparando a los demás estudiantes para presentar el examen de estado ICFES. Comenta que así mismo debido a su embarazo la institución le negó la participación en un retiro espiritual, al que quiso ir debido a que se encontraba en un bajo estado de ánimo fruto de su situación.

Tipo de acción que procede en el caso:
En este caso procedería una tutela en contra de la institución y sus directivos por vulnerar el derecho a la educación y trato igualitario a la joven, pues el factor de su embarazo no limita en ninguna ocasión su capacidad intelectual para continuar y culminar con sus estudios básicos, además de que no le brindaron la ayuda pertinente bajo el argumento de estar preparando a los demás estudiantes para el examen ICFES.

Estructuración de la acción:
En primera instancia la tutela debe ser presentada de manera escrita ante un juez por los representantes legales de la menor.

Debe ser presentada debidamente diligenciada reconociendo a quien se le vulneran los derechos, a la parte que se desea tutelar y una descripción a detalle de los hechos ocurridos en donde se evidencie en qué momento se ven vulnerados los derechos de la menor.

Mediante este mecanismo se exigiría a la institución permitirle a la joven reintegrarse presencialmente a la institución para continuar y culminar sus estudios o bien dar cumplimiento al envío de actividades que permitan a la menor seguir estudiando para poder graduarse y a su vez prepararse para el examen ICFES.
Como segunda instancia se esperarían 10 días después de interponer la acción a que el juez dictamine si en efecto han sido vulnerados los derechos de la joven.

Finalmente en caso de que el juez falle a favor de quienes tutelaron y establezca las medidas mediante las cuales los tutelados deben superar las vulneraciones, ambas partes deben dar cumplimiento inmediato a las instrucciones dadas por el juez que llevase el caso.

Integrantes:
Tomás Zárate Achury 202124007
Julián Santiago Rolón Toloza 202215839

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3. Cómo estructuraría la acción: es decir, qué pediría

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3. Cómo estructuraría la acción: es decir, qué pediría

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Teniendo en cuenta que si se puede interponer una acción popular, justificada por las razones planteadas con anterioridad y a su vez, considerando lo descrito en el Fallo 14 de 2004 del Consejo de Estado, donde se establece que a través de la acción popular se busca proteger los derechos e intereses colectivos como el patrimonio público, el espacio público y la salubridad pública. En este caso, se debe citar lo que constituye la acción popular, la identificación de quien la ejerce e incluir la autoridad pública presuntamente responsable. Además, es importante indicar el derecho o interés colectivo que se ve vulnerado o amenazado, describir los hechos que motivan la acción, enunciar las pretensiones y las pruebas.

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Se eligió un caso sucedido en el entorno familiar de uno de los integrantes.

Una persona trabajaba como profesora en una institución educativa, la cual cerró 15 años después de su vinculación. Posteriormente, continuó trabajando en un colegio hermano por el resto de las semanas necesarias para obtener su pensión.
No obstante, y a pesar de contar con los requisitos temporales y de edad estipulados por la ley colombiana, la persona fue negada de su derecho pensional ya que el colegio clausurado había perdido los registros de sus semanas laboradas.
Aquí se observa la clara vulneración al derecho fundamental concerniente a la seguridad social, lo cual se respondería con una tutela interpuesta contra el Estado (que asegura la pensión de vejez), y el colegio, que irresponsablemente perdió los registros.

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-Noticia:(2022). Retrieved November 10, 2022, from CityTv website: https://citytv.eltiempo.com/fotos-y-videos/video-y-multimedia/comunidad-de-bosa-afectada-por-los-gigantes-huecos-de-las-vias-de-la-zona_55896

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- Londoño Toro, B. (1999). Las acciones colectivas en defensa de los derechos de tercera generación. Estudios Socio-Jurídicos, 1(2), 103–131. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05791999000200008#:~:text=%22La%20ley%20regular%C3%A1%20las%20acciones

-Compilación de la Legislación Aplicable al Distrito Capital :: RÈgimen Legal de Bogotá. (2022). Retrieved November 10, 2022, from Alcaldiabogota.gov.co website: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17777&dt=S

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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

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El concepto de "seguridad social" hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar de la población en lo relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que han sido socialmente reconocidas, por ello, con respecto al contenido de este especial derecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No.

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¿ Qué tipo de acción procede en este caso ¿Por qué?

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¿ Qué tipo de acción procede en este caso ¿Por qué?

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Dado los hechos del caso, se puede ejecutar una acción popular en contra de la exploración petrolera al pozo Lorito 1 debido a que se ponen en riesgo los derechos e interés de un colectivo.

En este sentido, las acciones petroleras y demás actos vinculados a las mismas generan malestar a la comunidad debido a que las aguas generan un olor fétido, malestares físicos como dolor de cabeza y ardor en los ojos, además, los alimentos que se sacan del río enferman a la comunidad debido a la concentración de compuestos químicos que afectan la salud (Herrera, 2013). Con esto podemos concluir que se vulnera el derecho fundamental a la salud, la vida digna, a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y al acceso de recursos naturales esenciales como el agua de un grupo de personas de los territorios de Guamal, Humadea y Castilla La Nueva. Por lo que es necesario usar mecanismos como la acción popular para prever los daños ocasionados y limitar su continuidad.

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El debido proceso en este caso es poner una acción popular, ya que es una situación común en el sistema de Transmilenio, en donde existe un alto nivel de inseguridad; en especial para las mujeres y este riesgo debe ser considerado por toda la ciudadanía como un problema de pronta solución. En adición, al ser una problemática tan amplia es necesaria la unión de muchas personas para poder exigir a entidades como Transmilenio sistemas de seguridad más eficaces que permitan prevenir futuras situaciones, como la que ocurrió con Hilary Castro y que, de igual manera, garanticen la seguridad de todos los usuarios de Transmilenio.

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John Medina Claros 202215424

Valerie Duque Muñoz 202213676

Silvana González Poveda 202115298

María José Guerrero Mejía 20221914

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I. En el Colegio Americano de Bogotá, Miguel Barriga y Jhon Ramírez se encontraban realizando el proceso para el ingreso de su hija para grado primero, ya que la institución educativa cumplía con sus expectativas.

II. Inicialmente, las directivas apoyaban el ingreso de la niña sin problema alguno.

III. Cuando el proceso de matriculación se encontraba en sus etapas finales, la opinion de las directivas cambió con la excusa de que la institución no se hallaba preparada para los conflictos que podría traer la aceptación de una pareja homosexual en la comunidad escolar.

(Acción de tutela.)

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Sara Fajardo Hernández - 202213692
Valentyna Cubillos - 202111261
Valeria Saray Jaimes - 202211560
María José Rojas Fonseca - 202213469
Julieta Argáez - 202221970
Sophie Alejandra Martínez - 202223648

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1.      La señora Alicia Carvajal, de 76 años, se encuentra afiliada a la EPS Compensar. En 2019, después de someterse a varios estudios como lo son radiografía de tórax, espirometría, pruebas de laboratorio, entre otras, fue diagnosticada con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) por un médico neumólogo. Como consecuencia de esto, se le asignó tratamiento de por vida con dos inhaladores, Umeclidinio y Fluticasona. Para dicho tratamiento se necesitan dos unidades de cada medicamento al mes.

2.      Desde el 2019 la señora Alicia Carvajal ha asistido a las citas con el médico neumólogo y este periódicamente le ha dado la fórmula para que ella reclame los inhaladores que necesita. Sin embargo, para que le sean entregados los medicamentos, aparte de la fórmula que es recetada por el médico neumólogo, se debe autorizar además por parte de la EPS Compensar para que luego, con dicha autorización, la organización Audifarma pueda finalmente entregar el medicamento a la paciente. El anterior proceso descrito debido a que los medicamentos solicitados son especiales.

3.      La señora Alicia asistió a su cita y los inhaladores fueron formulados por el médico neumólogo. Se le informó a la señora Alicia que era de vital importancia la utilización de los medicamentos. Lo anterior debido a que los exámenes mostraban que desde su última visita el EPOC había empeorado.

4.      Después de la cita con el médico neumólogo, la señora Alicia Carvajal se dirigió hacia la oficina en donde habitualmente solicita la autorización del medicamento. Sin embargo, la persona que la atendió mencionó que no era posible otorgarle la autorización debido a que, en primer lugar, no era un medicamento que estuviera necesitando de manera urgente debido a una enfermedad terminal. En segunda instancia, argumento que el medicamento Umeclidinio se encontraba agotado en Audifarma. Además, se le dijo a la señora Alicia que debido al alto costo de este medicamento era mucho más difícil que se lo autorizaran. Como consecuencia de lo anterior, la señora Alicia no ha recibido sus medicamentos y esto se está evidenciando en el deterioro de la calidad de vida, ya que en los últimos días ha tenido recaídas en su estado de salud.

5.      Además de la situación anteriormente mencionada, la señora Alicia Carvajal manifiesta que, en algunas ocasiones, aunque ya se haya autorizado por parte de la EPS la entrega de los medicamentos, en Audifarma se le dice que están agotados o que le pueden dar solamente uno y que el siguiente mes se le dará el otro de la misma referencia. Sin embargo, al siguiente mes, cuando ella vuelve a reclamar el medicamento faltante, se le informa que la autorización ha vencido y que no es posible entregarle el otro medicamento.

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Acción que se debe implementar en el caso.

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Acción que se debe implementar en el caso.

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En este caso, el mecanismo jurídico que debería tomar la señora Alicia Carvajal es la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política del 1991, porque, en primer lugar, para poder proceder en esta medida constitucional se debe evidenciar de manera factible la vulneración de uno o más de los derechos fundamentales de las personas afectadas, lo cual en este caso se observa la cohibición, por parte de la EPS Compensar, de un medicamento indispensable para el óptimo bienestar de la señora Alicia de 76 años. En virtud de lo anterior, afectando notoriamente el derecho a la salud y a la vida de la señora Carvajal por esta entidad prestadora de salud. Siendo así necesaria la utilización de la acción de tutela para restablecer y proteger sus derechos fundamentales vulnerados.

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¿ Cómo estructuraría la acción: es decir, qué pediría?

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¿ Cómo estructuraría la acción: es decir, qué pediría?

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Primero se va a contextualizar sobre lo sucedido en el Meta con respecto al petróleo y la contaminación del agua. Allí se va a tener en cuenta los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan la petición, acompañada de la línea de tiempo, los argumentos, las respuestas y acciones que se llevaron a cabo en el proceso y la situación. Seguido de esto, se explicarán y argumentarán las razones que se tuvieron en cuenta para poder llegar al cumplimiento de las exigencias que se hicieron por parte de la comunidad, principalmente por la suspensión inmediata de la plataforma del Pozo Lorito 1, sustentado con las pruebas que evidencien el daño. De igual forma, se indicarán los derechos e intereses colectivos amenazados, en este caso, el derecho a la vida digna, al agua, a la salud y al medio ambiente tal como lo consagra la constitución política de Colombia; con el fin de mostrar que no eran respetados según lo argumentado por la contaminación presente en el agua producto de la contaminación del crudo. Finalmente, culmina con las pretensiones que se esperan lograr con esta acción, que vendría siendo la suspensión de la extracción y explotación de las tierras llaneras por el petróleo, para darles un entorno digno que no vulnere los derechos de las personas que habitan allí; o por lo menos, la disminución de estos actos, para que no afecte en gran medida la vida de las personas y de la naturaleza (buscar una manera sostenible).

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Primera parte, en el escrito se deberá adjuntar datos del accionante, los cuales son nombre, número de cédula y datos personales importantes de la persona. En consecuente, se expone el caso sobre la vulneración de los derechos humanos, en este caso es el derecho a la salud. Luego se expondrán los hechos cronológicamente en una breve narración, donde se podrá evidenciar la vulneración de dicho derecho y además se adjuntarán las pruebas de este caso, que sería la historia clínica de la Sra. Carvajal, que podrá demostrar que ella padece de EPOC y es indispensable la ingesta de Umeclidinio y Fluticasona. Por último, se escribirá contra quien se radicará esta acción de tutela, en este caso será contra la EPS Compensar.

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I.
Alejandro va a relatar como el colegio le puso una sancion debido al uso de aretes dentro de la insitucion.

II.
La acción que procede a estos hechos sería que Alejandro le pusiera una tutela al colegio Montessori British School, puesto que según la leyes de la Corte, no pueden ser impuestas normas disciplinarias “en sujeción con la vestimenta, accesorios y aspecto físico carentes de toda razonabilidad”, es decir, reglas que carezcan de cualquier sentido pedagógico.

