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La reconstrucción de una causa que durante 8 años estuvo paralizada. Cómo la justicia actuó para no investigar.

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Horacio "Nariz" Maggio escapó de la ESMA en plena dictadura y denunció ante embajadas, la Iglesia y la prensa lo que ocurría en el centro clandestino.

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Horacio “Nariz” Maggio escape from the ESMA | Papelitos

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Horacio Maggio, el “Nariz”, se escapó de la Esma y logró reencontrarse con su familia durante el mes del Mundial 78.

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La inteligencia previa al golpe en Santa Fe

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La inteligencia previa al golpe en Santa Fe

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Un informe de inteligencia de 1970 identificaba a 166 militantes santafesinos, 24 de los cuales fueron asesinados en los años siguientes.

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Archivos muestran cómo funcionaba un circuito represivo entre universidades: seis jóvenes de la JUP expulsados por la UNL en 1976 fueron luego secuestrados por la dictadura.

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Roberto Suárez hacía el servicio militar cuando su esposa, Cecilia, fue capturada y obligada a parir en cautiverio. Mientras estaba la "colimba" lo secuestraron.

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Seis detenidos por la masacre de calle Las Heras

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Seis detenidos por la masacre de calle Las Heras

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Uno de los operativos represivos más recordados en Santa Fe. Además de los cuatro militantes, el accionar de la dictadura provocó la muerte de una vecina.

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Triple fuga: el día que los gendarmes casi se matan entre ellos - Cosecha Roja

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Triple fuga: el día que los gendarmes casi se matan entre ellos - Cosecha Roja

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Los hermanos Lanatta y Schilacci desarmaron a dos gendarmes e hirieron a uno durante su fuga. Poco después, en un episodio confuso, otros gendarmes dispararon contra dos compañeros propios.

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Triple fuga: el día que los gendarmes casi se matan entre ellos - Cosecha Roja

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Durante la zaga de la triple fuga de los hermanos Lanatta y Victor Schillaci hubo dos enfrentamientos clave: en el primero, los fugados desarmaron e hirieron a dos gendarmes. El segundo fue un hecho confuso, en el que los gendarmes se balearon entre ellos. La justicia no pudo identificar aún a los responsables del “fuego amigo”. […]

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Por primera vez investigan los crímenes de la Triple A en Santa Fe

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Por primera vez investigan los crímenes de la Triple A en Santa Fe

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En noviembre de 1974, la Triple A secuestró y asesinó a las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía, integrantes de la Comisión de Defensa de Presos Políticos.

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La puntería selectiva de la represión ilegal en Santa Fe

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La puntería selectiva de la represión ilegal en Santa Fe

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Documentos de la propia policía muestran que en dictadura las víctimas casi siempre morían de un disparo en la cabeza y sin heridos entre los uniformados, mientras que en otras intervenciones la proporción era muy distinta. Los "enfrentamientos" eran fusilamientos encubiertos

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El secuestro de Campagnolo y el rol de Zazpe y la Iglesia

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El secuestro de Campagnolo y el rol de Zazpe y la Iglesia

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El secuestro del intendente de Santa Fe, víctima de una tortura brutal. El rol de Zazpe y la Iglesia Católica.

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Investigan a la “patota judicial” que admitía confesiones bajo tortura

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Investigan a la “patota judicial” que admitía confesiones bajo tortura

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Once víctimas declararon haber sido torturadas o amenazadas para firmar actas que la Justicia igual dio por válidas.

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Diez policías imputados por un camión narco

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Diez policías imputados por un camión narco

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Un camión con 1.682 kilos de marihuana fue detectado y liberado por la propia policía en Arroyo Leyes, con jefes de la fuerza dejando sin efecto las detenciones iniciales.

