# data[].attributes.body
En el marco del paro agrario se intensifica bastante los hechos de violencia ocular. Esto muestra que la práctica del ESMAD apunta concretamente a acallar, silenciar y pretende desmovilizar a la población con mecanismos de violencia ocular. Los mecanismos son disparar bombas aturdidores, lanzas gases lacrimógenos y balas de goma. Aunque muchas denuncian no se remontan como directos responsables a la policía, sí se permite apreciar que dichos artefactos han sido usados para agredir a la población y la mayoría de las veces se dispara directamente al manifestante para contener su participación en las protestas. A partir de este año se intensifica un poco las agresiones y violencia por parte de agentes estatales. El paro agrario fue el justificante para atacar e intervenir a matar a lxs manifestantes. Desde que se conocieron los 48 casos reportados de violencia ocular entre 1999 a 2020, el período de 2010 a 2020 presenta una intensificación de la violencia ocular como mecanismo represivo y criminal del ESMAD en cabeza del Estado colombiano. El 2010 puede ser la apertura de la intensificación de violencia ocular.

# data[].attributes.headline
Caracterización de la violencia ocular. 

# data[].attributes.subject
Caracterización de la violencia ocular. 

# data[].attributes.body
Es una práctica policial violenta y sistemática, la cual es ejecutada por el Escuadro Móvil Anti Disturbios (ESMAD) y es generada con el gran arsenal de armas "no letales" que utiliza este escuadrón. Asimismo, la violencia ocular se caracteriza por generar lesiones oculares no letales, como una forma de terrorismo efectuada hacia un sector social y político en particular, es decir, las personas y movimientos sociales que ejercen su derecho a la protesta social. En este sentido, la violencia ocular tiene el objetivo de mandar un mensaje con un alto contenido simbólico contundente y cruel, pues una lesión ocular efectuada en individuo, representa "las consecuencias" de lo que puede llegar a pasar si salimos a tomarnos las calles que por derecho nos perecen.

Es preciso mencionar que, la violencia ocular efectuada por el ESMAD, tiene distintas escalas de gravedad, donde hay algunas personas que han llegado a perder completamente sus ojos. De este modo, existe una necesidad urgente de visibilizar y sistematizar todos los casos de violencia ocular que se han efectuado a lo largo de estos 24 años. Por último, es fundamental generar estrategias pedagógicas, didácticas e informativas para lograr visibilizar este tipo de violencia que debe ser repudiada y no permitida.

# data[].attributes.attachment_caption
Prensa PCC, sábado 07 de noviembre de 2009

# data[].attributes.body
En segundo lugar, es necesario mencionar que la democracia tomo como principal eje el reprimir bajo la construcción histórica del enemigo interno y la figura de terrorista. Desde sus fundamentos epistemológicos, políticos e ideológicos se construye la figura de democracia, dando o asignando unos roles de género específicos en la sociedad. En cuanto a sus características se refiere, la democracia se vistió de garante de DD.HH, pero la realidad es reprimió bajo el fundamento de la seguridad democrática. Se fortaleció también la figura de paramilitar en las universidades públicas, dando así a la policía como práctica atacar con sus armas no letales, dando como resultado violencia política y policial.

# data[].attributes.attachment_caption
Carlos Julio Martínez, en revista semana, 28 de abril de 2015

# data[].attributes.body
Las tensiones sociopolíticas derivaron en el abuso indiscriminado de la fuerza pública, las paramilitarización del país junto a la violación sistemática de los derechos humanos por tales actores convirtieron al país en un escenario en desequilibrio.  Las reclamaciones por educación, paz y la correcta administración del heraldo publico desembocaron en marchas multitudinarias en donde la violencia ocular tuvo lugar. Casos como el de Natalia Bernal en Bogotá y el hijo de Nesly Vergara ambos seriamente afectados por lesiones en sus ojos a manos del Escuadrón Anti Disturbios (SMAD) durante las jornadas de protestas del 1 de mayo de 2014 demuestran la estigmatización que se cierne alrededor de los estudiantes que exigían al Estado la consecución de una verdadera paz estable y duradera.

# data[].attributes.headline
¿Qué nos dicen los elementos del punto anterior sobre las características y cualidades de la democracia?

# data[].attributes.subject
¿Qué nos dicen los elementos del punto anterior sobre las características y cualidades de la democracia?

# data[].attributes.attachment_caption
BBC News Mundo, Hernando Salazar, 24 de noviembre de 2010

# data[].attributes.body
En primer lugar, se fortaleció la policía como mecanismo de garantía de la democracia de Santos. Pues aquí la democracia también se infunde bajo criterios de seguridad y defensa. La mismo policía incrementó el armamento para contrarrestar 'el terrorismo y los grupos insurgentes'. En las universidades y en la protesta social la policía y la política democrática de Santos se impusieron reprimiendo, desapareciendo y estigmatizando las protestas de esos sectores sociales y estudiantilies.

# data[].attributes.body
Existe una clara criminalización a la protesta y el movimiento social.

se ha normalizado la respuesta violenta y represiva por parte del estado en pro del "Orden público"

hay un sentimiento general de impunidad, permisividad e injusticia a través de los mecanismos de rendición de cuentas. La impunidad por el uso excesivo de la fuerza perpetúa un ciclo de violencia y alienta tácticas agresivas contra los manifestantes.

# data[].attributes.body
A continuación, encontrarás una serie de convenciones que serán útiles para la comprensión de la línea del tiempo

# data[].attributes.body
El presidente Juan Manuel Santos anunció, el 20 de noviembre, su intención de aspirar a un segundo mandato presidencial y, el lunes 25 del mismo mes radicó ante la Registraduría la carta en la que protocolizó su interés en ser candidato a la Presidencia para el periodo 2014-2018.

Durante tres semanas de agosto y septiembre, la legítima protesta social de sectores campesinos se mezcló con los oscuros objetivos políticos de grupos interesados en promover el caos. Los niveles de violencia obligaron al Presidente a movilizar a la Fuerza Publica –Ejército incluido– en defensa de los ciudadanos de bien, amenazados por vándalos, saqueadores y extremistas. Las manifestaciones, originadas en la zona cocalera del Catatumbo, fueron cediendo con el paso de las semanas, a medida que el Gobierno iba llegando a acuerdos con los diferentes sectores de la producción agropecuaria. A las protestas se sumaron médicos e indígenas.

Todo indica que la discusión sobre la polémica reforma de la salud, un sector caótico y con problemas crónicos, se trasladará al 2014. El proyecto propuesto por el Gobierno ha generado el rechazo de varios gremios, que denuncian que no resuelve la situación y le sigue entregando poder a las EPS.

# data[].attributes.body
En Colombia, el año 2012 se caracterizó por la continuidad del conflicto armado de casi medio siglo de duración, la esperanza de una solución al conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP tras la apertura de conversaciones de paz, y la intensificación de otras formas de violencia que causan graves sufrimientos a la población. Mientras en Cuba se mantienen conversaciones por la paz entre estas dos partes, el conflicto armado y la violencia coexisten en los territorios urbanos y rurales del país, lo que complica la situación de los civiles.

En 2012, el CICR constató el deterioro de las condiciones de vida de la población civil debido al recrudecimiento de las hostilidades en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Putumayo y Nariño. A estas consecuencias del conflicto armado se sumaron otras generadas por la consolidación de nuevos grupos armados organizados o por actores de la violencia armada en ciudades como Medellín, Buenaventura y Tumaco.

El aumento de los enfrentamientos en algunas zonas del país se tradujo en más desplazamientos masivos asistidos por el CICR durante el año. Muchos de estos desplazamientos fueron por corto plazo y las comunidades retornaron después a sus zonas de origen. También continuaron los desplazamientos individuales, tanto del campo a la ciudad, como entre barrios de una misma ciudad (por ejemplo, en Buenaventura y Medellín).

Adicionalmente, existen víctimas que no han podido presentar su declaración ante las entidades del Ministerio Público. Consciente de esta problemática, el CICR apoyó la organización de 20 jornadas de toma masiva de declaraciones en los departamentos de Córdoba, Chocó, Valle, Putumayo y Nariño, que permitieron que 2.520 hogares (12.445 personas) pudieran declarar, brindándoles la posibilidad de, una vez valorada la declaración por parte de la Unidad de Atención a las Víctimas, ser incluidos en el Registro Único de Víctimas y acceder a la asistencia y reparación en el marco de la Ley 1448 de 2011.

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/2013/colombia-report-2012.pdf

# data[].attributes.body
Primer año del gobierno de Álvaro Uribe, entrada en vigor total de la política de seguridad democrática, lo cual lleva a mayor abuso contra la población civil, y mayor intensidad del conflicto armado.

# data[].attributes.attachment_link.title
Uribe pide un despliegue militar de EE.UU. en Colombia

# data[].attributes.attachment_link.description
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, dijo ayer que el conflicto en su país es más grave que el de Irak y pidió que para solucionarlo Esta

# data[].attributes.body
-Resurgimiento de las movilizaciones sociales en distintos departamentos del territorio, sectores sociales entre campesinos, estudiantes, maestros, trabadores, indígenas y sindicatos. Una razón de esto implica el cambio de un gobierno como el de Álvaro Uribe, donde las violaciones de derechos humanos fueron la norma y el "método" para brindar una falsa seguridad enfocada a aniquilar los sectores afines a la izquierda y luchadores sociales.

# data[].attributes.body
Aparente recuperación de la economía después de la crisis 97 - 99, mejora de los indicadores de inversión e inflación, nueva reforma tributaria - LEY 863 DE 2003.

Privatización y liquidación de empresas estatales.

# data[].attributes.body
la guerrilla continuó su ola de atentados y secuestros, alimentando la desconfianza de la opinión pública, mientras el Estado era ineficiente al momento de responder al crecimiento descontrolado del paramilitarismo, el mayor de la historia bajo el gobierno de Pastrana. Hubo crisis y amenazas de suspender las negociaciones, en medio de liberaciones de soldados y policías secuestrados o de la tregua que permitió la realización de la Copa América a finales de 2001 la esperanza de la paz se alejaba.

# data[].attributes.body
En los años noventa, Colombia atravesaba numerosos, complejos y profundos cambios en la organización del Estado, donde empiezan a haber profundos cambios en la rama jurisdiccional Para el período (1998-2002), se encontraba en la presidencia Andrés Pastrana, miembro del Partido conservador Colombiano, el cual tuvo una importante incidencia en la creación del ESMAD. El 24 de febrero de 1999, durante su período presidencial, la Policía Nacional creó el cuerpo antimotines “Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD” mediante la Resolución 01363 del 14 de abril de 1999, como parte de un proceso de modernización de la Policía, que dio inicio al Plan Colombia.

En este sentido, es precioso hablar del “derrumbe parcial del Estado" en los noventa, el cual se relaciona con los altos índices de criminalidad, el deterioro de las instituciones del Estado. Por lo tanto, la transición secular trae consigo no solo el recrudecimiento del contexto político colombiano, atravesado por la violencia y el clientelismo, también se consolida con mayor solidez un Estado de carácter neoliberal.

# data[].attributes.body
Para el año 2002 el escenario político colombiano se configura de tal manera que va a orientar el rumbo que va tomar el panorama nacional los años siguientes.

El fracaso del proceso de paz entre el gobierno pastrana y las FARC, la toma del estado por parte del paramilitarismo en las elecciones legislativas, una nueva escalada de violencia de las guerrillas, la llegada de AUV a la presidencia y el inicio de una ofensiva de las fuerzas armadas impulsadas por el plan Colombia.

# data[].attributes.body
Los acontecimientos sucedidos el año inmediatamente anterior signaron el devenir de la vida nacional. Este año se producen elecciones presidenciales y la reelección de Alvaro Uribe como presidente es un hecho. Este ultimo, Carlos Gaviria Díaz, Horacio Serpa Uribe, Antanas Mockus Sivickas y otros, son los candidatos que se miden en los comicios realizados.

Sin embargo, en todo el país se registraron 11.292 personas asesinadas o desaparecidas por fuera de combate (o sea, en su casa, en la calle o en su trabajo), por violencia sociopolítica entre julio de 2002 y junio de 2006. Esto significa que, en promedio, más de siete personas (7,8) fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente por fuera de combate por motivos sociopolíticos cada día en Colombia y aún así la relección surtió efecto.

# data[].attributes.body
Las relaciones internacionales con EE.UU dejan como consecuencia la llegada de los helicópteros que serán utilizados para fumigar las plantaciones y los cultivos en Colombia, según el presidente pastrana, "el plan Colombia incluye una gran cantidad de financiamiento interno, es mucho más que equipo militar; señalando que USD $7.500 millones lo cual corresponde al 80% del presupuesto del plan Colombia se destinan a inversión social y el 20% a la guerra contra el narcotráfico" sin embargo, la realidad de la inversión de esas cifras es inexacta.

# data[].attributes.body
La economía durante los años 2001 y 2002 puesto que el PIB estará por debajo del crecimiento de la población lo cual indica que no hubo generación de riqueza.

El pobre crecimiento de la economía se asocia con la debilidad de las fuentes internas de demanda y con las no muy claras expectativas por exportaciones sobre todo a nivel de nuestros mercados con Venezuela y Ecuador, premisa que aminora algo con la reciente evolución de la tasa de cambio.

La inversión privada puede recuperarse por factores de confianza que en el corto plazo ha generado el gobierno de Uribe Vélez aunque la aceleración del ajuste fiscal a través de mayores impuestos hace pensar en contracción mayor de la demanda y una restricción de la inversión

# data[].attributes.body
-La reforma agraria de la agenda política de Santos sembró esperanzas en los campesinos despojados de sus tierras a lo largo del país, puntos centrales como la restitución de tierras se convirtieron en motivo de conflicto tanto para los campesinos y del otro lado para los proyectos de desarrollo volcados al atractivísimo, la minería, la ganadería y por supuesto la acumulación de tierras.

# data[].attributes.body
En el año 2003 en Colombia se intensifico el enfrentamiento entre las partes en conflicto en ciertas zonas del país generando grandes consecuencias humanitarias para la población civil, atenuado por la "pacificación" del territorio iniciada por el gobierno.

