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Hablar de políticas de memoria es hablar del presente. Es hablar de identidad. Sin memoria no hay identidad individual ni colectiva. Y sin identidad colectiva no hay sociedad. Una sociedad no solo es la suma de sus miembros, sino que se articula a partir de la voluntad común de conocer lo que fuimos para entender lo que somos. De intercambiar vivencias y conocimientos para decidir juntos qué seremos en el futuro. Este Gobierno está convencido de la necesidad de situar las políticas de memoria en el contexto del avance de las culturas y prácticas de los derechos humanos a nivel global. La España del siglo XXI necesita una verdadera política de Estado en favor de la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición. La memoria es un derecho. Un derecho de ciudadanía.

La Ley 52/2007 de Memoria Histórica sentó las bases para el desarrollo de políticas públicas dirigidas al reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Catorce años después de su aprobación, era preciso revisarla y actualizarla para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el 20 de julio en Consejo de Ministros da un impulso a la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática. Al conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Tiene como objetivo el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia entre 1936 y 1978, a fin de promover tanto la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva como su reparación moral. Es la primera ley que condena y repudia de manera expresa el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura posterior. El texto declara el carácter injusto de las violaciones de derechos humanos, la ilegitimidad de los tribunales de excepción y, como novedad, la nulidad de las sentencias y resoluciones dictadas por los órganos de represión franquista por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, o de orientación e identidad sexual.

Aliviar el dolor que todavía sienten miles de compatriotas que quieren recuperar los restos de sus seres queridos, saber qué les sucedió y restaurar su honor es una obligación humana. En este sentido, es una ley sanadora, que atiende las demandas de los familiares, que situamos en el centro de la nueva Ley. Su lucha incansable y el firme compromiso de las asociaciones memorialistas lo merecen.

Consolidar las políticas públicas de memoria en un soporte de rango legal es una necesidad y un deber. El Gobierno lleva trabajando tres años en una ley que integra las dimensiones humana, política, legal y social de la memoria democrática. Es una necesidad, porque así lo requiere el nuevo contexto social y político, en el que han surgido elementos sobrevenidos, como las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, las leyes y disposiciones sobre memoria aprobadas por los gobiernos autonómicos, las nuevas aportaciones y demandas del movimiento memorialista respecto de los déficits en el cumplimiento efectivo de los objetivos de la Ley 52/2007, y la aprobación de iniciativas parlamentarias que coinciden en esa necesidad de solventar las insuficiencias mediante la aprobación de una nueva Ley.

Es también un deber, porque preserva y mantiene viva la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura a través de los cuatro vértices de actuación del derecho humanitario internacional. En primer lugar, su derecho a la verdad, concretado en la asunción por el Estado del liderazgo en la búsqueda de personas desaparecidas, la creación de un banco nacional de ADN, la protección de los documentos referidos a ese periodo y el derecho de acceso a los fondos y archivos. En segundo lugar, el principio de justicia, con novedades como la garantía del derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos o la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. En tercer lugar, el fomento de la reparación mediante la realización de una auditoría y un inventario sobre incautaciones, expolios y sanciones, y el impulso de las investigaciones sobre trabajos forzados. Por último, el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o persecución, con novedades como el establecimiento de un régimen sancionador.

Porque, sobre todo, es una Ley humanizadora, con un fuerte componente moral. Durante décadas, el olvido selectivo nos condujo por la senda de la desmemoria. Heredamos una memoria artificial, creada a partir de una interpretación parcial e interesada de los acontecimientos históricos. El relato de las víctimas fue eliminado, y ese recuerdo negado ha sido un injusto y pesado lastre para varias generaciones. Necesitamos llenar los vacíos. Reivindicar el sufrimiento silenciado. Conocer plenamente nuestra historia.

Por ello, esta ley no es el final del camino, sino la hoja de ruta que España necesita. Es una ley para el reconocimiento. Una ley para el reencuentro, que nos hace mejores como país.

La historia que nos precedió es el suelo que pisamos. Pero ha de ser un suelo firme. La recuperación de la memoria es un firme baluarte de las democracias modernas. Por eso, proponemos un ejercicio sereno y consciente: rescatarla, organizarla, comprenderla y divulgarla. Aprender de ella, no para reavivar conflictos ni crear otros nuevos, sino para actuar conforme a nuestra condición humana y de ciudadanía. Para sentar las bases de una convivencia futura en paz y en libertad.

La memoria democrática también actúa con firmeza frente a los planteamientos totalitarios y neofascistas, y fomenta el respeto por los derechos humanos y la justicia social. Por eso, el anteproyecto de Ley también tiene la voluntad de intervenir sobre aquellas construcciones culturales o ideológicas del presente que ignoran las injusticias del pasado. Sobre aquellas asociaciones o fundaciones que hacen apología del franquismo, enaltecen a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o incitan al odio o a la violencia contra ellas.

El texto remitido a las Cortes Generales ha sido el resultado de un proceso de amplia participación pública. Se han recibido numerosas contribuciones de instituciones, entidades y sociedad civil. Hemos trabajado con prudencia y vocación de escucha, pero también con determinación. Aspiramos a que, durante su tramitación parlamentaria, el texto se enriquezca con nuevas aportaciones y logre el máximo apoyo de los grupos políticos. Las fuerzas democráticas no han de tener problema en sumarse a una ley homologable a las vigentes en los países de nuestro entorno.

Quiero señalar, por último, el carácter profundamente pedagógico de la Ley. Es esencial actualizar los contenidos de memoria democrática en la enseñanza obligatoria, en los planes de formación del profesorado y en los procesos selectivos de la función pública. El aprendizaje democrático es la clave de bóveda de una sociedad más abierta, diversa y plural, cuyos ciudadanos sean capaces de seguir consolidando y ampliando derechos y libertades. Capaces de pensar, unidos, un futuro más justo y más libre. Aprendizaje democrático para que las nuevas generaciones puedan modelar su destino con el barro de la memoria de sus padres y sus abuelos, en el noble torno de los valores cívicos y éticos que hacen de España un gran país.

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Heredamos una memoria artificial, creada a partir de una interpretación parcial e interesada de los acontecimientos históricos. El relato de las víctimas fue eliminado, y ese recuerdo negado ha sido un injusto y pesado lastre para varias generaciones. Necesitamos llenar los vacíos

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El anteproyecto de ley se presentó en septiembre de 2020, con mucha publicidad, orgullosa Carmen Calvo de un texto que ella avalaba como buena antifranquista (perdón, me he reído, no sé ustedes). Han necesitado casi un año para cerrar el texto del proyecto de ley y un cambio de responsable en el Ministerio. Parece que algunas de las críticas que desde las asociaciones y colectivos de víctimas del franquismo se habían dirigido al contenido del anteproyecto de ley han sido tomadas en cuenta, aunque no todas. El actual titular de la cartera incluso publica un artículo alabando el espíritu de la Ley de Memoria Democrática criticando los defectos de la antigua ley de la época del Zapatero ( https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/ley-memoria-util-espana_129_8154779.html)

Lo cierto es que la ley de 2007 prácticamente no ha servido para nada. Aunque debemos reconocer que, después de más de tres legislaturas de Felipe González y tras 30 años de la muerte del dictador, Zapatero abordó el tema de la Memoria Histórica. Creíamos que con esa ley prácticamente se había puesto un punto y final, pero con esta nueva ley se ha avanzado un poco en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Eso sí, muchas de ellas ya no están para ver ese reconocimiento.

Sabemos que la tramitación de la ley va a ser dura. Primero por las sobreactuaciones que esperamos en la tribuna del Congreso por parte de los actores o actrices del PP, Voz y Cs. Pero tampoco va a ser fácil que consigan el apoyo que necesita el Gobierno dentro de sus propios "socios" (aunque sabemos que finalmente el mal menor es un buen argumento ya muy usado). Unidas Podemos presentaba un proyecto mucho más exigente que el aprobado. ERC ya ha mostrado su falta de acuerdo con el contenido recogido por el proyecto de ley y no olvidemos que ya se opusieron en su día a la aprobación de la Ley de Memoria de 2007. El resto de socios ya han ido dando muestras de sus intenciones.

Sabemos que la tramitación de la ley va a ser dura. Primero por las sobreactuaciones que esperamos en la tribuna del Congreso por parte de los actores o actrices del PP, Voz y Cs. Pero tampoco va a ser fácil que consigan el apoyo que necesita el Gobierno dentro de sus propios "socios".

Pero las disputas de palacio poco nos interesan si lo que finalmente se apruebe sigue sin dar cumplida cuenta de aquellas demandas ya históricas (no podemos olvidar que algunas víctimas llevan 85 años sin recibir justicia) de Verdad, Justicia y Reparación. Y con gran dolor vemos que la segunda pata del mantra memorialístico no recibe la atención debida en esta nueva ley (en la de Zapatero ni se intuía el deseo de tratarlo). Lo más parecido con el término Justicia es la creación de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática pero que necesitará de un desarrollo específico para que sus funciones sean reales y no se establecen plazos para ese desarrollo.

Por ver cosas positivas en el proyecto de ley, a su favor hay que destacar el reconocer que no se puede seguir con esa política del olvido y la amnesia que se propició en la Transición. "El olvido no es opción para una democracia", dice la Exposición de Motivos de la Ley. Sin embargo avala la utilización de la Ley de Amnistía como modo de lograr la convivencia pacífica y, por tanto, no aborda la posibilidad de Justicia para las víctimas.

Pero, sinceramente, ¿esta ley logrará que finalmente se acabe con la impunidad del franquismo cuando pervive la Ley de Amnistía como amparo de todos aquellos criminales fascistas? Dejo la contestación para cada quien tenga el gusto de reflexionar sobre ello, sabiendo cómo han contestado los jueces ante querellas de tortura, etc.

Pero, sinceramente, ¿esta ley logrará que finalmente se acabe con la impunidad del franquismo cuando pervive la Ley de Amnistía como amparo de todos aquellos criminales fascistas?

Es cierto que recoge el fin de las fundaciones que exaltan el golpe de estado y el régimen de la dictadura franquista. Pero consideramos que solo con eso no se ataja la impunidad franquista ni se trabaja en medidas de Garantía de no Repetición.

Aparece en la exposición de motivos una condena textual al golpe de estado del 36 y al régimen franquista. Muy bien, lo aplaudimos.

Ha recogido de forma específica la represión a las personas LGTBI y a las mujeres, incluyendo un puñado de artículos sobre el robo de bebés (hay un proyecto de ley sobre los bebés robados que está con su tramitación en el Congreso, paralizada sin dar explicaciones del porqué). También hace referencia a las víctimas de la actuación franquista cuando decidió no dar la vacuna de la polio más que a los hijos del régimen por lo que hoy tenemos a miles de personas con secuelas de la poliomielitis (actualmente erradicada). Otro sector que ha merecido su reconocimiento es el pueblo gitano que sufrió también represión durante el franquismo. Se recogen los trabajos forzados, de nuevo con una propuesta de hacer un censo de las obras y reconocimiento, pero no va mucho más allá en la reparación ni en la petición de Justicia a las empresas (recordemos que muchas de las grandes constructoras actuales son herederas de aquellas que se lucraron con la mano esclava de los presos del franquismo).

También se reconoce la consideración de víctima con independencia de que exista o no autoría conocida de la violación de sus derechos.

Una de las mejores noticias es la creación de un banco de ADN, tan demandado por parte de las víctimas. Sabemos lo importante que es poder tener muestras de familiares directos, y muchas de las personas que pueden facilitar este dato tan importante han fallecido o tenemos poco tiempo para poder seguir tomando muestras. Pero eso también tiene que desarrollarse y ponerse en marcha.

Parece que vamos a ver el final de los monjes del Valle de los Caídos y de la Fundación Francisco Franco. Pero todo eso lo tenemos que ver una vez aprobada la ley y cumpliendo los procedimientos establecidos y, además, imagino que se emprenderá una pelea judicial (ya han amenazado con ir al Constitucional para anular la ley).

Una de las novedades que aporta la Ley es la introducción en el plan de estudios de la historia de quienes lucharon por valores democráticos: "El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas".

Pero seguimos valorando negativamente contenidos o formas de esos contenidos de la ley como son:

· Se ciñen las fechas objeto de la ley de 1936 a 1978 (fecha de promulgación de la Constitución) pero toda la violencia ejercida durante la Transición queda fuera de esta ley.

· A pesar de querer dar cumplimiento de las necesidades de las víctimas del franquismo en la exposición de motivos, deja claro que desde el Gobierno lo único que pretenden con esta ley es dar cumplimiento a los principios de verdad y "reparación" porque entiendo que sin Justicia no hay Reparación.

· Parece que todo tipo de reparación económica ya se ha dado por saldada y la ignominia de diferenciar dentro de las víctimas del franquismo por las fechas en las que sufrieron la represión se ve mantenida y dada por buena con esta nueva ley que en ningún caso va a dar más reparación que la de un certificado de víctima, como lleva haciendo desde hace más de dos años este Gobierno para hacerse la foto con las víctimas.

· Se establece como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas (entiendo que también las del bando fascista) el 31 de octubre, fecha en la que se aprobó la Constitución del 78 y la ley 52/2007 (la Ley de Memoria Histórica). Y digo yo, al igual que se le abucheó a Dolores Delgado en París en el homenaje a La Nueve por decir que aquellos milicianos defenderían hoy la Constitución del 78, ¿qué tienen que ver aquellas personas que murieron y lucharon en el 36 con esta Constitución del 78? Y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio (misma fecha de celebración de la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo).

· Aunque se declaran nulas e ilegítimas las condenas dictadas por los tribunales franquistas que no respetaban las más mínimas garantías procesales de defensa, se queda en una declaración de reconocimiento y reparación personal que no conllevará, en ningún caso, reclamación patrimonial al Estado. Vamos a conseguir un papelito en el que dice que tu sentencia es nula.

· Se creará un censo de víctimas, un mapa de fosas que mantendrá la Administración, etc. Pero si hasta ahora los datos conseguidos por la Administración son los cedidos por las Asociaciones de Víctimas y parece por lo que indica el articulado que seguirá siendo mantenido con los trabajos de recuperación realizados por la sociedad civil. Ojalá lleven a cabo su propia obligación como indican en el articulado "Art. 16. Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad". Lo único ilusionante es que parece que se quiere es que el procedimiento quede judicializado con comunicación de los hallazgos al Ministerio Fiscal.

· A pesar de recoger el tratamiento de los fondos documentales y archivos parece que se necesita un desarrollo de la ley para que realmente sea efectivo, según las opiniones de quienes trabajan en el tema archivístico.

· Se crea una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática que, al igual que sucede en el tema de los archivos, debe requerir de un desarrollo y una dotación económica o simplemente será una figura decorativa muy interesante de mostrar pero sin ninguna efectividad.

Así definen en su exposición de motivos lo que pretenden con esta ley:

"Con esta Ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana. Y, esta medida, es también un compromiso con el futuro, defendiendo la democracia y los derechos fundamentales como paradigma común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana".

No podemos poner en duda la intención del Gobierno de atender las peticiones de las víctimas del franquismo. Pero teniendo la experiencia de la anterior ley de 2007, sabemos que una ley que queda al vaivén de los cambios de Gobierno y no se consigue sustentar con unos presupuestos y una dotación de medios imprescindible no tendrá más que un valor de papel mojado. Ya sufrimos el retraso, paralización y obstaculización de la recuperación de la memoria durante los Gobiernos de Rajoy. No podemos volver a padecer situaciones así. Es de justicia que las víctimas del franquismo sean reparadas.

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¿Podemos esperar el fin del franquismo con la Ley de Memoria Democrática?

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No sé si ha sido casualidad o no pero es curioso que se haya aprobado por el Consejo de Ministros y Ministras el Proyecto de Ley de Memoria Democrática un par de días después de cumplirse los 85 años del golpe de estado que nos ha llevado a la España que somos hoy.

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La "fosa de la cultura" del cementerio de Paterna (Valencia) es, junto a la fosa 126, una de las más grandes localizadas en el territorio valenciano. En su interior se encuentran los cuerpos de unos 180 fusilados por la represión franquista en la inmediata posguerra. Así, la fosa 114 está conformada por cinco sacas de fusilados entre el 9 de mayo y el 28 de junio de 1940.

La primera saca alberga los restos de 31 personas, incluyendo al editor de la revista La Traca, Vicent Miquel Carceller, así como el dibujante de la revista satírica valenciana Carlos Gómez Carrera, conocido como 'Bluff', y dos alcaldes de Godella y uno de Foios.

Entre los represaliados tirados en la fosa también figura Manuel Contreras García, abuelo paterno de Carlos Contreras, secretario de la junta directiva de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Fosa 114 de Paterna. Manuel Contreras García fue concejal de Godella, apenas 23 días antes de acabar la Guerra Civil, y afiliado a Izquierda Republicana.

Los trabajos realizados por el equipo especializado Arqueoantro han detectado el mismo patrón que en otras fosas que han exhumado en los últimos años: sacas de fusilados separadas por capas de cal y cuerpos tirados en desorden. Los restos, según explica el arqueólogo por teléfono a elDiario.es, presentan un buen estado de conservación.

"A grandes rasgos en Paterna, excepto algunas fosas muy concretas, suele salir un estado de conservación muy bueno, puede haber problemas de humedad al estar cerca del nivel del mar y por la lluvia, pero no hay corrientes de agua pasando de forma constante como pasa en el cementerio de Castellón", apostilla Calpe. Los trabajos han localizado "huesos largos bastante compactos", lo cual "es una buena señal".

Los trabajos sí que han detectado el "descolgamiento" de algunos cuerpos, un fenómeno que provoca que al descomponerse los restos se queden pegados en las paredes de la fosa. "Son muchos cuerpos juntos y la tendencia es que, cuando se descomponen, se unen desde el centro", sostiene el arqueólogo. "Había pasado antes pero no tan exageradamente, conforme vayamos abriendo entenderemos mejor la diferencia", agrega.

En una primera fase, según explica el arqueólogo de Arqueoantro, los responsables de la exhumación quitan toda la tierra de alrededor para localizar exactamente el lugar donde reposan los cuerpos y poder asegurar el agujero. En ese momento es cuando retiran los cuerpos de los enterramientos rutinarios por muertes naturales que no tienen nada que ver con la represión franquista (en la zona oeste de la fosa 114 han localizado cuatro esqueletos).

Una vez apuntalada la fosa para evitar derrumbes y que los especialistas de Arqueoantro puedan trabajar con seguridad, continúa el cribado de la tierra y, a unos dos metros de profundidad, surge la primera capa de cal que sella los cuerpos. Con la cal, los responsables de la represión franquista pretendían acelerar la descomposición de los cuerpos para que disminuyeran su volumen, tal como explica Calpe en un video colgado en YouTube para que los familiares de los represaliados puedan seguir los trabajos telemáticamente.

"En los videos, ahora con una periodicidad mensual, damos unas pinceladas para informar a las familias que están muy atentas al proceso de exhumación", señala Calpe. Los especialistas de Arqueoantro, un grupo compuesto por arqueólogos y antropólogos, entre otros, prevén localizar hasta cinco capas y excavar hasta unos cinco metros de profundidad en, al menos, los próximos cuatro meses.

La saca del 28 de junio de 1940 incluye, según las investigaciones previas y los trabajos del historiador Vicent Gabarda, a una treintena de represaliados, de los que ya han conseguido exhumar a 26. "Esto es algo que acabaremos de dilucidar en los próximos días porque hay zonas de la fosa en las que se ve tierra donde no salen restos, creemos que estamos cerca del final de la saca", explica el arqueólogo. "En principio son las cifras que esperamos, no vamos por mal camino", agrega Calpe.

Finalizada la primera saca, la excavación continúa hasta localizar la segunda capa de cal. Y así hasta las cinco sacas de fusilados que conforman la denominada "fosa de la cultura", cuya exhumación financia la delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia. Los cuerpos repiten el patrón que han observado los especialistas de Arqueoantro en otras exhumaciones: "Están mal posicionados, como suele ser habitual, eso no cambia. Por desgracia, el patrón se sigue repitiendo y es lo que hemos visto ya en una decena de fosas", apostilla el arqueólogo Álex Calpe.

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Los trabajos en la enorme "fosa de la cultura" de Paterna exhuman a 26 víctimas de la represión franquista en casi dos meses de excavación

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La "fosa de la cultura" del cementerio de Paterna (Valencia) es, junto a la fosa 126, una de las más grandes localizadas en el territorio valenciano. En su interior se encuentran los cuerpos de unos 180 fusilados por la represión franquista en la inmediata posguerra.

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Infografía Consejo DDHH - Poster by carmen

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Prodecimientos especiales: Relatores y Grupos de Trabajo - Poster by Carmenchu Mc

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La Ley de Memoria Histórica de 2007, tal y como establece el artículo 22, garantiza, en teoría, el derecho a la verdad de las víctimas y el acceso a los fondos y archivos públicos y privados.

Las páginas web presentadas a continuación nos permiten encontrar información de personas que sufrieron represalias durante el franquismo. En concreto: el sumario de juicio, las fichas carcelarias, las responsabilidades penales (que son penas impuestas a familiares de fusilados/as o presos/as), la Causa General, las fichas de depuración de maestros y las de la Brigada Político Social, entre otras. (El Salto, 2021)

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TEXTO CONSOLIDADO: "Última actualización publicada el 12/01/1984"

De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:

Artículo primero.

I. Quedan amnistiados:

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

II. A. los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.

Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.

b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.

c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.

d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Artículo tercero.

Los beneficios de esta Ley se extienden a los quebrantamientos de condenas impuestas por delitos amnistiados, a los de extrañamiento acordados por conmutación de otras penas y al incumplimiento de condiciones establecidas en indultos particulares.

Artículo cuarto.

Quedan también amnistiadas las faltas disciplinarias judiciales e infracciones administrativas o gubernativas realizadas con intencionalidad política, con la sola exclusión de las tributarias.

Artículo quinto.

Están comprendidas en esta Ley las infracciones de naturaleza laboral y sindical consistentes en actos que supongan el ejercicio de derechos reconocidos a los trabajadores en normas y convenios internacionales vigentes en la actualidad.

Artículo sexto.

La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio.

Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación.

Artículo séptimo.

Los efectos y beneficios de la amnistía a que se refieren los cuatro primeros artículos serán en cada caso los siguientes:

a) La reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación de los mismos a sus respectivos Cuerpos, si hubiesen sido separados. Los funcionarios repuestos no tendrán derecho al percibo de haberes por el tiempo en que no hubieren prestado servicios efectivos, pero se les reconocerá la antigüedad que les corresponda como si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios.

b) El reconocimiento a los herederos de los fallecidos del derecho a percibir las prestaciones debidas.

c) La eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido.

d) La percepción de haber pasivo que corresponda, en el caso de los militares profesionales, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha del acto amnistiado.

e) La percepción del haber pasivo que corresponda a los miembros de las Fuerzas de Orden Público, incluso los que hubiesen pertenecido a Cuerpos extinguidos.

Artículo octavo.

La amnistía deja sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores por cuenta ajena, derivados de los hechos contemplados en los artículos primero y quinto de la presente Ley, restituyendo a los afectados todos los derechos que tendrían en el momento de aplicación de la misma de no haberse producido aquellas medidas, incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social y Mutualismo laboral que, como situación de asimiladas al alta, serán de cargo del Estado.

Artículo noveno.

La aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los Jueces, Tribunales y Autoridades Judiciales correspondientes, quienes adoptarán, de acuerdo con las Leyes procesales en vigor y con carácter de urgencia, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta Ley, cualquiera que sea el estado de tramitación del proceso y la jurisdicción de que se trate.

La decisión se adoptará en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos.

La amnistía se aplicará de oficio o a instancia de parte con audiencia, en todo caso, del ministerio fiscal. La acción para solicitarla será pública.

Artículo diez.

La autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hallaren en prisión y dejará sin efecto las órdenes de busca y captura de los que estuviesen declarados en rebeldía.

Artículo once.

No obstante lo dispuesto en el artículo noveno, la Administración aplicará la amnistía de oficio en los procedimientos administrativos en tramitación y a instancia de parte, en cualquier caso.

Articulo once bis.

Las acciones para el reconocimiento de los derechos establecidos en esta Ley serán imprescriptibles. No obstante, los efectos económicos de los derechos reconocidos estarán sujetos a las distintas normas de prescripción del Ordenamiento Jurídico.

Declarado inconstitucional en cuanto declara imprescriptibles las acciones laborales incluidas en los arts. 5 y 8 de esta ley, según establece la Sentencia del TC 147/1986, de 25 de noviembre. Ref. BOE-T-1986-32272

Artículo doce.

La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid a quince de octubre de mil novecientos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Presidente de las Cortes,

ANTONIO HERNANDEZ GIL

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De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar: Artículo primero. I. Quedan amnistiados: a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

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Documaster - El silencio de otros - RTVE.es

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El silencio de otros revela la lucha silenciada de las víctimas del largo régimen del General Franco, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis años, la película sigue a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista a medida que organizan la denominada "querella argentina" y confrontan un "pacto del olvido" sobre los crímenes que padecieron.

