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La noticia habla sobre el crecimiento económico que ha experimentado Nicaragua durante el primer trimestre de 2023. Según el informe presentado por el Banco Central de Nicaragua, el país ha registrado un crecimiento del 2,5% en su economía durante este período.

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Nicaragua con crecimiento económico durante primer trimestre de 2023 - Prensa Latina

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Managua, 28 abr (Prensa Latina) Nicaragua registra un crecimiento económico durante el primer trimestre de 2023, cuyos indicadores macro resaltan hoy la continuidad del alza en los últimos dos años, informó una fuente oficial.

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Elegí esta noticia por que me pareció muy relevante que la libertad de expresión y asociación está severamente restringida. El gobierno ha cancelado el estatus legal de 18 universidades. En 2022, 209 personas consideradas críticas del gobierno permanecían detenidas, y los críticos han sido acusados de cargos falsos violando los derechos de debido proceso. La iglesia católica también ha sido objeto de violencia por parte del gobierno.

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El gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha profundizado la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Decenas de personas detenidas arbitrariamente continúan tras las rejas.

Desde que asumió en 2007, el gobierno ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial. En medio de una escalada represiva contra críticos y opositores políticos, el presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en 2021.

En 2022, el gobierno clausuró más de 2.000 organizaciones no gubernamentales e intensificó la violencia contra miembros de la Iglesia Católica.

Siguen impunes los abusos cometidos durante la brutal represión de 2018 por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno, que dejó un saldo de más de 300 muertos.

Otros problemas que persisten en Nicaragua son la prohibición total del aborto y severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación.

Juicios arbitrarios contra opositores

Hasta septiembre de 2022, 209 personas percibidas como críticas del gobierno continuaban detenidas, incluyendo decenas de personas arrestadas en el contexto de las elecciones de 2021, según organizaciones de derechos humanos nicaragüenses.

Las autoridades han acusado a críticos de menoscabar la integridad nacional, propagar noticias falsas, lavado de dinero y otros delitos. La mayoría han permanecido incomunicados durante semanas o meses en el centro de detención El Chipote; y, en algunos casos, en aislamiento prolongado. En las pocas ocasiones en que se han permitido visitas, los detenidos han informado a sus familiares de condiciones abusivas de detención, incluyendo interrogatorios reiterados y atención médica y alimentación insuficiente.

Entre febrero y mayo de 2022, 50 personas críticas del gobierno, incluidos siete candidatos presidenciales detenidos en 2021, recibieron condenas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los procesos penales contra los detenidos se basaron en cargos absurdos y sin garantías básicas de debido proceso.

Hugo Torres, de 73 años, crítico del gobierno y exguerrillero en la revolución de la década de 1970 que llevó a Ortega al poder, murió detenido en febrero de 2022. Torres, detenido desde 2021, se encontraba al parecer recluido en condiciones inhumanas, incluyendo una situación prolongada de incomunicación.

En agosto de 2022, la policía detuvo arbitrariamente al obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno, junto con cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, tras haberlos mantenido sitiados en la Curia Episcopal de Matagalpa por dos semanas. La policía acusó a Álvarez de incitar "actos de odio" con el propósito de "desestabilizar al Estado". Las autoridades dispusieron su arresto domiciliario. Los demás se encuentran detenidos. Un juez hizo lugar a los pedidos de la fiscalía para que permanecieran detenidos 90 días sin que se presentaran cargos en su contra.

En octubre, un policía detuvo arbitrariamente al padre Enrique Martínez Gamboa. Aún se encontraba detenido al momento de redacción de este informe.

Libertad de expresión y de asociación

Defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea, y detención y procesos penales arbitrarios.

A menudo, la policía hace guardia frente a las viviendas de críticos, para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen en muchos casos detención arbitraria. Muchas víctimas señalaron no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas, eventos religiosos o actividades políticas. Algunas personas han sido detenidas reiteradas veces -y algunas veces han sufrido abusos durante la detención- por períodos que van desde algunos días hasta meses.

Seis periodistas detenidos en el contexto de las elecciones de 2021 fueron acusados de los delitos de propagar "noticias falsas", lavado de dinero y menoscabar la integridad nacional. En 2022, fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión.

