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Hola a todos!!!!

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Buenos Aires, 19 de julio. Por tercer año consecutivo, las mujeres volvieron a ser parte del debate en la 132° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria de Argentina. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y la Sociedad Rural Argentina convocaron hoy a un encuentro para reiterar la necesidad de crear políticas públicas que aceleren su pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.

Participaron de la apertura del evento Daniel Pelegrina, Presidente de SRA, Leonardo Sarquís, Ministro de Agroindustria de provincia de Buenos Aires, Francisco Yofre, Oficial a Cargo de FAO Argentina y Victoria Zorraquín, Directora de Innovación Tecnológica para Pequeños Productores del Ministerio de Agroindustria de Nación, quien asistió en representación del Ministro de Agroindustria de Nación, Luis Miguel Etchevehere.

"La igualdad de género es un pilar de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las mujeres están cobrando cada vez más fuerza en ámbitos como la energía, donde recientemente se creó la Red de mujeres de bioenergía en Argentina. Las mujeres y también las rurales merecen tener los mismos derechos que los hombres, acceder a puestos de responsabilidad y tener los mismos salarios", afirmó Yofre.
La mujer rural en la región y en el mundo
Durante el encuentro, referentes de Argentina y la región brindaron un panorama internacional y nacional sobre el rol que tiene la mujer rural en la producción de alimentos y las desventajas que aún perciben con respecto a los hombres.

Las mujeres ocupan un lugar reconocido en el trabajo con la tierra, la agricultura familiar y la protección del tejido social y sus comunidades. Sin embargo, viven una realidad que Gabriela Mata, ONU Mujeres Costa Rica, describió como un "techo de cristal que impide avanzar a las más formadas, que no tienen acceso a decisiones ni al patrimonio; escaleras rotas para las que buscan hacerse un lugar y de piso pegajoso para las de menores recursos que no pueden salir de su situación".

Por su parte, Carolina Villanueva, Directora de contenidos de W20 (Women20) Argentina, señaló la falta de estadísticas y comentó que la mujer rural en Argentina "vive en lugares aislados, le falta integración al tejido social y todavía existe una deuda en cuanto a conectividad".

Elisabet Golerons, punto focal de género en FAO Argentina, destacó acciones y campañas para visibilizar emprendimientos y aportes de las mujeres rurales, como la campaña regional de FAO "Mujeres rurales, mujeres con derechos" o la iniciativa Saberes y sabores. Asimismo, desde FAO plantearon la necesidad de orientar políticas públicas y prácticas para garantizar un desarrollo agrícola y rural equitativo entre mujeres y hombres; generar información actualizada y datos desagregados de género; impulsar una Ley de mujeres rurales en Argentina y lograr mayor visibilidad en los medios de comunicación de la mujer rural.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,Fabiana Tuñez, también participó de la jornada en el panel de "Políticas públicas y ámbito legislativo en Argentina", donde compartió conceptos y desafíos con Cristina Antúnez, coordinadora de Equidad de Género, Diversidad Sexual e Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo.
Las mujeres son responsables de la mitad de la producción de alimentos en el mundo. Representan el 43% de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo. Si tuviesen el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, podrían producir entre un 20% y un 30% más de alimentos en el mundo, lo que equivale a 4 veces la

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Las mujeres son responsables de la mitad de la producción de alimentos en el mundo

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Buenos Aires, 19 de julio. Por tercer año consecutivo, las mujeres volvieron a ser parte del debate en la 132° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria de Argentina. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) y la Sociedad Rural Argentina convocaron hoy a un encuentro para reiterar la necesidad de crear políticas públicas que aceleren su pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales.

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"¿Un INTA para alimentar al pueblo o para engordar las billeteras de unos pocos?"

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El Foro Agrario denunció que el Gobierno de Macri apura la designación de nuevas autoridades en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para que sean "directivos afines a las políticas de la actual gestión".

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El grupo de estudios Proyecto Económico, que encabeza la diputada nacional Fernanda Vallejos, cuestionó el proyecto oficial de ley de semillas advirtiendo que "le garantiza 3000 millones de dólares al año a Monsanto y transfiere 13 mil millones de pesos por año del Estado a los grandes productores". Cita, además, un trabajo de Federación Agraria Argentina que plantea que "la propuesta del oficialismo encarece los costos de los productores locales en 600 millones de dólares por año, durante al menos cinco años".

El oficialismo dio la semana pasada el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, este miércoles en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el "derecho de uso propio" de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además, denunció que fue "negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural". La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la "unificación de todos los derechos y patentes" de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).

