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Radiografía del delito en Valledupar: los barrios con más hurtos y homicidios

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Radiografía del delito en Valledupar: los barrios con más hurtos y homicidios

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En medio de un debate de seguridad, el coronel del Comando del Departamento de Policía Cesar, Eduardo Chamorro Pinzón, realizó una radiografía de la delincuencia en el municipio de Valledupar, la cual aseguró ha ido cambiando.

En cuanto a los hurtos, la zona de focalización de este delito se ubica en la comuna 5 en los barrios: La Nevada, La Esperanza, El Amparo y Garupal; en la comuna 4, Jorge Dangond, Cicerón Maestre y Los Fundadores; en la comuna 3, Primero de Mayo y San Martín; y en la comuna 2, Centro, La Garita y El Carmen.

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El Pilón | Noticias de Valledupar, El Vallenato y el Caribe Colombiano

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Las 11 ciudades que hacen parte del programa Cómo Vamos, se reunieron en Barraquilla con el fin de comparar las percepciones que tienen sus habitantes en referente al clima social que discurre en cada ciudad. En esta jornada Valledupar no salió muy bien librada y se ubicó entre los cinco primeros lugares más inseguros del país.
El modelo de análisis de la Red de Ciudades Cómo Vamos utiliza cuatro ejes conceptuales para analizar la percepción ciudadana sobre la calidad de vida; estos cuatro ejes se reflejan en más de 30 temas específicos, los cuales son evaluados desde la calificación que dan los ciudadanos a 77 variables específicas.

Gabriel Campillo, coordinador de Valledupar Cómo Vamos, fue el encargado de revelar los resultados concretos de la encuesta realizada durante el 2014 mediante entrevistas en hogares vallenatos, de diferentes estratos, donde se deja ver que los habitantes de la capital del Cesar se sienten menos seguros.
Valledupar se ubicó en el cuarto lugar, donde el 75 % de habitantes se sienten inseguros, quedando por debajo de ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena. Este es uno de los indicadores más sensibles que describen el clima social de una ciudad; y en la capital del Cesar este ha tenido un deterioro significativo durante los últimos años, de acuerdo a los resultados de la encuesta de percepción ciudadana, donde los ciudadanos aseguran que se sienten inseguros tanto en sus barrios como fuera de ellos, y esta cifra ha aumentado considerablemente de un año a otro.

De esta manera, la percepción de seguridad se convirtió, de acuerdo con los resultados de la encuesta, en todo un desafío para las autoridades. Durante el 2014 los resultados dejan ver que el 80 % de las personas han sido víctimas de los delincuentes, y que no denuncian lo sucedido, porque no confían en las autoridades, además que temen que los malhechores tomen represarías en su contra. Esto hace que los índices de inseguridad se incrementen, pero disminuya el número de denuncias, razón por la cual los entes oficiales presentan informes que demuestran la reducción de los actos delictivos, aunque la comunidad opine lo contrario; pero ellos se basan principalmente en las denuncias puestas por las víctimas.

"Queríamos comparar esas percepciones porque muy pocos mandatarios consideran que las mediciones de estas estas encuestas no tienen ninguna importancia, cuando deberían ser un instrumento para dar un viraje a las metas de su gobierno y que les sirvan de apoyo para mejorar sus estrategias", expresó el Coordinador de Valledupar Cómo Vamos.
De esta manera, Campillo explicó que en materia de seguridad, Valledupar se 'rajó' y las personas consideran que la ciudad va por mal camino, considerando que la principal causa de inseguridad en la ciudad se da por los atracos, raponazos y robos de celulares; seguido de robo a residencias, lesiones personales, robo de vehículos, amenazas, extorsión, entre otras.
Por su parte, el alcalde Freddys Socarrás dijo que el 2014, fue un año donde la percepción de seguridad desmejoró por la serie de atracos callejeros y por la falta de control de la movilidad que afectó mucho.
"Realmente a pesar que observamos la segunda tasa más baja de homicidios de la costa, el tema de la percepción ciudadana estuvo provocada por el hurto callejero y esto provocaba mayor inseguridad", acotó el Mandatario.

Sin embargo, expresó que desde el mes de enero cuando se inició a combatir el mototaxismo, las cifras en este tema han mejorado notablemente y comienza la ciudad a recuperar esa mejoría en la percepción ciudadana, "la cual hemos evaluado con la Policía. En los últimos meses ha bajado el hurto en residencias, comercio y personas, cifras relacionadas al tema del mototaxismo, pues con este fenómeno de ilegalidad se permeaba con la ola de inseguridad", indicó Socarrás Reales.

Andreina Bandera / EL PILÓN
[email protected]

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Valledupar entre las ciudades más inseguras

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La Red de Ciudades Cómo Vamos se reunió en Barranquilla para desglosar la encuesta de percepción ciudadana que refleja la calidad de vida de las ciudades del país, donde se pudo ver una radiografía del vivir diario de sus habitantes.

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ALQUILABAN ARMAS DE FUEGO A LOS DELINCUENTES PARA COMETER HURTOS EN VALLEDUPAR

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La capiatl del Cesar registra el 69.5 entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país.

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Valledupar es la ciudad con mayor tasa de informalidad laboral: registra el 69.5 entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país.

Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a través de su reciente boletín técnico de ocupación informal en Colombia.

El análisis de estas cifras corresponde al periodo del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2022.

Le siguen en este orden, Riohacha (68,3 por ciento) y Sincelejo (67,1 por ciento), mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá D.C. (36,3 por ciento), Manizales A.M. (36,7 por ciento) y Tunja (38,8 por ciento).

El censo reveló una alta tasa de informalidad laboral en Pereira.

Las víctimas del conflicto armado en el Cesar superan las 430 mil, de las cuales 140 mil están registradas y deambulan entre Valledupar. Ellos subsisten de la economía del rebusque

La entidad indicó que a nivel nacional la proporción de ocupados informales fue 58,2 por ciento, lo que significó una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (59,1 por ciento).

José Luis Urón Márquez, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, aseguró que la situación de informalidad es crítica en todo el departamento, ya que los mandatarios locales no tienen la capacidad de controlar lo que sucede en las calles.

"Para controlar la informalidad hay que ejercer la autoridad. No permitir la ocupación del espacio público y de acompañar a quienes tomaron la decisión de realizar actividades comerciales desde la legalidad", recalcó el directivo.

Desde el Observatorio Socioeconómico de la entidad, se determinaron varios factores en el incremento de este fenómeno: cultura de la ilegalidad arrastrada desde el Magdalena Medio, víctimas del conflicto armado, contrabando, flujo migratorio, entre otros.

"Las víctimas del conflicto armado en el Cesar superan las 430 mil, de las cuales 140 mil están registradas y deambulan entre Valledupar. Ellos, al igual que muchos migrantes, subsisten a través de la economía del rebusque", recalcó Urón Márquez.

En este mismo contexto precisó que la actividad ilícita del contrabando de lavado de activos de economía subterránea hace competencia desleal a quienes ejercen actividades mercantiles legales.

Para hacer frente a la situación propone una alianza conjunta entre varias entidades como el Sena, Dian, Policía, Universidades, alcaldías, gobernación del Cesar, donde se fortalezcan acciones, controles, políticas y campañas direccionadas con el enfoque de la formalidad.

Personaliza, descubre e informate.

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Valledupar finalizó 2022 con la mayor tasa de informalidad laboral del país

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La capiatl del Cesar registra el 69.5 entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país.

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Con la participación integral de sus especialidades, la Policía lanzó en Valledupar el ‘Plan de Seguridad todos contra el hurto y el homicidio’, a fin de combatir la delincuencia y bajar el índice de homicidios en esta capital.

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Cuando termina la primera etapa de construcción del Plan de Desarrollo Municipal, el gobierno de Ernesto Orozco Durán encontró una satisfactoria noticia en materia de empleo, de acuerdo a la tasa de desocupación revelada este miércoles por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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La informalidad y el desempleo en Valledupar - By Universidad Área Andina

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Historias dolorosas que tiene como víctimas a mujeres entre los 23 y 70 años de edad.

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Historias dolorosas que tiene como víctimas a mujeres entre los 23 y 70 años de edad.

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En Cesar van 13 mujeres asesinadas este año, cinco de ellas en Valledupar

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Historias dolorosas que tiene como víctimas a mujeres entre los 23 y 70 años de edad.

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Actúa: 10 maneras para contribuir a erradicar la violencia de genero.

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Actúa: 10 maneras para contribuir a erradicar la violencia de genero.

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Durante la campaña anual de los 16 Días de activismo contra la violencia de género, ONU Mujeres se une a sobrevivientes, activistas, Gobiernos, representantes de la sociedad civil, y del sistema de las Naciones Unidas para destacar la necesidad de financiación, servicios esenciales, prevención y datos que propicien respuestas mejor fundamentadas.

Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto de todas y todos.

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En 2020, la COVID-19 ha trastocado nuestras vidas en casi todos los sentidos y en todas partes. Los países han impuesto confinamientos y restringido la circulación de personas para contener la propagación del virus. A medida que se cerraban las puertas y se iniciaba el aislamiento, comenzaron a aumentar las denuncias de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia en el ámbito privado.

La pandemia de la violencia contra las mujeres no es nueva. Incluso antes de la aparición de la pandemia de COVID-19, en todo el mundo 243 millones de mujeres y niñas habían sido maltratadas por sus compañeros sentimentales en el último año. La pandemia de la COVID-19 ha intensificado la violencia, que se ha visto agravada por una reducción de los servicios de apoyo y del acceso a la ayuda.

