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La minería bien hecha aporta al desarrollo

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La minería bien hecha aporta al desarrollo

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(Vídeo Ministerio de Minas y Energía de Colombia)

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La #MineríaBienHecha aporta al desarrollo agropecuario

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De generación en generación se han ido mejorando las prácticas mineras para preservar el agua, cuidar el medio ambiente y beneficiar a las comunidades. Canal del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, entidad pública de carácter nacional que se encarga de administrar los recursos naturales no renovables del país.

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VIDEO PROHIBIDO PASAR EN LA TV COLOMBIANA Denunciando la Minería en Colombia

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DEStrucción

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TODOS perdemos...

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"Se acabó la piñata de los títulos mineros en el país". Esa fue la advertencia del ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, al denunciar que el Catastro Minero, herramienta que se utiliza para otorgar estos documentos, es un caos y lo más preocupante es que hay un gran número de funcionarios y exfuncionarios involucrados en casos de corrupción.

Rodado señaló que no es que estén mirando por el retrovisor, pero lo que hay en Ingeominas es una verdadera catástrofe que los obligó a denunciar una serie de casos que son realmente inverosímiles, como la adjudicación de un terreno de 31 centímetros de ancho por 835 metros de largo en inmediaciones de California, Santander, es decir, una franja donde ni siquiera cabe una persona para efectuar una labor de trabajo por lo estrecho del terreno.

El viceministro de Minas y Energía, Tomás González, señaló que casos como este hay varios, donde las personas conocedoras del potencial del lugar se hacían adjudicar terrenos pequeños para luego negociar con sus vecinos a muy altos precios.

Existen 114 títulos de menos de 0,5 hectáreas que son inviables para explorarse o explotarse, porque impiden el desarrollo de grandes áreas.

Un ejemplo puntual es el de una franja de terreno de 19 metros de ancho por 16 kilómetros de largo, el cual quedó inmerso en medio de dos grandes compañías carboníferas que, para poder desarrollar al máximo su proyecto de explotación, se vieron obligadas a comprar este título por US$9 millones, lo que es llamado como juegos especulativos por tierras mínimas que fueron consideradas como corredores perdidos, por su imposibilidad a ser explotados.

Otro caso que revela la corrupción en la adjudicación de los títulos se dio en el departamento del Vaupés. El 29 de octubre de 2009 el Ministerio del Medio Ambiente expidió la resolución para declarar como parque natural la zona de Yasigoje Apaporis, pero ese mismo día, a pesar de que el Ministerio le había comunicado a Ingeominas esta decisión, la entidad procedió a adjudicar un título minero de 2.010,02 hectáreas, en esa mismo lugar.

Dentro de las irregularidades se encontró la superposición de títulos mineros en áreas de Parques Nacionales y de Páramos, la existencia de títulos sin control y el acaparamiento de títulos, muchos de los cuales sólo se expedían con la cédula.

Además de otorgar títulos en zonas especiales, donde las comunidades afrocolombianas e indígenas por tradición venían desarrollando actividades mineras artesanales.

Dentro de la revisión manual de los 19.629 solicitudes para la adjudicación de un título minero, se encontró que algunos terrenos fueron adjudicados a grupos subversivos, que se aprovecharon de la información privilegiada.

Debido a esta serie de irregularidades, el ministro de Minas y Energía suspendió el 1° de febrero de este año la recepción de solicitudes de títulos mineros por seis meses y anunció que de ser requerido lo ampliaría por un período similar.

De otro lado, el director de Ingeominas, Óscar Paredes, señaló que hay investigación contra 24 funcionarios de la entidad.

El ministro de Minas dijo entre líneas que la Corte Constitucional señaló que la aplicación de una norma, como el Código de Minas, que prohíbe la explotación de minería en páramos, será general e inmediata, es decir, que debe ser retroactiva, para lo cual el Estado deberá instaurar una demanda ante el contencioso administrativo para expropiar el título al poseedor.

Hoy el país tiene 9.000 títulos expedidos, de los cuales 37 casos están en Parques y había 19.629 solicitudes, de las cuales 3.600 fueron resueltas. El 80% de éstas fueron rechazadas.
Para ver panorama de los títulos mineros en el país, clic aquí

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La piñata de los títulos mineros | ELESPECTADOR.COM

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"Se acabó la piñata de los títulos mineros en el país". Esa fue la advertencia del ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, al denunciar que el Catastro Minero, herramienta que se utiliza para otorgar estos documentos, es un caos y lo más preocupante es que hay un gran número de funcionarios y exfuncionarios involucrados en casos de corrupción.