Se caracterizo por una marcada polarización que agudizo el sufrimiento de la población civil debido a los métodos y los medios usados por los diferentes actores armados para conducir las hostilidades.

# data[].attributes.attachment_link.title
Colombia: conflicto armado y crisis humanitaria - Informe de actividades 2003 - CICR

# data[].attributes.attachment_link.description
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó su informe sobre las actividades desarrolladas por la Institución en Colombia durante 2003. El documento presenta un diagnóstico de la situación humanitaria que vive ese país latinoamericano, afectado por más de 40 años de conflicto armado.

# data[].attributes.body
El contexto político nacional tenia en escena al entonces presidente Andrés Pastrana solicitando ayuda a los Estados Unidos para la guerra contra las drogas que estaba llevando en el país, recibiendo como respuesta del presidente George Bush " aumentar los derechos legítimos de comerciar con Colombia y luchar contra el abuso de drogas en casa. Para ese momento Colombia produce 2/3 de la cocaína vendida en todo el mundo y dos tercios de la heroína utilizada en EE.UU.

# data[].attributes.body
Después de ocho debates el congreso aprobó el acto legislativo que permite modificar la constitución y permitir la relección presidencial.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
CARLOS A. CAMACHO MARINáRedactor de EL TIEMPO
Unirse a whatsapp

La Plenaria de la Cámara avaló la reelección presidencial inmediata y negó la posibilidad de que los actuales gobernadores y el Alcalde de Bogotá puedan aspirar a la Presidencia sin renunciar a sus respectivos cargos.

Este punto, eliminado en el séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara, fue sometido de nuevo a consideración por iniciativa del representante del Polo Democrático Independiente (PDI) Hugo Ernesto Zárrate, quien fue apoyado, incluso por algunos uribistas como Gina Parody.

Entre los principales argumentos para levantar esa inhabilidad está el hecho de que, según Zárrate, el proyecto sólo habilita al Presidente de la República y rompe la pluralidad .

Así mismo, la Cámara aprobó un parágrafo transitorio que aclaraba que el Presidente en ejercicio sólo podrá ser elegido para un nuevo período presidencial .

Dicha aclaración fue introducida en la ponencia para el último debate ante las advertencias hechas, entre otros, por el constitucionalista Jaime Castro, quien alertó que tal como estaba redactado el artículo segundo del proyecto el Presidente Uribe podría aspirar a su reelección por más de un período.

La reelección presidencial comenzó a abrirse paso hacia las siete de la noche, luego de más de ocho horas de largas y por momentos tediosas intervenciones en las que de nuevo se esgrimieron las posiciones de amigos y enemigos de la reelección presidencial.

Los logros de la política de seguridad democrática, las cifras de la economía y los altos índices de popularidad del presidente Uribe fueron los principales argumentos de los amigos de la reelección, mientras que los opositores advirtieron sobre la concentración del poder en el candidato presidente, el manejo del presupuesto y la polarización que la iniciativa desató en el país.

A esa hora, con la aprobación mayoritaria de la ponencia favorable al proyecto por 112 votos a favor y 34 en contra, la Plenaria de la Cámara comenzó a darle vía libre a la reforma.

Por el contrario, la ponencia que pedía archivar el proyecto fue derrotada por 105 votos contra 33.

El primero de los cinco artículos de la reforma constitucional reglamenta las inhabilidades para empleados del Estado vinculados a la rama judicial, los órganos electorales, de control y de seguridad, a quienes les está prohibido tomar parte en actividades de los partidos y controversias políticas. Un total de 111 representantes votaron a favor, mientras 33 lo hicieron en contra.

La plenaria negó una proposición del representante conservador de Boyacá Gustavo Lanciano, que reducía el tiempo de cuatro a dos 2 meses en que el Presidente puede participar en campaña política.

En consecuencia, si Uribe decide postular su nombre como candidato podrá hacer campaña cuatro meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la elección y hasta la fecha de la segunda vuelta, si la hubiere.

Entre tanto, el artículo segundo, considerado el eje central del proyecto y que habilita al Presidente para su reelección inmediata, obtuvo 113 votos a favor y 16 en contra.

áEl artículo tercero fue aprobado, tal como venía de la comisión primera de la Cámara, por 115 votos a favor y 15 en contra. Este habilita al Vicepresidente para ser reelegido para el período siguiente, si integra la misma fórmula del Presidente.

El artículo cuarto, votado 111 a favor y 17 en contra, le ordena al Congreso la expedición de una ley estatutaria en la que se consagrarán garantías para la oposición, el acceso equitativo a los medios de comunicación y la financiación de campañas, entre otros.

Y el quinto, que habla de la vigencia de la reforma, fue aprobado por 109 votos contra 15.

Al finalizar la sesión, el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, agradeció al Congreso la aprobación del proyecto, que consideró como un clamor del país. Y dijo que el Gobierno garantiza que el Gobierno garantiza que no se cometerán abusos en la aplicación de las nuevas normas.

Cuando EL TIEMPO le preguntó sobre las anunciadas demandas ante la Corte Constitucional, Pretelt dijo que la Corte siempre tiene la última palabra, pero si hay un proyecto de ley que ha sido debatido ampliamente y que lo conoce todo el mundo es el de la reelección .

Texto de la reforma constitucional

La plenaria de la Cámara aprobó anoche el siguiente texto de la reforma constitucional sobre la reelección presidencial inmediata:

Artículo 1_. Modifíquense los incisos 2_ y 3_ del artículo 127 de la Constitución Política y adiciónense dos incisos finales al mismo artículo así:

A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en las autoridades electorales y en los órganos de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.

Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.

Cuando el Presidente y Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, sólo podrán participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. En todo caso dicha participación sólo podrá darse desde los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la elección presidencial y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en caso de que la hubiere. La Ley Estatutaria establecerá los términos y condiciones en los cuales podrán participar el Presidente o el Vicepresidente en los mecanismos democráticos de selección de los candidatos de los partidos o movimientos políticos.

Durante la campaña, el Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos, se exceptúan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria.

Artículo 2_. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 197. Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos.

No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, o del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares y Director General de la Policía, Gobernador de Departamento o Alcalde Mayor de Bogotá, y demás Alcaldes del país.

Artículo 3. El artículo 204 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

El Vicepresidente podrá ser reelegido para el período siguiente si integra la misma fórmula del Presidente en ejercicio.

El Vicepresidente podrá ser elegido Presidente de la República para el período siguiente cuando el Presidente en ejercicio no se presente como candidato.

Artículo 4_. Adiciónense al artículo 152 de la Constitución un literal f) y un parágrafo transitorio así:

f) La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley.

Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional y/o los miembros del Congreso presentarán, antes del primero de marzo de 2005, un proyecto de Ley Estatutaria que desarrolle el literal f) del artículo 152 de la Constitución y regule además entre otras, las siguientes materias: Garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de réplica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República.

El proyecto tendrá mensaje de urgencia y podrá ser objeto de mensaje de insistencia si fuere necesario. El Congreso de la República expedirá la Ley Estatutaria antes del 20 de junio de 2005. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del proyecto de Ley Estatutaria, por parte de la Corte Constitucional.

Artículo 5_. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

Preguntas y respuestas sobre la reelección presidencial

Quién presentó el proyecto?

Un grupo de 51 representantes a la Cámara y 43 senadores.

Quiénes podrán aspirar a la reelección inmediata?

El Presidente y el Vicepresidente de la República

Cuántas veces podrán ser reelegidos?

Por qué Jaime Castro aseguraba que el presidente lvaro Uribe podría ser reelegido dos veces?

Porque Castro sostenía que, tal y como estaba redactado el proyecto, y teniendo en cuenta que la reforma rige hacia el futuro, el límite de dos períodos solo entraba a operar a partir del 2006. Pero eso fue corregido por la plenaria de la Cámara, que incluyó un parágrafo donde se dice taxativamente que quien haya sido Presidente no podrá ser reelegido más de una vez.

Los ex presidentes podrán ser reelegidos?

Cuándo había sido prohibida la reelección presidencial en Colombia?

En 1991, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

Antes existió la reelección presidencial en Colombia?

Hasta 1991 existía la reelección, pero no era inmediata y debía mediar al menos un período. Solo entre 1821 y 1830 se autorizó la reelección inmediata del Libertador, Simón Bolívar. Luego, la Constitución de 1886 estableció que si un presidente en ejercicio quería ser reelegido, debía renunciar 18 meses antes de concluir el período.

Qué presidentes fueron reelegidos en forma inmediata?

Qué otros ex presidentes han sido reelegidos?

Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro, Rafael Núñez (3 veces), Rafael Reyes y Alfonso López Pumarejo.

Cómo fue la reelección del general Rafael Reyes?

En 1905, un año después de haber asumido el cargo para un período de seis años, una Asamblea Constituyente le prorrogó el período hasta 1914, pero Reyes cayó en 1909.

Y la del General Gustavo Rojas Pinilla?

Después de derrocar, en 1953, al gobierno de Laureano Gómez, una Asamblea Constituyente legitimó a Rojas en el poder y luego lo eligió para el período 1954-1958. Rojas cayó en 1957, dos días después de que la misma Asamblea lo había reelegido para el período 1958-62.

Qué expresidentes han aspirado a la reelección y no lo han logrado?

Mariano Ospina Pérez, en 1954; Carlos Lleras Restrepo, en 1974 y 1978; y Alfonso López Michelsen, en 1982.

Luego de la aprobación del proyecto de reelección inmediata, qué queda pendiente?

Que una comisión de conciliación, conformada por senadores y representantes, apruebe los cambios al artículo segundo y la eliminación de la posibilidad de que alcaldes y gobernadores puedan aspirar a la Presidencia.

Una vez se promulgue esta reforma constitucional, qué sigue?

El Congreso debe expedir un estatuto que le dé garantías a la oposición cuando un Presidente y un Vicepresidente quieran ser reelegidos.

Cuándo el Presidente y el Vicepresidente podrán hacer campaña por su reelección?

Cuatro meses antes de las elecciones. Es decir, a partir de enero del 2006.

Habrá límites para el uso de recursos oficiales en su campaña?

La reforma aprobada dice que sólo se podrán usar recursos oficiales para la seguridad del Presidente y el ejercicio de sus funciones.

El Presidente podrá cambiar de fórmula vicepresidencial?

Sí, siempre y cuando lo haga antes de las elecciones.

CARLOS A. CAMACHO MARINáRedactor de EL TIEMPO
Unirse a whatsapp

Comentar Guardar

Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera

Reportar Portada

Personaliza, descubre e informate.

# data[].attributes.attachment_link.description
El presidente Alvaro Uribe Vélez podrá aspirar a un segundo período en el cargo, luego de que el Congreso de la República, en ocho debates, aprobó anoche el acto legislativo de reelección presidencial.

# data[].attributes.body
El nuevo siglo tare consigo profundas transformaciones en el contexto político. En primer lugar, se consolida con más fuerza la política internacional, el plan de modernización y unas bases más fuertes del Estado neoliberal. En julio del 2000, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares, de los cuales un 80% estarían destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y solo un 20% a la asistencia económica y social.

El Plan Colombia representa un hito fundamental en el acercamiento entre los dos Estados en torno a su cooperación en seguridad, así como un punto central en el proceso de modernización de las fuerzas de seguridad colombianas. En este sentido, la intervención estadounidense contribuyó a la agudización de la represión y la violencia.

# data[].attributes.attachment_link.description
En el Congreso estadounidense concordaban en que era indeseable que ese país se viera sumido en un nuevo conflicto armado al estilo de El Salvador o Vietnam. Por esta razón, el Plan trató de no cruzar la línea invisible que separaba la lucha antinarcóticos de la contrainsurgente.

# data[].attributes.body
El contexto social para la década de 1999, estuvo atravesado por la violencia y el conflicto armado. Además de una profunda crisis económica, social y política. Por lo tanto, los años noventa estuvieron permeados por la indignación de los sectores populares y organizaciones sociales, que desde décadas anteriores habían sido excluidos de la conformación democrática y ciudadanía del Estado colombiano.

Por lo tanto, el contexto en cuanto a la movilización social, desde décadas anteriores había estado atravesado por la persecución, la crueldad y el miedo. Sin embargo, los años noventa no serían la excepción. Luego de masacres estudiantiles como la de 1954 y la de 1884, efectuadas por el Ejército Nacional, se establece un mecanismo de represión institucionalizado el ESMAD, es decir: "El Escuadrón fue creado en un contexto en el cual crecieron las ciudades y sus inequidades, las manifestaciones antigubernamentales aumentaron". (Fragmento tomado del libro Represión en la Mira, p.22)

# data[].attributes.body
En contexto económico se centró en la promoción del TLC con EE.UU, la privatización de instituciones de saludy pensión públicas, reformas políticas y económicas encaminadas a precarizar los salirios y la vida laboral.

# data[].attributes.body
En aquel momento se experimentaba en el país un fenómeno de extrema polarización. Los diálogos de paz con las FARC en la habana Cuba, la posible reelección presidencial de Juan Manuel Santos Calderón, el repunte en la popularidad de un candidato en representación de la extrema derecha, bajo la protección de Álvaro Uribe Vélez, como lo era Oscar Iván Zuluaga proporcionaba una atmosfera de desequilibrio sociopolítico por cuenta de la manipulación ejercida por los medios de comunicación. En este contexto de convulsión ocurren un sin número de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales en todo el país.

# data[].attributes.body
1.    Presidencia de Álvaro Uribe: Álvaro Uribe era el presidente de Colombia en 2007. Su política de "seguridad democrática" fue una característica importante de su mandato.

2.    Relaciones internacionales: Colombia mantenía relaciones con diversos países y organizaciones internacionales. En ese momento, el país estaba recibiendo apoyo internacional para enfrentar el narcotráfico y el conflicto armado.

3.    Negociaciones de paz: Aunque el gobierno de Uribe era conocido por su postura firme contra los grupos guerrilleros, también se realizaron esfuerzos para buscar una solución negociada al conflicto armado.