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"Otra mancha más al tigre, ¿eh?". Esa fue la expresión de un policía cuando se enteró de la detención de un ex Drogas Peligrosas, involucrado en una causa narco , al que la justicia le embargó sus bienes. El fiscal pidió la elevación a juicio de la causa que investiga el hallazgo de un camión con 1.682 kilos de marihuana en Arroyo Leyes. Hay diez policías imputados. Algunos de ellos apuntan a la complicidad de la fuerza con el narcotráfico. Una subcomisario sostuvo que "el cargamento pertenecía al Jefe de Policía". También pidieron el procesamiento de los dos ex Jefes de la URI, Sergio Vergara y Sergio Fernández.
El 1° de noviembre de 2014 un camión Iveco patente LBR-421 atravesó el Túnel Subfluvial para ingresar a la provincia de Santa Fe. El cruce fue a las 23:16, según consta en el ticket de peaje número 13.399. Minutos después se detuvo en la intersección de las rutas 1 y 168. Esperó durante diez minutos con las balizas encendidas, hasta que arribó al lugar una camioneta de color blanco.

El camión retomó su marcha, siempre detrás de la camioneta, y siguió hasta el kilómetro 14 de la Ruta 1, donde se produce la intersección con la calle 62, en jurisdicción de Arroyo Leyes. El conductor volvió a estacionarse, hasta que llegaron una Volskwagen Amarok blanca, similar a la que habían captado las cámaras minutos antes, en la 168, y una Peugeot Partner, color gris. Se dirigieron hacia el oeste, a un basural. Allí los esperaba un camión Mercedes Benz 1114. Todos apagaron las luces.

Alertados por los movimientos, vecinos de la zona llamaron a la policía. Una camioneta oficial se hizo presente en el lugar. La Amarok y la Partner escaparon a toda velocidad, quizás alertados por las luces del vehículo policial. Los uniformados arrestaron en el lugar a Juan Carlos Villalba y Alejandro Daniel Agüero, el "Aguja", sargento de la policía que se desempeñó en los períodos 1998/2001 y 2008/09 en la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones.

Las conversaciones por la frecuencia de la radio de la fuerza dan cuenta de esas dos detenciones, tal como consta en el expediente judicial.

* Comunicación radial a la 1:29: "¿Ahí tiene una persona detenida, señora? ¡Ah, bueno! Otra mancha más al tigre, ¿eh? ¡Qué vergüenza!"

* Comunicación radial a la 1:36: "Calle 62 para el oeste, para el oeste... Aparentemente tienen un personal policial detenido".

* Comunicación radial a la 1:37: "Estaban pasando de un camión a un container, marihuana, cocaína, después líquido, ¿viste? De estiramiento... Este... Bueno, y ahí lo detuvieron, y es un personal policial el que detuvieron".

Sin embargo, al arribar al lugar el Jefe de la Comisaría 14°, Martín Díaz, y el Jefe de Orden Público de la Unidad Regional I, Cristian Hang, le ordenaron a los policías que habían efectuado las detenciones que las mismas quedaban sin efecto, por lo que Agüero y Villalba podían seguir con sus tareas. Así lo hicieron: Villalba se retiró del lugar en el camión Mercedes Benz, cargando en el mismo un cargamento no precisado de marihuana. En tanto, Agüero, que en ese momento estaba asignado a la División Personal de la Unidad Regional I, se subió a la Partner y se retiró.

Una conversación telefónica entre dos policías refleja el desconcierto que reinó aquella noche en la fuerza al detectar un camión que, evidentemente, no debían detectar.

* Comunicación telefónica a las 3:06:

Policía 1: ¡Pero no hay nadie detenido, loco! ¿A vos te dijeron que había un detenido?

Policía 2: Sí, me dijeron que había un detenido, pero bueno... No sé...

Policía 1: ¿Pero quién te avisa que había un detenido?

Policía 2: No, avisaron... Escuchame, el tema es que manejaron todo bajo cuerdas, ¿viste? Se retiraron, se fueron a la mierda entonces.