El informe crítico de Proyecto Económico señala que "uno de los grandes damnificados será el Estado y los contribuyentes argentinos, pues el proyecto de Cambiemos permite deducir del impuesto a las ganancias el equivalente a 1,5 veces "los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada". Sostiene el informe que ello significa que, "en la práctica, el Estado pagará parte de las regalías de las multinacionales por 13 mil millones de pesos anuales, en un escenario de mínima". Dinero con el cual se podrían pagar, calcula, más de un millón y medio de jubilaciones mínimas. "Además, resulta harto factible que el sobrecosto por las semillas termine transfiriéndose al precio de los alimentos, con lo cual, en definitiva, la medida terminará afectando a los consumidores", agrega el informe.

El proyecto les quita potestades a los productores locales para comprar, cosechar y volver a sembrar determinadas variedades vegetales. La propuesta de Cambiemos determina que "solamente queden eximidos de abonar el uso propio (sembrar sus propias semillas, obtenidas de su propia cosecha anterior, sin obligación de pago de derechos de propiedad intelectual), aquellos productores encuadrados como "microempresas": que tengan una facturación bruta inferior a 3,8 millones de pesos anuales (poco más de 300 mil mensuales). "Por lo tanto, con el nuevo proyecto pagarían patentes casi todos los productores del país."

"El alcance de la propuesta gubernamental excede con creces al negocio de la soja", dice el documento del equipo de trabajo que lidera Fernanda Vallejos, "afectando a todas las variedades vegetales que se siembren en el territorio argentino. Desde la yerba mate, el tomate, a las uvas frescas. La iniciativa impactará negativamente en todos los cultivos del país".

Más adelante agrega que "la propuesta que el Gobierno consensuó con otros actores privados desconoce el impacto que esta medida tendrá en el costo final que pagan los consumidores por los alimentos. Los grandes damnificados serán aquellos que integran el último eslabón de la cadena, los consumidores, quienes deberán pagar un precio más alto porque el sobrecosto originado por este cambio en la ley de Semillas que tendrá un efecto cascada, con un impacto importante en los bolsillos de los consumidores de productos vegetales". Y subraya que "llama la atención que a pesar de que, justamente, los efectos negativos de la medida repercutirán esencialmente sobre los contribuyentes/consumidores, el tratamiento de esta iniciativa se haya mantenido encorsetado entre cuatro paredes en lugar de abrir la discusión y el debate a la población en general".

La Multisectorial, por su parte, indicó que "desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales" de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.

Fuente: Página 12

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Nueva Ley de Semillas: "Encarecerá los alimentos"

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El grupo de estudios Proyecto Económico, que encabeza la diputada nacional Fernanda Vallejos, cuestionó el proyecto oficial de ley de semillas advirtiendo que "le garantiza 3000 millones de dólares al año a Monsanto y transfiere 13 mil millones de pesos por año del Estado a los grandes productores".

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Con casi 300 organizaciones sociales, ecologistas, campesinas e indígenas en contra y muy lejos de contar con un consenso esperado, los diputados que responden al oficialismo le dieron mayoría a un proyecto de reforma de la actual Ley de Semillas (20.247), del cual se desconocía su letra hasta que se votó este martes 13 en un plenario de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación. Entre los puntos controversiales más relevantes, elimina el "derecho de uso propio" de las semillas por parte de los agricultores y permite que las empresas cobren regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar las semillas sujetas a derechos de obtentor que ellos mismos hayan cosechado.

"El dictamen es en base a un borrador que estuvo circulando desde hace unas semanas pero que, hasta el momento de sentarse, los legisladores no sabían cuál era el texto. De hecho, el lunes por la noche había circulado otra versión que había mandado oficialmente la Comisión de Agricultura", le dijo a TSS la investigadora del CONICET Tamara Perelmuter, representante de la Multisectorial contra la ley Monsanto-Bayer de semillas, y agregó que estas irregularidades en el proceso "refuerzan el argumento que sostuvimos desde las organizaciones: que la negociación se hizo a puertas cerradas, a espaldas de las asociaciones y también de la gran mayoría de los legisladores, que no conocían el texto de lo que se estaba negociando ni lo que tenían que votar".

También llama la atención la urgencia con la que se decidió cerrar este proceso de discusión, que lleva al menos dos décadas de controversias sobre cómo modificar la actual normativa, que fue promulgada en 1973, cuando las semillas que se usaban en el país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había estandarizado métodos para agregar partes de otros organismos dentro de ellas, algo que hoy se conoce como "evento" tecnológico y que en el país es pasible de ser patentado según la Ley de Patentes (24.481), vigente desde mediados de los años noventa en coincidencia con el ingreso al país de las primeras semillas de soja transgénica, que cambiaron radicalmente el modelo agrario local.