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Supervivencia y lucha por las libertades de lesbianas, gais, trans e intersexuales en Aragón durante el franquismo y la transición, realizado por Pepe Paz y Marian Royo, con apoyo del Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón; y cuyo título recuerda el doble y triple encierro que hubieron de romper Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales: el del armario y la cárcel, pero también el de la gran cárcel en que convirtió al país la dictadura. 
Con testimonios de José Calvo (sobre el maqui Florencio Pla), Anchel Conte, Trini  Falces, Luis Granell, José Luis Berdusán, Dani Tello, Conchi Arnal y Delia Maza, cuenta con otras aportaciones que ilustran el desarrollo del asociacionismo de este colectivo, así como de quienes participaron en sus  redes sociales y de los familiares de su entorno.
Tan sólo se han cumplido  30 años desde que se eliminó la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad Social, continuación de la de vagos y Maleantes, y de que las últimas personas condenadas por su sexualidad abandonaran las cárceles. Aún está vivo el recuerdo de quienes padecieron persecución y maltrato en los Centros de Reeducación. Personas que además de soportar la represión social, tuvieron que luchar por su aceptación social. 
El objetivo de este documental no es sólo recordarnos que la comunidad lésbica, gai, transexual e intersexual también tuvo que luchar por sus libertades individuales desde la clandestinidad, siendo uno de los motores de la actual democracia. También pretende indagar cómo el estigma de la diferencia merma esas libertades, y qué es preciso para afianzarlas día a día más allá de la mera igualdad legal.

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Que mi nombre no se borre de la historia tve: (JSU) Las 13 rosas

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Campaña #QueremosJusticia. Vídeo 1. Ley de Amnistía

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Los Comités son  órganos creados por un tratado específico. Gracias a estos, las personas y grupos podemos acudir a la Justicia Internacional si vemos violados nuestros DDHH siempre y cuando hayan sido ratificados  por el Estado.

De los nueve comités que existen, para proteger a las víctimas del franquismo nos interesan tres ratificados por el Estado español, que por sus siglas en inglés son: CCPR (Comité de Derechos Humanos) , CAT (Comité contra la Tortura) y CED (Comité contra la Desaparición Forzada). Cada uno de ellos queda explicado a continuación:

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La fosa 114 de Paterna se ha abierto este lunes para recuperar a represaliados del franquismo

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TEXTO CONSOLIDADO: "Última actualización publicada el 25/08/2018"

[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora.

El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió.

Pese a ese esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas, que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundacional de concordia, y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender.

Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática". La presente Ley asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975.

Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por último, a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya rehabilitación fue unánimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Unión Militar Democrática, que se autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones democráticas.

En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática.

La presente Ley parte de la consideración de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática, y como tales son abordados en el texto. Se reconoce, en este sentido, un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, que encuentra su primera manifestación en la Ley en el reconocimiento general que en la misma se proclama en su artículo 2.

En efecto, en dicho precepto se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones, tuvieron lugar en la Dictadura posterior.

Esta declaración general, contenida en el artículo 2, se complementa con la previsión de un procedimiento específico para obtener una Declaración personal, de contenido rehabilitador y reparador, que se abre como un derecho a todos los perjudicados, y que podrán ejercer ellos mismos o sus familiares.

En el artículo 3 de la Ley se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas. Se subraya, así, de forma inequívoca, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas.

En este sentido, la Ley incluye una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial.

En los artículos 5 a 9 se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos ya recogidos en nuestro Ordenamiento. En esta misma dirección, se prevé el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia, de la democracia que hoy todos disfrutamos, y que no habían recibido hasta ahora la compensación debida (art. 10).

Se recogen diversos preceptos (arts. 11 a 14) que, atendiendo también en este ámbito una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares, algunos aún en fosas comunes, prevén medidas e instrumentos para que las Administraciones públicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas de localización, y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos.

Se establecen, asimismo, una serie de medidas (arts. 15 y 16) en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio.

El legislador considera de justicia hacer un doble reconocimiento singularizado. En primer lugar, a los voluntarios integrantes de las Brigadas internacionales, a los que se les permitirá acceder a la nacionalidad española sin necesidad de que renuncien a la que ostenten hasta este momento (art. 18); y, también, a las asociaciones ciudadanas que se hayan significado en la defensa de la dignidad de las víctimas de la violencia política a que se refiere esta Ley (art. 19).

Con el fin de facilitar la recopilación y el derecho de acceso a la información histórica sobre la Guerra Civil, la Ley refuerza el papel del actual Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, integrándolo en el Centro Documental de la Memoria Histórica también con sede en la ciudad de Salamanca, y estableciendo que se le dé traslado de toda la documentación existente en otros centros estatales (arts. 20 a 22).

La presente ley amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Con ello se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil o la Dictadura.

En definitiva, la presente Ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la Democracia española en su conjunto. No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas.

Este es el compromiso al que el texto legal y sus consecuencias jurídicas responden.

[Bloque 2: #a1]

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

2. Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos.

[Bloque 5: #a4]

Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento personal.

1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.

Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.

2. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en caso de que las mismas hubieran fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.

3. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

5. La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley.

[Bloque 8: #a7]

Artículo 7. Modificación del ámbito de aplicación de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

1. Con el fin de incorporar supuestos en su día excluidos de la concesión de indemnizaciones por tiempos de estancia en prisión durante la Dictadura, se modifican los apartados uno y dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990, que quedan redactados como sigue:

"Uno. Quienes acrediten haber sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios o en Batallones Disciplinarios, en cualquiera de sus modalidades, durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, y tuvieran cumplida la edad de sesenta años en 31 de diciembre de 1990, tendrán derecho a percibir por una sola vez una indemnización de acuerdo con la siguiente escala:

Tres o más años de prisión: 6.010,12 €.

Por cada tres años completos adicionales: 1.202,02 €.

Dos. Si el causante del derecho a esta indemnización hubiese fallecido, y en 31 de diciembre de 1990 hubiera podido tener cumplidos sesenta años de edad tendrá derecho a la misma el cónyuge supérstite, que sea pensionista de viudedad por tal causa o que, aun no teniendo esta condición, acredite ser cónyuge viudo del causante."

2. Se añaden un apartado dos bis y un apartado siete a la Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio de Presupuestos del Estado con la siguiente redacción:

"Dos bis. Una indemnización de 9.616,18 € se reconocerá al cónyuge supérstite de quien, habiendo sufrido privación de libertad por tiempo inferior a tres años como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, hubiese sido condenado por ellos a pena de muerte efectivamente ejecutada y no haya visto reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensión o indemnización con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social."

"Siete. Quienes se consideren con derecho a los beneficios establecidos en los apartados uno y dos anteriores, ya sean los propios causantes o sus cónyuges supérstites o pensionistas de viudedad por tal causa, deberán solicitarlos expresamente ante la citada Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas."

[Bloque 9: #a8]

Artículo 8. Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

Con efectos desde el 1 de enero de 2005, se añade una nueva letra u) al artículo 7 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que quedará redactada de la siguiente manera:

"u) Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía."

[Bloque 11: #a10]

Artículo 10. Reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977.

1. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 euros, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.

2. Serán beneficiarios de la indemnización a que se refiere el apartado primero de este artículo los hijos y el cónyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado legalmente ni en proceso de separación o nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, serán beneficiarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona conviviente.

Cuando se produzca la concurrencia de diversas personas que pertenezcan a un grupo de los que tienen derecho a la indemnización, la cuantía total máxima se repartirá por partes iguales entre todos los que tengan derecho por la misma condición, excepto cuando concurran el cónyuge o persona con análoga relación afectiva y los hijos del fallecido, en cuyo caso la ayuda se distribuirá al 50 por ciento entre el cónyuge o la persona con análoga relación de afectividad y el conjunto de los hijos.

3. Procederá el abono de la indemnización siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnización o compensación económica alguna o, habiéndose recibido, sea de cuantía inferior a la determinada en este artículo.

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará las condiciones y el procedimiento para la concesión de la indemnización prevista en este artículo.

5. Los beneficiarios de la indemnización establecida en este artículo dispondrán del plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere el apartado anterior, para presentar su solicitud ante la Comisión en él mencionada.

Se modifica el apartado 2, párrafo segundo por la disposición adicional 60.1 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20765

Téngase en cuenta a efectos de plazos lo establecido en el apartado 3 de la misma.

Se modifica el título y el apartado 1, con efectos desde el 1 de enero de 2009 por la disposición final decimoquinta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-20744

[Bloque 12: #a11]

Artículo 11. Colaboración de las Administraciones públicas con los particulares para la localización e identificación de víctimas.

1. Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse respecto de las entidades que, constituidas antes de 1 de junio de 2004, incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines.

2. La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo.

[Bloque 17: #a16]

Artículo 16. Valle de los Caídos.

1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.

2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.

3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.

Se añade el apartado 3 por el art. único.1 del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto. Ref. BOE-A-2018-11836

[Bloque 19: #a18]

Artículo 18. Concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el artículo 23, letra b, del Código Civil, en lo que se refiere a la adquisición por carta de naturaleza de la nacionalidad española.

2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se determinarán los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisición de la nacionalidad española por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior.

[Bloque 21: #a20]

Artículo 20. Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil.

1. De conformidad con lo previsto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, se constituye el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca.

2. Son funciones del Centro Documental de la Memoria Histórica:

a) Mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española creado por Real Decreto 426/1999, de 12 de marzo. A tal fin, y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, se integrarán en este Archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente sitos en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales, quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos. Asimismo, la Administración General del Estado procederá a la recopilación de los testimonios orales relevantes vinculados al indicado período histórico para su remisión e integración en el Archivo General.

b) Recuperar, reunir, organizar y poner a disposición de los interesados los fondos documentales y las fuentes secundarias que puedan resultar de interés para el estudio de la Guerra Civil, la Dictadura franquista, la resistencia guerrillera contra ella, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y la transición.

c) Fomentar la investigación histórica sobre la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la Transición, y contribuir a la difusión de sus resultados.

d) Impulsar la difusión de los fondos del Centro, y facilitar la participación activa de los usuarios y de sus organizaciones representativas.

e) Otorgar ayudas a los investigadores, mediante premios y becas, para que continúen desarrollando su labor académica y de investigación sobre la Guerra Civil y la Dictadura.

f) Reunir y poner a disposición de los interesados información y documentación sobre procesos similares habidos en otros países.

3. La estructura y funcionamiento del Centro Documental de la Memoria Histórica se establecerá mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.

[Bloque 22: #a21]

Artículo 21. Adquisición y protección de documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura.

1. La Administración General del Estado aprobará, con carácter anual y con la dotación que en cada caso se establezca en los Presupuestos Generales del Estado, un programa de convenios para la adquisición de documentos referidos a la Guerra Civil o a la represión política subsiguiente que obren en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean en versión original o a través de cualquier instrumento que permita archivar, conocer o reproducir palabras, datos o cifras con fidelidad al original. Los mencionados fondos documentales se incorporarán al Archivo General de la Guerra Civil Española.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

[Bloque 30: #da]

Disposición adicional sexta bis. Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de esta Ley.

1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo.

2. La decisión de exhumación y traslado será adoptada por Acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitación del procedimiento regulado en los apartados siguientes.

3. El procedimiento se iniciará de oficio por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de incoación, que designará órgano instructor. Dicho acuerdo dará un plazo de quince días a los interesados a fin de que se personen en el procedimiento y aleguen lo que a sus derechos o intereses legítimos pudiese convenir. Los familiares podrán disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación, debiendo aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura. A estos efectos, queda legitimado para solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario y para realizar el resto de actuaciones que procedan.

4. Transcurrido el plazo contemplado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros ordenará la continuación del procedimiento. A tal efecto, ordenará al titular del Ministerio competente en materia de justicia que remita al Ayuntamiento, en su caso, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, para su tramitación con arreglo a lo previsto en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Asimismo, le ordenará que solicite informe no vinculante al órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de sanidad mortuoria, que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes.

5. Concluidas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se dará traslado a los interesados antes de la resolución para que, en el plazo improrrogable de diez días, aleguen lo que estimen oportuno sobre las mismas.

6. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo motivado, resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados.

7. El plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta disposición adicional será de doce meses a contar desde el acuerdo de incoación.

Se añade por el art. único.2 del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto. Ref. BOE-A-2018-11836

Texto añadido, publicado el 25/08/2018, en vigor a partir del 26/08/2018.

[Bloque 31: #daseptima]

Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española.

1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Se amplía el plazo del apartado 1 por el anexo de la Resolución de 17 de marzo de 2010. Ref. BOE-A-2010-4853

[Bloque 36: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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BOE.es - BOE-A-2007-22296 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

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Bloque 1: #preambulo] JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

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Cárcel, asesinatos masivos y sin juicio, torturas, malos tratos, robos de bebés, trabajo esclavo... Los tribunales españoles continúan negando la justicia a las víctimas del franquismo. Más de 80 querellas han sido interpuestas ante la Justicia española en los últimos años y ninguna ha conseguido el enjuiciamiento o investigación sobre los responsables de estos delitos. El silencio sigue vigente y debemos alzar la voz para que se nos escuche.

La impunidad de los responsables directos y políticos se mantiene. La Ley de Amnistía y otras normas impiden que éstos sean juzgados. Protegen a unos pocos mientras dejan sin justicia a cientos de miles de personas. Por eso desde CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina hemos tenido que cruzar el océano para, en aplicación de la justicia universal, reclamar lo que aquí nos niegan.

"Ley de Memoria Democrática". Con ese nombre se conoce el anteproyecto de Ley que empezará a debatirse en el Congreso próximamente. Aunque parecía abrirse la posibilidad de que todo cambiaría, la realidad es muy diferente. De no modificarse, el pilar más importante de la Memoria Democrática, la Justicia, volverá a tener los ojos vendados. ¿Hasta cuándo va a continuar esto así? ¡Debemos actuar, tenemos que impedirlo!

Por todo ello queremos que te unas a nuestra lucha y exijas al Gobierno y a todas las diputadas y diputados del Congreso, con tu firma, que:

Se modifique, derogue o anule la Ley de Amnistía.

Se modifique el Código Penal incorporando a nuestro derecho el principio de legalidad internacional.

Se ratifique por parte del Estado español la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las resoluciones judiciales inadmitiendo las querellas hasta hoy presentadas, sean revisadas.

Se modifique la Ley de Tratados Internacionales para que puedan ser reconocidos y ejecutados los Dictámenes de los órganos de Naciones Unidas.

Una sociedad democrática no puede aprender y superar sus conflictos sin Justicia. Una Justicia sesgada, para solo unos pocos, no es Justicia. No podemos permitir que el Estado español mantenga la impunidad del franquismo.

*Todas las firmas se entregarán a los grupos parlamentarios en junio

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Memoria i justicia. Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme

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Trabajamos por la memoria y la justicia, por cuartear la impunidad del franquismo, una larga dictadura que dejó una enorme cantidad de dolor y muerte, de represión desmedida, pero también un reguero de dignidad, de la gente que se opuso de mil maneras a la opresión, al pensamiento gris y la falta de libertades.

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Memoria i justicia. Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme

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El 26 de marzo hemos estado con alumnos y alumnas de la Clínica Jurídica de Justicia Social de la Facultad de Derecho de la UV. Les transmitimos nuestros testimonios, desde el asesinato del abuelo de Teresa LLopis , cuyos restos durante más de 80 años han estado esperando ser recuperados en la fosa número 100 del cementerio de Paterna, a las detenciones de la organización del PCE en la Universidad en 1971 que nos trasladó Juanjo López y sus denuncias ya en aquel tiempo de las torturas sufridas. Vicente Carrion, Valeriá Martín y Lucila Arago relataron sus detenciones ocurridas en 1975 y por qué han presentado querellas por los malos tratos y torturas sufridas. Las abogadas de El Rogle Mediació i Advocacia, Aràdia Ruiz e Isabel Blas han explicado los argumentos jurídicos que sustentan nuestras exigencias. L@s alumn@s han participado, preguntado, nos han explicado lo que les interesan estos temas y se han ofrecido a colaborar y ayudar. Gracias al profesorado implicado, gracias Raquel. Paso a paso, sumando, haciendo camino a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.

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Colaboración con la Clínica Jurídica de Justicia Social de la Universitat de València

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El 26 de marzo hemos estado con alumnos y alumnas de la Clínica Jurídica de Justicia Social de la Facultad de Derecho de la UV. Les transmitimos nuestros testimonios, desde el asesinato del abuelo de Teresa LLopis , cuyos restos durante más de 80 años han estado esperando ser recuperados en la fosa número 100...

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, con la oposición de una minoría de sus vocales, su informe sobre la nueva ley de Memoria Democrática, en el cual critica medidas como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo.

El documento asume los planteamientos ya esgrimidos por los vocales Roser Bach, magistrada de la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; y Wenceslao Olea, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el borrador de dictamen, en cual ya cuestionaban que el anteproyecto remitido por el Gobierno facultara el cierre de fundaciones profranquistas bajo el argumento de que, aunque defiendan valores contrarios a la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión.

Bach y Olea cuestionaban en el documento que el anteproyecto facultara el cierre de fundaciones profranquistas

El dictamen ha salido adelante en el pleno por 15 votos frente a seis, que se han opuesto a la propuesta de los dos ponentes, aceptada íntegramente y en la cual también se subrayaba la necesidad de proteger el derecho de reunión ante la posible prohibición de actos públicos de exaltación de la dictadura franquista.

La forma en que la normativa del Gobierno encara la protección de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión de régimen de Franco es otro aspecto controvertido para el CGPJ, que alerta del riesgo de que tutele "de forma asimétrica" la dignidad de las diferentes víctimas de este período histórico, en función de su procedencia.

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El CGPJ pone trabas a prohibir la exaltación franquista en la ley de memoria

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, con la oposición de una minoría de sus vocales, su informe sobre la nueva ley de Memoria Democrática, en el cual critica medidas como el cierre de fundaciones o la prohibición de actos públicos que hagan apología del franquismo.

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En España hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Unas son reconocidas, como debe ser en cualquier sociedad democrática. Otras son invisibles y silenciadas, no solo se les niega verdad, justicia y reparación, sino también protección. Son las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura, de la transición y del terrorismo de Estado. La impunidad del franquismo sigue viva a día de hoy hasta tal punto que no hay una verdad oficial dispuesta a asumir los crímenes de guerra y de lesa humanidad que llegan hasta nuestros días, porque no han sido ni reconocidos ni investigados.

La apología del terrorismo es castigada en España para proteger la dignidad de sus víctimas, pero en su informe de este lunes el Consejo General del Poder Judicial cree conveniente mirar hacia otro lado frente a la apología del franquismo, a pesar del daño que esta provoca, puesto que legitima asesinatos por razones ideológicas, desapariciones, torturas, humillaciones, purgas, décadas de represión. De este modo avala la existencia de fundaciones franquistas y censura uno de los puntos contemplados en el anteproyecto de la Ley de Memoria que el Gobierno anunció el pasado mes de septiembre pero que aún no ha llegado al Congreso, pues estaba a la espera de dicho informe.

El CGPJ también señala el riesgo de que la futura ley establezca una "tutela asimétrica" de la dignidad de las víctimas, ignorando que desde hace 80 años unas víctimas han sido reparadas y otras, en cambio, silenciadas y abandonadas, y que en muchos lugares de España no hubo ni siquiera guerra porque el golpe triunfó de inmediato. Eso, sin embargo, no evitó persecución, cárcel o asesinatos de decenas de miles de personas por el simple hecho de pensar diferente y no apoyar el golpe.

Además el órgano judicial condena del anteproyecto la creación de una Fiscalía de Sala para investigar los crímenes del franquismo, porque considera que los crímenes han prescrito y están cubiertos por la Ley de Amnistía. Esto demuestra, de nuevo, la necesidad de derogar dicha ley, como han solicitado diversas organizaciones de derechos humanos y de memoria.

Dicho informe no es vinculante y, teniendo en cuenta que han pasado ya ocho meses -y que las víctimas más directas no tienen tiempo que perder, porque son muy mayores- es hora de que el Gobierno impulse la deliberación en el Parlamento, donde varias agrupaciones políticas presentarán enmiendas con el objeto de introducir demandas de las familias de las víctimas actualmente no incluidas en el proyecto de ley.

Pero el hecho de que el CGPJ y otros sectores conservadores, de ultraderecha o franquistas critiquen el borrador de la ley no significa que esta esté a la altura de los planteamientos establecidos por Naciones Unidas y propios de una democracia europea. Hay aspectos mejorables que serán abordados -según indican varios representantes políticos, que presentarán enmiendas- en un debate parlamentario que podrá resultar interesante e instructivo en materia de derechos humanos.

Como han establecido organizaciones como Amnistía Internacional o CEAQUA -entidad que aglutina varias asociaciones personadas en la querella argentina contra los crímenes del franquismo- el anteproyecto de la Ley de Memoria no incluye aspectos importantes en materia de verdad, justicia y reparación. Sigue negando justicia a las víctimas y no contempla alcanzar una verdad oficial.

Además, evita que sea el Estado el que se encargue de la búsqueda, localización y exhumación de las personas desaparecidas. Prefiere continuar delegando esa actividad a asociaciones privadas, a través de subvenciones, y a ayuntamientos. De ese modo, se perpetúa un modelo en el que el Estado no está presente para oficializar la verdad, ni para garantizar que todas las fosas accesibles sean exhumadas, puesto que todo dependerá de los proyectos que presenten asociaciones privadas.

Así se mantiene un proceso que obliga a las familias a reclamar, buscar, empujar, investigar, recorrer cientos o miles de kilómetros para buscar archivos, contrastar información con otros familiares o insistir a asociaciones privadas para que se localice y exhume. Es un peregrinaje que revictimiza a las víctimas. Quienes tengan el privilegio de poder acceder a buenos contactos tendrán más posibilidades de obtener algún tipo de reparación.

Por eso asociaciones de memoria y de derechos humanos insisten en que el Estado asuma la tarea de garantizar los derechos de las víctimas del franquismo y sus familias. Es deseable que la búsqueda y exhumación de las personas desaparecidas deje de estar privatizada. Esa es la razón por la que solicitan la apertura de una oficina institucional que las atienda, que las guíe, que las ayude, como ocurre en países como Argentina, un ejemplo en materia de reparación.

"No puede ser que no haya una oficina para las víctimas de esas características en España, tiene que ser el Estado el que se encargue de ello, con fortaleza, con todos los recursos. Si depende de cada ayuntamiento o comunidad será insuficiente y habrá desigualdades en el trato", me decía en una entrevista hace tres meses Luis Fondebrider, que ha sido durante 36 años director del Equipo de Antropólogos de Argentina, una institución que trabaja en cincuenta y cinco países del mundo con un enfoque multidisciplinar y científico para la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas.

El Equipo de Antropólogos se ha ocupado de casos de violencia política, étnica y religiosa, de casos de feminicidio y de atentados contra personas migrantes. Recibe solicitudes de organismos de derechos humanos que quieren investigar ese tipo de violencias, acompañan los procesos de búsqueda y las exhumaciones, y realizan los exámenes genéticos.

"La nueva ley española es poco clara con la justicia", indica Fondebrider, "el Estado no acompaña a las familias de las víctimas como corresponde. No estamos hablando de Burundi ni de Bangladesh, estamos hablando de España, un país con recursos, que forma parte de la Unión Europea y que sin embargo parece que sigue sin tratar la memoria como materia de Estado, esta ley se considera una ley más".

Su opinión es compartida por varias asociaciones memorialistas, organizaciones de derechos humanos y la propia Naciones Unidas, que ha insistido a España en varias ocasiones para que investigue judicialmente los crímenes del franquismo y garantice reparación a las víctimas.

Han pasado ocho meses desde que Carmen Calvo presentó el anteproyecto de ley, diciendo que no se podía perder ni un segundo para que la ley se hiciese realidad. Esos ocho meses han estado llenos de segundos y el anteproyecto no ha llegado aún al Congreso, debido a la espera del informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial.

Mientras, las víctimas en primera persona y sus hijos e hijas siguen muriéndose sin el reconocimiento necesario. Llevan más de cuarenta años esperando la acción de un Estado que hasta ahora no ha garantizado sus derechos ni ha ofrecido a la sociedad la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que cualquier democracia del siglo XXI merece.

Si lo hubiera hecho, probablemente tendríamos ahora un Poder Judicial más acorde con los parámetros internacionales de derechos humanos. Si se hubiera apostado por dar a conocer de forma oficial los crímenes de lesa humanidad del franquismo, por dar visibilidad a las víctimas, por concederles categoría de víctimas de terrorismo estatal, nadie cuestionaría ahora sus demandas. Por ello conviene que el borrador final de la ley mejore. Para que la sociedad se impregne de cultura de derechos humanos, para no permitir otros cuarenta años más de impunidad, enemiga de la democracia.

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Víctimas españolas invisibles y silenciadas

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En España hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Unas son reconocidas, como debe ser en cualquier sociedad democrática. Otras son invisibles y silenciadas, no solo se les niega verdad, justicia y reparación, sino también protección. Son las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura, de la transición y del terrorismo de Estado.

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El pasado 9 de marzo Matilde Ruiz se acercó al cementerio municipal de Alicante para conocer al equipo de arqueólogos que desde principios de mes se encuentra excavando en la fosa X donde se ubican los restos de once represaliados por el franquismo en 1940. Matilde es una mujer "con mucho genio", como ella misma reconoce, y su intención al acudir al cementerio fue pedir la colaboración de los arqueólogos que, buscando los restos de un crimen franquista, se encontraron la prueba de otro delito del mismo periodo cuyas víctimas siguen vivas en su mayoría y tratando de que se haga justicia.

La fosa X, ubicada en el cuadrante 12 del cementerio de Alicante, se excavó en su día para arrojar los cuerpos de los vencidos en la Guerra Civil, pero posteriormente también sirvió para depositar los restos de bebés fallecidos y miembros mutilados del Hospital General de Alicante. Esa circunstancia es la que les llevó al hallazgo de un féretro infantil en cuyo interior solo se encontraron dos fragmentos de una losa de cerámica de unos 800 gramos depositada supuestamente para simular el peso de un neonato fallecido: una pista obvia del robo de bebés, práctica sistemática que se ha llevado a cabo en España durante décadas con total impunidad a pesar de las cientos de denuncias que se han presentado y que acaban siempre en vía muerta.