Tiempo después, ante la justicia, la subcomisario Stella Olivera fue elocuente: " A mí me resulta muy difícil de creer que el Jefe de la Unidad Regional I, el Subjefe y el Jefe de Orden Público (Cristian Hang) hayan desconocido lo que me habían referido, que el cargamento pertenecía al Jefe de Policía de la Provincia ". En ese momento la máxima autoridad policial de Santa Fe era Omar Odriozola, que había asumido en febrero de 2013, en reemplazo de Cristian Sola. En septiembre de 2015 lo sucedió en el cargo Rafael Grau.

Olivera también contó que el ex Subjefe de la Unidad Regional I, Sergio Fernández, le preguntó si se habían llevado droga del operativo, "porque necesitaba saber dónde estaba lo que faltaba del cargamento". Además, dio detalles de una reunión que mantuvo con el ex Jefe de la URI, Sergio Vergara, el 5 de noviembre de 2014, tres días después del hallazgo del camión. Ese día Vergara le dijo que "hay cosas que están consensuadas y se hacen desde hace años, como el tema de las putas, de la quiniela clandestina, pero nosotros meternos en esto no, hasta ahí no llegamos".

A Olivera le extrañó que los jefes policiales se mostraran sorprendidos por el hecho, porque se sabía que uno de los detenidos (Agüero"siempre se dedicó a la venta de drogas en la zona de la costa para la superioridad e incluso no prestaba servicios en ninguna dependencia".
Elevación a juicio
El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio de la causa, en la que hay diez policías imputados. En primer lugar, Alejandro Daniel Agüero, "Aguja", a quien se lo acusa de haber participado del traslado de la droga junto con Juan Carlos Villalba. En segundo lugar, Martín Díaz y Cristian Hang, quienes liberaron a los dos detenidos y fraguaron el acta de procedimiento. En este último punto aparecen también en la causa otros siete uniformados: Iván Papini, Matías Zoratti, Claudia Moreira, Mauro Ruoppulo, Fabián Mankja, Luciano Astrain y José María Murguía.

Los policías de menor rango dejaron constancia en sus declaraciones ante la justicia del temor a hablar. "Mis superiores tienen muchos contactos. Todo el mundo sabe que la misma policía tiene contacto con gente de ese entorno del narcotráfico. Los que trabajan verdaderamente para la policía son contados con los dedos", declaró uno de ellos. "Nadie me garantiza que alguien venga y me mate, porque hablando mal y pronto esto es falopa. Yo sólo recibo órdenes de mis superiores", agregó.

"Hasta el día de hoy yo tengo temor de lo que pueda pasar. ¿Quién me garantiza que a mí no me pase nada? Desde el momento que encontramos la droga tengo ese miedo", señaló uno de sus compañeros. Un tercero fue en el mismo sentido: "Yo tengo miedo de que me pase algo a mí y a mi hijo, por las represalias que pueda tomar alguna persona por esto que estoy declarando".
Embargaron al "Aguja"
El juez federal Reinaldo Rodríguez trabó un embargo contra Alejandro Daniel Agüero, medida solicitada por el fiscal Walter Rodríguez y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena. El embargo alcanza dos inmuebles y el secuestro de tres vehículos pertenecientes a Agüero, su padre, Carlos Alberto, y la concubina, María Silvina Arredondo.

Para los fiscales, "no hay dudas de que Agüero y su familia tuvieron un incremento patrimonial injustificado que se verificó durante el transcurso de un corto periodo y en el que se constataron vínculos con diversas actividades ilícitas". En este sentido, agregaron que es posible "sostener que los bienes adquiridos no tienen origen lícito ya que los ingresos no se corresponden con el volumen de gastos realizados por ellos en un lapso de tiempo breve".

En el escrito detallan que hay pruebas "de que durante el marco temporal que abarca el despliegue delictivo que se adjudica a Alejandro Agüero, se incorporó al patrimonio del nombrado y de su entorno más cercano, varios automóviles, un inmueble y se realizaron costosas remodelaciones de la vivienda familiar", las cuales "de ninguna manera pudieron solventarse con los ingresos corrientes de los investigados", que se desempeñan como sargento de la Policía de Santa Fe, portero de una escuela y enfermera.
Vergara y Fernández
En octubre del año pasado el juez federal Reinaldo Rodríguez dictó el sobreseimiento del ex Jefe de la Unidad Regional I, Sergio Vergara, y del Subjefe de la misma unidad, Sergio Fernández, en la causa. El fiscal apeló esa medida y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en términos muy duros, cuestionó la decisión del magistrado. De hecho uno de los camaristas, en el escrito, sostuvo que el juez Rodríguez debió haber dictado el procesamiento de los dos jefes policiales. Procesamiento que el fiscal Rodríguez le solicitó al juez en los últimos días.

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Diez policías imputados por un camión narco - Cosecha Roja

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"Otra mancha más al tigre, ¿eh?". Esa fue la expresión de un policía cuando se enteró de la detención de un ex Drogas Peligrosas, involucrado en una causa narco, al que la justicia le embargó sus bienes. El fiscal pidió la elevación a juicio de la causa que investiga el hallazgo de un camión [...]

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Condenan a un exjuez de menores por robar la identidad de una hija de desaparecidos

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Condenan a un exjuez de menores por robar la identidad de una hija de desaparecidos

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El juez recibió a la beba Paula Cortassa como NN tras el operativo en el que mataron a su madre y desaparecieron a su padre, y la entregó en adopción bajo una identidad falsa.

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Luis María Vera Candioti -ex juez de menores- a 15 años de prisión por retener y ocultar, alterar y suprimir el estado civil de María Carolina Guallane-Paula Cortassa, cuando era una beba de catorce meses. Además de ese caso, se juzgaron otros homicidios y tormentos, y hubo condenas para un expolicía (prisión perpetua) y dos militares retirados.

Texto: Nicolás Lovaisa y María Eugenia Ludueña

Esta foto fue publicada por el diario El Litoral el 12 de febrero de 1977​. Registra el momento previo al secuestro.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenaron ayer a un colega, Luis María Vera Candioti -ex juez de menores, jubilado de la justicia ordinaria provincial-, a 15 años de prisión por retener y ocultar, alterar y suprimir el estado civil de María Carolina Guallane-Paula Cortassa, cuando era una beba de catorce meses. Su padre, Enrique Cortassa, fue secuestrado. Su madre, Blanca Josefa Zapata, asesinada de un tiro durante un ataque del ejército y la policía a su casa, el 11 de febrero de 1977. Estaba embarazada de 26 semanas. A la beba la sacaron envuelta en una sábana ensangrentada.

En el mismo juicio, los integrantes del tribunal condenaron también a un policía de la provincia (hoy jubilado) a prisión perpetua y a dos militares (retirados) a 13 y 22 años de prisión por diversos delitos ocurridos en esa provincia durante la dictadura cívico militar.

Durante el proceso, Paula (desde 1977, María Carolina Guallane) enfrentó al policía y a los militares acusados. Les preguntó por los 54 días transcurridos entre su secuestro y su ingreso a Casa Cuna. "Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres meses. ¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique? Necesito que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que esos tipos me tocaban para atormentar a Enrique en un centro clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en realidad están en negro", declaró en una audiencia del juicio.

Otro de los condenados es Juan Perizzotti -cumple prisión domiciliaria-, que fue hallado culpable de dieciséis homicidios, entre ellos, los de Blanca Josefa Zapata y Enrique Cortassa. También se le imputó como responsable en la sustracción, retención, ocultamiento, alteración y supresión del estado civil de Paula Cortassa. Por estos cuatro últimos delitos, más la falsificación ideológica de un documento público, Carlos Enrique Pavón, ingeniero químico y militar retirado del Ejército Argentino, recibió una pena de 13 años de prisión.

