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Esta dimensión busca incorporar al nivel educativo derechos culturales y el fomento del desarrollo para el bienestar y la sostenibilidad dentro de un cambio social. La misión de la educación superior es poner fin a la pobreza y encauzar al mundo en el camino de la paz, la prosperidad y oportunidades para todos en un planeta sano. De esta forma, debe integrar en su sistema conocimientos, técnicas, artes y valores de la comunidad.

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La educación superior se reconoce por la LGES, como un derecho humano fundamental y un instrumento clave para el desarrollo social y la equidad en el país. Se pretende con ella contribuir al bien social y al desarrollo integral de las personas, garantizando el acceso y la permanencia en instituciones públicas de nivel superior y promoviendo la equidad social; además, presenta la relación entre las realidades y necesidades de los sectores social, productivo y económico, para contribuir al desarrollo del país y atender las prioridades específicas de formación de profesionistas.

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La educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes basado en la formación del pensamiento crítico a partir de la libertad, el análisis, la reflexión, la comprensión, el diálogo, la argumentación, la conciencia histórica, el conocimiento de las ciencias y humanidades, los resultados del progreso científico y tecnológico, el desarrollo de una perspectiva diversa y global, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios para transformar la sociedad y contribuir al mejoramiento de los ámbitos social, educativo, cultural, ambiental, económico y político; también debe fomentar la identidad y la convivencia armónica con el desarrollo de capacidades y habilidades profesionales para la resolución de problemas; así como el diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación como factores de la libertad, del bienestar y de la transformación social.

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La educación superior brinda un desarrollo económico al estado, proporcionando profesionales capacitados para impulsar la investigación y el ámbito laboral. A pesar de ello, la mayoría de los egresados no presentan una inserción al mundo laboral de manera favorable. Así mismo, la calidad educativa varía dependiendo del nivel económico del sector en que se encuentre.

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Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía cuentan  con todas las facultades y garantías institucionales y se rigen por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley, estableciendo mecanismos de gobernanza, coordinación y participación que reflejan un enfoque federalista y democrático.

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En México no se cuenta con una política de financiamiento para las instituciones de la educación superior, por lo que estos organismos han tratado de responder por sí mismos ante los diversos retos económicos, políticos, institucionales y sociales.

El Estado debe proveer el financiamiento para las instituciones de educación superior públicas, cubriendo las necesidades nacionales, regionales y locales para la prestación del servicio de educación superior.

Este financiamiento depende de las disposiciones de ingreso, el gasto público, la transparencia, rendición de cuentas y la fiscalización que se le pueda aplicar.

El estado es el encargado de que en la educación superior pública se contemplen los recursos financieros, humanos, materiales y la infraestructura necesaria para el crecimiento gradual, el desarrollo y el cumplimiento de las funciones de las instituciones, bajo el mandato constitucional de la obligatoriedad y gratuidad; además de los criterios de equidad, inclusión y excelencia.

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Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía a partir de la disponibilidad presupuestaria, derivada del financiamiento previsto, deben proponer mecanismos para la transmisión gradual hacia la gratuidad de servicios, sin que se afecte en el cumplimiento de sus fines, ni las finanzas institucionales.

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El financiamiento universidades e instituciones de educación superior privadas,  principalmente proviene de fuentes privadas. Además, se consideran las cuotas de inscripción y colegiaturas que son pagadas por los estudiantes;  variando según el prestigio, la ubicación y la oferta académica de la institución. También se sostienen de diversos servicios y convenios adicionales, así como donaciones, patrocinios, proyectos de investigación y financiamiento externo.

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La gestión en la educación superior depende del tipo de institución. En México existen Universidades Autónomas, Instituciones Públicas, Tecnológicos federales e instituciones privadas y cada una cuenta con su propio modelo de gestión, atendiendo a la transparencia y considerando la descentralización administrativa ya que en instituciones públicas la federación y los Estados se comparten la responsabilidad administrativa y financiera guiándose por sus propias políticas para la planeación estratégica, la evaluación institucional y la rendición de cuentas.

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La gestión vigente de la educación superior en México se caracteriza por un enfoque integral, enfocado en la calidad educativa y la equidad. Ésta marcada por una estructura institucional, coordinada por la Subsecretaría de Educación Superior y las direcciones generales; deben cumplir con el propósito de mejorar la práctica docente y la participación social para transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas.

Asimismo se deben regir por el marco normativo como lo es la Ley General de Educación Superior El Programa Nacional de Educación Superior la Subsecretaría de Educación Superior y las Direcciones Generales

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Actualmente las políticas educativas a nivel superior se rigen por el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, proveniente del Plan Nacional de Desarrollo.  En él se expone que las instituciones de educación superior deben promover la educación para todos y todas, fomentando la inclusión, accesibilidad y disponibilidad de la educación por parte del estado, garantizando el acceso a la educación de manera universal incluyente y equitativa.

Además, deben  considerar los factores que limitan el acceso a la educación incluyente, puesto que la educación superior en nuestro país es un privilegio de pocos por la cobertura educativa en algunos estados específicos del país.

Las políticas educativas que se establezcan en las instituciones deben garantizar la cobertura con equidad, asegurar la calidad y pertenencia de los estudiantes, implementando  programas de estudios que ayuden a fortalecer la educación intercultural e inclusiva, promover la vinculación con el sector productivo y social y respetar la autonomía universitaria; en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al promover programas de igualdad y no discriminación para garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que acredite la terminación de los estudios correspondientes y cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior.