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1945

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1945

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1948

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Permanent Mission to the Organization of American States | Organización de los Estados Americanos (OEA).

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1948-1952

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¿Qué fue el plan Marshall?

El plan Marshall fue un plan ideado por Estados Unidos que buscaba apoyar económicamente a aquellos países de Europa que habían quedado totalmente devastados luego de la Segunda Guerra Mundial y no tenían la disponibilidad financiera para recuperarse.

El nombre del proyecto se debe a George Marshall, secretario de Estado en aquel entonces, quien propuso esta iniciativa.

¿Quién creó el plan Marshall?

El plan Marshall fue creado por los Estados Unidos a partir de 3 objetivos claros:

1. Evitar la insolvencia europea ya que hubiera traído terribles consecuencias a la economía norteamericana.

2. Impedir la expansión del comunismo.

3. Crear una estructura económica que beneficiara la formación de regímenes democráticos.

Se le ha dado el nombre de plan Marshall porque fue el secretario estadounidense, George Marshall, quien propuso el proyecto durante una conferencia dictada en el año 1947 en París.

Marshall recibió un premio Nobel de la Paz por el desarrollo de este plan.

Beneficios que obtuvo Estados Unidos

Al mejorar las condiciones de los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos eliminaría las barreras de comercio que existían en aquella época y, además, podría modernizar su modelo de industria, lo que volvería más próspero al continente.

Para la ejecución del plan, Estados Unidos aportó más de 20 millones de dólares para el suministro de alimentos, combustibles y materias prima; a raíz de lo cual muchos países europeos comenzaron a invertir en el mercado industrial estadounidense.

Aunque el plan estaba dirigido a los estados europeos, también fueron invitados a participar los estados de Europa del Este y la Unión Soviética, con la condición de que cambiaran los controles externos de su economía y se alinearan con el mercado europeo, factor que fue rotundamente rechazado.

Consecuencias del plan Marshall

Entre algunas de las consecuencias que desató el plan Marshall se encuentran las siguientes:

La economía de todos los países participantes prosperó y superó los niveles que se tenían antes de la guerra, a excepción de la República Federal Alemana.

Europa Occidental creció exponencialmente al punto de considerar este proyecto como uno de los impulsores de la unificación europea.

Se crearon instituciones encargadas de coordinar la economía de Europa.

El plan recibió algunas críticas ya que no favorecía a determinados lugares, pero esto se debió al temor que ciertos países sentían al creer que llegarían a convertirse en un estado dependiente de Estados Unidos.

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Plan Marshall - ¿Qué fue?, ¿Quién lo creo? y sus consecuencias

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El plan Marshall fue un plan ideado por Estados Unidos que buscaba apoyar económicamente a aquellos países de Europa que habían quedado totalmente devastados luego de la Segunda Guerra Mundial y no tenían la disponibilidad financiera para recuperarse. El nombre del proyecto se debe a George Marshall, secretario de Estado en aquel entonces, quien propuso esta iniciativa.

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Década de los 50s

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Los proyectos de cooperación técnica del OIEA proporcionan conocimientos especializados en ámbitos en que las técnicas nucleares ofrecen ventajas sobre otros enfoques, o en que pueden ser un complemento útil a los medios convencionales. Todos los Estados Miembros tienen derecho a recibir apoyo mediante proyectos de cooperación técnica, aunque en la práctica estos proyectos suelen centrarse en las necesidades y las prioridades de los países menos adelantados.

Los proyectos de cooperación técnica pueden ser nacionales, regionales o interregionales. Los proyectos nacionales atañen a un solo país y se dedican fundamentalmente a apoyar prioridades nacionales de desarrollo en las que el uso de la tecnología o las técnicas nucleares constituyen un elemento indispensable para conseguir los objetivos nacionales o dar solución a un problema de manera rentable y segura desde el punto de vista tecnológico y físico.

Los proyectos regionales trascienden las fronteras nacionales para prestar apoyo en materia de cooperación técnica y abordan las necesidades de varios Estados Miembros de una región concreta. Si bien estos proyectos tienen en cuenta los objetivos nacionales de desarrollo, se establecen atendiendo a las prioridades regionales de desarrollo determinadas en los acuerdos de cooperación, las estrategias y los marcos regionales. Los proyectos regionales se dividen en transnacionales, regionales, de creación de capacidad o de actividades conjuntas.

Los proyectos transnacionales se ocupan de los desafíos que afectan a más de un país, pero no necesariamente a todos los de una región en particular. Los proyectos regionales destinados a establecer normas sirven de marco para la participación equitativa de los Estados Miembros a escala regional. Pueden incluir la elaboración de directrices, programas de estudio, materiales didácticos y la documentación de prácticas óptimas. También se consideran de carácter regional las actividades de cooperación técnica conjuntas con una entidad regional o internacional, formalizadas mediante un acuerdo de cooperación.

Los proyectos sobre creación de capacidad para países en desarrollo prestan apoyo a candidatos de esos países para que puedan participar en conferencias, seminarios y talleres que han sido aprobados en el marco de los programas principales del OIEA.

Los proyectos interregionales prestan más allá de fronteras nacionales y regionales, y atienden las necesidades de varios Estados Miembros de diferentes regiones. Se dividen en transregionales, mundiales, de creación de capacidad o actividades conjuntas con una entidad internacional.

Los proyectos transregionales tratan los problemas de desarrollo que afectan a países de más de una región, pero no forzosamente a todas las regiones. Los proyectos mundiales destinados al establecimiento de normas aportan un marco para la participación equitativa de los Estados Miembros a escala mundial. Al igual que en el caso de los proyectos regionales destinados al establecimiento de normas, los proyectos mundiales de este tipo pueden comprender la elaboración de directrices, programas de estudio, materiales didácticos y la documentación de prácticas óptimas.

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Funcionamiento de los proyectos de cooperación técnica del OIEA

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Los proyectos de cooperación técnica del OIEA proporcionan conocimientos especializados en ámbitos en que las técnicas nucleares ofrecen ventajas sobre otros enfoques, o en que pueden ser un complemento útil a los medios convencionales.

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1955

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Década de los 60s

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Decenios:

1960-1970: Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: A/RES/1710 (XVI)

1960

1961

Dag Hammarskjöld fallece en cumplimiento de sus funciones

Nombramiento de U Thant como Secretario General

Año Internacional de la Salud y de Investigaciones Médicas: A/RES/1283 (XIII)

Se establece el Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Acuerdo con la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA, entidad del Grupo del Banco Mundial)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Nueva Fuentes de Energía

1962

Consecuencias Económicas y Sociales del Desarme: Informe del Secretario General mediante el cual se transmite el estudio de su Grupo Consultativo (E/3593/Rev.1; 62.IX.1)

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Propuestas para un programa de acción: Informe del Secretario General (E/3613 + Corr.2; 62.II.B.2)

1963

Declaración conjunta de los países en vías de desarrollo hecha en el 18º período de sesiones de la Asamblea General, 11 de noviembre de 1963

Primera medida tomada por el Grupo de los 75 (posteriormente G-77)

A/RES/1897 (XVIII) anexo

1964:

Se establece la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

23 de marzo a 16 de junio de 1964, Primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD I)

Hacia una nueva política comercial en pro del desarrollo: Informe del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

1965

Año de la Cooperación Internacional: A/RES/1907 (XVIII)

Segunda Conferencia Mundial de Población

Belgrade, 30 de agosto a 10 de septiembre de 1965

Informe

Vol. I: E/CONF.41/2 (66.XIII.5) Informe resumido

Vol. II: E/CONF.41/3 (66.XIII.6) Fecundidad, planeación de la familia, mortalidad

Vol. III: E/CONF.41/4(66.XIII.7) Proyecciones, mediación de las tendencias demográficas

Vol. IV: E/CONF.41/5 (66.XIII.8) Migración, urbanización, desarrollo económico

Incremento en la composición de miembros del Consejo, en virtud de la resolución A/RES/1991 (XVIII)

Consejo de Seguridad de la ONU: de 11 a 15 miembros

Consejo Económico y Social: de 18 a 27 miembros

A/RES/2029 (XX): Fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para el Desarollo (PNUD)

A/RES/2106 (XX): Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

1966

A/RES/2186 (XXI): Establecimiento del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización

A/RES/2200 (XXI): Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

1967

Año Internacional del Tourismo: A/RES/2148 (XXI)

A/RES/2188 (XXI): Examen general de los programas y las actividades en las esferas económica, social y de cooperación técnica y en otros campos afines, realizados por las Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y todas las demás instituciones y órganos relacionados con el sistema de las Naciones Unidas.

1968

Año Internacional de los Derechos Humanos: A/RES/2081 (XX)

Conferencia Internacional de Derechos Humanos

UNCTAD II

Nueva Delhi, 1º de febrero a 29 de marzo de 1968

TD/97 Vol. I: Informes y anexos: TD/97 + Corr.1 + 3 (68.II.D.14)

TD/97 Vol. II: Comité de Problemas y Políticas (68.II.D.15)

1969

Asociados para el desarrollo: Informe de la Comisión de Desarrollo Internacional

Comisión financiada por el Banco Mundial

Conocida como la Comisión Pearson, en honor al Presidente Lester B. Pearson

No. de identificaciòn de la biblioteca de la ONU: IBRD (02) C734 (inglés, francés, español)

Estudio de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo

Designado por el Consejo de Administración del PNUD

Conocido como estudio de la capacidad o informe Jackson

A/RES/2411 (XXIII): Estrategia Internacional del Desarrollo

1970

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Research Guides: Documentación de la ONU : Desarrollo: 1960-1970, Primer Decenio sobre Desarrollo

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Decenios: 1960-1970: Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: A/RES/1710 (XVI) 1960 1961 Dag Hammarskjöld fallece en cumplimiento de sus funciones Nombramiento de U Thant como Secretario General Año Internacional de la Salud y de Investigaciones Médicas: A/RES/1283 (XIII) Se establece el Programa Mundial de Alimentos (PMA) Acuerdo

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ENFOQUE DE LAS NECESIDADES BASICAS: Informe de Pearson

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ENFOQUE DE LAS NECESIDADES BASICAS: Informe de Pearson

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Años 70

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Una característica fundamental del siglo XX, según el PNUD, citado por Latapí (1998b:41) ha sido el aumento sin precedentes del consumo: si a principios del siglo el gasto mundial en éste era de 1 billón y medio de dólares, hoy se eleva a 24 billones. Este incremento portentoso ha transformado el nivel y estilo de vida de cientos de millones de personas, más allá de lo que nuestros abuelos pudieron imaginar. Pero desde el punto de vista del desarrollo humano, hemos caído en dos profundas desviaciones: desigualdad en la distribución de sus beneficios y la errática orientación de sus tendencias, que están produciendo muy serios deterioros del medio ambiente e innumerables efectos indeseables.

Las desigualdades entre países se califican de abismales y brutalmente claras; si se contraponen los niveles de consumo del 20% de los habitantes más ricos a los de 20% más pobres, a los primeros corresponde 86% del total del consumo privado, mientras al 20% más pobres corresponde un minúsculo 1.3%; los primeros consumen 58% de la energía disponible, los segundos 4%; los primeros 74% de las líneas telefónicas, los segundos 1.5%; los primeros 87% de los vehículos, los segundos el 1%. Latapí (1998b:41).