Más de dos décadas lleva luchando Matilde Ruiz por conocer el destino del bebé que alumbró en 1973 en el hospital La Fe de Valencia. Cuando dio a luz "estaba sola", pero al encontrarse en el hospital se sentía "segura de que estaba bien atendida". Nada más lejos de la realidad, pues al segundo día de ingreso, después de observar que el recién nacido "estaba perfecto" y "no presentaba ninguna anomalía", le comunicaron que había fallecido súbitamente. A continuación ataque de nervios y sedación total durante un día completo. "Vieron la posibilidad de llevarse al niño porque no vieron a nadie conmigo", asegura Matilde.

El caso de Matilde Ruiz tiene las mismas características que el de miles de mujeres que dieron a luz en España entre 1940 y 1990. Matilde estaba casada entonces, pero su marido se encontraba en un viaje de negocios en el momento del parto. Después de anunciársele el fallecimiento, cuando despertó de la sedación, al exigir ver a su hijo la llevaron ante una caja con los restos cadavéricos de un bebé más grande y más moreno que el que había tenido en brazos apenas un día antes, volvió a reclamar y "todo el mundo empezó a decirme que me iban a pinchar otra vez y que iban a dormirme porque yo estaba enferma de lo que me había ocurrido, que se me había muerto el niño", pero ella sostiene que "no estaba enferma, yo dije de inmediato que ese niño no era mi hijo", y ni de inmediato ni después, todas las denuncias que interpuso acabaron archivadas.

Han pasado cincuenta años de aquel momento y más de dos décadas de lucha, Matilde actualmente preside la asociación Afectados Bebés Hospitales SBR, por lo que al enterarse de que los arqueólogos que buscaban los restos de los represaliados del franquismo hallaron una caja fúnebre de un bebé con un trozo de cerámica que serviría para simular el peso de un feto o neonato fallecido, tuvo claro que aquello era una prueba obvia e irrefutable de una práctica sistematizada de la que ella misma y miles de mujeres más habían sido víctimas durante décadas, de modo que no lo dudó a la hora de acudir a interponer una denuncia ante lo que Matilde afirma enfáticamente que se trata de "una prueba verídica" del robo de bebés.

Hasta ahora de la fosa X han sido exhumados los restos de 36 neonatos y siete miembros amputados, entre los cuales figura el hallazgo de un féretro infantil en cuyo interior se encontró esta losa de cerámica, descubrimiento que a juicio de María José Picó, presidenta de la Asociación de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante (AVA), "es esperanzador" porque "una vez más se demuestra que enterraban cajitas vacías y engañaban a las madres", puntualiza María José, que nació en 1962 en el Hospital General de Alicante junto a su hermana melliza, a quien nunca llegó a conocer.

Precedente de 2012

El caso de la hermana de María José es paradigmático, pues fue uno de los primeros casos de bebés robados que suscitó la actuación de la Fiscalía de Menores para esclarecer lo ocurrido. En enero de 2012 se llevó a cabo en el cementerio de Alicante una de las primeras exhumaciones de bebés robados del país en el mismo parterre en el que se encuentra la Fosa X con los represaliados franquistas y a apenas unos metros de la que albergó a José Antonio Primo de Rivera antes de su traslado al Valle de los Caídos. La ex diputada autonómica de EU y arqueóloga, Esther López Barceló, estuvo presente en aquella exhumación, decretada tras la denuncia de María José y encaminada a esclarecer si los restos de su hermana efectivamente se encontraban en el lugar consignado cincuenta años antes.

"La cuestión fue que el fiscal no tenía ni idea de que aquello requería de un protocolo científico", recuerda López Barceló, quien en aquel momento exigió que se paralizara la actuación porque "los obreros del cementerio estaban dispuestos ya a meter el pico en ese trozo de fosa". El fiscal le pidió que, en calidad de arqueóloga, realizara ella la exhumación debido a que la actuación se estaba basando en la memoria del padre que cincuenta años antes había depositado la caja con los restos de su hija y en el momento de la exhumación se encontraba muy mayor, y porque "había costado tantísimo llegar a ese punto", de modo que ante "la presión mediática y emocional" al final la exparlamentaria accedió a conducir ella la actuación arqueológica.

Fruto de aquel trabajo, que fue seguido por decenas de medios nacionales e internacionales, se consiguió dar con los fragmentos desechos de una caja que coincidía con el recuerdo del padre, así como con los restos esqueléticos de un neonato que, por su ubicación, "yo estaba segura de que lo que había sacado era lo único que podía pertenecer a esa caja", asegura López Barceló. Ante esos restos el fiscal, que siguió todo el proceso de exhumación, ordenó que se realizara la prueba de ADN para determinar si estaban emparentados con la familia Picó, de manera que, explica la exparlamentaria, "si daba negativo se pondría a investigar al ginecólogo" que atendió a la madre.

La prueba tardó un año en hacerse y, efectivamente, el ADN de los restos no se correspondía con el de la familia Picó. No obstante el fiscal, en lugar de proceder como anunció un año antes, decidió que había que realizar una segunda exhumación en un lugar diferente al de la primera vez basándose en los planos del cementerio y no en la memoria del padre, que pasado un año había sufrido "un deterioro cognitivo muy grande", recuerda López Barceló, que acudió la primera vez a acompañar a la familia Picó por la relación de amistad que les unía y acabó supervisando todo el proceso de la primera excavación y estuvo presente en la segunda.

A juicio de López Barceló, en un principio vio con buenos ojos esa segunda exhumación en la que sí estaría el arqueólogo municipal, pero al ver que "de una forma bastante poco empática" el arqueólogo cuestionaba el testimonio del padre y aseguraba que la primera exhumación se hizo en el lugar equivocado, señalando otro lugar completamente distinto, la exdiputada y arqueóloga comenzó a desconfiar, confirmando sus sospechas con el hecho de que, al no encontrar nada en esa segunda actuación, "se llegó a la conclusión de que no estaba la caja porque el enterrador se la había llevado después de enterrarla delante del padre", explica la exparlamentaria, conclusión que dio lugar al archivo de la causa.

"Cualquiera que escuche este relato es evidente que cae en la cuenta de que ese fiscal ha recibido una presión y ha tenido que cambiar el curso de los acontecimientos", considera López Barceló, quien asegura que el representante del Ministerio Público tras esa segunda exhumación "cambió totalmente de actitud" con ella y con María José, y de la predisposición mostrada al principio pasó al "silencio y actitudes esquivas".

Por su parte María José Picó coincide en que las exhumaciones de su hermana fueron "otro palo más en el camino con el que nos encontramos", pues a su juicio "no gustó lo que se encontró en la primera, que es que no estaba el cuerpecito enterrado, entonces dijeron que no era esa [fosa], que era otra, y en la otra evidentemente tampoco apareció, con lo cual quedaba claro, pero a pesar de eso los casos se archivan". Otro ejemplo de exhumación que acabó en archivo fue el de Laura Perales, que denunciaba el robo de su bebé en el Hospital General de Alicante en 1980; en su caso también se hizo la exhumación poco después que la de los Picó, encontrándose en el lugar una caja que contenía un brazo amputado de un adulto. Su caso, a pesar de que existía evidencia de sustitución de los restos, tampoco se siguió investigando.

Y es que los obstáculos en los casos de bebés robados se dan tanto antes como después de su judicialización. Paco Alarcón es secretario de la asociación que preside María José y está casado con Lola, a quien le robaron a su hermana menor en 1969. La madre de Lola tuvo siete hijos en su casa de Guardamar del Segura, pero en el octavo embarazo fue al Hospital General de Alicante. Allí dio a luz a una niña, Rosario, y tras siete días de ingreso en los que la bebé estaba "perfectamente sana", les comunicaron que había fallecido. Décadas después, cuando la familia ha acudido al centro hospitalario para solicitar la documentación relativa al ingreso de madre e hija, "nos dijeron que no había nada, que no existía documentación familiar de ningún enfermo de esa época, sin darnos más excusas", explica Alarcón, quien destaca que "eso no nos lo creemos".

Tras esta primera petición que se hizo a través de la oficina de atención al paciente, volvieron a cursar por registro de entrada otra solicitud más formal dirigida a la dirección del hospital que tuvo el silencio administrativo como respuesta. Alarcón explica que su caso es común al de otros asociados de su organización, a quienes al pedir información "les dicen que si [se perdió] en una riada", como le dijeron a Maria José Picó, o que no hay documentación, de manera que el Hospital General de Alicante no facilita la información requerida por los afectados, que ya lo han puesto en conocimiento de la Conselleria de Sanidad para que medie en este sentido tratándose de un hospital de titularidad pública.

Intervención institucional

En cuanto a la intervención de la administración autonómica, en el caso de las fosas del cementerio de Alicante el equipo de arqueólogos está trabajando en busca de los restos de fusilados en 1940 merced a una subvención de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. Los restos de los represaliados se encuentran bajo casi dos metros y varias décadas de enterramientos procedentes del hospital, de modo que ya han consumido el plazo previsto para llegar a los restos de los fusilados y están a la espera de una prórroga de la concesión para poder continuar hasta llegar al estrato de 1940.

La Conselleria mencionada sacó varias partidas para buscar restos de represaliados franquistas, pero ante el hallazgo de esta pieza de cerámica como prueba evidente del robo de bebés, y a instancia de las asociaciones de afectadas, ahora también tendrán que estudiar formas de apoyar en estos casos. El director general de Qualitat Democrática de la Generalitat, Iñaki Pérez Rico, se reunió el pasado jueves en Valencia con varias representantes de las asociaciones de afectadas por casos de bebés robados, a quienes trasladó la voluntad de su departamento de colaborar con las organizaciones, pero teniendo en cuenta que es la Conselleria con menos presupuesto y que en este ejercicio ya tienen licitadas varias actuaciones para buscar restos de represaliados, de modo que se planteó la posibilidad de que el próximo ejercicio se destinen ayudas concretas para casos de bebés robados.

No obstante, Pérez Rico es claro respecto a la responsabilidad institucional, pues a su juicio es el Gobierno central el que debe intensificar el trabajo a nivel estatal mediante bancos de ADN que cubran todo el territorio, pues los bebés podían acabar a cientos de kilómetros del lugar donde fueron sustraídos de sus padres biológicos. Pero en este sentido el director general puntualiza que la administración que debería actuar en primer lugar en estos casos es la Justicia y por ello, inmediatamente después de que los arqueólogos reportaron el hallazgo de la losa desde la Conselleria, cursaron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue su procedencia y si efectivamente se trata de un caso de bebé robado.

A principios de esta semana Amnistía Internacional publicó el informe Tiempo de Verdad y Justicia. Vulneraciones de los Derechos Humanos en los casos de Bebés Robados sobre el que llevan trabajando desde hace años y en el que diseccionan la situación de los casos de sustracción de bebés en el Estado español. En el documento detallan que el robo de bebés comenzó al finalizar la Guerra Civil como parte de la represión franquista "contra quienes eran percibidos como opositores al régimen", y en especial contra "mujeres que simpatizaban con grupos republicanos", y que a partir de 1975 los crímenes cometidos durante el franquismo "fueron ignorados y permanecieron en la impunidad", existiendo denuncias de sustracción de menores "hasta bien entrada la década de los 90".

Respecto a la responsabilidad institucional, Amnistía Internacional hace varias recomendaciones dirigidas a todos los niveles de la administración. En primer lugar conmina al poder Legislativo a avanzar en la promulgación de una Ley específica sobre búsqueda e identificación de bebés robados; a que reforme el Código Penal para que la prescripción del delito comience a partir de la determinación de la suerte y paradero de la persona desaparecida; y a que establezca una base de datos estatal centralizada y un programa de asistencia integral a las víctimas.

Actualmente solo Catalunya cuenta con una Ley autonómica sobre bebés robados aprobada el pasado 31 de diciembre, y el Congreso mostró en junio de 2020 su apoyo casi unánime (con la excepción de Vox) a la aprobación de una ley para que se investiguen los casos de sustracción de menores durante el franquismo y posteriormente, en medio de un debate en el que la ultraderecha directamente negó la existencia de una trama sobre la que existen sobradas evidencias.

La ONG también realiza recomendaciones al Gobierno y las Autonomías para que ejecuten políticas activas de coordinación de búsquedas de posibles sustracciones; y al Poder Judicial y la Fiscalía para que se investiguen de oficio los posibles casos de bebés robados, se establezca una doctrina de prescripción de estos casos como crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional y se reexaminen las causas penales archivadas. Y finaliza con peticiones expresas al Vaticano y la Conferencia Episcopal para que facilite a las posibles víctimas sus documentos en el caso de que hubiera involucradas instituciones pertenecientes a la Iglesia.

En definitiva, el robo de bebés ha sido un crimen sistemático que se amparaba en la estructura sociológica del franquismo y se extendió hasta casi dos décadas después de la muerte del dictador, un crimen que elegía como víctimas a las mujeres que consideraba vulnerables o que no encajaban en los principios del Movimiento Nacional y la moral católica que impregnó la sociedad hasta mucho después de la Transición. Y esta percepción sistematizada continúa hasta hoy, Esther López Barceló destaca que las mujeres que han sufrido casos de robo de bebés "se encuentran tan solas que desconfían de todo el mundo porque son muchas las veces que se han intentado aprovechar de ellas", y al respecto menciona desde empresas de ADN hasta abogados que se ofrecían a llevarles sus casos previo pago.

"Me vieron completamente sola y eso es lo que pasó, me vieron sola y tenían el movimiento ya hecho", asegura Matilde Ruiz sobre el día en que le robaron a su hijo. Esa soledad que se aprovechaba para robar bebés ha acompañado a las afectadas durante décadas en forma de causas archivadas, paripés parlamentarios y parásitos de la abogacía y el peritaje. La soledad de las víctimas más el silencio de los cómplices como base para la comisión de un crimen que, en palabras de Esther López Barceló, "no es investigado, queda impune y a nadie le interesa", porque en España "el crimen perfecto se llama crimen franquista", sentencia.

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Bebés robados: una losa de 800 gramos frente a décadas de impunidad

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El pasado 9 de marzo Matilde Ruiz se acercó al cementerio municipal de Alicante para conocer al equipo de arqueólogos que desde principios de mes se encuentra excavando en la fosa X donde se ubican los restos de once represaliados por el franquismo en 1940.

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La sentencia sobre la fosa de los maestros ignora por completo los informes de NNUU y cierra la puerta a la Justicia para los desaparecidos del franquismo

El pasado martes 16 de febrero de 2021, el Tribunal Supremo español volvió a pronunciarse, al cabo de 9 años, sobre la cuestión de los desaparecidos tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. En esa fecha el Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre el recurso de casación interpuesto por la Asociación soriana Recuerdo y Dignidad contra el archivo de la causa de la conocida como fosa de los maestros. Entiende el Tribunal Supremo que el recurso no debía haber sido admitido a trámite pero que si lo hizo fue porque "tratándose de un tema de prescripción habría que entrar sobre la materia, a fin de evaluar, si, en efecto, es viable o admisible la declaración de lo reclamado en cuanto al contenido del motivo". La sentencia desestima el recurso, sin hacer ninguna aportación novedosa con relación a la de este mismo alto Tribunal del año 2012, aquella dictada con ocasión del juicio seguido contra el juez Garzón por haber abierto y promovido investigar sobre las desapariciones en el marco de la guerra civil y el franquismo. Dicha sentencia, de 27 de febrero de 2012, absolvía al juez pero consideró que cometió un error al realizar las investigaciones. Un mes después, el mismo Tribunal Supremo decidió un conflicto de competencias en el que determinó que los juzgados territoriales eran los competentes para atender los casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil. El Tribunal Supremo en sus sentencias de absolución y competencia estableció expresamente que no procede la investigación penal por casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil dado que estarían prescritos, los presuntos responsables estarían muertos, el carácter permanente de las desapariciones sería una ficción inaceptable jurídicamente y, de todas maneras, sería aplicable a ellos la Ley de Amnistía de 1977. Esta combinación de factores es la misma que ahora emerge en esta nueva sentencia al cabo de casi 10 años y es contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España. Aquella sentencia de 2012 y esta de ahora han significado y significan en la práctica el cierre, archivo o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura. Singularmente, la de ahora, omite toda referencia al Derecho Internacional, de los derechos Humanos y a las obligaciones que España tiene contraídas al respecto. Como si no existiese. Ni siquiera para desdeñarlo y ningunearlo como prácticamente siempre han hecho los tribunales españoles. El Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el Comité de Derechos Humanos, o el Comité sobre la Tortura, llevan años recordando a España sus observaciones y recomendaciones en materia de Verdad y Justicia a la luz de las deficiencias que, desde el punto de vista del derecho internacional, presenta nuestro sistema judicial y que impiden dar respuesta a las victimas respecto de los crímenes de la guerra civil y el franquismo.

La sentencia concluye otra vez que la Justicia no tiene respuesta para los crímenes de la guerra civil y el franquismo. Está disponible en www.recuerdoydignidad.org/sentencia-supremo

Consecuencias

Esta sentencia apuntala la doctrina de los tribunales españoles en esta materia y seguirá consolidando la práctica judicial de archivo de cuantas denuncias se presenten por desapariciones del franquismo Y confirma lo que Fabián Salvioli, actual Relator Especial de la ONU para la promoción sobre la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición declaraba en la XIV Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos Giulia Tamayo en Soria: "El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando ha examinado a España, le ha señalado en la última oportunidad, con claridad, de que debe avanzar en los procesos de Justicia, en el proceso de accountability (rendición de cuentas) de las personas responsables de violaciones de derechos humanos, en el proceso de averiguación de la Verdad, en ayudar a las víctimas a llevar adelante el proceso de duelo, no dejarlas solas en el trabajo de exhumaciones y a muchas otras cuestiones que marcan una brutal deficiencia en el Estado Español en relación al proceso de Justicia Transicional".

Juicios de la verdad y Justicia

La causa judicial de los maestros nace buscando Justicia, para averiguar las circunstancias de la desaparición y muerte de los maestros, identificar a sus responsables y si fuese posible lograr su castigo. En el marco de la denuncia, la Asociación facilitó datos y pistas para intentar conducir a la identificación de los responsables. Recuerdo y Dignidad desarrolló todas las tareas de documentación, localización de la fosa común, establecimiento de qué víctimas se encontraban en ella, localización de los familiares, señalamiento de posibles responsables o inductores etc sin que se investigara más por parte de la justicia. A pesar de ello, la sentencia recoge que "desde las denuncias, y quizás también desde la instrucción, no se perseguía exactamente la incoación de un proceso penal dirigido a depurar responsabilidad penal contra las personas determinadas, o susceptibles de ser determinadas en la instrucción judicial, por hechos que revisten apariencia de delito. Mas bien, se pretendía mediante la demanda de tutela judicial la satisfacción del derecho a saber las circunstancias en las que el familiar respectivo falleció, en la manera en que se han desarrollado estos denominados juicios de la verdad en otras latitudes." La sentencia se encuentra disponible a partir de hoy en www.recuerdoydignidad.org/sentencia-supremo

Necesidad de modificaciones legislativas

En este sentido y, tras haberse pronunciado también recientemente el Tribunal Constitucional rechazando el amparo a Gerardo Iglesias por torturas, el único camino que se presenta capaz de revertir la imposibilidad absoluta de acceso a Justicia de las víctimas es que el Gobierno legisle removiendo los obstáculos que impiden investigar los crímenes, tal y como han exigido a España los distintos Grupos de Trabajo, Comisiones y Relatores Especiales de la ONU en materia de Derechos Humanos y Desapariciones Forzadas. En ese sentido es necesario que se deroguen mecanismos legales como la ley de amnistía y que se adecue la legislación penal a las exigencias del derecho internacional penal en materia de prescripción. El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentado hace unos meses sigue sin apostar por la Justicia por lo que desde Recuerdo y Dignidad requerimos al Gobierno para que incluya en el anteproyecto este pilar fundamental para afrontar nuestras responsabilidades frente a crímenes que repugnan a toda la humanidad, ocurridos durante el levantamiento militar, la guerra civil y el franquismo. Y que tome las medidas oportunas para que se pueda acceder a la Justicia en el Estado Español por parte de las víctimas. Para ello, Recuerdo y Dignidad, junto a varios grupos republicanos de Twitter y organizaciones memorialistas lanzarán a las 11:00 horas de esta mañana el hashtag #NoHayMemoriaSinJusticia

La fosa de los maestros y su causa penal

Llamamos la fosa de los maestros al enterramiento clandestino donde se encontraban cinco maestros desaparecidos asesinados en Cobertelada (Soria) y que fue exhumada en septiembre de 2017. Los restos mortales de sus ocupantes fueron entregados a sus familias al año siguiente. Entre ellos se encontraba Francisco Romero Carrasco, amigo de Antonio Machado, fundador de la Universidad Popular de Segovia, cuya vida y obra habían sido hechas desaparecer como su cuerpo. La ASRD localizó a sus familiares en Canadá días antes de la exhumación de sus restos mortales. La denuncia presentada en esta causa de los maestros, conllevó la apertura de diligencias judiciales y que el Juzgado ordenase a la Guardia Civil la vigilancia y conservación de la fosa hasta que se produjera la "diligencia de levantamiento y exhumación". La fiscal adscrita al Juzgado había interesado inicialmente que la exhumación se produjera conforme a lo previsto en la Ley de Memoria Histórica y en el acuerdo del Consejo de Ministros respecto al procedimiento a seguir en las exhumaciones, pero más tarde la fiscal jefe pidió sin más el archivo de las diligencias. Tras ese archivo inicial la ASRD consiguió la reapertura y que el Juzgado ordenara la presencia de Guardia Civil en la exhumación, así como presentar el informe de antropología forense y una batería de documentación probatoria sobre los asesinatos de los maestros y que ponía de manifiesto que habían sufrido una muerte violenta y habían sido enterrados clandestinamente, lo que permitía calificar los hechos como desaparición forzada y asesinato en un contexto de crímenes contra la humanidad que por tanto la Justicia tenía la obligación de investigar. Del amplio listado de pruebas que se solicitaron, solo se ordenó oficiar a la Policía Judicial para que informase acerca de la pervivencia, respectivamente, del comandante militar y del gobernador civil de Soria, a quienes la Asociación había podido identificar y de quienes poseía documentación inculpatoria. Al respecto, el Juzgado recibió informe en el sentido de que del primero constaba fecha de nacimiento, pero no de fallecimiento, aunque por su edad era imposible que sobreviviera y respecto del segundo se informó que habría fallecido. Con ello y sin más, en fecha 16 de octubre de 2018 el Juzgado volvió a poner fin a las diligencias, esta vez con una decisión de carácter definitivo: el archivo de la causa por prescripción de los delitos denunciados. La exhumación de los restos mortales de los cinco maestros y dos personas más (aun sin identificar) se llevó a cabo gracias a una campaña de financiación por parte de la asociación soriana que se recogió en https://recuerdoydignidad.org/exhumacionesensoria/

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El Tribunal Supremo se pronuncia sobre Memoria Histórica por primera vez desde 2012 | Recuerdo y Dignidad - Notas de prensa

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La sentencia sobre la fosa de los maestros ignora por completo los informes de NNUU y cierra la puerta a la Justicia para los desaparecidos del franquismo El pasado martes 16 de febrero de 2021, el Tribunal Supremo español volvió a pronunciarse, al cabo de 9 años, sobre la cuestión de los desaparecidos tras el levantamiento militar del 18 de julio de 1936.

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Entrevista al historiador Francisco Espinosa, autor de varios libros de investigación sobre la represión franquista.

El libro 'Por la sagrada causa nacional', del historiador Francisco Espinosa, pone nombres y apellidos a militares, falangistas, propietarios, autoridades locales, delatores y víctimas del franquismo
https://www.eldiario.es/sociedad/francisco-espinosa-historiador-franquismo-queda-ideologia-impide-avanzar-transmite-generacion-generacion_128_6669407.html
El libro 'Por la sagrada causa nacional', del historiador Francisco Espinosa, pone nombres y apellidos a militares, falangistas, propietarios, autoridades locales, delatores y víctimas del franquismo

Francisco Espinosa/Foto cedida

Más allá de las páginas gruesas está "la historia de la gente". Y ahí ha entrado el historiador Francisco Espinosa con Por la sagrada causa nacional. Historias de un tiempo oscuro. Badajoz, 1936-1939 (Editorial Crítica). Un libro que pone nombres y apellidos a militares, falangistas, propietarios o autoridades locales de aquel "Nuevo Orden" franquista, y a la represión de los vencidos, una purga con un único límite: "no acabar con la mano de obra necesaria".

Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) retrata "a qué quedó reducida la vida en la España rural tras la matanza del 36". Y deja ver las consecuencias: del franquismo "queda la ideología que impide avanzar, que aún late con fuerza en ciertas instancias políticas, judiciales, civiles, militares y eclesiásticas y que se transmite de generación en generación", avisa el escritor en esta entrevista para elDiario.es.
La desmemoria, como caldo común, "fue fruto de una educación absolutamente ideologizada que se perpetuó en la Transición y que abarcaba desde la enseñanza primaria hasta la universitaria". Todo en un país, dice el autor de Por la sagrada causa nacional (el libro sale a la venta el próximo 13 de enero), donde los frenos los ponen "la existencia de una derecha que nunca ha roto con el franquismo y de una izquierda que decidió que el pasado no existía". En 'Por la sagrada causa nacional' aborda la represión franquista. ¿Tanto queda por contar?
En realidad trata de mostrar a qué quedó reducida la vida en la España rural tras la matanza del 36, entre 1937 y 1939, período que si en algunas zonas del país fueron años de guerra, en otras solo hubo espacio para la represión de los vencidos y desafectos al Nuevo Orden. En Badajoz se dieron las dos situaciones. Está claro que queda mucho por contar, sobre todo teniendo en cuenta que ciertos fondos documentales de carácter judicial y militar siguen aún vetados para la investigación pese a cumplir los plazos legales marcados por la ley.
¿Qué significaron la violencia, el expolio o las denuncias para la construcción de ese "Nuevo Orden" de la dictadura?
El Nuevo Orden se impuso por el terror y mediante un calculado plan de exterminio que buscaba la paralización absoluta de aquellos sectores que habían apostado por la democracia en España desde el surgimiento de los grandes partidos y sindicatos obreros desde fines de siglo XIX hasta la lenta consolidación de las opciones políticas de izquierdas, es decir, todo el proceso que condujo y dio vida a la experiencia de la II República. La única forma de arrasarla fue eliminando a aquellas personas que más se habían comprometido públicamente con ella y haciendo la vida imposible a los que permitieron seguir viviendo. El único límite de la purga siempre fue no acabar con la mano de obra necesaria para no poner en peligro la vida económica.
Las historias que cuenta están centradas en Badajoz pero, ¿son extrapolables a casi cualquier punto del país?
Aunque se refieran a Badajoz representan bien lo que ocurrió en las zonas rurales que fueron ocupadas en los meses que siguieron al golpe militar. Hablo pues de más de la mitad del país: Andalucía occidental, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Navarra, parte de Aragón y de las Baleares o Canarias. Considero este trabajo como una nueva entrega de la historia de la provincia, de la que ya he mostrado su papel como una de las zonas clave de la reforma agraria republicana y la terrible experiencia que supuso la subida de las columnas fascistas desde Sevilla en agosto de 1936.
Aparecen en su libro historias de militares, falangistas, propietarios, autoridades locales e incluso "conflictos internos entre las fuerzas vivas". ¿Cómo cuáles?
A través de una serie de apartados he mostrado aquella realidad por medio de lo que podríamos llamar la historia de la gente. Sus nombres rara vez llegarán a las grandes obras sobre el ciclo abierto en 1931 y cerrado en 1978, pero yo he querido darles la voz que nunca tuvieron contando sus peripecias vitales. A ello se dedican los apartados dedicados a la represión y a su irracionalidad, al gran saqueo de los vencidos, al fomento de las denuncias o a la simple lucha por la vida. Hay también otro apartado dedicado a los conflictos internos entre los vencedores y a los problemas creados por el envío de hombres al frente. Es muy interesante verlos a todos actuar en aquel contexto, unos por imposición y otros pregonando que todo lo hacían por la Sagrada Causa Nacional.

Inauguración de una Cruz de los Caídos en 1939
¿La violencia contra la mujer tenía un carácter especial o específico? ¿Qué ejemplos aparecen en esta obra?
Hay un apartado específico dedicado a la violencia sobre la mujer, por más que también aparezca en otros. Fueron represaliadas por el mismo hecho de ser mujeres, por el protagonismo de muchas de ellas durante la República y también por su relación familiar con hombres detenidos, asesinados o desaparecidos. Sus historias confirman el estado absoluto de indefensión en que quedaron cuando desapareció el estado de derecho. Daba igual la edad, como muestra la violación de una anciana delante de su nieta. Otro caso ocurrido nos permite ver cómo la violación de rojas no era delito para los militares fascistas. Todo dependía de quién lo hiciera, ya que no era lo mismo ser un nadie como el violador de la anciana a ser falangista e informante de la Guardia Civil.
Y también hay historias de testigos, vecinos, víctimas...
Entre esas historias mencionaré algunas como la peculiar documentación que nos permite asistir desde una doble perspectiva a la ocupación de San Vicente de Alcántara. O la depuración en torno al incautado diario Hoy, las andanzas de individuos como el subjefe provincial de Falange Ramón Carande Uribe, el alcalde de Fregenal Manuel Guridi o el de Azuaga, Adolfo Bustamante, los sobresaltos que afectaron a gente de orden como Tomás Rabanal o Bernardo Ezquer, la desconocida historia de Rodrigo González Ortín, el autor del panfleto Extremadura bajo la influencia soviética; los conflictos entre Falange y Requeté a costa de la incorporación de algunas de sus fuerzas al frente o ante el decreto de unificación y, cómo no, la simple lucha por la vida en casos como el del teniente de alcalde de Azuaga Miguel Muñoz Murillo o el maestro freinetiano Maximino Cano Gascón en Montijo. Son historias que confirman una vez más que la realidad supera a la ficción y que muestran sobre qué cimientos se edificó el franquismo.
Y tira para su investigación de 60 expedientes, es decir, de sumarios instruidos por los propios golpistas.
La base documental está constituida por una serie de expedientes judiciales militares pertenecientes en su mayor parte al Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, aunque también los hay de archivos similares de Madrid y Málaga. Dicha documentación representa una fuente de inmenso valor y al mismo tiempo una muestra de lo que podemos llamar documentación de parte. Todo en ella ha pasado por el filtro de los vencedores, empezando por las declaraciones de los encausados, transcritas a su estilo y manera por el personal judicial-militar. Si no le quitamos ese filtro seguirá expresando la ideología de los vencedores. El problema es que resulta muy fácil dejarse absorber por las palabras del poder.
La represión y su carácter poliédrico estallan sobre todo en esos años de la guerra pero continúan en la etapa dictatorial, ¿es una violencia sin límite contra los derrotados?
El ciclo represivo iniciado con el golpe militar de 1936 se prolongó sin interrupción hasta 1944, en que la situación internacional con el hundimiento del nazifascismo aconsejó parar. Sin embargo, una vez visto que los aliados no iban a intervenir en España y ante la permanencia y revitalización de la lucha guerrillera, el régimen inició una nueva etapa represiva que se extendió por la segunda mitad de los cuarenta y en algunos casos hasta ya entrados los años cincuenta. Hablamos pues de un ciclo de dos décadas.
Los relatos tienen nombres y apellidos. Hace poco vimos la denuncia de un descendiente de una persona que participó en el juicio a Miguel Hernández. ¿Teme que alguien se pueda revolver con este libro?
No creo. Todo lo que en el libro se dice cuenta con respaldo documental y no precisamente de origen rojo sino de la justicia militar franquista. Lo importante hay que transcribirlo literalmente para que no haya dudas, procurando que quede clara la secuencia temporal y las vicisitudes de cada caso desde que se iniciaron las actuaciones hasta las firmas finales del auditor y de Queipo. Es la única manera de desvelar la irracionalidad de aquellas pantomimas pseudojudiciales. Debe quedar claro que, aparte de lo que se puede sacar para exponer cada caso, los documentos dan para mucho más y se encuentran disponibles en el archivo para todos los que deseen verlos. Doy las referencias de todos ellos. En algunos casos me he servido también de las investigaciones locales, que en Badajoz han sido bastantes.
Pasan los años, las décadas, y España sigue sin resolver la mayor parte de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por los golpistas y luego por el franquismo. ¿Por qué?
Es normal que este proceso lleve tiempo. Frente a casos como el alemán, el austríaco o el italiano la particularidad española es que el fascismo español se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, disponiendo de cuatro décadas para ir adaptándose a las circunstancias de cada momento. A esto se añade el modelo de transición continuista y, en la misma línea, la existencia de una derecha que nunca ha roto con el franquismo y de una izquierda que decidió que el pasado no existía. Quizás de ahí vengan cierto tipo de sucesos que nunca han desaparecido y que con el paso de los años parece que han ido a más, hechos que nos recuerdan un pasado indeseable que nunca se ha ido.
Entre los pilares de la impunidad de los crímenes franquistas están la cuestión económica, las grandes fortunas nacidas del uso de los derrotados como botín de guerra, y la Educación, el sometimiento premeditado de la sociedad a la ignorancia de su propio relato, a la desmemoria. ¿Lo ve así?
No hay que olvidar que el franquismo conformó la sociedad española durante cuarenta años y que el discurso dominante de la transición consolidó un modo de afrontar el pasado que caló en la clase media surgida al calor del desarrollismo. A la oligarquía económica, llegado un momento, le pareció estrecho el marco de actuación que le ofrecía la dictadura y vio bien la transición controlada. Por su parte la desmemoria fue fruto de una educación absolutamente ideologizada que se perpetuó en la transición y que abarcaba desde la enseñanza primaria hasta la universitaria. En todo ello jugó un papel clave la Iglesia española, que aún sigue en su batalla con el dinero de todos.
¿Qué le parece que el actual Gobierno de España proyecte una nueva Ley de Memoria Democrática?
La lucha por la memoria se inició en España a mediados de los noventa y tuvo su momento álgido en la década pasada hasta que se cerró en falso cuando desde la política y la justicia se acabó con la iniciativa del juez Garzón y lo que quedó fue una ley de memoria que no cubría en modo alguno las expectativas planteadas. Lo de ahora es un nuevo intento que veremos en qué queda. Hay que partir de que al igual que es imposible pactar con la derecha una ley de educación mientras no se derogue el concordato, también lo es llegar a un acuerdo en este terreno. ¿Qué se puede esperar de partidos que incluso niegan la existencia de desaparecidos y de fosas comunes?
¿Cómo explicaría el deber de Memoria, la necesidad de conocer y contar bien la Historia?
Algunos historiadores europeos sensibilizados contra la tergiversación interesada del pasado han mantenido que el primer deber de la democracia es la memoria. Se entiende que en España esta tarea no se iniciara en la transición con todo el aparato franquista aún activo pero no se entiende en modo alguno que no se hiciera nada entre 1982 y 1996. Tengamos en cuenta que en nuestro país fue el impulso social el que tanto desde la historia como desde la memoria exigió y consiguió que se mirara al pasado para dar sentido al presente. Gracias a ese empuje, realizado por lo general por lo que a la historia se refiere desde ámbitos ajenos al mundo académico, se abrieron espacios que la historia oficial había decidido mantener cerrados. Investigación histórica hay de sobra; lo difícil es trasladar ese conocimiento a la sociedad.
¿Qué queda hoy de todo aquel "oscuro mundo"?
Queda la ideología que impide avanzar, que aún late con fuerza en ciertas instancias políticas, judiciales, civiles, militares y eclesiásticas y que se transmite de generación en generación. Y queda la desidia, el abandono y la falta de voluntad política que impide poner al servicio de la sociedad la documentación depositada en numerosos archivos, lo que viene a ser como si no existieran. Sin duda se ha avanzado mucho a lo largo de estas cuatro décadas pero ha sido un proceso demasiado lento y trabajoso debido a las trabas constantes que se han presentado una y otra vez. En todo caso, pese a todo, queda mucho por hacer.

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Francisco Espinosa, historiador: "Del franquismo queda una ideología que impide avanzar y se transmite de generación en generación"

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Entrevista al historiador Francisco Espinosa, autor de varios libros de investigación sobre la represión franquista. El libro 'Por la sagrada causa nacional', del historiador Francisco Espinosa, pone nombres y apellidos a militares, falangistas, propietarios, autoridades locales, delatores y víctimas del franquismo https://www.eldiario.es/sociedad/francisco-espinosa-historiador-franquismo-queda-ideologia-impide-avanzar-transmite-generacion-generacion_128_6669407.html El libro 'Por la sagrada causa nacional', del historiador Francisco Espinosa, pone nombres y apellidos a militares, falangistas, propietarios, autoridades locales, delatores y víctimas del franquismo Francisco Espinosa/Foto cedida Más allá de las páginas gruesas está "la historia de la gente".

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La legislación memorialista tendrá una vida extra. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos lleva al Consejo de Ministros un proyecto clave de la legislatura: la nueva ley de Memoria Democrática. La norma sustituirá a la aprobada en 2007 y afronta las claves que aquel texto ha dejado sin resolver, como activar un plan estatal para abrir fosas, ilegalizar la Fundación Franco y la apología del fascismo, "resignificar" el Valle de los Caídos o introducir la "memoria democrática" en las aulas.

La futura ley se centrará en lograr el "reconocimiento de las víctimas" y su "dignificación" a través del "deber de memoria del Estado", en palabras de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. El Ejecutivo espera culminar la tramitación parlamentaria antes de final de año.

La actual Ley de Memoria Histórica cumple 13 años el próximo mes de diciembre. Y desde la sociedad civil, motor real de la lucha memorialista, la crítica al marco legal llegó desde el minuto uno. Porque al texto ejecutado bajo presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero le faltaba intención, al pasar de puntillas por los conceptos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como exige Naciones Unidas.

"Si no hay voluntad política, una ley no sirve de nada", resume el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. "Muchas de las cosas que reclamamos al Gobierno se pueden llevar a cabo desde el poder Ejecutivo mañana mismo sin tener que someterlo a un proceso parlamentario", añade.

Coincide en el diagnóstico el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Julio del Olmo. "Me importan sobre todo las acciones, las actuaciones, y en este país se deja pasar el tiempo, de tal manera que justicia y reparación ni han llegado ni van a llegar a las víctimas, sencillamente porque han muerto, y de sus hijos, hoy muy mayores, solo quedan los que eran muy niños", explica.

Desde un extremo de la península surge un análisis similar. "La ley de Memoria de 2007 de Zapatero llegó tarde, era escasa en sus contenidos y fue incumplida en su gran mayoría", en palabras del presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Rebolledo. Sí hay "ilusión y esperanza", en cambio, con una nueva norma "llena de buenas voluntades".

Claves de la nueva Ley de Memoria

Abrir las fosas. El Estado asume de oficio la búsqueda de los desaparecidos forzados. Pondrá en marcha un plan nacional de localización de tumbas ilegales, exhumación e identificación genética. España es uno de los países con más fosas comunes en el mundo y el Gobierno de coalición pretende acabar con una anomalía que señalan las propias víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas. La creación de un Banco de ADN, un censo de víctimas y una Fiscalía para investigar los crímenes franquistas asienta uno de los cometidos clave asociados a la nueva Ley de Memoria.

Rastreo al franquismo. La ilegalización de la apología del fascismo extinguirá instituciones contrarias a los valores democráticos, caso de la Fundación Franco, y otras como la del Valle de los Caídos, que vivirá una "resignificación" del espacio para convertirlo en un lugar de Memoria Democrática. La nueva ley suprimirá los títulos nobiliarios y honores de origen franquista y revocará las medallas policiales que disfrutaron torturadores como Billy el Niño. La parafernalia simbólica del golpe de Estado y la dictadura también será eliminada. Las instituciones que incumplan estos preceptos quedarán fuera de ayudas públicas y subvenciones.

Contra la justicia golpista. El Gobierno sustenta la ilegitimidad de los tribunales franquistas y declarar nulas sus condenas. Además pretende abrir el melón de la represión económica, con una suerte de auditoría del expolio a los derrotados. La norma busca reparar a los presos políticos y trabajadores esclavos.

Abolir la memoria de la dictadura. La violencia contra las mujeres tendrá un tratamiento especial en cuanto a elementos de reconocimiento y reparación. La propia consideración de víctima quedará enmarcada en el texto. La Memoria Democrática también entrará en los centros educativos, desde Educación Secundaria Obligatoria. La ley agilizará el acceso a los archivos como garantía de conocimiento.

La próxima legislación establece un régimen sancionador que alcanza hasta 150.000 euros de multa para infracciones muy graves. Y apunta dos fechas en el calendario memorialista: el 31 de octubre como el Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas y el 8 de mayo como Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio. La primera coincide con la aprobación en 1978 de la Constitución y de la Ley de Memoria en 2007, la segunda con la victoria sobre el fascismo y el nazismo, según el borrador al que han tenido acceso medios como Infolibre o El Periódico.

"Restitución de las víctimas"

"La primera acción de restitución de las víctimas es encontrarlas, identificarlas, que sus familiares las puedan tener y darles sepultura con el honor que les corresponde", señala Carmen Calvo. Y que no exista ninguna fundación "que pueda enaltecer, promover o promocionar ideas totalitarias, contrarias a la memoria democrática que nos ha traído hasta aquí".

"Ojalá se cumplan todas las cuestiones planteadas, pero vamos con mucho retraso ya con las víctimas y con la sociedad", afirma Andrés Rebolledo. La ley "es ambiciosa en su contenido con aspectos muy importantes", subraya. El deber de Memoria "debe estar por encima de derechas e izquierdas, es responsabilidad del Estado resolver esta asignatura pendiente que mantiene al país y a la sociedad anclada, no en el pasado como algunos quieren hacer creer sino en la injusticia y en la impunidad", apuntan desde el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar.

"La Ley de la Memoria 52/2007 no se responsabilizaba de algunas cuestiones fundamentales y de manera inexplicable hablaba de facilitar las exhumaciones cuando lo que debería haber hecho el Gobierno era responsabilizarse de ellas, algo que tenía un importante apoyo social como mostraba la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que llevó a cabo una encuesta específica sobre la memoria previa de la ley", recuerda Emilio Silva.

"Y con respecto a lo que sabemos de la nueva ley el tratamiento que pretende darle el Gobierno al tema de los desaparecidos conserva parte de ese espíritu porque habla de subvencionar asociaciones que lleven a cabo la búsqueda de esas personas", apunta el presidente de la ARMH. Es "difícil entender que el Estado no quiere atender directamente a las víctimas", incide, y critica los días conmemorativos elegidos como "dos fechas fallidas".

La de 2007 "era una ley que no tenía desarrollo", según Julio del Olmo. El marco, que cumple 13 años en diciembre, no regula "cuestiones importantes como la búsqueda de desaparecidos o el acceso a los archivos". Y otras "como la retirada de nombres o símbolos" franquistas, al final, "dependen únicamente de la voluntad del político de turno". Una rémora que ha acabado provocando "retrasos que obedecen a una clara política de dejar pasar el tiempo para que este tema sea tratado desde perspectivas únicamente históricas, dejando a un lado los aspectos de justicia y reparación de las víctimas", dice el presidente de la ARMH de Valladolid.

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Vida extra para la Ley de Memoria: "Si no hay voluntad política, no sirve de nada"

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La legislación memorialista tendrá una vida extra. El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos lleva al Consejo de Ministros un proyecto clave de la legislatura: la nueva ley de Memoria Democrática.

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Se cuenta que allá en los años 60 se andaba discutiendo en las Cortes de la época un aumento del horario escolar dedicado a la práctica de la gimnasia en detrimento del latín. Signo de los tiempos, el "¡Contamos contigo!" era más importante que el Cogito, ergo sum y acarreaba menos problemas. El cordobés José Solís Ruíz, ministro secretario general del Movimiento -para los millenials, el partido único- defendió el proyecto con su peculiar gracejo: "Porque en definitiva ¿para qué sirve hoy el latín?". Dicen que de aquella bancada somnolienta se elevó la voz de un procurador -para la generación Z, un señor inquebrantablemente adicto al sistema que para sentarse en el hemiciclo no necesitaba pasar por el engorroso trámite de unas elecciones, sino ser señalado directamente por el dedo todopoderoso del Caudillo-. Se trataba de Adolfo Muñoz Alonso, profesor de la Universidad Complutense, amante a partes iguales de la cultura clásica y de los juegos de azar. No en balde, el Glorioso Movimiento Nacional le había sorprendido en Roma, donde estudiaba Teología, mientras participaba en una timba. Con la confianza existente entre camisas viejas, el catedrático espetó a "la sonrisa del Régimen": "Por de pronto, señor ministro, para que a Su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no otra cosa".

Sirva la anécdota para saber cuándo comenzó la actual relegación a la insignificancia de las lenguas clásicas que ha empobrecido irremediablemente la cultura ciudadana, en general, y la política en particular. A estas alturas, no es extraño que haya entre nuestros representantes quien parece desconocer la etimología de ciertos términos cultos de nuestro idioma que proceden del acervo clásico. Por ejemplo, no ha sido la primera vez -ni será la última porque, como estableció Carlo M. Cipolla, es norma de conducta de los estúpidos no descansar- que se imputa la comisión de terribles delitos políticos a personas que lucharon contra el franquismo en cualquiera de sus fases, desde la embrionaria a la terminal. Eso pasa, entre otras cosas, por no tener claro el origen y significado de la palabra "amnistía".

Todo tendría un cierto remedio si el escarmiento consistente en el pago de indemnizaciones por injurias y calumnias llevara aparejada la pena accesoria de asistencia a unas clases elementales de griego o la copia cien veces repetida de la definición del diccionario de la RAE. "Amnistía" significa originariamente "olvido". En términos jurídicos, es el "perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores".

En la España contemporánea, la amnistía fue una reivindicación histórica de la oposición siempre que se produjo el declive de un régimen opresivo. Se demandó tras la muerte de Fernando VII en 1833; se reclamó con la Gloriosa revolución de 1868 que echó a los Borbones; se exigió tras la represión de la comuna asturiana de octubre de 1934; se convirtió en un clamor, en última instancia, tras la muerte de Franco en noviembre de 1975. La campaña por la amnistía -"¡Amnistía, Libertad!" fue la consigna más coreada en los inicios de la transición- en pos de la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados constituyó una impugnación total del régimen que los había proscrito, encarcelado y expulsado de su patria.

La campaña proamnistía que toda la oposición, con el apoyo de la sociedad civil, los sectores profesionales, los artistas e intelectuales, los medios de comunicación democráticos y el movimiento obrero, estudiantil y vecinal, desplegó con intensidad entre noviembre de 1975 acabó materializándose en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, emanada del primer parlamento electo por sufragio universal desde el 16 de febrero de 1936: tal era, no hay que olvidarlo, su inmediato precedente. En su artículo Primero, punto I, apartado a) la norma amnistió "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis"; en su artículo sexto declaró "la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio"; y en el séptimo, apartado c) ordenó "la eliminación de los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales".

Después de esto, llamar terrorista a alguien por haber militado contra el franquismo, incluso en los grupos que postulaban el tácticamente discutible empleo de la violencia para derribarlo puede ser un desahogo de barra de bar, pero parece un argumento poco sólido si procede de alguien a quien se le supone una solvente formación académica. Como en este caso, a diferencia de otros precedentes, no cabe la presunción de estupidez la pertinacia en la imputación adquiere interpretaciones inquietantes. Asumir como válida la descalificación de "terrorista" supone dar por bueno lo que establecía el Decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, sobre prevención del terrorismo. En su preámbulo dejaba constancia de manera indubitable de la línea de continuidad entre la guerra civil y la situación existente en 1975, más allá de la charlatanería de la campaña de los XXV Años de Paz: "Se reitera la declaración de ilegalidad de los grupos u organizaciones que están ya definidas como ilegales en disposiciones anteriores de no derogada vigencia: decreto de trece de noviembre [errata: fue septiembre] de mil novecientos treinta y seis; Ley de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve; Ley de quince de noviembre de mil novecientos setenta y una, y artículo ciento setenta y tres del Código Penal. Se incluyen en el Decreto Ley por tratarse de organizaciones cuyas ideologías propugnan la utilización de la violencia y del terrorismo como instrumentos de acción política".

Para ahorrarles la búsqueda: era el corpus integrado por el decreto de ilegalización de "todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en fecha 16 de febrero [de 1936] han integrado el llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional" ( Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. Burgos, 16 septiembre 1936, Número 22); la Ley de Responsabilidades Políticas, a la que uno de sus muñidores, el filonazi Ramón Serrano Suñer, se refirió en un rasgo de humor privado como "la Justicia al revés" porque imputó los delitos de sedición y rebelión militar a los que defendieron al gobierno legítimo contra los verdaderos insurrectos; y la Ley de reforma del Código Penal que contemplaba en sus artículos 173 y 174 la persecución de toda "asociación que tuviere por objeto la subversión violenta, la destrucción de la organización política, social, económica o jurídica del Estado, el ataque a la integridad de sus territorios, la seguridad nacional o el orden institucional".

El punto cuarto del Decreto Ley de 1975 se encargó de tipificar los objetos de la represión y las consecuencias derivadas de situarse en su punto de mira: "Declarados fuera de la Ley los grupos u organizaciones comunistas, anarquistas, separatistas y aquellos otros que preconicen o empleen la violencia como instrumento de acción política o social, los que organizaren o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que, mediante sus aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera auxiliaren al grupo u organización, incurrirán respectivamente en el grado máximo de las penas previstas en el Código Penal para las asociaciones ilícitas de aquella naturaleza".

En resumidas cuentas, toda forma de oposición era considerada como terrorista y, para combatirla, se recurrió a la aplicación continuada de un código punitivo del vencedor. De ello cabe deducir que "terrorista", por su omnicomprensividad, no significaba nada más que lo que la propia dictadura quería que significase y que esta, por su interpretación arbitraria de la justicia, nunca fue un Estado de derecho homologable a las democracias occidentales. En aquellas circunstancias, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconocía implícitamente "el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión" cuando aquellos no estuvieran "protegidos por un régimen de Derecho". Por lo tanto, un demócrata no puede, sin quebrantar esta condición, hacer suyas las calificaciones penales de un régimen totalitario ni estigmatizar con los términos tomados del arsenal de la dictadura a quienes la combatieron.

Otra cosa es que se le dé al concepto de amnistía una interpretación distinta basándose en el contexto en que se promulgó. Como señaló Vázquez Montalbán, el resultado de la transición se decidió según una correlación de debilidades. Al descontextualizar las condiciones en que se llevó a cabo ese proceso complejo, contradictorio y violento -2.300 sucesos, 700 muertos- que fue la transición en sí se llegó a la mitificación en el relato de la transición para sí: un tránsito idílico de la dictadura a la democracia bajo el sabio patroneo de un puñado de grandes hombres.