El colegio infringe éste derecho al estipular en el manual de convivencia: "Los estudiantes deberán portar los uniformes respectivos de acuerdo al día que les corresponda según el horario sin hacer ningún tipo de modificación (botas de pantalón entubadas) ni uso de accesorios." Al declarar éstos testamentos en el manual de convivnecia, infrinje tajantemente con la libertad de los estudiantes. Aparte de esto, en el mismo manual se menciona explícitamente que el incumplimiento de estas reglas conllevará penalizaciones.

III.
Lo que busca Alejandro es ejercer su derecho a la libre expresión por medio de accesorios que le permitan verse y sentirse cómodo consigo mismo sin que se le ponga alguna sanción por hacerlo.

IV.
Segun las leyes de la nación, Alejandro está en su derecho de poder llevar aretes a la institución y ésta no tiene ningún derecho ni potestad en la elección de estas decisiones.

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En este caso se interpondría una tutela, ya que se presenta una situación donde se vulnera un Derecho Fundamental (Derecho a la seguridad social), y se intentó solucionar por otras vías que no obtuvieron respuesta alguna.
De este modo, la entidad pensional le ofreció únicamente una indemnización pequeña, y el colegio no respondió de ninguna manera. Estas resoluciones atentan directamente al bienestar de la persona, e impiden que tenga una vida digna en su retiro al depender completamente del ingreso por el cual trabajó.

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E l mecanismo de amparo creado por nuestra Constitución Política que permite a toda persona reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales ante los jueces, cuando estos resultan vulnerados, amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en la ley.

La persona afectada en forma directa o mediante abogado(a).También lo puede hacer una tercera persona (agente oficioso) siempre y cuando la víctima no lo pueda hacer por sí misma. Si se trata de una persona menor de edad, la puede presentar por si misma o cualquier persona está habilitada para hacer valer los derechos de niños(as).

La acción de tutela se presenta únicamente cuando se esté frente a la amenaza o vulneración de Derechos Fundamentales, cuando no existan otros recursos ni medios de defensa judicial o cuando ya éstos se hayan agotado.

También se puede presentar cuando se trate de evitar un daño irremediable inmediato y dependiendo de la urgencia de la resolución del fallo, según sea el caso, es posible acudir a la medida provisional bajo ciertas causales establecidas por la ley, permitiendo la actuación del juez en un plazo inferior a los diez (10) días de la resolución del fallo de tutela que normalmente se utiliza.

La Personería de Bogotá D.C., presta el servicio de orientación y elaboración de acciones de tutela con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, para ello cuenta con puntos de atención a la ciudadanía ubicados en la carrera 43 No. 25B - 17 y en los SuperCades de: Carrera 30, Suba, Américas, Bosa , 20 de Julio y CADE de Fontibón.

Se recibe al usuario y se hace un estudio de los documentos que tenga a la mano, una vez examinados, se manifiesta si procede o no la acción de tutela.

Si la acción de tutela no procede, se le dará al usuario las razones por las cuales no es procedente la acción de tutela.

Si la acción de tutela es procedente, y la documentación presentada por el usuario está incompleta, se le indica que documentos hacen falta y una vez este los tenga se le informa que debe presentarse nuevamente al punto de atención.

En caso de que la acción de tutela proceda, se le asignará un turno al usuario para ser atendido por el abogado de turno, quien le elaborará la acción de tutela y dará al final de la atención, el procedimiento a seguir para radicarla y todo el trámite procesal que le compete.

Es el único mecanismo de amparo, excepcional inmediato, que se puede llevar ante los jueces sin la necesidad de haber agotado recursos o medios de defensa establecidos en la ley, cuando los se trata de evitar un perjuicio irremediable y que concierne notablemente a la persona afectada, como mecanismo transitorio.

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Personería de Bogotá - Guardianes de tus Derechos - Orientación de Tutela

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E l mecanismo de amparo creado por nuestra Constitución Política que permite a toda persona reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales ante los jueces, cuando estos resultan vulnerados, amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en la ley.

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En virtud a lo consagrado en los artículos 13, 44 y 67 de la Constitución Política de Colombia:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

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En base a lo anterior, se confirma que existe un fundamento legal que protege el derecho al acceso a la educación y a la no discriminación de la afectada y de los acudientes. En virtud de esto se solicita  respetuosamente que se concedan las siguientes:

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2. ¿Qué tipo de acción procede en este caso?

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2. ¿Qué tipo de acción procede en este caso?

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Para este caso de discriminación se emplearía una tutela. Según la personería de Bogotá, la tutela se define como un mecanismo creado por la constitución, con el fin de permitir a todos los ciudadanos reclamar por la protección inmediata de sus derechos fundamentales. (Artículo 2° del decreto 2591 de 1991).  En este caso se está vulnerando la educación, la cual, es un derecho fundamental. La niña y sus padres pueden acceder al mecanismo de la tutela y así pedirle al colegio, tomar acciones frente a los derechos de  violar los derechos de la educación (Artículo 67) y el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16 CP/91).

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1. Se proteja el derecho fundamental a la educación de la afectada consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política.

1. Que en tal virtud, se ordena a la institución educativa, Colegio Americano, implementar las herramientas necesarias para adaptarse y prevenir o abordar de manera correcta posibles situaciones de discriminacion dentro de la misma comunidad educativa.

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Bajo la gravedad de juramento se manifiesta que no se ha promovido acción de tutela alguna por los mismos hechos y para ante otra autoridad judicial.

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Se presenta una copia del paz y salvo del pago de inscripción del último colegio y otros documentos probatorios del histórico de aplicación a otras instituciones.

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El padre que realice la tutela añade su firma en este apartado.

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Corte Constitucional de Colombia. (2022). Decreto 2591 de 1991. Recuperado de https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-derechos-humanos/derechos-fundamentales/

Lectura, Escritura y Oralidad en español. (2022). ¿Cómo escribir una acción de tutela? – LEO. Recuperado de https://leo.uniandes.edu.co/como-escribir-una-accion-de-tutela/

Ministerio del Interior. (2022). Derechos fundamentales. Recuperado de https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-derechos-humanos/derechos-fundamentales/

Personería de Bogotá. (2019). ABC de las acciones de tutela digital. Recuperado de https://www.personeriabogota.gov.co/images/libros/ABC_DE_LAS_ACCIONES_DE_TUTELA_DIGITAL-2.pdf

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[i] Sarralde, M. (2020, 15 marzo). Los derechos que los colegios no pueden limitar con sus manuales. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/los-derechos-que-los-colegios-no-pueden-limitar-con-sus-manuales-segun-la-corte-472896
[ii]School, M. B. (2021). MANUAL DE CONVIVENCIA 2021-2022. Bogota; MBS.

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Los manuales de convivencia de los colegios deben velar porque sus normas busquen el mutuo respeto y la disciplina para conseguir los fines de la educación, no para interferir en la vida privada de los estudiantes, ni para dirigir o moldear su personalidad e intimidad.

Esa es la línea que ha trazado la Corte Constitucional desde hace por lo menos 28 años, cuando comenzó a revisar esos reglamentos y a detectar cómo, algunos de ellos, traían normas que vulneraban derechos.

Esta semana, los manuales pasaron de nuevo al tablero cuando a la Corte le llegó una tutela de una joven, a quien reprendieron y luego le negaron un cupo en una institución educativa porque había sostenido un noviazgo con un compañero y porque luego quedó en embarazo.

El caso llevó a que el alto tribunal les recordara a los colegios y escuelas que los manuales de convivencia -aunque pueden ser creados autónomamente por las instituciones y pueden incluir normas de conducta y definir sanciones disciplinarias- tienen límites y no pueden ser arbitrarios.

Esto es lo que, según la Corte Constitucional, les está vedado prohibir a estos reglamentos escolares.

Uniformes y religión

Los colegios pueden imponer uniformes para sus estudiantes. Pero, en ciertos casos, obligar a que un hombre lleve un pantalón o que las mujeres lleven falda, puede afectar sus derechos.

Así lo determinó la Corte al evaluar en 2011 una tutela contra un manual que obligaba el uso de pantalón para entrar a un programa de formación complementaria, lo que iba en contra de los derechos a la libertad religiosa y el libre desarrollo de la personalidad de dos estudiantes que pertenecían a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.

Con esto, el alto tribunal recordó que un estudiante al entrar a un colegio acepta un manual de convivencia, el cual hace parte de un contrato de adhesión, pero la justicia puede inaplicar o modificar dichas reglas cuando "se violen derechos fundamentales de al menos una persona".

La Corte también ha dicho que los colegios oficiales deben respetar las preferencias religiosas de los estudiantes.

La apariencia

Según la jurisprudencia de la Corte, no pueden existir normas disciplinarias "en relación con la vestimenta, accesorios y aspecto físico carentes de toda razonabilidad", es decir, reglas que no tengan nada que ver con los fines de la educación.

Por esto, en fallos de tutela la Corte ha permitido que los estudiantes puedan utilizar aretes y perforaciones.

También, se ordenó que se le permitiera a una estudiante llevar su cabello teñido. Así, la Corte ha dicho que los colegios no pueden imponer cortes ni colores de cabello específicos al estudiante.

Por otro lado, tampoco pueden prohibir de forma generalizada o arbitraria los celulares. Aunque sí pueden regular su uso y sancionar a quienes los utilicen en determinados espacios, no pueden impedir de forma amplia que los estudiantes los lleven a la institución.

Identidad de género

Los manuales de convivencia no pueden prohibir las relaciones amorosas ni las manifestaciones de personas que hagan parte de la comunidad LGBTI.

La Corte dijo que los reglamentos deben ser respetuosos de la identidad de género y la orientación sexual de sus estudiantes. Así lo recordó en el 2015, tras evaluar el caso de Sergio Urrego, un joven estudiante de un colegio bogotano que se suicidó en el 2014 explicando que tomaba esa decisión por supuestas presiones de su colegio debido a que el era homosexual.

Este caso llevó a que la Corte ordenara que el colegio realizara un acto de desagravio y reconociera que la orientación sexual que asumió Sergio debía ser plenamente respetada.

Además, el fallo del alto tribunal le ordenó al Ministerio de Educación revisar que todos los manuales de convivencia se ajustaran a la Constitución Política.
"No resulta válido que l os colegios pretendan intervenir a través de sus manuales, con procedimientos y sanciones, en la libre escogencia a la que tienen derecho los estudiantes de inclinarse por la orientación sexual o la identidad de género de su preferencia", dijo la Corte.

Prohibir las relaciones amorosas va en contra del derecho de los estudiantes a elegir su plan de vida, escoger su personalidad, sus intereses, deseos y convicciones.

Además, afecta su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, así como a vivir libre de interferencias de terceros.

La Corte dijo que "las relaciones amorosas hacen parte de la vida privada de cada persona y las mismas (por su mera existencia) no pueden ser censuradas en tanto la decisión de tenerlas es una expresión de la autonomía del individuo, quien escoge de manera libre y por el tiempo que así lo determina, estar o no acompañado".

Para la Corte, los estudiantes "pueden tener relaciones afectivas con el fin de alcanzar ideales de felicidad o suplir necesidades de afecto y compañía".

Para la Corte, impedirle a una mujer seguir estudiando por estar embarazada desconoce su derecho a la igualdad y a la educación, ya que -solo por la situación del embarazo- se le da "un trato de inferioridad con respecto a otros estudiantes del colegio".

Además, el alto tribunal ha dicho que la maternidad está protegida por el "libre desarrollo de la personalidad", lo que significa que el Estado no puede interferir en esta decisión de vida de cada mujer.

En sus fallos, la Corte ha dicho que los embarazos no deben afectar la actividad académica de las mujeres ni alterar sus deberes escolares, pues la opción de convertirse en madre hace parte de su fuero íntimo y no puede ser una justificación para expulsarlas de un plantel educativo o imponer una sanción en su contra, debido a que esto constituye una discriminación.

Muestras de afecto

Los besos, caricias, abrazos y cogidas de mano, no pueden estar limitadas de forma amplia y desproporcionada.

La Corte ha dicho que estas expresiones solo pueden ser limitadas cuando afecten a terceros. Por lo tanto, los manuales de convivencia deben aclarar el tipo de expresiones amorosas que prohíben y en qué espacios.

No es lo mismo un beso en el descanso y que por su forma de expresión no afecta a terceros, que un beso en clases. "Solo en los casos cuando estas manifestaciones de afecto se realicen afectando el orden jurídico, un colegio puede sancionarlas", indicó la Corte.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora Justicia
En Twitter: @MSarralde

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Los derechos que los colegios no pueden limitar con sus manuales

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Los manuales de convivencia de los colegios deben velar porque sus normas busquen el mutuo respeto y la disciplina para conseguir los fines de la educación, no para interferir en la vida privada de los estudiantes, ni para dirigir o moldear su personalidad e intimidad.

