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El proceso de la Administración de Justicia exige un enorme trabajo burocrático-administrativo. Éste se concreta en la redacción de escritos repetitivos, archivo de amplia documentación y seguimiento de plazos y procedimientos fijos determinados por la normativa procesal. Por el volumen de información a tratar, junto a la carencia de medios materiales y humanos adecuados, las oficinas judiciales se han encontrado tradicionalmente colapsadas, acumulando retrasos que en algunos casos son de varios años. Paralelamente, la relación con los abogados y representantes de las partes, al estar basada en el intercambio físico de escritos, resulta lenta y laboriosa.

Las consecuencias de lo anterior, en forma de inseguridad jurídica y mala calidad de servicio hacia los administrados, son frecuentes en países donde el Derecho es fundamentalmente escrito.

Frente a esta situación, las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información ofrecen una ayuda decisiva en todas estas tareas, proporcionando agilidad y velocidad de respuesta, acortando los procedimientos y reduciendo los tiempos de espera para los administrados.

Por su fácil y rápida implantación, los proyectos de informatización de juzgados producen resultados apreciables en periodos de tiempo muy breves.

La informatización moderna no requiere la creación de nuevos organismos (centros de proceso de datos) por tratarse de soluciones distribuidas, donde cada grupo de usuarios, dotados de sus puestos de trabajo individuales, es autosuficiente, en lo que hace al procesamiento de su información.

Para asegurar el éxito, resulta imprescindible otorgar máxima prioridad a la capacitación del personal del juzgado y al desarrollo del software. Por tanto se debe plantear el proyecto desde las necesidades operativas, esto es desde un análisis riguroso de los procedimientos a informatizar y de los resultados que se esperan.

El punto fundamental se sitúa en la capacitación y en la aplicación y no en el equipamiento hardware, que debe ser siempre una consecuencia de lo anterior.

La adecuada implantación y el esfuerzo en capacitación, si bien suponen costes elevados, son imprescindibles para asegurar el éxito. Entre ellos se debe asimismo tener en cuenta el esfuerzo de arranque inicial que implica la introducción de datos.

Lex100 es la solución desarrollada por BASE100 que incluye los conceptos más evolucionados para asegurar una informatización con éxito de las oficinas judiciales.

La informatización de las oficinas judiciales implica una triple actividad previa:

Capacitación de todo el personal relacionado.

Instalación del equipamiento y las aplicaciones.

Introducción de los datos iniciales dentro del sistema informático.

Lex100 ofrece soluciones completas, probadas y eficaces a cada una de estas actividades.

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El proceso de la Administración de Justicia exige un enorme trabajo burocrático-administrativo. Éste se concreta en la redacción de escritos repetitivos, archivo de amplia documentación y seguimiento de plazos y procedimientos fijos determinados por la normativa procesal.