De la amnistía como concepto político impugnador se pasó a la amnesia -pérdida o debilidad notable de la memoria- como fenómeno social. Dos términos griegos con idéntica raíz, pero significados diferentes. La mayoría de los franquistas se invistieron como demócratas admitiendo someter el gobierno el poder ya es otra cosa- al albur de unas elecciones mientras las distintas variantes de oposición adquirieron el derecho a respirar dejando jirones de renuncias a sus respectivos programas máximos. No solo no se pidieron responsabilidades a quienes habían usufructuado los beneficios de la dictadura, sino que ni siquiera se exigieron a los sayones que se habían enfangado defendiéndola en los sótanos de las comisarías. La Ley 46/1977 incluyó un artículo segundo que en sus apartados e) y f) contemplaba la amnistía para "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley" y a "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas". Por perdonarles, hasta se les permitió que conservaran sus haberes y premios.

De aquellos polvos, estos lodos. La derecha rearmada ideológicamente por esa forma de politización del rencor que es el aznarismo parece haber decidido que el perdón asimétrico tenía fecha de caducidad. Los paladines del no mirar al pasado, los que se mofan de quienes buscan a su abuelo en una cuneta sacan a relucir Paracuellos, la Causa General o las sentencias del TOP cuando conviene. No hay escrúpulos para referirse al franquismo como una arcadia feliz ni obstáculos a que se conciba como una variedad de sincretismo antipolítico en el que se aúnan el colegio de pago, el botellón, Sotogrande y los tótems de la tribu en confusa mezcolanza. La amnesia fomentada por décadas de discursos miríficos, una concepción teleológica de nuestra historia reciente y la seguridad que proporciona un modelo de impunidad cristalizado han tenido como efecto la absoluta desvalorización de los costes que asumieron los auténticos protagonistas de la lucha por las libertades de todos.

Las guarimbas motorizadas que recorren las calles del barrio de Salamanca y sacuden españazos a la prensa bien podrían hacerlo al grito de ¡Amnesia y libertad! El sistema educativo ha fracasado en la enseñanza de nuestra historia reciente a las jóvenes generaciones y no existe un equivalente español del Museo de Aljube de Lisboa, un centro de interpretación histórico-cívica de la clandestinidad, porque no ha habido voluntad política de ello y el edificio que lo podría haber albergado, la antigua prisión de Carabanchel, fue asolado para edificar pisos, en lo que constituye una ilustrativa metáfora de nuestra sociedad y de nuestro tiempo.

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Llamar terrorista a alguien por haber militado contra el franquismo, incluso en los grupos que postulaban el tácticamente discutible empleo de la violencia para derribarlo, puede ser un desahogo de barra de bar pero parece un argumento poco sólido si procede de alguien a quien se le supone una solvente formación académica.

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Sanfermines de 1978. Varias personas despliegan una pancarta por la amnistía y la Policía Armada interviene, matando al estudiante Germán Rodríguez de un disparo y dejando tras de sí a más de 150 personas heridas. El Tribunal Constitucional ha sobreseído la causa.

Jesús Rodríguez Barrios, siendo estudiante de Ciencias Económicas y militante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), fue detenido en 1974 en Madrid por miembros de la Brigada Político Social. Fue torturado, entre otros, por Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño'. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado después de que se archivara su causa.

Así ha pasado también con las querellas interpuestas por Miguel Ángel Gómez Alvarez, Luís Miguel Urbán Fernández, Felisa Echegoyen, Rosa María García Alcón, Willy Meyer o Chato Galante, todos ellos torturados por Billy el Niño y otros policías.

Y también han corrido las misma suerte las querellas presentadas por Lucila Aragó y las otras once personas que han denunciado las torturas recibidas de manos de Benjamín Solsona en Valencia.

"No hay ninguna admitida a trámite", resume Jacinto Lara, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ( Ceaqua). En los últimos años, esta organización ha apoyado la presentación de hasta 61 querellas relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista. Casi todas han sido ya rechazadas por la justicia española.

"En el caso de una de ellas, la presentada por el Ayuntamiento de Rivas, ni siquiera sabemos en qué fase está", explica Lara. La querella de Rivas-Vaciamadrid trata los delitos de detención ilegal, torturas, lesiones y asesinato denunciados por cuatro ciudadanos de este municipio madrileño. En enero de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad madrileña aprobó presentar la querella, que en enero de 2019 fue inicialmente admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Según explican desde Ceaqua, el juzgado pidió al Ayuntamiento que presentara una fianza de 10.000 euros y, cuando este recurrió el auto por el que se reclamaba la fianza, se encontró con que la Audiencia Provincial de Madrid rechazaba que la causa hubiera sido admitida a trámite. "No hay aun inadmisión", aclara Jacinto Lara.

61 querellas interpuestas

En los últimos años han sido 12 los ayuntamientos y diputaciones que han presentado querellas por crímenes cometidos por el régimen franquista en sus localidades. A las presentadas por Pamplona y Rivas-Vaciamadrid se suman muchas otras: la presentada por el Ayuntamiento de Vitoria por la matanza del 3 de marzo de 1976 en esta localidad -pendiente de un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas-, la del Ayuntamiento de Elgueta (Gipuzkoa) -sobre los atentados y bombardeos perpetrados en esta localidad entre 1936 y 1970-, las de los ayuntamientos de Arrasate y Miranda del Ebro, la de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y las de los ayuntamientos de Barcelona -por los crímenes cometidos contra el colectivo LGTB en la ciudad y contra Carlos Rey, redactor de la sentencia de muerte de Salvador Puig-Antich- o de Bergara. Todas están pendientes de los recursos presentados ante sus archivos ante sus respectivas audiencias provinciales.

La causas emprendidas por la Asociación AltraItàlia y el Ayuntamiento de Barcelona, por una parte, y por el Ayuntamiento de Durango, por otra, relativas a los bombardeos que la aviación italiana, realizaron sobre estas poblaciones entre 1937 y 1939 en apoyo a los golpistasson las únicas que en este momento siguen investigándose por parte de los órganos judiciales vascos y catalanes. "Pero está bastante paralizada ahora porque está siendo casi imposible encontrar a los pilotos", explica Anaïs Franquesa, abogada que se encargó de la redacción de las querellas, en relación con la causa de Barcelona.

Además de las querellas presentadas por estas instituciones, los juzgados españoles han recibido y rechazado hasta 49 querellas interpuestas por personas particulares por crímenes del franquismo. De ellas, 36 son relativas a las torturas infringidas por agentes de la Policía franquista. Hasta 17 se dirigen contra Billy el Niño y otros agentes de la Brigada Político Social en Madrid y otras cinco contra agentes en Valencia liderados por el expolicía Benjamín Solsona.

De todas las querellas presentadas por torturas, una está pendiente de la respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU y otras tres de la respuesta a las peticiones de amparo presentadas ante el Tribunal Constitucional. Este mismo alto tribunal ya ha rechazado los recursos de amparo de otras cuatro. Otras 20 están pendientes de que las diferentes audiencias provinciales resuelven los recursos a sus archivos y las cinco restantes de la admisión a trámite en los distintos juzgados, habiendo pedido ya la Fiscalía su sobreseimiento.

Por último, la Audiencia Provincial de Navarra debe resolver sobre el recurso presentado ante el archivo de la querella interpuesta por el colectivo Sanfermines 78 Gogoan contra Rodolfo Martín Villa por los sucesos de los Sanfermines de 1978 y la Audiencia Provincial tiene en su mesa os recursos de doce causas presentadas por las familias de doce personas fusiladas y enterradas en fosas comunes en Paterna.

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La justicia española da la espalda a 59 de las 61 querellas presentadas por crímenes del franquismo

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Ceaqua lamenta que los juzgados españoles han ido archivando prácticamente todas las querellas presentadas, tanto por particulares como por instituciones, por crímenes del franquismo. La causa por el bombardeo de la aviación italiana en Barcelona es una de las pocas que sigue en fase de investigación.

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En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.

"Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo", define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.

En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.

Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.

"Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas", insiste el decreto de creación, además de "garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz".

Entre los objetivos se mencionan "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido", "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país" y "promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia".

"La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado".

En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.

Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.

El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad ( IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).

La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.

También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.

Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.

Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados "años de plomo" del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.

Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas mortales (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.

Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.

Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.

Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.

"Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo", nos dice el ITCJ.

La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.

La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.

Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada Ley de la Memoria Histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.

Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados...

Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).

Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.

Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.

La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.

Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.

Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.

En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo ( aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.

En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.

Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

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Comisiones de la verdad, versión española

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En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

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Irene de la Cuerda,
secretaria de Acción Social del Comité Confederal de la CGT

"Privados de libertad y de los más elementales derechos civiles, despojados de sus pertenencias y propiedades, hacinados en recintos inmundos, arrancados de su tierra, sus familias, sucios, hambrientos, condenados a penas enormes... fueron reducidos tras la guerra, literalmente a la esclavitud, esto es, a la explotación de su fuerza laboral en beneficio de los vencedores del Nuevo Estado, de las empresas privadas afectas o de la Iglesia, siendo ésta la que organizaría ideológicamente este sistema de explotación que, abarcando todas las modalidades de trabajos forzados, recibiría el nombre de Redención de Penas por el Trabajo." - Rafael Torres " Los esclavos de Franco" Anaya-Oberon. 2000.-

Dentro del plan de depuración y sometimiento, mediante la eliminación física, la implantación del terror y el adoctrinamiento de las clases populares que se opusieron al golpe militar fascista del 18 de Julio de 1936, el trabajo esclavo ocupa un papel relevante como método de control, adoctrinamiento y aprovechamiento económico de la enorme fuerza de trabajo que representaban los miles de prisioneros de guerra capturados por los golpistas en el devenir de la guerra civil.

A principios de 1937 se acondicionaron lugares para la reclusión y clasificación de los prisioneros de guerra en el frente del norte y se crearon las Comisiones de Clasificación en Orduña y Murgia y en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Ya en abril de ese año, se crean los primeros Batallones de Trabajadores, los cuales supondrían la primera fórmula que pone en marcha el régimen para el aprovechamiento de la mano de obra esclava.

A partir de 1939, con el final de la guerra, el régimen crea todo un enramado de explotación de los vencidos con la creación de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST), compuestos por los jóvenes de las quintas de 1936 a 1940, muchos de los cuales ya formaban parte de los Batallones de Tabajadores (BBTT). Se crean también los Batallones de Trabajadores Penados, a partir de 1940, a partir de la fórmula del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que es el eufemismo con el que se pasa a denominar a los campos de concentración con el fin de descongestionar las cárceles. Este organismo, dependía de Presidencia del Gobierno, pero su gestión estaba ligada al Ministerio de Justicia y al ejército.

Al Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas se le dotó de un soporte ideológico de adoctrinamiento y reeducación gestionado por el jesuita Pérez del Pulgar a través del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, convirtiéndose en una verdadera factoría de aprovisionamiento de mano de obra a las instituciones del régimen, la Iglesia y las empresas privadas afectas.

El sistema de campos de concentración-explotación franquista se extendió como una mancha de aceite por toda la geografía del Estado, no hay territorio ni ciudad donde no se pueda seguir el rastro de la explotación esclava, desde Aragón a Cantabria, de Euskadi a Andalucia, pasando por Castilla y Extremadura, los esclavos del franquismo reconstruyeron ciudades, construyeron carreteras y fortificaciones en el Plan de Defensa del Pirineo, aeródromos, ferrocarriles, y todo tipo de infraestructuras y monumentos para mayor gloria del nuevo régimen, especialmente las obras hidráulicas en las que se construyeron pantanos y canales de riego como el Canal del Bajo Guadalquivir (El canal de los Presos). Su construcción se prolongó a lo largo que dos décadas. Los presos penados encuadrados en la 1ª Agrupación del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas comenzaron esta obra siendo instalados en el campo de Concentración de "La Corchuela", al que se sumaron después los campos de "El Arenoso" en el término municipal de Los Palacios y el de "Los Merinales" en Dos Hermanas. Comienzan allí dos décadas de humillaciones y sufrimiento para los presos y sus familias, hasta la disolución del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas por el Decreto de 8 de Octubre de 1960.

En la construcción de la carretera de Lesaka a Oiarzun trabajó mi padre como esclavo del franquismo, dentro del Plan Estratégico de Defensa de los Pirineos. Tenía 24 años y nunca olvidó aquellos años de sufrimiento, peores incluso que los años de la guerra...

No se ha realizado todavía un estudio pormenorizado de cuantos de estos presos murieron en los campos, como consecuencia de la poca alimentación, las jornadas de trabajo agotadoras, la falta de higiene y salud, así como a consecuencia de la represión y malos tratos a los que eran sometidos por la arbitrariedad de las fuerzas militares que los custodiaban. Se trata de un asunto que está pendiente, como tantos otros crímenes franquistas, de documentación y reconocimiento, pero cuyos resultados seguramente nos asombrarían.

Los trabajos forzados surgieron como una respuesta útil a la acumulación de prisioneros de guerra y acabaron constituyendo un sistema ampliamente extendido y reglamentado. De este sistema inhumano y masivo de explotación y represalia se beneficiaron, como ya se ha apuntado, los empresarios emergentes de la posguerra afectos al 'régimen', que gracias a las ingentes plusvalías obtenidas del trabajo esclavo construyeron imperios empresariales, muchos de los cuales, bajo otros nombres corportativos, se mantienen hasta nuestros días, sin que nadie, por supuesto, haya reconocido el origen criminal de sus fortuna, ni mucho menos haya tenido un gesto de justicia hacia los explotados o hacia nosotros y nosotras, sus descendientes.

Como se ha documentado ampliamente, este sistema de explotación absolutamente impune permitía además todo un mundo de corrupción: los mandos militares de los campos, por ejemplo, hinchaban las facturas de los suministros, que en realidad eran raciones de hambre, para quedarse ellos mismos la diferencia. En cuanto al salario miserable que las empresas favorecidas pagaban, en teoría, a los trabajadores-esclavos, la mayor parte del mismo se lo quedaba el Estado.

El franquismo y la "modélica transición" del régimen del 78 cubrió con un velo de silencio y olvido a todas aquellas personas, hombres y mujeres que resistieron el golpe militar y defendieron la dignidad de nuestro pueblo, siendo por ello castigadas con la muerte, la represión, la humillación y el escarnio. No ha habido reconocimiento ni reparación a las víctimas por parte de esta "democracia de barniz" en la que vivimos y, por ello, nuestra es la responsabilidad de levantar ese velo de oprobio para situarlos de nuevo en el lugar de honor y dignidad que les corresponde en la historia de nuestro país.

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Irene de la Cuerda, secretaria de Acción Social del Comité Confederal de la CGT "Privados de libertad y de los más elementales derechos civiles, despojados de sus pertenencias y propiedades, hacinados en recintos inmundos, arrancados de su tierra, sus familias, sucios, hambrientos, condenados a

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MADRID.- Hace 85 años, el 14 de abril de 1931, fue proclamada en España una República de "trabajadores de todas las clases". Sería la primera experiencia democrática del país. El nuevo proyecto republicano puso en marcha la descentralización del Estado, reconoció la igualdad de la mujer y sus derechos políticos, puso en marcha la reforma agraria, implantó la laicidad del Estado y la educación pública y gratuita pasó de ser un privilegio a un derecho de todos los españoles. Pero todos estos proyectos, y sus defensores, fueron pasados por las armas.

Durante los años de dictadura franquista, el régimen justificó el levantamiento militar y golpe de Estado por "el peligro comunista". Las justificaciones de los conservadores fueron evolucionando a lo largo de los años manteniendo siempre el mismo núcleo: la culpa de la Guerra Civil fue de la II República.

Así Manuel Fraga concedió a El País en 2007 una entrevista en la que aseguró: "Pero los muertos amontonados son de una guerra civil en la que toda responsabilidad, toda, fue de los políticos de la II República. ¡Toda!". En esta misma línea se manifestó Esperanza Aguirre en un artículo publicado recientemente en ABC en el que afirmó: " La "II República fue un auténtico desastre para España y los españoles (...). Muchos políticos republicanos utilizaron el régimen recién nacido para intentar imponer sus proyectos y sus ideas -en algunos casos, absolutamente totalitarias- a los demás, y que faltó generosidad y patriotismo".

En la primavera de 1936 no existía el terror rojo y sí un plan militar para emprender "la limpieza" de España

Para desmontar estos y otros mitos del franquismo y de la derecha supuestamente democrática, nació la obra Los mitos del 18 de julio (Crítica), "uno de los mayores y más completos esfuerzos de demolición de ciertas interpretaciones sobre el golpe, y la Guerra Civil que sobrevino a continuación", según describía el coordinador del obra Francisco Sánchez Pérez, en la que también participaban los historiadores Fernando Puell de la Villa, Julio Aróstegui, Eduardo González Calleja, Hilari Raguer, Xosé M. Núñez Seixas, Fernando Hernández Sánchez y José Luis Ledesma.

Esa obra, que fue recogida por Público en su momento, dejó negro sobre blanco que la II República no fue un fracaso que conducía "inexorablemente a una guerra" sino que fue "destruida por un golpe militar" que, al contar con la connivencia de un país extranjero y no triunfar en buena parte del país y en la capital, se encaminó automáticamente a la Guerra Civil. Demostró que el asesinato de Calvo Sotelo no precipitó nada y que la fecha del golpe de Estado dependía del apoyo fascista. Que los civiles monárquicos jugaron un papel crucial para el levantamiento armado contra la II República, que no había ninguna revolución comunista en marcha y que en la primavera de 1936 no existía el terror rojo y sí un plan organizado por los militares para extender el terror en la población y de "limpieza de España".

Ahora, la periodista y autora de Vivos en el averno nazi, Montserrat Llor, publica Atrapados (Crítica), una obra que saca a la luz los testimonios de una quincena de personas que dijeron no al fascismo. Recuerda el prestigioso historiador y diplomático Ángel Viñas, que escribe el prólogo, que " España fue el único país de Europa en el que una parte sustancial de la ciudadanía se negó a aceptar el orden que, por la sangre y las bayonetas, quisieron imponer unos militares felones con concomitancias nazi-fascistas y que desembocó en una dictadura de casi cuarenta años".

Viñas: "España fue el único país de Europa en el que una parte sustancial de la ciudadanía se negó a aceptar el orden que, por la sangre y las bayonetas, quisieron imponer unos militares felones con concomitancias nazi-fascistas"

Los vencidos de aquella Guerra Civil fueron calificados por el dictador naciente, Francisco Franco, como "la escoria" de la nación en uno de sus primeros discursos ante unas sumisas Cortes que se había inventado. La propaganda política del régimen fue seguida por la manipulación y el olvido de una educación católica y un gobierno represivo que desde el inicio de la Guerra Civil produjo un movimiento depurador salvaje que impuso un proceso de represión global, de sometimiento y control ideológico de la población que perduraría durante 40 años. Para los derrotados de la Guerra llegarían tiempos de persecución, de venganza, de muerte y de violencia.

Esos crímenes cometidos por el franquismo continúan siendo impunes a día de hoy. Ni la transición ni la democracia han querido investigar las matanzas franquistas ni tan siquiera buscar a las decenas de miles de republicanos que continúan desaparecidos en cualquiera de las más de dos mil cunetas que hay localizadas en todo el Estado.

Estos son tres de los quince testimonios que la periodista Montserrat Llor recoge, de manera brillante, en Atrapados

Ángeles García-Madrid: compañera de prisión de Las Trece Rosas

Ángeles García Madrid falleció recientemente. Fue una más de las muchas mujeres ignoradas y olvidadas que pasó por las cárceles franquistas llegando a compartir prisión con Las Trece Rosas. Esta mujer entró a los dieciséis años en las Juventudes Socialistas con motivo de la revolución de 1934, a los dieciocho vivió el comienzo de la Guerra y con veintidós ya estaba en la cárcel. Fue condenada a más de treinta años de prisión aunque, afortunadamente para ella, sólo cumplió tres años más otros trece de libertad condicional, en los que estuvo presentándose ante la Guardia Civil y la Policía.

"Logré salir, aún no sé cómo y logré salir viva. Otros han pagado con la vida, como Las Trece Rosas. Ay, eso lo tengo clavado como una espina en mi corazón, no puedo recordarlo sin emocionarme, eran tan jóvenes y las fusilaron. Todas las compañeras llorábamos en la cárcel de Ventas...", cuenta en la obra Ángeles.

"Logré salir, aún no sé cómo y logré salir viva. Otros han pagado con la vida, como Las Trece Rosas", recuerda Ángeles

La primera vez que fueron a por ella fue la noche del 14 al 15 de mayo de 1939. Ángeles y su madre fueron detenidas en su domicilio junto con otros 26 vecinos del inmueble que, al parecer, fueron acusados por otra vecina. Varios policías de paisano se presentaron de noche, repentinamente, gritando, golpeando brutalmente la puerta de los vecinos, obligándoles a salir de sus camas, pistola en mano, en medio de un gran desconcierto. En esta primera detención fueron puestos todos en libertad, pero se produjo una segunda días después repitiendo los mismos esquemas.

-¡Abran, la policía!- gritaba un hombre golpeando la puerta de su casa. Entraron como la furia tres individuos, armados con pistolas, intimidándola, obligándola a vestirse rápidamente. A las mujeres detenidas las llevaron al centro de detención de la calle Almagro y las dejaron esperando durante horas en una sala contigua a la estancia utilizada para interrogar y torturar a los detenidos. Desde allí se escuchaban día y noche gritos y lamentos, era el espacio utilizado para conseguir declaraciones, las que fueran, a fuerza de golpes.

"El comisario, de madrugada, nos tuvo allí a los siete que pertenecíamos a un partido, sólo a nosotros. Se pasó mucho, incluso a un hombre le rompieron las piernas a palos, sufrió brutales torturas hasta que, hundido y dolorido, le dijo a su mujer: "Ahora ya no voy a ser un hombre nunca más, déjame" y, al final, gritando, se tiró por la ventana, rompió la claraboya y se mató. Jamás olvidaré eso", contaba Ángeles.

"Sentí todo el desprecio de aquellos hombres, me llamaron cínica, mentirosa, me gritaban, me insultaban, amenazaban hasta que uno me gritó: "¡Asquerosa, puta roja!"

Pronto llegó el turno de los 'interrogatorios' para Ángeles. Comenzaron las preguntas por sus vecinos, afiliaciones políticas, movimientos detectados... "Sentí todo el desprecio de aquellos hombres, me llamaron cínica, mentirosa, me gritaban, me insultaban, amenazaban hasta que uno me gritó: "¡Asquerosa, puta roja!", decía Ángeles, que proseguía así su relato: " Aquello era un horror. Esa cárcel fue construida por Victoria Kent y cada celda fue pensada para dos presas. Pues mira, ¡yo fui la número once que entraba! No se cabía. Poníamos los pies en la cara de las otras y así, como podíamos, pasábamos la noche intentando dormir en el suelo, porque además quitaron todas las camas".

Después llegaron las primeras sacas en la cárcel y pronto apareció la disentería. Para Ángeles fueron los dos peores momentos que vivió allí dentro. El primero, el fusilamiento de Las Trece Rosas; el segundo, ver morir a los niños ante el desconsuelo desgarrador de sus madres. En abril de 1940, Ángeles fue juzgada y condenada a un tribunal militar a doce años de prisión por "auxilio a la rebelión militar". Fue condenado el 14 de mayo a 30 años de prisión y pasó por las cárceles de Tarragona, Barcelona y Gerona. Hasta 1942, que se le concedió la provisional.

Lluís Martí Bielsa: el hombre que escapa de la muerte

"Madrugada del 26 de enero de 1939. Nuestro servicio era proteger a los ingenieros mientras hacían su trabajo, volar carreteras, puentes, todo lo que pudiera evitar o retrasar el avance del enemigo. Nos enviaron a Esplugues de Llobregat, donde los ingenieros hacían agujeros en el puente que después llenaban de explosivos para hacerlo volar por los aires. Las cargas de la dinamita ya estaban colocadas, pero el puente no explotó. El enemigo se había desviado de la carretera cortando camino, a unos cien metros de donde estábamos, impidiéndonos toda posibilidad de retirada. Quedamos en tierra de nadie. El sargento dijo: "Estamos cercados, nos tenemos que rendir". Entonces vi que la guerra la teníamos perdida y vinieron a mi mente mis padres, mi familia. No me lo pensé dos veces. Los fascistas estaban emplazando aún una ametralladora. De cuatro saltos, atravesé la carretera y quedé fuera de su vista. Llamé a los compañeros, sólo uno se decidió..."

Lluís Martí Bielsa tenía poco más de quince años cuando se hizo guardia de asalto durante la Guerra Civil.

Cuenta la periodista Montserrat Llor que ésta fue la última misión del guarda de asalto de la República Lluís Martín Bielsa horas antes del hundimiento de Catalunya. Era el momento culminante de una serie de operaciones militares que, entre finales de 1938 y enero de 1939, habían tenido lugar en Catalunya, siempre posicionada en el bando republicano desde el inicio de la guerra.

Lluís Martí Bielsa tenía poco más de quince años cuando se hizo guardia de asalto durante la Guerra Civil. Luchó en el frente y ante la derrota cruzó la frontera iniciando un peregrinaje por los campos de concentración franceses en su peor momento, el inicio del caos absoluto, el descontrol y la misera. Durante la II Guerra Mundial sus destinos fueron los campos de Argelès-sur-Mer, Agde, Barcarès y Saint-Cyprien. Después lograría zafarse de los campos nazis al huir de un convoy rumbo a Dachau. Se adhirió a la resistencia francesa y formaría parte de los maquis en la lucha contra el franquismo, donde tendría diversas misiones.