4.    Narcotráfico: El gobierno de Uribe implementó políticas para combatir el narcotráfico y colaboró estrechamente con los Estados Unidos en este ámbito.

# data[].attributes.body
Contexto social y cultural

En el marco de las movilizaciones asociadas a la conmemoración de las luchas sociales por condiciones laborales más dignas se le suman las múltiples manifestaciones en favor de los procesos de paz que buscaban la incorporación de un grupo guerrillero a la vida civil. En otro de los extremos sociales habrán de localizarse los opositores políticos, mediáticos y sociales de la paz quienes pulularon la estigmatización y la desinformación con relación a la intención del gobierno de turno por acabar con el conflicto armado y social.

# data[].attributes.body
La violencia de estado y el paramilitarismo en el año 2005 hicieron que el goce de los derechos humanos fundamentales en Colombia continuara viéndose afectado por las consecuencias del conflicto armado interno. De igual forma, la proliferación de cultivos de uso ilícito y el narcotráfico como forma principal para financiar la guerra, la falta de garantías políticas de participación y la fragmentación económica así como una política de seguridad nacional basada en la guerra indiscriminada, hacían del panorama político-social colombiano un escenario dantesco.

# data[].attributes.attachment_link.title
10 años de la Masacre del 21 de febrero de 2005 en la Vereda de Mulatos y la Resbalosa de la Comunidad Paz de San José de Apartadó | Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC

# data[].attributes.body
1. Crisis financiera global: Una de las principales influencias en la economía mundial en 2008 fue la crisis financiera global, desencadenada por la crisis hipotecaria en los Estados Unidos. Esta crisis tuvo repercusiones significativas en la economía mundial, incluida la de Colombia. La desaceleración económica global afectó el comercio internacional, la inversión extranjera y los flujos de capital hacia el país.

2. Sector petrolero: El petróleo es uno de los principales motores de la economía colombiana, y los precios internacionales del petróleo alcanzaron niveles récord en 2008 antes de la crisis financiera. Sin embargo, la caída brusca de los precios del petróleo a finales de 2008 afectó los ingresos del país y la inversión en el sector petrolero.

3. Sector financiero: La crisis financiera global también tuvo impacto en el sector financiero colombiano. Aunque el país tenía un sistema financiero relativamente sólido, hubo una disminución en la disponibilidad de crédito y un aumento en el costo del endeudamiento, lo que afectó a empresas y consumidores.

# data[].attributes.body
La Corte Constitucional tumbó, el 6 de mayo, el régimen especial para congresistas y magistrados que permitía que se jubilaran hasta con $ 29 millones mensuales. Los excongresistas afectados anunciaron que demandarán ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.

# data[].attributes.body
En 1999 el contexto económico se caracterizó por una profunda crisis económica, la cual trajo consigo una crisis financiera y a su vez, causo un profundo cambio en la política cambiaría y monetaria del país. Lo que contribuyó a que la crisis fuera tan grave, fueron las condiciones sociales, políticas y económicas internas.

Por otro lado, la crisis financiera se agudiza cuando el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) promueve un alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las obligaciones de los deudores del UPAC se disparan y muchos de ellos perdieron sus inmuebles.

# data[].attributes.body
El contexto político para este año seguía enmarcado por la violencia, el conflicto armado y la represión. Además, de ser un año clave donde el presidente Juan Manuel Santos impulsaría fuertemente la política exterior. Donde se generó una ratificación de los TLC con la Unión Europea y Estados Unidos. Santos significó la continuidad del gobierno anterior, pues en materia política los grandes sectores sociales seguían excluidos. También, se continúo con la criminalización de la protesta social.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En la coyuntura de una crisis económica de dimensiones internacionales, el 2010 prometió desde el principio ser un año difícil para Colombia. Una de las pocas noticias positivas que recibimos fue la inexequibilidad del referendo reeleccionista que buscaba un tercer período de gobierno para Álvaro Uribe Vélez. Ese 26 de febrero sentimos el alivio de saber fuera del solio de Bolívar a un personaje nefando para la historia de Colombia. No fue simplemente el resultado de una eficiente democracia burguesa, ni siquiera de la sapiencia de las altas cortes ¹; más bien una maniobra necesaria para la oligarquía colombiana que contó con el apoyo, a veces inconsciente, de diferentes sectores del proletariado afectados por el régimen uribista.

Uribe centró su programa en tres ejes fundamentales: la Seguridad Democrática, la Cohesión Social y la Confianza Inversionista. En la práctica estos "conceptos" se tradujeron en aliar las Fuerzas Armadas al paramilitarismo desde las altas esferas del poder político y ponerlos al servicio de la oligarquía terrateniente; reprimir el accionar de cualquier tipo de oposición política y brindarle absolutas libertades y garantías a los intereses del imperialismo. El fracaso de esta política es evidente: Altas cifras en desplazamiento, víctimas de la violencia, concentración de la propiedad, indigencia y desempleo; disminución de los salarios reales, crisis en el sistema de salud, deficiencia en la educación y un etcétera tan extenso como lamentable.

Sin embargo, no fue este estado de cosas el que llevó a un importante sector de la oligarquía a buscar un relevo en la Casa de Nariño. Una práctica tradicional de la burguesía colombiana desde sus orígenes ha sido su carácter endogámico: el poder se ha repartido entre miembros de unos pocos clanes desde hace casi dos siglos. Empero, en algunos casos, se ha visto obligada a valerse de personajes espurios para enfrentar problemas coyunturales. Un ejemplo claro de esto fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), a quien la burguesía otorgó el poder para frenar el régimen de Laureano Gómez que significó la fase más sangrienta del período histórico conocido como La Violencia. Igualmente, los jefes liberales necesitaban arrebatarle a las guerrillas que ellos mismos fundaron el poder político conquistado entre diversos sectores del campesinado.

Rojas no era un hijo de la oligarquía, sino de las capas privilegiadas del campesinado. Empero, tan pronto el dictador conquistó poder político entre algunos sectores populares, fue reemplazado por una Junta Militar que haría la transición al Frente Nacional ². De manera similar, Uribe suponía ser la persona idónea para ejecutar el Plan Colombia ³, y asestar un golpe definitivo al movimiento obrero y campesino que empezaba a levantar cabeza a pesar del exterminio de la Unión Patriótica (UP), inspirado por la Revolución Bolivariana en la vecina Venezuela y necesitado de alternativas ante el fracaso del modelo neoliberal.

A diferencia del actual presidente, Uribe no es hijo de la oligarquía sino de la pequeña burguesía antioqueña que a finales de los setenta y principios de los ochenta, aliada con el lumpenproletariado, logró acumular poder económico y ascender socialmente gracias al narcotráfico y otras economías subterráneas. Esta coyuntura permitió que sectores lumpen accedieran a las altas esferas del poder y quedó demostrado en julio de 2004 cuando los principales jefes narcoparamilitares presentaron su programa en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes y aseguraron contar con el apoyo del 35% del Congreso. El escándalo de la Parapolítica demostraría lo cierto de esta declaración. Ciertamente la presencia de "indeseables" en las altas esferas del poder motivó a la oligarquía a buscar una solución que incluyera devolver la presidencia a uno de sus hijos legítimos y de paso lograr una purga de sus filas. Por otra parte, las preocupantes violaciones a los Derechos Humanos incrementadas bajo el gobierno de Uribe implicaban un obstáculo para la aprobación de Tratados de Libre Comercio. Como lo demuestran los cables filtrados por WikiLeaks, escándalos como "las chuzaDAS", los "falsos positivos" y los ataques contra Chávez, preocupaban a Estados Unidos que, ahora más que nunca, precisa de una careta democrática para su aliado más fiel en el hemisferio.

A pesar de los resultados iniciales en términos macroeconómicos, el advenimiento de la crisis económica intensificó la crisis política que generó una administración que sólo fue eficiente en apariencia. Al final, Uribe resultó ser el ejecutor de los designios de los sectores ideológicamente más atrasados de la oligarquía. En las condiciones de crecimiento económico de su primera administración esto no implicaba problemas. Al fin y al cabo, había plata. Pero la crisis ha demostrado el carácter real de ese crecimiento y ante las contradicciones surgidas de la misma, los diferentes sectores han tenido que acomodar sus estrategias a un juego sin reglas en el que siempre pierden los trabajadores.

Juan Manuel Santos, sucesor de Uribe e importante miembro de su gabinete, es un digno representante de su clase: anglófilo, neoliberal, pragmático e ilustrado. Parecía ser la persona idónea para devolverle a la oligarquía el control absoluto y direccionar la política de una manera estratégica; o mejor dicho, para repartir el poder político y los cargos burocráticos de manera ordenada, en eso consiste su programa de Unidad Nacional. A él se han sumado sus aliados naturales: Cambio Radical (CR), el Partido Conservador (PC) y el Partido Liberal (PL). Mientras, el desprestigiado Partido de Integración Nacional (PIN), formado por parapolíticos, ha sido desdeñado. Personajes como estos han visto en riesgo las plazas conquistadas producto de pescar en la vorágine de corrupción que significó el régimen de Uribe. Esta situación ha generado una serie de calurosos debates en un Congreso en el que la oposición es minoría. Sin embargo, la agenda legislativa propuesta por el Gobierno ha tenido un paso exitoso por ambas cámaras, demostrando que el debate no se origina en verdaderas diferencias políticas sino en un conflicto de intereses económicos entre tiranos y esbirros que ha sabido lidiar con habilidad el Ministro de Interior y Justicia Germán Vargas Lleras, nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970).

A todo este confuso panorama se suma una intensa temporada de lluvias que azota al país desde abril del año pasado y que a la fecha suma al menos 319 muertos, 62 desaparecidos y más 2,2 millones de damnificados. Esto sin contar la destrucción de más de 5000 viviendas, casi 700.000 hectáreas anegadas y miles de animales muertos ⁴.

Ciertamente no podemos acusar al gobierno de los cambios atmosféricos, pero lo que realmente deja ver la avalancha de tragedias que ha arrasado a la casi totalidad del país son los problemas estructurales de un país cuyo destino están en las manos equivocadas. El actual sistema, por un lado, es incapaz de responder a las necesidades de los damnificados pero, de otra parte, muchas de las pérdidas humanas y materiales han sido consecuencia de la falta de vivienda digna y planificación urbana. Tal vez el ejemplo más patético en este sentido sea La Gabriela, un barrio cercano a Medellín en el que han muerto decenas de trabajadores, niños y ancianos. El alud de tierra que los sepultó está directamente relacionado, no con las lluvias, sino con un botadero de escombros y un parqueadero de tractocamiones que, ciertamente, no fueron producto de la iniciativa popular ni de un estudio urbanístico sobre el sector ⁵.

Buena parte de la ayuda recibida por los damnificados viene de la solidaridad de los arruinados trabajadores colombianos, que ya habían hecho lo propio a principios de año respecto a los damnificados de Haití. Los grandes potentados, por otra parte, han hecho algunas donaciones que les significarán beneficios fiscales. Pero el grueso de los fondos provendrá de la venta del 10% de Ecopetrol ⁶, la más grande empresa colombiana que ya sufrió una privatización del 10% durante el gobierno de Uribe. Por otro lado, la corrupción que caracteriza a los ejecutores de los dineros públicos plantea muchas dudas sobre el feliz resultado que puedan tener las obras de reconstrucción.

Se empeora entonces la situación del país que sigue viéndose afectado por la crisis económica. Si bien el Gobierno ha dicho descarademente que este ha sido un buen año y que el próximo será mejor ⁷, algunos ven con preocupación el futuro próximo. El economista liberal Eduardo Sarmiento lo expresa en términos muy concretos: "La economía crecerá cerca del 4%, la informalidad [laboral] se acentuará y la distribución del ingreso no mejorará ⁸."

No hay más que esperar. La manipulación mediática, no es una solución para las necesidades de la clase obrera. Tal vez se pueda mantener el engaño por unos meses, tal vez un par de años más, pero en algún momento el ruido de las tripas será mayor que el de la TV. Cuando el futuro del proletariado colombiano está marcado por la incertidumbre no hay otra solución que el derrocamiento de la burguesía y la conquista del poder por parte de los trabajadores. Esto sólo será posible a través de un trabajo riguroso y concienzudo, guiado por las ideas más avanzadas que permitan dotar al PDA, principal fuerza política del proletariado colombiano, de un programa socialista. Será un año difícil, pero el trabajo político que hagamos hoy es determinante de la victoria que deberemos conquistar mañana si no queremos vernos condenados a la barbarie antes del 2014.

Intégrate a la CMI en Colombia, ponte en contacto con nosotros en: colombiamarxista@gmail.com

____________________

Notas

1. La labor de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha sido sobrevalorada por la prensa liberal. Si bien estos entes han cumplido con su deber, en términos generales, lo que vemos aquí es un sistema político y administrativo que desde su incoherencia demuestra su carácter ineficaz, ya que llegar a este resultado significó un ingente desgaste para el desarrollo de los procesos políticos en el país en los últimos cuatro años.

2. Período de la historia de Colombia en el que liberales y conservadores se alternaron en el poder durante cuatro períodos presidenciales: 1958-1974. El Frente Nacional le negó el acceso al poder político a cualquier fuerza opositora al bipartidismo. Esto llevaría a que la mayoría de organizaciones de izquierda se vieran de una manera u otra ligadas a la lucha armada, situación que empezó a cambiar con la caída del llamado "bloque socialista" y la Constitución de 1991.

3. Plan concebido en 1999 por los Estados Unidos contando con los servicios del entonces presidente Andrés Pastrana Arango. En el papel este plan buscaba combatir a las guerrillas pero en la práctica ha incrementado la violencia y propiciado el accionar de organizaciones narcoparamilitares, así como un significativo aumento de las utilidades para las transnacionales.

4. http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/86569-NN/319-personas-fallec...

5. "El invierno no tiene la culpa". VOZ. Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2010. p. 15.

6. http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-12-31/venta-decreta...

7. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-242865-vamos-bien...