En este momento en que conmemoramos la campaña anual de los 16 Días de activismo contra la violencia de género (25 de noviembre - 10 de diciembre), ONU Mujeres se une a sobrevivientes, activistas, responsables de la toma de decisiones, el sistema de las Naciones Unidas y personas de todo tipo para destacar la necesidad de financiación, servicios esenciales, prevención y datos que propicien respuestas mejor fundamentadas.
Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto de todas y todos.
He aquí diez maneras en que puedes lograr el cambio de forma segura y efectiva.

1. Escucha y cree a las sobrevivientes

Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Debemos garantizarle el espacio seguro que necesita para hablar y ser escuchada.

Conviene recordar que al tratar casos de violencia sexual, la sobriedad, la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes. El autor es el único responsable de la agresión y debe asumir la responsabilidad por sí solo. Protesta contra la culpabilización de la víctima y haz frente a la idea de que las mujeres deben evitar situaciones que se perciban como "peligrosas" según los estándares tradicionales.

Las sobrevivientes están alzando la voz más que nunca, y todas y todos podemos hacer algo para asegurar que se les haga justicia.

No digas "¿por qué no te fuiste de allí?".

Di: "Te escuchamos. Te creemos. Estamos contigo".

2. Enseña a la próxima generación y aprende de ella

El ejemplo que damos a la generación más joven determina la manera en que esta piensa sobre el género, el respeto y los derechos humanos. Inicia conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana y cuestiona los rasgos y las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres. Señala los estereotipos a los que niñas y niños se enfrentan constantemente, ya sea en los medios de comunicación, en la calle o en la escuela, y hazles saber que no hay nada malo en ser diferente. Fomenta una cultura de aceptación.

Habla sobre el consentimiento, la autonomía física y la rendición de cuentas a niñas y niños, y escucha también lo que tienen que contar sobre su experiencia en el mundo. Al dotar a jóvenes activistas con información y educarlos sobre los derechos de las mujeres, podemos construir un futuro mejor para todas y todos.

3. Exige respuestas y servicios adecuados para su propósito

Los servicios para las sobrevivientes son servicios esenciales. Esto significa que para las sobrevivientes de la violencia de género debe haber refugios, líneas de atención telefónica, asesoramiento y todo el apoyo que necesiten, incluso durante la pandemia del coronavirus.

Cada año, la campaña de 16 Días de activismo pide una acción colectiva y global para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Este año, las Naciones Unidas, junto con nuestras entidades asociadas, están exigiendo cuatro medidas críticas, resumidas en nuestro tema de la campaña de 2020: FINANCIAR, RESPONDER, PREVENIR, RECOPILAR.

Únete para instar a los gobiernos a que: subsanen las brechas de financiación para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, garanticen que los servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia se mantengan durante esta crisis, apliquen medidas de prevención, e inviertan en la recopilación de los datos necesarios para adaptar y mejorar los servicios que salvan vidas de mujeres y niñas.

4. Comprende qué es el consentimiento

El consentimiento convencido dado libremente es imprescindible, en todo momento.

En lugar de oír un "no", asegúrate de oír un "sí" activo que haya sido expresado por todas las personas involucradas. Integra el consentimiento convencido en tu vida y habla de él.

Frases como "se lo estaba buscando" o "los hombres así son" intentan desdibujar los límites del consentimiento sexual, culpabilizar a las víctimas y exculpar a los agresores del delito que han cometido.

Puede que las personas que usan estas expresiones entiendan el consentimiento como una idea vaga, pero la definición es muy clara. Cuando se trata de consentimiento, no hay límites difusos.

5. Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar

Hay muchas formas de maltrato y todas ellas pueden dejar secuelas físicas y emocionales graves. Si te preocupa una amiga que pueda estar sufriendo violencia o que se siente insegura junto a alguien, revisa los siguientes indicios de maltrato y aprende las maneras de ayudarla a encontrar seguridad y apoyo.

Si crees que alguien te está maltratando, hay ayuda disponible. No estás sola. Si quieres hablar con alguien con conocimientos en el tema a través de una línea de ayuda, hemos reunido esta lista de recursos disponibles en todo el mundo.

6. Inicia una conversación

La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos que ha sido perpetuada durante décadas. Es omnipresente, pero no es inevitable, a menos que permanezcamos en silencio.

Demuestra tu solidaridad con las sobrevivientes y tu postura en la lucha por los derechos de las mujeres coloreando de naranja tu perfil de las redes sociales para los 16 Días de activismo. Aquí puedes descargar banderolas para Facebook y Twitter.

En Instagram, puedes usar el filtro facial de ONU Mujeres para mostrar qué estás haciendo para erradicar la violencia de género y etiquetar a una amiga o amigo y animar a tu comunidad a hacer lo mismo.

Utiliza las etiquetas #orangetheworld, #16Days y #GenerationEquality para iniciar tu propia conversación sobre la violencia de género, o difunde parte del contenido de nuestro paquete para redes sociales con los mensajes de muestra y gráficos en inglés, francés, español, ruso, árabe y chino disponibles aquí.

7. Demuestra tu oposición a la cultura de la violación

La cultura de la violación se da en entornos sociales que permiten que se normalice y justifique la violencia sexual, y en estos entornos se alimenta de las persistentes desigualdades de género y las actitudes sobre el género y la sexualidad. Poner nombre a la cultura de la violación es el primer paso para desterrarla.

Cada día tenemos la oportunidad de examinar nuestros comportamientos y creencias en busca de los sesgos que permiten que siga existiendo la cultura de la violación. Piensa en cómo defines la masculinidad y la feminidad, y cómo influyen tus propios prejuicios y estereotipos.

Desde nuestra actitud acerca de las identidades de género hasta las políticas que apoyamos en nuestras comunidades, todo el mundo puede tomar medidas para luchar contra la cultura de la violación.
Conoce más maneras de oponerte a la cultura de la violación>
8. Haz donaciones a organizaciones de mujeres

Haz donaciones a organizaciones locales que ayudan a las mujeres, amplifica sus voces, apoya a las sobrevivientes, y promueve la aceptación de todas las identidades de género y sexualidades.

ONU Mujeres trabaja con organizaciones de mujeres en todas partes para poner fin a la violencia contra las mujeres, ayudar a las sobrevivientes, y asegurar la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas de todo el mundo. Dona ahora en https://donate.unwomen.org/es.

9. Sé responsable y exige responsabilidades a los demás

La violencia puede adoptar muchas formas, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo y en los espacios públicos. Pronúnciate contra ciertos comportamientos señalándolos: los silbidos, los comentarios sexuales inapropiados y los chistes sexistas nunca son aceptables. Promueve un ambiente más seguro retando a tus compañeras y compañeros a reflexionar sobre su propio comportamiento y manifestándote cuando alguien se pase de la raya, o pidiendo ayuda a otras personas si sientes algún temor.

Como siempre, escucha a las sobrevivientes y asegúrate de que tengan el apoyo que necesitan.

10. Conoce los datos y pide más información

Para combatir eficazmente la violencia de género, es necesario entender bien la cuestión.

La recopilación de datos pertinentes es fundamental para aplicar con éxito medidas de prevención y proporcionar a las sobrevivientes el apoyo adecuado.

Debido a que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia de COVID-19, las brechas en la recopilación de datos sensibles al género son más evidentes que nunca. Pide a tu gobierno que invierta en la recopilación de datos sobre la violencia de género.

Descubre en https://data.unwomen.org/ de qué forma trabaja ONU Mujeres para lograr un cambio radical en cómo se usan, crean y promueven las estadísticas de género.

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Actúa: 10 maneras para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, incluso durante una pandemia

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Poner fin a la violencia contra las mujeres es asunto de todas y todos. He aquí diez maneras en que puedes lograr el cambio de forma segura y efectiva.

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Lanzan estrategia de seguridad para la reducción de delitos en el Cesar

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Lanzan estrategia de seguridad para la reducción de delitos en el Cesar

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Desde la dirección general de la Policía Nacional se hizo el lanzamiento del plan choque 360, con el que la institución busca reducir la comisión del delito y entregar resultados contundentes a la ciudadanía, en busca de mejorar la tranquilidad y percepción de seguridad.

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Lanzan estrategia de seguridad para la reducción de delitos en el Cesar

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Los planes estarán enfocados en combatir los homicidios, hurtos, tráfico de estupefacientes y extorsión.

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Mecanismos de protección de derechos que pueden mitigar hurto, informalidad y violencia de genero

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Mecanismos de protección de derechos que pueden mitigar hurto, informalidad y violencia de genero

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Combatir la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades. El estado debe implementar políticas publicas que promuevan el desarrollo económico, inclusión social y la generación de empleo. La participación ciudadana y el compromiso de las autoridades juegan un papel importante para lograr una ciudad mas segura, justa y equitativa para todos.

