# data[].attributes.headline
La sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

# data[].attributes.subject
La sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

# data[].attributes.body
Resolución 127/2020

# data[].attributes.headline
El Director Nacional de la indicada entidad-hoy demandado- mediante la Resolución DIR. NAL. SERECI 002/2019 de 11 de septiembre, quien no resolvió los cuestionamientos planteados porque no aplicó el control de convencionalidad realizando una interpretación aplicando los principios de favorabilidad, pro homine y estándar de protección más alto considerando la OC-24/17 de la Corte IDH

# data[].attributes.subject
El Director Nacional de la indicada entidad-hoy demandado- mediante la Resolución DIR. NAL. SERECI 002/2019 de 11 de septiembre, quien no resolvió los cuestionamientos planteados porque no aplicó el control de convencionalidad realizando una interpretación aplicando los principios de favorabilidad, pro homine y estándar de protección más alto considerando la OC-24/17 de la Corte IDH

# data[].attributes.body
Shait Arena Ortíz
Roy Erwin Torrez Peña
Angel Castro Parada
Dayana Cardozo
Fernanda Escalante Lengstorff

# data[].attributes.body
El artículo 17.2 de la
CADH, prevé el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia en función a las condiciones requeridas por el ordenamiento jurídico interno, que en el caso particular del Estado Plurinacional de Bolivia no
reconoce dicha unión entre parejas del mismo sexo; asimismo, la doctrina señaló que las opiniones consultivas no tendrían carácter de vinculatoriedad; por lo que, resulta falso aseverar que existió un apartamiento de los marcos
legales de razonabilidad y equidad en la valoración probatoria.

# data[].attributes.body
En cuanto a la denunciada incongruencia de la Resolución DIR. NAL. SERECI
002/2019, ese fallo emergió en el marco del derecho a la petición de los
solicitantes de tutela; hecho que no puede ser confundido como creen “…en dar
solución fáctica a la inexistencia de procedimientos en el ordenamiento
constitucional y/o legislativo que fundamenten el registro de unión libre entre
personas del mismo sexo

# data[].attributes.body
https://images.app.goo.gl/TpAdA6F6Jn12xazr9

# data[].attributes.body
la tutela solicitada, por la lesión del debido proceso en sus componentes de congruencia externa y motivación, además de los principios de no discriminación e igualdad; disponiendo dejar sin efecto la Resolución
DIR.NAL.SERECI 002/2019, y que el Director Nacional del SERECI emita una nueva decisión en el plazo de diez días.

# data[].attributes.body
respecto a la reclamada
transgresión del derecho a la familia, con base en los siguientes fundamentos:

a) Pese a que la ex autoridad demandada en la Resolución cuestionada postuló la
inexistencia del trámite administrativo de los recursos de revocatoria y jerárquico
-remitiéndose al AC 0089/2019-
, resolvió este último en el fondo, aspecto que
permite ingresar al análisis de la demanda constitucional.

b) El control de
convencionalidad realiza una interpretación de la norma nacional conforme a los protocolos y la jurisprudencia del bloque de convencionalidad; en tal sentido, dicho control se extiende a las opiniones consultiva expuestas por los
órganos convencionales .

c) En la problemática planteada se pretendería la aplicación de los principios de favorabilidad, pro actione y estándar más alto de protección del
derecho fundamental en un trámite administrativo en el SERECI; por lo que, su
sustanciación y resolución no se encuentra vinculado a la inaplicabilidad de una
norma.

d) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, exhortó a los Estados a posibilitar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, así como el respeto de sus derechos a la igualdad y no discriminación.

e) La exautoridad demandada no otorgó a los accionantes una respuesta en el marco
de la normativa convencional e interna cuya aplicabilidad solicitaron, pese a las
prerrogativas que tendría para su análisis en el ámbito administrativo,
suprimiendo así el debido proceso en sus elementos de congruencia externa y
motivación.