Es perfectamente posible satisfacer decorosamente las necesidades humanas de miles de millones de personas con una fracción de algunos gastos conspicuos y cuestionables: el mundo gasta al año en cigarrillos 50,000 mdd, en bebidas alcohólicas 105,000 mdd, en drogas 400,000 mdd, y en sostener sus ejércitos 780,000 mdd. El consumo es en realidad una

ventana para asomarnos a la irracionalidad de la economía mundial en este fin de siglo. Su desigualdad refleja no sólo la de las opciones que tiene la gente a su alcance, sino las diferencias en capacidad productiva de países y regiones y las relaciones de dominación entre ellos. Latapí (1998b:42).

La primera reflexión se refiere a la filosofía del desarrollo humano y en particular del consumo. Desde1990, los informes de Desarrollo Humano han definido dicho desarrollo como "el proceso de ampliación de las opciones de la gente". Para analizar la amplitud de esas opciones, se distinguen tres capacidades humanas esenciales: tener una vida larga y saludable, disponer de conocimientos suficientes y contar con los recursos que aseguren un nivel decente de vida. Con el fin de comparar el avance de los países en éste "desarrollo humano" se han elaborado indicadores no exclusivamente económicos, sino de salud, educación, alimentación, desarrollo político, seguridad, acceso de la mujer a las oportunidades sociales, y otros. En los informes anteriores ha quedado claro que el grado de desarrollo humano no coincide con el nivel del ingreso per cápita, pues si bien el crecimiento económico es indispensable, lo esencial es saber usar la riqueza que se tiene y preocuparse por su justa distribución. Latapí (1998b:42).

Dentro de este concepto de desarrollo, el consumo se considera como un hecho fundamental, pues la vida humana se nutre y se sostiene gracias a él; el consumo ha sido y seguirá siendo "el impulsor de gran parte del desarrollo humano" y es claro que "su abundancia no es un delito". Pero "los vínculos entre consumo y desarrollo humano no son automáticos ni son siempre positivos". "Consumir más, no es sinónimo de vivir mejor"; lo que adquirimos tiene que ser regulado por la razón, pues consumir "no es el fin último de la vida", sino un medio para otros propósitos. Y lo más importante: si el concepto de "desarrollo humano" implica aceptar la universalidad de las aspiraciones de todos sin discriminación, el consumo debe buscar ser equitativo, tanto respecto de la humanidad actual como respecto de las

generaciones venideras. Para que el consumo "amplíe las opciones humanas", debe regularse por criterios racionales: orientarse a la satisfacción de las necesidades reales, ser respetuoso de los recursos naturales y del medio ambiente, promover la salud y respetar los derechos de los consumidores. Latapí (1998b:42).

El enfoque de las necesidades básicas abarca las necesidades no materiales que son el complemento vital en la satisfacción de necesidades básicas: autodeterminación, autorealización, libertad política, seguridad, participación en la toma de decisiones, identidad nacional y cultural. Son además cuatro los tipos de conflicto y negociación que pueden presentarse en el enfoque de las necesidades básicas: 1) Conflicto entre beneficiarios de altos ingresos y negociación a favor de los grupos de más bajos ingresos; 2) Conflicto entre necesidades no básicas, bienes y servicios consumidos por los grupos con ingresos a favor de las necesidades básicas, bienes y servicios consumidos por los marginados; 3) Conflicto entre actividades que crean incentivos para grandes ahorros y efectos en el trabajo a favor de una corriente consumista; y 4) Conflicto entre bienes y servicios que pueden hacer una contribución a la producción futura a favor de aquellos que hagan una contribución pequeña o ninguna. Streeten (1998:74-75)

Las necesidades básicas en sí mismas tienen tres consecuencias (producción - productividad - crecimiento): 1) Una buena nutrición, salud y educación traerá como consecuencia una fuerza de trabajo capaz, más eficiente y mejor motivada que otra en que las necesidades básicas no hayan sido satisfechas; 2) Los contenidos de las necesidades básicas empujan a correlacionar con la baja fertilidad, educación de la mujer, reducir la mortalidad infantil (todos estos conducen a reducir el tamaño de la familia); y 3) Las necesidades básicas pueden ser satisfechas por una larga escala de movilizaciones del trabajo subutilizado y de los recursos materiales locales. La economía en el uso de los recursos existentes, el aumento de los mismos

a través de la inversión masiva de capital humano, representa importantes ahorros de recursos y permiten aumentar las consecuencias de las necesidades básicas. Streeten (1998:76)

El desarrollo a escala humana, se concentra y sustenta en las satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado y apunta hacia una necesaria profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi - paternalista del Estado Latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que vienen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las personas. Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986:14-15).

Se ha creído, tradicionalmente que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son diferentes en cada período histórico, lo cual es producto de un error conceptual, ya que en el análisis acerca de las necesidades humanas no se explícita la diferencia fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades. Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a dos criterios al menos: según categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986:17).

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación son satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, en general, son satisfactores de la necesidad de protección. No existe correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas. Pueden variar según el tiempo, lugar y circunstancias. Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986:18).

Habiendo diferenciado los conceptos de necesidad y de satisfactor, es posible formular dos postulados adicionales. Primero: las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. Segundo: las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada sistema, éstas se satisfacen (o no se satisfacen) a través de la generación (o regeneración) de diferentes tipos de satisfactores. Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986:19).

Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de satisfactores. Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas de aquél que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la elección de cantidad y calidad de los satisfactores, y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades

humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural -entre otras cosas- es consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes. Max - Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986:20).

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El enfoque de las necesidades básicas - Teorías del desarrollo

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Una característica fundamental del siglo XX, según el PNUD, citado por Latapí (1998b:41) ha sido el aumento sin precedentes del consumo: si a principios del siglo el gasto mundial en éste era de 1 billón y medio de dólares, hoy se eleva a 24 billones.

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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO

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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO

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1972

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Conferencia de Estocolmo: antecedentes, países, puntos

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La Conferencia de Estocolmo (1972), llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, fue el primer gran congreso internacional convocado para tratar sobre el medioambiente. Esta conferencia se celebró en la capital sueca que le da nombre, en el mes de junio de 1972…

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Años 80

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Década de los 90s

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Se pretende determinar si en la España de la segunda mitad del siglo XX se produjeron los beneficios económicos y sociales derivados de la reducción del gasto militar producidos en otros países. Para ello se han construido series a precios constantes del PIB, de la FBCF, del saldo presupuestario, la deuda, el gasto militar, de bienes preferentes como la educación y la sanidad y del resto de los principales gastos sociales. La comparación de ellas muestra que el dividendo de la paz se dio esencialmente a partir de la instauración de la democracia. Entre 1950-1975 y 1976-2000, el peso de la defensa respecto al gasto del Estado y la riqueza nacional se redujo 3 y 2 veces, respectivamente, mientras que el de los gastos sociales, especialmente el de la sanidad y la educación, se multiplicó por varias veces.

An attempt is made to determine whether the reduction of military spending in the second half of the twentieth century in Spain generated economic and social benefits like those in other countries. For this aim, a series of constant prices has been constructed using the GDP, GFCF, budget balance, national debt, military spending, education spending, health spending and the other main social sector expenditures. The comparison of these series show that a peace dividend existed, particularly from the establishment of democracy onwards. Between 1950-1975 and 1976-2000 periods, military costs (defence spending as percentage of GDP) declined by a factor of 4, while social sector expenditures, especially health and education, increased by a factor of 3.

1 Introducción 2 Esfuerzo militar, evolución económica y gasto social en el siglo XX 3 Financiación de la defensa, economía y gasto social en España, 1950-2000 4 Conclusiones

La idea de que elevados costes de la defensa merman el crecimiento económico y el gasto social se basa en la creencia de que asignar dinero y personas a las fuerzas armadas es una carga para la economía y la sociedad. Lo gastado en armas no puede destinarse a la inversión o a programas sociales, mientras que aquellos que sirven como militares no pueden trabajar en otros sectores más productivos. Por ello, si los recursos empleados en la defensa se reducen sustancialmente, es presumible que se produzca lo que se ha denominado el "dividendo de la paz", un concepto que describe los beneficios económicos y sociales generados a largo plazo por la disminución del gasto militar tras el fin de la Guerra Fría. Entre ellos se contarían la reasignación de capitales y trabajadores del área militar a la civil, la reorientación de la I+D militar al sector civil, la reconversión de la industria militar en la producción de bienes y equipos civiles, la reducción del presupuesto militar... Todo ello puede generar desempleo o subempleo de factores de producción a corto plazo, pero suele favorecer el crecimiento a largo plazo a través del aumento de la inversión ( Brauer, Webster y Galbraith, 2004; Brömmelhörster, 1997). Así, los gobiernos dispondrían de más recursos para emplear en fines sociales. No obstante, el gasto en defensa parece también tener unos efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo porque impulsa la demanda agregada, financia las infraestructuras, perfecciona el capital humano y tecnológico y genera la seguridad y estabilidad necesarias para invertir (véase sección 2 para un tratamiento más amplio de este asunto).

La relación entre el gasto militar, la economía y el gasto social ha sido objeto de una extensa bibliografía que proporciona conclusiones divergentes. En las investigaciones sobre los vínculos entre la financiación de la defensa y la evolución de la economía los resultados difieren, cualquiera que sea su enfoque. En los estudios de orientación keynesiana se asegura que la defensa estimula el crecimiento porque potencia la demanda agregada, financia la industria pesada y las infraestructuras, genera empleo, mejora el capital humano y tecnológico y crea las condiciones necesarias de seguridad y estabilidad para la confianza del inversor ( McNair, Murdoch y Sandler, 1995; Heo, 1999). Para los que han adoptado la perspectiva marxista, el gasto militar es una herramienta contracíclica del capitalismo que reduce la tendencia de este al subconsumo y a la caída de la tasa de beneficio, y contribuye a absorber el excedente generado por el sector monopolista, con lo que las carreras de armas encajarían en la lógica del capitalismo de intentar mantener constante la ratio producción-demanda mediante el gasto militar ( Baran y Sweezy, 1966; Kidron, 1968; Griffin, Devine y Wallace, 1982). En investigaciones que adoptan enfoques neoclásicos o de otro tipo, el gasto militar inhibe el crecimiento al reducir la inversión, limitar las asignaciones a I+D e incrementar la burocracia ( Huisken, 1982; Mosley, 1985; Chan, 1987; Rasler y Thompson, 1988).

El estudio del caso español durante la segunda mitad del siglo XX revela todas las complejidades que caracterizan las relaciones entre la defensa, la economía y los gastos sociales. La financiación de la defensa puede tener repercusiones directas o indirectas en la asignación de recursos a programas sociales. Un gasto militar creciente puede reducir la cuantía del gasto social, e impedir la generación de un dividendo de la paz. Lo mismo ocurriría si el dinero empleado en el área militar limitara la cuantía de los programas sociales a través del impacto que la defensa genera en la inversión y el crecimiento ( Chan, 1987; Rasler y Thompson, 1988; Mintz y Huang, 1991; Gifford, 2006). Ello presupone que existen algunos factores que difieren los efectos del gasto militar, lo que requiere explorar las relaciones entre este, la cuantía de la inversión, la economía y los diferentes gastos sociales.

