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LA VIOLENCIA BIPARTIDISTA  (1958 - 1982)

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LA VIOLENCIA BIPARTIDISTA  (1958 - 1982)

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Se caracteriza por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado.

Las herencias de la vieja violencia: barbarie, exclusión y enemigos internos .
Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos
tradicionales recurrieron a la violencia para dirimir las disputas por el
poder y, en particular, para lograr el dominio del aparato estatal, a tal
punto que este accionar puede considerarse como una constante histó-
rica de varias décadas.
La Violencia se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los ideales del gaitanismo, y alcanzó su máximo nivel de radicalización política tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, suceso que desató protestas populares y fue conocido como El Bogotazo.

De las autodefensas campesinas a las guerrillas revolucionarias:
En los comienzos del Frente Nacional, los remanentes conflictivos eran
entendidos como la prolongación de los problemas de la lucha bipar-
tidista. El resurgir de la violencia y las organizaciones campesinas li-
deradas por jefes comunistas, por otra parte, se veían como parte de
un complot comunista internacional, que se suponía antecedido por las revoluciones triunfantes en China y Cuba.
Ese contexto nacional, las transformaciones de las antiguas autodefensas comunistas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC estuvieron articuladas con los enfrentamientos entre guerrillas comunistas y liberales, la eliminación de las bandas conservadoras y liberales, y los esfuerzos del régimen bipartidista para entroncarse con los poderes locales y regionales . Según la narrativa oficial de las FARC, susurgimiento se relaciona con los ataques del Ejército contra las denominadas “repúblicas independientes” (1964 y 1966).

Viejos y nuevos conflictos en un mundo cambiante: El surgimiento del ELN y el EPL
Casi paralelamente a la fundación de las FARC en 1965, surgieron el Ejército de Liberación Nacional - ELN (en 1962) y el Ejército Popular de
Liberación - EPL (en 1967), cuyas historias se remiten al encuentro entre los jóvenes habitantes de las ciudades formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china, y los herederos de las antiguas guerrillas gaitanistas del Magdalena medio, el alto Sinú y el valle del río San Jorge (la mayoría campesinos), unos y otros descontentos con las restricciones de participación política en el Frente Nacional. En el caso de los jóvenes urbanos radicalizados, influyó el fervor revolucionario que despertó la revolución cubana y la irrupción en el contexto internacional de los jóvenes como sujetos políticos. Es la época de la exaltación del hombre nuevo como paradigma de cambio social en función de la cual se erigen figuras emblemáticas como Ernesto “CheGuevara en el contexto
latinoamericano y luego el cura Camilo Torres
en el ámbito nacional.

La movilización social y la respuesta estatal: reformista y
represiva

Pese a la proliferación de actores armados, la baja intensidad de la vio-
lencia entre 1966 y 1977 desplazó la atención gubernamental hacia las
reformas necesarias para impulsar el desarrollo económico y responder a los rápidos cambios que estaba afrontando la sociedad colombiana. En efecto, el conflicto armado transcurrió en medio de cambios sociales y económicos asociados al avance de la industrialización y al rápido incremento de la urbanización. Estas transformaciones implicaron la expansión de la cobertura del sistema educativo y la expansión de la secularización de la sociedad. En el país urbano, estudiantes y sindicatos estaban expuestos a nuevas corrientes de pensamiento, lo que generaba una clase media cada vez más politizada. A partir de 1970, esos cambios desbordaron los referentes institucionales y culturales de que disponía el sistema político colombiano, lo que dio pie al auge de movimientos sociales contestatarios, que estaban al margen del bipartidismo y a una
política reformista pero también represiva.

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II EXPANSIÓN GUERRILLERA, POLÍTICAS DE PAZ Y ECLOSIÓN PARAMILITAR (1982-1996)

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II EXPANSIÓN GUERRILLERA, POLÍTICAS DE PAZ Y ECLOSIÓN PARAMILITAR (1982-1996)

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La simultaneidad entre la propuesta de paz del presidente Belisario Be-
tancur (1982-1986) y la opción militarista de las FARC llevó a una mayor polarización política y social del país durante los años ochenta. En el contexto de la política de protección de los Derechos Humanos impulsada por el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981), la administración de Betancur optó por dialogar y empezar un proceso de paz con las guerrillas,73 acompañado del otorgamiento de amnistías para los delitos políticos de sedición y asonada.74 Con ello, se marcaba un importante giro en la política oficial frente al tratamiento del orden público y al reconocimiento político de los alzados en armadas.
De otra parte, las FARC, en su VII Conferencia, realizada en 1982, ha-
bían decidido pasar de ser una guerrilla defensiva a convertirse en una
ofensiva, en un contexto endurecido por el Estatuto de Seguridad de
Turbay Ayala, y en un entorno internacional marcado por el triunfo de
los sandinistas en Nicaragua en 1979.
Uno de los episodios más tensos en la difícil relación entre el Gobierno
Betancur y las Fuerzas Armadas se produjo cuando el presidente de
la República solicitó a la Procuraduría General de la Nación adelantar
una investigación acerca del naciente grupo paramilitar MAS. El infor-
me público, presentado por el Procurador General en febrero de 1983,
reconoció que 69 de los 163 miembros de ese grupo eran integrantes de las Fuerzas Armadas.
Un nuevo y decisivo escollo para el proceso de paz fue la toma del Pa-
lacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma del mismo por parte del Ejército, en noviembre de 198.
El 22 de julio de 1986, en carta dirigida al presidente  Betancur, presentó su renuncia a la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, John Agudelo Ríos. Lo mismo hicieron los demás miembros. Con su dimisión concluía una etapa crucial en la historia de Colombia, en la que por primera vez se formalizó la búsqueda de la paz con las Farc y otros grupos guerrilleros, a través de una tregua incumplida.