8. Eduardo Sarmiento. "Perspectivas 2011". El Espectador. Comunican S.A.: Bogotá D.C. 2 de enero de 2011. p. 30.

# data[].attributes.attachment_link.description
En la coyuntura de una crisis económica de dimensiones internacionales, el 2010 prometió desde el principio ser un año difícil para Colombia. Una de las pocas noticias positivas que recibimos fue la inexequibilidad del referendo reeleccionista que buscaba un tercer período de gobierno para Álvaro Uribe Vélez.

# data[].attributes.body
Para el año 2005 la mayoría de países que conforman nuestra América Latina y sus gobiernos estaban volcados hacia puertos e ideas progresistas así como de izquierda. No obstante, Colombia configuró no solo un país con una ideología antagónica a la de la mayoría de países sino que se caracterizó por altos y marcados índices de violencia sociopolítica.

El establecimiento de la reelección, las negociaciones finales del TLC y los grandes negocios con capitales externos, el proceso de negociación con las AUC, la violencia de estado, así como la alianza de Colombia con Estados Unidos, terminaban por edificar una realidad lo suficientemente adversa en la que escaseaban garantías.

# data[].attributes.body
Aumento de las masacres paramilitares, bajo el encubrimiento y complicidad de las fuerzas del estado, gracias a la seguridad democrática mediante el "Plan Patriota"

Masacre de Flor amarillo y Cravo Charro

Masacre de Llorente

Masacre de El Afilador

Masacre de Bahía Portete

Sumado a las también masacres cometidas por las FARC, el conflicto en varias regiones del país se agudizo aumentando los vejámenes hacia la población civil, la expropiación de tierras y el desplazamiento.

# data[].attributes.body
En segundo lugar, se fortaleció la policía como mecanismo de garantía de la democracia de Santos. Pues aquí la democracia también se infunde bajo criterios de seguridad y defensa. La mismo policía incrementó el armamento para contrarrestar 'el terrorismo y los grupos insurgentes'. En las universidades y en la protesta social la policía y la política democrática de Santos se impusieron reprimiendo, desapareciendo y estigmatizando las protestas de esos sectores sociales y estudiantilies.

# data[].attributes.body
El contexto para este año, seguía conservando las características de desigualdad, violencia y despojo. Los años 2000 estuvieron marcados por un alto incremento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos. Para este año, se registraron más de 38.000 martes violentas y 205 masacres. Entre esas, está la masacre de El Salado, la cual fue perpetuada entre el 16 y 23 de febrero del 2000, por grupos paramilitares apoyados por Ejército Nacional, asesinaron a más de 60 personas en total estado de indefensión.

# data[].attributes.attachment_link.title
Masacre de El Salado: Lo que no les quitaron a los Torres

# data[].attributes.body
"El proyecto de ley que presentó el viernes el Ministerio de Comunicaciones para convertir a Telecom en una empresa abierta a la inversión privada, constituye un paso decisivo dentro de la política de apertura económica del presidente Gaviria. No solo pone fin al monopolio estatal dentro de una área tan importante como las telecomunicaciones, sino que estimula la inversión privada nacional y extranjera con el anunciado propósito de lograr una densidad telefónica de 30 aparatos por cada 100 habitantes antes de fin del siglo", escribía el diario El Tiempo.

# data[].attributes.body
Por otro lado, en este año se da la elección del sucesor de A. U. Veléz: Juan Manuel Santos. La elección de él llega promovida por el mismo Uribe, con aval del partido de la U. Con ello se fortaleció la política de seguridad al estilo Uribe, pero con otro nombre: 'política de seguridad y defensa'. Se dio apertura al aumento de masacres en Colombia, que para el último semestre incrementó el 28%. Se consolida una política económica dependiente a los EE.UU: el TLC.

La economía del país se entregó en su mayoría a entidades privadas. Es decir, se empezaron a promover políticas para privatizar entidades públicas, cosa que causó molestia y motivo de lucha y resistencia.

# data[].attributes.body
El contexto social de este año estuvo marcado por la gran movilización estudiantil. Las protestas tenían como fin oponerse a las reformas educativas propuestas por el gobierno Santos, donde se priorizaba la participación de identidades privadas en las universidades publicas. Además, de denunciar la deficiencia de la partida presupuestaria contemplada por el Estado, ya que la mayoría de los recursos son canalizados a créditos estudiantiles, en lugar de ser entregados a las universidades que atraviesan un déficit desbordado.

Creación de la MANE

# data[].attributes.attachment_link.title
Que VIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL!!! VIVA LA MANE!!!!

# data[].attributes.body
Contexto económico

El intercambio entre las mejores cifras de crecimiento exponencial y la desaceleración venidera caracteriza el escenario económico de estos años. Con un crecimiento del 4.6 %, el mejor desempeño de la región al interior del bloque económico de Alianza del Pacifico y un rendimiento económico por encima de países como Chile, Brasil y Mexico, quienes trasegaban escenarios de contracción monetaria, explica a las nueve veces en que se multiplico la economía colombiana. El protagonista de dicha bonanza fue el sector de la construcción, lo cual indica una pujante expansión inmobiliaria en compañía de un despliegue infraestructural relevante. Otros sectores en crecimiento fueron los servicios sociales y financieros. El único de los sectores en detrimento fueron las explotaciones mineras.

# data[].attributes.body
En primer lugar, este año fue tensionante a nivel de refrorma política, pues el gobierno Uribe quiso promover una reforma política para se segunda reelección.

Sectores laborales, estudiantilies, líderes/as en los territorios en contra de las reformas económicas (TLC).

profundización de la política de segfuridad nacional de Uribe en las IES públicas. La policía actuó en favor de el gobierno al reprimir las protestas de los sectores sociales.

# data[].attributes.body
La violencia se hizo sentir con mayor intensidad en 25 zonas urbanas y rurales durante 2013, como este lugar del Chocó. El CICR priorizó estas comunidades para atender de manera integral las necesidades de las víctimas. Por ejemplo, en lugares donde prestó ayuda de emergencia por desplazamiento también instaló sistemas de agua y saneamiento o lideró un proyecto productivo. En su diálogo permanente con los portadores de armas, insistió en el respeto a la población.

La vida de quienes no participan en los enfrentamientos armados debe ser respetada en todo momento. El CICR ayudó a más de 600 personas a trasladarse a un lugar más seguro donde poder continuar con sus vidas, lejos de las amenazas y del miedo.

Dejarlo todo por huir de la violencia y proteger la vida. A eso se enfrentaron comunidades de departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. La restricción de movilidad y el desplazamiento intraurbano son otra cara del mismo problema.

En 2013, el desplazamiento fue el resultado de otras consecuencias humanitarias. Entre ellas estuvieron las muertes, las amenazas contra la vida, la violencia sexual, la contaminación por armas, el robo de bienes y las amenazas de reclutamiento.

La mayoría de los casos de desplazamiento masivos ocurridos durante 2013 en Colombia fueron atendidos por la UARIV, los entes territoriales y algunas instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que fortalecieron su capacidad de respuesta a estas emergencias. A su vez, el CICR brindó asistencia a víctimas en zonas con acceso restringido por razones de seguridad, siempre en coordinación con las autoridades y en diálogo con los actores armados para facilitar el ingreso. La institución también siguió apoyando a los desplazados individuales. En total, 26.000 personas recibieron ayuda humanitaria.

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/2014/04-09-colombia-annual-report-2013-full-version.pdf

# data[].attributes.body
En primer lugar, en contexto económico tuvo mayor apertura a la económica internacional. Se desarrolló con más fuerza la producción minera en distintos territorios del país. Además, de estabilizar el capital financiero.

Por otro lado, para este años empieza a establecerse el crecimiento de las ciudades, el cual irá aumentando desmesuradamente en los años posteriores, donde se empieza a desdibujar cada vez la distinción del borde rural en las ciudades

# data[].attributes.body
Las contracciones sufridas en materia económica dada la entrada de capitales extranjeros y el déficit fiscal ampliado para financiar la reelección del gobierno de Alvaro Uribe caracterizaron la economía nacional.

Las economías ilícitas, entre ellas el narcotráfico, la guerra y el despojo de tierras, recrudecieron las condiciones de desigualdad en las que una constante migración del campo a la ciudad fue la principal característica y pobló, cada vez más, la periferia de las grandes capitales.

Más 310.237 personas fueron obligadas a salir colectivamente de su tierra a causa de la violencia en el año 2005.

# data[].attributes.body
Es crucial reconocer que la violencia ocular no solo causa dañofísico, sino que también tiene impacto psicológico y emocional profundo en las víctimas y en la sociedad en su conjunto. Además, el uso indiscriminado de armas no letales en contextos de protesta socava el derecho fundamental a la libertad de expresión y reuinión pacífica, pilares fundamentales de una sociedad democrática.

En ese sentido, es necesario que los gobiernos y las fuerzas de seguridad adopten medidas efectivas como el respeto a los protocolos internacionales de DD.HH y la rendición de cuentas por parte de los responsables de ausos policiales.

# data[].attributes.body
18 de mayo inicia la negociación del TLC con Estados Unidos.

Diferentes factores internos y externos continuaron favoreciendo el crecimiento económico de Colombia. Entre los factores internos sobresalieron la mayor dinámica de la inversión, que fue el componente de la demanda que más contribuyó al crecimiento económico en 2004; las exportaciones que, presentaron el mayor crecimiento anual de los últimos 10 años, debido a la mejora en las condiciones de seguridad gracias a la política de defensa y seguridad democrática del gobierno.

# data[].attributes.body
En el año 2001 a economía internacional entró en un período de recesión que golpea al país. En particular, el principal socio nacional, Estados Unidos entró oficialmente en recesión desde marzo del 2001, agravado por los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre que hicieron profundizar la crisis.

# data[].attributes.body
El contexto social en Colombia durante el año 2008 estuvo marcado por la continuación del conflicto armado interno, los esfuerzos por alcanzar la paz, el desplazamiento interno, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como los desafíos persistentes en términos de desigualdad y pobreza.

# data[].attributes.headline
Análisis de la violencia ocular y su relación con el contexto nacional 

# data[].attributes.subject
Análisis de la violencia ocular y su relación con el contexto nacional 

# data[].attributes.body
El 9 de agosto de 2006, paramilitares y miembros del Ejército llegaron al municipio de Barbacoas, Nariño, y asesinaron a cinco indígenas que se encontraban en un refugio para desplazados.

Un teniente presentó a las víctimas como guerrilleros de las Farc que murieron durante un supuesto combate con las tropas, pero en realidad eran indígenas de la comunidad Awá.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En 2014, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y Verdad Abierta, Rutas del Conflicto documentó 730 masacres cometidas en medio del el conflicto armado colombiano, desde 1982 hasta 2012. Haga clic en cada uno de los puntos para ver el detalle de cada uno de estos hechos.

# data[].attributes.attachment_link.description
En 2014, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y Verdad Abierta, Rutas del Conflicto documentó 730 masacres cometidas en medio del el conflicto armado colombiano, desde 1982 hasta 2012. Haga clic en cada uno de los puntos para ver el detalle de cada uno de estos hechos.

# data[].attributes.body
1.    Crisis humanitaria por el conflicto armado: El conflicto armado interno seguía siendo una preocupación importante en Colombia en 2008.

2.    Escándalos políticos y judiciales: Durante este año, Colombia fue testigo de varios escándalos políticos y judiciales que impactaron en la esfera política del país. Uno de los casos más destacados fue el escándalo de la "parapolítica", que involucraba a políticos y funcionarios públicos con vínculos con grupos paramilitares.

# data[].attributes.body
1.   Violencia y narcotráfico: La lucha contra el narcotráfico y la erradicación de los cultivos de coca también generaban conflictos y violencia en algunas áreas del país.

2.    Desplazamiento y refugiados internos: El conflicto Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y buscar refugio en otras partes del país o en el extranjero.

3.    Corrupción y crimen organizado: La corrupción en las instituciones gubernamentales, así como la influencia del narcotráfico y otros grupos criminales, socavaban la confianza en el Estado y dificultaban la implementación efectiva de políticas públicas.

# data[].attributes.body
1.    Sector agrícola: A pesar de la importancia del sector agrícola en la economía colombiana, este enfrentaba desafíos como la competencia internacional, la informalidad laboral y los problemas relacionados con la propiedad de la tierra. Sin embargo, el gobierno implementó políticas para fortalecer este sector y promover la seguridad alimentaria.

2.    Desigualdad y pobreza: A pesar del crecimiento económico, Colombia enfrentaba desafíos persistentes en términos de desigualdad y pobreza. La brecha entre ricos y pobres seguía siendo significativa, y gran parte de la población continuaba viviendo en condiciones de pobreza, especialmente en áreas rurales y marginadas.

# data[].attributes.body
Este año estuvo marcado por la búsqueda de la paz y la reconciliación en medio de uno de los conflictos mas largos de la historia y que ha cobrado varias de victimas. La sociedad Colombiana enfrentaba un desafío por construir un nuevo futuro mas inclusivo, equitativo y seguro para todas y todos. Varios sectores del país se movilizaron a favor de los acuerdos de paz, las zonas mas propensas fueron aquellas que habian sido asotadas por el conflicto armado, mientras que las zonas urbanas en su mayoria se mantenian en la idea de decirle no a la paz. Si bien fue un momento en el que la sociedad colombiana se fragmento también se pudo observar una gran unión por parte de diferentes sectores que se comprometen a buscar un camino hacia la paz.