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Recuperación de Suelos Intervenidos por Minería

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Así como lo relata Iván Rodríguez, uno de los empresarios mineros del Bajo Cauca Antioqueño, estos suelos que en su momento fueron explotados por minería, pueden ser recuperados y reutilizados en otras actividades productivas.

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La criminalidad se pega de esta nueva "gallina de los huevos de oro" para nivelar sus finanzas y, así, abusar de todas las personas que allí están involucradas; el medio ambiente se ve perjudicado en extremo, ya que este tipo de minería se hace sin ningún control ambiental, contaminando ríos y haciendo venenosa el agua sobre la que se vierten los materiales industriales, usados sin discriminación.

Hemos dicho con anterioridad que la locomotora minera de Juan Manuel Santos pareciera, en ocasiones, no tener rieles. Si esto es así, la ilegal está desbocada, no tiene ni siquiera frenos. La idea es ponerle uno. El problema de la minería ilegal, sin embargo, refleja dos padecimientos endémicos de este país: la falta de institucionalidad y la falta de estudios pertinentes que tengan un nivel de precisión aceptable.

Empecemos por lo segundo. Puede que suene a una exigencia de académicos recalcitrantes, pero hace alrededor de 10 años Colombia no ha podido diferenciar, en la práctica y con detalle, la minería ilegal -la que tiene permeabilidad de capitales non sanctos- de la artesanal -la que se hace por parte de pequeñas comunidades-. Esto es grave, sobre todo porque ya ha sido firmado un primer decreto (de los muchos que se vienen) en el que se dispone la destrucción de la maquinaria que se encuentre en actividades de "minería ilegal". ¿Cómo diferenciar la una de la otra? No hablamos de los casos claros, sino de los grises, en los que un policía cualquiera en una región cualquiera no sabría si aplicar el poder inmenso que le concede la ley. O, más bien, que lo aplicara, cometiendo una arbitrariedad que en parte no es su culpa. ¿Se verían perjudicados mineros artesanales, esos que el mismo gobierno quiere proteger y subir de "escala"?

El otro problema, el principal, es el de la institucionalidad. La falta de ella, mejor. Los pequeños mineros han quedado en una zona de penumbra desde hace muchos años. No se sabe quiénes son, no hay una línea divisoria clara entre ellos y los ilegales para poder aplicar de forma coherente una ley que castigue a estos últimos, como pronto va a suceder. Y lo mismo pasa cuando uno piensa suspicazmente en la corrupción -e influencia- que la minería ilegal puede tener en, digamos, las autoridades. Esto refleja, sobre todo, la debilidad del Estado para afrontar un problema que ha crecido a la sombra, pero que tiene una impronta innegable y demasiado fuerte.

Antes que tomar medidas represivas y expedir leyes que combatan sin tregua a la llamada "minería ilegal", el Gobierno debería pensar, más bien, en entender el fenómeno al que se está enfrentando. No sólo sabiendo distinguir bien los distintos tipos de minería para que su fuerza legal tenga claro a dónde ir a atacar, cometiendo el mínimo de errores, sino que también debería llenar de Estado los sitios ocupados por la marginalidad. Esto sólo se puede hacer dándoles papeles más protagónicos al Ministerio del Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Minería que, según lo que le dicen los expertos a este diario, sigue siendo una institución de papel.

La iniciativa es buena. Es hora de preocuparnos y estar pendientes de cómo se va a llevar a cabo. El freno de la minería ilegal es necesario. Pero debe hacerse de la forma adecuada.

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¿Qué hacer con la minería ilegal? | ELESPECTADOR.COM

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La criminalidad se pega de esta nueva "gallina de los huevos de oro" para nivelar sus finanzas y, así, abusar de todas las personas que allí están involucradas; el medio ambiente se ve perjudicado en extremo, ya que este tipo de minería se hace sin ningún control ambiental, contaminando ríos y haciendo venenosa el agua sobre la que se vierten los materiales industriales, usados sin discriminación.

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impacto ambiental obliga a cierre de minas en buriticá

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Impacto ambiental obliga a cierre de minas en Buriticá

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Impacto ambiental obliga a cierre de minas en Buriticá: Debido al impacto ambiental negativo que ha generado el uso de químicos en extracción del oro, ha llevado a que las autoridades desalojen más de 5000 mineros del municipio de Buriticá.