La policía detuvo a dos trabajadores del periódico La Prensa en julio de 2022 y los tribunales accedieron las solicitudes de los fiscales de mantenerlos detenidos durante 90 días sin que se formularan cargos en su contra. La Prensa denunció luego que una cantidad no especificada de periodistas, editores y fotógrafos habían salido de Nicaragua citando el acoso constante de la policía. Desde 2018, se habrían exiliado 200 periodistas. La Prensa dejó de publicar su edición impresa en agosto de 2021, cuando las autoridades aduaneras retuvieron sus importaciones de tinta y papel periódico.

Las autoridades han clausurado más de 2000 organizaciones no gubernamentales en 2022, incluidas organizaciones de mujeres, religiosas, de asistencia internacional y médicas. Muchos de esos cierres se basan en legislación abusiva, incluida una ley sobre "agentes extranjeros" sancionada en 2020. Al menos otras 70 organizaciones fueron cerradas entre 2018 y 2021. También se canceló la personería jurídica de 18 universidades entre diciembre de 2021 y febrero 2022, interrumpiendo la formación de miles de estudiantes.

En agosto de 2022, las autoridades cerraron al menos 17 estaciones de radio, incluidas algunas administradas por la Iglesia Católica, argumento, por ejemplo, falta de permisos de funcionamiento.

En septiembre de 2022, las autoridades suspendieron las transmisiones de la cadena CNN en español en todos los canales por cable del país.

Los legisladores han aprobado leyes que restringen gravemente la libertad de expresión y de asociación, y las han utilizado para cerrar forzosamente cientos de organizaciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, y para detener y procesar arbitrariamente a periodistas y defensores de derechos humanos.

En abril de 2022, la Asamblea Nacional sancionó la ley de "regulación y control de organismos sin fines de lucro", que permite al Ministerio de Gobernación solicitar a los legisladores la cancelación de la personería jurídica de organizaciones por "utilizar el esquema organizacional para promover campañas de desestabilización en el país". Las autoridades también pueden incautar los bienes de las organizaciones que cometan "actos ilícitos", violenten el "orden público", u obstaculicen el "control y vigilancia" por parte del Ministerio de Gobernación.

En 2020, las autoridades aprobaron una ley sobre ciberdelitos que penaliza una amplia variedad de comunicaciones en línea y, entre otras medidas, establece penas de hasta cinco años para quien "publique" o "difunda" información "falsa" o "tergiversada" en Internet "que produzca alarma, temor, zozobra". Ese mismo año, se sancionó la ley sobre "agentes extranjeros", que permite la cancelación de la personería jurídica de organizaciones que reciben fondos del extranjero si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna".

Derecho a votar y postularse a cargos públicos

Las reformas y las leyes adoptadas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 han sido utilizadas para disuadir expresiones críticas, inhibir la participación de opositores en las elecciones y mantener encarcelados a críticos sin presentar acusaciones formales.

Después de que la Asamblea Nacional designara a miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE) leales al presidente Ortega en 2021, el CSE canceló la personería jurídica de los principales partidos opositores.

En julio de 2022, las autoridades despidieron de facto a cinco alcaldes opositores electos, citando la falta de registro de su partido, y designaron a miembros del partido de gobierno para reemplazarlos.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas y afrodescendientes son objeto de discriminación, lo cual se refleja en los índices de pobreza, las precarias condiciones de vida y la violencia persistente en esas comunidades.

Las investigaciones sobre homicidios y ataques relacionados con disputas territoriales en el Territorio Mayangna Sauni As se encuentran paralizadas, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en 2022.

Impunidad por la represión de 2018

La policía, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimió protestas masivas contra el gobierno en 2018, que dejaron un saldo de al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de detenidos. Las autoridades informaron que 21 policías murieron en el contexto de las manifestaciones.

Cientos de manifestantes permanecieron detenidos durante meses, y muchos fueron sometidos a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, golpizas violentas, extracción de uñas, asfixia y violaciones sexuales. Los procesos penales contra manifestantes también estuvieron marcados por graves violaciones de las garantías de debido proceso y otros derechos fundamentales.

Ningún policía ha sido condenado en relación con estos abusos.

Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas

Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la madre o sea resultado de violación o incesto. Las personas que se someten a abortos enfrentan penas de hasta dos años de cárcel. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos puede ser de hasta seis años de cárcel. Debido a la prohibición del aborto, mujeres y niñas con embarazos no deseados se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida.