# data[].attributes.body
Durante el año 2016 Colombia se encontraba inmersa en varios acontecimientos que impactaron el la sociedad y el desarrollo del país. El principal evento fue la negociación de la paz entre el gobierno Colombiano y las FARC, el cual comenzó formalmente en el 2012. Durante el año 2016 se realizo el plebiscito por la paz, el cual buscaba la participación de los ciudadanos en los acuerdos de paz, para este muchos políticos propagaron el No, uno de los principales representantes fue el ex presidente Álvaro Uribe. Uno de los argumentos que mas se movilizo por el (NO) fue el de que se le entregaría el país a las FARC y que serian perdonados sin tener consecuencias por sus actos. Esta campaña se vio muy influenciada por varios políticos del Partido de la U, Cambio Radical, Mira y algunos del partido verde. El acuerdo de paz, alcanzado después de intensas conversaciones y mediación internacional, incluía disposiciones sobre cese al fuego, desarme de la guerrilla, justicia transicional y participación política de los excombatientes, entre otros aspectos. Sin embargo, la implementación y ratificación de este acuerdo enfrentaron varios desafíos políticos y sociales, con sectores de la sociedad colombiana expresando preocupaciones sobre temas como la impunidad para los exguerrilleros y la reparación a las víctimas del conflicto. Esta consulta, celebrada el 2 de octubre de 2016, sorprendió a muchos al resultar en un estrecho rechazo al acuerdo por parte de una mayoría de votantes, lo que generó un giro inesperado en el proceso de paz y abrió un intenso debate nacional sobre los próximos pasos a seguir.

# data[].attributes.attachment_link.title
5 años del Acuerdo de Paz en Colombia: ¿qué balance hacen los negociadores?

# data[].attributes.headline
Memorial de las víctimas: Casos de violencia ocular 1999-2016

# data[].attributes.subject
Memorial de las víctimas: Casos de violencia ocular 1999-2016

# data[].attributes.headline
Dinámica de violencia ocular en relación con el contexto social-político-económico.

# data[].attributes.subject
Dinámica de violencia ocular en relación con el contexto social-político-económico.

# data[].attributes.body
Cada uno de los casos de violencia ocular del período de 1999 a 2016, se relacionan directamente con con el contexto político social y económico del país. De ninguna forma son hechos aislados o "accidentales".

En primer lugar, la conformación del ESMAD en el año 1999 está directamente relacionada con la incursión de los procesos de modernización y el neoliberalismo en el país. Por lo tanto, el fortalecimiento del pie de fuerza no solo en Colombia, sino en toda América Latina tiene que ver los procesos de democratización de los estados, donde a partir de la represión y violencia a la población civil han reafirmado su poder. De modo que, las dinámicas de violencia y represión están directamente relacionadas con la imposición de conceptos de ciudadanía y democracia otorgados por el estado colombiano.

# data[].attributes.body
Juan Carlos Martínez, docente  directivo sindical, quien perdió su ojo izquierdo debido a un artefacto explosivo lanzado por el ESMAD

# data[].attributes.attachment_link.title
Sindicalista que perdió su ojo por agresión del Esmad es escuchado en la CIDH - CAJAR

# data[].attributes.attachment_link.description
Este 5 de julio a las 11:30 am en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se realiza la audiencia para escuchar el testimonio del sindicalista Juan Carlos Martínez Gil,…

# data[].attributes.body
El 18 de septiembre de 2011, las instalaciones del área de explotación petrolera Campo Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán en el Meta, eran el foco de una protesta pacífica de trabajadores de la empresa cuando agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) lanzaron gases lacrimógenos para sofocarla. Javier, un joven que no participaba en la protesta y que llevaba apenas un año trabajando allí, quedó atrapado en ella y terminó con severas lesiones en uno de sus ojos luego que agentes de ese cuerpo policial le propinaran una brutal golpiza.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El 18 de septiembre de 2011, las instalaciones del área de explotación petrolera Campo Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán en el Meta, eran el foco de una protesta pacífica de trabajadores de la empresa cuando agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) lanzaron gases lacrimógenos para sofocarla. Javier*, un joven que no participaba en la protesta y que llevaba apenas un año trabajando allí, quedó atrapado en ella y terminó con severas lesiones en uno de sus ojos luego que agentes de ese cuerpo policial le propinaran una brutal golpiza. Por ello, el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá acaba de condenar a la Nación.

Javier fue obligado por unas personas que estaban en la protesta a conducir una tractomula hasta un sitio conocido como "El Machín", bajo la amenaza de lincharlo si no lo hacía. En el camino, el vehículo recibió impactos de granadas que lanzaban agentes del Esmad. Los gases lacrimógenos hicieron que Javier perdiera el control del vehículo de carga que siguió andando hasta detenerse por sí solo. Cuando esto sucedió, al menos 20 agentes del Esmad, lo acribillaron a golpes de bolillo, macanas, patadas, insultos y amenazas.

(En contexto: Excesos y omisiones de la Fuerza Pública en las protestas, según la justicia)

"Perdí el conocimiento porque los gases me ahogaron (...). Después de que me sacaron de la mula me dieron pata, puño, bolillo y me decían que me iban a matar, que me iban agarrar y me iban a llevar a la cárcel. Estando ahí fue que llegó la gente a bregarme a sacar, pero no me entregaban que porque yo era un gran hijueputa que estaba haciendo parte de la manifestación (...) yo perdí la conciencia y de ahí de eso fue cuando me entregaron a una ambulancia de Pacific Rubiales y me llevaron Arrayanes", relató la víctima.

Javier quedó inmóvil en el lugar y aunque rogó que se detuvieran, esto no pasó. Los agentes le siguieron golpeando y hasta le tomaron fotos para judicializarlo después. La empresa Pacific Rubiales le prestó los primeros auxilios y fue trasladado al Hospital San Ignacio en Bogotá. El diagnóstico fue trastorno de nervio óptico, traumatismo por aplastamiento de la cara (le destrozaron el pómulo), "neuropatía postraumática nervio óptico izquierdo, fractura de piso de orbita blowout desplaza conminuta izquierda, fractura de lámina papirácea izquierda, fractura no desplazada de pared lateral de orbita izquierda, hemoseno secundario izquierdo, fractura de cuerpo mandibular derecho".

La lesión del ojo, en pocas palabras, no era susceptible de mejoría y a Javier se le recomendó no trabajar en alturas o en la noche, o en labores que requieran precisión o en áreas de alto riesgo, así como tampoco hacer de operador. Javier perdió su trabajo por la lesión y su vida cambió de un día para otro. Por estos hechos, se inició una investigación en la Policía y en la Fiscalía que aún no arroja resultados. Javier y su familia demandaron a la Nación por los perjuicios causados "por la retención ilegal, tentativa de homicidio, torturas y lesiones personales de que fue objeto por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios".

(Le puede interesar: "El despliegue de fuerza realizado por el Esmad fue excesivo e injusto": Consejo de Estado)

La Policía respondió la demanda asegurando que no había prueba alguna de que las lesiones de Javier fueron provocadas por sus agentes, dado que estos hechos -aseguraron- fueron "originados por la turba enfurecida en los campos pertroleros". También indicaron que el Esmad se limitó a disuadir la manifestación. La defensa del hombre resaltó que la lesión irreversible le provocó una pérdida de la capacidad laboral del 28, 21 % según la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta.

En fallo conocido por El Espectador, el Juzgado encontró responsables a la Nación, representados en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por las acciones desmedidas de los agentes del Esmad en contra de Javier*, en medio de una protesta social. "La lesión sufrida por el aquí demandante, constituye un daño que resulta antijurídico, toda vez que la integridad física es un bien jurídicamente tutelado y nadie está obligado a soportar la pérdida o afectación de la misma, motivo suficiente para condenar a la Policía Nacional, con base en el régimen jurídico de responsabilidad aplicable al caso en concreto", dice la decisión.

"El solo evento que el aquí demandante, resultará lesionado al margen del desarrollo de las protestas que se presentaron los días 18 y 19 de septiembre de 2011, en las instalaciones del área de explotación petrolera Campo Rubiales, es suficiente para condenar a la Policía Nacional, tal y como quedó señalado anteriormente, quien solo podrá exonerarse de responsabilidad, acreditando cualquiera de las causales de exoneración, tales como: fuerza mayor, caso fortuito, hecho del tercero o el hecho exclusivo de la víctima", agrega el fallo.
ONU pide transformar el Esmad tras hechos irregulares durante el paro
La decisión ordenó indemnizar a Javier, cuya mayor afectación además de la pérdida visual fue la pérdida del empleo. Su abogado, Germán Romero, aseguró que este hecho es una evidencia más de que el Esmad debe desmantelarse pues no es el primer caso y, en cambio, son todos los colombianos los que terminan pagando estas condenas. En ese sentido, Romero citó las reparaciones ordenadas por la justicia por casos notorios como el de Nicolás Neira, quien murió luego de una golpiza en medio de las marchas del 1º de mayo en 2005; o el del estudiante Jhonny Silva Aranguren, asesinado el 22 de septiembre de 2005 en medio de fuertes disturbios registrados dentro de la Universidad del Valle.

"El Esmad en mi concepto como funciona hoy en día no cumple estándares internacionales por procedimientos, uso de armas y cómo se evade la responsabilidad. (Se) está matando y mutilando jóvenes y se nos está volviendo costosísimo. Es una fuerza que hace uso de la violencia irracional. El Esmad es una fuerza insostenible a la luz del derecho internacional, pro eso no debe reformarse sino eliminarle de la fuerza pública", agregó Romero.

# data[].attributes.attachment_link.title
Nación deberá indemnizar a joven que perdió la vista en un ojo tras golpe del Esmad

# data[].attributes.attachment_link.description
El joven quedó atrapado en medio de una protesta petrolera en Campo Rubiales en septiembre de 2011 y resultó gravemente herido por agentes del Esmad.

# data[].attributes.body
Cuando campesinos y pescadores fueron desalojados por el ESMAD para la construcción 28 del proyecto hidroeléctrico El Quimbo en Huila; Luis Carlos Trujillo, del municipio de Gigante, fue impactado en su ojo izquierdo con una granada de aturdimiento, lo que ocasionó la pérdida del órgano, y por la cual la justicia ordenó una millonaria indemnización

# data[].attributes.body
Dos casos de violencia ocular (aparentemente sin denunciar)

# data[].attributes.body
El día 23 de agosto a las 9:30 de la noche en la vereda La Olla de la ciudad de Tunja, un menor de edad fue agredido brutalmente por miembros del ESMAD que le ocasionaron lesiones en el rostro, la mano derecha y el pie, el adolescente se encontraba solo.

Hechos similares fueron documentados en Ventaquemada, Tierra Negra y Puente de Boyacá. En el primer sitio mencionado, la Misión entrevistó a un joven de 16 años, quien señaló que mientras se desplazaba de un sitio a otro, en momentos en que ni siquiera se desarrollaba manifestación alguna, fue golpeado en múltiples oportunidades por cuatro agentes del ESMAD, mientras él se encontraba solo e indefenso.

En Tunja, la Misión recibió la llamada telefónica de una madre de familia, quien indicó que el día viernes 23 de agosto, su hijo menor de edad, fue golpeado brutalmente por agentes del ESMAD, causándole trauma craneoencefálico y un derrame interno, razón por la que se encuentra hospitalizado en la clínica SALUDCOOP de Tunja, junto con otros dos jóvenes victimizados en similar forma.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La Misión de Verificación (ad hoc) de derechos humanos en Boyacá se conformó a raíz de la gravedad de las denuncias recibidas por diferentes organizaciones, remitidas por pobladores de la zona que participan en el paro nacional agrario desde el pasado 19 de agosto.

Durante su recorrido por la región, los días 24 y 25 de agosto, la misión cumplió con su objetivo principal de documentar de primera mano y los recibir testimonios y denuncias de campesinos y campesinas, los cuales dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes internacionales por parte de la fuerza pública en un contexto de ataques generalizados contra la población civil como manera de reprimir la protesta ciudadana.

Es de recalcar que los hechos recogidos en este informe se presentaron en el marco de declaraciones públicas -emitidas antes y después de la hora cero del paro nacional agrario- por parte de diferentes funcionarios, civiles y policiales, que tienen capacidad de mando sobre los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la Fuerza Disponible de la Policía, entre quienes se cuentan el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos; el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el director general de la Policía, Rodolfo Palomino, quienes ordenaron reprimir todo intento de bloqueo de vías, órdenes que desembocaron en los desmanes y abusos que aquí se documentan, situación que se repitió a lo largo y ancho del país hasta el 26 de agosto, cuando estos mismos funcionarios, particularmente el general Palomino y el Presidente de la República, reconocieron el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y solicitaron disculpas ante el país.

II. Violaciones a los derechos humanos, al DIH y al derecho interno

La misión partió desde Bogotá por la vía principal que lleva a Tunja, y obtuvo testimonios, videos, fotografías, audios e incluso evidencias físicas como casquillos de balas de pistola 9 milímetros y fusil, que dan cuenta de la ocurrencia de atropellos desproporcionados y sistemáticos contra los habitantes de Ventaquemada, Tierra Negra, El Carpi, Casa Verde, Alto de El Moral, La Germania, Puente de Boyacá y Tunja. También se logró información confiable de municipios como Tuta, Tibasosa, Duitama, Sogamoso y Ramiriquí.

A partir de la información brindada por víctimas y testigos directos, autoridades civiles como el alcalde de Ventaquemada, Virgilio Farfán, el personero del municipio, Antonio Ruíz, el concejal Luis Alberto Sosa, así como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Hospital San Rafael de Tunja, y líderes campesinos de la región, y a través charlas telefónicas con otros mandatarios locales y habitantes de la región, a los cuales no logramos acceder, la misión humanitaria comprobó la ocurrencia de agresiones sistemáticas y generalizadas no sólo contra quienes participan en el paro agrario sino contra la población civil en general, incluidos niños, niñas y adolescentes, en un intento violento de reprimir la protesta social en el departamento de Boyacá.

La fuerza pública ha atentado contra las libertades civiles reconocidas en la Constitución Política y como consecuencia de su actuación puso en grave riesgo la vida de las personas, lo que conlleva actos contra la dignidad humana, la integridad física y psicológica de los y las manifestantes.

Todo lo anterior puede tipificarse desde el punto de vista del derecho interno como detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones sexuales (incluso un empalamiento a un
joven estudiante universitario en el sector de La Germania), torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tentativas de homicidio, actos de vandalismo, intimidación e infiltración en las manifestaciones. Dado el carácter sistemático de las actuaciones del ESMAD pueden ser tipificadas también en el Derecho Penal Internacional, para lo cual hay que tener en cuenta el contexto que surge de los numerosos videos y fotografías existentes, que incluso han sido recopilados por la Contraloría General de la República en su sitio Web.