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[1] Almeida, E., & Levy, G. (2019, January 16). Meta y petróleo. Cerosetenta. Retrieved November 10, 2022, from https://cerosetenta.uniandes.edu.co/meta-y-petroleo/

[2] Herrera, N. (2013, November 3). Eco de una pesadilla de petróleo | EL ESPECTADOR. El Espectador. Retrieved November 10, 2022, from https://www.elespectador.com/ambiente/eco-de-una-pesadilla-de-petroleo-article-456409/

[3] Martínez, Y. (2020, August 31). Fauna y flora en Meta, afectada por fuga de nafta. La FM. Retrieved November 10, 2022, from https://www.lafm.com.co/colombia/fauna-y-flora-en-meta-afectada-por-fuga-de-nafta

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https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-152145_archivo_pdf.unknown

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Mariana Sánchez De La Vega 202210228
Nicolas Felipe Ballesteros 202213244
Maria Juliana España 202111365
Carlos Balcázar 202121874

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- Nombre: Paula Andrea Vega Quirife. Código: 202113323
- Nombre: Yuri Natalia Julio Suárez. Código: 202215313
- Nombre: Paula Daniela Herreño Rodriguez. Código: 202111729
- Nombre: Juan Camilo Salgado Serna. Código: 202215892
- Nombre: Juan David Rocha Mancipe. Código: 202211452
- Nombre: Andrés David Medina Cuadros. Código: 202211115

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1500 familias se apoderaron de 30 hectáreas del predio de Aldovea en el corregimiento de Navarro en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Dicho predio cuenta con una parte privada y otra pública, es decir, que es propiedad del Distrito. El inspector del corregimiento aprobó el desalojo, considerándolo un asentamiento ilegal en el que presuntas estructuras criminales habrían construido cerca de 1.200 techos en parcelas; el desalojo, según las autoridades correspondientes, había sido consensuado con la comunidad, que había permitido el acceso al lote para ejecutar el proceso de manera programada, paulatina y progresiva. Los organismos de control aseguraron que, tras la mesa de diálogo con las comunidades de los distintos asentamientos, se establecieron rutas de reubicación para las personas que habían realizado la invasión.

En la operación de desalojo participado aproximadamente 1.600 uniformados de la Policía Nacional y 2.000 funcionarios de la Alcaldía; sin embargo, a pesar de que había sido un acuerdo previamente consensuado se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y los ciudadanos. Por ejemplo, se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y habitantes del sector hicieron cadenas humanas con niños y mujeres embarazadas para evitar la diligencia.

A pesar de lo dicho por las autoridades, los vecinos desmintieron esta versión. Diana Castro, vecina del corregimiento, explicó a los medios de comunicación que "es muy difícil porque no dijeron que iban a desbaratar las casas así". No obstante, los vecinos aseguran desconocer la decisión de desalojo, mientras que la Alcaldía asegura que esta decisión había sido comunicada desde el 26 de septiembre de 2022. Es importante resaltar que, de las 1.500 familias que vivían en este asentamiento, 480 eran víctimas del conflicto. Además, seis personas resultaron heridas por el proceso de desalojo.

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El asentamiento irregular fue creado en junio de 2021 con motivo del paro nacional. En la operación han participado unos 1.600 uniformados de la Policía Nacional y 2.000 funcionarios de la Alcaldía

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El desalojo de 1.500 familias de una invasión de tierras genera tensión en Cali

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17 fotos El asentamiento irregular fue creado en junio de 2021 con motivo del paro nacional. En la operación han participado unos 1.600 uniformados de la Policía Nacional y 2.000 funcionarios de la Alcaldía Normas Archivado En Se adhiere a los criterios de

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La tutela es un recurso jurídico el cual puede ser aplicado en cualquier caso de vulneración de los derechos fundamentales. En este caso los derechos de la menor están siendo vulnerados por una entidad educativa. En base a esto y debido a que consideramos que el caso es de carácter inminente y debe ser abordado como tal, puesto que el derecho a la educación es algo primordial que debe ser garantizado, creemos que la tutela es el mecanismo más apropiado en esta situación. La acción de tutela debió ser el primer instrumento al que los acudientes debieron recurrir frente a la misma discriminacion que enfrentaban. Considerando a su vez, que ante la repetición de la situación de la menor y de los padres en diversas ocasiones, la comunidad también debió pronunciarse sobre los hechos.

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Este tipo de desalojo, aquel que se da en lugares de invasión, atenta contra el Derecho a una vida digna, especialmente al negrales la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada (Párrafo 1, Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), pues se les está negando a los ciudadanos la posibilidad de ubicarse, no solo, en un lugar seguro, sino también en uno en que puedan satisfacer sus necesidades básicas. De igual forma se está vulnerando el derecho a la libertad de locomoción (Artículo 24 de la Constitución Política de 1991), al no permitirles la libre circulación.

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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina.

Muchos gobiernos latinoamericanos han mejorado el proceso de legalización de los asentamientos periféricos, y han reconocido el derecho a la vivienda y la postura de las Naciones Unidas que condena los desalojos forzosos como violaciones de los derechos humanos. Así y todo la práctica del desalojo persiste, con repercusiones devastadoras para familias, vecindades, y para con los esfuerzos de mejoramiento de grandes áreas urbanas. Al perpetuar un clima de miedo e incertidumbre, esta amenaza hace a la gente perder las ganas de invertir recursos y mano de obra en sus hogares y barrios.

Los desalojos en América Latina surgen del fenómeno de ocupación ilegal, el cual a su vez resulta de factores como la urbanización incontrolada, la falta de recursos financieros por parte de la población pobre y de los gobiernos municipales, y la carencia de títulos de propiedad legales o debidamente registrados. En tales circunstancias, la necesidad de supervivencia impulsa al pobre urbano a valerse de una variedad de mecanismos -incluyendo subdivisiones ilegales, invasiones y viviendas autoconstruidas- a fin de satisfacer sus necesidades de alojamiento y de comunidad.

Los moradores de Chapinero Alto, al noreste de Bogotá (Colombia), han enfrentado 30 años de intentos de desplazamiento y desalojo. Muchas de las familias que viven en esta periferia urbana montañosa son descendientes de los trabajadores de haciendas situadas en la región de la sabana (altos llanos). Conforme las haciendas se fueron cerrando y vendiendo para dar paso a la expansión urbana, los trabajadores no tuvieron más alternativa que quedarse a vivir en las colinas, cuyo valor era considerado despreciable por los promotores de mediados del siglo XX.

A principios de la década de 1970, los anuncios del plan de construcción de una autopista generaron una oleada especulativa y varios intentos de expulsión. Los moradores y sus aliados en universidades e instituciones religiosas formaron un frente social masivo que impidió varios desalojos, pero que no pudo detener la especulación. Para la época de finalización del proyecto (mediados de los '80) pocas familias habían tenido que salir para dar paso a la carretera, pero los barrios tuvieron que volver a hacer frente a otra oleada de intentos de desalojo.

A principios de los '90 la amenaza surgió nuevamente, esta vez en nombre de proyectos de desarrollo sostenible y de las denuncias hechas por el gobierno y varios grupos privados, que afirmaban que los barrios pobres atentaban contra el frágil medio ambiente circundante. Desde ese entonces los ocupantes se han visto obligados a luchar de mil maneras para defenderse contra los intentos de desalojo, y tal clima de inestabilidad ha desalentado cualquier proyecto de mejora bien sea por parte de los moradores como por parte del gobierno.

Refugiados del desarrollo

Las causas de los desalojos son variadas, pero típicamente se atribuyen directa o indirectamente a proyectos de renovación urbana. Debido a la creciente escasez de terrenos urbanizados, la competencia y las evicciones obligan a los moradores de los asentamientos informales a trasladarse a la periferia. En Bogotá, la expansión de la ciudad ha convertido a Chapinero Alto en uno de los predios más codiciados de la ciudad. A las víctimas de los desalojos (llamadas también "refugiados del desarrollo") se les suele acusar de obstaculizar el progreso cuando protestan, y raramente se les ofrece una indemnización o participación en programas de reubicación. En los casos de especulación, a menudo las familias se ven obligadas a pasar el trago amargo de ser despojadas de sus hogares prácticamente sin previo aviso.

Los gobiernos locales desempeñan un papel principal en los procesos de desalojo, junto con propietarios de tierras, empresas urbanizadoras, cuerpos policiales y fuerzas armadas. Sacar a los pobres de los predios deseables no sólo facilita emprender proyectos de infraestructura e inmuebles de lujo, sino que también libera al rico del contacto diario con el pobre. Gobernantes y promotores suelen defender sus acciones en aras del embellecimiento y mejoramiento de la ciudad, o aseveran que las barriadas pobres son un caldo de cultivo de problemas sociales. Además, cada vez más se justifican los desalojos tras el escudo de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Todas estas razones han sido utilizadas por funcionarios gubernamentales y propietarios de títulos para eliminar los barrios pobres de Chapinero Alto.

Cuando las familias se ven obligadas a salir de sus predios, no sólo pierden sus tierras y sus hogares, sino también sus vecinos, comunidades y círculos sociales. El estrés sicológico y los daños a la salud causados por meses de incertidumbre pueden ser terribles. Frecuentemente los niños pierden meses de escuela, y sus padres deben viajar distancias considerables para llegar a sus trabajos. Los resultados de estudios antropológicos han demostrado que al dispersarse la población, se desmantelan las redes de ayuda mutua y los círculos sociales, los cuales son herramientas críticas de supervivencia para los pobres urbanos, quienes a menudo afrontan problemas económicos e incertidumbre. Estas redes de protección son irremplazables, incluso en los casos en que las familias reciben una indemnización. Por último, el desalojo entraña un alto riesgo de empobrecimiento, especialmente para las personas carentes de títulos de propiedad, puesto que generalmente no reciben indemnización.

En 1992 el gobierno de Bogotá desalojó a un grupo de 30 familias tras una violenta disputa con un propietario. La ciudad trasladó a las familias a una escuela abandonada, donde vivieron durante varios meses esperando las viviendas de interés social prometidas por el alcalde. A medida que pasaron los meses y se evaporó la promesa de las viviendas, los problemas de estrés, salud y pérdida de ingresos y educación ocasionaron efectos graves en las familias. Varios de los hombres abandonaron sus familias; hubo incidentes de violencia doméstica; y se desintegraron las relaciones sociales. Para el año 1997 las familias se habían dispersado y estaban viviendo dondequiera que pudieron conseguir dónde vivir en la ciudad.

Una de las consecuencias más dolorosas del desalojo es la repercusión negativa que tiene esa permanente inseguridad sobre todos los asentamientos irregulares. Sin importar si al final se hace o no realidad, la amenaza constante del desahucio afecta vastas zonas de ciudades en desarrollo y frena las inversiones en viviendas y servicios, tan necesarias para resolver los problemas de las barriadas. Ésta es una de las razones que imponen estudiar la práctica de los desalojos forzosos dentro del marco de los derechos humanos. El problema continuará hasta tanto la seguridad de tenencia y de una vivienda adecuada no sean protegidas como derechos humanos.
Desalojos y derechos humanos
Dadas las consecuencias sociales de amplio efecto que tienen los desalojos forzosos, no es de sorprender que los mismos quebranten un buen número de derechos humanos. Para empezar, obviamente comprometen el derecho a la vivienda, defendido por el derecho internacional en forma cada vez más explícita. El derecho a la vivienda fue establecido por vez primera en el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 1948. La Declaración sobre el Progreso Social y el Desarrollo, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos y otros congresos también afirman el derecho a la vivienda, así como lo hacen más de 50 constituciones, entre ellas la Constitución Colombiana de 1991.

Además del derecho a la vivienda, el desalojo forzoso entraña comúnmente una violación al derecho a la libertad de movimiento. La violencia o el asesinato de líderes o miembros de la comunidad que protestan los desahucios constituyen claras violaciones al derecho a la vida y a la seguridad de las personas, así como también a la libertad de expresión y de afiliación. Cuando un niño es retirado de su escuela debido a un desalojo forzoso, se quebranta su derecho a la educación. Cuando los cuerpos policiales o militares irrumpen en los hogares a la fuerza, las familias pierden sus derechos a la vida privada. El derecho al trabajo es una de las violaciones más frecuentes del desahucio. Finalmente, las repercusiones psicológicas y físicas que acarrean los desalojos forzosos infringen el derecho a la salud.

Incluso en aquellas regiones donde los gobiernos han ratificado las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, se siguen cometiendo violaciones. Las Naciones Unidas y muchos otros organismos observadores responsabilizan claramente al Estado como ente encargado de prevenir los desalojos, y han declarado que si un gobierno fracasa en sus intentos de garantizar la disponibilidad de viviendas adecuadas, tampoco puede aseverar que la eliminación de los asentamientos ilegales cumpla con las normas de derecho internacional. Dado que prácticamente todos los desalojos forzosos son planeados, y dado que existe un conjunto de estipulaciones reconocidas internacionalmente que condenan la práctica, tales desplazamientos deberían efectuarse en seguimiento a políticas sociales y dentro de un marco de trabajo centrado en los derechos humanos.