Según el ACNUDH, las tasas de violencia doméstica, violencia contra mujeres y femicidio, que la legislación nicaragüense define como el homicidio de una mujer perpetrado por un hombre "en la esfera pública o privada", han aumentado entre agosto de 2019 y diciembre de 2020.

El gobierno no publicó cifras de femicidios ni de otras formas de violencia contra mujeres en 2022. Una organización de derechos humanos nicaragüense informó sobre 46 femicidios entre enero y octubre de 2022.

Solicitantes de asilo nicaragüenses

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 200.000 ciudadanos huyeron de Nicaragua entre abril de 2018 y marzo de 2022.

La Patrulla Fronteriza Estadounidense interceptó a 164.600 nicaragüenses entre enero y septiembre de 2022, más que los 50.000 en todo 2021 y que los pocos miles en años anteriores. Muchos otros huyeron hacia Costa Rica, México, Panamá y Europa.

Actores internacionales clave

En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas estableció un grupo de expertos en derechos humanos con un mandato de un año para investigar violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018.

En 2018, las autoridades expulsaron al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH y a la Oficina de la ACNUDH. Desde entonces, no se ha permitido el ingreso a Nicaragua de organismos internacionales de monitoreo de derechos humanos.

También en marzo, las autoridades expulsaron al nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag. En julio, las autoridades cancelaron la personería jurídica de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de Santa Teresa de Calcuta, y las expulsaron de Nicaragua. En agosto, después del arresto del obispo Rolando Álvarez, el papa Francisco señaló que "[seguía] con cercanía y con preocupación y dolor la situación en Nicaragua".

En septiembre de 2022, la Oficina del ACNUDH constató un "deterioro de la situación de derechos humanos" y señaló que el gobierno ha continuado el "hostigamiento a las voces críticas" y "[restringiendo] el espacio cívico".

En noviembre de 2021, Nicaragua anunció que se retiraba de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA habían señalado que las elecciones de 2021 no fueron libres ni justas, y que Nicaragua había violado sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana. En abril de 2022, el gobierno de Ortega anunció que el retiro se había "completado", confiscó la oficina de la OEA en el país y revocó las credenciales de los representantes de ese organismo; sin embargo, según la OEA, la carta de la OEA continúa en vigor en Nicaragua hasta fines de 2023, por lo que Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Sistema Interamericano.

Estados Unidos sancionó a más funcionarios nicaragüenses y a la empresa minera estatal, elevando a 53 las personas y entidades sancionadas hasta septiembre, conforme a la Ley Magnitsky Global de 2016, la Ley sobre Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua de 2018, y otras leyes y decretos ejecutivos estadounidenses. En octubre de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. impuso restricciones a las visas de más de 500 ciudadanos nicaragüenses, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a la autoridad minera de Nicaragua, la Dirección General de Minas (DGM).

En noviembre de 2021, EE. UU. sancionó una ley para el seguimiento, el reporte y la respuesta ante los actos de corrupción del gobierno de Ortega y las violaciones de derechos humanos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

En septiembre de 2022, el Parlamento Europeo denunció el "deterioro" del Estado de derecho y la "escalada" de la represión contra la Iglesia Católica.

También en septiembre, el gobierno de Ortega expulsó a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Nicaragua días después de que la delegación de la UE ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU exhortara al gobierno a restablecer la democracia y a liberar a los presos políticos. El gobierno también rompió relaciones diplomáticas con los Países Bajos después de que suspendieran el financiamiento para un proyecto hospitalario tras expresar preocupación por las violaciones de derechos humanos y por el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua.

La UE mantiene sanciones contra 21 personas y tres entidades vinculadas al Estado en Nicaragua. Estas sanciones fueron renovadas en octubre por un año. El Reino Unido ha sancionado a 13 personas implicadas en violaciones de derechos humanos, y Canadá ha sancionado a 35.

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Informe Mundial 2023: Tendencias de los derechos en Nicaragua

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El gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha profundizado la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Decenas de personas detenidas arbitrariamente continúan tras las rejas. Desde que asumió en 2007, el gobierno ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial.