Además de estos hechos tienen pleno conocimiento la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación de Boyacá, pues fueron numerosas las denuncias realizadas por las autoridades locales a esas entidades el pasado 22 de agosto en reunión realizada en Tunja.

Los hechos documentados por la Misión constituyen sin duda, graves violaciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión protegida en los artículos IV de la Declaración y 13 de la Convención Americana y el desconocimiento abierto de lo dispuesto en la Carta Democrática Interamericana que en su artículo 4 establece que "Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa". A la vez comporta violaciones al derecho de Asociación contenido en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el parágrafo 1, el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (párr. 1 del artículo 10); el artículo22 de la Declaración Americana; el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 38 y siguientes de la Constitución Política de Colombia.

De igual manera, a la Misión no le cabe duda que en desarrollo del Paro en el Departamento de Boyacá, se han visto afectados gravemente los derechos fundamentales a la vida y la libertad de los manifestantes y pobladores de la región, en contravía de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 11 de la Constitución Nacional, además de las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano, en virtud de lo dispuesto en instrumentos internacionales tales como: el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el artículo 1 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José , el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Finalmente, la Misión concluye que la acción policial en el marco del Paro Agrario de Boyacá ha comportado múltiples violaciones a los derechos a la integridad personal y dignidad humana que se consagran en los artículos 1, 12 y 13 de la Constitución política de Colombia.

De otra parte, culminada la primera Misión de verificación, se considera que la Policía actuó por fuera del marco de sus competencias, adoptando acciones propias de las Fuerzas Armadas al dar una respuesta militar a expresiones eminentemente de la Población civil. La información general y puntual recaudada por la Comisión permite afirmar que a los manifestantes y pobladores del Departamento de Boyacá se les ha dado un tratamiento de "enemigo" y por tanto la acción policial en el marco del Paro Agrario, ha estado encaminada a su "derrota" y no al control y protección, en desarrollo de las protestas.

La arremetida contra civiles en el departamento de Boyacá, que incluyó el uso de armas de fuego contra los manifestantes, constituye además una vulneración a la normativa nacional e internacional sobre el control de multitudes durante protestas.

El reglamentos interno de la Policía para la atención, manejo y control de multitudes expedido en el año 2009 , así como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y el Uso de Armas de Fuego de las Naciones Unidas son claros en el sentido de que el uso de las armas sólo debe darse en caso "estrictamente inevitable para proteger una vida".

La resolución 03514 de noviembre de 2009, expedida por la Policía Nacional, restringe el uso de las armas durante la represión a la protesta ciudadana, y permite en "escala gradual" el uso de los siguientes elementos: formaciones (con y sin bastón) para el manejo y control de multitudes; utilización de granadas fumígenas (humo), aturdimiento y gas pimienta; uso de tanqueta lanza agua y de personal; cartuchos de gas CS calibre 37 mm; granadas de gas CS de mano; granadas de mano multi-impacto y como última opción "cartuchos de gas de impacto controlado calibre 37 mm y demás recursos autorizados por las normas vigentes".

A continuación hacemos una relación no taxativa de hechos que, como hemos dicho, son infracciones al derecho interno y al Derecho Internacional de los derechos humanos.

1. Disparos indiscriminados con armas de uso privativo de la fuerza pública contra la población que causaron al menos 5 heridos. El uso de armas reglamentaria para intimidar a los manifestantes en los sectores de Germania, Tierra negra, Altos de El Moral y Puente de Boyacá

La Misión recolectó una serie de testimonios que da cuenta del uso de armas de fuego por parte del ESMAD contra los manifestantes, causando varios heridos que se encuentran hospitalizados en distintos centros asistenciales de la ciudad de Tunja.

Con el objeto de contrastar esta información, delegados de la Misión se desplazaron hasta el Hospital San Rafael de Tunja constatando que allí fueron trasladados cinco heridos por arma de fuego: Hombre de 27 años con herida en la cara, Hombre de 22 años con herida en pierna izquierda, Hombre de 21 años con herida en pierna derecha, Hombre de 56 años con herida en brazo derecho, Hombre de 35 años con herida en mentón.

Esta información consta además en el comunicado de prensa No. 35 de fecha 27 de agosto de 2013, suscrito por la Gerente del E.S.E San Rafael de Tunja en el que se señala que "de los 53 pacientes totales que han ingresado, 5 de ellos han sido por herida con arma de fuego"

En el mismo comunicado de prensa, el Hospital certifica que el 87% de los pacientes atendidos en el marco del paro agrario son civiles, procedentes en su mayoría de zonas rurales, como Samacá, Ventaquemada, El Alto del Moral y Soracá, lo cual demuestra la veracidad de los testimonios obtenidos por la Misión.

Sumado a ello, la misión recogió casquillos de pistolas 9 milímetros en los sitios en los cuales se reportaron personas heridas con arma de fuego. Igualmente, se obtuvo un casquillo de fusil.

2. Heridos con arma blanca y elementos contundentes

El personero de Ventaquemada, Antonio Ruiz, refirió a múltiples y reiteradas agresiones por parte de la fuerza pública contra los campesinos con elementos contundentes. Señaló, que durante los tres primeros días del paro agrario, su despacho recibió al menos 15 denuncias por los desmanes del ESMAD.

De otra parte, la Comisión recibió el testimonio de un campesino quien manifestó que el martes 20 de agosto se encontraba en la carretera de la vereda Tierra Negra, cuando miembros del Escuadrón Móvil comenzaron a lanzar gases lacrimógenos que le afectaron las vías respiratorias quedando en total estado de indefensión y a punto de perder el conocimiento, momento en el cual varios agentes lo agredieron con un palo, propinándole golpes por todo el cuerpo, pese a que en razón al tratamiento de diálisis que debe recibir, no puede correr ni moverse con brusquedad.

En Tierra Negra, mediante testimonio registrado en video y fotografías un anciano narró a la Misión, que aunque no estaba dentro de la protesta, el ESMAD irrumpió en su lugar de residencia, obligándolo a salir junto con su familia para luego golpearlo en el brazo, espalda y glúteos, exhibiendo evidentes equimosis en su cuerpo. Manifestó igualmente que a su yerno, un soldado profesional discapacitado, en retiro, quien usa prótesis en la pierna derecha, lo golpearon en sus extremidades, estómago y rostro, siendo visibles equimosis alrededor del ojo derecho.

En la misma vereda, se recibió el testimonio de una mujer, que presentaba equimosis e inflamación en uno de sus ojos, quien señaló que ello fue producto de los golpes recibidos de parte de cinco agentes del ESMAD, dentro de su establecimiento de comercio, versión que fue constatada por otros vecinos testigos del hecho.

Otra mujer de Tierra Negra, fue agredida por miembros de la fuerza pública quienes ingresaron a su lugar de residencia y la golpearon fuertemente, debiendo ser atendida en el centro médico donde le cogieron 14 puntos alrededor del ojo.

De igual manera en Tierra Negra, se tomó el testimonio de un hombre adulto golpeado en distintas partes del cuerpo, causándole fractura de su brazo derecho. En su versión, esta persona asegura que fue subido a una patrulla donde permaneció durante al menos 8 horas, junto con otras cinco personas, a quienes la policía maltrataba física y verbalmente y amenazaba con "violarlos".

La Misión fue informada que en Ramiriquí, la Personería recibió 22 denuncias de desmanes del ESMAD que dan cuenta de graves crímenes contra los habitantes de la región, tales como: a) El ataque con arma de fuego contra varios campesinos en la cabeza, dedos, abdomen y espalda, b) El lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de vehículos mientras los y las campesinas consumían sus alimentos; c) La agresión con elementos contundentes contra campesinos en diferentes partes del cuerpo; d) Disparos en el pecho con artefacto desconocido; e) Disparos en la columna vertebral a corta distancia con gases lacrimógenos.

La Delegación recibió la llamada telefónica del alcalde municipal de Tibasosa Carlos Arturo Triana, quien denunció lo ocurrido a un ciudadano quien fue golpeado por miembros del ESMAD en la azotea de su casa e indicó que de hechos similares han sido víctimas otros habitantes del municipio.

En La Germania y Altos de Moral, la Misión conoció hechos de extrema gravedad perpetrados por miembros del ESMAD contra manifestantes y pobladores. El 19 de agosto la panadería y pastelería SABROPAN fue atacada sin explicación alguna por alrededor de 50 agentes, quienes ingresaron a "gasear y golpear y patear" a todos quienes se encontraban en el establecimiento, por espacio de 20 minutos. Los sitios de habitación de los campesinos fueron atacados indiscriminadamente por tierra y aire con gases lacrimógenos, y los pobladores fueron sacados de sus casas para ser golpeados brutalmente. La Delegación conoció la versión de un campesino que señala que el 19 de agosto en La Germania, cuando se encontraba en su residencia fue sacado, sometido a maltrato físico y le fueron hurtados 3 millones de pesos por parte de los policiales. Hechos con similar modus operandi se conocieron en otras veredas y municipios.

Múltiples llamadas se recibieron de ciudadanos de distintos barrios de Tunja, en especial Santa Inés, Libertadores, Florida, Maldonado y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja - UPTC, señalando que en especial los jóvenes en el marco de manifestaciones estudiantiles o por fuera de ellas, han sido golpeados violentamente, causándoles lesiones en extremidades y cabeza, varias de ellas de gravedad.

Finalmente, a la cuenta de correo electrónico suministrada por la Misión a la ciudadanía, se recibieron decenas de videos y fotografías que dan cuenta de los ataques irracionales e indiscriminados de los que han sido víctimas pobladores de distintos municipios de Boyacá por parte del ESMAD.

En el comunicado de prensa No. 35 de la gerente del Hospital San Ignacio de Tunja, se reseña que en 8 días de paro agrario, han ingresado 46 civiles de los cuales 9 son menores de edad y 7 mujeres. No obstante lo anterior, para la Misión es claro que la cifra en sí misma no es representativa estadísticamente de la realidad, pues varias de las víctimas directas que nos dieron su testimonio manifestaron no haber recibido ningún tipo de atención médica o haberla recibido en centros asistenciales locales, la mayoría de las veces inadecuada para el tipo de heridas que presentaban.

Para la misión no fue posible verificar el número de pacientes recibidos en otros hospitales y clínicas de Tunja, pues la magnitud y cantidad de testimonios a lo largo de la vía desde Bogotá retrasó nuestra llegada a esa capital.

3. Abuso sexual contra hombres y mujeres por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas de agredir sexualmente a las mujeres

La misión documentó, mediante el testimonio directo de las personas que auxiliaron a la víctima, un caso de empalamiento cometido por la fuerza pública el 21 de agosto en La Germania. Según los testigos, durante la persecución del ESMAD contra los manifestantes retuvieron a un joven de la zona a quien lo sometieron, lo desnudaron y lo accedieron sexualmente con un bolillo por el recto. El joven fue dejado agonizante, completamente desnudo, dentro de una zanja, donde fue encontrado en las horas de la noche por los campesinos. El joven fue hospitalizado.

Las mujeres manifestaron intimidaciones y amenazas de agresión sexual por los agentes del ESMAD. Asimismo, varios declarantes expresaron que los miembros de la fuerza pública, en total abuso de autoridad y de su condición de hombres, persiguieron niñas, adolescentes y mujeres jóvenes e incluso de la tercera edad con el fin de violentarlas de forma verbal y física.

Este tipo de amenazas han sido igualmente denunciadas por varios campesinos que han permanecido detenidos por varias horas en poder de la Policía quienes afirman que constantemente los uniformados les amenazaban con agredirlos sexualmente.

4. Uso indiscriminado de gases lacrimógenos, gases pimienta, balas de goma, balines y otros elementos de represión, en lo que constituye un abuso de autoridad y un uso excesivo y desproporciona de la fuerza

A lo largo del recorrido, la Misión recogió múltiples testimonios que demuestran el uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de elementos que la fuerza pública, y particularmente el ESMAD, utilizan para "el manejo y control de multitudes", en abierto incumplimiento de los propios manuales y reglamentos internos de la Policía Nacional sobre la utilización de este tipo de armas no letales:

En La Germania, agentes del ESMAD ingresaron a una vivienda donde habitan una mujer, tres niñas de tres, un año y once meses de edad y dispararon gases lacrimógenos, provocando la asfixia de las niñas, situación que no terminó con la muerte de las menores gracias a la rápida acción de los vecinos, señalan los campesinos.

La Misión conoció que un modus operandi común del ESMAD en varios municipios boyacenses, consistió en lanzar gases lacrimógenos en sitios cerrados, principalmente al interior de las casas ocupadas, de campesinos al margen de las manifestaciones.

De igual manera, se puede identificar como práctica estándar del Escuadrón, en el marco del paro agrario, el hecho de que se dispare de manera directa contra el cuerpo de los manifestantes y otros pobladores los gases lacrimógenos, causando quemaduras y contusiones múltiples, lo cual está expresamente prohibido en la normatividad interna e internacional. En La Germania un campesino fue impactado de manera directa en el pecho, debiendo ser trasladado inmediatamente al Hospital San Ignacio donde hasta el sábado se encontraba con diagnóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El sábado 24 de agosto, la Delegación se trasladó al Conjunto Cerrado La Florida de Tunja, donde fue informada que el ESMAD arremetió contra sus residentes, usando gases lacrimógenos y balas de goma que impactaron en varias personas.

La Comisión conoció que al hospital San Rafael de Tunja, ingresó una mujer de 20 años con veintitrés semanas de embarazo quien se encuentra en estado crítico por inhalación de gases lacrimógenos.
5. Torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

Golpizas brutales indiscriminadas y agresiones sexuales como las documentadas a lo largo de este informe, pueden ser catalogadas como actos de tortura, en la medida que se trata de sufrimientos infligidos a las víctimas como forma de castigo por participar en el paro agrario. De igual manera, el uso de gases lacrimógenos en sitios cerrados ha sido catalogado como tortura en la jurisprudencia internacional. Además, la Misión documentó, entre otros, los siguientes casos:

En Tierra Negra, el ESMAD torturó a una mujer en estado de embarazo, a quien le lesionaron los dedos y la obligaron a abrir la boca para vaciarle el contenido de un spray de gas lacrimógeno.