La última misión que cumplió le llevó a cruzar los Pirineos a pie transportando una imprenta para el PCE. Finalmente fue detenido y preso en tres cárceles: La Modelo, Ocaña y Burgos, donde coincidió con Marcos Ana. "Soy una persona totalmente responsable de llevar a cabo los principios en los que creo firmemente", dice Martí Bielsa.

"Soy una persona totalmente responsable de llevar a cabo los principios en los que creo firmemente", dice Martí Bielsa

En el año 2004, con motivo del 60º aniversario de la liberación de París, Bielsa fue uno de los veteranos homenajeados por el alcalde de París, quien descubrió un placa conmemorativa en honor a la participación española en la liberación de París. "Los nombres de los españoles presos en los campos nazis de la Francia ocupada figuran en algunas estelas que erigieron en Francia ya hace años. Y en España qué, ¿eh? Nada. A llí recuerdan a los patriotas muertos por su país. ¿Sabes qué pone? 'Morts pour la Frances', sentencia Martí.

Alejandra Soler: de la lucha contra Franco a la denuncia de la 'ley Wert

El 14 de abril de 1931 Alejandra tenía 18 años. Es la tercera valenciana que obtuvo una licenciatura, en su caso fue en Filosofía y Letras, y lleva más de 90 años dando guerra en las calles en defensa de la Educación pública, la democracia y la libertad. "Fui una vez y volvería cien veces más. Les dije a los jóvenes que no se fiaran de nadie y que nada ocurre porque sí, que busquen el origen de los acontecimientos y que aclaren por qué ha sucedido", explicó Soler a Público, que hoy centra sus ataques en la "elitista ley Wert".

Era horrible, veías montones de personas desfilar, cientos, miles, todo un pueblo, mujeres, niños, ancianos sin fuerzas", recuerda hoy Alejandra

Dice Montserrat Llor que Soler es" una enciclopedia viviente, testimonio de dos guerras, ciento tres años de vida, treinta y tres de exilio fuera de España y ochenta de militancia comunista". "Sorprendetemente activa y activista hasta que el cuerpo se lo permita, se muestra crítica con la violencia y las desigualdades sociales. Educa y compromete con su sencillez y candidez a los más jóvenes, apasiona a todos los que la escuchan, es una mujer que otea el horizonte", escribe Llor.

En febrero de 1936, Alejandra huyó por la frontera francesa. "No porque tuviera las manos manchadas de sangre ni nada, había hecho política, sí, pero no tenía que temer nada. Aun así, por ser comunista, si me hubiera quedado estaría en la cuneta, seguramente. Partí unas horas antes de que llegase a la frontera el ejército de Franco. Era horrible, veías montones de personas desfilar, cientos, miles, todo un pueblo, mujeres, niños, ancianos sin fuerzas", recuerda hoy Alejandra, que fue a parar al centro de detención de Le Pouliguen.

De ese campo de detención, tanto Alejandra como su marido, Arnaldo ,escapan y consiguen cruzar hacia la URSS en el año 1939. Aún no había guerra en el mundo. Llegó a Leningrado el 4 de junio de 1939. La enviaron a una sanatorio de una ciudad en Ucrania, Járkov. De ahí fue a Moscú, como maestra en la casa de niños de la guerra nº 12. En 1942, Alejandra fue trasladada otra vez a la orilla derecha del Volga y no fue hasta septiembre de 1944 cuando pudo regresar a Moscú. El 9 de mayo de 1945 terminaría la guerra.

"En la Plaza Roja, alrededor del Kremlin, en la plaza del teatro Bolshoi y en la Plaza de Maniezla multitud se agolpaba, gritaba, lloraba o bailbaba o hacía todo a la vez. Yo lo viví y nunca lo olvidaré pues era un espectáculo grandioso", narra Alejandra, que en 1958 fue nombrada jefe de la cátedrade Lenguas Romances de la Escuela Superior de Diplomacia de Moscú, cargo que mantuvo hasta que, finalmente, volvió a España en 1971.

En los años 90, Alejandra volvió a tomar parte en diversos eventos organizados por los partidos de izquierda. En 2013, ya con ciento un años, participó como activista en el primer aniversario de la llamada Primavera Valenciana, por lo que fue conocida como la abuela del 15M.

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MADRID.- Hace 85 años, el 14 de abril de 1931, fue proclamada en España una República de "trabajadores de todas las clases". Sería la primera experiencia democrática del país.

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La Sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero de 2012, en el proceso por prevaricación abierto contra el Magistrado Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes contra la humanidad-desapariciones forzadas de personas cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo confirmó que cualquier actuación tendente a la investigación en sede judicial de tales crímenes es jurídicamente inviable e imposible en España.

La Sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero de 2012, en el proceso por prevaricación abierto contra el Magistrado Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes contra la humanidad-desapariciones forzadas de personas cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo confirmó que cualquier actuación tendente a la investigación en sede judicial de tales crímenes es jurídicamente inviable e imposible en España.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que nunca ha llegado a pronunciarse sobre la violación del Estado español de sus obligaciones respecto a las víctimas de desaparición forzada, en su última decisión en el asunto Canales Bermejo confirmó también la lamentable posición que en cierto modo venía ya apuntándose: inadmitir cualquier caso considerando tardía, sin más, toda denuncia por falta de investigación de las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo.

A la vista de todo ello, y como ya dijimos entonces, creemos que ahora más que nunca es el momento de acudir a otras instancias del sistema internacional de protección de los derechos humanos, y otros espacios de la justicia internacional. Es el caso, por ejemplo, de los órganos y mecanismos de las Naciones Unidas.

Además de la posibilidad siempre abierta de presentar comunicaciones individuales a los Comités ( Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura o al Comité contra las Desapariciones Forzadas), una suerte de denuncias una vez agotados los recursos internos del Estado, siempre y cuando el caso no se hubiera presentado ante otra instancia internacional (como el TEDH), existen en la actualidad algunos procesos en marcha sobre los que conviene comentar algunas cuestiones.

España presentó el 26 de diciembre de 2012 su primer Informe periódico al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF), en el que debía incluirse información respecto a las medidas adoptadas para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ratificada por España el 24 de septiembre de 2009 y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010). El CDF evaluará al Estado español en sesión que celebrará el próximo mes de noviembre en Ginebra y emitirá una serie de observaciones y recomendaciones que España tiene el deber de cumplir.

Un par de breves comentarios al respecto: uno sobre el proceso y otro sobre el fondo. En cuanto a lo primero, de conformidad con las Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del artículo 29 de la Convención, para la elaboración del Informe se debía llevar a cabo un procedimiento de "amplias consultas con la sociedad civil". El mismo se circunscribió a un período de una semana-diez días para poder participar-remitir comentarios al Informe previamente elaborado por las autoridades del Estado, con una reunión final para intercambiar impresiones (no prevista en un comienzo). Concluido lo anterior, y remitido el Informe al CDF, se ha abierto un período en que la sociedad civil puede enviar directamente al CDF la información que estime necesaria, sus impresiones sobre el Informe remitido por España, etc. Todo ello, para que el CDF pueda tener la mayor información posible a la hora de examinar y valorar la situación en España y el documento remitido por las autoridades españolas ( Más información)

En cuanto al fondo del Informe, la posición de España respecto a la información a suministrar al CDF mantiene que la obligación dispuesta en el artículo 29 de la Convención "se aplica, solo y exclusivamente a "desapariciones forzadas" que sean posteriores en su inicio al 23 de diciembre de 2010". En consecuencia, se defiende que la información que debe presentar "relativ[a] a las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud de la presente Convención", sólo se refiere a desapariciones que hayan comenzado con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención. De este modo, se descarta ya desde el inicio proporcionar información alguna respecto a "los supuestos de desaparición forzada que tuvieron lugar en España durante la guerra civil y el franquismo, así como la necesidad de derogar o tener por inaplicable la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía". Esta postura, que limita radicalmente la información que se contiene en el Informe, se justifica formalmente en una interpretación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Convención. Así, respecto a los casos de desaparecidos que no han encontrado más que la total negativa a sus demandas de investigación y reparación se decide no ofrecer información alguna; pero en cuanto a los casos en que, aunque la desaparición hubiera comenzado también antes de la entrada en vigor de la Convención, sí se han activado algunas iniciativas que el Estado entiende "positivas" se opta por sí ofrecer información al CDF. Es el caso conocido como de los "niños robados" que "pudieron ocurrir en España en la segunda mitad del pasado siglo".

Como sobre cualquier otro particular, también sobre esta posición de partida del Estado español puede remitirse aquello que se considere preciso al CDF. También, por supuesto y como mínimo, información adecuada de todas las medidas y decisiones adoptadas, o aún vigentes, tras la entrada en vigor de la Convención, respecto a las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Ello así para que el CDF pueda, en su caso, examinar su adecuación con el contenido de la Convención.

De otro lado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU realizará una visita oficial a España en el segundo semestre del 2013. El Grupo concibe las visitas como un apoyo al Estado a la hora de implementar la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992. De tal forma, el Grupo tratará cuestiones como la clarificación de los casos individuales que tiene reconocidos en relación con España y que siguen sin esclarecerse debido a informaciones insuficientes del Estado, así como las políticas globales de prevención, programas de reparaciones, adecuación del marco normativo, la existencia de investigaciones para determinar la suerte y el paradero de las victimas y las investigaciones judiciales para determinar responsabilidades, etc.

Al respecto, conviene recordar que en el último informe anual (2012) al Consejo de Derechos Humanos, el Grupo destacó el recordatorio que realizó a España, el 8 de febrero de 2012, de que toda investigación debería llevarse a cabo durante todo el tiempo que la suerte o paradero de la persona desaparecida siga sin resolverse; así como que una ley de amnistía no debería poner fin a obligación del Estado de investigar, perseguir y castigar a los responsables de desapariciones forzadas. También en este informe el Grupo dedicó un capítulo a la cuestión de las reparaciones a las víctimas de desapariciones forzadas, destacando "el derecho a la verdad y la justicia como elementos esenciales para evitar la repetición". Además de destacar medidas "de reparación concretas en los casos de desapariciones forzadas que incluyan la adopción de un plan nacional de búsqueda de las personas desaparecidas; la creación de unidades especializadas para investigar los casos de desaparición forzada; la elaboración de un protocolo para la recuperación e identificación de restos mortales...", el Grupo, en definitiva, reiteró la configuración de un derecho a la reparación completo, en sentido amplio, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Todo lo contrario a cómo lo interpretó el Tribunal Supremo (TS) en su Auto resolviendo la cuestión de competencia (28 de marzo 2012) y que ha servido de base para el archivo de varios casos desde entonces. El último, de la mano de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial Las Palmas de Gran Canaria, en el que citando ampliamente el auto del TS, finalmente se confirmó el archivo por prescripción del delito, indefinición de los autores e imposibilidad de imposición de la pena, cuando lo que se solicitaba era la exhumación, identificación e inhumación de los cadáveres.

Finalmente, apuntar que en 2014, el Comité de Derechos Humanos (CDH), órgano encargado de velar por la correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debería revisar el Sexto Informe Periódico de España. Recordemos que en 2008, el CDH concluía que "El Estado parte debería: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas". Recomendaciones que como es bien sabido, no han sido cumplidas a día de hoy.

También como en el caso del examen ya señalado ante al CDF, la sociedad civil podrá participar en el proceso y examen que se llevará a cabo por parte del CDH.

Rights International Spain seguirá trabajando en todos estos ámbitos hasta conseguir el efectivo cumplimiento de los derechos a verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de desaparición forzada de personas.

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Desapariciones forzadas: España y los órganos y mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONURIS - Defendiendo los derechos y las libertades civiles

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RIS, Rights International Spain, Lydia Vicente, Javier Chinchón, ONU, Franquismo, Guerra Civil, Memoria histórica, Impunidad, Ley de Amnistía, desapariciones forzadas, víctimas, querella argentina, reparación, justiciaONG para la defensa de los derechos y libertades civiles. Análisis, litigio y formación en seguridad, legalidad, justicia, crímenes internacionales.

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Streaming sobre la ley de "bebés robados" con la periodista Olga Rodriguez

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Empar Salvador entra en una de las salas que se ha preparado para su conferencia en la Universidad Jaume I de Castellón. Lo primero que hace al entrar es pedir que le ayuden a sacar fuera las tres banderas que hay presidiendo la sala; la de la Comunidad Valenciana, la española y la de la UE. Algunos entienden el gesto de retirar las dos primeras ya que conocen que Empar pertenece al Fórum per la Memòria del País Valencià pero entre los asistentes extranjeros hay quien se asombra de que también la bandera de la UE quede fuera. Antes de empezar la conferencia Empar lo explica: Antes de continuar avisa: "Fue en colaboración con las democracias europeas que la dictadura franquista pudo mantenerse durante casi 40 años. También de la ONU, que admitió a la España franquista como miembro de pleno derecho en 1955, sabiendo que había miles de fusilados entre la población que perdió la guerra. ¿Pero qué se puede esperar de una organización que fue dirigida por un ex-agente de las SS alemanas acusado de crímenes contra de guerra como Kurt Woldheim?" "No estamos aquí para hablar de lo que conviene sino de lo que pasó, para lo otro están todos los demás."

Una guerra antifascista

En 1931 se constituye un gobierno legítimo y democrático instaurando la II República española que acaba con siglos de poder monárquico. Con el nuevo gobierno se expropian bienes a la iglesia, se instaura el voto femenino y se planea una reforma agraria entre otras nuevas medidas. "Paralelamente a todo esto se viene produciendo una revolución social encabezada por los sindicatos CNT y UGT en la que se colectivizan fábricas y comunidades agrícolas, incluso se llegan a formar una defensa militar distinta al ejército convencional, las milicias." La reacción no se hizo esperar y se hizo todo lo posible para que la revolución no triunfara. "El fascismo internacional se alió para venir a cargarse la república española. Se dio un golpe de estado apoyado por una de las mayores potencias del mundo en aquel momento, la Alemania nazi, también se sumaron Italia y Portugal. El fascismo vino a experimentar sus armas y sus técnicas de exterminio de cara a la postrera guerra mundial que vendría después."

Durante 3 años el pueblo español resistió al fascismo internacional. No fue una guerra civil, fue una guerra antifascista.

Por otro lado, la no intervención declarada por Inglaterra, Francia y tácitamente por los EEUU, fue una manera muy particular de intervenir y de intervenir en contra de la República para salvaguardar sus propios intereses. Los gobiernos no intervinieron pero los países sí lo hicieron. La neutralidad de los estados dejó libre el camino para que agentes de cada país (empresarios, banqueros, inversores, partidos políticos) actuaran según su conveniencia. "A nadie le interesaba un posible proceso de nacionalización o la culminación de la revolución social que estaba en marcha en España. Inglaterra y Francia tenían inversiones en minas, industrias y servicios; empresas como la estadounidense Texaco no dudó en apoyar a Franco con sus combustibles." La no intervención supuso la intervención de todos menos de los gobiernos que se declaraban neutrales en un conflicto sangrante. "Durante 3 años el pueblo español resistió al fascismo internacional. No fue una guerra civil, fue una guerra antifascista."

Empar señala además que ya durante la República se intentó desmantelar la revolución social con el apoyo de la Rusia comunista. El Consejo de Aragón donde se centralizaban todas las colectividades de la región, fue destruido con armas soviéticas. Muchos anarquistas murieron. "Enrique Líster fue uno de los responsables, hizo presos para poder intercambiarlos con los fascistas por prisioneros comunistas. Como a la URSS, tampoco a la República le interesaba que existieran estructuras horizontales que pudieran acabar sustituyendo la tradicional jerarquía piramidal de gobierno."

Desde el Fòrum per la Memòria defendemos la idea de que hubo un genocidio llevado a cabo por el Estado español una vez acabada la mal llamada guerra civil; en realidad hubo un pueblo que se enfrentó a un imperio.

La dictadura y la represión

Una vez que el nazismo pierde la guerra, quienes van a man- tener el fascismo en el estado español son EEUU, Francia y Reino Unido. " Una dictadura militar fascista no dura 40 años sin tener apoyos tanto dentro como fuera del país. Es imposible mantener un régimen de terror durante tanto tiempo si no tienes fuertes apoyos y eso es lo que pasó aquí." Cuando se instaura el régimen franquista se organiza un genocidio con el fin de desmembrar todo el tejido social que perdió la guerra. "Desde el Fòrum per la Memòria defendemos la idea de que hubo un genocidio llevado a cabo por el Estado español una vez acabada la mal llamada guerra civil; en realidad hubo un pueblo que se enfrentó a un imperio." Ese genocidio está organizado por la Falange y la Iglesia Católica que lo primero que hace es ceder sus edificios para que sean utilizados como cárceles. " Crean órdenes religiosas específicamente para que sus miembros sean carceleros de los revolucionarios y republicanos. Organizan la represión desde sus conventos y en sus iglesias mueren miles de personas. Nadie les ha pedido nunca responsabilidades."

Como tampoco se les pidió a las empresas que explotaron a presos políticos hasta la muerte mediante trabajos forzosos, algunas de ellas son multinacionales a día de hoy. " En la Alemania empresas como Volkswagen o Mercedes que apoyaron a los nazis, tuvieron luego que pagar indemnizaciones pero aquí no se ha pedido responsabilidades a nadie. El estado español es el único en el mundo en el que después de haber tenido una dictadura militar fascista durante 40 años, todavía no ha sentado en el banquillo de los acusados ni siquiera a una persona."

El estado español es el único en el mundo en el que después de haber tenido una dictadura militar fascista durante 40 años, todavía no ha sentado en el banquillo de los acusados ni siquiera a una persona.

La Falange española, un grupo paramilitar encargado de mantener la pureza de las ideas fascistas, organizó, en colaboración con la Iglesia, los secuestros, violaciones y asesinatos que alcanzaron a to- dos los sectores de la población roja. "Se produjeron ejecuciones sumarias que podían pasar sin registrarse oficialmente hasta tres meses después de haber sido ejecutadas. Se desmembró el tejido social de los perdedores, asesinados, encarcelados, marginados. Mucha gente murió por la marginación y la pobreza a la que les sometió el régimen, doblemente perdedores, murieron de hambre, por enfermedades no asistidas y por carencias de todo tipo."

Se legisló incluso el robo de bebés. En Argentina durante la dictadura de Videla también se robaba a los hijos de los encarcelados pero España es el único lugar donde el Estado legisla el desmembramiento de la familia. " Desde 1940 hasta los 60, toda familia que no estuviese en condiciones de acreditar el poder educar a sus hijos en los principios del régimen que dictaba Falange, el Estado estaba legitima- do a asumir su tutela. Obviamente quienes no podían cumplir esto eran los perdedores de la guerra, los adeptos al régimen tenían sanidad, comida y techo". Esta legislación dio lugar a un lucrativo negocio en el que casi 500 mil niños fueron llevados a conventos donde se vendían a otras familias o donde permanecían trabajando para la Iglesia. " La participación de la Iglesia Católica fue fundamental, tenían gran experiencia ya que en otro periodo histórico habían formado la Inquisición, modelo de represión y tortura. " La dictadura estaba legitimada también por el Vaticano con quien Franco firmó un concordato.

La participación de la Iglesia Católica fue fundamental, tenían gran experiencia ya que en otro periodo histórico habían formado la Inquisición, modelo de represión y tortura.

Transición y democracia

"La llamada transición española fue un proceso muy beneficioso para la Iglesia, los franquistas y falangistas, ya que sirvió para cambiar a un régimen democrático sin que nadie tuviera que rendir cuentas de los crímenes cometidos durante la dictadura, ni devolver todo lo que se había robado." Son ellos mismos los que ocupan los cargos públicos y políticos. La Falange, el PSOE, PC, CCOO y UGT hicieron la transición. El artífice de los pactos, Adolfo Suárez, fue un jefe de Falange con cargo de ministro durante la última etapa del franquismo. "Hubo impunidad para los genocidas y olvido para las víctimas. La cúpula franquista enriquecida con la explotación de presos políticos y el negocio de la venta de criaturas no tuvo que devolver nada."

Tras los años de la Transición, llega la Monarquía constitucional y el sistema democrático. "Los falangistas pasaron a ser funcionarios del estado en el nuevo sistema, se reciclaron en la UCD, incluso en el PSOE. En los dos gobiernos socialistas que ha habido en época democrática, era difícil encontrar un alto cargo que no tuviera vinculaciones con el franquismo, muchos eran hijos, nietos o familiares del régimen anterior."

Mientras el Estado Español esté configurado como hasta ahora, no se hará justicia a las víctimas del franquismo. Para que haya justicia hay que romper los pactos de silencio de la Transición y crear un nuevo proyecto constituyente.

Empar también critica la nueva democracia instaurada, donde todas las leyes que rigen la actividad democrática de las personas son preconstitucionales. La ley electoral también es preconstitucional. "Sólo formalmente hablando España es un país democrático. Se nos dice a quién tenemos que votar, nos dan una lista con nombres y esas personas no son movidas de sus cargos por quienes les votan sino por los partidos políticos. Sólo pueden presentarse a las elecciones partidos políticos que hayan sido previamente legalizados, cualquier persona no puede presentarse libremente. La ley está diseñada para que haya siempre un bi- partidismo en el poder." También el ejército tiene la misma estructura que el franquista. "Mientras el Estado Español esté configurado como hasta ahora, no se hará justicia a las víctimas del franquismo. Para que haya justicia hay que romper los pactos de silencio de la Transición y crear un nuevo proyecto constituyente. Pero mientras sean los descendientes de los franquistas y quienes defienden sus intereses los que estén al frente, no se hará justicia."

El Foro por la Memoria del País Valencià

El 28 de febrero de 1939 Barcelona cae en manos de las tropas Franco. El 30 de marzo, cae Valencia, última capital de la II República. En los finales de la guerra mucha gente fue a refugiarse a Valencia donde pensaban que estarían más protegidos. Al ser la última capital de la República, la ciudad disponía de infraestructuras que no había en el resto del Estado; hospitales, colonias para niños, refugios. La población que llegó a Valencia durante el último período de guerra no se puede calcular, la mayoría no se registró por lo extraordinario de la situación. "El 1 de abril el fascismo celebra el día de la victoria, es el día del terror para la gente de nuestra tierra." "Llegaron muchos niños para alejarse de las ciudades en guerra, heridos del frente, unidades del ejército republicano. La gente huía del avance de las tropas franquistas, muchos llegaban incluso andando desde sitios muy dispares. Pensaban que allí estarían seguros pero al acabar la guerra Valencia se convirtió en una ratonera de la que nadie pudo salir."

Desde el Foro por la Memoria del País Valenciano se comenzó una investigación para conocer el alcance de la represión en aquellos años. Sus pasos les llevaron a encontrar las fosas comunes en el cementerio de la ciudad de Valencia. " Muchos de los miembros hemos tenido vinculación con el genocidio que se llevó a cabo. Mis padres eran anarquistas en la revolución del 36. Buscamos una explicación a tanto silencio y tanto dolor pero nadie nos apoya. Partidos políticos de toda índole encubrieron las fosas y destruyeron pruebas, el nuevo cementerio se construyó sobre las fosas para taparlas. Trataron también de hacer desaparecer los libros de registro del cementerio pero conseguimos rescatarlos. Nosotros no inventamos datos, mostramos los datos de los propios fascistas."

Genocidio se dice cuando un Estado toma medidas económicas, sociales, políticas y militares para el desmembramiento de un grupo social por razón de su ideología, religión o raza.

Las fosas están construidas en filas individuales, cavadas con pa- redes de ladrillo y con varias alturas por debajo del suelo. " El genocidio fue programado y las obras hechas para tal fin, con la idea de que se pudieran almacenar el mayor número de personas posible. En todo conflicto armado, un combatiente sabe que será fusilado si pierde la guerra pero cuando el grupo social que apoya a un determinado bando es reprimido, como fue el caso, hablamos de genocidio." Hay quien cuestiona el empleo de esta palabra. " Genocidio se dice cuando un Estado toma medidas económicas, sociales, políticas y militares para el desmembramiento de un grupo social por razón de su ideología, religión o raza."

Desde el Foro, la tarea por el reconocimiento de las víctimas ha sido continua. "Nuestra organización ha agotado todas las vías judiciales posibles demandando justicia y reparación." El Tribunal Constitucional contestó dando por ciertos los hechos pero alegaron que no estaban suficientemente justificados legalmente. " Así, fuimos a Europa, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este tribunal suele tardar entre 4 y 12 años en hacer una resolución, nosotros presentamos la denuncia el 15 de diciembre de 2011 y nos contestaron el 4 de abril del año siguiente, 4 meses después. Cuando llegó a Estrasburgo la palabra Valencia, paralizaron todo para contestar. La respuesta fue que nuestro recurso no tiene la formalización suficiente para ser tramitado y niegan taxativamente toda posibilidad de recurso. Lo niegan todo para protegerse." Si lo declaraban como crimen contra la humanidad se podría juzgar pero todos los delitos que no son admitidos quedan prescritos según una ley de 1978.

Los juicios de Núremberg tras la II Guerra Mundial se llevaron a cabo gracias a la presión del lobby judío que consiguió indemniza ciones con las que después pudo crear el estado de IsraelEmpar se despide: . "En España los represaliados fueron pobres y no interesaban a nadie." "Hace 75 años que ocurrió todo esto, estamos aquí para recordarlo y para reivindicar justicia para las víctimas del fascismo. Cuando nosotros no estemos, se seguirá pidiendo justicia por la simple razón de que no puede haber una sociedad de derecho que esté apoyada sobre la muerte de tantos inocentes de su propio pueblo. Está en juego la salud de la sociedad misma, ya que no puede ser que se cometan crímenes horribles y haya impunidad porque entonces podrá volver a ocurrir. Es una cuestión de supervivencia. Nos han cerrado todos los caminos, nos censuran pero seguimos reivindicando justicia y libertad."