Consideraciones de política

Basado en varios estudios sobre desalojos forzosos y en nuestro propio estudio de investigación realizado en Bogotá, seguidamente expondremos varias sugerencias para mejorar las políticas de vivienda y de prevención de la violencia mediante el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Los puntos siguientes deben ser el objetivo de las políticas que se proponen eliminar los desalojos forzosos:

Cuando no sea posible evitar el traslado, el gobierno debe garantizar la reubicación e indemnización, e involucrar la participación total de la comunidad afectada.

Se deben mejorar los esfuerzos de regularización o legalización de los asentamientos. Aun cuando existen procedimientos de legalización, problemas tales como burocracia, retrasos y gastos excesivos hacen impracticables tales procesos para la mayoría de la población.

Es fundamental resolver la cuestionable situación de los títulos de propiedad que caracteriza a las ciudades latinoamericanas, a fin de proteger el derecho a vivienda, prevenir la violencia y estimular el desarrollo en zonas de población de bajos recursos. Si bien esto es difícil en tierras sometidas a procesos de reclamación por parte de los propietarios de los títulos, son precisamente estas áreas las que requieren la legalización con mayor urgencia. Los gobiernos deben encontrar la forma de indemnizar tanto a los propietarios como a los ocupantes ilegales en tales disputas.

Los derechos humanos deben también regir las políticas tributarias. Al este de Bogotá, por ejemplo, los impuestos de valorización --utilizados para captar los aumentos del valor del suelo resultantes de un proyecto de desarrollo ejecutado en los años '80-- amenazaron con provocar la expulsión de las mismas vecindades que el gobierno estaba supuestamente ayudando con el proyecto. De hecho, muchos de los habitantes y activistas creyeron que ésas eran las verdaderas intenciones del gobierno, e incluso algunos miembros de la administración de la ciudad reconocieron que muchas familias se verían obligadas a irse.

En el ámbito local, una de las razones principales por la falta de aplicación de las leyes internacionales de derechos a la vivienda es que los gobiernos locales no participan en la creación de tales acuerdos. Además, la descentralización ha hecho que los gobiernos municipales sean virtualmente los únicos responsables de implementar las políticas de vivienda, pero carecen de los recursos necesarios para ejecutar y velar por el cumplimiento de los derechos de vivienda. Las autoridades municipales deben participar en el proceso de elaboración de las leyes, y se las debe equipar con las herramientas necesarias para proteger los derechos de vivienda.

Aun si el gobierno carece de recursos para garantizar una vivienda adecuada a todos los ciudadanos, pueden y deben tomar medidas para proteger los derechos de vivienda e impedir situaciones violentas mediante la prohibición de toda clase de desalojos forzosos.

A pesar de que el derecho a la vivienda es ampliamente reconocido, raramente se vela por su cumplimiento. Si se fortalece la participación de organizaciones internacionales, así como de instituciones locales tales como el ombudsman, habrá más posibilidades de evitar violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos están casi siempre involucrados en la práctica de los desalojos forzosos; por tanto, es poco realista pensar que harán cumplir las estipulaciones de los derechos humanos correspondientes.

Los problemas asociados al desalojo forzoso -violencia, empobrecimiento y estancamiento del desarrollo urbano- podrán prevenirse con más eficacia únicamente implementando mecanismos eficaces para extender los derechos de tenencia a la población urbana pobre. El mejoramiento de las actuales directrices de los derechos humanos requiere extender los derechos de protección contra desalojos forzosos y los derechos al reasentamiento adecuado. Aunque las directrices actuales se cumplen con más eficacia en los proyectos de desarrollo que cuentan con financiamiento internacional, los estados deberían valerse de directrices similares para aplicarlas a toda forma de desplazamiento. Al extender las directrices de los derechos humanos y mejorar los mecanismos de ejecución y cumplimiento, los organismos nacionales e internacionales podrán cumplir mejor con las necesidades de la población pobre urbana.

Margaret Everett es profesora asistente de antropología y estudios internacionales en Portland State University en Portland, Oregon. Su estudio de investigación para este artículo fue parcialmente financiado por el Instituto Lincoln. El informe completo, "Desalojos y derechos humanos: un estudio etnográfico de disputas de desarrollo y tierras en Bogotá, Colombia", está publicado en la sección de América Latina del sitio Web del Instituto Lincoln (www.lincolninst.edu).

Leyendas de las fotos

Una vivienda del barrio Bosque Calderón de Bogotá muestra los mensajes 'Respeten nuestros derechos de posesión y vivamos en paz' y 'Más de 30 años de posesión es una razón'. Sus habitantes se enfrentaron a intentos de desalojo desde principios de los años '70, y finalmente recibieron los títulos legales a principio de los '90.

Los moradores de Bosque Calderón participan en un proyecto de vivienda comunitaria tras finalmente adquirir el permiso de tenencia legal.

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Desalojos forzosos y derechos humanos en Colombia

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Una versión más actualizada de este artículo está disponible como parte del capítulo 2 del libro Perspectivas urbanas: Temas críticos en políticas de suelo de América Latina. Muchos gobiernos latinoamericanos han mejorado el proceso de legalización de los asentamientos periféricos, y han reconocido el derecho a la vivienda y la postura de las Naciones Unidas que condena los desalojos forzosos como violaciones de los derechos humanos.

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Caso (hechos)

Nombre: Victoria Ortiz (Alias por el que reemplazamos el nombre de la agraviada para no revelar su identidad)

Edad: 69 años.

Estado civil: divorciada-soltera.

Profesión: Licenciada en Lenguas Modernas.

Ocupación Actual: Retirada- Pensionada.

Ocupación Anterior: Maestra.

Vive Sola.

Hechos:

1. 18 de agosto de 2021, Victoria Ortiz, en adelante la señora, asiste al servicio de urgencias de la EPS SANITAS, a la cual se encuentra adscrita, por presentar síntomas como dificultad para respirar en reposo, debilidad y mal estar general.

2. La señora es sometida a exámenes de sangre, imágenes y prueba COVID, una vez se encuentra con saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca anormales. El equipo médico, determina aislamiento intrahospitalario. Los exámenes arrojan como resultado neumonía intercisa. Es trasladada a centro hospitalario de mayor complejidad.

3. La señora es trasladada y puesta bajo observación por la especialidad de neumología, donde se deja en tratamiento para la neumonía, terapia y es sometida a exámenes de sangre e imágenes que arrojan como resultado, Fibrosis Pulmonar. Una vez superada la Neumonía, la Señora es dada de alta, con uso de oxígeno por lo menos de 18 horas día para lo cual y es remitida a las especialidades de Neumología, Cardiología, Reumatología, Medicina Interna, Terapia Respiratoria, para seguimiento y otros exámenes. La señora tiene incapacidad laboral por 30 días.

4. La señora asiste a las citas con las especialidades médicas a las cuales es remitida, es sometida a varios exámenes de sangre e imágenes diagnósticas, con las cuales se puede determinar que Victoria Ortiz padece de ARTRITIS REUMETOIDE, EPOC y se confirma el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Se prorroga la incapacidad por otros 60 días.

5. La señora inicia el seguimiento respectivo y tratamientos respectivos con el equipo de especialistas para enfermedades crónicas de la EPS SANITAS y La fundación Neumológica colombiana. Se determina que la señora debe tomar medicamentos permanentemente y debe hacer uso de oxígeno 24 horas, día, así de asistir a terapia respiratoria.

6.  Los especialistas determinan que los tratamientos, sumados a las terapias respiratorias han logrado controlar, más no curar la enfermedad y ralentizar sus efectos, aunque la señora es remitida a la especialidad de psicología por el estrés y ansiedad derivados de su situación de salud y nueva situación económica.

7.  Los Especialistas de neumología y psicología determinan que la señora puede regresar a laborar, utilizando oxígeno todo el tiempo por lo que solicitan formalmente a la EPS proporcionarle un Concentrador de oxígeno portátil para tal fin.

8.  La señora solicita a la EPS SANITAS el concentrador de oxígeno portátil a través de carta o derecho de petición en donde explica su actual situación médica y económica, adjuntando exámenes médicos de soporte, más las fórmulas médicas de soporte.

9.  La EPS niega proveer el concentrador de oxígeno portátil por medio de un documento confuso y descontextualizado.

10.  La EPS no tiene en cuenta el detrimento económico de la señora una vez ella debe sufragar con 2.000.000 de pesos que recibe de su pensión y teniendo que prescindir del ingreso derivado de su actividad laboral como maestra, incurrir en todos los gastos básicos de manutención y supervivencia, adicionando todos los gastos derivados de su nueva situación médica  (incluyendo los desplazamientos  una vez la señora no cuenta con medio de trasporte personal) y teniendo que cotizar ante la EPS como in dependiente (no como empleada), así como los gastos  derivados de deudas financieras adquiridas con anterioridad al evento médico en mención .

11.  La EPS desconoce la situación de vulnerabilidad de la señora una vez ella vive sola y responde económicamente por sí misma. Por lo tanto, se le priva el derecho a trabajar y generar ingresos y su salud mental es violentada.

Acción pública

Acción de tutela: para este caso, se considera que la acción pública que conviene interponer es una acción de tutela, ya que este mecanismo se utiliza para acudir a las autoridades en busca de protección de uno o más derechos vulnerados hacia la persona solicitante. Además, la persona afectada (Victoria Ortiz) no dispone de otro medio de defensa judicial (Constitución 1991. Art 86). En este caso, entre los derechos vulnerados se encuentra el derecho a una vida digna, debido a que la persona afectada encuentra en la suministración del dispositivo una herramienta para poder vivir con el bienestar físico y mental que supone trabajar en óptimas condiciones y, por ende, vivir con dignidad. Considerar la salud mental de la persona afectada como un elemento esencial radica en que hace parte de la salud integral, así como reconoce la OMS cuando afirma que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948).

Además, se está vulnerando el derecho al trabajo, ya que la persona afectada manifiesta el deseo de trabajar, en aras de salvaguardar su bienestar físico y mental, y la suministración del dispositivo resulta cardinal para poder ejercer su derecho al trabajo de forma plena. De por sí, en el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos (1948), está escrito que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”, por lo que, al no otorgar el dispositivo, no se le está permitiendo a la persona trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias.

Estructura

1. Nombre completo de la persona solicitante.

Marta Lucía Santos

1. Datos de contacto.

2. Hechos.

3. Derechos vulnerados.

4. Derecho a una vida digna

5. Derecho al trabajo

5.   Entidad responsable de la vulneración de derechos.

Entidad prestadora de servicios Sanitas (EPS)

6.   Consecuencias inmediatas de no poder contar con el dispositivo requerido.

Salud mental afectada al corto, mediano y largo plazo.

Salud física afectada y vulneración del derecho a la vida al corto, mediano y largo plazo, en caso de que la persona afectada, en aras de salvaguardar su salud mental y de satisfacer sus necesidades para contar con una vida digna, opte por trabajar, a costa de su salud física.

7.   Copia de los documentos de salud física y mental.

Diagnóstico y últimos exámenes del estado de sus pulmones.

Diagnóstico por parte de la profesional de la salud.

Referencias

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Los Derechos Humanos.

Constitucion Politica de Colombia. Articulo 86. 4 de julio de 1991(Colombia). https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf

United Nations World Health Organization Interim Comission. Summary Report on Proceedings Minutes and Final Acts of the International Health Conference Held in New York from 19 June to 22 July 1946. June 1948.

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El mecanismo apropiado para esta situación es la acción de grupo. La cual se lleva a cabo cuando se realiza un daño individual respecto a las personas que deciden interponer la acción como un grupo. Al mismo tiempo, el objetivo de presentar una acción de grupo es buscar indemnización y el resarcimiento de los daños causados.

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Para llevar a cabo una acción de grupo se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

Deberá presentarse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño.

Deber presentarse por intermedio de un abogado.

Puede ser presentada tanto por personas naturales como jurídicas que hayan sufrido de manera individual perjuicios, incluso el defensor del pueblo y los personeros municipales o distritales podrán interponerla en nombre de cualquier persona que lo haya solicitado o se encuentre en situación de desamparo o indefensión.

Deberán ser presentadas ante el juez contencioso administrativo cuando el perjuicio haya sido causado por una entidad pública o por una entidad privada que desempeñe funciones administrativas, en las originadas en razón de actividades de otros entes será competente el juez civil del circuito.

Pese a que la acción representa a toda una comunidad quien presenta la demanda es el represente legal de las demás personas afectadas.

Requisitos de la demanda de acción de grupo:

El artículo 52 de la ley 472 de 1998, señala que la demanda debe cumplir con los requisitos del código de procedimiento civil o administrativo, según la jurisdicción que corresponda, que como ya lo señalamos, puede ser la civil o la administrativa.