La Misión pudo percibir el permanente estado de terror y zozobra en que se encontraba la población, lo cual puede configurar actos de tortura sicológica, en razón a los constantes sobrevuelos de la Policía en helicóptero sobre la zona, desde donde muchas veces se lanzaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Este hecho se agudizó con la excesiva militarización y la presencia de tanques de guerra dentro de las concentraciones.

Uso de lenguaje soez, violento e intimidatorio contra los pobladores, lo que generó terror en la comunidad.

6. Ataques contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de indefensión

El día 23 de agosto a las 9:30 de la noche en la vereda La Olla de la ciudad de Tunja, un menor de edad fue agredido brutalmente por miembros del ESMAD que le ocasionaron lesiones en el rostro, la mano derecha y el pie, el adolescente se encontraba solo.

Hechos similares fueron documentados en Ventaquemada, Tierra Negra y Puente de Boyacá. En el primer sitio mencionado, la Misión entrevistó a un joven de 16 años, quien señaló que mientras se desplazaba de un sitio a otro, en momentos en que ni siquiera se desarrollaba manifestación alguna, fue golpeado en múltiples oportunidades por cuatro agentes del ESMAD, mientras él se encontraba solo e indefenso.

En Ventaquemada, denunciaron el personero municipal y varios testigos, que un jardín infantil fue atacado con gases lacrimógenos causando caos y afectación respiratoria a 16 niños y niñas entre 3 y 6 años de edad.

En Tunja, la Misión recibió la llamada telefónica de una madre de familia, quien indicó que el día viernes 23 de agosto, su hijo menor de edad, fue golpeado brutalmente por agentes del ESMAD, causándole trauma craneoencefálico y un derrame interno, razón por la que se encuentra hospitalizado en la clínica SALUDCOOP de Tunja, junto con otros dos jóvenes victimizados en similar forma.

También en la capital boyacense, se registró la agresión desmedida del ESMAD contra otro joven de 15 años de edad, a quien le fracturaron varios dedos de su mano, debiendo por ello ser intervenido quirúrgicamente. La información fue trasmitida telefónicamente por su padre, quien señaló que estos hechos ocurrieron el viernes 23 de agosto. Dos casos más de adolecentes gravemente golpeados, fueron documentados en forma directa por la Misión.

En el conjunto residencial La Florida, la Delegación recibió varias denuncias consistentes en que a lo largo del Paro varios jóvenes y niños del sector habían sido golpeados. En particular, el sábado 24 de agosto, recopiló la declaración de un adolescente agredido físicamente por varios miembros del ESMAD quienes además le hurtaron un celular de última tecnología que la víctima había entregado minutos antes a la propietaria de una panadería intimidada y amenazada en el sentido de que debía entregar el elemento so pena de que su negocio fuera destruido.

Los vecinos del conjunto La Florida indicaron que han visto al ESMAD atacar a varios jóvenes y sin embargo no intervienen por temor a ser igualmente agredidos. Esta misma reacción temerosa de los testigos de hechos atroces, se repitió a lo largo del recorrido de la Misión, demostrando el impacto sicológico de la represión policial.

Hechos como los descritos, vulneran los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el artículo 44 de la Constitución Política que establece la primacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el deber de protección a éstos por parte del Estado en forma prioritaria, en todo tiempo y lugar

7. Detenciones arbitrarias e ilegales

Según reporte de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación en Tunja, en los primeros seis días del paro agrario la Policía intentó la judicialización y legalización de captura de un número aproximado de 30 personas, ninguna de las cuales fue llevada ante juez de garantías por la evidencia de las arbitrariedades cometidas o la falta de pruebas de la flagrancia.

En el barrio La Florida de Tunja, miembros del ESMAD capturaron a un adolescente de 16 años el sábado 24 de agosto hacia las 7:00 pm; no obstante horas después de esta retención la Misión no logró establecer el lugar a donde los agentes lo habrían trasladado dado que hasta cerca de la media noche el joven no había sido presentado ante las autoridades judiciales.

En el mismo sentido, en otros sectores de Tunja como Santa Inés e inmediaciones de la UPTC se registraron detenciones arbitrarias de jóvenes que luego de ser golpeados, eran trasladados a Estaciones de Policía, sin ponerlos a disposición de autoridad judicial alguna, para ser liberados varias horas después.

De acuerdo con la información recibida por la Misión, durante los disturbios fueron detenidas 122 personas en Duitama, de las cuales varias han sufrido agresiones físicas. A la fecha de elaboración de este informe, 30 de ellas habían sido judicializadas.

Las detenciones y judicializaciones registradas por la misión han sido justificadas en la presunta comisión de delitos contenidos en la ley 1453 de 2011, o ley de Seguridad Ciudadana, en particular el de "perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial" y "obstrucción de vía pública".

8. Pillaje, Vandalismo, hurto y otras acciones contra los bienes de la población civil

La Misión recibió información de los siguientes hechos:

* Destrucción de viviendas, ropa, enseres y alimentos de los campesinos, incluidas las ollas comunitarias con las que preparaban sus alimentos los manifestantes.
* Incursiones ilegales a viviendas que incluso se encontraban lejos de los sitios de las movilizaciones, no sólo en la zona rural sino en algunos barrios de Tunja, en inmediaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC), como los barrios Santa Inés y La Florida.
* Heridas y muerte a animales domésticos, que servían para el sustento diario de las familias campesinas.
* Ocupación de viviendas en las que miembros del ESMAD orinaron y defecaron por fuera de los baños, como parte de actos de humillación contra las familias campesinas.
* Hurto de dinero, de equipos de video, celulares, gasolina y otros bienes, según denuncias de la población en Ventaquemada, Tierra Negra, Puente de Boyacá, La Germania y el Alto de El Moral.
* Un funcionario de la Fiscalía en Tunja informó que fue testigo de la invasión y destrucción de casas en el barrio Santa Inés de la capital boyacense, por parte de funcionarios del ESMAD y la SIJIN.
* En Ramiriquí los campesinos denunciaron ante la Personería municipal el robo de celulares, arroz, panela, pasta, papa, pan, sal, salchichón, cebolla y dinero en efectivo, calculados en 800 mil, 100 mil, 470 mil, 130 mil y un millón 800 mil pesos respectivamente.
* La ocupación por parte de la Policía, de la Institución Educativa Panamericano - Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente de Boyacá, al parecer con autorización del rector de las mismas. La Misión encontró en estos lugares, evidencias del almacenamiento de gases lacrimógenos y otro tipo de artefactos no explosivos, etiquetados como pertenecientes al ESMAD del departamento del Cesar. Este hecho coincide con el testimonio de varios declarantes, quienes aseguran que sus agresores tenían acento costeño.

9. Uso de ambulancias para el transporte de personal de la fuerza pública

Este hecho fue denunciado por los campesinos en diferentes sectores de la vía Bogotá - Tunja, quienes vieron agentes del ESMAD en una ambulancia el día 23 de agosto.

10. Aprovechamiento de la presencia de misiones médicas del CICR para el ingreso de personal de la fuerza de seguridad en una clara violación de las Convenciones de Ginebra que afectan al reglamento de actuación del CICR

El día 25 de agosto la Misión de Verificación pudo observar cómo una caravana de más de 30 vehículos policiales, entre camiones, camionetas, vehículos que transportaban personal vestido de civil, así como un número no determinado de motocicletas, aprovechó el anuncio de la llegada a la región de un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Colombiana para ingresar a la zona. La Misión expresó su preocupación por este hecho, que esa misma tarde generó un nuevo acto represivo en el sector de Altos de El Moral (el cual fue incluso transmitido en directo por el Canal Cablenoticias) al jefe de la subdelegación Colombia Centro del CICR, Daniel O'Malley, quien manifestó que cuando se enteró de la presencia policial en la zona retrasó su paso por los diferentes sitios para evitar que se identificara a la misión como acompañante o acompañada de la fuerza pública.

11. Operaciones psicológicas por parte del Ejército en el marco de la protesta ciudadana como estrategia de militarización

Durante el recorrido de la Misión fue posible constatar que personal militar se apostó en zonas estratégicas y de presencia de los manifestantes para expresar su apoyo al paro campesino, y al tiempo realizar campañas psicológicas de control de la población a través de la distribución de panfletos en los que invitan a denunciar infiltrados y terroristas en las movilizaciones, lo que denota la estigmatización del paro agrario y contribuye a la militarización de la sociedad.

El día de 25 de agosto, además la Delegación observó patrullajes de control por parte de miembros del Ejército Nacional en Tunja, el cual se realizó con personal uniformado que se encontraba en vehículos tipo tanqueta.
III. Informe de reuniones institucionales

La misión se reunión con las autoridades locales y regionales, entre ellas, una delegada del gobierno departamental, la secretaria de Gobierno de Tunja y un delegado de la Defensoría del Pueblo, quienes manifestaron su preocupación por las denuncias recibidas de violaciones a los derechos humanos y las directrices nacionales sobre el manejo operativo del paro, que sobrepasan la capacidad de decisión local. De la misma manera manifestaron que hasta la fecha no habían obtenido respuestas de la fuerza pública.
IV. Exigencias

De acuerdo con lo constatado por esta Misión y en consideración al grave contexto en que se han desarrollado las acciones descritas a lo largo de este informe incluso en el nivel nacional, se hace necesaria la adopción de medidas eficaces por parte de distintas entidades estatales y la propia Presidencia de la República, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la ciudadanía en el marco de la protesta social.

Como garantías de no repetición y mecanismos de reparación nos permitimos realizar las siguientes exigencias:

* Solicitamos la disolución del ESMAD por ser incompatible con el Estado de Derecho y la Constitución Política de Colombia.

* Reclamamos la derogación de la Ley 1453 de 2011 o Ley de Seguridad Ciudadana, que ha sido usada para justificar las agresiones mencionadas y reprimir la protesta social.

* Demandamos la destitución inmediata, y en su defecto la renuncia, del general Rodolfo Palomino, director general de la Policía, por su responsabilidad por cadena de mando de las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados en el marco del paro nacional agrario y popular, así como del coronel Luis Eduardo Pérez, director encargado de Seguridad Ciudadana de la Policía, quien tiene bajo su mando el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); del comandante operativo de la Policía en el departamento de Boyacá y de sus delegados en los municipios referidos en este informe; al igual que del comandante del ESMAD a nivel nacional; y de todos los agentes y uniformados identificados por las víctimas de las agresiones policiales, los cuales se documentan en el cuadro anexo.

* Recordamos la obligación de los entes de control del Estado, particularmente de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación de investigar sin dilación alguna y de manera seria y profunda las denuncias de agresiones, desmanes y violaciones a los derechos humanos aquí documentadas, al igual que las denunciadas por la ciudadanía a través de las redes sociales.

* Requerimos que se tracen orientaciones precisas a las oficinas de Control Disciplinario Interno de la Policía y a la justicia castrense para que se abstengan de dar trámite a investigación alguna por estos hechos y, en caso de que éstas ya se encuentren en curso, las remitan de manera inmediata a la Procuraduría General y a la justicia ordinaria, respectivamente.

* Dar las instrucciones necesarias para que se levanten los procedimientos judiciales contra manifestantes.

* Dar instrucciones para que se garantice la protección de los líderes y lideresas del movimiento campesino en Boyacá, quienes se encuentran perseguidos y amenazados.

* Dar instrucciones jurídica y administrativamente eficaces para realizar un inventario que permita promover la restitución de los bienes destruidos, entre los que se encuentran el ganado y cultivos de subsistencia campesina, y reparación de los daños civiles y morales que sean responsabilidad de la fuerza pública.

* Tomar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento no discriminatorio del campesinado, reconocer su capacidad para organizarse y plantearse luchas autónomamente sin necesidad de "fuerzas oscuras".

* Tomar las medidas necesarias para eliminar el discurso racista y de clase en contra de los campesinos pobres por parte de todos los funcionarios públicos.
Anexo: algunos casos y testimonios documentados

20-08-2013

Ventaquemada

Quince denuncias recibidas en la Personería sobre abusos de autoridad y ataques del ESMAD a viviendas, sin discriminar si en su interior había niños o ancianos, destrucción de vidrios y utilización de gases lacrimógenos contra población que no participa en las manifestaciones.Maltratos verbales contra el alcalde de Ventaquemada, Virgilio Farfán, y su personero, Antonio Ruíz.

Sí. La señora Martha Farfán sufrió cortaduras en la cara debido al impacto de un gas. También hubo múltiples contusos y asfixiados por los gases.

21-08-2013

Ventaquemada

Lanzamiento de gases lacrimógenos desde helicópteros, que no sólo afectaron a los habitantes de Ventaquemada sino que además enfermaron a los animales.

Contusos y afectados por gases, incluidos niños y mujeres embarazadas.

22-08-2013

Casco urbano de Ventaquemada

Intento de asonada en el centro de Ventaquemada reprimida violentamente por el ESMAD. La población al parecer estaba protestando por la detención arbitraria de dos jóvenes a quienes les encontraron una cauchera. Hay videos en las redes sociales.

21-08-2013

La Germania

"Queremos denunciar un caso aberrante, un caso que no tiene justificación. El miércoles en la tarde, nos agredieron a bala, se metieron los del ESMAD a las residencias, principalmente a una en que había unos niños, nos insultaron, lo más terrible es que cogieron a un sardino de la Universidad, allá encima de la lomita, cerca de una alberquita, lo encendieron a trilla (golpes) a bolillo, lo desnudaron completamente y le metieron un bolillo por el recto. Dos compañeros que estaban en la parte de arriba y fueron a mirar para ver si estaban los policías, lo encontraron muriéndose totalmente desnudo dentro de un zanjón". "No sé qué fuerza pública está creando el gobierno para atentar contra nosotros los campesinos que luchamos por nuestros derechos". "Al muchacho lo llevaron para Tunja, lo encontramos casi a las 7 de la noche, él tiene entre 22 y 25 años, no sabemos quién es el muchacho".