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(La autoridad accionada) acentuó la violencia y discriminación de las que han sido víctimas por tanto tiempo las mujeres y que amerita el llamado de atención que hace esta Corte sobre el deber imperativo de todo operador judicial de garantizar los derechos de las mujeres y no impedir con su comportamiento el avance que deseamos en la tarea de superar una barrera cultural que limita injustificadamente la condición de la mujer en la sociedad colombiana y latinoamericana que afecta todos los aspectos de su vida.
Protección constitucional/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- Ligado al respeto de la dignidad humana
Es claro que la accionante no buscaba una mera respuesta, que, de hecho, ya había recibido, sino su reivindicación como mujer ante la administración de justicia, al verse revictimizada, desatendida y menospreciada, no solo por el victimario en la denuncia penal, sino también por un funcionario público a quien se le encomendó administrarle justicia en dicha situación.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO- Deber constitucional y legal de todos los jueces de administrar justicia con enfoque de género, siempre que se encuentren frente a un caso de violencia intrafamiliar o sexual
(...), es evidente que el juez (de tutela) no constató que lo pretendido se hubiera satisfecho por completo, tanto es así, que señaló como pretensión algo que no era el fundamento de la acción. Además de lo anterior, omitió en total medida el pronunciamiento sobre los derechos invocados por la accionante, así como el deber de abordar el caso y tomar una decisión con enfoque de género, cuando de la lectura de los hechos se entendía la importancia de darlo por tratarse de un asunto de violencia de género padecido por una mujer. REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-064 DE 2023
Acción de tutela interpuesta por Lina Patricia León Galeano, en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Primera Local CAPIV de Barrancabermeja.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger -quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y Natalia Ángel Cabo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA 1. De los hechos y las pretensiones
El 9 de agosto de 2019 la accionante acudió a la Comisaría de Familia y a la Estación de Policía locales, solicitando protección para ella y su hijo, respecto del señor Sayer Franchesco Badillo López .
1.3.
Por lo anterior, el 2 de marzo de 2022 la denunciante realizó una petición a la Fiscalía Primera CAPIV de Barrancabermeja, solicitando información de manera detallada de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro de la denuncia por ella interpuesta, por el delito del que se considera víctima .

El 9 de marzo de 2022, la denunciante, en compañía de su apoderado judicial, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Primera CAPIV Seccional del Magdalena Medio, para consultar el estado de su proceso. Relató la accionante que allí fue atendida por el fiscal Germán Angarita Jiménez, encargado de dicho despacho. Agregó que, al preguntar por la demora en el avance de su caso, el fiscal respondió de manera irrespetuosa: "(...) esos hechos que usted denunció, no configuran el delito violencia intrafamiliar, esa publicación de fotos y videos de usted desnuda que hizo su pareja, eso es otro delito..." y señalando un documento, añadió: "(...) mire eso que usted denuncio, (sic) es Acceso abusivo a un sistema informático. Eso no es violencia intrafamiliar...".

Ante dicha contestación, el apoderado judicial de la denunciante repuso: "... si eso no es violencia intrafamiliar, entonces ¿qué es? Le pregunto algo, ¿no es violencia psicológica, (sic) atentar contra la dignidad de una mujer? ¿No atenta contra la dignidad de una mujer, publicar fotos y videos de ella desnuda? ¿Eso no es una forma de violencia psicológica? Hasta donde entiendo el código y la jurisprudencia señala, (sic) que la violencia psicológica constituye violencia intrafamiliar cuando se da entre personas que tienen una relación de pareja como es el caso de la Sra. Lina a quien su pareja, padre de su hijo, y con quien convivía, le publicó unas fotos y videos de esta desnuda...". Como respuesta de lo anterior, el fiscal señaló: " en estos días voy a revisar su caso, pero eso no es violencia intrafamiliar ". Finalmente, a la cuestión sobre la demora de más de 2 años en tramitar el asunto, el fiscal indicó que en pandemia no se podía hacer nada y que la denunciante nunca respondió a su celular cuando fue contactada por ese despacho.

Por lo anterior, el 9 de mayo de 2022, pasados 40 días hábiles de haber radicado el derecho de petición, sin obtener respuesta alguna, la señora Lina Patricia León Galeano solicitó la tutela de sus derechos fundamentales a la dignidad, una vida libre de violencia contra las mujeres, debido proceso, acceso a la administración de justicia, además de sus derechos como víctima a recibir un trato digno y respetuoso por parte de los funcionarios de la Fiscalía y a ser informada de las actuaciones desplegadas durante la investigación, presuntamente desconocidos por la Fiscalía Primera CAPIV de Barrancabermeja.

En consecuencia, solicitó: i) ordenar a la accionada responder de manera detallada la solicitud presentada el 2 de marzo de 2022, adicionalmente requirió ordenar al funcionario Angarita, tomar cursos sobre derecho, género y discriminación e iniciar una campaña de rechazo a la violencia de género. ii) Ordenar a la Fiscalía General y al Dr. Germán Angarita "realizar un acto simbólico de carácter público, en el que se reconozca la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad, al acceso a la administración de justicias, (sic) y a una vida libre de violencia de la suscrita, en la que le cuestiono (sic) la forma de violencia de la cual es víctima, la discriminación de su condición de mujer, la vulneración de sus derechos como victimas (sic) dentro del proceso penal, y la nula actividad investigativa por parte de la Fiscalía, para garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación. En el acto de desagravio, deberá celebrar la valentía y el carácter de la suscrita, quien acudió a la justicia para denunciar a su agresor. En honor a ella, deberá convocar a la Fiscalía General de la Nación a denunciar los hechos de violencia contra las mujeres, asegurando su respaldo y resaltando el rechazo de la entidad a cualquier tipo de maltrato respecto de la población femenina ".

Adicionalmente, la accionante, incluyó en sus pretensiones:

Ordenar a la Fiscalía General de la Nación " iniciar una campaña de rechazo institucional de las agresiones de género provenientes de funcionarios y agentes de esta entidad. La campaña deberá iniciarse, a más tardar, en los 15 días calendarios siguientes a la notificación de la providencia que resuelva la presente acción" ;

Ordenar al Fiscal German Angarita Jiménez y demás fiscalías del Magdalena Medio, "asistir y cursar los programas de formación dictados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Comisión de Género de la Rama Judicial, sobre derecho, género y discriminación";
"Instar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Comisión de Género de la Rama Judicial, para que incluya en sus programas de formación sobre perspectiva de género, al Dr. German Angarita Jiménez, adscrito a la Fiscalía Primera CAPIV de la Dirección Seccional de Fiscalías Magdalena Medio, y a los demás funcionarios adscritos a dicha seccional"
Ordenar, como medida transitoria, al denunciado en el proceso penal, " que de manera inmediata se abstenga de generar cualquier tipo de conducta que comporte violencia física, verbal, psicológica o amenaza en contra de la suscrita, en cualquier lugar donde se encuentre y por cualquier medio tecnológico. Particularmente, ORDENAR que cese cualquier tipo de comunicación directa, a través de redes sociales, correo electrónico, llamadas o mensajes de texto, así como, a través de su familia o tercera persona" ;

Ordenar a la Fiscalía General de la Nación, a través del Fiscal Angarita Jiménez que, en el término de 48 horas a partir de la notificación de la providencia que resuelva la presente acción, proceda a tomar una decisión de fondo, bajo el enfoque de género, frente a la investigación correspondiente a la denuncia por ella interpuesta ;

Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que lleve a cabo " vigilancia especial al desarrollo de la investigación penal correspondiente a la denuncia de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR interpuesta por la suscrita en contra de, SAYER FRANCHESCO BADILLO LOPEZ, bajo la perspectiva de género que ha incorporado en sus lineamientos. Para ello, se recomienda la inclusión de todos los FISCALES DE LA DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS MAGDALENA MEDIO en la próxima capacitación a realizarse sobre el tema, tratando principalmente la presencia oculta de los estereotipos al momento de decidir o investigar un delito"

Ordenar a la Fiscalía General que "en el término de 48 horas a partir de la notificación de la providencia que resuelva la presente acción de tutela, proceda a resolver la solicitud elevada por la suscrita el día 02/03/2022, y certifique y rinda un informe de manera detallada y clara, sobre todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por esta seccional dentro de la persecución penal adelantada respecto del injusto del cual soy víctima y denunciante"

"Ordenara la Defensoría del Pueblo en su delegada para derechos de las mujeres y asuntos de género; a la Presidencia de la República en consejería para la equidad de la mujer; y, a la Procuraduría General de la Nación, prestar vigilancia en garantía del cumplimiento expedito, completo y rápido de las órdenes que se profieran a la hora de resolver la presente acción constitucional, remitiendo la respectiva copia de dicho fallo" .

Advertir ala Fiscalía General de la Nación en su Dirección Seccional Magdalena Medioo a quien corresponda, " que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito a iniciar esta tutela, y que, si lo hiciere, serán sancionados conforme lo dispone el Art. 52 del Decreto 2591 de 1991 " .

La accionante solicitó vincular a varias entidades, entre ellas a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería de Barrancabermeja y a la Defensoría del Pueblo.

En Auto interlocutorio del 14 de junio de 2022, y luego de que la Sala de Decisión de Tutelas Nro. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Acta Nro. 110 del 19 de mayo de 2022 , decidiera el conflicto de competencias suscitado en este caso y resolviera declarar que la competencia para conocer la presente acción de tutela corresponde a los Juzgados Penales del Circuito de Medellín, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, avocó conocimiento de la acción, corrió traslado a la entidad accionada, requirió información a la accionante y ordenó practicar algunas pruebas .
Fiscalía Primera Local CAPIV de Barrancabermeja
Mediante escrito allegado por el señor Germán Angarita Jiménez, Fiscal Primero CAPIV de Barrancabermeja, la Fiscalía sostuvo que en efecto en su despacho se adelanta investigación preliminar por el injusto de violencia intrafamiliar por denuncia promovida por la señora Lina Patricia León Galeano. Agregó que en diferentes ocasiones (22 de octubre de 2019 y 12 de junio de 2020) se intentó establecer comunicación con la denunciante para aclarar los hechos, ya que no se evidenciaba que el asunto se tratara del tipo penal contenido en el artículo 229 del Código Penal, sino en el contenido en el artículo 269f de la misma codificación; sin embargo, dicha comunicación no fue posible por ausencia de respuesta de la denunciante.