La cuantía absoluta de los gastos sociales aumentó mucho más que la de los militares en la España de la segunda mitad del siglo XX. En relación con el gasto del Estado y la riqueza nacional, la defensa y el gasto social experimentaron trayectorias divergentes. Si la primera sufrió un agudo declive, el segundo experimentó un vigoroso impulso. De ello se infiere que el gasto militar no debió de perjudicar excesivamente el crecimiento, vía reducción de la inversión, ni la capacidad de los gobiernos de asignar recursos a los programas sociales. No obstante, la inversión, la economía y el gasto social debieron de resultar mermados en aquellos subperiodos, como los decenios de 1950 y 1960, en que se produjeron grandes aumentos del gasto militar, que absorbieron porcentajes considerables del gasto del Estado y el PIB, lo que quizá contribuyó a que la economía española no alcanzara su potencial de crecimiento y, por tanto, que no se asignaran recursos suficientes a los programas sociales. Su escasez o inexistencia durante el franquismo, especialmente en sus primeras décadas, al tiempo que se producía un elevado gasto militar, debió de afectar adversamente al nivel de vida de los estratos más pobres de la población, con lo que se ampliaron, por tanto, las diferencias sociales.

Así, en España, un dividendo de la paz del estilo del ocurrido en otros países, aunque con sus particularidades, se habría producido a partir, sobre todo, de la instauración de la democracia. Sea cual sea el instrumento de medición utilizado para estimarlo, entre los periodos de la dictadura franquista analizado (1950-1975) y de la democracia y la transición a ella (1976-2000) la defensa vio reducido notablemente su peso en el gasto del Estado y la riqueza nacional, mientras que el gasto social y casi todos sus componentes, especialmente la sanidad, lo incrementaron de manera extraordinaria. En el caso de los recursos destinados a los servicios educativos y sanitarios, ello debió de impulsar el crecimiento, dada la influencia positiva que la mejora de la formación y la salud de la población ejercen en la evolución de la renta nacional.

El gran esfuerzo hecho por la sociedad española para superar la pobre herencia en servicios sociales dejada por el franquismo destaca aún más aún si se considera que, al menos durante los primeros años de la democracia, las condiciones económicas, presupuestarias y demográficas eran adversas. La relevancia de estos asuntos para la economía pública y la historia económica, que este trabajo espera haber incrementado, requerirá investigaciones adicionales en el futuro.

El gasto militar y la riqueza nacional experimentaron en España incrementos absolutos y per cápita entre 1950 y 2000, pero el de la segunda fue mucho mayor que el del primero. El valor anual medio del PIB en términos reales fue en el decenio de 1990 casi 7 veces mayor que el que había alcanzado en la década de 1950 y el de la inversión más de 10, mientras que el coste de la defensa se habría incrementado en más de 2/3. Estas diferencias son aún mayores en términos per cápita (620 y 25%, respectivamente) ( tabla 1). El PIB aumentó durante casi todo el periodo, mientras que la inversión creció hasta mediados del decenio de 1970, se estancó o decreció en los años siguientes hasta mediados del de 1980 y aumentó durante el resto del periodo o la mayor parte de él ( fig. 1). Por su parte, el coste absoluto de la defensa siguió una tendencia al alza hasta 1990, con algunos descensos puntuales a mediados del decenio de 1970, y se mantuvo más o menos constante durante el resto del periodo ( fig. 2). El aumento del gasto militar en valores absolutos no impidió que la carga de la defensa (su coste como porcentaje del PIB) disminuyera mucho, y pasara de suponer más del 4% en el decenio de 1950 a algo más del 1% en el de 1990 ( fig. 3). Esta reducción podría estar relacionada con los acuerdos defensivos firmados por España durante este periodo. Las alianzas militares parecen limitar la carga de la defensa a sus miembros porque generan mayor eficiencia en el uso de los recursos defensivos al compartir tecnología, reducir capacidades duplicadas, utilizar economías de escala... ( Morrow, 1993). Por ejemplo, el acuerdo defensivo con Estados Unidos de 1953 habría permitido a Franco emplear menos recursos en el área militar ( Sabaté, 2013). Por su parte, la entrada de España en la OTAN pudo influir en la reducción que experimentaron desde fines de la década de 1980 la cuantía absoluta de la defensa y su peso en el PIB, aunque la primera aumentara algunos años por la modernización requerida de las estructuras militares.

La evolución de la carga de la defensa indicaría que el impacto de la defensa en el crecimiento económico, vía reducción de la inversión, variaría considerablemente de unos a otros periodos de la cronología estudiada. Ambas variables pudieron resentirse en aquellos subperiodos en los que el coste de la defensa creció mucho y supuso elevados porcentajes del gasto del Estado y la renta nacional. Por ejemplo, en el decenio de 1950, el gasto militar anual medio experimentó un incremento, en precios constantes, del 34%, y llegó a absorber más de un 26% del gasto del Estado y más de un 4% del PIB. El aumento fue 7 puntos mayor en la década de 1960, pero las ratios del coste de la defensa respecto al gasto del Estado y el PIB, aunque siguieron siendo elevadas, se redujeron considerablemente por los grandes incrementos de estas 2 variables. Que España se mantuviera aislada de la economía internacional influyó probablemente en que el gasto militar creciera mucho, especialmente en el decenio de 1950. Pero ello no acaba de explicar por qué la defensa absorbió porcentajes tan elevados del gasto estatal. Fue seguramente un factor relevante el subdesarrollo del sector público durante la dictadura, cuando su coste fue algo menor en porcentaje del PIB que a principios del siglo XX y 5 puntos inferior que en 1930 ( Comín y Díaz, 2005). En los decenios siguientes, y hasta finales del de 1990, la cuantía absoluta del gasto militar siguió creciendo, aunque menos que en los anteriores, pero, lo que es más importante, su peso en el presupuesto y la economía nacional cayeron extraordinariamente, hasta menos del 4 y el 1%, respectivamente.

La evolución absoluta y relativa del gasto militar apuntaría a que la repercusión económica negativa de la defensa debió de ser mucho mayor en los 2 primeros decenios del periodo estudiado que en los siguientes. El crecimiento de la economía española podría haberse acercado más a su potencial, al menos entre 1950 y 1970, si el gasto militar hubiera sido menor. La defensa puede estimular el empleo a corto plazo, pero parece que tiende a generar un desempleo estructural considerable por debilitar la demanda del consumidor y la competitividad exportadora y, sobre todo, por absorber cuantiosos recursos en detrimento de la inversión pública y privada, una variable fundamental del crecimiento porque renueva y expande el stock de capital existente e incrementa la velocidad de difusión del progreso técnico y la innovación ( Galbraith, 1958; Solow, 1956; Aschauer, 1989). Unos costes elevados de la defensa desvían la inversión de los fines productivos porque el consumo público y el privado civil suponen más de la mitad de la economía y son muy resistentes a la reducción, con lo que la defensa compite con la inversión por la parte que no es consumo de la capacidad productiva total ( Cappelen, Gleditsch y Bjerkholt, 1984; Lindgren, 1984; De Grasse, McGuinness y Ragen, 1983). Estos impactos de la defensa pueden ser multiplicados por factores circunstanciales. Por ejemplo, si la capacidad productiva está siendo totalmente utilizada, un gasto militar adicional puede agravar los embotellamientos en ciertas industrias y desviar recursos de la producción civil ( Chan, 1987; Chan y Mintz, 1992). Previsiblemente, estos efectos de una defensa más costosa se habrían sumado, durante las décadas de 1950 y 1960, a los factores generales que menguaron el crecimiento durante la dictadura franquista. Entre ellos han de contarse los obstáculos generados por el modelo autárquico, por la versión suavizada del mismo que imperó en la segunda mitad de la década de 1950 y, en menor medida, por los mecanismos intervencionistas y proteccionistas perjudiciales que pervivieron o surgieron tras el Plan de Estabilización.

El elevado gasto militar pudo también afectar a la financiación de los gastos sociales, especialmente la de los bienes preferentes. La economía y el gasto público en educación crecieron con intensidad en la España de la segunda mitad del siglo XX, reflejando una relación positiva entre ambas variables: cuando aumentó la renta nacional también creció el gasto público en educación. En el decenio de 1990, el valor anual medio en términos reales del gasto educativo del Estado y de las comunidades autónomas fue casi 22 veces mayor que en el de 1950: multiplicó por más de 3 veces su peso en el PIB entre ambas décadas. Si en las décadas de 1950 y 1960 superaba el 1% del PIB, en la de 1970 casi alcanzó el 3%, sobrepasó este porcentaje en la de 1980 y el 4% en la de 1990. En términos per cápita, el gasto público en educación y el PIB crecieron de manera parecida entre 1950 y 1990 (más de un 600%). El gasto en educación aumentó ininterrumpidamente desde mediados del decenio de 1960 hasta 1978. Después se estancó durante 3 años y se redujo en la primera mitad del decenio de 1980, seguramente como consecuencia de la segunda crisis del petróleo y de los ajustes de gasto público llevados a cabo para combatirla. Por último, a partir de 1987 experimentó un gran incremento gracias previsiblemente al progreso económico subsiguiente a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea y coincidiendo con el traspaso de las competencias educativas a las comunidades autónomas ( fig. 3). Estos datos sobre el crecimiento económico y el gasto educativo parecen avalar que el primero impulsa los gastos sociales, ratificando la ley Wagner en los países desarrollados y en vías de desarrollo, situaciones que España vivió, sucesivamente, a partir de la década de 1960 ( Dritsakis, 2004; Akitoby et al., 2006; Díaz-Fuentes y Revuelta, 2013).

El empleo de recursos crecientemente cuantiosos en la educación haría posible que esta "devolviera" al crecimiento lo que este había hecho posible asignar a la educación, poniendo de relieve que ambas variables se retroalimentan. La educación genera crecimiento, el cual, a su vez, eleva la demanda de educación, por lo que cualquier medida que aumente la riqueza conducirá a un nivel educativo superior, lo que incrementará la renta en la siguiente generación. El gasto educativo estaría correlacionado positivamente con la tasa de crecimiento del PIB por el aumento de productividad que supone la generación de capital humano ( Jones, 1990; Barro, 1990; Hansson y Henrekjson, 1994; Glewwe y Jacoby, 2004). Se ha estimado que casi 3/4 partes de la variación de las tasas de crecimiento económico entre países se deben a los ingresos iniciales y al nivel de la educación, que los años de escolarización explican un 80% de la varianza del PIB por persona en edad de trabajar y que existe una elevada correlación entre los niveles educativos y los de renta y empleo ( Hanushek y Woessmann, 2010; De la Fuente y Doménech, 2015). Esta relación positiva entre la renta y la educación debió de producirse en España a partir del decenio de 1960, cuando empezaría a corregirse el empobrecimiento del capital humano del primer franquismo, generado por la reducción del tiempo de escolarización y la emigración forzosa de intelectuales y profesores opuestos al régimen. También podría haber contribuido al empobrecimiento del capital humano el gran aumento del gasto militar en el decenio de 1950 y parte del de 1960. Tal incremento pudo restringir los fondos destinados directamente a la educación, debido a una mayor asignación a la defensa o, de manera indirecta, a causa de que los recursos empleados en el área militar podrían haberse dirigido a la inversión, lo que habría favorecido el crecimiento e incrementado el dinero disponible para gasto social.