Créditos:

Eleuterio Gabón

Comunicador social y reportero, miembro de Radio Malva ha publicado en varios medios alternativos como El Salto, Rebelión o Contagio Radio en Colombia. Ha publicado el libro de crónicas valencianas "Del Mort al Degollat" en 2010 y "Caminar la noche: 40 voces del activismo internacional" de la editorial Descontrol en Barcelona 2017.

Albania Juárez

Nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura de Letras Modernas Francesas en la UNAM, se especializó en crítica literaria y posteriormente realizó la carrera de artes visuales en la ENPEG La Esmeralda. En el 2015 obtuvo la beca de Baden-Württemberg para terminar sus estudios en la Kunstakademie de Karlsruhe en Alemania, donde tuvo sus primeras muestras individuales de pintura, dibujo y arte sonoro. Su obra explora los conceptos de mística, la arqueoastronomía y los atributos mágico-religiosos de la herbolaria mexicana.

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Empar Salvador entra en una de las salas que se ha preparado para su conferencia en la Universidad Jaume I de Castellón. Lo primero que hace al entrar es pedir que le ayuden a sacar fuera las tres banderas que hay presidiendo la sala; la de la Comunidad Valenciana, la española y la de la UE.

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Los fusilados en Paterna procedían mayoritariamente de la propia comarca de l'Horta, tanto por estar en las cárceles de la ciudad de Valencia un buen número de los acusados de los diversos delitos cometidos "durante el periodo de dominación roja" en los pueblos de la misma, como por estar en ella la capital de la provincia, densamente poblada y por ello con un número de acusados/ejecutados mayor. Pero éstos no eran los únicos.

Si los de la comarca de l'Horta superaban ampliamente los 800 ejecutados, casi trescientos vecinos de la Ribera Alta, más de doscientos de la Safor, o los 120 de la Ribera Baixa y la Costera son cifras nada despreciables. Y el resto de comarcas que componen la provincia de Valencia, aparecen igualmente representadas, al igual que hay vecinos de cinco de las ocho que componen Castellón y cinco de las diez de Alicante.
Además de estos casos anteriores, al cementerio de Paterna vinieron a parar un total de 109 personas oriundas de veinticinco provincias españolas, así como otra serie de ellas de las que desconocemos su lugar de procedencia, y de ahí le viene el sobrenombre de "paredón de España"; de entre los primeros cabe señalar los 23 ejecutados vecinos de Madrid.

Procedentes de la Cárcel Modelo de Valencia, y en ocasiones directamente de las prisiones comarcales como la de Sueca o El Remedio de Llíria, un somero vistazo a los listados de los ejecutados en Paterna nos confirma el carácter de masivos que tenían los expedientes y los consejos de guerra, así como las sentencias dictadas: en muy buena parte de las sacas aparecen agrupados una serie de vecinos de una misma localidad, en un número variable pero lo suficientemente grande como para desmarcar una acusación individual; son de destacar la saca efectuada el 14 de septiembre de 1940, en que fueron ejecutados 39 vecinos de Masamagrell, casi la totalidad de los que fueron ejecutados de este pueblo, los 19 de Cullera ejecutados el 30 de noviembre de 1939, los 17 de La Font de la Figuera ejecutados el 6 de noviembre de 1939, los 14 de Meliana ejecutados el 23 de octubre de 1940, o las múltiples sacas de vecinos de Valencia: 19 ejecutados el 3 de abril de 1939, 15 ejecutados el 4 de noviembre de 1939, 21 ejecutados el 27 de agosto de 1940, 14 ejecutados el 11 de septiembre del mismo año, por sólo citar unos pocos ejemplos.

¿Quiénes eran esos ejecutados? Indudablemente, muchos de ellos eran parte de esa masa anónima, acusados de haber tomado parte activa en las socializaciones, incautaciones de tierras o fábricas, en la destrucción de iglesias, en los asesinatos incontrolados de los primeros meses del conflicto, o simplemente de haber militado en partidos o sindicatos del Frente Popular; labradores y obreros fabriles en su mayor parte, en ocasiones habían además formado parte de los ayuntamientos, comisiones gestoras o comités revolucionarios que se extendieron por toda nuestra geografía tras el desmembramiento del poder central.
Pero no estaban sólos. El hecho de que en Paterna fueran ejecutados la mayor parte de los condenados a muerte de la ciudad de Valencia, hace que junto a ellos aparezcan toda una serie de elementos de profesiones liberales, comerciantes, oficinistas, médicos, funcionarios municipales y del estado, de secretarios de Ayuntamiento y de Juzgado, de abogados, magistrados y Secretarios de Sala, de maestros nacionales, periodistas y artistas en sus más variadas facetas, sin olvidar con ello a los militares, guardias civiles, carabineros, etc. aunque estos por otros motivos muy diferentes.

Sin pretender realizar aquí una referencia biográfica de cada uno de ellos, sí me gustaría resaltar algunos nombres que tal vez contribuyan a eliminar esa idea de que la represión franquista se utilizó para eliminar de la faz de la tierra a unos indeseables que sólo habían contribuido a destrozar España. Podríamos comenzar con Joan Peset i Aleixandre, Catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia, y rector de la misma, hombre de altos valores humanos y auténtica talla científica como médico, técnico investigador y creador. Joan Peiró i Belis, vidriero de profesión y vecino de Mataró, personalidad política al haber sido ministro de Industria con Largo Caballero durante la participación de la CNT en el gobierno central; exiliado a Francia, fue detenido por los nazis y trasladado a España donde tras un juicio sumarísimo fue ejecutado pese a la oposición de muchas personas de derechas e incluso de militantes falangistas.

De entre los militares podríamos señalar a Francisco Baldellón Cubero, ejecutado el 12 de junio de 1939: procedía del Cuerpo de Ejército de Santander, Brigada de Santoña, donde ostentaba el cargo de Mayor de Brigada; Toribio Martínez Cabrera, militar de profesión, ascendido en noviembre de 1936 a Jefe del Estado Mayor Central, colaboró con Asencio en la formación del Ejército Republicano; partidario de Casado, el fin de la guerra le pilla como subsecretario de la Consejería de Defensa, donde permanecería hasta la caída de la capital; trasladado a Valencia, se refugió en el Consulado de Panamá, donde fue detenido y encerrado en las prisiones militares, siendo ejecutado el 23 de junio de 1939. Manuel Cascón Brieva, aviador, mandaba el 19 de julio el grupo de cazas nº 11 de Getafe, siendo su actuación decisiva para inclinar la base a favor del Gobierno, al detener a todos los oficiales y suboficiales partidarios de la sublevación; organizador de la fuerza aérea republicana, estuvo al mando de los primeros pilotos que fueron a la URSS a formarse como tales; miembro del Consejo de Defensa de Casado, fue el encargado de entregar los restos de la aviación republicana a las tropas de Franco en el aeródromo de Los Llanos, donde fue detenido y trasladado a la cárcel de Albacete primero y Valencia después, donde fue juzgado y condenado a muerte, siendo ejecutado el 3 de agosto de 1939. O Manuel Pérez Salas, Comandante del Ejército Republicano ya antes de la sublevación del 36, y decidido partidario de la lealtad a la República, fue un verdadero freno a la insurrección de la plaza de Valencia; fue ejecutado el 11 de mayo de 1939.

En una misma saca, la del 28 de junio, fueron ejecutados, entre otros muchos, Luis Cisneros Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia; Isidro Escandell Úbeda, diputado en las Cortes del Frente Popular, Presidente de la Federación Socialista Valenciana, Diputado Provincial, Vicepresidente de la Diputación de Valencia, Secretario del Ateneo Mercantil de Valencia y Director del diario Adelante, entre otros cargos; Vicent Miquel i Carceller, prolífico y activo promotor de publicaciones satíricas, republicanas y anticlericales, ya durante la monarquía de Alfonso XII y la dictadura de Primo de Rivera, de entre las que destaca La Traca, y el dibujante, caricaturista y humorista gráfico, Carlos Gómez Carreras, "Bluff", colaborador en algunas de esas publicaciones, y calificado por los falangistas como autor satánico.También fue ejecutado en Paterna Alfredo Torán Olmos, escultor y maestro artístico durante la República, que formó parte de la Junta de Incautación de Obras de Arte a las órdenes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con la misión de retirar pinturas y esculturas en aquellos pueblos que corrían el peligro de caer en manos de los sublevados; por ello fue acusado de auxilio a la rebelión y ejecutado. Otro escultor, tallista y ebanista fue Alfredo Gomis Vidal, amigo del anterior, y miembro del comité de intervención UGT-CNT.

Para todos ellos el final fue el mismo, la muerte violenta ante un pelotón de ejecución en un paraje, El Terrer, borrado de la memoria. Sus restos reposan, en unos casos, en nichos individuales o panteones familiares, en otros, en alguna de las varias fosas comunes donde, unos tímidos intentos de ubicación han llenado de nombres un espacio que alberga muchos más de los que aparecen reflejados en su superficie.Y todo lo que se haga por recordarlos, será poco.

Vicent Gabarda Cebellán
Doctor en Historia por la Universidad de Valencia

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Los fusilados en Paterna procedían mayoritariamente de la propia comarca de l'Horta, tanto por estar en las cárceles de la ciudad de Valencia un buen número de los acusados de los diversos delitos cometidos "durante el periodo de dominación roja" en los pueblos de la misma, como por estar en ella la

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Aràdia Ruiz Blanco. Mediadora i advocada.
A l'estiu del 2018 van venir un grup d'advocats i advocades al nostre despatx, totes elles membres de la Coordinadora Estatal de Recolzament a la Querella Argentina (CEAQUA). Ens van formar perquè poguérem participar com a advocades de la campanya que anaven a iniciar a nivell statal amb l'objectiu de posar querelles contra torturadors del franquisme.

La primera querella contra el franquisme que obri diligències d'investigació

Ara bé, el fet que siga motiu de notícia per l'excepcionalitat que s' briguen diligències per investigar unes tortures realitzades en un context de crims de lesa humanitat ens hauria de fer reflexionar.

Els motius del Tribunal Suprem

Els tribunals espanyols justifiquen la no investigació judicial crims emparant-se en la jurisprudència que va assentar l'any 2012 el Tribunal Suprem. Els arguments que copien reiteradament sempre que anuncien un arxiu són els mateixos:

1. La vigència de la Llei 46/1977 d'Amnistia, de 15 d'octubre.

2. El principi de legalitat penal: els magistrats del Tribunal Suprem consideraven que las normes referents als crims de lesa humanitat eren posteriors als delictes comesos durant el franquisme.

3. La mort de las persones presumptament responsables.

La Llei d'Amnistia

El principi de legalitat penal

Prescripció de tots els delictes

La mort dels responsables

L'Estat espanyol proposa "amnèsia" com a solució

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Ni oblit, ni perdó, ni amnèsia | El Rogle

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Aràdia Ruiz Blanco. Mediadora i advocada. A l'estiu del 2018 van venir un grup d'advocats i advocades al nostre despatx, totes elles membres de la Coordinadora Estatal de Recolzament a la Querella Argentina (CEAQUA). Ens van formar perquè poguérem participar com a advocades de la campanya que anaven a iniciar a nivell estatal amb ...

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Plataforma de suport Querella Argentina - Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme
EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE VALENCIA ADMITE A TRÁMITE QUERELLA CRIMINAL POR DELITO DE TORTURAS, EN UN CONTEXTO DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, COMETIDO POR LA BRIGADA POLÍTICO SOCIAL FRANQUISTA

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, por medio de Auto de fecha 28 de diciembre de 2018, ha admitido a trámite una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político Social de dicha ciudad, entre los que se encuentran, Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona Cortés y Manuel Ballesteros.

El Juzgado, en el referido Auto, acuerda librar oficio al Archivo Histórico Nacional (Centro Documental de Memoria Histórica) para que remita todos los documentos existentes en sus fondos relativos al querellante y, en concreto, los concernientes a su detención como miembro, por aquél entonces, del Partido Comunista de España.

Nos encontramos ante la primera querella criminal , dirigida contra policías de la Brigada Político-Social franquista en el que se imputa un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, admitida a trámite por un Juzgado del Estado español .

La querella criminal presentada se enmarca en la campaña de presentación de este tipo de acciones penales en todo el Estado español al objeto de denunciar ante los Tribunales españoles los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Ya son un total de 18 querellas las que han sido presentadas en Madrid, Oviedo y Valencia.

En Valencia se han presentado un total de seis querellas criminales impulsadas por la Asociación Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

La resolución judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia representa un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; política de impunidad que tan duramente ha sido criticada desde diferentes instancias internacionales, entre otras, el Consejo de Derecho de Humanos de las Naciones Unidas.

Aunque tarde, es el momento de que por fin el Estado español reconozca a las víctimas de la dictadura franquista los derechos que les asisten: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La resolución judicial dictada debe animar a que otros Juzgados y Tribunales españoles dicten otras acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que, evidentemente, la Fiscalía General del Estado modifique el criterio mantenido hasta la fecha en relación con la tramitación de dichas causas penales, apoyando su investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes.

Desde la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina - Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme en el Pais Valencia expresamos nuestro ánimo ante el inicio de esta investigación y expresamos nuestroa decisión de seguir trabajando en esta dirección con el objeto de quebrar la impunidad del franquismo y alcanzar el pleno reconocimiento de las víctimas del franquismo.

Valencia 8 de enero de 2019

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NOTA DE PRENSA - QUERELLAS CONTRA EL FRANQUISMO | El Rogle

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Plataforma de suport Querella Argentina - Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE VALENCIA ADMITE A TRÁMITE QUERELLA CRIMINAL POR DELITO DE TORTURAS, EN UN CONTEXTO DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, COMETIDO POR LA BRIGADA POLÍTICO SOCIAL FRANQUISTA El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, por medio ...

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Este espacio, El Mur de la UV (II), es la continuación de un proyecto que empezamos de esta manera:

https://clolano.blogs.uv.es/

Y donde queremos hacer divulgación de la memoria democrática, especialmente sobre un espacio de represión aún poco conocido: el paredón de fusilamientos de Paterna, muy cerca de la ciudad de Valencia. La experiéncia de difusión, nacida en el seno de la Universitat de València, parte de una iniciativa docente que comienza con el esfuerzo de diversos grupos de alumnos y alumnas de las titulaciones de Comunicación Audiovisual y de Historia, que coordinados por un grupo de docentes colaboran en un proyecto con un objetivo común: que lo que tantos años quedó enterrado y oculto, sin que nos diéramos cuenta en muchas ocasiones, salga a la luz y se conozca. Y que los protagonistas de la enunciación, no tan sólo del relato, sean los propios alumnos. Porque son ellos los que cuentan las historias, porque queremos que ellos mismos, se la cuenten a sus compañeros.

Porque si queremos que los más jóvenes se impliquen en esta reivindicación, son ellos los que tienen que tener voz en este asunto.

Contando historias viejas, y olvidadas, sí, pero contándolas de nuevo, con voces nuevas, aprovechando todos los recursos de comunicación habituales entre la gente más joven: las redes sociales.

Hemos crecido, nos hemos hecho grandes, y ahora hay mucho más docentes y muchos más alumnos implicados: cuando acabe el proyecto, cerca de un millar de estudiantes universitarios de toda la Comunitat Valenciana habrán participado en él.

Este espacio, servirá para dar a conocer todos esos trabajos. Encontraremos aquí textos, periodísticos y académicos, también reportajes escritos y audiovisuales, entrevistas en plató de televisión piezas de vídeo hechas adrede para las redes, nuevos formatos como hilos de Twitter, siempre difundidos con el hashtag #ElMur, incluso, cómics.

Todos estos trabajos, que quieren difundir de una manera o otra la memoria histórica especialmente entre los mas jóvenes, están hechos por alumnos, de diversas universidades de la Comunitat Valenciana.

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#ElMur de la Universitat de València (II)

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Este espacio, El Mur de la UV (II), es la continuación de un proyecto que empezamos de esta manera: https://clolano.blogs.uv.es/ Y donde queremos hacer divulgación de la memoria democrática, especialmente sobre un espacio de represión aún poco conocido: el paredón de fusilamientos de Paterna, muy cerca de la ciudad de Valencia.

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Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

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Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo

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https://comisionverdadfranquismo.com/

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Características, etapas y documentos del régimen franquista

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Características, etapas y documentos del régimen franquista

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CJJS franquismo - Presentation (16:9) by carmen

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Se informa a los usuarios de la sala de consultas que, por cuestiones de personal, hasta nuevo aviso solo se podrán consultar en horario de tarde las unidades solicitadas y servidas en horario de mañana (hasta las 13:30 horas). Por favor, disculpen las molestias. Horario Sala de Consulta agosto 2021:

Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas
Condiciones de acceso a la Sala de Investigadores/Consulta

Aforo máximo de seis personas

Obligación de utilizar mascarilla y guantes

Se recomienda a los/las usuarios/as que se desplacen desde fuera de Salamanca que avisen previamente de su visita mediante correo a cdmh@cultura.gob.es en el que se deberá adjuntar el siguiente formulario

Más información

Dirección de contacto

Dirección: Salto de línea C/ Gibraltar, 2 Salto de línea 37008 Salamanca

Formulario de contacto Salto de línea Cómo llegar Salto de línea Teléfonos: Salto de línea (34) 92 321 28 45 Salto de línea (34) 92 321 25 35 Salto de línea Fax: Salto de línea (34) 92 326 47 30
cdmh@cultura.gob.es

Horarios

Información y asuntos generales:
De lunes a viernes: de 8:30 a 14:30 horas.
Sala de Investigación/Consulta:

De lunes a jueves: De 8:30 a 14:00 h y de 14:30 a 18:00 h

Viernes: De 8:30 a 15:00 h.

AGOSTO: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas

Consultar horarios para fondos depositados en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca.

Cerrado sábados y domingos, 24 y 31 de diciembre, fiestas nacionales, fiestas locales (12 de junio y 8 de septiembre) y de la Comunidad Autónoma (23 de abril)

Exposiciones permanentes en calle Gibraltar (Acceso libre y gratuito):

De martes a viernes. De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h

Sábados. De 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 h

Domingos y festivos. De 11:00 a 15:00 h

Lunes. Cerrado

Dónde estamos

© Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España

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centro documental de la memoria histórica

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Se informa a los usuarios de la sala de consultas que, por cuestiones de personal, hasta nuevo aviso solo se podrán consultar en horario de tarde las unidades solicitadas y servidas en horario de mañana (hasta las 13:30 horas). Por favor, disculpen las molestias.

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No es la Guerra Civil en sí el motor de esta página, son las personas, siempre fueron las personas. En este oscuro período de nuestra historia que comenzó con la guerra y que se recrudeció tras ella, la ocultación de información no fue un hecho casual sino una herramienta de castigo, dominio y humillación y es por ello que me parece tan importante la reparación que el propio conocimiento supone, por ello que la Memoria Histórica no es ni una moda ni un capricho.

Mi intención con esta web es enseñarte a buscar en todos los recursos disponibles y aportar todas las pistas posibles para que el reencuentro se produzca.

No sólo los Borbones tienen antepasados, todos y cada uno de nosotros los posee y no hay viaje más interesante y transformador que el de la búsqueda de las propias raíces. Nuestra historia empieza mucho antes que nosotros.

Te invito a conocerte o, mejor dicho, a reconocerte, a iniciar este viaje tras el cual no volverás a ser el mismo

Creemos erróneamente que los resultados que aporta Google a una búsqueda son "todas" las referencias que a ese respecto se hallan en Internet. No es así. Hay muchos sitios web, la mayoría institucionales, que no permiten entrar al robot de los buscadores en sus bases de datos y que tan sólo si realizamos la consulta en sus cajones de búsqueda sabremos si tienen o no información que nos interese en ese Archivo Histórico.

Ejemplos de esto son el Portal de Archivos Españoles en red, la base de datos de Militares republicanos con graduación, la base de datos de desaparecidos del Ejército de tierra de la República Española, el Portal de víctimas de la guerra civil y el Portal de movimientos migratorios iberoamericanos.

A todos ellos os indico cómo acceder y cómo buscar en el apartado de Búsquedas de este sitio.

Otra labor que he acometido en esta web es confeccionar listados con datos extraídos de los Diarios Oficiales del Ministerio de Defensa Nacional, poner en red los índices de los archivos, los listados de los procedimientos judiciales de los diferentes Tribunales Militares territoriales, enlaces a los recursos disponibles, información útil para la búsqueda como las reseñas biográficas de las brigadas, índices onomásticos, en fin todo aquello que de uno u otro modo pueda contribuir a localizar las piezas necesarias para reconstruir una historia.

He puesto a vuestra disposición también un buscador que realiza la búsqueda sólo en este sitio lo que permite, por ejemplo, poniendo simplemente el nombre de una población saber qué unidades estuvieron en ella o cualquier otra mención que se haga a la misma en la web sin que sea la avalancha de datos inmanejable que una búsqueda similar produciría en Google.

SI ECHAS ALGO EN FALTA, SI CONOCES ALGÚN RECURSO QUE NO HA SIDO RECOGIDO O PIENSAS QUE URGE DESARROLLAR ALGUNO DE LOS APARTADOS, ESTOY AL OTRO LADO DEL CORREO

Página de facebook en donde se informará de las actualizaciones y a través de la cual se pueden realizar consultas, correcciones o sugerencias.

Memoria Histórica

Siempre hablamos de la dignidad de los muertos, pero también es la dignidad de los vivos y es dándose cuenta de ello como cobra sentido toda esta lucha que continúa tras 80 años aunque ya no sobre el terreno sino sobre el papel.

La reparación de las víctimas que buscamos es también la reparación de sus ideales, de nuestros ideales. Es la reparación de su dignidad y la nuestra, esto es inseparable, de ahí la oposición que encontramos.

Nuestra Memoria Histórica va mucho más allá. La Memoria Histórica nos hace dignos y, qué es ser digno sino vivir en una sociedad digna con un servicio sanitario, un sistema educativo y un entorno empresarial digno. Así podremos lograr una administración de los recursos sensible y equilibrada, sostenible, que no amenace la subsistencia del ecosistema.

Por todo ello es que la Memoria Histórica adquiere una dimensión real y práctica que se traduce en calidad de vida, que contiene desde el primero hasta el último de los individuos que ocupan un territorio. Ninguno puede quedar atrás, no por algún tipo de solidaridad abstracta, como si la solidaridad fuera un regalo cuando en realidad es una herramienta, un instrumento de evolución y progreso.

En este gran barco que navega a través del tiempo no hay orilla posible sin ella.

Esta es mi trinchera virtual, pero trinchera al fin y al cabo y ¡no me moveré!

Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa.

Albert Camus, premio nobel de literatura en 1959

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diario oficial del ministerio de defensa

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Archivos y documentos de la Guerra Civil Española ¡¡Cómo buscar!!

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Datos referenciados Guerra Civil y franquismo

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¡¡¡¡ACTUALIZADO!!!! Lista correspondiente de donaciones a partir de día 01/01/2021 (al final) Lista de aportaciones económicas recibidas durante 2020. 7.280,00 Euros Lista de aportaciones económicas recibidas durante 2019. 11.270,00 Euros

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Búsqueda Avanzada Documentos

Consejos de Búsqueda

Los resultados serán todos aquellos documentos cuya descripción coincida con los campos de búsqueda. No se tendrán en cuenta tildes ni mayúsculas. No se tendrán en cuenta palabras comunes como artículos o preposiciones (la, los, de, a, etc.), dado que todos los documentos las poseen. Se buscará por palabras completas (si introducimos "colón", no obtendremos resultados en los que aparezca colonial, colonia o colonización). En el filtro por fecha son obligatorias las dos: una para el campo Desde y otra para el campo Hasta. La fecha Desde debe ser menor que la fecha Hasta. El patrón es: Día(2dígitos)/Mes(2 dígitos)/Año(4 dígitos), si se desconoce alguno puede dejarse en blanco. Si se desea buscar por siglo, se introducirá su valor en números romanos en la casilla destinada al año.

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Búsqueda Avanzada Documentos Consejos de Búsqueda Los resultados serán todos aquellos documentos cuya descripción coincida con los campos de búsqueda. No se tendrán en cuenta tildes ni mayúsculas. No se tendrán en cuenta palabras comunes como artículos o preposiciones (la, los, de, a, etc.), dado que todos los documentos las poseen.

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oficina para la reforma de las administraciones

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dirección tic de la administración general del estado

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MPR. Buscador víctimas [Memoria Democrática/Mapa de fosas]

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MPR. Buscador víctimas [Memoria Democrática/Mapa de fosas]

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BOE.es - Gazeta: formulario de búsqueda de disposiciones y noticias

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Gazeta: formulario de búsqueda de disposiciones y noticias

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Quién lo diria, los debiles nunca se rinden. Mario Bennedetti

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oficina para la reforma de las administraciones

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dirección tic de la administración general del estado

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MPR. Mapa de fosas -buscador georreferenciado [Memoria Democrática/Mapa de fosas]

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MPR. Mapa de fosas -buscador georreferenciado [Memoria Democrática/Mapa de fosas]

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María del Olmo Ibáñez lleva casi treinta años en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, organismo que dirige en la actualidad. A pesar de lo reducido del equipo que trabaja allí -seis personas-, la actividad no cesa: a la labor que se hace en materia archivística se suman las actividades de índole divulgativa. La respuesta, valora Del Olmo, es muy positiva: quitando el año de pandemia, unas 20.000 personas visitan cada año las instalaciones para acercarse a las exposiciones que organizan o al aula didáctica que poseen.