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Se vienen más consultas populares contra la minería en Colombia | El Espectador

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Actualmente hay 44 municipios colombianos adelantando procesos de consulta popular para frenar proyectos de explotación minera y petrolera. Se enfrentan la propiedad del gobierno sobre el subsuelo con el derecho a la participación ciudadana de los colombianos.

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Aunque Colombia no tiene un papel preponderante en la escena mundial, la producción del oro ha sido importante en la consolidación de la economía nacional y forma parte de una de las llamadas "locomotoras" para el desarrollo. La estructura productiva se caracteriza por la alta presencia de explotaciones informales que no contribuyen a aumentar las tasas de inversión, generan poca tributación y aumentan los niveles de pobreza y desigualdad en las regiones productoras.

Condiciones del mercado del oro y la presión sobre los cultivos ilícitos, modificaron en Antioquia la cadena de valor con la aparición de los "mineros emergentes" -que han aumentado la explotación salvaje del oro en yacimientos aluviales con métodos mecanizados-, con lo cual se han incrementado los daños ambientales y se ha creado un ambiente favorable a la participación de grupos armados ilegales.

Las organizaciones criminales emplean dos tipos de intervención: una es directa, probable y de difícil identificación con la inversión en la minería emergente, atraída por los altos precios del metal en los últimos años y los altos costos de la producción de coca. La otra es con el cobro de las vacunas.

En las actividades primarias de la producción es donde hay mayor presencia de la criminalidad, manifiesta en el cobro de extorsiones ayudada en gran medida por la debilidad institucional para la regulación y control de la actividad económica. En la comercialización también hay altas posibilidades de intervención ilegal para el lavado de activos y, además, aparece una forma de corrupción con el manejo de las regalías.

La explotación ilegal en crecimiento y la participación de los grupos criminales tiene incentivos para mantenerse gracias al débil control del Estado y a la precariedad de la legislación minera.

Los retos
El primer reto de la política pública es reconocer la diferente naturaleza de los actores que intervienen en la cadena de valor y darles un tratamiento diferenciado. Para los mineros tradicionales se debe conocer las especificidades de su actividad y aproximarse a sus sistemas productivos, para generar los incentivos necesarios para que tengan en la formalización la mejor opción para seguir llevando a cabo la explotación.

Para los mineros emergentes, los incentivos de salida se deben centrar en incrementar el costo de permanecer en la ilegalidad, haciendo caer la rentabilidad de la minería salvaje.

En ambos casos es importante entender las conexiones que su actividad tiene con el territorio. Primero, porque la minería no legal está asociada con altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra y, segundo, porque su vulnerabilidad ante la extorsión proviene de que su ubicación coincide muchas veces con la presencia de significativas organizaciones armadas.

Es importante sacar de la esfera local la fiscalización y control de la minería legal y disminuir la probabilidad de que el Estado se vea reducido en su capacidad de acción. Un control departamental o nacional, con instituciones más competentes, traería más eficacia en el control de la informalidad y judicialización de los criminales.

Hay que articular acciones, para reducir el tiempo transcurrido entre las sanciones administrativas de las corporaciones autónomas regionales y la judicialización por explotación ilegal del oro. Y hay que iniciar, en los ámbitos local y regional, estrecho control, y vigilancia a los compradores y comercializadores del metal, para sacar del mercado a quienes ayudan a lavar dinero del narcotráfico. Finalmente, estrategias técnicas, sociales y económicas que se puedan coordinar entre las autoridades y las empresas formales vinculadas al sector podrían ser de gran ayuda para articular y mejorar esta actividad tan importante para decenas de miles de familias antioqueñas..

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Diagnóstico y soluciones para minas ilegales de oro

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Aunque Colombia no tiene un papel preponderante en la escena mundial, la producción del oro ha sido importante en la consolidación de la economía nacional y forma parte de una de las llamadas "locomotoras" para el desarrollo.

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Reforma al Código Minero y minería en Colombia

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Hoy, más de seis años después, el gobierno nacional continúa sin cumplir esa orden, llevando al sector minero a una moratoria de facto, que adicionalmente ha provocado una enorme cantidad de conflictos socioambientales a lo largo y ancho del país.