En las 3 décadas siguientes, el gasto militar se redujo mucho y el educativo aumentó extraordinariamente. Ello contribuye a explicar que cada año adicional de educación estuviera asociado con un aumento del PIB per cápita de casi un 20%, especialmente tras la llegada de la democracia, cuando se modernizó el sistema educativo español y aumentó la influencia de la educación en el crecimiento económico. La educación se convirtió en una máquina del crecimiento, como había ocurrido antes en los países de la OCDE, rompiendo con una tradición de atraso educativo de 100 años que tuvo graves repercusiones negativas en la evolución económica ( Camps, 2013). Este extraordinario incremento del gasto público en educación contribuye a explicar el gran progreso en el nivel medio de formación experimentado por la población española. Si en 1960 el 15% de la población adulta era analfabeta, el 94% solo había estudiado primaria y únicamente el 3% tenía formación superior, medio siglo después el analfabetismo estaba casi erradicado, el 70% tenía algún tipo de formación secundaria y el 20% había recibido educación universitaria. Este gran avance ha generado considerables aumentos de la productividad y de la renta per cápita, aunque existan grandes diferencias regionales y aún no se haya convergido con los principales países de la OCDE ( De la Fuente y Doménech, 2015).

El dividendo de la paz también se percibe en España en el gran aumento de los recursos asignados a otro gran bien preferente -la sanidad- y a otros gastos sociales relevantes. Todos ellos -y especialmente la sanidad- crecieron mucho más, en términos absolutos y per cápita, que el gasto en defensa, destacadamente a partir del decenio de 1970. Mientras que el aumento del coste de la defensa por habitante fue de un 25%, el del gasto social y los de la sanidad y pensiones, seguridad social y beneficencia fueron, respectivamente, 55, 401 y casi 57 veces mayores. Seguramente, los considerables incrementos de la renta nacional y del déficit, que se multiplicó por 65, y la deuda, que lo hizo por 7 ( tabla 1), posibilitaron un gran aumento de los recursos públicos hasta el punto de hacer posible el crecimiento simultáneo de las cuantías absolutas de los capítulos sociales y militares. Parece que el crecimiento del PIB y la captación de cuantiosos ingresos financieros por el Estado español permitieron gastar más en defensa (o bienestar social) sin tener que reducir lo asignado a programas sociales (o defensa). No obstante, incluso en las fases de expansión del gasto siempre hay capítulos del presupuesto a los que se asignan más fondos que a otros. Por ejemplo, no parece descabellado inferir que el aumento de la cuantía del gasto social no fue tan grande como podría haber sido si el incremento del militar hubiera sido menor, especialmente durante la dictadura de Franco, cuando la escasez de servicios sociales era manifiesta y el déficit era relativamente pequeño.

La magnitud del dividendo de la paz varía en función del instrumento de medición utilizado, pero el resultado es parecido cualquiera que sea el elegido: el gasto social aumentó considerablemente tanto en términos absolutos como en relación con el gasto del Estado o la riqueza nacional, mientras que el coste de la defensa declinó en relación con estas 2 variables y creció mucho menos en términos absolutos, especialmente a partir del decenio de 1970. En el decenio de 1950 el área militar se llevaba más de 1/4 del gasto estatal, mientras que los programas sociales suponían más de 1/5. Cincuenta años más tarde, en la década de 1990, el peso de la primera se había reducido casi 7 veces y el del segundo habría aumentado más de 2/3 hasta suponer casi 2/5. Este incremento es achacable, en gran medida, a la extraordinaria expansión de la sanidad, que multiplicó por 13 su participación en el gasto del Estado, y a la más moderada de la educación y de las pensiones, seguridad social y beneficencia, que casi la duplicaron. El gasto social también presenta una evolución mucho más favorable que el militar si se considera su peso en el PIB. El primero casi triplicó su participación en la riqueza nacional entre uno y otro decenio, mientras que el segundo la redujo 4 veces, lo que originó que en el decenio de 1990 el gasto social tuviera 10 veces más peso en el PIB que la defensa. La explicación de esta transformación fundamental reside en que la sanidad multiplicó por 20 su participación en la riqueza nacional, mientras que la educación y las pensiones, la seguridad social y la beneficencia la multiplicaron por más de 3 ( tabla 1 y figs. 2 y 3). El enorme crecimiento del gasto social, especialmente el hecho en sanidad, se explica también por el bajísimo nivel que tuvo durante el régimen de Franco.

Como el cálculo de los porcentajes de participación de los diferentes capítulos presupuestarios en el gasto total y el PIB no permite observar fácilmente las fluctuaciones interanuales, dado que los porcentajes se calculan independientemente de un año para el siguiente, se ha recurrido con frecuencia a otra medida: las variaciones porcentuales anuales de las cuantías totales de los capítulos presupuestarios, en las cuales se centran las decisiones presupuestarias relevantes:
donde Xi,t es la cuantía del capítulo de gasto i en el año t y T es el presupuesto total en el año t.
Esta medida también da lugar a un incremento muchísimo mayor del gasto social que el militar. Entre los decenios de 1950 y 1990 casi todos los capítulos presupuestarios registraron incrementos medios considerables en sus cuantías absolutas, pero los del gasto social y sus componentes principales, excepto la vivienda, fueron muchísimo mayores que el de la defensa. Mientras el incremento del coste de esta fue superior a los 2/3, el del gasto social del Estado fue 20 veces mayor, el de la sanidad casi 200 veces, el de la educación, 30, y el de las pensiones, seguridad social y beneficencia, 28.

La variación porcentual anual también presenta limitaciones, especialmente la de ser muy sensible a la cuantía de cada capítulo de gasto y no ofrecer criterios adecuados para examinar las relaciones entre los capítulos presupuestarios y las variaciones del gasto total. El tamaño de este no tiene nada que ver con el cálculo de las variaciones porcentuales de capítulos concretos. Por ejemplo, un aumento del gasto social del 10% no indica cuánto varía su relación con el presupuesto total, de manera que podría darse el caso de que, pese a tal incremento, experimentara una reducción relativa respecto al gasto total o el PIB. Para superar estos problemas, y captar las dimensiones del corto y largo plazo y la de las partes y el total de la evolución presupuestaria, también se ha estimado el porcentaje de los incrementos en relación con el porcentaje de los totales existentes ( Gist, 1982). Esta medida permite evaluar la magnitud de los incrementos de los capítulos de gasto en términos de su participación en el total anual del presupuesto o de la renta nacional, y permite, además, ajustar el tamaño desigual de aquellos:
donde X es el presupuesto para el capítulo i en el año t y T es el presupuesto total en el año t.
La estimación del porcentaje de los incrementos arroja el resultado de que en España todos los gastos sociales, excepto la vivienda, experimentaron, entre 1950 y 2000, aumentos sustanciales respecto a su participación en el gasto total y el PIB, destacadamente la sanidad, mientras que los incrementos del gasto militar fueron relativamente pequeños. El coste de la defensa aumentó más del 6 y el 12% en relación con el gasto total y el PIB, respectivamente, incrementos muy inferiores a los del gasto social (130 y 242%), la educación (196 y 364%), la sanidad (1.290 y 2.381%) y las pensiones y la seguridad social (184 y 340%).

Dado que el cálculo del porcentaje de los incrementos también es sensible a la cuantía absoluta de los capítulos presupuestarios, aunque su parte relativa del gasto total no varíe, se ha diseñado otro instrumento para captar las oscilaciones de la asignación presupuestaria. Nos referimos a la variación porcentual relativa, que mide la diferencia entre la proporción del presupuesto total que supone un capítulo de gasto en un año determinado respecto al anterior, diferencia que se compara, a continuación, con su proporción respecto al presupuesto total en el año primero ( Mok y Duval, 1992):

Esta medida ajusta la variación porcentual teniendo en cuenta el presupuesto base cuando se calculan las oscilaciones de los capítulos presupuestarios, y ofrece las magnitudes de los incrementos o decrementos marginales en términos de su participación en las variaciones porcentuales respecto a los totales existentes. El cálculo de la variación porcentual relativa proporciona también resultados favorables al gasto social y a sus componentes principales, si se exceptúa de nuevo la vivienda, en la España de la segunda mitad del siglo xx. Mientras que el peso de la defensa en el gasto del Estado y el PIB experimentó un retroceso considerable (más de 4/5 y 3/4, respectivamente), el gasto social registró una evolución de signo contrario, de mayor envergadura en el caso de su participación en el PIB (más de 1/4 y más del doble, respectivamente). El mayor incremento se produjo, de nuevo, en la sanidad, que multiplicó su peso por más de 10 y 17 veces, respectivamente, siendo bastante menor, pero elevado, en la educación y las pensiones, la seguridad social y la beneficencia ( tabla 1).

El dividendo de la paz se produjo esencialmente en la transición a la democracia y, sobre todo, a partir de la instauración de esta, como pone de relieve la comparación entre los resultados estimados para ella (1976-2000) y los calculados para los años de la dictadura de Franco estudiados en esta investigación (1950-1975). Entre uno y otro periodo, el peso de la defensa respecto al gasto del Estado y la riqueza nacional se redujo 3 y 2 veces, respectivamente, mientras que el del gasto social aumentó, multiplicándose por 5 veces en relación con el PIB. Si se calcula la variación porcentual anual, tanto el gasto militar como el social experimentaron incrementos, pero el del segundo fue 10 veces mayor que el del primero: destaca el de la sanidad, que se multiplicó por 38. Hallando el porcentaje de los incrementos, la defensa aumentó su participación en el gasto del Estado y el PIB muy ligeramente (más del 13 y el 25%) en comparación con las 17 veces más en que incrementó su peso el gasto social. Por último, estimando la variación relativa, el gasto militar redujo más de 3/5 y más de 2/5 su participación en el gasto del Estado y la renta nacional, respectivamente, entre el periodo de la dictadura y el de la democracia, mientras que el gasto social siguió la tendencia contraria: llegó a incrementar su peso en el PIB un 72%. La magnitud del dividendo de la paz durante el periodo democrático se percibe nítidamente en el gran aumento que experimentó la participación de los diversos gastos sociales, especialmente los bienes preferentes, en el gasto público y la riqueza nacional en relación con los años del régimen de Franco. La sanidad fue el que más incrementó su participación (82 y 12 veces, respectivamente), seguida de las pensiones y la seguridad social (1/3 y el doble) y la educación (más del doble y un 2%) ( tabla 2). De estos incrementos habría que exceptuar de nuevo la vivienda. El enorme aumento del gasto público en el sector sanitario a partir de fines del decenio de 1970, dado su subdesarrollo durante la dictadura, es seguramente el principal indicador de que el dividendo de la paz fue, esencialmente, algo propio del periodo democrático. Como ha ocurrido en otros países, la multiplicación del gasto en sanidad debió de contribuir considerablemente a la mejora de la salud de la población española y, por consiguiente, a la intensificación del crecimiento en los decenios siguientes.

Que el dividendo de la paz se produjera en España esencialmente durante el periodo democrático está en línea con las conclusiones de la literatura académica sobre las relaciones entre los diferentes tipos de regímenes políticos y la importancia de los gastos militar y social. Se ha asegurado que las dictaduras conllevan un coste de la defensa mayor que las democracias ( Brauner, 2015). Ello parece deberse a que en las primeras los militares suelen recibir mayor financiación para utilizar fuerzas a gran escala contra la contestación interna y asegurar su lealtad ( Hill, 1978). En España, la militarización del régimen tras la Guerra Civil, encargando al ejército de tierra el mantenimiento del orden interno ( Gómez Olmeda, 1988; Aguilar Olivencia, 1999), debió de influir en que en 1950-1975 el peso anual medio del gasto militar en la riqueza nacional casi alcanzó el 3% y la defensa supuso el 17% del gasto del Estado, aunque es preciso tener en cuenta también el subdesarrollo del Estado y la modesta cuantía del PIB durante la dictadura.