Sobre la parte documental, el volumen de trabajo les obliga a priorizar, y tienen claro que la memoria democrática apremia. Desde hace unos años, el equipo del Archivo Histórico está enfocado en los cerca de 40.000 expedientes penitenciarios de la represión franquista que llegaron a sus dependencias. Un trabajo que a veces se hace extremadamente duro: "Tenemos 16 expedientes de mujeres fusiladas y te encuentras cosas terroríficas, como una niña de 16 años fusilada por haber pertenecido a la CNT. ¿Cómo puedes ver eso y no emocionarte? La empatía es ponerte en ese lugar, pensar en tu hija de 16 años, en tu hermana, y que la maten por una afiliación, por un carné". Para trabajar esa empatía es importante, considera, difundir esa información. En ello están.

Llevas desde 1992 trabajando en el Archivo, ¿cómo has visto su evolución desde entonces?
El cambio de sede que se hizo en 2008 fue fundamental porque estas instalaciones nos han permitido organizar muchas actividades importantes para un planteamiento de archivo progresista, fuera del concepto tradicional de estos centros como lugar de los eruditos, cerrado a los investigadores. No nos percibimos como un almacén de papeles, sino como un espacio de la memoria de la sociedad que, como tal, tiene que difundir los fondos que tiene. Trabajamos en consonancia con la ley de memoria histórica de 2007. A partir de ese momento, nos empezaron a transferir fondos y, como archiveros, nos sentimos muy convocados y urgidos a dar una respuesta a las víctimas.

¿Qué función cumple para la sociedad un archivo histórico?
Para mí tiene tres funciones. Por una parte, la tradicional de servir a los investigadores que buscan documentación. También estaría la función de avalar derechos -vienen muchos particulares que necesitan documentación catastral para juicios de propiedad, etcétera- y, muy importante, un archivo tiene un valor democrático: recoge la memoria de la sociedad y permite a muchas víctimas encontrar documentación con la que refrendar sus derechos. Además, creo que un archivo sirve como conciencia de la sociedad de todo lo que ha sucedido.

Leí una reflexión tuya sobre cómo tu primer acercamiento al Archivo te hizo sentir que la Historia no eran libros escritos por alguien, sino que entre las líneas de los documentos que ordenabas "había seres humanos que los habitaban".
Sí, creo que a todos los que hemos estudiado historia -y todos lo hemos hecho, aunque sea en el instituto- nos parecía que era como una novela. Pero cuando empiezas a trabajar en un archivo empiezas a ver que los documentos son vida. Por ejemplo, cuando un señor testa y hace una declaración de cuáles son sus creencias, cuál es la enfermedad que está pasando, sus afectos personales, a quién quiere... Ves lo que hay detrás. En este sentido, hay un cambio sustancial en mi percepción sobre la memoria democrática cuando nos llegan los fondos de instituciones penitenciarias y empezamos a ver los expedientes de los presos durante la represión franquista.

Un relato penitenciario recoge toda la trayectoria del preso desde que ingresa en prisión hasta que sale: las visitas, si sale a un hospital porque está enfermo, cuándo se va al consejo de guerra... Todo. Así que te das cuenta de las historias terribles que hay detrás y recuerdas que son seres humanos, y de repente la historia cobra vida. Te cambia la percepción y la angustia sobre esto. He llegado a hablar con compañeros de profesión del sufrimiento de los archiveros: parece que somos asépticos en todo y no, somos seres humanos, y esta documentación nos conmueve profundamente.

Sí, abordar expedientes de la represión franquista no parece un trabajo fácil.
Para mí los primeros meses con estos expedientes supusieron un estado casi depresivo. Además, a partir de la ley de memoria histórica, empezaron a llamar familiares pidiendo documentación y contaban cosas terribles. Una señora que quería escribir la historia de su familia nos dijo que tenía el recuerdo de que solo podía visitar a su padre el 5 de enero; el gran regalo de reyes era ir a ver a su padre a la prisión, y ella se acuerda de que él tenía como una especie de joroba. Luego supo que eso se lo había provocado el hacinamiento, la posición de tanto tiempo durmiendo de esa manera. Ya no es solo el sufrimiento de los presos, sino también de su familia; no puedes oír eso y no conmoverte. Por eso muchas veces, cuando la gente me discute el tema de la memoria histórica, ya no debato, solo les digo: cuando hayas descrito 20.000 expedientes penitenciarios, hablamos.

En redes sociales compartís documentación que ayuda a comprender esta realidad de la represión franquista de la que hablas, como una carta de la hermana de un preso en la que ruega su liberación. ¿Cómo surgió la idea de difundir este tipo de textos?
Hace unos meses nos empezó a salir toda la documentación sobre campos de concentración. Entonces compartimos un expediente del campo de concentración del castillo de Santa Bárbara en Twitter y el interés fue tan grande que empezamos a compartir fragmentos sobre el campo de concentración de San Fernando, los expedientes de la Plaza de Toros... Creemos que hay que difundir todo y que es prioritario contribuir a que de verdad haya una memoria democrática. Tener la información real sobre lo que ocurrió es el primer paso para reparar.

Hoy queremos mostraros la carta de la hermana de un preso del campo de concentración del Castillo de Santa Bárbara al director del campo, pidiendo la liberación de su hermano. Muestra la condición de víctima de los familiares y la sumisión que imponía el vencedor. Conmocionante👇 pic.twitter.com/l6PasS2uyO
&mdash; AHPAlicante (@AhpAlicante) May 19, 2021

¿Habéis detectado particularidades de la represión franquista en la provincia de Alicante?
Hay muchas particularidades porque la República se va retrayendo hacia esta Comunidad, en Alicante acaba la guerra y gente de otras provincias está huyendo hacia aquí intentando salir por el puerto. El número de detenidos fue enorme, por eso se tuvieron que habilitar tantos campos de concentración y se hizo el de los Almendros, que estaba pensado para seis días pero que acabó reuniendo a cerca de 7.000 personas presas sin ser alimentadas. Murió cantidad de gente de inanición en esos días. A ese se suma el de Santa Bárbara, el de San Fernando, una casa de espiritualidad de los Jesuitas en Benalúa que se habilitó para mujeres, el Teatro Principal, todos los cines de Alicante también recogieron a mujeres... La concentración fue total. La cantidad de presos fue enorme.

De hecho, una cosa que llama la atención mirando los documentos es que, como se les recogió de aquella manera, ni siquiera hay datos en las detenciones. Solo el nombre. Otra cosa que distingue a Alicante son los libros registro de detenidos de los primeros días, al acabar la guerra. Es un documento llamativo porque la causa de la detención casi nunca consta o es "indocumentada".

¿Las condiciones eran igual de duras en todos los campos de concentración?
En el de Albatera fueron durísimas. Fue un campo de trabajo durante la República, tenemos algún expediente de esa época, pero hay una diferencia sustancial en el tratamiento que se les dio a cómo se les maltrató en el periodo franquista. En primer lugar, el hacinamiento: durante la República estuvieron sobre mil y cuando lo tomó el franquismo llegó a haber 18.000 personas. Las condiciones higiénicas eran horribles, muchos presos fueron trasladados al sanatorio Porta-Coeli.

No se ha hablado mucho sobre los campos de concentración franquistas pero, según has comentado antes, son cuestiones que generan mucho interés entre la ciudadanía. ¿Crees que ese interés se debe precisamente a que durante muchos años no se ha trabajado en difundirlos?
Sí, lo pienso. La verdad es que la gestión de España de este tema me deja alucinada. En Europa se ríen de nosotros por el respaldo institucional que ha habido al franquismo, no pasa en ningún país. La ley de amnistía, que en realidad fue una ley de amnistía al franquismo, es un ejemplo: no se puede decretar el olvido con un tema así. Que todavía no haya cambiado la ley de secretos oficiales. Es cierto que hay una nueva generación que está queriendo acabar con porque ve cómo ha sucedido todo y lo hiriente que es para las víctimas una tolerancia encubierta a todo un poder franquista que queda por ahí.

Es verdad que hay un empuje generacional en este sentido; sin embargo, muchos jóvenes -y no tan jóvenes- de la ciudad no conocen la historia del bombardeo de Alicante o del campo de Albatera. ¿Qué se puede hacer para corregir esto?
Yo también me he planteado este tema. Todos tenemos la experiencia de que en las clases de Historia nunca se llega al franquismo, porque se acaba el curso y no da tiempo a terminar el programa. Creo que habría que empezar al revés para que se corrija esa carencia. Que se desconozca nuestra historia reciente, que es la que más nos tiene que conmover y afectar, es muy triste. Y además es una historia dañina, en la que hay víctimas. Es el trabajo que intentamos a hacer aquí con los institutos.

Hace poco celebrábamos el décimo aniversario del 15M. En tu artículo Los archivos históricos en el siglo XXI: ¿Hacia una redefinición? hablas de la importancia de plantear en los foros archivísticos la cuestión de los movimientos ciudadanos ya que, "al no pertenecer a ámbitos oficiales, corren el riesgo de que su huella documental se pierda en un limbo, que el presente no debe permitirse porque falsearía la historia futura".
De hecho nos pusimos en contacto con la comisión del 15M de Alicante, pero no conseguimos que nos pasaran la documentación. Teníamos mucho interés porque sabemos que todo lo que se queda testimoniado en los archivos públicos es documentación oficial, pero hay una parte de la actividad social que no queda reflejada en ningún sitio. Y los movimientos sociales forman parte de la historia actual, incluso la cambian.

Has mencionado varias veces el concepto de memoria democrática. Hace pocos días, el poder Judicial defendía que la ley de memoria vulneraba la 'libertad ideológica' por pretender cerrar fundaciones franquistas. ¿Qué opinión te merece esta noticia?
Uno no puede evitar preguntarse con este tipo de sentencias qué pasa con el poder judicial. Los argumentos que dan son muy pobres. Hay unas reminiscencias del franquismo metidas en instituciones muy importantes del país, y eso está claro con este tipo de actuaciones.

En este sentido, me he estudiado mucho el tema de la ley de partidos, y estoy convencida de que esa ley solo se hizo para ilegalizar a Batasuna, porque la ley de partidos que está vigente tiene un artículo clarísimo que dice que el enaltecimiento del terrorismo, xenofobia o discriminación por género son motivos para ilegalizar un partido. Lo de género y xenofobia, Vox lo cumple clarísimamente, y sobre el enaltecimiento de terrorismo tenemos el ejemplo de los GAL: cuando murió Galindo y salió Macarena Olona diciendo 'siempre en mi corazón' a un señor que está condenado... ¿eso no es enaltecimiento del terrorismo? ¿Por qué no se aplica la ley de partidos con Vox?

Hemos hablado al principio de las partes más duras del trabajo como archivista. ¿Cuáles son las más gratificantes?
La parte dura tiene también una gratificación cuando ves que le rellenas un hueco a alguien en su memoria, que le permites defender a una persona de su familia o que le ayudas a hacer valer un derecho o un reconocimiento de su condición de víctima, aunque sea muy doloroso revisar los archivos.

Pero para nosotros, es importantísimo el tema de los colegios, ver cómo les interesa a los niños ver el expediente penitenciario de Miguel Hernández, que es el poeta que han estudiado en su colegio, entender por qué se le llama el poeta del pueblo, qué hizo por la sociedad... Creo que el corazón del archivo es el aula didáctica porque es donde estamos construyendo sociedad, transmitiéndoles a los niños todos esos valores que nos creemos y sobre los que el archivo tiene mucho que aportar. Y también la parte de las personas mayores. Cuando hicimos la exposición sobre la Guerra Civil, qué cantidad de gente mayor se puso a llorar. Contaban sus historias. Y te decían: 'Es que jamás hemos podido hablar de esto'. Ese intercambio es lo más gratificante.

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María del Olmo: "Un archivo histórico sirve como conciencia de la sociedad de todo lo que ha ocurrido"

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María del Olmo Ibáñez es directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante. En sus años al frente del organismo, la archivista se ha enfocado en la divulgación de la memoria histórica: una de sus más recientes líneas de trabajo son los cerca de 40.000 expedientes penitenciarios que arrojan nuevas informaciones sobre la represión franquista en Alicante.

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La UNED en TVE-2 - I+D -

Desde el golpe de Estado de julio de 1936, el sistema dictatorial franquista negó la existencia de la sexualidad de la mujer fuera de la procreación y del papel de madre y esposa asignado por el nacional-catolicismo. Raquel Osborne, profesora titular de Sociología de la UNED coordina, desde hace más de dos años, un proyecto de investigación multidisciplinar sobre la sexualidad femenina bajo el franquismo desde una perspectiva de género.

Raquel Osborne Verdugo profesora de Sociología, UNED

Tania Gálvez San José redactora - realizadora CEMAV, UNED

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Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el Franquismo

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Desde el golpe de Estado de julio de 1936, el sistema dictatorial franquista negó la existencia de la sexualidad de la mujer fuera de la procreación y del papel de madre y esposa asignado por el nacional-catolicismo.

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Reseña de La guerra que aprendieron los españoles

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La asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de texto escolares

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Enrique Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, asegura que se quedó atónito cuando llevó a sus alumnos de primero de carrera a ver el documental El silencio de otros. Y no tanto por lo que en él se cuenta, una pieza que navega por las historias de represaliados y represaliadas del franquismo y la lucha de las familias en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, sino por los comentarios tras el visionado. "Nadie nos había explicado nada de esto", le comentaron a este profesor, que, movido por esta frase y el déficit palpable sobre memoria histórica con el que el alumnado llega a la universidad, se ha dedicado a hacer un repaso de los libros de texto de Historia.

Y habla de un proceso de "desmemoria", fraguado durante la Transición y plasmado en lo que se enseña en las aulas. "Un memoricidio", remarca. "Lo que hemos comprobado es que los alumnos y alumnas saben más del nazismo que del franquismo; saben más del holocausto judío que del holocausto español. Carecen de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura y la lucha antifranquista y tenemos una deuda democrática con la Segunda República", explica Díez a El Salto.

Este profesor, autor del libro La asignatura pendiente (Plaza y Valdés, 2020), resume que, en sus cinco años de análisis de libros de texto, en los que ha realizado 610 entrevistas a profesorado de Historia y 376 a alumnado, se ha dado cuenta de que hay un problema de invisibilización y de tergiversación de la memoria histórica. Así, por ejemplo, los materiales se centran en la guerra, mientras que la posguerra sigue en la sombra. "Además, los 44 años que transcurren entre la Segunda República, la guerra y el franquismo, que deberían ocupar cerca del 50% de los contenidos del siglo XX, por estricto tiempo cronológico, solo ocupan el 9%", explica.

Por otro lado, y siempre según su investigación, ni la mitad de los libros de 4º de la ESO y pocos más en 2º de Bachillerato explican cómo el franquismo hacía leyes a su medida para llevar a cabo fusilamientos, coacciones, expolios... de los opositores y opositoras al régimen. Más allá de la violencia física de los "paseos" o los fusilamientos, no se explica nada sobre el exilio interior de los topos, el robo de bebés a mujeres humildes o los experimentos con las prisioneras para erradicarlas el llamado gen rojo. "Se dedica a los 'paseos' el mismo espacio que el dedicado a Mariquita Pérez, "el juguete más ansiado en los años 50", ejemplifica.

En cuanto a la tergiversación, considera importante señalar el uso de palabras inadecuadas, como "alzamiento" en lugar de golpe de estado. Lo más grave, añade, es la teoría de la equidistancia. "Se insiste reiteradamente en que la guerra fue un enfrentamiento fratricida como si dos partes se hubieran enfrentado con las mismas condiciones, que todos fuimos culpables, una lucha entre hermanos, equiparando al torturador y a la víctima. Un torturador nunca es un bando", concluye.

Una oportunidad perdida

Todos estos déficits se podrían haber subsanado en el nuevo currículo aprobado con la LOMLOE, la recién llegada norma educativa. Esta ley integra un avance a este respecto. La Historia de España que se enseña en 2º de Bachillerato, y que es heredera de la época de Esperanza Aguirre al frente del Ministerio de Educación, ya no irá desde Atapuerca hasta nuestros días. Esta "anomalía" en nuestro entorno geográfico, que ha favorecido que alumnos y alumnas acabaran el instituto sin haber llegado apenas a rozar la dictadura y con la Transición reducida a unas hojas de folio para estudiar de cara a la EVAU, se ha solventado: ahora las clases se iniciarán a partir de la Constitución de Cádiz de 1812. Así lo explica Isabel Alonso Dávila, Catedrática de Historia y profesora de Instituto ya jubilada, que junto a Díez ha impulsado una recogida de firmas con más de 34.000 rúbricas para la inclusión de la memoria histórica en los libros de texto. "Hemos resuelto una anomalía, pero otras siguen", explica.

Alonso, quien ha dado clases en Italia, Francia o Portugal, resalta que las diferencias en el tratamiento de los fascismos y la lucha contra la represión son abismales. "Tú en Francia hablas de la Resistencia y todo el mundo sabe lo que es y tiene un concepto positivo. Aquí el concepto guerrilla o maquis ni se trabaja. Curiosamente, el término guerrilla se enseña como contenido positivo durante la invasión napoleónica de la península. Pero luego, desaparece", explica Alonso.

Esta profesora realizó una lectura pormenorizada del nuevo currículo y redactó más de cuarenta enmiendas que planteó a través de CC OO en el Consejo Escolar del Estado. Quería que no se escapara esta nueva ventana de oportunidad, y más con el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática en la puerta, que en su artículo 45 exige medidas en materia educativa. Entre sus propuestas, incluía ejemplos como cambiar el concepto "Guerra Civil" por "Guerra de España", incluir términos como "lucha antifranquista" o relacionar la historia de España en su contexto internacional. "El alumnado francés tiene un tema que se llama La Guerra de España y se estudia como el antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Además, tienen que estudiar la intervención de la Alemania nazi y del fascismo italiano en nuestra guerra porque fue decisiva. El alumnado sale con la idea de que el nazismo fue un horror, pero no lo relacionan con la dictadura franquista", explica esta historiadora.

Las enmiendas, que fueron aprobadas en el Consejo Escolar del Estado, no han sido incorporadas finalmente por el ministerio. Alonso asegura que el final de su trabajo ha sido deprimente. "El ministerio de Educación no nos ha hecho caso", confirma Enrique Díez Gutiérrez, quien asegura que lo único que aparece en la LOMLOE sobre el tema viene reflejado en la disposición adicional número 41 y lo reduce a términos tan vagos como que hay que conocer la historia de la democracia y su contribución a los valores democráticos insertos en la Constitución. "Se ha perdido una oportunidad histórica importante, siempre aparece el miedo que tiene el PSOE a definirse como antifascista", concluye.

Sin mujeres en la historia

Los libros de historia arrastran un déficit de memoria. Además, hay una falta aún mayor de memoria feminista. Para Mirta Núñez, historiadora y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, urge incorporar a las mujeres en las páginas de los libros, lugar que nunca han ocupado o lo han hecho de manera marginal. Avisa de que conocer el pasado es muy importante para cambiar la actualidad. Y en eso, como Enrique Díez, constata curso tras curso que los alumnos y alumnas que llegan a la universidad están muy faltos de recursos.

"Todos los años me tropiezo con lo mismo. No hay nada mejor para entender el papel que ha desarrollado la mujer en la sociedad que leer El sí de las niñas de Fernández de Moratín. Pero, desde hace varios años, nadie lo conoce y es muy adecuado para hablar de la mujer a comienzos del siglo XIX y su absoluta sumisión incluso en temas muy personales como puede ser el amor", relata Núñez sobre una novela que centra su trama en una joven de 16 años comprometida con un hombre de 59 siguiendo el mandato familiar. "Tampoco nos hablan del papel de la mujer en el franquismo ni de la Sección Femenina", añade.

Entre las enmiendas al currículo añadidas por Isabel Alonso, varias estaban dedicadas a la historia de las mujeres, objetivo que se marca el nuevo plan pero que, en su opinión, no se ejecuta de manera completa. Así, se recoge incorporar la perspectiva de género en el análisis de la España actual y de su historia, "a través de la contextualización histórica de fuentes literarias y artísticas". "Pero -incide esta historiadora- las mujeres no solo salen en las fuentes literarias o artísticas, ¿qué tipo de fuentes son los debates en torno al derecho al voto de las mujeres, con Clara Campoamor a la cabeza, o la persecución de mujeres antifascistas, o la lucha por la legalización del aborto o el divorcio? Esta idea de que a las mujeres solo se las puede buscar en las fuentes literarias vuelve al concepto de que no salen en las fuentes históricas tradicionales, y claro que salen", se queja.

Iniciativas con memoria

La propuesta de las historiadoras e historiadores consultados es clara, revisar los contenidos del currículo y los materiales para que incluyan cuatro aspectos: la represión franquista, la lucha antifranquista de hombres y mujeres, la vinculación con los valores democráticos de la Segunda República y la labor de los movimientos de recuperación de la memoria histórica. Y, por suerte, aunque aún de manera incipiente, ya hay ejemplos de ello.

En el , de Sevilla, llevan desde el curso 2018/ 2019 desplegando la educación de la Memoria. Lo llaman Memoria Viva y es un proyecto transversal que acogen desde las aulas de Primaria hasta el Bachillerato durante todo el curso. Incluye una gran variedad de actividades. Cada día del calendario tiene un concepto asignado que van desde el voto femenino a la marcha verde. Mientras se homenajea al colegio Aljarafe Guernica en el patio, los mayores de Bachillerato preparan obras de teatro sobre temas históricos como La Nueve, la columna de españoles que participó en la liberación de París, y en Primaria estudian matemáticas a partir de las cartillas de racionamiento. Sus excursiones son a fosas comunes.

"Hace unos días estuvimos en Pico Rejas -la fosa común que se está exhumando en el cementerio sevillano de San Fernando-, con los niños de 1º de Bachillerato y la semana que viene con los de 2º y 4º de la ESO", explica a El Salto Rosario Santos, profesora de Secundaria y coordinadora del proyecto Memoria viva.

La peculiaridad de este proyecto, explica Santos, es que involucra a todas las edades. Lo describe como un puzle dinámico, en el que cada profesor o profesora va añadiendo piezas. "Es un mosaico donde cada uno va poniendo una tesela de algo en cada curso", explica. El año pasado lo dedicaron a Miguel Hernández y al contexto histórico de su figura. Una experiencia innovadora que hoy acude a congresos y jornadas del ministerio de Educación.

Santos, sorprendida por la repercusión de una idea que se fragua al calor del departamento de Historia, asegura que su colegio, nacido de una cooperativa de profesorado, siempre ha tenido cierta sensibilidad por estos temas. Un clima que se impregna también entre las familias y el alumnado. "Tenemos muchos alumnos muy sensibilizados. Estamos muy satisfechos. Algunos ahora están en la Universidad y nos siguen escribiendo emocionados. Una alumna que está en Derecho nos explicaba el otro día que ella hace aportaciones en clase que dejan sorprendida a la profesora".

Lo cierto es que las iniciativas así existen, pero falta coordinación entre ellas. Falta un espacio común donde volcar todos los materiales didácticos y donde ir compartiendo experiencias. Así lo explica Luis Zapatero, profesor de Geografía e Historia en Brunete (Madrid) hoy retirado, quien está intentando crear una plataforma de profesores, un comité pedagógico por la memoria en Madrid, con dos objetivos: organizar cursos de formación para profesorado y mantener un repositorio de experiencias, materiales y recursos. "Queremos también enlazar con experiencias en otras Comunidades", explica Zapatero, mientras desentraña el proyecto que llevó a cabo en su instituto, el IES Alfonso Moreno de Brunete, donde desde 2015 desarrollan la iniciativa Voces del pasado.

"Es un proyecto de 4º de la ESO en el que realizan varias actividades para analizar el siglo XX utilizando fuentes orales. Primero construyen un árbol genealógico con la historia de vida personal. Y la parte central es buscar testimonios entre familiares y gente del pueblo para realizar una pequeña investigación", explica Zapatero.

Un proyecto que aspira a crecer, convertido en Abuelos en las aulas. "Queremos hacerlo interdisciplinar, un proyecto de centro que implique a otros departamentos, no solo a Historia. Consiste en llevar a los mayores a los institutos y llevar a los estudiantes a los lugares de los mayores para que haya un flujo intergeneracional". Una iniciativa que iba a arrancar en 2020, pero que fue frenada por la pandemia.

Zapatero habla de una unidad didáctica espejo desarrollada en Valencia por el profesor Luis Vivas, quien acaba de editar el libro Lecciones de nuestros abuelos (Vinatea editorial, 2021) que resume las historias recopiladas por los alumnos y alumnas. "Queremos conectar todas estas iniciativas que incrementen la proyección de la memoria democrática a nivel educativo. Hay muchas experiencias pero están muy fragmentadas", concluye.

Para Enrique Díez, el tiempo corre en contra de la memoria histórica en las aulas. Y más con el auge de la extrema derecha y su aparición en las instituciones. Enfatiza que conocer el pasado es el mejor antídoto para que en el presente no se repitan los mismos errores. "Queremos que se lleven a la práctica los ejemplos que ya hay. Tenemos unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica en Andalucía, en Valencia, en Galicia, en Pamplona... hay en muchos sitios. Pedimos a Educación establecer unos mínimos comunes que aseguren su presencia en todo el Estado. Queremos dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Si un solo alumno acaba Secundaria sin conocer esto, es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo. Hay que educar en el antifascismo, no se puede ser demócrata sin ser antifascista", concluye quien sueña con que ningún alumno o alumna más vea El silencio de otros acompañado de un silencio previo en las aulas.

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Historiadores e historiadoras alertan de la invisibilización y la tergiversación de la memoria histórica en los libros de texto. Reclaman para el alumnado, que sabe más del nazismo que del franquismo, un currículum estatal que incluya la represión del régimen o la lucha antifranquista.