Domingo Morales -también con prisión domiciliaria- fue condenado a 22 años de prisión como autor penalmente responsable de los homicidios de Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée Wollert y José Luis Gómez.

Los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo fijaron a su colega Candioti una multa de 75 mil pesos y la inhabilitación absoluta y perpetua. También lo consideraron culpable de prevaricato, es decir, de no actuar en función de la justicia sino arbitrariamente, y le revocaron la excarcelación.

El tribunal tomó la misma decisión en el caso de Pavón, y dispuso que los condenados "cumplan la pena privativa de libertad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal". A Perizzoti le unificó la condena (tenía una de 22 años de prisión, impuesta el 22 de diciembre de 2009, y otra de 23 años, del 6 de junio de 2014) a la pena única de prisión perpetua. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de junio al mediodía.
El operativo con cobertura periodística
Aquel febrero de 1977, los participantes del operativo llegaron al barrio San Martín y empezaron a disparar contra una casa. Allí vivía un empleado provincial que, sin saber qué pasaba, pidió clemencia. No era a él a quien buscaban. Se desplazaron cien metros y dispararon contra la vivienda ubicada en Castelli 4351. Ahí sí vivían los tres militantes peronistas que buscaban. Cristina Ruiz fue ejecutada de un tiro en la cabeza. A Blanca Zapata le dieron en el cráneo. Minutos después, entró al hospital Piloto en un "estado de coma profundo". Allí se confirmó que estaba embarazada de 26 semanas. A Enrique Cortassa lo secuestraron. Un día después, el Segundo Cuerpo del Ejército informó que cayó en el "enfrentamiento".

El diario santafesino El Litoral publicó ese comunicado junto con la foto de los integrantes del operativo desplegándose alrededor de la vivienda. Dio detalles: contó que "antes de resistirse", los militantes peronistas hicieron salir de la casa a dos menores. Eran los hijos de Cristina Ruiz. Su compañero, Osvaldo Ziccardi, había caído semanas antes, en el hecho conocido como "la masacre de Las Heras e Ituzaingó".

En la casa de Castelli había también una beba, pero el ejército no lo informó: era Paula Cortassa, la hija de Enrique y Blanca. La sacaron de la casa envuelta en una sábana ensangrentada. El entonces juez de menores, Luis María Vera Candioti, la recibió como NN y la dio en adopción. Las fechas no coinciden. Según figura en la causa judicial, el Ejército entregó a Paula al juez el 4 de febrero de 1977. Curioso, porque el operativo en el que asesinaron a sus padres ocurrió siete días después.

Aquella tarde de febrero los uniformados rodearon la casa y ejecutaron a Cristina Ruiz y Blanca Zapata. Según el informe médico Cristina recibió un impacto con "orificio de entrada en la región occipital" y "orificio de salida en la región temporal izquierda", lo que le provocó "el estallido de la masa encefálica". Blanca recibió un disparo en la "región frontal", que derivó en "una lesión encefálica" y "un estado de coma profundo". Embarazada, agonizó durante doce días.

A Enrique Cortassa se lo llevaron, pese a que el comunicado militar informó que había sido abatido. Continúa desaparecido. Y a Paula la secuestraron. No se sabe qué pasó con ella durante los 54 días que transcurrieron entre el operativo y el 6 de abril, cuando ingresó a Casa Cuna. Un informe médico fechado el 20 de abril indica que desde su internación "no evolucionó bien su estado anímico".

El 13 de mayo de 1977, Candioti la dio en adopción a Jorge Omar Guallane y Agustina María Moro, un matrimonio de Venado Tuerto. Paula Cortassa pasó a llamarse María Carolina Guallane. El juzgado mintió sobre el origen de la niña. A los padres adoptivos se les informó que la bebé había perdido a sus padres biológicos en un accidente. Dos años después supieron la verdad.
"Necesitaban una persona de confianza"
El fiscal general Martín Suárez Faisal había pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe una pena de 15 años de prisión -la misma que se impuso- para Candioti. El ex juez fue el único que ocupó ese cargo durante la dictadura y asumió por un "decreto de facto" firmado por el Vicealmirante Jorge Desimoni, interventor de la provincia. "Claramente, necesitaban de una persona de confianza para tan importante función, dentro del plan sistemático que como tantas veces se dijo en esta sala, en este y en todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la supresión de la identidad de los hijos de los denominados delincuentes subversivos por las fuerzas policiales y militares", argumentó Suárez Faisal.