Por su parte, la enorme reducción de la carga de la defensa entre 1976 y 2000 podría deberse no solo a que las competencias para mantener el orden interior se traspasaron a los cuerpos policiales, proceso iniciado en los últimos años de la dictadura, sino a las sinergias generadas por la celebración de elecciones. En las democracias, la demanda de gasto social del votante medio presiona para la reducción del gasto militar, que, en general, durante las épocas de paz, es un componente menor en el contexto de la política electoral y parlamentaria. Los votantes prefieren bienes sociales, aspiración que tratan de satisfacer los líderes que ambicionan el poder ( Goldsmith, 2007). Ello explicaría la gran reducción del peso de la defensa en el presupuesto en Gran Bretaña tras la Primera Guerra Mundial ( Sprout y Sprout, 1968) y en los Estados latinoamericanos que llevaron a cabo una transición exitosa de la dictadura a la democracia en el siglo pasado ( Russett y Oneal, 2001; Lebovic, 2001). También serviría para explicar que en más de 100 Estados democráticos del periodo 1967-1989 se haya percibido una inclinación negativa hacia los gastos militares: la carga de la defensa es más reducida cuanto más democráticos son ( Garfinkel, 1994).

El dividendo de la paz experimentado en España durante la segunda mitad del siglo XX, y especialmente durante la transición y el periodo democrático, reunía, con sus peculiaridades, características similares al producido en otros países del mundo, sean desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entre 1950 y 1985, en 93 de 103 países de todo el mundo el dividendo de la paz generado por la reducción del gasto militar consistió en crecimiento económico a largo plazo ( Mintz y Stevenson, 1995). En los Estados Unidos del periodo 1948-1990, la actividad económica estadounidense creció notablemente cuando el gasto militar se redujo. Y viceversa: la tasa de crecimiento del PNB se estancó al aumentar el coste de la defensa ( Mintz y Huang, 1990; Ward y Davis, 1992). En la Noruega de los quinquenios siguientes a 1990 la reducción del gasto militar habría generado efectos económicos y sociales muy positivos: reducción del desempleo, aumento del consumo privado, incremento de los salarios reales... ( Cappelen, Gleditsch y Bjerkholt, 1992). Como en estos países, en España el dividendo de la paz consistió, sobre todo, en crecimiento económico y aumento del gasto social, especialmente en bienes preferentes, lo que reforzó el crecimiento. Ello posibilitó que España iniciara un proceso de reducción de las diferencias en renta per cápita y gasto público con su entorno europeo, pero al final del periodo estudiado aún existían divergencias no desdeñables en gasto social. En el periodo 1995-2000, el gasto gubernamental español en porcentaje del PIB (41,58%) fue unos 7 puntos inferior al de la Unión Europea de los 15 (48,2%). El gasto público en asistencia o protección social era 5 puntos del PIB mayor en esa zona que en España (18,95 frente a 13,90%). Las diferencias se redujeron bastante en los bienes preferentes, pero no se eliminaron del todo. En sanidad, los gobiernos españoles invirtieron casi un punto del PIB menos que los europeos (6,1 frente a 5,25%), y en educación, medio punto porcentual menos (4,9 frente a 4,4%).

La ausencia de consenso académico sobre los efectos económicos del gasto militar no es óbice para que exista una conclusión predominante: la de que las cargas de la defensa no han tenido un impacto significativo en el crecimiento, y que han sido, en cualquier caso, más perjudiciales que beneficiosas. Entre 1950 y 1985, el efecto conjunto del gasto militar en el crecimiento económico no fue diferente de cero en 87 de los 103 países analizados en un estudio publicado hace 2 décadas ( Mintz y Stevenson, 1995). Resultados parecidos se han obtenido en otros trabajos aparecidos en la misma época o antes ( Chan, 1987; Ram, 1995; Dunne, 1996) y en algunos recientes. Por ejemplo, Dunne y Uye (2009) solo hallaron impactos positivos de la defensa en el crecimiento en 21 de las 103 obras que analizaron, impactos negativos en 37 y en 44 no se proporcionaban resultados claros. El gasto militar tuvo una repercusión negativa -o neutra, en el mejor de los casos- en 15 economías de la Unión Europea entre 1961 y 2007 ( Dunne y Nikoladiou, 2012). Los cálculos del efecto multiplicador parecen mostrar, en general, la dimensión económica negativa del gasto militar. Entre 1905 y 1980, en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón y República Federal de Alemania oscilaron, excluidas las grandes guerras, entre el −0,60 y el 0,028. Entre ambos guarismos estaría el multiplicador de los países de renta variada (−0,19) y en vías de desarrollo (−0,11/−0,27) ( Nardinelli y Ackerman, 1976; Deger y Sen, 1983). Las estimaciones son menos negativas si se incluyen los grandes conflictos y llegan a ser positivas en situaciones de elevado desempleo. Por ejemplo, durante las 2 guerras mundiales y los conflictos de Corea y Vietnam, el efecto multiplicador de la defensa estadounidense fue del 0,8, alcanzó el 0,67 en 1939, con una tasa de desempleo del 5,6%, y pudo llegar al 1,0 en los periodos en que el paro llegó al 12%, con lo que el gasto militar habría compensado el dinero desviado de la inversión ( Barro y Redlich, 2011).

También presentan resultados muy diferentes las investigaciones sobre las relaciones de sustitución entre el gasto militar y el civil y sus efectos económicos y sociales. Existe una línea divisoria, más o menos clara. Mientras que en la mayoría de los estudios publicados entre fines del decenio de 1960 y mediados del siguiente se concluyó que la financiación de la defensa se hizo a costa del gasto social y de la economía, lo que habría impedido la generación de un dividendo de la paz, en la mayoría de los aparecidos con posterioridad se sostiene que los cañones no se fabricaron a costa de la mantequilla o no se hallaron pruebas sólidas de lo contrario. Así, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Occidental, Alemania Oriental y Grecia, naciones en las que el gasto militar era relativamente elevado, la defensa tuvo, entre 1950 y 1960, una relación de sustitución estadísticamente importante con la inversión, el consumo y el gasto civil corriente gubernamental, exceptuadas las transferencias ( Pryor, 1968). La inversión y, especialmente, el consumo y el gasto público en el nivel local y estatal, destacadamente el destinado a asistencia social y a bienes preferentes como la sanidad y la educación, fueron los más perjudicados por el gasto militar en los Estados Unidos del periodo 1939-1968, mientras que en el Reino Unido y la Francia de 1947-1965 la inversión también menguaba cuando aumentaba el gasto en defensa, pero no el consumo, mientras ocurría lo contrario en Canadá ( Russett, 1969). Parece que los efectos del gasto militar en Estados Unidos dependían de si los periodos estudiados eran bélicos o pacíficos, de manera que durante grandes conflictos como la Segunda Guerra Mundial la factura de la defensa la pagaría el conjunto de la sociedad, mientras que en las guerras "menores" (las de Corea y Vietnam) y en las épocas de paz probablemente fue el consumidor el que la abonó en su casi totalidad ( Hollenhorst y Ault, 1971). En cualquier caso, los principales perjudicados por el gasto militar en los Estados Unidos del periodo 1929-1971 habrían sido los grupos de ingresos más bajos, dado que la financiación de la defensa afectó negativamente a la sanidad y, sobre todo, a la asistencia social ( Peroff, 1976). Entre 1950 y 1966, el impacto depresivo mayor de la defensa en el gasto social en 16 países industrializados se dio durante los años de la Guerra Fría y los inicios de la carrera armamentística nuclear, especialmente en los más involucrados en ellas ( Wilensky, 1975).

A partir de mediados del decenio de 1970, la mayoría de las investigaciones pusieron en cuestión o refutaron que la financiación de la defensa hubiera afectado negativamente al gasto social. Buena parte de este cambio parece que se debió a los progresos en los fundamentos teóricos, metodológicos y estadísticos. Así, la sanidad no parece que sufriera recortes por un gasto militar creciente en Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Australia entre 1950 y 1970 ( Caputo, 1975). Tampoco parece que existiera ninguna relación significativa entre el gasto militar y el social en los Estados Unidos del periodo 1900-1976, excepto durante las 2 grandes guerras mundiales, que originaron un gran impacto negativo en los programas sociales, siempre y cuando se tuviera en cuenta la deuda pública ( Clayton, 1976). Entre 1929 y 1974, el gasto militar estadounidense no perjudicó al gasto total federal final en sanidad o en personal e I+D sanitarios, aunque sí a la inversión privada en sanidad ( Peroff y Podolak-Warren, 1979). Durante un periodo algo más corto (1941-1979), el gasto militar, el educativo y el sanitario aumentaron al mismo tiempo en dicho país ( Russett, 1982). Al menos durante los periodos de paz, en Estados Unidos, en la República Federal de Alemania, Francia y el Reino Unido el gasto social experimentó intensos aumentos entre 1948 y 1978, mientras que el coste de la defensa decreció, tanto en relación con el gasto público total como con el PNB ( Domke, Eichenberg y Kelleher, 1983).

En los Estados Unidos del periodo 1947-1980, las partidas principales del gasto militar no parece que repercutieran negativamente en el gasto social, excepto en los años de Reagan. Por ejemplo, el crecimiento de lo abonado a las fuerzas armadas en concepto de personal no fue suficiente para sustituir o reducir la demanda de sanidad, educación o vivienda, pese a que las fuerzas armadas proporcionaban estos bienes preferentes al personal militar ( Mintz, 1989). Entre 1953 y 1987 cuantías crecientes de los costes de la defensa minoraron la inversión en Estados Unidos, lo que a su vez disminuyó el crecimiento económico y, en un plazo de unos 6 años, limitó la capacidad de los gobiernos de asignar recursos a la educación ( Mintz y Huang, 1991). Por otra parte, entre 1954 y 1986, los incrementos del gasto militar estadounidense no originaron disminuciones en la financiación pública de la educación y la seguridad social, aunque sí en la de la sanidad y en áreas como la agricultura, la energía, el transporte y el comercio, siempre que se tuvieran en cuenta el déficit y la deuda ( Mok y Duval, 1992).

En la Turquía del periodo 1924-1996, un gasto militar creciente redujo los recursos disponibles para la sanidad, pero no los destinados a educación ( Yildirim y Sezgin, 2002).

De 17 naciones industrializadas y desarrolladas del periodo 1960-1993 aquellas que contaban con fuerzas armadas grandes en relación con la población hicieron un esfuerzo menor en pro del gasto social, mientras que en las que el reclutamiento se efectuaba mediante el servicio militar obligatorio se gastó en fines sociales una proporción mayor de la que se empleaba en las que dependían de voluntarios ( Gifford, 2006). Entre 1990 y 2004, una investigación ha hallado una relación positiva entre la defensa, el gasto social y el gasto educativo en Grecia. Parece que cuando se produce un incremento de un 1% en el gasto militar, el aumento del gasto educativo es de un 0,611% ( Kollias y Paleologou, 2011). En otro trabajo se ha concluido que los devastadores efectos económicos y sociales de las 2 grandes guerras mundiales favorecieron la implementación de los programas sociales que constituyen el núcleo del estado de bienestar ( Herbert y Petersen, 2014). Por último, se ha detectado que, en 29 países de la OCDE hubo, en el periodo 1988-2005, una relación de sustitución positiva entre el gasto en defensa y los 2 bienes preferentes esenciales del estado de bienestar, la educación y la sanidad ( Lin, Ali y Lu, 2015).

