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Permite planificar y coordinar las acciones en salud a largo plazo.

Promueve la equidad y el acceso igualitario a los servicios de salud.

Reduce las brechas entre zonas rurales y urbanas.

Fortalece la prevención de enfermedades y fomenta estilos de vida saludables.

Involucra a la comunidad en la toma de decisiones en salud.

Facilita la articulación entre Estado, EPS, alcaldías y entes territoriales.

Mejora los indicadores de salud pública del país.

Orienta la inversión hacia las prioridades en salud.

Da continuidad a las políticas más allá de los cambios de gobierno.

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Garantiza el acceso universal a los servicios de salud.

Obliga al Estado a brindar atención oportuna y de calidad.

Protege la vida y el bienestar de todos los ciudadanos.

Permite a los ciudadanos exigir el cumplimiento del derecho (tutelas).

Favorece la justicia social y la inclusión.

Fomenta la inversión en infraestructura y personal de salud.

Refuerza la idea de que la salud es un derecho, no un privilegio.

Promueve la participación ciudadana y la corresponsabilidad en el cuidado.

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Constitución Política de 1991, Art. 49: la salud es un derecho fundamental y un servicio público esencial.

Ley 100 de 1993: crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Ley Estatutaria 1751 de 2015: regula el derecho fundamental a la salud y define sus principios.

Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031: orienta las políticas nacionales de salud.

Resolución 518 de 2015: adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS).

Decreto 780 de 2016: compila todas las normas del sector salud.