A su vez, el articulo 52 de la ley 472 de 1998 la acción de grupo debe contener lo siguiente:

El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido.

La identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio.

El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración.

Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.

La identificación del demandado.

La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3o. y 49 de la presente ley.

Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso.

La demanda debe identificar al presunto responsable del perjuicio, pero si el juez de primera instancia encuentra que existen otros responsables de oficio ordenará su citación al proceso.

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La acción de grupo se encuentra desarrollada por la ley 472 de 1998 en el artículo 3°, y la principal característica de esta acción es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño, es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas.

Qué es una acción de grupo.

La acción de grupo es una acción colectiva administrativa o civil, según si el responsable o causante es un ente administrativo o entidad pública, o un particular.

Es decir, que si el daño o perjudico lo está causando o lo ha causado una entidad estatal o un particular que desempeña funciones administrativas, se requiere de una acción ante un juez administrativo.

Y si el daño o perjuicio lo ha causado un particular, la acción de grupo se debe interponer ante un juez civil.

La acción de grupo está definida por el artículo 3 de la ley 472 de 1998, de la siguiente manera:

"Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas"

La acción de grupo procede cuando se ha originado un perjuicio o daño individual respecto a las personas que interponen la acción de grupo, como por ejemplo cuando se construye una carretera y en razón a ello las casas de los habitantes que residen en el área de influencia de la carretera, resultan destruidas o sufren daños estructurales, causados directamente por esa obra.

En tal caso hay un grupo de personas que han sido afectadas por la actuación de una entidad administrativa, como por ejemplo Invías.

Características de la acción de grupo.

La acción de grupo debe ser presentada por un número plural de personas reúne las siguientes características:

A diferencia de la acción popular cuya finalidad es preventiva, la acción de grupo se caracteriza por ser indemnizatoria, ya que lo que busca es el resarcimiento de los daños causados al grupo.

El número plural de personas debe ser mínimo de 20 para que sea procedente.

Deberá presentarse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o ceso la acción vulnerante que lo genero.

Deber presentarse por intermedio de abogado.

Puede ser presentada tanto por personas naturales como jurídicas que hayan sufrido de manera individual perjuicios, incluso el defensor del pueblo y los personeros municipales o distritales podrán interponerla en nombre de cualquier persona que lo haya solicitado o se encuentre en situación de desamparo o indefensión.

Deberán ser presentadas ante el juez contencioso administrativo cuando el perjuicio haya sido causado por una entidad pública o por una entidad privada que desempeñe funciones administrativas, en las originadas en razón de actividades de otros entes será competente el juez civil del circuito.

Pese a que el conjunto de personas deber ser mínimo de 20 quien presenta la demanda representa a las demás personas afectadas.

Como se puede observar, esta acción está diseñada para interponerla cuando una acción ya ha causado un perjuicio que se busca resarcir y del que se pretende una indemnización.

Requisitos de la demanda de acción de grupo.

El artículo 52 de la ley 472 de 1998, señala que la demanda debe cumplir con los requisitos del código de procedimiento civil o administrativo, según la jurisdicción que corresponda, que como ya lo señalamos, puede ser la civil o la administrativa.

Téngase presente que cuando se profirió la ley 472 de 1998 que regula la acción de grupo, aún estaba vigente el código de procedimiento civil y el de procedimiento administrativo, y hoy están vigentes el código general del proceso (ley 1564 de 2012) y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011), que son las normas aplicables hoy en día.

Además, el artículo 52 de la ley 472 señala que la demanda de la acción de grupo debe contener lo siguiente:

1. El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido.

2. La identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio.

3. El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración.

4. Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.

5. La identificación del demandado.

6. La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3o. y 49 de la presente ley.

7. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso.

La demanda debe identificar al presunto responsable del perjuicio, pero si el juez de primera instancia encuentra que existen otros responsables de oficio ordenará su citación al proceso.

De otra parte, es requisito que la demanda sea presentada por un abogado en representación de las personas legitimadas para interponer la demanda.

Recursos procedentes contra la sentencia que se dicta en un proceso de acción de grupo.

La sentencia que se dicta en un proceso de acción de grupo sea a favor del demandante o del demandado tiene efectos de cosa juzgada respecto de las partes, es decir, el demandado y las personas pertenecientes al grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la ley 472 de 1998, el cual señala lo siguiente:

"La sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte del proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso."

Respecto a los recursos que proceden contra el fallo que se dicte en una acción de grupo, proceden los siguientes:

1. Recurso de apelación.

2. Recurso de revisión.

3. Recurso de casación.

Para interponer cualquiera de los recursos mencionados anteriormente es menester reunir los requisitos de ley establecidos para cada uno; la ley 472 de 1998 respecto al trámite para que se surta la revisión y la casación contra sentencias en acciones de grupo, señala que este no podrá ser superior a noventa días contados desde la radicación del asunto, es decir, que la ley 472 de 1998 reduce el termino para el trámite de estos recursos, pero los demás aspectos se regulan por las normas de procedimiento aplicables, según el caso.

En cuanto al recurso de apelación cuando se interpone contra la sentencia que decide un proceso de acción de grupo, este debe ser concedido en el efecto suspensivo, por ende, se suspende toda actuación incluido el cumplimiento de la sentencia hasta tanto el superior resuelva el recurso.

El trámite de la segunda instancia en las acciones de grupo debe surtirse en un término máximo de veinte días, término que podrá ser ampliado cuando se requiera la práctica de pruebas; cuando se requiera práctica de pruebas, el término para resolver la segunda instancia podrá ampliarse por diez días más.

La ley 472 de 1998 no establece cual es el termino para interponer el recurso de apelación, contra la sentencia que decide una acción de grupo, pero como la mencionada ley en su artículo 68 ordena una remisión expresa al código de procedimiento civil, para suplir los aspectos no regulados para las acciones de grupo, bajo estos parámetros el recurso de apelación contra fallos dictados dentro de las acciones de grupo podrá ser interpuesto dentro de los tres días siguientes al acto de notificación de la sentencia.

Recomendados.

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Acción de grupo - Qué es y características

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La acción de grupo se encuentra desarrollada por la ley 472 de 1998 en el artículo 3°, y la principal característica de esta acción es que debe ser presentada por una pluralidad o conjunto de personas a las cuales se les haya causado un daño, es decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron ser generados por las mismas causas.

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Primeramente se explicará cómo sucedieron los hechos en el caso presentado de Hilary Castro.
Posteriormente se explicará del porqué se toma la acción popular como medio procedente, en este punto se mostrarán los derechos vulnerados por los prestadores de servicio como por las entidades publicas.
En tercer lugar se mostraran las exigencias en cuanto a seguridad y tranquilidad de los usuarios de ambos servicios

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Artículo del que se tomó la información para conocer las reglas y los casos en los que es válido interponer una tutela.

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Conozca cómo interponer una tutela y en qué casos hacerlo

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Puede acudir ante un juez narrando su caso o pedir asesoría en la Defensoría del pueblo.

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Daniela Ramírez - 202210306

Kenia Yepes - 202123991

Jesus David Alvernia Barona - 202225228

Laura Valentina Arteaga - 202214738

Emilio Rodriguez – 202123543

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Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El “ARTÍCULO” 16 de la Constitución Política de Colombia. Determina que: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

Respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional ha determinado en la sentencia C-336 del 2008 que :  “Como consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona se encuentra el de libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial protege la libertad general de acción, involucrando el derecho a la propia imagen y la libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad merecedoras de protección”. Según la Corte, este derecho “busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional”

Por lo anterior, este derecho se desconoce cuándo a una persona se le impide “alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia”, de manera arbitraria, irrazonable e injustificada, tal como se presenta con la menor de edad a la cual se le niega la entrada a la institución educativa, por no llevar las prendas que el colegio considera deseables por lo estipulado en sus normas, se le vulnera la posibilidad de adoptar sin presiones ni intromisiones de alguna clase un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos.

Derecho a la Educación

La Constitución Política consagra en su artículo 67 el derecho a la educación en los siguientes términos:

“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura […]” Por otro lado, el artículo 44 lo reconoce expresamente como un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes.

1. A partir de lo anterior, es posible afirmar que la aproximación de cada persona al sistema educativo potencia al sujeto y, a través de él, a la humanidad. Es decir, el acceso a servicios educativos, contínuos y de calidad, fomenta el desarrollo íntegro del ser humano, lo abre al ejercicio de la ciudadanía y lo empodera para comparecer en el espacio público. Por el contrario, si no se garantiza el derecho, y no se estima un notable esfuerzo por parte de las instituciones educativas y el Estado para garantizarlo, las repercusiones no solo afectarán al individuo sino a la sociedad a largo plazo. En este sentido, al observar el caso se evidencia que la negación al acceso a la institución educativa que se le impuso a la niña, no va solo a repercutir en su vida y su oportunidad de educarse, sino también en su productividad a largo plazo para la sociedad. Asimismo, varias sentencias han destacado la forma en la que los límites al ejercicio del derecho a la educación forman un escenario propicio para que los menores de edad se vean, materialmente, inclinados a desarrollar labores o asumir roles asociados a la adultez.

2. Atendiendo a la importancia del derecho a la educación, y de su relevancia para el Estado, la sociedad, la familia y el individuo, su ejercicio es uno de los mecanismos más efectivos para materializar el principio y el derecho a la igualdad, desde el plano de las oportunidades y de la consolidación de relaciones más equitativas. Lo anterior, refleja que en el caso se presenta un hecho potencial de discriminación y que no atiende a ese principio de igualdad, por un motivo con poco peso como lo es no portar una prenda de un color específico.

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Introducción del caso

Según (Tiempo, 2022) el 15 de Octubre de 2022 se presentó el caso de una mujer que fue fuertemente agredida por su cónyuge Juan Fernando Barona,​ quien era un reconocido periodista de la cadena de televisión Noticias Uno. Los hechos ocurrieron en complicidad de otro hombre del cual al día de hoy se desconoce su identidad. La víctima acudió a la Fiscalía General de la Nación  y a la Comisaría de Familia con el fin de denunciar la violencia de género​ que padeció. Sin embargo, no ha recibido respuesta frente a su caso y  no se han presentado ningún tipo de medida preventiva, a pesar de la influencia y visibilidad mediática que el caso ha tenido en redes sociales.

Posteriormente a las declaraciones de la víctima, el agresor declaró por medio de redes que la mujer había sido la primera en incurrir a la violencia y que él únicamente había actuado en defensa propia. El victimario mostró las heridas generadas por parte de la víctima, pero no logró demostrar la veracidad de su hipótesis. Además, dichos signos son daños superficiales que podrían asociarse al intento de la víctima de defenderse de la brutal golpiza generada por parte del periodista.

Ante dicha problemática, la mujer decide interponer la acción de tutela para salvaguardar su integridad. Para ello, alega que la falta de acciones por parte de las autoridades competentes ponen en riesgo su derecho a la vida, salud física y emocional, integridad personal, ambiente sano  y seguridad personal.(El derecho a la salud, s. f.) Lo anterior debido a que la mujer teme que su marido tome represalias en su contra por haber interpuesto la denuncia. Además, teme que los abusos físicos y emocionales  continú​en. En ese sentido, no tomar acciones rápidas para garantizar la protección de la víctima la ponen en una situación de alto riesgo que puede poner en peligro incluso su vida.

Respecto a la estructura de la tutela, se aportará el nombre y dirección de la solicitante (datos personales de la mujer), información sobre la omisión que la motiva a interponerla (en este caso, negligencia por parte de las autoridades), los derechos que considera amenazados (vida, integridad y salud física y emocional, ambiente sano y seguridad personal), el nombre de la entidad responsable del agravio (Fiscalía por su desidia ante el caso de agresión padecido por la víctima), la descripción de las circunstancias expuestas con anterioridad (hechos, pruebas que demuestran la veracidad de la agresión, dictamen de medicina legal, entre otros) y finalmente las peticiones de la víctima en torno a su caso. La mujer presentará el documento de manera escrita ante un juez con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Referencias

Tiempo, R. E. L. (2022, 10 noviembre). Habla la mujer que fue agredida por el periodista Juan Fernando Barona. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/bogota/habla-la-mujer-que-fue-agredida-por-el-periodista-juan-fernando-barona-716447

El derecho a la salud. (s. f.). Red-DESC. https://www.escr-net.org/es/derechos/salud

https://leo.uniandes.edu.co/author/js-preciado/#author. (2021, 15 julio). 01. ¿Cómo escribir una acción de tutela? - LEO. LEO - Lectura, Escritura y Oralidad en español. https://leo.uniandes.edu.co/como-escribir-una-accion-de-tutela/

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Fotografía tomada por ciudadano anónimo. 8 de Noviembre, 2022.