Para Carla Poth, doctora en Ciencias Políticas y también integrante de la multisectorial, el apuro puede estar vinculado con lo que califica como un "cansancio extremo por parte de las grandes empresas monopólicas que están presionando desde hace tiempo por una regulación que les permita obtener mayores regalías", pero que también puede estar impulsado por la próxima reunión del G20 que se desarrollará en Buenos Aires el 30 de noviembre, de la que participarán gran parte de las empresas interesadas en que se reforme la actual ley. "Tener un marco jurídico en acuerdo con lo que estas empresas quieren es la mejor forma de mostrarse en la vidriera del G20", destacó la especialista.

Hace apenas dos meses, en la Comisión de Agricultura de Diputados le dedicaron cuatro sesiones especiales a este tema sin llegar a un acuerdo. Allí se presentaron y debatieron cinco proyectos de ley (tres del oficialismo; uno del diputado santafesino Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, y otro elaborado por la Federación Agraria Argentina) y un centenar de actores de distintos sectores involucrados manifestaron sus necesidades y preocupaciones.

Sin embargo, el proyecto final del oficialismo, que no se conoció hasta el martes, no hace referencia a muchas de las cuestiones que allí se expusieron. "No es un proyecto de modificación total de la ley, son parches de algunos artículos que se nota que tienen que ver con negociaciones para dejar contentos a distintos sectores", aclaró Perelmuter pero advirtió que no dejó a todos conformes porque, por ejemplo, la noche anterior al debate la Federación Agraria Argentina (FAA) sacó un comunicado en el cual dicen que no están de acuerdo con ese proyecto ni con apurar los tiempos.

Uno de los aspectos más controversiales en este debate es el denominado "derecho de obtentor" o "de uso propio" de las semillas, que la ley actual reconoce como tal pero que, por el contrario, el proyecto que acaba de pasar a recinto convierte en excepción para algunos productores. En particular, para "los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y los pueblos originarios que, en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional, intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación", tal como detalla el artículo 27 del dictamen.

"Otro de los debates era el tema del orden público, que determina si pueden haber o no disposiciones que estén por fuera de la ley, que la contradigan. La ley actual no es de orden público y por eso las entidades de productores, sobre todo la FAA, pedían que lo sea, porque eso impediría los contratos bilaterales que le permiten a Monsanto cobrar regalías extendidas, aunque la ley lo prohíbe", explicó Perelmuter y destacó que en el proyecto aprobado sólo se logró que algunos artículos sean de orden público. "Llamativamente, el artículo 27, que es el que tiene las excepciones, no lo es. Es decir, que podría haber disposiciones que contradigan las excepciones", alertó.

Concentración sin innovación

Las semillas son imprescindibles para la producción de alimentos. Algunos las consideran patrimonio de la humanidad, mientas que para otros son insumos productivos o el producto final a comercializar. De uno u otro modo llegan a todos los ciudadanos a través de los alimentos que se consumen a diario. Por eso, afirma Poth, "esta medida no solo impactará en los productores agrícolas que intenten intercambiar, usar y resguardar la semilla, sino que también vamos a tener las consecuencias de la aprobación y reforma de esta ley en el plato que comemos cada día. Si le decimos a las grandes corporaciones que pueden controlar cuáles son las semillas que se van a usar para la producción, les estamos diciendo que nos pueden decir qué tenemos que comer".

Para Perelmuter, "necesitan esta ley para terminar de profundizar su modelo, para que sea imposible o ellos entienden que así se vuelve imposible producir o hacer agricultura de formas distintas a las hegemónicas del agronegocio, para que no puedan circular las semillas de manera libre y no sirvan para la agroecología". Y agregó: "Lo que estamos discutiendo no es un problema técnico sino político, sobre qué modelo agrario queremos y para qué proyecto de país".

Al respecto, el ingeniero agrónomo especializado en cuestiones ambientales Walter Penque destacó que la agroecologia plantea un cambio de paradigma en un sector agrícola mundial que actualmente está en crisis. "Hasta Naciones Unidas afirma que el sistema alimentario mundial está quebrado y es insostenible, que es necesario buscar otros caminos. La agroecología es una alternativa viable desde el punto de vista social, ambiental, económico y productivo" afirma el especialista, que la semana próxima, en el marco de diversas actividades frente a la reunión del G20, presentará los libros Agroecología, Ambiente y Salud y el Atlas del Agronegocio 2018.

"En los últimos 60 años, se destruyeron las tres cuartas partes de las semillas que crearon las campesinas y campesinos en 10.000 años", dijo Carlos Vicente, coordinador de Grain en América Latina y miembro del grupo argentino Acción por la Biodiversidad. "La pérdida de patrimonio y recursos genéticos es muy fuerte, Naciones Unidas lo ha dicho y nosotros como científicos tenemos que alertarlo", coincidió Pengue y destacó que las universidades públicas tienen una responsabilidad "enorme" en esto, puesto que en ellas hay biotecnólogos y especialistas de otras disciplinas "que pueden ser útiles a la sociedad trabajando en estos temas y no corriendo detrás de las patentes ni protegiendo sus laboratorios: los laboratorios están al servicio del pueblo, tenemos que producir información para mejorar las condiciones de vida", dijo.

