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La problemática de habitabilidad en calle en Bogotá afecta especialmente localidades como Santa Fe, Mártires, La Candelaria y Puente Aranda, donde se concentran zonas de alto consumo de sustancias y actividades comerciales. En Engativá y Suba, aunque en menor medida, el fenómeno está en aumento, con dinámicas distintas como habitantes de tránsito que se desplazan constantemente. En 2024, se estima que Bogotá tiene alrededor de 11,260 personas en esta condición. Estas zonas evidencian la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a servicios esenciales.

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Habitantes de calle: Diversos perfiles, desde adultos mayores hasta jóvenes migrantes. Se destaca que el 39% comenzó en la calle antes de los 18 años. También hay un número creciente de extranjeros debido al fenómeno migratorio.

Comunidad general: Problemas de seguridad, salubridad y estigmatización afectan a residentes y comerciantes.

Instituciones: La Secretaría de Integración Social enfrenta dificultades para implementar programas de atención integral debido a la dispersión geográfica del fenómeno.

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Consumo de sustancias psicoactivas y alcoholismo, frecuentemente vinculados al microtráfico, agravados por la dispersión del consumo tras el desmantelamiento del Bronx.

Conflictos familiares y pobreza extrema, que empujan a niños y jóvenes a la calle.

Factores estructurales como falta de acceso a vivienda digna, oportunidades laborales y atención en salud mental.

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Impacto social: Marginación, aumento de la delincuencia y deterioro de las condiciones de vida en áreas urbanas.

Problemas sanitarios: Proliferación de focos de contaminación y problemas de salud pública.

Estigmatización: Rechazo y discriminación hacia esta población, que dificulta su reintegración.

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Crear programas educativos y de prevención del consumo de sustancias dirigidos a niños y jóvenes vulnerables.

Ampliar los centros de atención integral, como los existentes en Mártires y Puente Aranda, incluyendo opciones de rehabilitación, vivienda temporal y formación laboral.

Implementar "salas de uso supervisado" para reducir riesgos sanitarios y sociales.

Reforzar el acceso a servicios de salud mental.

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Sensibilización sobre la problemática para combatir prejuicios.

Fomentar alianzas entre ciudadanos, empresas y el gobierno para promover la inserción laboral de los habitantes de calle.

Fomentar desde casa a los niños el cuidado de caer en abismos como la depresión, alcoholismo y drogadicción.