El dividendo de la paz es un concepto generado por la literatura académica sobre la teoría cañones versus mantequilla, 2 términos acuñados por los medios de comunicación estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial que se utilizaron por primera vez en el ámbito académico 3 décadas después ( Samuelson, 1948). Con ellos se dio nombre a una teoría simplificada del gasto nacional bruto que estipula que cualquier país ha de elegir entre 2 opciones al utilizar sus recursos: puede optar por bienes civiles o militares o por ambos en cantidades variadas. La curva resultante de tal elección es el ejemplo típico de la frontera de la posibilidad de producción, que muestra el coste de oportunidad consiguiente del hecho de que fabricar más cañones supone reducir la producción de mantequilla, y viceversa. Desde el punto de vista presupuestario este dilema constituye un juego de suma cero por el que si se aumenta el gasto militar ha de reducirse el civil, y al contrario. Se trataría, por tanto, de una relación inversa, una relación de sustitución entre ambos tipos de gasto que respaldaría la máxima de que si los gobiernos asignan más recursos a la defensa tienen que reducir los destinados a programas sociales.

Estas páginas tienen por objeto examinar si en la España de la segunda mitad del siglo XX se habría producido un dividendo de la paz por la existencia de relaciones de sustitución entre el gasto militar y el civil. Este es un tema relevante para la economía pública, la economía de la defensa e incluso la historia económica por varias razones. Una de ellas es porque no se ha investigado en España: la mayoría de los estudios que lo han tratado se ocupan de países europeos durante la segunda mitad del siglo XX, el principal hábitat geopolítico y económico de España y el periodo en que nuestro país aceleró su proceso de convergencia con Europa. Además, es un asunto de actualidad muy relacionado con unas finanzas públicas que sufren grandes penurias en muchos países occidentales. La bibliografía académica sobre el dividendo de la paz y las relaciones de sustitución entre los gastos sociales y militares muestra que hay que elegir a la hora de financiar los diversos bienes o servicios públicos y que ello tiene notables repercusiones económicas y sociales que generan debates de alcance sobre el destino de los recursos públicos. Uno de los más destacados es la financiación de los programas sociales, a los que, por un lado, se les achaca que son muy costosos, mientras que, por otro, se les reconoce que disminuyen o palían los conflictos sociales porque contrarrestan los efectos de la pobreza y la desigualdad.

Tras la introducción, en la sección 2 se presenta abreviadamente el estado de la cuestión sobre las interrelaciones entre la defensa, la economía y el gasto social, haciendo hincapié en los resultados de la investigación. En la sección 3 se comparan las evoluciones del gasto militar, la economía y los principales gastos sociales para comprobar si en la España de la segunda mitad del siglo XX los bienes preferentes, las pensiones y otros capítulos sociales resultaron favorecidos o perjudicados por la situación económica y el coste de la defensa, y viceversa. Lo que se pretende determinar es si en la España de dicho periodo se produjo una reducción del coste de la defensa en relación con el gasto del Estado y la renta nacional y, de ser así, si el "dividendo" de ello habría sido una mayor asignación de recursos públicos a los programas de gasto esenciales del estado de bienestar. Por último, la sección 4 se dedica a las conclusiones y las perspectivas de investigación futuras.

El autor agradece las valiosas sugerencias hechas por los evaluadores.

[Bhargava et al., 2001]

A. Bhargava, D.T. Jamison, L.J. Lau, C.J. Murray.

Modelling the effects of health on economic growth.

Journal of Health Economics, 20 (2001), pp. 423-440

[Brauer et al., 2004]

The evolving economics of war and peace, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS),

[Jurado Sánchez, 2012]

¿Se financió la defensa a costa del gasto social y la economía en el siglo xx? El dilema cañones-mantequilla.

Hacienda Pública Española, 203-4 (2012), pp. 89-117

[Nardinelli y Ackerman, 1976]

C. Nardinelli, G.B. Ackerman.

Defense expenditures and American capitalism: A note.

Armed Forces and Society, 3-1 (1976), pp. 13-16

[Peroff y Podolak-Warren, 1979]

K. Peroff, M. Podolak-Warren.

Does spending on defence cut spending on health? A time-series analysis of the U.S. economy, 1929-1974.

British Journal of Political Science, 9 (1979), pp. 21-39

[Russett, 1982]

Defense expenditures and national well-being.

American Political Science Review, 76 (1982), pp. 767-777

El gasto militar y el social pueden crecer simultáneamente gracias al incremento de la renta nacional y la financiación del déficit, como ha ocurrido en otros países. Véase, por ejemplo, el caso de Alemania ( Eichenberg, 1984) y Estados Unidos ( Russett, 1982; Mok y Duval, 1992).

El porcentaje de recursos públicos que el Estado destinó a la vivienda cayó en 1976-2000 respecto a 1950-1975 en términos relativos por varios factores: el gran aumento del gasto del Estado, el que la financiación de la vivienda pasara a proporcionarla el sistema financiero, en lugar de depender tanto del Estado, y porque en las series disponibles del periodo estudiado no se incluyen las desgravaciones fiscales ni, en los últimos años de la cronología estudiada, las sumas asignadas a la vivienda por las comunidades autónomas. Para un examen de estos aspectos, véase González Páramo y Onrubia (1992). Para la política de vivienda, vid. Fernández Carbajal (2003, 2004).

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El "dividendo de la paz". Defensa, economía y gasto social en la España de la segunda mitad del siglo XX | Investigaciones de Historia Económica - Economic History Research

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Se pretende determinar si en la España de la segunda mitad del siglo XX se produjeron los beneficios económicos y sociales derivados de la reducción del gasto militar producidos en otros países.

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1991

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Norberto Paredes @norbertparedes

BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Getty Images

Ha sido catalogado como "uno de los errores más grandes" de Saddam Hussein.

El 2 de agosto de 1990, el ejército iraquí, comandado por el entonces presidente de la República de Irak, cruzó la frontera hacia Kuwait, matando a cientos de personas que se resistieron a la invasión y obligando al gobierno kuwaití a exiliarse en Arabia Saudita.

Es una fecha que para muchos marcó el comienzo de una larga y turbulenta etapa en la historia de Medio Oriente.

La invasión tomó por sorpresa al pequeño país petrolero, que no se esperaba tal acción, pero sobre todo a la comunidad internacional.

Tras múltiples advertencias y una resolución del Consejo de Seguridad de ONU, una coalición - la más grande desde la II Guerra Mundial- liderada por EE.UU. y apoyada principalmente por Arabia Saudita y Reino Unido, emprendió una misión para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait el 17 de enero de 1991.

Después de semanas de intensas batallas aéreas, navales y finalmente una incursión terrestre, Irak se rindió a finales de febrero y aceptó restituir la soberanía de Kuwait poco después.

Desde Bagdad, la invasión fue descrita como "una de las decisiones más terribles" de Saddam Hussein por el excanciller iraquí Hoshyar Zebari.

Y desde Kuwait es vista como un desafortunado episodio que causó disrupciones económicas, políticas y sociales.

"Hussein incluso se disculpó con Kuwait en un momento, muchos años después de la invasión. Creo que él mismo lo vio como un error", dice a BBC Mundo ‪Nayef Al-shammari, profesor de Economía de la Universidad de Kuwait.

30 años después, la invasión a Kuwait sigue siendo una herida abierta en la región, pero, ¿qué ha cambiado en el pequeño país de la península Arábiga desde aquella incursión militar?

Una mayor presencia estadounidense

La invasión a Kuwait fue un evento que puso en evidencia la vulnerabilidad de los países más pequeños del golfo Pérsico y resaltó la importancia de que mantuvieran una relación estrecha con Estados Unidos y otras grandes potencias.

"Es una región del mundo muy volátil, con países muy pequeños rodeados de otros mucho más grandes", explica en conversación con BBC Mundo Kristian Ulrichsen, experto en Medio Oriente del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, Estados Unidos.

Presencia militar estadounidense en Kuwait

Fuente: Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

"Hasta la década de los 80, EE.UU. no estaba realmente presente en el Golfo, como lo está ahora, y esta fue una decisión en parte tomada por los mismos pequeños Estados de la región, que se dieron cuenta de que necesitaban un garante de la seguridad en la zona, un papel que Reino Unido ejerció hasta 1971".

Desde la Guerra del Golfo, EE.UU. ha instalado un amplio número de bases militares en los países del golfo Pérsico y en la actualidad Kuwait alberga alrededor de 13.000 tropas estadounidenses en su territorio, según informes del Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS, por sus siglas en inglés).

Madurez política

En 1986, el entonces emir de Kuwait, Jaber al-Ahmed al-Sabah suspendió el parlamento argumentando que la seguridad del país estuvo "expuesta a una feroz conspiración extranjera que puso en riesgo vidas y casi destruyó la riqueza de la patria", refiriéndose a un incidente derivado de la guerra entre Irán e Irak y la amenaza que este conflicto representaba para el pujante país petrolero.

No era la primera vez que el mandatario kuwaití disolvía la Asamblea Nacional: también la había suspendido por cinco años entre 1976 1981.

Estado de Kuwait

Capital: Ciudad de Kuwait

Fuente: ONU, Banco Mundial.

Ulrichsen sostiene que Kuwait, a diferencia de otros países del Golfo, ya contaba con un importante p arlamento y un paisaje político en la época.

"Hubo cierto grado de 'tire y empuje' donde los políticos obviamente querían poderes, pero el gobierno y la familia gobernante no necesariamente querían dárselos".

A principios de 1990, un grupo de exparlamentarios comenzó a presionar al gobierno para que restaurara el parlamento y esto ocasionó una crisis política en la que el emir trató de crear una nueva Asamblea Nacional, más débil que la antigua, en lugar de restaurar la que se había suspendido. Esta movida fue boicoteada.

"Ya había tensión en Kuwait antes de la invasión, pero lo que pasó después fue que muchos kuwaitíes abandonaron el país y se refugiaron en Arabia Saudita, donde luego hubo un gran reencuentro en octubre de 1990 en el que inicialmente la familia gobernante pensó que todos sus ciudadanos se unirían y le jurarían lealtad", señala el especialista en Medio Oriente.

Pero lo que realmente pasó fue que hubo negociaciones entre el gobierno, sus ciudadanos y los políticos de la nación petrolera.

"Dijeron: 'Si vamos a jurarles lealtad, queremos garantías de que la Asamblea será restaurada'. Hubo una especie de toma y dame", prosigue.

En octubre de 1992, habiendo ya recuperado su soberanía, Kuwait organizó unas elecciones generales que tuvieron una participación de más del 80% de la población votante.

Desde entonces, las funciones del parlamento han continuado sin interrupciones mayores.

"Hasta cierto punto, la invasión contribuyó a la restauración de la vida política y parlamentaria en Kuwait".

El economista kuwaití ‪Nayef Al-shammari concuerda con que la participación de la gente en la vida política y en las elecciones ahora es mayor: "Esto también se debe a la llegada de las redes sociales".

División entre los que se fueron y los que se quedaron

La invasión iraquí creó divisiones sociales en Kuwait, entre los que permanecieron en el país durante los casi siete meses de ocupación y los que decidieron refugiarse en el extranjero.

Se estima que cerca de 400.000 kuwaitíes huyeron después de la invasión, una cifra que representaba cerca de la mitad de los ciudadanos de Kuwait en 1990. En ese entonces el país tenía una población de poco más de 2 millones de habitantes de los cuales alrededor del 60% era extranjera.