f) El demandado debió realizar una labor vinculada con el control de
convencionalidad impetrado, conforme a las pautas de interpretación progresiva
y evolutiva en cuanto a la aplicación de convenios y tratados internacionales
ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, previstas en el art. 13.I y IV
de la CPE; asimismo, a los principios de no discriminación, favorabilidad, pro
actione y del estándar más alto de protección del derecho fundamental en
aplicación de los arts. 14.II y 256 de la Ley Fundamental.

g) En relación a la lesión del derecho a la familia, “…no puede ser asumida por esta Sala
Constitucional respecto a su lesión o no vulneración, toda vez que la misma
dependerá a mérito del criterio o de la técnica del reenvío que vaya a ser
dispuesta…” (sic).
Los terceros interesados en uso de la aclaración, enmienda y complementación,
solicitaron se aclare en cuanto a la aplicabilidad del art. 63.I de la CPE; el cual establece que, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, constituido por vínculos jurídicos basados en la igualdad de derechos y deberes del cónyuge;
en consecuencia, emplear la OC-24/17 inaplica en la realidad el citado precepto;
tal posibilidad debiera ser dispuesta a través de una acción de inconstitucionalidad; en sustanciación y resolución, la mencionada Sala
Constitucional indicó que:
1) Uno de los derechos vulnerados por el demandado fue el debido proceso en sus componentes de congruencia y
motivación vinculados a los principios de no discriminación e igualdad; toda vez
que, el aludido se abstrajo de su labor de manifestarse conforme a lo
peticionado.
2) No efectuó un criterio de fondo en cuanto a la inaplicación del citado precepto; en consecuencia, no podría pronunciarse mediante este medio procesal a ese respecto.

# data[].attributes.body
los Estados parte del Sistema Interamericano a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso a la figura del matrimonio a las parejas de mismo sexo, cuando establece que:

En este sentido, con respecto al artículo 17.2 de la Convención, la Corte considera que si bien es cierto que éste de manera literal reconoce el ‘derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia’, esa formulación no estaría planteando una definición restrictiva de cómo debe entenderse el matrimonio o cómo debe fundarse una familia. Para esta Corte, el artículo 17.2 únicamente estaría estableciendo de forma expresa la protección convencional de una modalidad particular del matrimonio. A juicio del
Tribunal, esa formulación tampoco implica necesariamente que esa sea la única forma de familia protegida por la Convención Americana.

En efecto, una interpretación restrictiva del concepto de ‘familia’ que excluya de la protección interamericana el vínculo afectivo entre parejas del mismo sexo, frustraría el objeto y fin de la Convención. La Corte recuerda que el objeto y fin de la Convención Americana es ‘la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos’, sin distinción alguna.

El vínculo afectivo que la Convención protege es imposible de cuantificar  o codificar, motivo por el cual, desde su jurisprudencia más temprana, esta
Corte ha entendido el concepto de familia de una manera flexible y amplia. La riqueza y diversidad de la región se han visto reflejadas en los casos
sometidos a la competencia contenciosa de la Corte, y ello ha dado cuenta de las diversas configuraciones familiares que pueden ser protegidas, incluyendo familias poligámicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corte no encuentra motivos para desconocer el vínculo familiar que parejas del mismo sexo pueden
establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, que buscan emprender un proyecto de vida conjunto, típicamente
caracterizado por cooperación y apoyo mutuo. A juicio de este Tribunal, no es su rol distinguir la valía que tiene un vínculo familiar respecto de
otro. No obstante, esta Corte estima que sí es obligación de los Estados reconocer estos vínculos familiares y protegerlos de acuerdo a la
Convención”.

# data[].attributes.headline
El bloque de constitucionalidad en el diseño constitucional boliviano y sus efectos jurídicos

# data[].attributes.subject
El bloque de constitucionalidad en el diseño constitucional boliviano y sus efectos jurídicos

# data[].attributes.body
Sobre el bloque de constitucionalidad, tiene como finalidad de desarrollar una coherente argumentación jurídica, debe señalarse que el bloque de constitucionalidad que se encuentra disciplinado por el art. 410.II de la CPE, disposición que en su tenor literal
establece lo siguiente: ‘La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por
los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país.