Para el fiscal, Vera Candioti "no acudió a otras autoridades judiciales ni a los medios de comunicación para difundir el caso de la niña y ni siquiera miró el diario El Litoral para informarse en relación al referido operativo de calle Castelli". "Tampoco se constituyó en el barrio, como hicimos nosotros 40 años después, que comprobamos que todos los vecinos de la época sabían lo que había pasado", agregó, entre otras omisiones graves del ex magistrado que enumeró.

Carolina Guallane creció con muchas dudas acerca de su identidad. Pasó años soñando extrañas pesadillas. Su familia adoptiva la acompañó en la búsqueda de su verdadera historia, junto con el Movimiento Ecuménico por los DDHH. Carolina se presentó al Banco Nacional de Datos Genéticos para ver si su sangre era compatible con otras familias analizadas, pero el resultado no arrojó compatibilidad.

Ninguna de las familias de origen había denunciado la desaparición de la niña. Abuelas de Plaza de Mayo había recibido denuncias desde 1986 pero no coincidían con su situación. En 1998, Abuelas se presentó como querellante ante la Justicia Federal de Santa Fe para impulsar la investigación sobre su identidad. Ese mismo año, Carolina Guallane apareció en varias notas periodísticas diciendo que quería conocer su verdadera identidad: estaba segura de que era hija de desaparecidos.

Cuando sus fotos empezaron a circular en los medios, personas que conocían a sus padres alertaron a sus abuelas. La veían muy parecida a su papá. Entonces, al cruzar los datos genéticos, Paula recuperó su identidad. Fue en septiembre de 1998. Su padre y su hermano o hermana, que debió nacer en cautiverio, continúan desaparecidos.

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Condenan a un exjuez de menores por robar la identidad de una hija de desaparecidos - Cosecha Roja

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Luis María Vera Candioti -ex juez de menores- a 15 años de prisión por retener y ocultar, alterar y suprimir el estado civil de María Carolina Guallane-Paula Cortassa, cuando era una beba de catorce meses.

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Tras una derrota en un clásico, integrantes del plantel de Colón retiraron la Virgen del estadio. Según la causa judicial, fue destrozada a martillazos, mientras en los medios decían que estaba siendo "restaurada".

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Un sobreviviente del acorazado alemán Admiral Graf Spee, hundido en el Río de la Plata en 1939, se probó en Unión días después de llegar a Santa Fe y jugó el primer partido oficial del club en los torneos de AFA. F

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Hugo Alves, delantero brasileño que jugó en Unión durante la temporada 2003/04 fue detenido en Belo Horizonte por narcotráfico. La Justicia brasileña lo condenó a 9 años y 4 meses de prisión.

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Edgardo "Gato" Andrada se convirtió en espía de la dictadura bajo el nombre falso de Eduardo Néstor Antelo, reclutado por un represor que después sería condenado por 46 homicidios.

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De la zaga Tatengue a espía de la Fuerza Aérea

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De la zaga Tatengue a espía de la Fuerza Aérea

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Amadeo Gándola jugó en Unión entre 1956 y 1957 y, durante la dictadura, fue Personal Civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

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Una investigación “fingida” para encubrir a los vaciadores del Banco Santa Fe

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Una investigación “fingida” para encubrir a los vaciadores del Banco Santa Fe

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El vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, entre 1979 y 1990, le costó a la provincia 500 millones de dólares y allanó el camino a su privatización. La investigación judicial, conducida entre otros por Víctor Brusa, se demoró durante décadas hasta que la causa prescribió, garantizando la impunidad de los responsables.

