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El fenómeno paramilitar en Colombia comenzó en la década de 1960 como grupos de autodefensa campesina, respaldados por sectores del Estado y terratenientes. Surgieron como respuesta a la amenaza guerrillera, particularmente de las FARC, y se consolidaron con la Ley 48 de 1968, que permitía su formación legal.     

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Años 1960: El origen del paramilitarismo en Colombia está ligado a las políticas de defensa civil y las Autodefensas Campesinas, grupos creados para combatir la expansión de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Se establecieron con apoyo de sectores del Estado y grandes terratenientes para proteger sus tierras y bienes.

Años 1980: Grupos paramilitares comienzan a consolidarse con financiamiento de narcotraficantes que buscan proteger sus intereses y expandir su poder territorial. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se consolidan como una gran fuerza armada.

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Durante las décadas de 1980 y 1990, los paramilitares crecieron en poder y violencia, especialmente con la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997. Se financiaron a través del narcotráfico y extorsión, y cometieron masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos en su lucha contrainsurgente.

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Años 1990: El paramilitarismo crece en tamaño e influencia, cometiendo masacres y desplazamientos forzados en áreas rurales. La alianza con narcotraficantes fortalece su capacidad militar y económica. Las AUC consolidan su presencia y control sobre grandes zonas del país, participando en actividades de narcotráfico y afectando la población civil.

Finales de los años 1990: Las AUC y otros grupos paramilitares alcanzan su auge, operando en coordinación con sectores de las fuerzas de seguridad en ciertos casos. Sus actividades incluyen extorsiones, secuestros y ataques a comunidades civiles en su lucha contra las guerrillas.

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El proceso de desmovilización de las AUC inició en 2003, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, y culminó oficialmente en 2006. Sin embargo, algunos grupos paramilitares se rearmaron o mutaron en bandas criminales (BACRIM), manteniendo actividades ilícitas y violencia en varias regiones del país.

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2003-2006: En 2003, el gobierno de Álvaro Uribe negocia un proceso de desmovilización con las AUC, lo que lleva a la entrega de armas de varios frentes y la reducción significativa de la actividad paramilitar. Sin embargo, algunos grupos se niegan a desmovilizarse y otros exintegrantes forman grupos sucesores conocidos como "bandas criminales" o "bacrim".

Actualidad: Aunque el paramilitarismo como organización nacional disminuyó, bandas criminales y grupos armados ilegales siguen activos, continuando con actividades ilegales en el país.

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Los paramilitares cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y asesinatos. Las víctimas, muchas veces civiles inocentes, fueron objeto de violencia indiscriminada y sistemática, afectando su derecho a la vida, a la propiedad y a un entorno seguro.