Un joven de aproximadamente 22 años. Y un número indeterminado de personas afectadas por gases.

24-08-2013

Tunja, UPTC

A las 9.30 am, dos menores de edad entraron a la UPTC en una moto, el ESMAD les disparó con gases lacrimógenos. Les dieron con bolillo, les pegaron, les causaron hematomas graves y fueron atendidos en el Hospital. Incapacidad de 9 días a cada uno.

Dos adolescentes golpeados por el ESMAD

23-08-2013

La Runta, a 5 min de Tunja, antes de La Germania.

Hacia las 11 am, estábamos en el barranco este y ellos nos hicieron corretear, cuando nos devolvimos los antimotines nos dispararon balas de goma, y me pegaron aquí en la pierna. (HAY FOTO). No he ido al médico, me estoy atendiendo con yerbas.

Francisco Aponte Ortíz, 55 años.

La Primera Misión de Derechos Humanos estuvo conformada por las siguientes organizaciones:

* Centro de Atención Psicosocial
* Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
* Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos
* Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos
* Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria
* Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
* Equipo Nizkor
* Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
* Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado
* Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare
* Periodistas independientes

Con el apoyo local de:

* Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombiano
* Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Tunja
* Mesa de Interlocución Agraria (MIA)
* Fensuagro
* CPDH Boyacá
* Corporación Zoscua
* Fundación San Isidro
* Red de Derechos Humanos Esperanza

Por: Misión de verificación de DDHH en Boyacá

# data[].attributes.attachment_link.title
Primer informe de agresiones de la fuerza pública contra la población civil en Boyacá, en el marco del Paro en Colombia

# data[].attributes.attachment_link.description
La Misión de Verificación (ad hoc) de derechos humanos en Boyacá se conformó a raíz de la gravedad de las denuncias recibidas por diferentes organizaciones, remitidas por pobladores de la zona que ...

# data[].attributes.body
Óscar Orozco, presidente de la CUT en Caldas de la época, es impactado por un artefacto explosivo lanzado por el ESMAD.

Diciembre 2014, Yhon Mostacilla fue impactado por un proyectil de goma lanzado por el ESMAD en Puerto Tejada, Cauca, que le ocasionó la pérdida total de su ojo izquierdo.

En Bogotá, un menor de 16 años fue agredido por el ESMAD cuando se bajaba de una estación de Transmilenio, su ojo izquierdo fue gravemente afectado

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Los asesinatos, atentados, desplazamientos, amenazas y la penalización de la protesta social no cesan en 2014. La falta de garantías sindicales se expresa nuevamente Redacción laboral
En Colombia se producen hechos que a diario reafirman la falta de garantías sindicales y políticas para el ejercicio del derecho de asociación, negociación, huelga y para la participación política de los sectores populares y de oposición. Por eso el Colectivo Sindical Clasista Guillermo Marín denuncia el incremento de la persecución al movimiento sindical.

El viernes 10 de enero pasado, cuando los trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), afiliados a Sintraelecol y la CUT, realizaban una manifestación para reclamar el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo y denunciar las arbitrariedades y abusos que cotidianamente comete Empresas Públicas de Medellín (EPM) con los caldenses, cerca de la plaza de toros de Manizales fueron agredidos por el Esmad a golpes y con artefactos explosivos.

Uno de estos dejó lesionados a varios trabajadores y a sus esposas. Óscar Arturo Orozco, presidente de la CUT de ese departamento, tiene una grave lesión en sus ojos, al punto que puede perder uno.

A este atentado se suma la persecución por la que atraviesa Óscar Arturo por parte de los organismos de seguridad y de justicia del Estado, en particular por la Fiscalía General de la Nación, que lo acusa por supuestos "montajes o autoatentados". Todo en contravía del ejercicio y actividad cotidiana que diariamente realiza en favor de los trabajadores y el pueblo caldense.

En 2014

El Colectivo enumera algunos de los hechos más importantes de este y el pasado año en materia de violación a los derechos humanos en Colombia: Húbert Ballesteros, dirigente nacional de la CUT, dirigente nacional agrario e integrante de la Marcha Patriótica, en el marco del paro nacional agrario de 2013 fue detenido por supuestos vínculos con la insurgencia.

En 2013 fueron asesinados 19 maestros de la Fecode. Héctor Sánchez, Campo Elías Ortíz y José Dilio Naranjo, sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO), fueron detenidos por la Fiscalía General de la Nación. Los tres son testigos clave en la investigación que adelanta la Unidad Nacional de Contextos de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violación al derecho de asociación por parte de Pacific Rubiales. Han sido activos defensores de los derechos de los trabajadores de esta compañía multinacional, por lo cual su detención constituye un nuevo caso de criminalización de la protesta social.

Y Ever Luis Marín Rolong, integrante de la comisión de quejas y reclamos de Sinaltraceba, asesinado en Barranquilla el 4 de enero pasado.

# data[].attributes.attachment_link.title
Cuando protestar es un delito - Semanario Voz

# data[].attributes.attachment_link.description
Los asesinatos, atentados, desplazamientos, amenazas y la penalización de la protesta social no cesan en 2014. La falta de garantías sindicales se expresa nuevamente Redacción laboral En Colombia se producen hechos que a diario reafirman la falta de garantías sindicales y políticas para el ejercicio del derecho de asociación, negociación, huelga y para la participación [...]

# data[].attributes.body
Daniel Bernal, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional fue herido en su rostro por una granada de gas lacrimógeno que fue lanzada por un agente del ESMAD, lo que generó que perdiera su ojo izquierdo

# data[].attributes.attachment_link.title
Policía deberá indemnizar a estudiante que sufrió trauma ocular en protesta

# data[].attributes.attachment_link.description
Daniel Bernal estaba evacuando de la Universidad Pedagógica cuando el Esmad le disparó en el rostro.

# data[].attributes.body
Dos casos de violencia ocular (aparentemente sin denunciar)

# data[].attributes.body
Un caso de violencia ocular (sin denunciar)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Durante dos días, víctimas provenientes de Bogotá, Soacha, Neiva, Cali, Barranquilla, Anorí, Medellín, Cali, Popayán, Caldono, Pasto, San Lorenzo, Pereira, Villavicencio, Manizales, Bucaramanga, Galapa, Santa Marta, Cúcuta, Arauquita, Saravena, Yopal, Paz de Ariporo, Pitalito, Tunja, Paipa, Líbano, Ibagué, Cajamarca, Facatativá, Girardot, Madrid, Cartagena del Chairá, San José del Fragua, Florencia, Puerto Asís y Mocoa, nos reunimos en la ciudad de Bogotá para trazar rutas de trabajo conjunto por la justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición de asesinatos, lesiones oculares, tortura, violencias basadas en género, actos de violencia sexual, discriminación étnica y sexual, cometidas por agentes del Escuadrón Móvil Anidisturbios, ESMAD, la fuerza disponible y agentes de otras unidades de la Policía Nacional.

Hoy por hoy, la violencia policial es una realidad de la cual ningún ciudadano ni ciudadana está exenta. Se expresa en las protestas, pero también contra jóvenes que hacen uso del espacio público, contra vendedoras y vendedoras ambulantes, contra las personas trabajadoras sexuales, contra comunidades que impulsan procesos de erradicación manual y concertada de cultivos de uso ilícito y en forma de abusos de autoridad contra vecinos y comunidades. La violencia policial que vivimos diariamente requiere de la más fuerte condena social y de reformas profundas a una institución que no protege a la ciudadanía y se convierte en su amenaza. Esta violencia no es producto del azar, no se trata de casos aislados; obedece a una política institucional en la cual el Escuadrón Antidisturbios ESMAD es uno de sus principales exponentes. El ESMAD ha convertido la protesta social en escenario de represión violenta, persecución y mordaza para el descontento social.

Además, la violencia policial es una violencia selectiva, en favor y defensa brutal de valores e intereses que solo favorecen a sectores privilegiados de la sociedad y que va en desmedro de quienes son más vulnerables o desventajados. Su relación con el crimen no pasa solo en su control, sino también en el favorecimiento y permisividad con organizaciones ilícitas de mayor calado. La Policía Nacional se ha convertido en un órgano hermético, que se autoreferencia en la autoridad y que escapa a todo control de organismos civiles del Estado, amplitud de poder inadecuada que ha conllevado a la posibilidad de la violencia, la humillación y el crimen sean sus formas predilectas para imponerse sobre la voluntad de los otros.

Somos sus víctimas, procesos organizativos, comunidades y pueblos que hemos alzado la voz contra estas violencias. Que reivindicamos nuestro derecho a usar el espacio público, a trabajar, a protestar y a exigir respeto y protección de las autoridades. Desde la creación del ESMAD, víctimas de la violencia policial y las organizaciones defensoras de derechos humanos emprendimos acciones contra la impunidad de los graves crímenes cometidos contra la ciudadanía, logrando en el 2005 que los agentes de este cuerpo se identificaran debidamente y dejaran de encubrir sus crímenes con el anonimato y, en 2020, también logramos que la Corte Suprema de Justicia reconociera la sistematicidad de la violencia policial en entornos de protesta. También hemos logrado que muchos casos no sean investigados por la justicia militar, que la fuerza pública no se autoinvestigue y autoabsuelva. Hemos obtenido que órganos internacionales como la CIDH y ONU se mantengan vigilantes y que hayan recomendado la reforma a la institución policial.

En este Encuentro " Construyendo Memoria y Dignidad" acordamos fortalecernos organizativamente, tejer lazos de solidaridad y denuncia conjunta para que la sociedad colombiana comprenda que la violencia policial es un fenómeno sistemático, es decir, que puede obedecer a un plan o una doctrina instalada, y que es contra un grupo determinado de personas, elegidas por razón de su sexo, raza, orientación política o condición social. La violencia policial debe ser investigada dentro de un contexto donde hay otros casos similares, donde hay políticas, prácticas e ideologías que la fomentan.

Así mismo acordamos que la obtención de la verdad, justicia y reparación pasa por acciones colectivas que denuncien a nivel nacional e internacional la impunidad que existe, esto a través de giras, jornadas de incidencia y denuncia con participación de las víctimas para exponer la impunidad estructural en las violaciones de ddhh cometidas por la policía. Esto se debe combinar con la identificación de patrones de violencia en cada tipo de vulneraciones para que desde allí, se construyan macrocasos que permitan logros jurídicos y se traduzcan en reformas a la justicia penal militar, creación de protocolos de medicina legal para atención de víctimas de violencia policial, prohibición de armas de fuego, menos letales y uso de otras conforme a los protocolos, que presionen una reforma integral a la Policía Nacional.

Así mismo como víctimas y organizaciones de ddhh comprometidas con la transformación de los contextos y realidades que facilitaron la ocurrencia de la arbitrariedad y los abusos policiales, consideramos que se deben impulsar escenarios de encuentro que den continuidad a este encuentro nacional a través de una serie de encuentros regionales en el primer semestre del próximo año y nuevamente encontrarnos a nivel nacional a finales de 2022, con el fin de evaluar los avances y retos que aún quedan por lograr. Estos escenarios de articulación deben tener componentes de autocuidado, asistencia psicosocial y construcción de redes de apoyo que permitan a las víctimas crear espacios de superación y resignificación de los hechos violentos.

Queremos avanzar en la exigencia de investigaciones serias, prontas y completas que permitan la identificación de los responsables, civiles y policiales, de hasta el más alto nivel, por las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido la Policía Nacional. Queremos no repetición, exigimos la transformación profunda de la Policía Nacional para que nadie más tenga que vivir la pérdida de un ser querido, de una parte de su cuerpo, de un proyecto de vida, a manos de quien está en la obligación de proteger sus derechos. ¡Queremos una fuerza pública para la Paz!

# data[].attributes.attachment_link.title
Las Víctimas de la Violencia Policial somos Víctimas de Crímenes de Estado

# data[].attributes.attachment_link.description
Hoy por hoy, la violencia policial es una realidad de la cual ningún ciudadano ni ciudadana está exenta. Conoce la declaración política del encuentro nacional de víctimas de violencia policial cons...

# data[].attributes.headline
El post-conflicto y los desafíos de la protesta social en Colombia por Edwin Cruz

# data[].attributes.subject
El post-conflicto y los desafíos de la protesta social en Colombia por Edwin Cruz

# data[].attributes.headline
¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGIDAD 

# data[].attributes.subject
¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGIDAD 

# data[].attributes.headline
Esmad, seguridad y posacuerdo: perspectivas sobre la protesta en Colombia por Alejandro Casas

# data[].attributes.subject
Esmad, seguridad y posacuerdo: perspectivas sobre la protesta en Colombia por Alejandro Casas

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
CLIP Latinoamérica

Dirección: María Teresa Ronderos

Edición: Andrés Bermúdez, Juliana Dal Piva (para Brasil) y Pablo Medina

Edición y análisis de datos: Mago Torres

Producción general: Luisa Fernanda López

Arquitecto de Información: Rigoberto Carvajal.

Audiencias y comunidad: José Luis Peñarredonda y Martha Irene Sánchez

Desarrollo Web: Diego Arce, Daniel Chinchilla, Sairo Alemán, y Jairo Peña

Producción Ejecutiva: Emiliana García

Agradecimientos

El20, Romina Mella para IDL Reporteros, Alberto Pradilla, David Eads, Bellingcat y a los estudiantes de la Universidad de Columbia dirigidos por su profesora de técnicas de investigación periodística, Giannina Segnini durante el curso de Octubre del 2021.H

Agradecemos a todos los intregrantes de la colaboración Migrantes de Otro Mundo (2020), quienes cedieron los fondos que ganaron por el Premio Fetisov 2021 por su contribución a los derechos civiles, para la realización de esta investigación. CLIP recibe fondos institucionales y para investigaciones colaborativas de la Atlantic Foundation, Open Society Foundation, Luminate, Logan Foundation, Fundación Ford, Rockefellers Brothers y Seattle International Foundation.

# data[].attributes.attachment_link.description
En los últimos cinco años en América Latina ha habido por lo menos veinte protestas ciudadanas de gran envergadura. Esperanzadoras y creativas, pero también fuertes y rabiosas.