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¿Cómo puede ser que te alboroten mis placeres?

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¿Cómo puede ser que te alboroten mis placeres?

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¿A quiénes representan quienes se indignan ante una alegría popular, una expresión artística, una reacción política? ¿Por qué se enojan ante la "vulgaridad" de Messi? ¿Cuándo se hizo más brutal la saña de ciertos medios contra Diego y el Indio Solari?

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¿Cómo puede ser que te alboroten mis placeres?

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¿A quiénes representan quienes se indignan ante una alegría popular, una expresión artística, una reacción política? ¿Por qué se enojan ante la “vulgaridad” de Messi? ¿Cuándo se hizo más brutal la saña de ciertos medios contra Diego y el Indio Solari?

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El 1° de diciembre de 1976, Rodolfo Walsh aún no había escrito su imprescindible "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar", en la que denunciaba que aquellos hechos en los que "extremistas se amontonan de a diez en vehículos que se incendian" no eran más que "estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional". Pero ese día, el microcentro santafesino sería escenario de uno de esos libretos.

Algunos de los títulos de El Litoral de los últimos días de noviembre de 1976 no difieren demasiado de algunos que podrían leerse hoy. Se inicia la reparación de los arreglos en el socavón de calle Urquiza, entre Mariano Comas y Cándido Pujato. Hay una suba descontrolada de precios y un ajuste en los salarios. Vecinos advierten al municipio que la avenida General Paz no termina en Javier de la Rosa. La tapa estaba reservada a los temas más importantes del país: por esos días, la visita del dictador de Bolivia, Hugo Banzer, para entrevistarse con el dictador argentino, Jorge Rafael Videla.

En las páginas además se destaca la publicidad de los comercios de la época en las semanas previas a la navidad: la mayoría de ellos ubicados en la misma zona en la que un grupo de militares, vestidos de civil y en autos sin identificar, desataron una masacre.

Yolanda Ponti tenía 18 años. En Rafaela, su ciudad natal, había editado junto a un grupo de compañeros y compañeras una revista política. En 1975 llegó a Santa Fe para estudiar Trabajo Social en la Universidad Nacional del Litoral. Comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista, mientras recorría los barrios más humildes de la ciudad. Vivía en Agustín Delgado al 1.300. Ese primer día de diciembre de 1976 se subió al interno 11 de la línea 3, en avenida López y Planes al 4.000. Siete personas comenzaron a seguirla.

De los propios documentos del ejército se desprende quiénes eran y en qué vehículos se movilizaban. La "cabeza de columna" iba en un Renault 6, integrada por el capitán Alberto José Jaime al volante, más el suboficial mayor Nicolás Correa (integrante del Batallón de Inteligencia 601) y el oficial Héctor Romeo Colombini. En la "cola de columna" iban en un Dodge 1500 el teniente primero Julio César Rodríguez al volante, acompañado por el sargento ayudante Eleodoro Hauque, el sargento primero Oscar Alberto Cabezas y un Personal Civil de Inteligencia "cuya identidad se reserva por razones de seguridad". Todos vestidos de civil, en vehículos sin identificar.

A las 17:10, al llegar a la intersección de las calles 25 de Mayo y Lisandro de La Torre, en horario comercial, semanas antes de las fiestas y en pleno microcentro santafesino, la "inteligencia" decide abordar el colectivo.

Según la versión oficial, en ese momento Ponti desenfunda su arma y ejecuta al sargento Cabezas. Además, mata al chofer del colectivo, Arnaldo Martinazzo, y a un peatón que pasaba por el lugar, José Roberto Herrera, jubilado, 69 años. Y, antes de ser abatida, también consigue arrojar una granada "junto al paredón de la empresa Agua y Energía, arma que siguiendo una trayectoria parabólica golpea sobre el techo del móvil y rebota para quedar situada en la ochava noreste, abajo de una cortina metálica de la casa Villalonga Furlong". Es decir que, según la versión oficial, en apenas segundos, Ponti advirtió la presencia de las fuerzas armadas, dio muerte a un sargento que ni siquiera llegó a efectuar un disparo, a otras dos personas muy distanciadas entre sí y lanzó una granada. Una maniobra que suena irreal incluso para una escena cinematográfica protagonizada por Liam Neeson.

