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¿Qué mecanismo de protección de derecho podría aplicar en la problemática seleccionada?

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¿Qué mecanismo de protección de derecho podría aplicar en la problemática seleccionada?

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Los mecanismos de protección de derechos se implementan judicialmente y se crean para proteger contra la pérdida, violación o amenaza potencial o real de los derechos fundamentales consagrados en la constitución política y, si es posible, para restablecer el estado de cosas anterior.

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Algunos mecanismos de protección de derechos fundamentales:

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Algunos mecanismos de protección de derechos fundamentales:

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"Los derechos humanos son para todos, sin excepción."

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"Tenemos que estar alerta y denunciar cualquier violación a nuestros derechos fundamentales, no podemos permitir que seamos vulnerados impunemente."

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"Tenemos que estar alerta y denunciar cualquier violación a nuestros derechos fundamentales, no podemos permitir que seamos vulnerados impunemente."

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"Es responsabilidad de todos velar por la protección de nuestros derechos fundamentales, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias."

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"Es responsabilidad de todos velar por la protección de nuestros derechos fundamentales, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias."

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La tutela es una acción protectora, es un mecanismo mediante el cual cualquier persona puede en cualquier momento solicitar a un juez que proteja de manera rápida y efectiva sus derechos fundamentales si son amenazados o vulnerados por una institución pública o privada.

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Es un derecho y mecanismo fundamental que todas las personas deben realizar respetuosamente solicitudes a actores públicos o de intereses especiales para informarles o resolver la situación de forma rápida y efectiva.

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Es un mecanismo mediante el cual cualquier persona puede recurrir a la autoridad legal para hacer cumplir las disposiciones existentes mediante el efecto sustantivo de acciones legislativas o administrativas.

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En derechos procesales se denomina acción pública a la acción jurídica por la cual el titular de la autoridad pública y, en general, todo ciudadano tiene derecho a eliminar acciones jurídicas para la protección de intereses comunes o descentralizados.