"Con este tipo de leyes, le estamos dando a las grandes empresas la oportunidad de que obtengan más renta, que desplacen a otros y que pongan en riesgo las capacidades de actores independientes y del sector público para hacer investigación y desarrollo", sostuvo la investigadora Anabel Marín, que actualmente coordina el desarrollo de una iniciativa interdisciplinaria de código abierto para las semillas, denominada Bioleft, y afirma que no hay evidencia clara de que los derechos de propiedad intelectual más duros lleven a mayor innovación, pero sí hay evidencia contundente de que en países donde esos derechos son más restrictivos hay mucha más concentración de los recursos, con todos los riesgos que eso acarrea, como menor cantidad de actores haciendo investigación y de generar diversidad. En la Argentina, "la superposición entre los marcos legales de patentes y semillas le ha dado a las empresas la posibilidad de tener más poder de negociación", dijo Marín. Y concluyó: "Los efectos que vemos hoy son los coletazos de un sistema mundial con mayores derechos de propiedad intelectual, con una creciente participación de unas pocas empresas que tienen mayor poder de negociación frente a actores locales que ven disminuida esa capacidad".

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El Gobierno avanza hacia la modificación de la Ley de Semillas con un proyecto elaborado a puertas cerradas que es cuestionado por referentes del sector, académicos y por casi 300 organizaciones sociales y de productores. La iniciativa, que privilegia los intereses de las grandes empresas, pone en riesgo la producción y el acceso a alimentos variados y de calidad.

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La Unión Europea analiza qué hacer para evitar otra crisis migratoria como la del Open Arms en el Mediterráneo

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Tras tres semanas varados en el Mar, un centenar de inmigrantes africanos pudo desembarcar esta semana en la isla italiana de Lampedusa. Pero es posible muy posible que vuelva ocurrir si la UE no ajusta su legislación

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Ya se ha dejado de ver a las mujeres migrantes simplemente como aquellas que son "traídas" o "reagrupadas" por sus maridos, algo que invisibilizaba a todas las que habían tomado esta decisión por sí mismas y establecían su proyecto migratorio. Pero aún queda por desmontar -entre otras- la idea de vulnerabilidad que recae sobre ellas.

Las mujeres migrantes no son mujeres vulnerables, son vulnerabilizadas. Lo que las ha llevado a eso es la existencia de un aparato jurídico-político-militar migratorio que crea una estructura vigilante, de externalización de fronteras, militarización de las rutas migratorias y criminalizadora. Un sistema que recuerda constantemente que no son ciudadanas y que está basado en el control racial, la privación de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros, las deportaciones, las violaciones de los derechos humanos y derechos sociales a través del racismo institucional. Por medio de esas condiciones se crea esa situación, y no por ser una cualidad intrínseca de las mujeres migrantes. Es el resultado de una construcción de procesos, decisiones y leyes de dimensiones políticas, económicas y sociales.

Las mujeres han ocupado una posición subalterna en el sistema capitalista heteropatriarcal al coincidir categorías como las de ser mujer y migrante. El hecho de estar en una situación administrativa irregular las sitúa en una posición más subalterna si cabe ya que, por todos los modos, se les intenta invisibilizar.

Frente a estas situaciones, muchas mujeres migrantes han decidido reunir todas sus capacidades, fuerzas y herramientas, varias de ellas ya implantadas en sus países de origen. Vuelven a reutilizarl para autoorganizarse aquí esas estrategias que les permitieron hacer frente, por ejemplo, a las crisis político-económicas que afectaron sus vidas.

Esa historia y saberes son nuevamente puestos en práctica en un marco espacio-tiempo distinto, pero no por ello menos complicado, y es así cómo deciden nuevamente organizarse. Crean nuevas resistencias a través de un asociaciones, redes y espacios informales para hacer frente a esas violencias y discriminaciones a las que se ven expuestas como la violencia institucional, estructural, racista y machista. El hecho de crear un discurso hegemónico oficial poniendo el foco sólo en la vulnerabilidad que afecta a las mujeres migrantes sin prestar atención a sus fortalezas hace que se perpetúe esta construcción de vulnerabilidad en ellas.

Continuamente se dice: "No hay una voluntad política para establecer políticas migratorias que respeten los derechos humanos de las personas migrantes". Sin embargo, esa voluntad política sí existe y es firme: existe una voluntad política clara en no respetar los derechos de las personas migrantes, de mantenerlas sin voz, sin derechos. La voluntad política que se tiene es la de exclusión, es la de negar sus responsabilidades recogidas en los marcos jurídicos internacionales, es la de la Europa de la fortaleza. Y la de mantener a las mujeres migrantes ocupando las posiciones más bajas del orden socio-económico como empleadas de hogar y otros tipos de trabajo donde se da una etnización laboral, sin derechos, invisibilizadas, sin ser valoradas, en situaciones precarias expuestas a diversas violencias.