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En el municipio de El Banco, Magdalena, Colombia debido a las fuertes lluvias presentadas recientemente en todo el territorio nacional, han ocurrido inundaciones en su zona comercial por el desbordamiento del río Magdalena, el cual rodea el municipio. Esto ha ocasionado el cierre de la mayoría de los locales y comercios aledaños a la zona afectada dado que el agua ha alcanzado el metro de altura obligando a los habitantes a transportarse en canoas.

Esta emergencia ha traído consigo también afectaciones en viviendas, cultivos y se empiezan a registrar infecciones y enfermedades arraigadas a este fenómeno.

Los damnificados piden encarecidamente a la alcaldía una solución en tanto a reubicación se refiere. Así mismo, los comerciantes independientes expresan verse profundamente afectados económicamente ya que vienen de cerrar sus comercios por la pandemia, la subida de precios consecuencia de la inflación y ahora se encuentran padeciendo un éxodo por las inundaciones y el cierre de sus negocios.

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Dada la situación del municipio procede una acción popular dado que, aunque hay vulneraciones individuales a derechos fundamentales, las inundaciones terminan afectando de manera generalizada los derechos de interés colectivo mencionados en la Ley 472 de 1998 articulo 88, según esta, son todos aquellos derechos que están “relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella".
En primera medida se ve afectado el derecho a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 79 de la constitución política en la medida en la que estos estancamientos de agua generan un espacio propicio para la propagación de bacterias e insectos transmisores de enfermedades. Además, estas inundaciones pueden desestabilizar el equilibrio ecosistémico y perjudicar el correcto desarrollo de la flora y fauna del área afectada. En segundo lugar, el articulo 82 de la constitución también menciona que el Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio público y velar por la destinación de su uso común. Esta se ve afectada dado que el agua contribuye al deterioro de la infraestructura tanto de las viviendas como del espacio público y limita que todas las personas puedan aprovechar libremente de estos espacios dado que el acceso a ellos se ve limitado de manera generalizada por las afectaciones a la libre locomoción.

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En primer lugar, se contextualiza el caso con los hechos detallados en los puntos anteriores para poder dar a conocer la situación tal y como sucedió.
En segundo lugar, se describen los derechos vulnerados en el caso, tales como el derecho a la libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación. Lo anterior, se realiza atendiendo a los artículos específicos de la Constitución Política de Colombia que protegen tales derechos fundamentales. Así mismo, se identifican en que otros principios o características inciden tales derechos en el ejercicio de la dignidad humana.
En tercer lugar, se explica la relación entre los derechos vulnerados y el caso, atendiendo específicamente a los medios en que cada derecho se ve afectado y no permite un ejercicio de la vida digna del individuo.
Finalmente, se genera una petición frente a lo expuesto anteriormente y que el caso se pueda atender de manera oportuna.

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Dado el principio de informalidad (art. 14 decreto 2591/91), que pretende poner la tutela al alcance de todo ciudadano, este mecanismo no tiene un formato preestablecido y no necesita ningún tipo de intermediarios.
I. Primero, se explican los hechos preliminares:  la señora trabajó las semanas necesarias, lo que puede demostrar con desprendibles de pago y aportes, pero que al momento de reclamar su pensión de vejez, le dijeron que no había pruebas laborales de su tiempo, y que por tanto, debía conformarse con una indemnización ponderadamente menor y no mensual.
II. Segundo, se establecen los derechos fundamentales vulnerados y sus implicaciones en la vida de la afectada: violación del derecho fundamental (seguridad social), y cómo la obtención de un ingreso inferior y no mensual significaría un detrimento para el bienestar de la afectada y de sus padres (quienes dependen económicamente de ella).
III. Aclaración-Se debe mencionar siempre a los implicados: COLPENSIONES, COLEGIO LA PRESENTACION LUNA PARK, Y el nombre de la afectada al igual que las acciones que tomó previamente intentando acceder a su derecho pensional.
IV. Se establece lo que se está pidiendo: se solicita la protección del derecho vulnerado, expresado en una pensión mensual que corresponda con los aportes que la persona hizo durante su vida laboral

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LEO - Lectura, Escritura y Oralidad en español

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Recurso elaborado por Camila Jaramillo Salazar
Este recurso, diseñado para abogados y otras profesiones, es una guía para la redacción de una acción de tutela. Las dos secciones de esta guía ( Preguntas previas y Sobre el contenido de la acción de tutela) buscan resolver dudas frecuentes y brindar ayudas prácticas para redactar este documento jurídico.

Tabla de contenido

1. Preguntas previas

1.1 ¿Qué es una acción de tutela?

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resultan vulnerados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de particulares en casos específicos.

1.2 ¿Cuándo procede la acción de tutela?

La tutela procede cuando resultan vulnerados o amenazados los derechos fundamentales. Si estos no están explícitamente en la Constitución, se invocan aduciendo conexidad con los derechos fundamentales (art. 2, Decreto 2591 de 1991). Es decir, son derechos que, aunque no están en el texto constitucional, pueden tener esta calificación si están relacionados íntimamente con los derechos fundamentales. Por ejemplo, la tutela procede cuando se invoca un derecho colectivo, como gozar de un ambiente sano, siempre y cuando se esté amenazando o violando un derecho fundamental, como la salud o la vida.

Debe tenerse en cuenta que la tutela procede cuando no hay ningún otro mecanismo idóneo o eficaz para proteger ese derecho. Sin embargo, puede utilizarse como medio transitorio para prevenir un perjuicio irremediable, así existan otros medios de protección para la protección de los derechos de las personas (inc. 1, art. 6, Decreto 2591 de 1991).

En el caso de los particulares, la tutela procede cuando estos presten un servicio público o cumplan funciones públicas, o cuando la persona afectada se encuentre en situación de indefensión o subordinación respecto al particular contra quien se interpone la tutela (art. 42, Decreto 2591 de 1991).

1.3 ¿Cuándo no procede la acción de tutela?

Puede ocurrir que al momento de interponerse la acción, el juez de tutela responda que es improcedente. Los motivos pueden ser los siguientes según el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991:

1.4 ¿Qué información debe contener la acción de tutela?

Dentro de los principios que rigen la tutela se encuentra el principio de informalidad (art. 14, Decreto 2591 de 1991), dado que este mecanismo está pensado para que cualquier persona pueda ejercerlo. Por esto no hay un formato de solicitud, ni es necesario un intermediario; de ahí que, en ciertos casos, la acción pueda ser ejercida verbalmente.

La norma indica que la solicitud debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

1.5 ¿A nombre de quién se interpone la acción de tutela?

La tutela, en principio, se hace a nombre propio, pero un apoderado puede actuar cuando sea autorizado por el afectado por medio de poder judicial. La norma también contempla la posibilidad de que la acción sea promovida por un agente oficioso (art. 10, Decreto 2501/91). La agencia oficiosa, según la jurisprudencia constitucional, procede cuando una persona, sin ser apoderado judicial ni ser el titular de los derechos amenazados o vulnerados, reclama el amparo a nombre del individuo que está ausente o impedido de hacerlo directamente. En estos casos debe manifestarse por qué la acción es promovida por un agente oficioso: por ejemplo, si la persona no tiene la capacidad física.

1.6 ¿Ante quién se interpone la acción de tutela?

El artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 establece que las reglas de reparto de tutela son:

2. Sobre el contenido de la acción de tutela

La estructura propuesta para la acción de tutela, a modo de sugerencia, es la siguiente:

2.1 ¿Cómo saber cuáles son los hechos relevantes para indicar en la acción de tutela?

Al momento de relatar lo ocurrido usted debe ser claro y estratégico porque el juez quiere saber de la manera más simple y completa cuál es la situación. Al juez, por ejemplo, no le interesa conocer eventos que no se relacionan con el caso o que no afectan los derechos que están siendo amenazados o afectados.

Lo recomendable es que usted escriba una lista cronológica sobre la situación. Aunque usted podría escribir un párrafo con los hechos, hacer una lista ayuda a que el juez comprenda de manera más fácil qué fue lo que ocurrió. De esta manera, usted tratará solo aquello que se relaciona al caso y cada punto se referirá a un hecho/tema específico.

Un colegio expulsó a uno de sus estudiantes porque no atendió a la misa que se ofreció por el aniversario de la institución.

En vez de escribir un párrafo: El miércoles 23 de noviembre de 2018 llegué al colegio San Bartolomé del Líbano, Tolima y me dijo mi novia Juana que ella había hablado con la profesora María porque había perdido un examen entonces yo la acompañé y ahí nos dijeron que teníamos que ir a misa. Yo dije que no iba a ir porque no creo en Dios y la profesora Sandra que es la mamá de uno de mis mejores amigos con los que juego fútbol me dijo que tenía que ir porque el manual del colegio lo dice así. Entonces yo le dije que no. Y me encerré en el baño y Juana me gritaba para que saliera. Hasta que la rectora Sor Inés me dijo que no podía volver al colegio porque había incumplido una de las normas del colegio y que ella tenía el derecho de expulsar a quien quisiera porque ella mandaba.

Es más útil escribir una enumeración de hechos:

1. Yo, Juan Correa, soy estudiante del colegio San Bartolomé del Líbano, Tolima desde el 2002 y estoy en grado noveno.

2. El día miércoles 23 de noviembre de 2018 la profesora Sandra Pérez me comunicó que era obligatorio ir a la misa que se haría en el colegio por el aniversario de este. Cuando sostuvimos esa conversación se encontraba también la estudiante Juana Acuña.

3. Yo le respondí que no iba a ir a la misa porque no creía en Dios y era mi derecho no asistir a eventos religiosos. Decidí encerrarme en uno de los baños para no ser obligado a ir.

4. Sor Inés Velásquez, la rectora, me comunicó verbalmente que estaba expulsado por haber incumplido el reglamento del colegio. Dijo además que al ser el colegio San Bartolomé una institución privada, ella como rectora tenía el derecho de expulsar a cualquier estudiante.

En este caso cada punto trata un hecho que solo contiene información relevante.

2.2 ¿Cómo saber cuáles son los derechos que están siendo amenazados o vulnerados?

De acuerdo con lo dicho en la sección anterior, se debe tener en cuenta que la acción de tutela no solo procede cuando exista una vulneración de los derechos fundamentales, sino también cuando estos se vean amenazados por la omisión o acción de un agente particular o público. De la misma manera, la tutela procede no solo por la presunta vulneración de los derechos enunciados en la Constitución sino también cuando la violación de otros derechos generen, por conexidad, la violación de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. Por estas razones, es posible que la tutela proceda por más de un derecho amenazado o vulnerado.

Dentro de la lista de derechos fundamentales están: el derecho a la vida, el derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, el derecho de petición, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, entre otros. A partir de la jurisprudencia, otros derechos han sido considerados de carácter fundamental como el derecho a la muerte digna y el derecho a la salud (Sentencia T-016 de 2007). Se debe tener en cuenta que una misma acción puede vulnerar y amenazar dos o más derechos.

Si una persona interpone un derecho de petición para acceder al derecho a la muerte digna y la entidad no responde, esa omisión estaría vulnerando el derecho a la petición y amenazando el derecho a la vida digna.

2.3 ¿Cuáles son las peticiones?

En una acción de tutela usted debe pedirle algo al juez. Por lo general es más de una petición y cuando la escriba debe estar relacionada con los derechos vulnerados y los hechos relatados.

Siguiendo con el ejemplo anterior, Juan podría escribir la siguiente petición:

Tutelar los derechos a la libertad de culto, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.

Ordenar a la institución educativa San Bartolomé que me reintegre como estudiante.

También podría agregar:

Ordenar a la institución educativa San Bartolomé la modificación del reglamento para que los estudiantes sin religión sean respetados.

Instar a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima a vigilar el reglamento de la institución educativa San Bartolomé.

Lo importante es que las peticiones se dirijan al sujeto indicado para restablecer el derecho y que sean viables.

En caso de que una EPS le niegue ejercer su derecho a la muerte digna, una de las peticiones podría estar dirigida a acceder a la eutanasia activa.

"Solicitarle al doctor Juan Pérez que me aplique la eutanasia" es una petición que no funciona porque es la EPS la responsable de garantizar el ejercicio del derecho y no el médico. Lo correcto sería escribir: "Solicitarle a la EPS SaludColombia garantizar mi derecho a la muerte digna por medio de la eutanasia activa".

Debe tener en cuenta cuáles son los alcances de los jueces. En este sentido, solicitarle a un juez que condene por un delito o que le reconozca un dinero no es una petición viable.

2.4 ¿Cuáles son los fundamentos de derecho?