Agregó que esa dificultad de comunicación fue expuesta a la señora Lina Patricia cuando acudió, en compañía de su apoderado, de manera presencial a las instalaciones de ese despacho. El fiscal negó haber tenido un comportamiento descortés, poco cordial o irrespetuoso con la accionante en aquella ocasión.
3. Pruebas relevantes que obran en el expediente 4. Decisión judicial objeto de revisión 4.1 Sentencia de única instancia
4.1.2. A dicha conclusión llegó el juez de primera instancia considerando, en primer lugar, que en el trámite de la acción de tutela se pudo corroborar que la Fiscalía dio respuesta al derecho de petición de la accionante el 16 de marzo de 2022, informando las etapas procesales que se han desarrollado en la causa penal. Agregó que el derecho de petición es una garantía de toda persona a recibir respuesta a sus requerimientos de manera oportuna, clara y precisa; sin embargo, ello no indica que la respuesta deba ser siempre favorable a la petición del solicitante. Adicionalmente, sobre la notificación de la respuesta a la petición de la accionante, el juez aseguró que esta fue realizada debidamente por la Fiscalía a través de los medios institucionales dispuestos para tal fin.

4.1.3. Finalmente, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín consideró que en el caso se había configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la pretensión de la accionante había sido satisfecha con la respuesta al derecho de petición por ella interpuesto . Por lo tanto, negó la protección invocada en la acción de tutela .
5. Actuaciones en sede de revisión
El 11 de octubre de 2022 la Defensoría del Pueblo allegó solicitud de selección del asunto bajo análisis argumentando la urgencia de proteger el derecho al acceso a la administración de justicia y la necesidad de materializar un enfoque diferencial en las investigaciones penales relacionadas con violencia contra la mujer. Señaló que la Constitución contiene normas (artículos 13, 40, 43 y 53) orientadas a la protección de la mujer y la superación de las desventajas y escenarios discriminatorios tradicionalmente padecidos por ellas. Sin embargo, la existencia de esas disposiciones no es suficiente para la protección de los derechos de la mujer, como lo ha sostenido la Corte al indicar que la igualdad material de género aún constituye una meta, ya que subsisten realidades sociales desiguales. Por tal motivo se reconoció a la mujer como sujeto constitucional de especial protección y en esa medida no sólo sus derechos generales sino igualmente los específicos, requieren de atención fija por parte de todo el poder público, donde se incluyen los operadores jurídicos

Sobre el caso concreto, la entidad solicitante argumentó que la vulneración del derecho a la administración de justicia se hace evidente, toda vez que pasados más de tres años desde la interposición de la denuncia de la accionante, el ente investigador no había decidido sobre la imputación del delito, lo que motivó la interposición de la acción de tutela. Adicionalmente, en la decisión de única instancia, el juez de tutela se pronunció únicamente sobre la presunta vulneración del derecho de petición, dejando a un lado los demás derechos constitucionales invocados, como lo son entre otros, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y el acceso a la administración de justicia

La entidad expuso que el asunto es de relevancia constitucional, al tratarse de una oportunidad para que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre el acceso a la administración de justicia y la necesidad de materializar un enfoque diferencial en las investigaciones penales relacionadas con violencia contra la mujer. Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo solicitó la selección del expediente en comento, además de insistir en la necesidad de conceder el amparo y ordenar que el operador judicial de única instancia proceda en su decisión con perspectiva de género, que debe ser tenida en cuenta, incluso si la accionante no la contempla en su argumentación. Esto por cuanto la aplicación de dicha perspectiva no es una acción facultativa del operador judicial y/o administrativo, sino todo lo contrario, constituye un deber de éste para dar cumplimiento a la garantía de los derechos humanos de las mujeres (...)

2.1. Legitimación en la causa por activa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su nombre. En desarrollo de dicho mandato constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la referida acción de amparo: "podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos".

En esta oportunidad, el presupuesto mencionado se encuentra acreditado en tanto que la señora Lina Patricia León Galeano actúa como titular de los derechos fundamentales cuya protección invoca.

2.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, el artículo 86 del texto superior establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En este contexto, según lo señalado de manera reiterada por la Corte, en lo que respecta a esta modalidad de legitimación, es necesario acreditar dos requisitos: por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión.

En el asunto objeto de estudio, la acción de tutela es procedente en contra de la Fiscalía Primera Local CAPIV de Barrancabermeja, ya que es una entidad cuyas actuaciones están relacionadas, no solo con el acceso de la población a la administración de justicia, sino también con la efectividad de la prestación de tal derecho. Adicionalmente, la Fiscalía antedicha y su Fiscal a cargo son a quienes se atribuye la presunta violación de los derechos fundamentales de los cuales la accionante reclama protección, teniendo en cuenta que con un proceso penal en desarrollo, cuya investigación está a cargo de dicha entidad.

2.3. Inmediatez. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al señalar que la acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Es por ello que el principio de inmediatez dispone que, aunque la acción de tutela puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe darse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urgente de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez.

De acuerdo con lo indicado, la Sala encuentra que, para el caso objeto de revisión, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho. Ciertamente, el hecho por el cual la accionante estima que se produjo la afectación de sus derechos fundamentales se desarrolló de manera continuada entre el 8 de agosto de 2019, momento en el que acudió a la administración de justicia para poner en conocimiento de esta el delito del cual se ha considerado víctima, hasta el 9 de marzo de 2022, momento en el que acudió al juez de tutela por ausencia de trámite de su caso en el despacho de la Fiscalía accionada. Así pues, considerando que la acción de tutela fue interpuesta el 9 de mayo de 2022, la Sala considera que el tiempo transcurrido entre el último momento en el que presuntamente se vieron afectados los derechos de la accionante y la interposición de la acción, esto es 2 meses, es razonable.

2.4.Finalmente, el artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por otro lado, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la eficacia de un posible mecanismo ordinario de defensa debe ser apreciada Subsidiariedad. "atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante". Así, la Corte ha sostenido que respecto de sujetos de especial protección constitucional, como ocurre en el caso de las mujeres, los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela se flexibilizan. Al respecto esta corporación ha indicado que "cuando la acción de tutela se presenta por sujetos de especial protección constitucional el cumplimiento de los requisitos de procedencia se flexibiliza".

Esta corporación ha considerado que el medio de defensa judicial es idóneo cuando permite obtener la protección de los derechos fundamentales, y efectivo, cuando está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados. Así, para determinar la procedencia de la acción de tutela cuya finalidad es obtener la protección de los derechos fundamentales de la accionante a la dignidad, una vida libre de violencia contra las mujeres, debido proceso y acceso a la administración de justicia, es clave considerar que la accionante, habiendo interpuesto denuncia penal por el delito de violencia intrafamiliar en agosto del año 2019, solo tuvo noticia del desarrollo del proceso después de haber acudido personalmente al despacho del fiscal a cargo, pasados 2 años y medio, incluso contando con un derecho de petición del que presuntamente no obtuvo respuesta oportuna. Esto, mientras la situación de violencia, según lo afirmado por la denunciante, seguía latente.

Establecida la procedencia de la acción de tutela, la Sala continuará con el análisis de fondo del presente asunto.

4.1 La Constitución consagra en su artículo 13 la igualdad de todas las personas reconociendo que Asimismo, en el artículo 43 continúa la Constitución resaltando que nacen libres e iguales ante la ley. Con ello, introduce el deber de las autoridades de dar la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación y que durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. Además, resalta que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. (Negrita propia). la misma protección y trato, el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica

De esta manera, es claro que el Constituyente de 1991, conociendo la desigualdad histórica y cultural padecida por la mujer, fue enfático en plasmar en el texto constitucional las disposiciones que consideró pertinentes para garantizar los derechos de las mujeres en un plano de igualdad , rechazando, asimismo, la violencia a la que históricamente ha sido sometida, sin olvidar . No obstante, es preciso recordar que que la discriminación contra la mujer también es considerada una forma de violencia la violencia y la discriminación siguen siendo uno de los más graves obstáculos que enfrentan las mujeres para el goce efectivo de sus derechos fundamentales y para la plena vigencia práctica de los principios y valores proclamados por la Constitución

4.2 Por otro lado, diferentes instrumentos de derecho internacional se han desarrollado con la finalidad de proteger de manera integral los derechos de las mujeres. Es así como nuestro Estado colombiano ha adoptado gran parte de dichos instrumentos obligándose a garantizar la protección de los derechos de las mujeres en el contexto social y cultural de discriminación que padecen. Así, por ejemplo, la CEDAW considera que la violencia de género Por su parte, la Convención de De hecho, la citada CEDAW es enfática en recordar a los Estados el deber de incorporar las medidas necesarias para la modificación de los patrones socioculturales en los que viven hombres y mujeres, con la finalidad de erradicar es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre Belem do Pará define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres

4.3 No cabe duda sobre el amplio interés y preocupación por parte de la comunidad internacional y de los Estados que han ratificado los instrumentos internacionales en mención, en la eliminación de la violencia contra la mujer manifestada de tantas y diversas maneras en un contexto cultural y social que históricamente ha disminuido su posición dejándola en desventaja en todos los ámbitos de su vida social, laboral, familiar y cultural, entre otros . Por ello, esta corporación no desconoce la importancia de las normas jurídicas en materia de prevención de la violencia contra la mujer, pero ha resaltado que no es suficiente contar con todo un cuerpo normativo en esa materia, cuando se trata de una cuestión cultural por resolver. En este sentido ha señalado que . De ahí que la mujer la igualdad material de género aún constituye una meta, ya que subsisten realidades sociales desiguales es sujeto constitucional de especial protección y en esa medida no sólo sus derechos generales sino igualmente los específicos, requieren de atención fija por parte de todo el poder público, donde se incluyen los operadores jurídicos . Por tal motivo, la Corte ha considerado que los actos de violencia contra las mujeres son de gravedad, teniendo en cuenta que obstaculizan el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

4.4 En esta línea, la Corte ha resaltado sobre el enfoque de género que:
"... se convierte así en una herramienta o instrumento crítico al que resulta preciso acudir -a la manera de quien se vale de una lupa o lente de aumento- con el fin de agudizar la mirada para reconocer que en la realidad la violencia contra las mujeres no puede considerarse un hecho aislado, sino que tiene una dimensión sistémica, que reproduce en todas las esferas de la existencia de las mujeres asimetrías de poder derivadas de un modelo de sociedad machista y patriarcal que impregna la cultura y se acepta sin cuestionarse, porque se encuentra profundamente arraigado en la cosmovisión hegemónica".
En suma, para esta corporación no es indiferente, así como no debería serlo para ninguna entidad pública o privada y en general para todo el Estado colombiano, que la mujer ha sido sometida a diferentes formas de violencia en razón del sexo, y discriminada en los diferentes ámbitos de la vida en los que se desenvuelve, como el familiar, laboral, educativo, económico, cultural y social, y que dicha situación debe ser erradicada acogiendo de manera real y efectiva lo que el ordenamiento jurídico interno e internacional han dispuesto para tales efectos. Siendo lo anterior un deber de todas las personas, especialmente de aquellas de quienes depende la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
La protección de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, violencia psicológica y violencia digital. Reiteración de jurisprudencia
4.5 La Ley 294 de 1996 fue promulgada con el objeto de desarrollar el artículo 42 de la Constitución y disponer medidas para la prevención, protección y sanción de la violencia intrafamiliar. El artículo 3 de la citada Ley introdujo los principios que deben ser tenidos en cuenta por cualquier autoridad pública al momento de estudiar un caso de violencia intrafamiliar, dentro de los cuales cabe resaltar ) la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad. ; b) que toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer

En este sentido la Corte Constitucional ha resaltado el papel de la mujer que en muchas ocasiones es víctima de violencia intrafamiliar y consideró al respecto que:

"las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP arts. 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos" .

4.6 La Recomendación General número 19 del Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW señaló que . Al respecto, la Corte ha subrayado que, . Obstáculos como "la violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer". Ello es soportado por las altas cifras de actos de violencia doméstica contra la mujer, que se han conocido en Colombia. Por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, a noviembre del año 2022, ascendían a la suma de 231.001 "a pesar de los esfuerzos, todavía persisten obstáculos para que la violencia íntima o doméstica pueda ser considerada como un acto real de violencia la incapacidad cultural para ver el maltrato íntimo como violencia, debido a su normalización en las culturas patriarcales o su invisibilización" impiden contar con información completa al respecto.

● "Se trata de una realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso, que la violencia física y puede considerarse como un antecedente de ésta.

● Se ejerce a partir de pautas sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros, que amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de autogestión y desarrollo personal.

● Los patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre (machismo - cultura patriarcal), hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo "normal".

● Los indicadores de presencia de violencia psicológica en una víctima son: humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para la toma decisiones, entre otros.

● La violencia psicológica a menudo se produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima".

4.7 Así pues, es claro que el padecimiento que históricamente ha sufrido la mujer en el desarrollo de su vida cotidiana se acentúa en el ámbito de la vida personal como constante víctima de violencia intrafamiliar, especialmente, aquella propiciada por su pareja o expareja en la modalidad de violencia psicológica. De lo anterior, la relevancia que reviste para la Corte que las medidas de protección de los derechos de las mujeres sean realmente efectivas y que las actuaciones de las entidades públicas y privadas tengan un enfoque de género tendiente a la eliminación de cualquier forma de violencia o discriminación en contra de las mujeres.
Violencia psicológica y violencia digital
4.8 Ahora bien, es claro que la violencia intrafamiliar se puede presentar de manera concurrente con la violencia psicológica y con la conocida como violencia digital . En este sentido la Corte ha resaltado que la violencia psicológica se manifiesta a través de actos de " Por ello, es un control, aislamiento, celos patológicos, acoso, denigración, humillaciones, intimidación, indiferencia ante las demandas afectivas y amenazas." "imperativo del Estado Constitucional repudiar la violencia física contra la mujer, pero no apenas esto, sino en general todas las formas de ejercer violencia contra ella; no puede dejarse de lado que hay formas silenciosas y sin secuelas visibles, en el mundo naturalístico, como lo es la violencia psicológica"

4.9 No solo la violencia psicológica es un escenario padecido por las mujeres, sino también aquel contexto en el que la información que circula en el ciberespacio y las redes sociales se hace incontrolable. Así, muchas mujeres suelen ser víctimas de manipulación, chantaje, sometimiento, entre otras conductas que podrían configurarse dentro del marco de violencia psicológica, pero mediante manipulación de información digital, siendo este un escenario diferente en que se presenta la violencia de género digital, constituido por "todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada" .

4.10 Con todo, esta forma de violencia es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura. De ahí la relación intrínseca que existe entre los escenarios de violencia de género psicológica, digital e intrafamiliar. Por esta razón, frente a la violencia de género en línea, "los Estados deben hacer pedagogía sobre la gravedad de esta forma de violencia; implementar medidas internas de prevención; diseñar mecanismos judiciales idóneos y efectivos; proporcionar asistencia jurídica; asegurar una investigación coordinada de los hechos vulneradores; identificar a los responsables y sancionarles; establecer medidas de reparación (i.e. compensación financiera y atención en salud) y crear protocolos de investigación y actuación como garantías de no repetición"
Los derechos de las víctimas en el marco de los procesos penales
De la norma constitucional antes citada se desprenden tres mandatos para hacer efectivos los derechos de las víctimas en el proceso penal: "1) su participación no se limita a alguna actuación específica, sino que están facultadas para intervenir autónomamente durante toda la actuación ; 2) el sistema de investigación y juzgamiento, al tiempo que se encuentra regido por los principios de igualdad entre las partes y contradicción, concede una especial protección a las víctimas y, por lo mismo, 3) promueve el restablecimiento de sus derechos y la reparación integral por los daños ocurridos

4.12 Al respecto, la Corte ha sido enfática en sostener que en el proceso penal dispuesto por el Legislador mediante la Ley 906 de 2004 , . estos mandatos constitucionales se traducen en garantías procesales para las víctimas. Se pone acento en el derecho que, como intervinientes y durante toda la actuación punitiva, "tienen a recibir un trato digno y respetuoso Además, se establecen directrices sustanciales encaminadas a defender los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición, y procesalmente se prevé facultades para acceder a la correcta administración de justicia"

4.13 Por lo anterior, cada etapa del proceso penal (indagación, investigación y juicio) define el conjunto de prerrogativas que materializan los derechos de las víctimas . Así, " la mayoría de normas que regulan la fase de indagación procuran que, tras la noticia criminal, la Fiscalía inicie los actos preliminares para verificar la ocurrencia del delito y, de conformidad con la información recabada, prosiga con la acusación o disponga el archivo de las diligencias, sin desconocer los derechos de las víctimas" (negrita propia).

4.14 En esta línea esta corporación ha destacado que el acceso a la información es una garantía procesal que . Por tanto, el ejercicio de esta prerrogativa concede a las víctimas la posibilidad de ser informadas sobre las organizaciones a las que puede acudir o "le permite a las víctimas recibir información y acceder a ella, lo que constituye una de las manifestaciones medulares de su posibilidad de intervención en la actuación penal" el trámite dado a su denuncia, pero también acceder por su cuenta al contenido de la actuación, con el único propósito de corroborar o precisar el contenido de la información que previamente poseía. Con ello, el acceso a la información asegura varios fines legítimos del proceso penal .

4.15 En suma, la protección constitucional y legal dispuesta para el acompañamiento y trato respecto de las víctimas no debe ser desconocida por las autoridades encargadas de adelantar el proceso penal, principalmente en el caso de la Fiscalía como entidad que interactúa de manera directa con las con las partes e intervinientes en el proceso. Por ello, la protección de los derechos de las víctimas lleva a i) procurar la participación activa de las víctimas, pues le proporciona las condiciones para una verdadera intervención en el proceso penal; ii) salvaguarda el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, debido a que les asegura el respeto de todos los derechos legales que posee; y garantizar iii) el acceso a la información es indispensable para asegurar el derecho a la verdad de las víctimas .