Desde Alianza por la Solidaridad se trabaja, entre otros principios, por asegurar que las personas migrantes puedan acceder a sus derechos humanos independientemente del país donde se haya nacido a través de un diagnóstico participativo que se llevará a cabo a partir de esta semana por la Associació per la Igualtat d'Oportunitats i Recerca amb Perspectiva de Gènere, conformada por un equipo profesional de mujeres migrantes.

Esta evalucación está apoyada por el Ayuntamiento de Madrid y se titula Mujeres Migrantes y Derechos Humanos: Intercambiando, tejiendo redes y fortaleciendo el ejercicio de los derechos y la participación de las mujeres migrantes en una sociedad global sin discriminación. Con él se busca visibilizar todas estas violencias y discriminaciones que sufren las mujeres migrantes y racializadas, pero también es necesario y fundamental reconocer y recoger su capacidad de agencia, sus aportes, sus demandas, sus estrategias para hacer frente a esas barreras y obstáculos que impiden su participación efectiva para ser tomadas como sujetos políticos. A partir de los resultados que se obtengan de este diagnóstico, las mujeres que hayan participado decidirán cuál será el plan de acción y de incidencia a seguir, en base a la lógica del proyecto: las protagonistas son las mujeres migrantes.

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Desmontando la vulnerabilidad de las mujeres migrantes

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Ya se ha dejado de ver a las mujeres migrantes simplemente como aquellas que son "traídas" o "reagrupadas" por sus maridos, algo que invisibilizaba a todas las que habían tomado esta decisión por sí mismas y establecían su proyecto migratorio. Pero aún queda por desmontar -entre otras- la idea de vulnerabilidad que recae sobre ellas.

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"Mi nombre tradicional, Dimdowo, significa migrante en lengua peul. De ahí viene mi compromiso con la libre circulación". Con esa sentencia, Tcherno Amadou Boulama (en su nombre musulmán) refleja su responsabilidad con el derecho a la movilidad de las personas en cualquier contexto y circunstancia. Su origen, perteneciente a una comunidad de pastores de la zona del Sahel, está muy relacionado con su militancia actual. "Mi comunidad no entiende de fronteras. Mi madre dio a luz durante la trashumancia y ni tan solo podría decirte exactamente dónde nací". Vestido con el popular bubu africano y luciendo un colorido boné (sombrero específico de las poblaciones hausa y peul de la sabana limítrofe al Sahara), el activista de Níger recibe la visita en el local de Lafede.cat en Barcelona, la organización que le ha invitado para participar en distintos seminarios y coloquios en la ciudad condal. Su discurso se dirige a denunciar la vulneración del artículo 13 de la Carta de Derechos Humanos, que consagra la libre circulación, cada vez más cercenado en países como el suyo, Níger, convertido de facto en la nueva frontera europea.

Su visita se produce pocos meses después de que el ministro de interior de España, Juan Ignacio Zoido, viajara junto a su homólogo francés a Niamey, capital nigerina, para apoyar y fortalecer "la lucha contra el terrorismo y la migración irregular". Además, coincide con la cumbre del G7, a la que presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, asiste como invitado, en tanto que "alumno aventajado" de los designios de potencias mundiales. En este contexto, la objeción de Boulama emerge clara: "los migrantes se han convertido en moneda de cambio entre los países ricos y pobres y todos los dispositivos represivos utilizados, en lo que llaman lucha contra la migración clandestina, sirven en realidad a una guerra contra los pobres, puesto que una persona rica sí puede moverse libremente", asegura.

Con esta sentencia, Boulama inicia su critica a la estrategia de la Unión Europea en Níger, donde pretende contener los desplazamientos de personas en pleno desierto. Esta antigua colonia francesa, uno de los territorios más vulnerables del planeta, recibió en 2016 la mayor ayuda de la Unión Europea por habitante, según el representante la UE, Raul Mateus. Buena parte de ésta llegó con el objetivo de atribuir a los países del Sahel la vigilancia y control de la migración, en un papel jugado en el pasado por la Libia de Gadafi. El mecanismo para materializarlo es el llamado Fondo fiduciario contra la migración irregular, acordado en la cumbre de La Valeta 2015, que prevé un desembolso de más de 1.800 millones de euros, de estos un gran volumen para Níger. "Supone una externalización de fronteras que se traduce en violaciones de derechos, bloqueo de migrantes, militarización del territorio e instrumentalización de la ayuda oficial al desarrollo", aduce.