Dado que uno de los principios de la acción de tutela es la informalidad, en principio no es necesario que usted conozca las normas y los desarrollos jurisprudenciales. Sin embargo, si usted es el abogado de una persona, lo mínimo es que usted produzca un análisis jurídico en el cual le explique al juez por qué la situación amenaza o viola un derecho fundamental. En este análisis puede incluir precedentes judiciales y otras normas del ordenamiento que puedan sustentar su petición.

Para aquellas personas que no tienen la posibilidad de contratar una ayuda jurídica, es recomendable que revisen la definición del derecho que está siendo amenazado o violado y argumenten cómo ese derecho está siendo vulnerado.

Es fundamental que esta presentación jurídica tenga un orden o esté organizada de manera coherente. Usted decidirá si la argumentación la divide por hechos, por derechos o por normas. La organización que se sugiere es:

1. Presentar el derecho fundamental presuntamente vulnerado

2. Presentar las normas frente a este derecho, si existen

3. Presentar la jurisprudencia constitucional relevante por medio de la cual se justifica que el juez de tutela siga el precedente

2.5 ¿Cuáles son las pruebas?

Cuando usted considere que hay material que aporte a la acción de tutela, agréguelo. Estos documentos no son obligatorios pero sí son necesarios para que el juez de tutela pueda decidir con mayores elementos de juicio.

Valentina interpuso un derecho de petición y no recibió una respuesta por parte de la entidad. Lo ideal es que Valentina adjunte el documento de la petición a la acción de tutela para demostrar que sí lo recibieron en la fecha que ella alega.

3. Referencias

Constitución Política de Colombia de 1991

Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política

Decreto 1382 de 2001 por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela

Sentencias T-225 de 1993; T-225 de 2003; T-576 de 2011 (perjuicio irremediable)

Sentencias T-044 de 1996, T-588 de 1996, SU 707 de 1996, T-315 de 2000, T-898 de 2003; T-094 de 2013 (agencia oficiosa)

Sentencias T-096 de 2006; SU-540 de 2007 (improcedencia de la acción por hecho superado)

Sentencias T-449 de 2008; T-170 de 2009; T-612 de 2009 (improcedencia de la acción por daño consumado)

Sentencias T-066 de 2002; T-013 de 2007; T-130 de 2014 (improcedencia de la acción por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales)

Sentencias T-623 de 2007; T-655 de 2011; T-419 de 2013 (acción de tutela contra particulares que prestan un servicio público)

Sentencias T-025 de 1994; T-028 de 1994; T-357 de 1995 (acción de tutela contra particulares cuando si actuación afecta gravemente el interés colectivo)

Sentencia T-909 de 2011 (acción de tutela contra particulares cuando la persona que solicita el amparo se encuentra en estado se subordinación o indefensión)

Sentencia T-491 de 1992; T-571 de 1992 (derechos fundamentales por conexidad)

Sentencias T-395 de 1998; T-1081 de 2001; T-016 de 2007 (derecho a la salud como derecho fundamental)

Sentencias SU-442 de 1997; C-215 de 1999; C-377 de 2002 (conexidad entre derechos colectivos y derechos fundamentales)

Este recurso pedagógico le pertenece a la Universidad de los Andes y está protegido por derechos de autor. Así mismo, el recurso se encuentra amparado bajo la licencia de Atribución - No comercial - Sin derivar de Creative Commons.

Bajo los términos de esta licencia, se permite descargar este recurso y compartirlo con otras personas, siempre y cuando se reconozca su autoría. No obstante, la licencia impide modificar este material y prohíbe utilizarlo con fines comerciales. Para reconocer la autoría de este recurso le recomendamos citarlo y referenciarlo según las normas del formato que rija su disciplina o su publicación.

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01. ¿Cómo escribir una acción de tutela? - LEO

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Recurso elaborado por Camila Jaramillo Salazar Este recurso, diseñado para abogados y otras profesiones, es una guía para la redacción de una acción de tutela. Las dos secciones de esta guía ( Preguntas previas y Sobre el contenido de la acción de tutela) buscan resolver dudas frecuentes y brindar ayudas prácticas para redactar este documento jurídico.

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https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/video-nina-no-la-dejaron-entrar-su-colegio-por-no-llevar-tenis-blancos

https://www.personeriabogota.gov.co/promocion-de-derechos/orientacion-de-tutela

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf

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El presente trabajo tiene la finalidad de exponer las razones bajo las cuales consideramos que la presente situación que se viene desarrollando en el municipio del Banco, Magdalena, Ciudad imperio de la cumbia, representa una vulneración fehaciente a los derechos colectivos de la comunidad. En primer lugar, expondremos los hechos que se vienen presentando en la comunidad durante el último mes. En segundo lugar, daremos a conocer cuál es la medida que consideramos necesaria para propender la protección inmediata de sus derechos constitucionales, en la medida en la que se están viendo amenazados y vulnerados por la omisión de las autoridades públicas competentes. En tercer lugar, expondremos de manera específica los derechos que se ven vulnerados y su conexión con los hechos. Finalmente, haremos las exigencias para que el Estado tome las medidas necesarias para que se restablezcan los derechos colectivos de la comunidad, tales como el mantenimiento del acueducto y alcantarillado para que pueda haber una correcta deposición de las aguas y así se propenda la norepetición de esos hecho. Por su parte, tambien se considera necesario la reubicación de las personas afectadas y la implementación de puestos de salud para tratar a las personas que ya han sido afectadas por las enfermedads.

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https://www.semana.com/nacion/articulo/en-medio-del-agua-asi-viven-los-habitantes-de-el-banco-magdalena-tras-el-desbordamiento-del-rio-se-estan-movilizando-en-canoas-y-motos-acuaticas/202224/

-Joven anónimo, habitante del municipio.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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El desbordamiento del río Magdalena tiene en aprietos a los habitantes del municipio de El Banco. El agua se metió a las calles y ha obligado a la comunidad a transportarse en motos acuáticas y canoas.

Hay lugares de esta localidad en los que el agua alcanza hasta un metro de altura, lo que hace casi imposible la movilización a pie. Diferentes videos e imágenes difundidas en redes sociales han puesto evidencia esta difícil situación.

Tengo unos amigos que ayer llegaron a El Banco haciendo travesía por el Magdalena y pudieron entrar en los Jetskíes por las calles del municipio.😢😢 pic.twitter.com/QHwoXBe7uj
- DoñaPily (@dona_pily2) November 5, 2022

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó este viernes -4 de noviembre- que se encuentra realizando una visita técnica en este municipio para evaluar las afectaciones en viviendas y cultivos con el objetivo de concretar las ayudas para la población. La entidad estima que los corregimientos Matecaña y El Cerrito son los más golpeados por las inundaciones.

Entre tanto, los habitantes de El Banco demandan acciones urgentes en medio de ola invernal que azota a varias regiones del país, pues literalmente están viviendo bajo el agua.

En respuesta a las demandas de la población, la alcaldía de El Banco instaló un Puesto de Mando Unificado para atender y censar a los damnificados con el ánimo de reubicarlos de manera temporal en albergues dispuestos en las instituciones educativas del municipio.

El puesto de mando unificado, conformado por funcionarios de la alcaldía, los organismos de socorro, la Personería municipal y la fuerza pública, está ubicado, durante el día, en la alcaldía de El Banco, y en la noche, en las instalaciones del cuerpo de Bomberos.

Las fuertes lluvias que se registraron este jueves 3 de noviembre en Barranquilla, volvieron a poner de manifiesto las críticas hacia las obras de canalización que se están ejecutando para solucionar las crecientes súbitas de arroyos.

Por medio de un video en su cuenta de Twitter, el exalcalde de la ciudad, Bernardo Hoyos, hizo un llamado al actual mandatario, Jaime Pumarejo, a tomar las acciones pertinentes para resolver la problemática.

Hoyos es propietario de un establecimiento ubicado en el sur de Barranquilla. Tras el fuerte aguacero, las instalaciones del lugar quedaron inundadas. Una escena que, según él, nunca había ocurrido.

"Por primera vez en la historia de Barranquilla acontece esto. No venga con el cuento de que las lluvias fueron muy fuertes. Nunca se había inundado esto, nunca", dijo Bernardo Hoyos, mientras aparece en el metraje con el agua por encima de los tobillos, revelando las consecuencias de las precipitaciones.

Para el exmandatario, los trabajos de dragados que se están adelantando en algunos sectores de la ciudad, al parecer, tienen incidencia en la emergencia que se presentó.

"Yo creo que hay pensar claramente, a ver ¿qué está haciendo la Alcaldía?, ¿qué está haciendo Jaime Pumarejo?, ¿dónde están los $29 billones que se han gastado?", cuestionó Hoyos.

"Solucione este problema primero antes de pensar en la Fórmula 1, antes de pensar en tantas pendejadas. Piensen en la gente pobre", puntualizó.

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En medio del agua: así viven los habitantes de El Banco, Magdalena, tras el desbordamiento del río; se están movilizando en canoas y motos acuáticas

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El desbordamiento del río Magdalena tiene en aprietos a los habitantes del municipio de El Banco. El agua se metió a las calles y ha obligado a la comunidad a transportarse en motos acuáticas y canoas. Hay lugares de esta localidad en los que el agua alcanza hasta un metro de altura, lo que hace casi imposible la movilización a pie.

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Diego Navarro Pérez - 202211203
Santiago Villegas - 202211995
Daniel Felipe Botía - 202210568
Angie Ruiz García - 202211511
María Camila Ramírez - 202211956
Brayan Flórez - 202212347

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Corte Constitucional. (2014). Sentencia T-690/14: Derecho a la seguridad social. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-690-14.htm

Jaramillo, C. (s.f). ¿Cómo escribir una acción de tutela?: LEO. https://leo.uniandes.edu.co/como-escribir-una-accion-de-tutela/

Personería de Bogotá. (s.f). Orientación de tutela. https://www.personeriabogota.gov.co/promocion-de-derechos/orientacion-de-tutela

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En un principio se dará explicación de los hechos sucedidos, a continuación se expondrán las causas legales para actuar de dicha manera, seguidamente se expresarán las razones y la acción pública que consideramos oportuna dadas las circunstancias, dando además a conocer los derechos vulnerados y la hoja de ruta con una o no conciliación, y en último lugar se concluirá el porqué es óptima la acción.

El pasado viernes 28 de octubre, el magnate Elon Musk tras comprar Twitter y hacerse dueño y director ejecutivo de este, tomó la decisión de despedir a un conjunto aproximado de 3000 empleados, quienes representaban casi un 50% de la compañía. La manera en la que se informó el despido masivo fue mediante un correo, en el cual le comunicaban a los empleados afectados, de manera repentina y sin previo aviso, el bloqueo al acceso de las diversas plataformas de la compañía, en un estimado de una semana. La razón, según un tweet del ahora dueño de la compañía, un déficit evaluado en cerca de 4 millones de dólares en pérdidas diarias. Como consecuencia del despido masivo se perdieron diferentes “rankings” que la compañía poseía, por lo cual Elon Musk intenta reanudar el contrato de muchos de los trabajadores afectados pasadas dos semanas.

Este es un acto ilícito según las leyes colombianas, ya que para realizar un despido colectivo la empresa debe estar ante alguna circunstancia operativa o económica que le haga imposible mantener contratados a todos sus empleados. En este caso no es así, pese a la pérdida de grandes sumas de dinero, era innecesario despedir a cerca del 50% de los empleados de la compañía. Además, es necesaria la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el despido colectivo con justa causa.

Consideramos que la acción de grupo es la acción pública adecuada debido a que se violaron derechos colectivos no fundamentales. Esta acción es definida en el capítulo dos de la Constitución Política, en el artículo dos determinan las acciones populares como un medio para evitar la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando es posible. Dada esta definición estimamos que es la acción que se debe tomar dado el número de personas, la manera en la que son afectadas por la misma causa y la necesidad de ser remuneradas económicamente.

En consecuencia, los derechos que identificamos que fueron vulnerados son el derecho al trabajo, dictado en el artículo 25 de la Constitución Política, el cual goza en todas sus modalidades de especial protección, y el derecho al debido proceso administrativo, dictado por el artículo 29, debido a que no se informó con antelación del despido, acción que es penada legalmente. Como se mencionó en el párrafo anterior, la acción busca una conciliación económica, cuyo monto estimado se impone de acuerdo a los perjuicios causados, en este caso a los trabajadores despedidos. De no llegarse a un acuerdo de pago de los perjuicios, el juez deberá valorar las pruebas presentadas para dimensionar el daño que generó, en este caso, el despido masivo de trabajadores, para decidir de qué forma y por qué monto deben ser indemnizadas las personas que promovieron la acción.