5.1 El artículo 229 de la Constitución consagra el derecho de acceso a la administración de justicia, definido por esta corporación como "Para la Corte, este derecho contribuye a la materialización de los fines del Estado Social de Derecho, pues se trata de una función mediante la que el Estado garantiza entre otros, la posibilidad reconocida a todas las personas (...) de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos ..." "un orden político, económico y social justo, promueve la convivencia pacífica, vela por el respeto a la legalidad y la dignidad humana, y asegura la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas"

5.2 Además de lo anterior, cabe precisar que la administración de justicia no es un derecho cuyo alcance se encuentre limitado a la concurrencia física ante las autoridades judiciales, sino que exige que Por lo anterior, la Corte ha entendido que el derecho en comento es comprendido en tres categorías así "todo el aparato judicial funcione y que la autoridad competente resuelva oportunamente el debate que se le plantea. Además, durante el trámite deben respetarse todas las garantías del debido proceso, y la decisión que se adopte debe cumplirse efectivamente" : "(i) las relacionadas con el acceso efectivo al sistema judicial; (ii) las que tienen que ver con el desarrollo del proceso; y (iii) las relativas a la ejecución del fallo"

5.3 Para la Corte, el acceso efectivo a la administración de justicia "Por lo tanto, incluye el deber de dar una solución pronta a los asuntos adelantados ante los funcionarios judiciales. (...) se extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las controversias, las cuales deben ser adoptadas en un término razonable de tal forma que la respuesta judicial sea oportuna" "están prohibidas las dilaciones injustificadas en la administración de justicia" .

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que " sobre los operadores de justicia recae el deber de informar a los interesados en el proceso respecto de la tardanza imputable a la falta de diligencia u omisión por parte del funcionario judicial" , indicando, además, que el magistrado, juez o fiscal tiene la obligación de informar a quien interviene en el proceso sobre las medidas utilizadas y las gestiones realizadas para evitar la congestión del despacho judicial y las causas que no permitieron dictar una decisión oportuna .

5.4 Ahora bien, es claro que el incumplimiento de plazos no deriva automáticamente en el desconocimiento del derecho al acceso a la administración de justicia. La Corte reconoce que la dilación puede estar justificada " por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión" Sin embargo, dicha excepción no resulta aplicable cuando la persona se encuentre ante un perjuicio irremediable . Por lo tanto, los funcionarios judiciales no deben excusarse en la escasez de personal o de recursos para no resolver las causas penales de manera oportuna .

6.1 Como bien se ha reiterado en esta providencia, es evidente que la violencia contra la mujer se presenta en distintos escenarios. Uno de ellos es aquel que ocurre cuando la mujer solicita la protección de sus derechos a través de un proceso judicial. La Corte ha evidenciado con preocupación que cuando las mujeres denuncian una conducta, la respuesta, en lugar de ser tendiente a la protección de sus derechos, " muchas veces se nutre de estigmas sociales e implica redoblar la dosis de discriminación y violencia" obteniendo como resultado la indiferencia o subestimación del caso por parte de los funcionarios judiciales.

La jurisprudencia constitucional ha destacado cómo la justicia penal ha introducido a nivel normativo la perspectiva de género, especialmente en materia de violencia sexual, violencia física y violencia contra las mujeres víctimas del conflicto . Sin embargo, la Corte ha considerado que desde la administración de justicia la protección de los derechos de las mujeres " debe extenderse a otros contextos, como el civil, familiar y laboral".

6.2 Así, por ejemplo, en la sentenciaT-735 de 2017 en la quela Corte conoció un caso de violencia intrafamiliar en el que se solicitaban medidas de protección, esta corporación aseguró que " el Estado se convertía en un segundo agresor "cuando sus funcionarios no [tomaban] medidas de protección contra la violencia de género en plazos razonables" . Caso similar es el de la sentencia T-338 de 2018 en el que se evidenció que el juez de familia restó importancia a la condición de la mujer víctima de violencia física y psicológica y normalizó la situación de violencia padecida por la mujer al interior de su núcleo familiar.

6.3 En otro caso, el de la sentencia T-093 de 2019 , la Corte concluyó que Lo anterior vincula a todas las jurisdicciones en todos los procesos, lo cual no significa que un funcionario judicial deba proceder en favor de la mujer, por el hecho de ser mujer, " "(...) el derecho fundamental a una vida libre de violencia implica, desde su dimensión positiva, el deber judicial de aplicar el enfoque diferencial con perspectiva de género en todos aquellos casos en los cuales se tenga sospecha de una posible situación de violencia de género". sino que tiene que desplegar todas las acciones tendientes a comprobar la existencia de una forma de violencia, como la doméstica en el presente caso. Asimismo, la dimensión positiva implica el deber judicial de no caer en razonamientos estereotipados"

6.4 Por lo anterior, esta corporación fue enfática en sostener que las autoridades y operadores judiciales se encuentran en el deber de Dicho análisis ""aplicar un análisis centrado en género al abordar y gestionar las denuncias por violencia y/o discriminación contra las mujeres" permite reconocer y hacer visibles los sesgos o estereotipos de género que, en muchos casos permanecen latentes e imperceptibles en la cultura dominante y convierten la denuncia, en casos de violencia y/o discriminación por motivos de género, en un desafío para las mujeres víctimas".

6.6 Teniendo en cuenta lo anterior y en línea con lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008 cuyo objetivo es el de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado, cabe precisar en este punto que la Corte Constitucional ha (Negrita propia). Por tanto, el Estado colombiano en su conjunto, "identificado la existencia de una obligación a cargo de todas las autoridades del Estado de proteger a la mujer que ha sido víctima de violencia" . De manera que el desconocimiento de estos deberes se relaciona con una nueva forma de violencia denominada "violencia institucional" . "tiene el deber ineludible de erradicar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer; garantizar el acceso a la justicia; comprender adecuadamente el fenómeno y contexto generalizado de esa violencia; identificar patrones de poder desiguales entre hombres y mujeres; rechazar esas situaciones como una práctica estatal"

6.7 Con todo, esta Sala no desconoce que, además de los diferentes escenarios en los que la mujer es víctima de violencia física o psicológica, existe un espacio que no debe ser desconocido, en el cual se ha procurado ahondar a lo largo de esta providencia y que la jurisprudencia ha reconocido como violencia institucional, siendo aquella que se presenta con " las actuaciones de distintos operadores judiciales, quienes toman decisiones con fundamento en actitudes sociales discriminatorias que perpetúan la impunidad para los actos de violencia contra la mujer " .

6.8 Como ya hemos visto, el marco normativo nacional e internacional con relación a la eliminación de la violencia contra la mujer obliga a todas las autoridades a proteger de manera particular a la mujer que ha sido víctima de violencia. " La inobservancia de dicho deber es susceptible de convertir a tales autoridades en nuevos perpetradores de violencia (violencia institucional)" . Por tanto, dichas autoridades estatales deben ser sensibles a las condiciones de la víctima y responder al cumplimiento de la mencionada obligación de protección lo que implica, entre otros, el deber indelegable de actuar con debida diligencia en la erradicación de la violencia contra la mujer y su visibilización .

6.9 En suma, la protección constitucional de los derechos de las mujeres en un plano de igualdad, como respuesta a las exigencias del Estado Social de Derecho, supone la materialización de acciones que permitan vincular a todos los poderes públicos en la " erradicación y sanción del arraigado fenómeno de la violencia contra la mujer". Por lo tanto, en la labor de contrarrestar y prevenir efectivamente la violencia contra la mujer, los funcionarios a quienes se confía la administración de justicia juegan un papel fundamental en la tarea de proteger materialmente los derechos de las mujeres y evitar con su conducta incurrir en violencia institucional que puede ser constitutiva de revictimización de la mujer que acude a la administración de justicia .

7.1. El derecho de petición es una garantía dispuesta en el artículo 23 de la Constitución como aquel que tiene toda persona para "presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...) ". Así mismo, en la sentencia C-951 de 2014, la Corte adujo que el derecho de petición constituye una garantía instrumental que permite ejercer otros derechos . Por lo tanto, la importancia y necesidad de protección de este derecho es cardinal en nuestro Estado democrático y participativo.
"Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible (...). En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a "falta para el servidor público y (...) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario" Resolver de fondo la solicitud Notificación . No basta con la emisión de la respuesta, sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado". . Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.
7.3. Cabe precisar respecto de la respuesta a la solicitud, que es parte del núcleo esencial del derecho de petición que la respuesta sea consecuente con el trámite dentro del cual se surte la solicitud, es decir, "Por lo tanto, se debe aclarar que cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente" , "a fin de hacer efectivas sus prerrogativas constitucionales, éstas deben ser examinadas de manera minuciosa, ya que la efectividad de la petición tendrá un vínculo estrecho con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia" [116] . (Negrita propia)

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha resaltado lo siguiente cuando una de las partes dentro un proceso judicial radica una solicitud al funcionario encargado, bajo el manto del derecho de petición: estamos ante dos modalidades de solicitudes fundamentales, la de administración de justicia (en el marco del debido proceso) y la del derecho de petición propiamente dicho. Sin embargo, para distinguir cuál es el derecho afectado cuando no hay respuesta a una solicitud bajo tales parámetros, "es necesario establecer la esencia de la petición, y a ello se llega por la naturaleza de la repuesta; donde se debe identificar si ésta implica decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la litis o con el procedimiento; pues en este caso, la contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que por tanto, está reglado para el proceso que debe seguirse en la actuación".