Su relato temperado, dotado de clarividencia y bien estructurado, desgrana los dispositivos de creación de la Fortaleza Europea que, más allá del acuerdo conocido con Turquía, actualmente pasan también por imponer muros invisibles en las dunas del Sahara. Algunos de estos se basan en planes de seguridad, control de fronteras y programas de inteligencia como el del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que lidera España, o la misión civil de la UE, conocida como EUCAP Sahel, de refuerzo de capacidades para luchar contra grupos yihadistas.

Sin embargo, otro ámbito esencial del gasto, menos sospechoso de atentar contra el derecho de circulación, pero igualmente perpetrado con este fin, es el de donaciones que vinculan directamente movilidad y desarrollo, centralizadas por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y otorgadas a ONG internacionales y locales, según afirma Boulama. El propósito del fondo es "luchar contra las causas profundas de la migración irregular y el fenómeno de personas desplazadas en África", según el mismo enunciado de la inversión. Para hacerlo, pretende "crear las condiciones necesarias en origen para que la gente no migre", según el embajador de la UE en Níger. Sin embargo, tanto Boulama como gran parte de la literatura académica sobre migraciones evidenciada en la misma realidad, refutan este axioma, puesto que "no son los más pobres los que migran y, a menudo, los migrantes gozan de recursos y de un cierto capital social. En este sentido, la visión que reduce la migración solo a una cuestión económica es siempre parcial", sentencia el activista.

Desde esta perspectiva, considera que la política de gendarme, aplicada por gobiernos africanos a instancias de Europa, además de violar derechos básicos, es ineficaz y errática. "Lo único que provoca es hacer más difícil el viaje, poner más obstáculos y hacerlo más costoso, hace más vulnerable las rutas y a los migrantes, sin frenar en ningún momento los movimientos. Por tanto, se debe ser razonable, reflexionar y abandonar esta política", aduce.

En la actualidad, Níger conforma un país de tránsito migratorio de primer orden, a través sobre todo de Agadez, la ciudad a las puertas del Sahara, donde confluye la mayoría de rutas africanas hacia el norte. Entre un 70 y un 90% de los migrantes llegados a Europa cruzan por este enclave, según la OIM, pero este fenómeno no es nuevo y se remonta a siglos de historia de circulación intraafricana. Por eso, Boulama invita a la reflexión y se aleja de perspectivas criminalizadoras hacia los pueblos y personas que viven del desplazamiento. "Necesitan que la gente se mueva, hay gente que solo vive de eso. Muchos piensan: 'Si os aprovecháis de nuestro uranio, al menos dejarnos vivir de nuestro tema, que es la circulación de personas", afirma.

Efectivamente, aunque Níger arrastra el estigma de ser considerado el país más pobre del planeta, no debe olvidarse que sigue siendo el cuarto exportador mundial de uranio, básicamente explotado por Francia, la antigua metrópolis. En este sentido, el discurso de Boulama, además de criticar ciertos fines de la cooperación al desarrollo, cada vez más destinada a seguridad, procura apuntar a los poderosos para contraponer relatos imperantes demasiado reduccionistas. "A menudo, desde los medios europeos se habla del negocio de los pasadores, traficantes o de conductores que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, pero la UE está dando el trabajo sucio a países terceros como Níger y todo ello también comporta un comercio", argumenta. El activista denuncia así la aprobación en su país de leyes restrictivas contra la migración, que han comportado el cierre de ghettos -albergues de pasaje de las etapas migratorias -, la detención de conductores y de personas dedicadas a la movilidad, y el aumento de riesgos en los itinerarios. Todo ello, ha acrecentado las muertes en el desierto, difíciles de cuantificar, pero que se suman a las miles contabilizadas en el Mediterráneo.

De esta manera, a medida que avanza la contención europea en África subsahariana, las denuncias de Boulama y de otros como él, encuentran mayor eco internacional en los foros europeos. En sus diversas citas en Barcelona, él ejerce de portavoz de una lucha colectiva que, en su caso, empezó en los años 90, cuando un grupo de jóvenes intelectuales nigerinos fundó la organización que ahora representa, Alternative Espace Citoyen. Su entidad, militante políticamente y voz sobresaliente a favor del derecho de circulación en la región, configura un actor clave en la sociedad civil nigerina.

La organización posee distintas radios comunitarias y participa de distintos proyectos favorables a la libre movilidad, aunque no están solos en su empresa. Actualmente, Alternative lidera la red Loujna Tounkaranké, compuesta por entidades de ocho países africanos y de Francia, a través de la cual denuncian la vulneración de derechos de migrantes hacia el viejo continente, pero también y en especial, la violación de protocolos en el espacio CEDEAO de África occidental, equivalente al Schengen europeo. Es en esta zona donde se produce la mayor parte de movimientos migratorios, un 75% según cifras del Banco Mundial, lo que viene a desmentir claramente los falsos, pero efectivos relatos mediáticos y políticos sobre invasiones, oleadas e incursiones masivas en territorio europeo. Así, las migraciones africanas hacia el viejo continente representan un porcentaje ínfimo de todas las movilidades y, por ende, Boulama considera que "existe una sobremediatización y sobreestimación del número de personas que se mueven y que sirven para instrumentalizar al público tanto en Europa como en los países del sur".