"En Kuwait hubo una resistencia muy activa y esta se sintió marginada. Hubo mucha tensión entre los que se fueron inmediatamente y aquellos que se quedaron en el terreno poniendo su vida en riesgo, pues ayudaron a esconder a ciudadanos occidentales, por ejemplo, a recolectar información sobre el paradero de las fuerzas iraquíes, que luego le pasaban a miembros de la coalición occidental, etc.", subraya Kristian Ulrichsen.

Los que se quedaron no esconden el resentimiento que sintieron por los que abandonaron el país por una cómoda vida en Arabia Saudita, Egipto, Estados Unidos, Francia o Reino Unido, que fueron los principales destinos.

Según reportes, el gobierno de la rica nación petrolera le transfería a la mayoría de sus ciudadanos exiliados montos superiores a los US$1.000, una cantidad que podría duplicarse o triplicarse dependiendo del tamaño de la familia y del costo de vida local.

Aunque con el pasar de los años esa herida dejada por la invasión ha ido sanando sobre todo en las nuevas generaciones, todavía un sector de la población recuerda y juzga aquel éxodo.

Un país más conservador

Sus enormes reservas de petróleo lo han convertido en uno de los países más ricos del mundo y también, comparado con otras monarquías del Golfo, cuenta con un sistema político más abierto.

Pero a pesar de su riqueza y de contar con el parlamento más antiguo y más influyente de los seis Estados que conforman el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Kuwait todavía sigue siendo un país "muy" conservador.

Kristian Ulrichsen, de la Universidad Rice, señala que este aspecto de la sociedad kuwaití se ha acentuado y ha perdurado 30 años después de la invasión.

"Creo que el trauma social fue tan grande que los kuwaitíes se volvieron más islamistas y en cierto modo más conservadores".

Este conservadurismo abarcó incluso las relaciones con otras naciones de la región.

"Antes Kuwait ofrecía ayuda económica a otros países en Medio Oriente, luego se dieron cuenta en 1990 que algunos países que se habían beneficiado de la ayuda kuwaití, como Jordania y Yemen, respaldaron a Saddam Hussein o trataron de ser neutrales durante la invasión. Por lo que los kuwaitíes dejaron de confiar tanto en sus vecinos".

En las últimas décadas, la nación de mayoría musulmana sunita ha visto ciertos progresos sociales como la introducción del voto de la mujer en 2005 y de un dictamen para que las mujeres obtengan pasaportes sin el consentimiento de sus esposos en 2009.

Pero también ha habido episodios en los que se ha acusado al gobierno de coartar libertades, como cuando se le prohibió a varios canales de televisión emitir informaciones sobre un supuesto complot contra el sistema de gobierno en junio de 2014 o cuando el líder opositor Mussallam al-Barrak fue sentenciado a cinco años de cárcel en 2013 por "socavar la autoridad del emir".

Una economía más dependiente del petróleo

Todo conflicto bélico trae consecuencias económicas y esta invasión generó pérdidas multimillonarias para la región y muy especialmente para Kuwait.

La industria petrolera fue la más golpeada tras la quema de cientos de pozos petrolíferos kuwaitíes por el ejército iraquí a principios de 1991, pero desde entonces el sector se ha recuperado.

"En 1990, justo antes de la invasión, solíamos producir 1,5 millones de barriles diarios (mbd), y actualmente estamos en los 2,8 mbd, por lo que se puede decir que la producción ha mejorado considerablemente", ‪asegura Nayef Al-shammari, profesor de Economía de la Universidad de Kuwait. ‬

En aquella época los ingresos generados por la explotación de petróleo representaban casi el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, recuerda el economista, y ahora rodean el 60%.

"Ahora dependemos mucho más del petróleo, pese a que siempre se está hablando de planes para diversificar la economía".

Actualmente el país se sostiene gracias a las multimillonarias exportaciones de petróleo que aportan más del 90% del total del presupuesto nacional, un porcentaje también superior a la preguerra.

Al-shammari juzga que una invasión como la de 1990 debió haber fomentado mejoras estructurales, pero esto, según dice, no pasó en Kuwait.

"Hubo mejoras sociales y un cierto progreso político, pero las distorsiones económicas aún persisten a pesar de todos los años que han pasado".

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Qué cambió en Kuwait en los 30 años desde la invasión de Irak comandada por Saddam Hussein - BBC News Mundo

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Norberto Paredes @norbertparedes BBC News Mundo Ha sido catalogado como "uno de los errores más grandes" de Saddam Hussein. El 2 de agosto de 1990, el ejército iraquí, comandado por el entonces presidente de la República de Irak, cruzó la frontera hacia Kuwait, matando a cientos de personas que se resistieron a la invasión y obligando al gobierno kuwaití a exiliarse en Arabia Saudita.

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1991-1999

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Decenios:

1990-1999: Tercer Decenio para el Desarme: A/RES/43/78 L

1990-1999: Decenio nternacional para la reducción de los desastres naturales: A/RES/42/169

1990-1999: Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional: A/RES/44/23

1990-2000: Decenio internacional para la eliminación del colonialismo: A/RES/43/47

1991-2000: Segundo Decenio del Desarrollo Industrial para Africa: A/RES/44/237

1991-2000: Segundo Decenio del Transporte y las Comunicaciones en Africa: A/RES/43/179

1991-2000: Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas A/RES/S-17/2

1991-2000: Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: A/RES/45/199

1993-2003: Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial: A/RES/48/91

1994-2004: Decenio Internacional de las Poblaciones Indigenas del Mundo: A/RES/48/163

1995-2004: Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos: A/RES/49/184

1997-2006: Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza: A/RES/50/107

1991

Segundo Informe sobre Desarrollo Humano 1991: Financiación del Desarrollo Humano

Situación de la mujer en el mundo 1970-1990: Tendencias y estadísticas (ST/ESA/STAT/SER.K/8)

1992

1993

Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo: A/RES/45/164, A/RES/47/75

Informe sobre Desarrollo Humano 1993: Participación popular

Conferencia Mundial de Derechos Humanos

1994

Año Internacional de la Familia: A/RES/44/82

Año Internacional del Deporte y el Ideal Olimpico: A/RES/48/10

Programa de Desarrollo: Informe del Secretario General (A/48/935)

Informe de Desarrollo Humano 1994: Nuevas dimensiones de la seguridad humana

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

Conocida como la Quinta Conferencia Mundial de Población

Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994

Informe: A/CONF.171/13/Rev.1 (95.XIII.18)

Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

1995

Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia: A/RES/48/126

Año Mundial de la Conmemoración por los Pueblos de las Víctimas de la Segunda Guerra Mundial: A/RES/49/25

Informe de Desarrollo Humano 1995: Género y Desarrollo Humano

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) emite el segundo informe de evaluación

Nuestra Diversidad Creativa: Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social

Convocada en virtud de la resolución A/RES/47/92 del 16 de diciembre de 1992

Copenhague, 6 a 12 de marzo de 1995

Informe: A/CONF.166/9 (96.IV.8)

1996

Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza: A/RES/48/183

Informe de Desarrollo Humano 1996: Crecimiento económico y desarrollo humano

UNCTAD IX

Midrand, Sudáfrica, 27 de abril a 11 de mayo de 1996

TD/378/Rev.1: Informe y anexos (97.II.D.4)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos

Conocida como Hábitat II

Estambul, Turquía, 3 a 14 de junio de 1996

A/CONF.165/14 (97.IV.6)

Repercusiones de los conflictos armados sobre los niños: Informe de la experta del Secretario General, Sra. Graça Machel

Conocido como el informe Machel

A/RES/51/77: Los derechos del niño
Establece la Oficina del Representante Especial encargado de la cuestión de los niños y los conflictos armados

1997

Nombramiento de Kofi Annan como Secretario General
A/51/950 + Add.1-7: Renovación de las Naciones Unidas: Un programa de reforma

A/RES/52/12B: Renovación de las Naciones Unidas: Un programa de reforma

A/RES/51/240 : Programa de Desarrollo

Informe de Desarrollo Humano 1997: Desarrollo humano para erradicar la pobreza

19º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

Conocido como Cumbre para la Tierra +5

Nueva York, 23 a 27 de junio de 1997

Informe del Comité Especial Plenario: A/S-19/29

Resoluciones y decisiones adoptadas por la Asamblea General: A/S-19/33

Documentos oficiales: A/S-19/PV.1-11

1998

Año Internacional del Océano: A/RES/49/131

Informe sobre Desarrollo Humano 1998: Consumo para el desarollo humano

UNCTAD Cumbre asociados para el desarrollo

Lyon, Francia, 9 a 12 de noviembre de 1998

Informe del Secretario General de la UNCTAD sobre la Cumbre: TD/B/EX(20)/2

1999

Año Internacional de las Personas de Edad: A/RES/47/5, A/RES/50/141

Informe sobre Desarrollo Humano 1999: Mundialización con rostro humano

21º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

Nueva York, 30 de junio a 2 de julio de 1999

Tema: Población y desarrollo

22º Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General

Nueva York, 27 a 28 de septiembre de 1999

Tema: Pequeños estados insulares en desarrollo (PEID)

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Research Guides: Documentación de la ONU : Desarrollo: 1991-1999, Informes de Desarrollo Humano

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Decenios: 1990-1999: Tercer Decenio para el Desarme: A/RES/43/78 L 1990-1999: Decenio nternacional para la reducción de los desastres naturales: A/RES/42/169 1990-1999: Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional: A/RES/44/23 1990-2000: Decenio internacional para la eliminación del colonialismo: A/RES/43/47 1991-2000: Segundo Decenio del Desarrollo Industrial para Africa: A/RES/44/237 1991-2000:

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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) 

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2000-2010

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La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) está trabajando con la comunidad internacional para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Estos ocho objetivos se basan en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada por los líderes mundiales en septiembre de 2000. Los ODM comprometen a la comunidad internacional a luchar contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación contra las mujeres.

"Somos la primera generación que puede acabar con el hambre, una plaga que la humanidad ha sufrido desde los albores de la civilización. Aprovechemos esta oportunidad", insistió."

- Director General de la FAO, José Graziano da Silva, Roma, Junio 2013

De conformidad con su mandato y sus competencias expertas, la FAO contribuye principalmente al Objetivo 1, que combina la reducción de la pobreza con la reducción del hambre. La Organización también contribuye importantemente al objetivo 7 de garantizar la sostenibilidad medioambiental, y dirige recursos en apoyo del Objetivo 3 de promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres y del Objetivo 8 relacionado con la alianza mundial para el desarrollo. Además, el trabajo de la FAO para la reducción del hambre y de la desnutrición crea importantes efectos segundarios para los objetivos que abarcan la educación primaria (Objetivo 2), la mortalidad infantil (Objetivo 4), la salud materna (Objetivo 5), y la lucha contra las enfermedades (Objetivo 6).

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La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) está trabajando con la comunidad internacional para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos ocho objetivos se basan en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada por los líderes mundiales en septiembre de 2000.

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2010

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Qué es la Celac: funciones, miembros y las últimas polémicas

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Esta semana se celebra la VII Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños; la Argentina recibirá a mandatarios de la región para "profundizar el diálogo" - LA NACION

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SURGEN INSTITUCIONES Y MANERAS DE GESTIONAL LA EQUIDA (ONG Y ONGD)

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SURGEN INSTITUCIONES Y MANERAS DE GESTIONAL LA EQUIDA (ONG Y ONGD)

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2010-2015

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Las ONG en la sociedad actual y su función social

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En el mundo actual nos enfrentamos a enormes desafíos. Los retos son de todo tipo: sociales, ambientales, económicos, etc. El papel de las ONG para hacerles frente es fundamental. La labor de las ONG es indispensable en los países subdesarrollados, pero también en los países ricos. En el primer mundo también hay pobreza.

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PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE GENEROS AUTONOMIA DE LA MUJER

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PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE GENEROS AUTONOMIA DE LA MUJER

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2015-2018

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La FAO reconoce la importancia de fomentar la participación plena y equitativa de las mujeres y los hombres en las actividades que tienen como finalidad mejorar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y activar el desarrollo rural sostenible.

Sin igualdad entre los géneros y sin el empoderamiento económico y social de las mujeres rurales no se alcanzará la seguridad alimentaria. La FAO promueve la igualdad de participación de las mujeres de zonas rurales en el proceso de toma de decisiones, las oportunidades económicas y el acceso a los recursos y a los activos y el control de los mismos.

La FAO elabora instrumentos, directrices y programas de capacitación para la producción y análisis de datos desglosados por sexo para hacer posible una intervención selectiva en apoyo de las funciónes vitales de los hombres y las mujeres rurales con vistas a lograr la seguridad alimentaria.

La FAO también crea capacidad técnica en sus Estados Miembros con el fin de analizar las cuestiones de género en los medios rurales y tratarlas en la elaboración de políticas y programas; trabaja para fortalecer los conocimientos agrícolas y los medios de subsistencia de mujeres y hombres del medio rural; colabora con los Estados Miembros para promover la igualdad de participación en la toma de decisiones de las mujeres rurales; apoya la formulación de políticas agrícolas nacionales y regionales que tengan en cuenta las cuestiones de género; crea vínculos entre las mujeres y los hombres del medio rural a través de redes de información y comunicación; y elabora y difunde buenas prácticas que contribuyen al empoderamiento económico y social de las mujeres rurales.

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015

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ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer | www.fao.org

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PLAN DE ACCION PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS GENEROS 

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PLAN DE ACCION PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS GENEROS 

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2018-2021

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También nos comprometemos a mejorar nuestra perspectiva de género.

Nuestros principios garantizan que nuestros programas sean a escala, innovadores y dirigidos por expertos, además de contar con una base empírica y recursos suficientes.

Apoyamos a los gobiernos y a nuestros asociados para que lleven a cabo un análisis profundo en materia de género con el fin de identificar las barreras de género que dificultan el desarrollo de una infancia sana y, de esta manera, concebir soluciones a medida.

Como los datos y una base empírica constituyen los pilares de un buen programa, no solo desglosamos los resultados por sexo, sino que también promovemos una medición de la desigualdad de género cada vez más sofisticada.

Por medio del programa de capacitación GenderPro hemos conformado un cuadro de expertos en materia de género, tanto en UNICEF como en otras organizaciones, equipado y reconocido por sus cualificaciones en materia de medición y creación de programas.

Además, estamos tomando medidas para fomentar la diversidad y la paridad entre los géneros de nuestro personal, por ejemplo, al contratar a más mujeres para puestos de responsabilidad. Gracias a la solidez de nuestra dirección, monitoreo y supervisión, cumplimos con la responsabilidad de promover la igualdad de género en todas las esferas de trabajo de UNICEF.

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Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros para 2018-2021

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La promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas es fundamental para hacer realidad los derechos de todos los niños

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COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

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COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

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2021-2022

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Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo

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Nos encontramos en un contexto global de incertidumbres y cambios. La pandemia está haciendo que emerjan nuevos conflictos y reivindicaciones sociales -algunas ya existentes, aunque ahora agudizadas-. Es evidente la necesidad de un cambio de rumbo. Las desigualdades históricas siguen siendo importantes, pero afloran otras nuevas que necesitan ser atajadas. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel clave para evidenciar estas problemáticas, pero también para construir propuestas y alternativas contrahegemónicas.

La cuestión es por dónde empezar. Una pregunta que se complica teniendo en cuenta que estamos en un contexto continuamente cambiante que exige adaptabilidad y dinamismo. La gestión, las estrategias y las herramientas para enfrentarnos a esta situación no pueden tener una mirada estática y encasillada en el business as usual -porque la vida sigue y también seguimos nosotras-. Debemos comprender la complejidad del momento que vivimos desde el entorno cercano en el que nos encontramos y sin olvidar los cambios que se están produciendo en todo el planeta.

Pero también, vivimos un momento de esperanza en el que se articulan las reivindicaciones y las propuestas de la ciudadanía.

La COVID-19 nos alerta: no podemos seguir igual que siempre. Tenemos la experiencia reciente de la crisis multidimensional que afectó a todo el planeta en 2008 y cuyos efectos aún estamos viviendo. Vivimos a una emergencia climática sin precedentes. Asistimos a la depredación del "hombre por el hombre" (SIC), del planeta por "el hombre" -no tenemos otro-, a la deriva autoritaria de muchos Gobiernos en el mundo, la crisis del sistema multilateral, al aumento de las violencias contra las mujeres y contra las defensoras del planeta, de la vida y de los derechos humanos, a una economía que oprime al 99% de la población... Pero también, vivimos un momento de esperanza en el que se articulan las reivindicaciones y las propuestas de la ciudadanía, desde lo más local y desde posiciones geográficas remotas, pero de forma interconectada y con resonancia e impacto en todo el mundo.
Cooperación o naufragio
No es la primera vez que las personas, la ciudadanía organizada o de forma espontánea, plantea enfrentarse a situaciones globales desde lo local. La solidaridad y el apoyo mutuo han sido una constante en los discursos y reivindicaciones sociales, y también una seña de identidad de nuestro actuar en el entorno más cercano. En infinidad de ocasiones, la movilización ciudadana ha levantado la mirada y exigido a sus representantes políticos más responsabilidad, más compromiso y coherencia con los derechos humanos. Esta misma movilización es la que ya en décadas pasadas dio lugar a la cooperación descentralizada, a movimientos de solidaridad internacional y alternativas ante una globalización que actuaba en contra del planeta y de sus habitantes. Ejemplo de ello, fueron las acampadas por el 0,7%, los foros sociales mundiales o las cumbres de los pueblos.

Lo que nos ocurre aquí -y lo que podemos hacer desde aquí- tiene una dimensión global y viceversa

Entender que lo que nos ocurre aquí -y lo que podemos hacer desde aquí- tiene una dimensión global y viceversa, es lo que multitud de agentes sociales definen como glocalización. El poder de lo local con una dimensión internacional. Una mirada cosmopolita a través de la que se construyen propuestas para impactar en la realidad global. Un poder transformador que es, y debería seguir siendo el estandarte del hacer político.

La cooperación, y en concreto la descentralizada, es una expresión de este poder de transformación. La expresión de nuestro deseo como sociedad de ver un mundo próspero, justo, equitativo, sostenible en el que conseguir una vida digna para todas las personas en todos los rincones del planeta. Es especialmente importante reivindicar la dimensión local en las políticas públicas porque es en lo local donde se tejen las relaciones sociales cotidianas, donde se sitúan los problemas sociales que afectan y preocupan a la gente; es donde pueden elaborarse estrategias directas que atiendan las desigualdades sociales, económicas o culturales.

Mientras en el distrito madrileño de Villaverde se sirven ollas de comida, en Buenos Aires, Deli, Luanda, Bogotá o Nairobi, colectivos hermanos también sostienen la vida

Cooperar es ir un paso más allá en una visión del mundo que queremos construir. Son las asociaciones de vecinos y de vecinas de los barrios más golpeados por la crisis que se entregan al apoyo mutuo, a tejer redes de solidaridad y de cuidados. Mujeres y hombres que saben que esto es un espejo de la realidad que se vive a cientos de kilómetros provocada por un sistema depredador que asfixia a la mayoría. Mientras en el distrito madrileño de Villaverde se sirven ollas de comida, en Buenos Aires, Deli, Luanda, Bogotá o Nairobi, colectivos hermanos también sostienen la vida.
Tender puentes entre lo local, lo estatal y lo internacional
Es imposible abordar las múltiples dimensiones de las desigualdades sin una mirada multidimensional. Lo es también si lo hacemos desde un enfoque fuertemente condicionado por una agenda de política exterior alejada de las demandas locales. A menudo, la acción exterior de los Gobiernos responde a procesos ajenos a las necesidades reales de las personas y enfrascados en "nombrar, pero no hacer". En cambio, las administraciones locales, las juntas de los distritos, las asociaciones vecinales, las organizaciones juveniles o las ONG están en las calles, conocen los problemas, palpan las necesidades de las familias, las esperanzas de vecinos y vecinas.

La cooperación descentralizada española es única en el mundo y eso es gracias a la solidaridad de las personas de nuestros pueblos y ciudades.

No se trata de una crítica a la acción exterior del Gobierno central, sino un llamado a reconocer las singularidades y fortalezas de una acción local que transforma. Se trata de generar un diálogo fluido entre lo local y lo internacional con el fin de construir políticas multidimensionales que garanticen los derechos humanos en nuestros barrios y en los de cualquier otro país del planeta.

Una de las políticas que tiene esa capacidad es la cooperación descentralizada, que no sustituye las responsabilidades de los Estados, sino que las complementa. La cooperación descentralizada española es única en el mundo y eso es gracias a la solidaridad de las personas de nuestros pueblos y ciudades que exigieron el compromiso político con los problemas en otros lugares del mundo. Los agentes que la gestionan aportan diversidad y pluralidad, e imprimen en ella un carácter más democrático y participativo.
Nuestro papel en este contexto
En un contexto como el actual, marcado por una enorme crisis económica, social y medioambiental, l a solidaridad de los pueblos debe jugar un papel más destacado y protagonista. Y debe hacerlo porque puede contribuir -y, de hecho, contribuye- a revertir los efectos de la crisis en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Se trata, pues, no sólo de promover la implicación de la ciudadanía en el diseño y la puesta en marcha de soluciones novedosas, sino de sustentarlo con acciones políticas contundentes. Se trata de apoyar y financiar la solidaridad para remar juntas e impedir un naufragio que puede cebarse con millones de vidas en todo el planeta. La sociedad civil debe reivindicar su participación en estos procesos para hacer realidad su anhelo de ser sociedades más solidarias, justas y equitativas y demandar respuestas a quienes toman decisiones sobre nuestros impuestos, nuestros recursos y, en definitiva, sobre nuestras vidas.

Se trata de apoyar y financiar la solidaridad para remar juntas e impedir un naufragio que puede cebarse con millones de vidas en todo el planeta.

Si algo ha demostrado la pandemia es que estamos interconectados, que los problemas son comunes, locales y globales; y comunes, locales y globales deben ser las soluciones. Debemos reafirmar el compromiso con la política de cooperación, mantener las partidas destinadas a proyectos de cooperación descentralizada, de ayuda humanitaria y de educación para la ciudadanía global en todas las administraciones. Debemos defender la cooperación de abajo a arriba: desde nuestros barrios, a las esferas nacionales e internacionales. En miles de rincones de todo el planeta la gente lo está dejando claro: es cooperación o naufragio. La ciudadanía ya está haciendo su parte, ahora le toca a los Gobiernos.

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Cooperación descentralizada en tiempos de pandemia - Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo

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Nos encontramos en un contexto global de incertidumbres y cambios. La pandemia está haciendo que emerjan nuevos conflictos y reivindicaciones sociales -algunas ya existentes, aunque ahora agudizadas-. Es evidente la necesidad de un cambio de rumbo. Las desigualdades históricas siguen siendo importantes, pero afloran otras nuevas que necesitan ser atajadas.