7.4 . Así pues, se entiende que el derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, toda vez que lo anterior es una forma de proceder impuesta por la ley al funcionario que administra justicia.Aunque las solicitudes que presenten las partes dentro del proceso en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso, ello no significa que el funcionario no se encuentre en el deber de distinguir la esencia de la petición y, por tanto, atender a ella en respeto al derecho de petición ejercido por el interesado. Un ejemplo de ello es que la mora judicial difiere de la falta de respuesta oportuna al derecho de petición, así como el objeto del derecho de petición no equivale a solicitar celeridad en la administración de justicia.

7.5. Por otro lado, en la Ley 1755 de 2015, el legislador dispuso que en aquellos casos en los que no sea posible resolver la petición en el tiempo legal señalado, "la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto" De manera que el derecho de petición ha de ser garantizado a las personas que acudan a este, con el estricto cumplimiento de los elementos que fueron establecidos y reiterados previamente.

8.1 El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela tiene como fin . Sin embargo, cuando los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración han desaparecido, la acción de tutela ". La jurisprudencia constitucional ha definido este fenómeno como . Asimismo, ha indicado que la carencia actual de objeto se puede configurar en tres eventos: la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos expresamente previstos por el legislador pierde su razón de ser como mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, de ahí que cualquier decisión del juez constitucional resulte inane por sustracción de materia" "carencia actual de objeto" (i) hecho superado, (ii) daño consumado, o (iii) hecho sobreviniente

8.2 Respecto del escenario del hecho superado, la Corte ha indicado que se presenta cuando antes de que el juez de tutela se pronuncie de fondo sobre la acción de tutela presentada, la entidad accionada (negrita propia). De manera que satisface íntegramente la pretensión sin que medie orden judicial para el efecto "le corresponde al juez de tutela constatar que: a) lo pretendido en la acción de tutela se ha satisfecho por completo y; b) que la entidad demandada haya actuado voluntariamente" Así, no es dable asegurar que hay carencia actual de objeto por hecho superado cuando no existió un análisis de fondo por parte del juez constitucional, cara a las pretensiones contenidas en la solicitud de tutela de los derechos fundamentales en cuestión.

9.5 En virtud del material probatorio obrante en el expediente, la Sala encontró que la accionante es una mujer cabeza familia y realizó una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su expareja y padre se su hijo, el día 8 de agosto del año 2019.

9.6 La Sala logró corroborar en el expediente del proceso penal, que la denuncia efectivamente fue recibida por la Fiscalía Primera CAPIV de Barrancabermeja y que con posterioridad a ella se intentó establecer comunicación con la denunciante. Sin embargo, en las constancias aportadas por la Fiscalía, la primera con fecha del 22 de octubre de 2019 y la segunda fechada el 12 de junio de 2020 , se encontró que dicha entidad solo intentó establecer contacto con la aquí accionante a través del teléfono celular aportado en la denuncia. Ello, pese a que la señora Lina Patricia había informado su dirección de domicilio, además del teléfono y domicilio de uno de sus testigos; medios que no fueron buscados por la Fiscalía. Además, entre el 22 de octubre de 2019 y el 12 de junio de 2020 no hubo actuación o adelanto alguno dentro de la investigación, por el contrario, en la última constancia la Fiscalía indicó que Esto, sin mediar ninguna indagación sobre el estado de la denunciante y sin establecer verificación alguna con la Comisaría de Familia y la Estación de Policía locales, donde figuran solicitudes de protección firmadas por la denunciante el día 9 de agosto de 2019 "habiendo transcurrido más de 10 meses desde el momento en que su formuló denuncia (..) indica un total desinterés de su parte" .

9.7 Esta Sala no desconoce la veracidad de aquellos intentos de comunicación realizados por la Fiscalía; sin embargo, no ignora tampoco la ineficacia de estos y el desinterés del despacho en el proceso. Lo anterior, evidenciado en que, desde el 12 de junio de 2020 hasta el 24 de febrero de 2022 (momento en el que la denunciante interpuso el derecho de petición requiriendo información de su caso), transcurrieron 20 meses y 12 días sin que se tuviera noticia de algún avance en el proceso (considerando que desde la interposición de la denuncia habían pasado 2 años, 6 meses y 23 días). Por si esto fuera poco, la Fiscalía respondió el derecho de petición el 16 de marzo de 2022, pasado el tiempo legal de respuesta oportuna . Además, la respuesta de la entidad accionada pone en evidencia que, en lugar de dar información sobre la denuncia de la señora Lina Patricia León (pues al respecto solo hace referencia a la conversación verbal sostenida ese mismo día en las instalaciones de la Fiscalía y la información dada sobre la imposibilidad de contacto con ella para estructurar el injusto de violencia intrafamiliar), el cuerpo de la respuesta informa sobre la denuncia que en contra de la peticionaria interpuso el señor Sayer Franchesco Badillo López, expareja de la señora Lina Patricia León y denunciado como victimario del injusto típico por el que ella había acudido a la jurisdicción ordinaria y del que estaba requiriendo información a través del derecho de petición .

9.8 Ahora bien, no es de menor importancia la situación fáctica del día 9 de marzo de 2022 descrita por la accionante y soportada mediante declaración extrajudicial rendida por su apoderado judicial. De acuerdo con dicha información, el Fiscal Germán Angarita Jiménez en un primer momento afirmó de manera indiferente que la denuncia de la accionante no correspondía a actos de violencia intrafamiliar, situación que el mismo fiscal en su respuesta a la acción refiere cuando dice que No es para esta Sala llamativo el hecho de que exista duda sobre la adecuación típica de una conducta, lo que sí resulta cuestionable es la forma en la que el funcionario se dirigió a la denunciante al señalar que "el lacónico texto de la denuncia no permitía inferir razonablemente el delito consagrado en el Art. 229 (...) sino que se avizoraba el consagrado en el Art. 269f (...) -Violación de datos personales-" "(...) esos hechos que usted denuncio, no configuran el delito violencia intrafamiliar, esa publicación de fotos y videos de usted desnuda que hizo su pareja, eso es otro delito (...) eso no es nada de violencia intrafamiliar..." (Negrita propia).

9.9 Es importante precisar que el Fiscal no tuvo en cuenta que la denuncia promovida por la señora Lina Patricia León no obedecía únicamente al material fotográfico íntimo revelado por su expareja, sino también a lo que estaba ocasionando con ello, consistente en la obstaculización de las relaciones sentimentales que intentó construir con otra persona, impidiendo así su deseo de seguir adelante, reconstruir su vida y ser feliz a pesar de lo padecido cuando convivía con el denunciado. Todo esto sin olvidar que ya la Corte ha afirmado que la violencia contra la mujer no solo se enmarca en acciones de violencia física, sino también psicológica que termina por obstruir el desarrollo personal de la víctima.

Esta precisión no busca definir en qué consiste o no un tipo penal o cómo se estructura, corresponde al contrario al deber que tienen todos los operadores judiciales de contribuir a la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, tal como ampliamente fue reiterado en la parte motiva de esta providencia, lo que en ninguna medida hace aceptable las palabras despectivas que recalcan el dilema histórico padecido por la mujer en un contexto cultural como el de los colombianos, que pone al operador judicial en una posición de indiferencia, a la par que constituye una forma de violencia institucional, desconoce el derecho de la accionante como víctima a recibir un trato respetuoso, sino que además, revictimiza a la mujer que intenta denunciar una conducta de la que ha tenido suficiente padecimiento. Así lo resaltó esta corporación con preocupación al sostener que cuando las mujeres denuncian una conducta, la respuesta, en lugar de ser tendiente a la protección de sus derechos, muchas veces se nutre de estigmas sociales e implica redoblar la dosis de discriminación y violencia

No es justificable, además, que por más de un año y medio el proceso hubiese estado paralizado en el despacho del Fiscal cuando existían otros medios para establecer contacto con la demandante. Ello es suficiente muestra de indiferencia del funcionario con un caso que es constante y padecido por muchas mujeres en Colombia. Esta Sala rechaza ese comportamiento, pues ello solo reafirma la sentencia de que el Estado se convierte en un agresor másPor tanto, la Corte no es indiferente al desconocimiento del derecho de la señora Lina Patricia León a una vida libre de violencia, no solo por la actuación del Fiscal, sino también por el hecho de que no hubo diligencia y, por tanto, se desconoció también su derecho a acceder a la justicia y al debido proceso con el desconocimiento de su derecho de petición, ya que este no se satisfacía con una mera respuesta, pues se trata de una petición encaminada a obtener la aplicación de la justicia a un proceso judicial, y tal como lo ha señalado esta corporación, "cuando sus funcionarios no [tomaban] medidas de protección contra la violencia de género en plazos razonables" "... no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente" .

9.10 Ahora bien, no es posible dejar de lado lo señalado por el juez de instancia, en cuya argumentación indicó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que " la pretensión de la accionante, consistente en la protección del derecho fundamental de petición, se encuentra satisfecha, al haberse emitido una respuesta de fondo, clara y concreta por parte de la entidad accionada" Es lamentable para esta Sala observar que el Juez Décimo Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín dio por sentada la existencia de un hecho superado en este caso. En primer lugar, no era una pretensión principal de la accionante obtener una respuesta a su petición, al punto que ni siquiera se refirió a la protección de su derecho de petición y ya había aportado pruebas al proceso penal del cual pudo tener conocimiento a raíz de la petición. Por el contrario, reclamó la protección de los derechos a la dignidad, una vida libre de violencia contra las mujeres, acceso a la administración de justicia y debido proceso. Es claro que la accionante no buscaba una mera respuesta, que, de hecho, ya había recibido, sino su reivindicación como mujer ante la administración de justicia, al verse revictimizada, desatendida y menospreciada, no solo por el victimario en la denuncia penal, sino también por un funcionario público a quien se le encomendó administrarle justicia en dicha situación.