En base a esto, Boulama quiere forjar nuevas alianzas con organizaciones europeas e invita a los periodistas y medios a visitar su país para comprobar de primera mano la vulneración de derechos en Níger y otros países como Mali, Nigeria, Senegal o incluso Etiopía, con los que la Unión Europea también cuenta con programas de repatriación y contraprestaciones para contener la migración. De esta manera, aboga por "cambiar la percepción negativa extendida de las personas en movimiento, puesto que su derecho está consagrado en distintos textos jurídicos regionales e internacionales" y así es como debe abordarse la temática. En definitiva, asegura que por mucho que se intente disuadir a las personas para que no se vayan, "la historia de la humanidad es la historia de las migraciones y así seguirá siendo por muchos muros que se creen".

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"La lucha contra la migración irregular es en realidad una guerra contra los pobres"

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"Mi nombre tradicional, Dimdowo, significa migrante en lengua peul. De ahí viene mi compromiso con la libre circulación". Con esa sentencia, Tcherno Amadou Boulama (en su nombre musulmán) refleja su responsabilidad con el derecho a la movilidad de las personas en cualquier contexto y circunstancia.

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No es que África se mueva, es que el continente está en ebullición: 36 millones de africanos migraron en 2017, es decir, el 14% de los 258 millones que se registraron en el año pasado en todo el mundo, según el informe de migraciones de 2017 de las Naciones Unidas. Pero no se mueven como creemos. Se suele dar por hecho que los flujos entre África y Europa o América del Norte son los únicos, o los de mayor volumen, pero el 75% de quienes cambiaron de aires en África subsahariana se quedaron dentro del continente, no viajaron a otros, según el estudio África en movimiento: Dinámica y motores de la migración al sur del Sáhara, publicado por la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura (FAO) y el Centro de Investigación Agrícola para el Desarrollo (Cirad) el pasado noviembre. Este es el primer atlas del mundo que analiza la interrelación de los factores que impulsan a los habitantes del continente negro a abandonar sus hogares.

A través de varios mapas y del estudio en profundidad de cuatro ejemplos (Senegal, Madagascar, Sudáfrica y Zambia), la publicación trata de facilitar la comprensión de las dinámicas y tendencias de los flujos migratorios. Los migrantes han dado forma al mundo en el que vivimos hoy, han impulsado el progreso, y los movimientos humanos no se van a detener. Por eso, es preferible impulsar acciones que aumenten su potencial y disminuyan los posibles efectos perniciosos. Este atlas intenta encontrar patrones y que sirvan para desarrollar políticas más eficientes. "Los migrantes pueden ser agentes de desarrollo, por lo que aprovechar esto es de suma importancia", asevera la investigación. Estas son algunas claves:

Más población rural, y el empleo como gran desafío

La población en el África subsahariana continúa creciendo a una escala sin precedentes. Para 2050 aumentará en 208 millones de personas, alcanzando los 2.200 millones. Este crecimiento representa un cambio mayor que los experimentados por China e India en el pasado. La región seguirá siendo principalmente rural debido a que el crecimiento de las ciudades es relativamente reciente: en 2015, el 62% (602 millones) de los africanos aún vivían en el campo. Para 2050, estará en 980 millones, es decir, un tercio de los residentes rurales del mundo. Como consecuencia, la mano de obra aumentará en 813 millones para el año 2050. Casi el 35% provendrá del campo, con 220 millones de trabajadores.

También aumenta el grupo de edad económicamente activo (de 15 a 64 años), algo que supone una gran ventaja para el crecimiento económico. Pero si no se desarrolla un entorno económico e institucional favorable, este posible beneficio podría convertirse en una multa demográfica (muchos desempleados), algo que puede provocar tensiones sociales y políticas. El mayor desafío para África subsahariana es generar suficiente empleo para absorber su fuerza de trabajo en auge. La evolución del sector agrario dependerá de la presión sobre los recursos y su gestión.

Se migra más dentro de África

En 2015, alrededor de 33 millones de africanos vivían fuera de sus países de origen, aunque los que se mueven dentro de su continente suponen casi el 75%. La porosidad de las fronteras y las regulaciones regionales para facilitar la libre circulación de personas favorecen el movimiento. Los patrones de migración rural y urbana presentan características muy diferentes. Los primeros suelen trasladarse a ciudades si se quedan en su país. Por el contrario, los urbanos se marchan, en general, a otros continentes y áreas urbanas. La migración entre zonas rurales surge cuando es posible el acceso a la tierra y cuando se desarrollan nuevas actividades, como en la minería artesanal. Sin embargo, la mayoría de las veces resulta de la falta de empleo en las ciudades y a la mayor oferta en zonas de producción de cultivos comerciales como algodón, cacahuetes, cacao, café y arroz.