A manera de conclusión y tomando en cuenta las características de esta acción pública, determinamos que esta es actuación óptima por parte de los damnificados tomando en cuenta la situación, los derechos violentados y el tipo de solución requerida, no se procede con una acción popular debido a que no se resuelve monetariamente sino con otras acciones dado el peligro o vulneración y aunque se puede imponer una tutela de forma individual por cada persona perjudicada, consideramos que la acción de grupo tiene un mayor peso legal al no ser un caso aparte sino estar involucradas un gran número de personas, aun así la tutela de parte de un colectivo también puede ser efectiva.

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Jennifer Camila Sánchez - 202212935
Nicolas Delvasto - 202220648
David Laverde - 202225363
Luis Felipe Mesa - 202112113

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https://www.euronews.com/next/2022/11/04/twitter-temporarily-closes-offices-as-elon-musk-begins-mass-layoffs

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0219.pdf

https://www.gerencie.com/despidos-colectivos.html

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/como-se-debe-presentar-una-accion-de-grupo.aspx

http://www.oas.org/juridico/spanish/col_res16.htm#:~:text=Las%20acciones%20populares%20se%20ejercen,estado%20anterior%20cuando%20fuere%20posible.

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Santiago Ibañez 202222303

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Durante la recesión Colombiana de los 2000, y en Gobierno de Álvaro Uribe, se disminuyen los recursos de las transferencias a los municipios y se les aumentó las obligaciones a cumplir, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla exige respuesta por los acueductos del municipio. Terminado su periodo paso actos legislativos modificando ilegalmente la constitución, para luego fundar una empresa y con la misma hizo créditos para que los municipios pudieran suplir las obligaciones que él creo durante su periodo de Ministro.

Durante el cambio constitucional, Carrasquilla permite que los préstamos se puedan pignorar, todo con la intención de que el dinero que entraba por las transferencias a los municipios pudiera usarse para pagar la deuda del préstamo, estos bonos se tomaron como préstamo para el estado, quiere decir que lo pagaban los colombianos con sus impuestos esencialmente, el problema de estos bonos es que caen 100% en firma de Carrasquilla quien monopolizo la situación con la modificación de constitución.

Se emiten bonos por Estados Unidos, los traslada a Panamá y por último los distribuye a los municipios con la opción de pignorar,con intereses del 13-15% durante la duración completa del préstamo, además del IPC de 5.90% y con fecha límite de pago inamovible para las cuotas, aquellos municipios pobres como Barranco Loba, Palmar de Valera, Susacón, Valledupar, etc.. no eran capaz de pagar dichos créditos de ninguna manera, empobreciéndolos todavía más.

El problema de los bonos es que los intereses y sus fechas de pago generaron declive en las economías de los municipios, quienes no han podido pagar los intereses hoy en día impidiéndoles tener acceso a un acueducto y agua potable.

Derechos vulnerados: El derecho al equilibrio económico del municipio por el declive que los intereses causaron, el derecho a construir infraestractura, ya que están endeudados con los bonos.

La acción a tomar será una grupal, por parte de los 40 municipios afectados.

Anexo lista de municipios: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-09/anexo-3-40-municipios-criticos-en-bonos-del-agua.pdf

Estructura de la acción Grupal:

Capítulo I: Una explicación de cuál es el caso a pedir una acción popular

Capítulo II: Una explicación de que es el derecho de equilibrio del municipio y su derecho a construir infraestructura básica. Subsecuente de el porqué estos derechos fueron quebrantados por el caso de los bonos de agua.

Capítulo II: Un cálculo que aproxime cuál es la cantidad de dinero que perdió el municipio por: 1. No tener un acueducto, 2. Los intereses elevados, 3. Derivados del declive económico que no pudieron ser pagados por el préstamo.

Capítulo III: Con dichos cálculos pedir una indemnización que otorgue el dinero perdido o cierto porcentaje de retorno.

Capítulo IV: Una explicación de donde se verá reflejado el retorno de dinero por indemnización. (construcción del acueducto, estabilizar economía del municipio)

Fuentes:

-       A. Arellano. (2022). El caso de los bonos de agua: una gran estafa. Colombia Informa.

-       Ministerio de Vivienda. (2020). 40 municipios considerados como críticos en bonos de agua. Minvivienda.

-       O. Lucia, A. Uscátegui, Y. Gutiérrez, y A. Puentes.(2019). Los “Bonos Agua”, esquema de financiación para proyectos de inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico en las entidades territoriales. Instituciones Financieras.

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Los transportes terrestres de pasajeros están sujetos por la superintendencia de transporte a brindar por norma unos estándares de seguridad para sus usuarios, esto como unos derechos para todos ellos, por ello en caso de ser violados se puede realizar una acción popular para exigirle a las entidades que brindan estos transportes para que garanticen esos derechos a la seguridad y a poder con ello tener un viaje de calidad. El debido proceso en este caso es poner una acción popular, ya que es una situación común en el sistema de Transmilenio, en donde existe un alto nivel de inseguridad; en especial para las mujeres y este riesgo debe ser considerado por toda la ciudadanía como un problema de pronta solución. En adición, al ser una problemática tan amplia es necesaria la unión de muchas personas para poder exigir a entidades como Transmilenio sistemas de seguridad más eficaces que permitan prevenir futuras situaciones, como la que ocurrió con Hilary Castro y que, de igual manera, garanticen la seguridad de todos los usuarios de Transmilenio.

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Camila Camacho 202122056
Víctor Manuel 202123501
Lorena Valentina Garzón Pinilla 202012203
Jean Marc Carrillo Pachon 202226307
Iván Camilo Gómez Márquez 202213735
Alejandro Ortiz T. 201514503
Juan Carrasquilla 201811881

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Hechos del caso:

Arnulfo Flaminio Santander decidió estudiar en la Universidad de los Andes con apoyo de los recursos económicos de su familia y de sus ahorros de toda la vida, así como el dinero que conseguía trabajando por la noche.

Por lo anterior, Arnulfo Flaminio Santander decidió estudiar medicina cuando la matrícula valía 20 millones de pesos, pues la proyección financiera de él y su familia daba para estudiar 6 años con ese valor para poder graduarse efectivamente. Cabe señalar que una cuestión importante para tomar la decisión fue la posición institucional respecto a que el aumento de la matrícula sería del IPC +1, aumento que en momentos normales sin una crisis económica global sería totalmente razonable. De hecho el rector de la universidad, en su momento, afirmó que esta política implicaría en términos reales que la matrícula alcanzaría un techo relativo.

Ahora bien, la Universidad de los Andes no consideró que la inflación significa que un aumento del IPC + 1 dado el presente contexto representa una carga excesiva que la gran mayoría de estudiantes no pueden pagar. El aumento más excesivo -debido a la inflación- fue el tomado de manera oficial por el consejo directivo de la Universidad de los Andes en noviembre del año 2022, lo que significa que para el año 2023 el estudiante accionante deberá pagar $33.000.000 de pesos para cursar un semestre.

En virtud de lo anterior, el estudiante Arnulfo no podrá continuar sus estudios en el año 2023, pues en semestres pasado tuvo que recurrir a créditos ya que el dinero de su familia no era suficiente. Con la decisión de aumento de la matrícula del 2022, el estudiante tuvo que renunciar a su sueño de terminar su carrera en medicina. Adicionalmente, el estudiante aplicó a la beca Vamos Pa’ Lante! pero la Universidad no se la otorgó porque el estudiante no cumplía los requisitos ya que él no contaba con el promedio porque debido a la crisis económica actual, él y su familia han sufrido muchas cargas emocionales que le han impedido rendir al 100%.

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Qué tipo de acción procede en este caso ¿por qué? En el anterior caso procede la acción de tutela porque se le está vulnerando el derecho fundamental a la educación a Arnulfo Flaminio Santander, él es una persona que viene de la ruralidad y ha tenido que afrontar grandes deudas para asumir los aumentos excesivos que la Universidad de los Andes le impuso a él sin considerar que la crisis actual que se está viviendo en el país debería ser una razón para hacer un aumento equitativo -y razonable- de la matrícula, sin embargo, la Universidad ha ignorado la condición de sus estudiantes y ha demostrado sistemáticamente que su interés principal es obtener dineros con incrementos excesivos en el valor de las matrículas. Adicionalmente, la acción de tutela es la acción constitucional más pertinente porque tiene el propósito de evitar un perjuicio irremediable, es decir, que la Universidad de los Andes le imposibilite para siempre al estudiante el poder continuar sus estudios, de modo que se pretende que la Universidad tome acciones para que el accionante el próximo año pueda estudiar.

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Cómo estructuraría la acción: es decir, qué pediría.

En una acción de tutela el estudiante Arnulfo pediría que el valor de su matrícula para el 2023 no aumente conforme a la regla de IPC + 1, de manera que se mantenga el precio anterior o se establezca una regla de reducción de matrícula que sea congruente con la situación del país.

Adicionalmente, la Universidad de los Andes no sólo está violando el derecho a la educación del estudiante, sino que en conexidad está afectando su derecho al trabajo ya que él tenía la expectativa legítima de que las promesas de Alejando Gaviria significarían que él podría graduarse para poder trabajar y en algún punto de su vida recuperar la inversión de él y su familia, con el fin de mejorar su calidad de vida que ha estado marcada por las dificultades impuestas por el conflicto armado. En este orden de ideas, otra pretensión del estudiante puede consistir en que la Universidad le brinde una beca para continuar sus estudios como pretensión subsidiaria en caso que no reduzca la matrícula o cree una regla más equitativa.

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https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/suspenden-a-policias-tras-muerte-de-presunto-abusador-de-hilary-castro-716714

https://www.elcolombiano.com/colombia/presunto-abusador-de-hilary-en-transmilenio-fue-asesinado-a-golpes-HP19070968

https://www.elespectador.com/bogota/denuncian-otro-caso-de-violencia-sexual-en-transmilenio-esta-vez-dentro-de-un-bus-bogota-noticias-hoy/

https://www.semana.com/nacion/articulo/increible-en-menos-de-72-horas-van-6-casos-de-abuso-sexual-en-transmilenio/202245/

https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/146299/derechos-de-los-usuarios/#:~:text=A%20hacer%20uso%20del%20servicio,que%20en%20concordancia%20est%C3%A9n%20relacionados

https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Diciembre/TICS_27/DERECHOS_Y_DEBERES_DE_LOS_USUARIOS_DEL_SECTOR_TRANSPORTE.pdfhttps://www.supertransporte.gov.co/documentos/2019/Diciembre/TICS_27/DERECHOS_Y_DEBERES_DE_LOS_USUARIOS_DEL_SECTOR_TRANSPORTE.pdf

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Identifican los hechos de manera clara, la acción que proponen es idónea y se demuestra cómo se sustentaría. Tal vez falta explicar de manera detallada  la vulneración al derecho. Explicar que la falta de diligencia en la entrega de los medicamentos es la causa directa de la vulneración al derecho a la salud de la señora.
Nota: 4.7

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Los hechos que identifican son claros y corresponden a la acción que proponen. Efectivamente la tutela es el mecanismo idóneo para proteger los derechos de la menor, sin embargo, se debe primero pedir a la institución educativa mediante un derecho de petición información acerca del no ingreso de la menor y también solicitar la admisión. Este derecho de petición debe ser presentado antes de la tutela. Además, deben tener claro quién es el titular del derecho. En el caso sería la niña, que estaría recibiendo un trato diferente a los demás y se le estaría negando su ingreso por motivos discriminatorios.
Nota: 4.8

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Excelente identificación de los hechos y escogencia de la acción pública. Se sustenta de manera clara la acción, se referencian fuentes relevantes y se hace una buena relación entre los hechos y el derecho fundamental vulnerado.
Nota: 5

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Se identifican los hechos del caso y una vulneración a un derecho fundamental. Sin embargo antes de la acción de tutela se debe presentar un derecho de petición. Adicional a esto, la tutela no solo se puede presentar de manera escrita, también de manera oral. Falta hacer una debida argumentación de cómo la acción concreta de la institución vulnera los derechos que ustedes mencionan. Se deben referenciar las fuentes debidamente.
Nota: 4.1

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A pesar de que se hace una narración de los hechos correcta, el caso el que se enfrentan no estaría vulnerando de manera concreta el derecho a la educación. No queda claro si la expulsaron por ese hecho o simplemente fue una acción de un día. Si bien el colegio no puede negar el ingreso la vulneración del derecho no se evidencia de manera clara. La acción podría proceder pero se debe ver si efectivamente el juez puede fallar dado que podría ya haberse superado el hecho que causó dicha violación al derecho.
Nota: 3.8

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4.3 Grupo 13 (2) Tutela por aumento de Matrículas. Identifican los hechos, la acción adecuada y qué solicitarían de manera clara. Comprenden muy bien cómo se configuraría el perjuicio irremediable. No es tan claro que la tutela sea exitosa pero sustentan bien el derecho ala educación (la expectativa legítima es más compleja). Algunas afirmaciones necesitan sustento o desarrollo.