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III LOS AÑOS DE LA TRAGEDIA HUMANITARIA: LA EXPANSIÓN DE GUERRILLAS Y PARAMILITARES, EL ESTADO A LA DERIVA Y LA LUCHA A SANGRE Y FUEGO POR EL TERRITORIO (1996-2005)

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III LOS AÑOS DE LA TRAGEDIA HUMANITARIA: LA EXPANSIÓN DE GUERRILLAS Y PARAMILITARES, EL ESTADO A LA DERIVA Y LA LUCHA A SANGRE Y FUEGO POR EL TERRITORIO (1996-2005)

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Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión
y niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una
disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se
trata de un periodo en el que la relación de los actores armados con la
población civil se transformó.
En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación y la agresión, la muerte y el destierro. Para este periodo, la violencia adquirió un carácter masivo. Las masacres se convirtieron en el signo característico. El desplazamiento forzado escaló hasta llevar a Colombia a ser el segundo país en el mundo, después de Sudán, con mayor éxodo de personas.
El escaso margen de maniobra del Gobierno de Ernesto Samper, como
efecto de la crisis de gobernabilidad desatada por el proceso 8.000, le
impidió intentar una negociación con los grupos armados.

El paramilitarismo masacra, se expande, coopta y transforma
a política: Entre las varias razones que permitieron el resurgimiento del paramilitarismo, una primera es el hecho de que el Gobierno restableciera un esquema legal para las autodefensas133 a través de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994), más conocidas como las Convivir. Con criterios muy laxos, autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violaciones a los Derechos Humanos o con nexos con el narcotráfico.

Las guerrillas secuestran, crecen y llegan fuertes al Caguán: La combinación de situaciones antes descritas llevó al Gobierno de Pastrana a protagonizar una gran desilusión nacional. Despertó
expectativas optimistas con su propuesta de paz en las comunidades internacional y nacional, e incluso en buena parte del llamado establecimiento.

Masacres, acciones armadas y más víctimas. Los paramilitares y
las guerrillas escalan la guerra: Las vicisitudes del proceso del Caguán estuvieron acompañadas, en el resto del país, por la continuidad de las interacciones violentas entre las AUC, las FARC y el ELN, e incluso los enfrentamientos entre las dos guerrillas, que sucedían paralelamente a ciertos acercamientos del ELN al diálogo con el Gobierno de Pastrana.

Las expansiones diferenciadas y los reacomodos territoriales de
la guerra: Los obstáculos que bloqueaban los acercamientos entre el ELN y el Gobierno de Pastrana evidenciaban el enorme crecimiento de los grupos paramilitares en efectivos y recursos en el norte del país, que se consolidaron aún más en las sabanas del Caribe y el sur de Bolívar y les permitieron incursionar en zonas que eran consideradas bastiones tradicionales de la guerrilla, como la ciudad de Barrancabermeja, el sur de Bolívar y las zonas de colonización del sur del país. Además, el crecimiento de la opinión pública favorable a los grupos paramilitares reflejaba el cansancio social con la insurgencia y la polarización a la que estaba llegando la sociedad colombiana.
Los paramilitares resultaron efectivos para la promoción del latifundio
ganadero, la agroindustria, la minería y los megaproyectos, en detrimento de la economía campesina.
En el suroriente del país, por su parte, la prevalencia de la guerrilla de
las FARC estuvo acompañada de la expansión de la economía cocalera
como alternativa a una economía campesina cada vez menos viable en las zonas de colonización y en los bordes de la frontera agrícola.

Además de las oportunidades y los cambios que se produjeron en el país rural en medio de la feroz disputa territorial entre guerrillas y grupos paramilitares, el conflicto armado discurrió en medio de una crisis económica profunda. El periodo de crecimiento económico que se extendió desde 1993 hasta 1995 dio paso a una etapa de desaceleración económica entre 1996 y 1997 que se tornó en crisis económica entre 1998 y el 2002, registrándose incluso un decrecimiento de la economía en el año 1999 (el PIB decreció en 4,2%), agravado por una tasa de desempleo que llegó al 18% y 19,5% entre 1999 y 2002, cuando había sido de un dígito entre 1991 y 1995.