Estas dinámicas demuestran que los vínculos entre lo rural y lo urbano son cada vez menos estáticos. La migración apoya la diversificación de los medios de vida de los hogares y el acceso a oportunidades de empleo. Fortalece el papel de las ciudades pequeñas y ciudades intermedias, así como las dinámicas locales y regionales. Esta nueva realidad territorial, moldeada por la migración, debería facilitar una mejor coincidencia de las acciones políticas con las necesidades locales.

Perfil de los migrantes africanos

En 2015, África presentó la mayor proporción de jóvenes migrantes internacionales (de 15 a 24 años) con un 34% del total. La media de edad fue de 29 años. Mirando más de cerca a un grupo de países (Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Uganda y Kenia), se encuentran similitudes: los jóvenes se mueven dentro de su país y suponen el grueso de los migrantes rurales. Alrededor del 60% tienen entre 15 y 34 años y las mujeres son generalmente más jóvenes, aunque ellos son más: entre el 60% y el 80%. La región también se caracteriza por tener familias muy numerosas (con frecuencia siete o más miembros) que generalmente son más propensas a tener migrantes. Esto refleja las dificultades de los jóvenes para acceder y heredar tierras agrícolas, lo que es un incentivo para marcharse

Los campesinos tienen logros escolares más bajos que sus homólogos urbanos, y los que deciden dejar el campo no son una excepción. Los migrantes tienden, sin embargo, a pasar más años en la escuela, y la mayoría de los rurales provienen de hogares que tienen miembros mejor educados. Al mirar el empleo, la mayoría de aquellos con educación formal limitada o nula terminan en trabajos por cuenta propia, mientras que aquellos que han alcanzado el nivel de educación secundaria tienen más probabilidades de acceder a un empleo asalariado. El ingreso diario medio por persona en las áreas rurales es muy bajo. Alrededor del 60% de los miembros del hogar gana menos de un dólar por día. Las ganancias de los hogares con migrantes son ligeramente más altas.

Importancia de las remesas

Infografía sobre el envío y recepción de remesas: principales países que las reciben, cantidad en miles de millones recibidos en varios países africanos, y envíos en especie. FAO/CIRAD

El motor de desarrollo más tangible de la migración es el dinero que los migrantes envían a casa. África subsahariana recibió aproximadamente 32.000 millones de dólares de los 580.000 millones que se enviaron por todo el mundo. Sin embargo, las cifras reales deben ser superiores porque muchos envían informalmente y porque otros lo hacen en forma de bienes, en especie, y esto no se refleja en las estadísticas.

El envío de remesas transforma la vida de las familias en el país, aliviando la pobreza y mejorando el consumo de los hogares, pero pueden generar problemas si llegan a perturbar las instituciones y sistemas tradicionales, o si acaban provocando dependencia de la familia que recibe hacia la persona que envía. Aún así ayudan a mejorar los medios de vida para muchos. Según los autores, África debería priorizar la reducción los costes de envío y promover la competencia, la eficiencia y la transparencia. "Los Estados africanos también deberían reformar su banca y sistemas financieros para facilitar la capacidad de los migrantes para remitir dinero a través de instituciones financieras", recomiendan.

La importancia del cambio climático

El cambio climático es un fenómeno global cada vez más perjudicial para los humanos. Las temperaturas y los cambios en las precipitaciones pueden tener graves repercusiones en los medios de subsistencia. Se estima que las pérdidas en cosechas de cereal rondarán el 20% y que la región subsahariana será una de las más golpeadas, con escenarios que proyectan un aumento del 20% de la desnutrición en 2050 si no se toman medidas.

En países de alto riesgo y con mecanismos de mitigación, las personas pueden sobrevivir mejor a este fenómeno. La capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades básicas después de los desastres naturales podría, por ejemplo, permitir a las personas reconstruir sus medios de vida sin la necesidad de migrar. En la mayoría de los países de África subsahariana, problemas como la inestabilidad política, la mala gobernanza, la falta de capacidades y los recursos financieros limitados impiden el uso efectivo y la buena implementación de mecanismos de prevención y adaptación. Para lograrlos se deben diseñar estrategias de desarrollo fundamentadas en una mirada a largo plazo de los posibles escenarios para conseguir un diseño adecuado y eficiente de las políticas públicas.

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La mayoría de africanos no emigra donde usted (quizá) piensa

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No es que África se mueva, es que el continente está en ebullición: 36 millones de africanos migraron en 2017, es decir, el 14% de los 258 millones que se registraron en el año pasado en todo el mundo, según el informe de migraciones de 2017 de las Naciones Unidas.