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La acción popular es un mecanismo de protección establecido en el artículo 88 de la constitución política, cuya finalidad es la defensa de los derechos colectivos, los cuales se caracterizan por proteger los intereses de la comunidad y no de un individuo específico

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Sirve para evitar el daño, detener el peligro, la amenaza o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, cuando sea posible para devolver las cosas a su estado anterior, con ocasión o una acción u omisión de una autoridad o un particular

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Derechos e intereses colectivos que protege

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Derechos e intereses colectivos que protege

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El goce de un ambiente sano.

Manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible.

Conservación de las especies animales y vegetales.

Protección de las áreas de especial importancia ecológica, y la preservación y restauración del ambiente.

La moralidad administrativa.

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La acción popular se puede interponer únicamente cuando se esté frente a la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos señalados en la ley.

Es procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

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Quienes pueden presentar una acción popular

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Quienes pueden presentar una acción popular

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La acción popular es un medio procesal público, lo cual significa que puede interponerla cualquier persona. Por lo tanto, puede ser presentada por:

toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o similares.

Entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención y vigilancia que debe promover la protección y defensa de los derechos e interés colectivo.