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Lamentablemente, esta noticia informa sobre siete casos de femicidio que ocurrieron en Nicaragua durante la primera quincena de enero de 2023. Los casos incluyen mujeres de diferentes edades y contextos sociales, y en algunos casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Esta noticia destaca la necesidad de tomar medidas más efectivas para prevenir y combatir la violencia de género en Nicaragua, así como para brindar apoyo y protección a las mujeres que son víctimas de violencia.

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Elegimos esta noticia, porque en la actualidad el fomentar y propagar mensajes de odio y a favor de la dictadura militar donde hubo persecuciones, represiones, censura y crímenes de odio contra muchas personas, está totalmente rechazado, ya que Argentina es un país democrático, en donde la libertad de expresión, el respeto por la vida de todas las personas y la aceptación por la diversidad en la sociedad es fundamental y prevalece. El hecho de que le hayan llamado la atención y hayan criticado las publicaciones de la concejala del partido "Juntos por el Cambio", hace alusión a que el país es democrático, y todo mensaje y accionar que fomente e idolatre los crímenes de lesa humanidad y la censura (represión) hacia la sociedad civil será totalmente repudiado.

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Chacabuco: una concejala de JxC presentó su renuncia tras haber reivindicado la dictadura con repudiables imágenes

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Silvia Gorosito se burló de los "vuelos de la muerte" y agradeció a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti por lo hecho en el último golpe militar; el pasado martes, la referente opositora dio a conocer su carta de resignación

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La violencia sexual es una realidad en cada país en caso de Ecuador es algo preocupante ya que las cifras aumentan constantemente. Día a día los grupos vulnerables, tanto mujeres como niños sufren de constante violencia. Violencia que no ha sido pausada y se sigue permitiendo por parte de las autoridades. Ya que no están haciendo lo suficiente para poner un alto a todos estos tipos de violencia. Sicariatos, femicidios, violaciones, son situaciones que se viven a diario en el país y en lugar de decrecer siguen aumentando sus cifras.

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Creemos que la noticia gira en torno al desarrollo, ya que el gobierno al crear nuevos comedores y merenderos, ayuda a personas en situaciones de vulnerabilidad, las cuales les es difícil alimentarse y tener las 4 comidas del día. Por ende, creemos que es una buena iniciativa y procedimiento que aplica el gobierno para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, ya que no pasa por alto las necesidades y urgencias de los ciudadanos, sino que, brinda asistencia y acompañamiento a los mismos, haciendo prevalecer así, su salud, integridad, seguridad y bienestar. Así también, se promueve la solidaridad y la búsqueda del bien común de la sociedad, objetivo principal del Estado.

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El Gobierno creó un programa para reforzar la asistencia alimentaria en comedores y merenderos

En medio de la disputa con las organizaciones sociales y piqueteas, el Gobierno creó un programa para reforzar la asistencia a comedores y merenderos.

A través de la Resolución 230/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó la iniciativa "Alimentar Comunidad", que tendrá por objeto "brindar, en el marco de la emergencia, una prestación económica para la asistencia a comedores y merenderos de organizaciones sociales y comunitarias".

La cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz justificó la medida considerando que "resulta imprescindible profundizar todas las acciones" en el marco de "la emergencia alimentaria y nutricional por la que atraviesa nuestro país".

El nuevo programa comenzará a implementarse a través de una "prueba piloto" que se efectuará durante un plazo máximo de ocho meses, dentro de los cuales "se realizarán las evaluaciones y diagnósticos necesarios que permitirán optimizar los logros hasta aquí alcanzados a través un sistema de transferencia monetaria por medio de tarjetas físicas o virtuales a comedores, merenderos y organizaciones sociales y comunitarias para la adquisición de los elementos y/o productos, a fin de mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las personas".

El Ministerio de Desarrollo Social apunta a "mejorar los espacios a los que concurren las personas que se encuentran en estado de alta vulnerabilidad social y económica", pero también agilizar el abastecimiento de merenderos y organizaciones sociales y comunitarias; promover sistemas de producción de alimentos a través del fortalecimiento de la economía local solidaria, social y popular y el cooperativismo; propiciar la implementación de un sistema de trazabilidad en la cadena de adquisición y consumo de alimentos; y diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos de las acciones que componen la línea programática, se explicó en la resolución publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