En el marco del bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales enumerados en la Constitución Política del Estado pueden ser protegidos desde su acepción más favorable, y si este resultado se encuentra aplicando instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es el mismo que se debe aplicar a un caso concreto. En ese sentido, debe
considerarse que tanto el art. 13.IV como el 256 de la CPE, establecen que los derechos fundamentales previstos en esta se interpretarán a la luz del principio de favorabilidad conforme a los tratados e instrumentos internacionales; lo que, incluye a la interpretación efectuada por sus
órganos de protección.

# data[].attributes.headline
Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de derecho Plurinacional

# data[].attributes.subject
Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de derecho Plurinacional

# data[].attributes.body
El contenido del art. 13.I en relación al 109 de la CPE, cumple la función de proteger a todas y todos los bolivianos, el ejercicio de sus derechos fundamentales, sin ninguna discriminación, contra los actos jurisdiccionales, administrativos, así como de los particulares, del que emergen la función de los derechos fundamentales en dos direcciones:

En sentido formal y material.
Respecto a la primera, los intereses legítimos protegidos por principios, valores, directrices y valores constitucionales tienen que ser aplicados por las autoridades jurisdiccionales y administrativas, sustentados en la teoría
de la irradiación del contenido de los derechos fundamentales como elemento central del Estado Constitucional de Derecho Plurinacional.

En cambio, la función material se refiere a la protección de los derechos vulnerados que sean denunciados en cada caso concreto, del mismo surge la jurisprudencia relevante, cuya orientación está dirigida a mantener vivo
el espíritu de la Constitución Política del Estado.

# data[].attributes.headline
La igualdad y la no discriminación, a la luz del nuevo constitucionalismo plurinacional

# data[].attributes.subject
La igualdad y la no discriminación, a la luz del nuevo constitucionalismo plurinacional

# data[].attributes.body
La Constitución Política del Estado considera a la igualdad, no únicamente como un valor supremo, sino también como un principio motor de todo el
aparato jurídico , siempre en procura del logro de un régimen de igualdad real, donde no se reconozcan privilegios y se erradique toda forma de discriminación, consolidando los rasgos e impronta de nuestro nuevo modelo de Estado.

El valor, principio, derecho y garantía de igualdad y no discriminación debe ser concebida estrechamente con las características de nuestro
modelo de Estado; en especial, con los fines y funciones descolonizadores y  del mismo; efectivamente, los arts. 8.II y 14.II dela CPE, contemplan a la garantía de igualdad y no discriminación como un derecho, un valor y un principio, al establecer que: “El Estado prohíbe y
sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura,
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de
ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.

# data[].attributes.body
Se le niega la tutela, sobre la mención a la valoración probatoria y ‘“todos
los derechos que se derivan de un vínculo familiar

# data[].attributes.body
La Resolución jerárquica cuestionada fue emitida en el marco de las previsiones constitucionales y legales, conteniendo la debida fundamentación y motivación; los Oficiales de Registro Civil no pueden realizar el registro de la unión libre que
no cumpla con las condiciones establecidas en la ley.

# data[].attributes.body
Solicitaron que se conceda la tutela, disponiendo:

a) Dejar sin efecto la Resolución DIR.
NAL. SERECI 002/2019

b) Se ordena al Director Nacional del SERECI emitir una 3ra nueva decisión fundamentada, motivada y congruente, ejerciendo el control de
convencionalidad e interpretando los derechos de los arts. 1.1, 11.2, 17 y 24 de la
CADH, a no ser :

Discriminado
Derecho a la igualdad ante la ley
Protección de la honra y de la dignidad,
Protección a la familia.

acorde a la interpretación de la OC-24/17 y los principios pro homine , de
favorabilidad y estándar más alto; registrándose su unión libre y voluntaria.