El desastre fue tan grande que al ejército le costó controlar la narrativa incluso en los medios de comunicación que le eran afines. Según publica El Litoral el 2 de diciembre, el colectivo "fue interceptado por tres automóviles, aparentemente de fuerzas conjuntas de policía y Ejército, ya que no llevaban ningún tipo de identificación y sus ocupantes vestían de civil". Es decir, un vehículo más de los que el ejército había admitido como parte del operativo. Agrega que "las versiones son confusas en el sentido de que la antedicha mujer habría contado con el apoyo de otros dos sediciosos y que de inmediato la delincuente descendió del colectivo y arrojó una bomba que estalló en la calle". Según La Nación, en el hecho "murieron cinco sediciosos".

Las fuerzas sólo informaron la muerte de Cabezas, al mismo tiempo que establecieron que no efectuó ningún disparo. La muerte de Martinazzo recién un día después, como "muerte violenta", sin más precisiones. Pero no son los únicos detalles que deslegitiman la versión oficial. Según la instrucción del hecho, que estuvo a cargo del capitán Douglas Patrick Dowling, a Ponti se le secuestró "una pistola Colt calibre 11,25", un arma que puede albergar ocho proyectiles: siete en el cargador y uno en la recámara. En la escena había un impacto en el asiento del chofer, uno en la palanca de cambios, uno en el tablero y uno cerca de la guantera; además dos en la cabeza del sargento y otros dos roces en su cuerpo. Son ocho balazos. ¿De dónde salieron entonces los disparos que mataron a Martinazzo y Herrera?

El colectivo presentaba además impactos de bala que habrían partido desde una camioneta que se encontraba detrás del mismo (¿uno de los tres vehículos que menciona El Litoral y no aparecen en los documentos oficiales?) y se observaron también daños en otro auto. Es decir que al colectivo, que iba con pasajeros a bordo, le dispararon desde varios ángulos.

Las declaraciones de los siete integrantes de la fuerza son contradictorias. Uno de ellos incluso dice no haber visto el hecho, pero sin embargo hace un relato detallado del mismo. Pese a las cuatro muertes, para el juez de instrucción de aquel momento las fuerzas "actuaron con mesura y prudencia". Las pruebas indican lo contrario: que las actuaciones posteriores tuvieron como único objetivo justificar la brutal intervención del ejército, y fundamentalmente acusar a Ponti no sólo de la muerte de Cabezas, sino también de dos civiles que se encontraban en el lugar.

Empezó el juicio

Hoy se inició el juicio oral y público contra el exmilitar Alberto José Jaime, único acusado por el hecho. El fiscal interviniente es Martín Suárez Faisal. Jaime estuvo prófugo cuatro años y medio, desde octubre de 2014 hasta abril de 2019, cuando lo encontraron y exhibió el DNI de su hermano. En noviembre de ese año, la Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento y prisión preventiva, más un embargo de dos millones de pesos.

En el primer día dijeron presente un importante grupo de militantes de derechos humanos, estudiantes de la facultad donde estudió Yolanda y compañeros y compañeras de Rafaela.

Por otra parte, mañana a las 10:30 se colocará una baldosa en su memoria en la esquina de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre.

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Una masacre en el microcentro santafesino

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El 1° de diciembre de 1976, en 25 de Mayo y Lisandro de La Torre, murieron una mujer, un militar, el chofer de un colectivo y un peatón. La versión oficial fue que Yolanda Ponti, militante política de 18 años, ejecutó a sus víctimas antes de ser abatida.