La Corte ha asegurado que la carencia actual de objeto por hecho superado se presenta cuando antes de que el juez de tutela se pronuncie de fondo sobre la acción de tutela presentada, la entidad accionada satisface íntegramente la pretensión sin que medie orden judicial para el efecto (Negrita propia). Además, es evidente que el juez no constató que lo pretendido se hubiera satisfecho por completo, tanto es así, que señaló como pretensión algo que no era el fundamento de la acción. Además de lo anterior, omitió en total medida el pronunciamiento sobre los derechos invocados por la accionante, así como el deber de abordar el caso y tomar una decisión con enfoque de género, cuando de la lectura de los hechos se entendía la importancia de darlo por tratarse de un asunto de violencia de género padecido por una mujer.

9.12 En virtud de lo expuesto, l a Sala revocará la providencia del veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022) emitida por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento. En su lugar, se concederá el amparo solicitado por la señora Lina Patricia León Galeano respecto de sus derechos a la dignidad humana, una vida libre de violencia contra las mujeres, debido proceso, acceso a la administración de justicia y sus derechos como víctima, desconocidos por la entidad accionada y se ordenará a la Fiscalía Local CAPIV de Barrancabermeja y a su fiscal encargado, Germán Angarita Jiménez: i) desplegar las medidas necesarias para la protección de la accionante como víctima de violencia intrafamiliar, psicológica y digital, teniendo en cuenta el deber constitucional que al respecto le es impuesto a la Fiscalía, ii) abstenerse de actuar en desconocimiento de los derechos de las mujeres cuando acuden a la administración de justicia, de manera que no revictimice a ninguna mujer por su condición y se proceda con el enfoque de género necesario para cada caso, iii) actuar con celeridad en el proceso penal con el objetivo de obtener una pronta decisión de fondo en el caso, iv) informar detalladamente a la accionante el trámite que se ha surtido y las razones por las cuales la petición que formuló resulta o no procedente, v) solicitar la adopción de medidas cautelares sobre las fotografías y videos íntimos que denunció la accionante para obtener su posterior destrucción en el proceso penal.

9.13 Adicionalmente, vi) ordenará a la Fiscalía General de la Nación que forme al fiscal delegado en enfoque de género, que una vez tomado algún curso de formación en la materia, envíe un reporte de ello a la Corte Constitucional y que ponga en marcha un plan de formación de sus funcionarios a efectos de garantizar que en las investigaciones en las que obren mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar: a) se asegure el goce efectivo de su derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia de género en los ámbitos público y privado, b) acate los estándares internacionales sobre el deber estatal de diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia, c) atienda las reglas jurisprudenciales sobre la administración de justicia con perspectiva de género y d) establezca mecanismos de control que desestimulen la tolerancia estatal de las agresiones e impidan que los funcionarios ejerzan actos de violencia institucional en contra de las denunciante. Finalmente, vii) advertirá a l Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas que desconozcan los derechos de las mujeres y que incluya el enfoque de género en sus providencias siempre que corresponda. Así como ordenarle que tome un curso en enfoque de género y que una vez cumplida esta orden envíe un reporte de ello a la Corte Constitucional. Adicionalmente que ponga en marcha un plan de formación de sus funcionarios a efectos de garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar , de acuerdo con la parte considerativa de esta providencia.

Correspondió a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional analizar y resolver el caso de la señora Lina Patricia León Galeano sobre la presunta negligencia y forma de proceder del señor Germán Angarita Jiménez, fiscal encargado de la Fiscalía Primera CAPIV, Dirección Seccional del Magdalena Medio, a la hora de responder a las solicitudes de la accionante frente a una denuncia interpuesta por violencia intrafamiliar. La Corte encontró que tanto el Fiscal como el Juez de primera instancia actuaron en desconocimiento de los derechos de la accionante a la dignidad, una vida libre de violencia contra las mujeres, debido proceso y administración de justicia.

El primero de ellos, por cuanto revictimizó a la accionante al momento de acudir a solicitar información sobre el estado de su denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su expareja, subestimó la condición de esta como presunta víctima y restó importancia al hecho de que su proceso llevaba más de un año y medio sin trámite alguno por parte de la Fiscalía. Por otro lado, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento declaró una carencia actual de objeto por hecho superado, sin verificar si la situación de violación de los derechos de la accionante realmente había cesado. Además, en su pronunciamiento solamente se refirió al derecho de petición, dejando de lado la solicitud que realmente motivó la presentación de la acción de tutela, consistente en la negligencia y trato revictimizante por parte del Fiscal Germán Angarita Jiménez.
RESUELVE
Por tanto, la Fiscalía Primera CAPIV de Barrancabermeja como autoridad encargada de administrar justicia, paradójica y preocupantemente desconoció las garantías constitucionales, legales y jurisprudenciales en las que ha insistido esta corporación frente al enfoque que debe tenerse en cuenta a la hora de administrar justicia en los casos de presunta violencia de género. Así, en el caso de la referencia, en lugar de proteger los derechos de la accionante, la autoridad en comento acentuó la violencia y discriminación de las que han sido víctimas por tanto tiempo las mujeres y que amerita el llamado de atención que hace esta Corte sobre el deber imperativo de todo operador judicial de garantizar los derechos de las mujeres y no impedir con su comportamiento el avance que deseamos en la tarea de superar una barrera cultural que limita injustificadamente la condición de la mujer en la sociedad colombiana y latinoamericana que afecta todos los aspectos de su vida.

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

emitida por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, el veintiuno (21) de junio de dos mil veintidós (2022), dentro de la acción de tutela promovida por la señora Lina Patricia León Galeano, en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Local CAPIV de Barrancabermeja. En su lugar PRIMERO. REVOCAR la Sentencia CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, una vida libre de violencia contra las mujeres, debido proceso, acceso a la administración de justicia y los derechos que como víctima le asisten a la señora Lina Patricia León Galeano, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. ORDENAR a la Fiscalía Local CAPIV de Barrancabermeja y a su fiscal encargado Germán Angarita Jiménez adoptar las medidas necesarias que tiendan a la protección integral de la peticionaria como presunta víctima de violencia intrafamiliar, violencia psicológica y violencia digital, así como abstenerse de actuar en desconocimiento de los derechos de las mujeres cuando acuden a la administración de justicia, de manera que no revictimicen a ninguna mujer por su condición y se proceda con el enfoque de género necesario para cada caso.

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas que desconozcan los derechos de las mujeres y que incluya el enfoque de género en sus providencias siempre que corresponda. Así como ordenarle que tome un curso en enfoque de género y que, una vez culminado, envíe un reporte de ello a la Corte Constitucional. Adicionalmente que ponga en marcha un plan de formación de sus funcionarios a efectos de garantizar que en las investigaciones en las que obren mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar: a) se asegure el goce efectivo de su derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia de género en los ámbitos público y privado, b) acate los estándares internacionales sobre el deber estatal de diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia, c) atienda las reglas jurisprudenciales sobre la administración de justicia con perspectiva de género y d) establezca mecanismos de control que desestimulen la tolerancia estatal de las agresiones e impidan que los funcionarios ejerzan actos de violencia institucional en contra de las denunciante.

ORDENAR a la Fiscalía Local CAPIV de Barrancabermeja que en un plazo no superior a cuatro meses, impulse la investigación penal por el delito de violencia intrafamiliar y adopte la decisión de fondo que corresponda.

ORDENAR a la Fiscalía Local CAPIV de Barrancabermeja que, en el término máximo de 10 días, informe detalladamente a la accionante el trámite que se ha surtido y las razones por las cuales la petición que formuló resulta o no procedente.

ORDENAR a la Fiscalía Local CAPIV de Barrancabermeja que solicite la adopción de medidas cautelares sobre las fotografías y videos íntimos que denunció la accionante para obtener su posterior destrucción en el proceso penal.

SÉPTIMO. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que, en un plazo no superior a dos meses, forme al fiscal delegado en enfoque de género y que, una vez cumplida esta orden, envíe un reporte de ello al la Corte Constitucional . Adicionalmente, que ponga en marcha un plan de formación de sus funcionarios a efectos de garantizar que en las investigaciones en las que obren mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar: a) se asegure el goce efectivo de su derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia de género en los ámbitos público y privado, b) acate los estándares internacionales sobre el deber estatal de diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia, c) atienda las reglas jurisprudenciales sobre la administración de justicia con perspectiva de género y d) establezca mecanismos de control que desestimulen la tolerancia estatal de las agresiones e impidan que los funcionarios ejerzan actos de violencia institucional en contra de las denunciante.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con salvamento parcial de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

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(La autoridad accionada) acentuó la violencia y discriminación de las que han sido víctimas por tanto tiempo las mujeres y que amerita el llamado de atención que hace esta Corte sobre el deber imperativo de todo operador judicial de garantizar los derechos de las mujeres y no impedir con su comportamiento el avance que deseamos en la tarea de superar una barrera cultural que limita injustificadamente la condición de la mujer en la sociedad colombiana y latinoamericana que afecta todos los aspectos de su vida.

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Una educación gratuita y de calidad garantiza menos informalidad en la ciudad de Valledupar.

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Derecho de Petición: todo lo que necesitas saber.