La mencionada "línea programática" consta de una tarjeta prepaga física y/o virtual que se entregará a los comedores, merenderos, y organizaciones sociales y comunitarias "que se limitará en cuanto al uso de las mismas a los rubros de alimentos, artículos de higiene, equipamiento y elementos para primero auxilios". Se apuntará a la promoción de la oferta de productos y a la mejora de los tiempos de abastecimiento para la cobertura de la demanda a cubrir en los lugares mencionados. Además, se brindará en forma directa o a través de instituciones públicas o privadas, asistencia y capacitación a los comedores y merenderos.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz

Al programa Alimentar Comunidad podrán adherirse aquellas instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) que cumplan con una serie de requisitos legales. El monto de las acreditaciones correspondientes será determinado en función la demanda que cada uno abastezca. El Gobierno aclaró que la presente medida no será de aplicación a "aquellos que perciban otros subsidios nacionales, por el mismo concepto y por igual fin".

El Ministerio de Desarrollo Social avanzó con esta medida que responde a uno de los reclamos que plantean desde hace tiempo los grupos piqueteros. La relación entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales opositoras se tensó a partir de la auditoría de los planes y a las cien mil bajas del programa Potenciar Trabajo que encabezó Tolosa Paz.

El pasado viernes, frente a Casa Rosada, la Unidad Piquetera votó medidas de fuerza contra la administración de Alberto Fernández entre las que se incluyen marchas, cortes de rutas y acampes en todo el país durante los próximos meses.

Por lo pronto, acordaron que los días 13 y 14 y 15 de marzo desarrollarán manifestaciones; el 5 de abril cortarán el acceso de rutas nacionales, puentes carreteros, rutas provinciales y de acceso y egreso de Capital Federal. Además, sin no logran una respuesta, el 18, 19 y 20 de abril impulsarán un acampe. El programa que oficializó hoy Tolosa Paz representa un gesto para atender uno de los reclamos piqueteros.
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El Gobierno reforzará la asistencia a comedores y merenderos con la creación de un nuevo programa

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El Gobierno creó un programa para reforzar la asistencia alimentaria en comedores y merenderos En medio de la disputa con las organizaciones sociales y piqueteas, el Gobierno creó un programa para reforzar la asistencia a comedores y merenderos.

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La explotación sexual es una realidad que muchas mujeres viven día a día. Algunas mujeres para poder subsistir y cubrir sus necesidades básicas (mantener a su familia, conseguir alimento, vestimenta, vivienda, educación, etc.) no tienen otra opción que insertarse en el mundo de la prostitución. En Argentina, el problema de la trata es muy latente, ya que el negocio se encuentra por todo el país. Los proxenetas se aprovechan de las mujeres y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y las utilizan como un negocio del cual enriquecerse y un objeto del cual los clientes se "satisfacen" sexualmente. Ellas no brindan un servicio, sino que su cuerpo es considerado un medio para "satisfacer" las necesidades sexuales de los clientes, llevando a la explotación, maltrato, violencia y hasta la ejecución de crímenes de odio (en los peores de los casos), en donde se las deshumaniza y se las degrada a la categoría de objeto. Por eso importante que el Estado, implemente los mecanismos y políticas correctas y eficientes para así, de una vez por todas, eliminar y abolir la prostitución y el negocio de la trata personas, y brindarle así a las mujeres, las herramientas y medios para que puedan cubrir sus necesidades básicas y puedan progresar como individuos. Es fundamental lograrlo así ya no se sigue perpetuando la explotación sexual contra las mujeres y el atentado contra su dignidad, en donde se las concibe como mero objeto sexual y mercancía de la cual los proxenetas y los clientes se aprovechan.

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El supuesto ejercicio voluntario de la prostitución no es más que una falacia, ya que siempre hay un explotador del negocio detrás - LA NACION

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Una estrategia un poco apresurada y presionada de parte del presidente, que pone en juego tanto la democracia que se dice existir en este País y los derechos de invalidan en cada decisión de parte del gobierno.
Es el problema que estamos viviendo los ecuatorianos hoy en día. Estamos a expectativas de qué pueda llegar a pasar, ya que el panorama no es favorable. La muerte cruzada optada por el presidente solo agudizó más los inconvenientes del pueblo con el gobierno. Lo que muchos analistas opinan es que es un punto a favor del correísmo. Y en este momento tienen ventaja para volver al poder.