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IV LAS AUC NEGOCIAN Y SE DESMOVILIZAN. EL ESTADO EMPUJA A LAS FARC A SUS RETAGUARDIAS (2005-2012)

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IV LAS AUC NEGOCIAN Y SE DESMOVILIZAN. EL ESTADO EMPUJA A LAS FARC A SUS RETAGUARDIAS (2005-2012)

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El fracaso de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Andrés
Pastrana y el consiguiente clima adverso contra la solución negociada
del conflicto produjeron el triunfo electoral de Álvaro Uribe en el año
2002. Posteriormente, los logros de sus políticas de Defensa y Seguridad Democrática llevaron a su reelección en el 2006. Su propuesta de la recuperación militar del territorio combinaba la profundización de la guerra contra las guerrillas —a las cuales negaba cualquier carácter político e ideológico— con la desmovilización de los paramilitares por medio de unas polémicas negociaciones, cuyos resultados han sido inciertos y desiguales en el territorio nacional.

La política de defensa y seguridad democrática: La estrategia de defensa y seguridad democrática implementada por Álvaro Uribe durante sus dos periodos presidenciales (2002-2010) se concretaba en acciones jurídicas, políticas y de opinión para desatar una ofensiva
militar, política y judicial contra los denominados factores de violencia,
que eran presentados como obstáculos que impedían el crecimiento económico y social del país.
Esta política contó con un amplio respaldo de la opinión pública y la
clase política y empresarial, cuyo consenso partía del supuesto de que
era necesaria una política de Estado y de Gobierno de largo aliento para derrotar a la guerrilla. El enorme esfuerzo militar en que incurrió el
Estado para conducir su ofensiva lo llevó a pasar de un pie de fuerza de 215.000 hombres en 1998 a 445.000 en 2010.

Repliegue, debilitamiento y reacomodo de las FARC:
Como respuesta a la ruptura del proceso de paz en febrero del 2002,
las FARC desencadenaron una ofensiva que tuvo, entre otros episodios, la detonación de un carro bomba en Villavicencio, con 10 muertos y 70 heridos, el 7 de abril del 2002; el secuestro de los 11 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, el 11 de abril del mismo año; y el atentado terrorista contra el Club El Nogal, el 7 de febrero del 2003

La acción del Ejército y la Policía logró recuperar el control de zonas
que durante los años ochenta y noventa habían sido de expansión de
las guerrillas.

En medio de la ofensiva militar del Estado, las FARC intentaron preservar la iniciativa política con su empeño en un canje humanitario de guerrilleros presos por los políticos secuestrados y los militares y policías
retenidos.

La negociación fallida con las AUC: El proceso de negociación con las autodefensas tampoco logró resultados permanentes, aunque la desmovilización de los principales jefes produjo, inicialmente, un marcado descenso de homicidios y masacres.
Sin embargo, pronto se hizo evidente la falta de consensos y la heterogeneidad interna entre los grupos.

El primer tema problemático eran las diferencias en torno a los vínculos de las autodefensas con el narcotráfico y otros negocios legales e ilegales (oficinas de cobro de extorsiones, lavado de dinero en actividades económicas legales, robo de gasolina, apropiación y extracción de rentas de la minería, y acaparamiento de tierras y bienes), que evidenciaron la fragmentación de los grupos paramilitares.

En las luchas intestinas entre paramilitares se presentó el asesinato del líder paramilitar Carlos Castaño, el 16 de abril del 2004

El impacto del rearme paramilitar en la evolución territorial del
conflicto: Para el año 2006, las limitaciones de la desmovilización de los paramilitares hicieron inminente el proceso de rearme de los grupos, que se aceleró durante los años 2008 y 2010, y registró un importante repunte en su accionar criminal entre 2011 y 2012. Este rearme suscitó un airado debate nacional alrededor de cómo interpretar y denominar a estas nuevas organizaciones: para el Gobierno simplemente se trataba de organizaciones al servicio del narcotráfico, carentes de cualquier contenido político o contrainsurgente, pero algunas aproximaciones más elabora-das del fenómeno, como el informe público de la CNRR en el año 2007, sugerían que se trataba de una tercera generación paramilitar con cierta continuidad con los paramilitares que se habían proyectado política y territorialmente en el periodo anterior. Por su parte, las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos reiteraban que el fenómeno demostraba el fracaso del Gobierno para desmontar las estructuras sociales, políticas y económicas del paramilitarismo en muchas regiones del país.

La historia de la guerra en Colombia deja ver, por otra parte, un esfuerzo sistemático de búsqueda de salidas políticas y negociadas. Son esfuerzos que han comprometido e ilusionado a un amplio sector del país con la posibilidad de un escenario libre de enfrentamientos y trámites violentos que permitan que el país se enrute hacia la construcción de una paz duradera. Reformas constitucionales, treguas, amnistías, sometimientos a la justicia, gestos humanitarios, entre otros, hacen parte del inventario de esfuerzos por buscar salidas a la guerra. El saldo es una serie de fracasos, de logros y, sobre todo, de lecciones aprendidas que no pueden ser ignoradas en el escenario del actual proceso de paz y que ojalá pongan a Colombia en un camino de reinvención democrática.