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Programa Nacional de Derecho al juego "JUGar"

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Programa Nacional de Derecho al juego "JUGar"

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Este programa pertenece a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Fue pensado para que todes les niñes puedan ejercer el derecho al juego, promoviendo la implementación de políticas públicas que lo garanticen.

El programa se encarga de desarrollar material pedagógico; organizar capacitaciones abiertas a la comunidad sobre herramientas para favorecer al ejercicio del derecho al juego; entregar juguetes en espacios convivenciales de niñes y adolescentes; e impulsar la iniciativa "Salir a Jugar" y el proyecto internacional "La Ciudad de los niños y las niñas".

Dentro de este programa, les niñes ocupan un rol como sujetos de derechos y el Estado ocupa el rol de garante de esos derechos para les niñes. En el programa no se menciona a las familias, sino que se hace mención a la comunidad en la cual están insertas dichas niñeces.

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Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI)

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Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI)

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Tiene como objetivo garantizar una nutrición adecuada y saludable en este período de vida de la población. Además, busca promover la estimulación temprana y la promoción de la salud de las niñas y niños de 0 a 4 años más vulnerables de Argentina. Para ello, se prevé el fortalecimiento o la apertura de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que asisten a niños y niñas de 45 días a 4 años en todo el país. En los CDI se brinda asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, prevención y promoción de la salud y talleres y capacitaciones destinadas a las familias y al personal de los espacios orientadas a promover prácticas de crianza que procuren un adecuado desarrollo infantil.

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Es promovido por el Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer a las familias en sus prácticas de crianza con bebés, niñas y niños de 0 a 4 años y a personas gestantes en situación de vulnerabilidad social, a través del acompañamiento y de experiencias compartidas en espacios comunitarios que promueven el desarrollo infantil integral.

El mismo considera a las infancias como niños/as desde un enfoque de derechos y la perspectiva de género e interculturalidad.

Aparece así, la presencia del Estado a través de los agentes territoriales locales y provinciales, que acompañan la crianza de los/as niños/as. Realizando por ejemplo:

Encuentros en espacios comunitarios que donde comparten experiencias, reflexiones y prácticas sobre temas vinculados al proceso perinatal, el desarrollo infantil integral y las prácticas de crianza.

Articulación con instituciones para el trabajo territorial y con organismos de protección local para la restitución de derechos en el marco de la identificación de nudos críticos: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Documento Nacional de Identidad (DNI).

En las Zonas de Crianza Comunitaria, promueven el fortalecimiento de los vínculos entre bebés, niñas, niños y personas adultas en torno al juego, el encuentro con libros y lecturas, la narración oral, la palabra poética, para el intercambio de saberes en torno a la alimentación y la recuperación de la cultura alimentaria local.

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La Ley Brisa N° 27.452, promulgada en 2018, pertenece al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La misma establece el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, cuando:

Su progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado por el delito de homicidio de su progenitora;

La causa penal contra su progenitor y/o progenitor afín se haya declarado extinguida por muerte;

Cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género.

Esta reparación económica debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente y tiene un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo, el cual se actualiza acorde a la movilidad de la jubilación.

Las destinatarias y destinatarios son las personas menores de 21 años o personas con discapacidad que cumplan los siguientes requisitos:

Ser hijo/a de algún progenitor fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género;

Ser argentino o residente. En caso de ser residentes, deben acreditar residencia de 2 años de manera continua.

Hasta cumplir los 18 años, la reparación económica debe ser percibida por la persona que se encuentre a su cuidado. En ningún caso puede cobrar la reparación quien haya sido procesado y/o condenado.

El monto dejará de percibirse cuando las "víctimas colaterales" cumplan los 21 años o el progenitor sea sobreseído o absuelto.

​​La reparación económica es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares, con las pensiones de las que las niñas, niños y adolescentes sean beneficiarias/os, con el régimen de alimentos que perciban por parte de su progenitor/a y/o progenitor/a afín u otro familiar, y/o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios/as.

Además, esta Ley establece que el Estado nacional tiene la obligación de asignarles una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica. En caso de poseer una cobertura integral de salud de medicina prepaga o de obras sociales, la debe seguir percibiendo.

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Se trata de una suma mensual que se abona a las familias (o persona que tiene a su cargo al niño/, adolescente o persona con discapacidad) por cada hijo/a menor de 18 años que sea perteneciente del grupo familiar sin trabajo o que se desempeñe en la economia informar.
Existen algunos requisitos para poder cobrar esta Asignacion:
-La madre y el padre deben estar desocupados, trabajadores del servicio domestico o no estar registrados.
-Los hijos o hijas no deben tener trabajo ni recibir prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares
-los hijos o hijas y sus progenitores deben ser argentinos y además vivir en el pais. En caso de ser extranjeros deberan tener por lo menos 2 años de residencia en el pais.
-Los hijos y hijas deberán tener vacunacion al dia, tendrán que tener controles de salur rcurrentes y se deberá probar que concurren a estaciomientos educativos publicos.