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La universidad de Malaga lo define como: la apreciación o estimación de una cosa en su justo valor, es el precio a pagar en una expropiación. En este siempre privará el interés público sobre el particular.

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La figura del justo precio es importante ya que evita que la administración exceda sus alcances y perjudique a los propietarios de los que se pretende expropiar.

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Según los artículos 45 y 46 de la Ley de Expropiaciones el pago deberá ser pagado en efectivo, salvo que se acepten títulos valores

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Pleno en el Ayuntamiento de Meco en enero de 2017. Kike Para

El Ayuntamiento de Meco -municipio situado a 35 kilómetros al noreste de Madrid- expropió en 2006 una parcela de 6.700 metros cuadrados destinada a zona verde. Las autoridades regionales fijaron en 425.828,55 euros la cantidad que el Consistorio debía pagar al dueño de la finca. Pero pasó el tiempo y el Ayuntamiento no abonó el dinero, según explica la portavoz del gobierno municipal, del PP, porque el dueño no pidió la ejecución del pago y porque no había ningún informe municipal que dijera que debía hacerse.

Desde la oposición, Ricardo Expósito, del PSOE, asegura sin embargo que no era necesaria ninguna petición de ejecución: "Confunden las cosas. No era una sentencia, sino una decisión de Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid", señala. Expósito achaca todo el problema a "la irresponsabilidad, mala gestión, ineptitud y chulería del alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz".

Sea como sea, el propietario de los terrenos se acogió en septiembre de 2008 a su derecho legal de pedir una retasación pasados dos años de la primera estimación sin haber cobrado; algo que le convenía especialmente por la aprobación aquel mismo año de un cambio legal que afectaba a los sistemas de cálculo del justiprecio de las expropiaciones y aumentaba de forma significativa el valor de su finca. Así, tras la negativa del Consistorio, el hombre inició un conflicto judicial que ha supuesto varias idas y venidas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Supremo, con varias fijaciones sucesivas del justiprecio: 487.165,62 euros, 534.585,65 y 2.088.141,36. El último capítulo, al menos de momento, se produjo el pasado 12 de febrero, con una sentencia de la Sección quinta de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que satisface las pretensiones iniciales del propietario del terreno y condena al Ayuntamiento a pagar por la expropiación 4.092.928 euros ("3.898.027 euros, más el 5% del premio de afección").

La portavoz municipal -que asegura que cuando el Ayuntamiento intentó abonar el dinero, tras la primera reclamación, el propietario ya no lo quiso aceptar- señala asimismo que la corporación respeta la decisión judicial, pero no está de acuerdo con ella. Les parece desproporcionada y lesiva, por lo que están buscando la manera de recurrir la sentencia; para hacerlo van a contratar a un abogado especialista.

Por su parte, el concejal Expósito, del PSOE, asegura que el único recurso posible es al Tribunal Constitucional y duda mucho que este lo vaya admitir a trámite. "Hubiera sido tan fácil haber pagado los 425.828,25 euros de la primera tasación y haber respetado las leyes... Ahora no estaríamos hablando del agujero que este señor le ha hecho a las arcas municipales", se queja. Expósito advierte que a los cuatro millones habría que sumarle "el interés legal que se solicite" por la demora en el pago, con lo que gasto llegaría a 5,5 millones de euros, el 61% del presupuesto municipal de 2017.

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Meco deberá pagar cuatro millones por una expropiación que empezó costando 425.000 euros

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Una sentencia del Tribunal Supremo eleva el precio después de una larga pelea judicial

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Navarro Abogados Y Consultores Jurídicos | Coruña

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2. Declaratoria de intéres público: Definición

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2. Declaratoria de intéres público: Definición

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Es un presupuesto básico para el ejercicio de una potestad expropiatoria. Esta regulada en el artículo 18 de la Ley de Expropiación.

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2. Declaratoria de intéres público: Alcances

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2. Declaratoria de intéres público: Alcances

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Esta figura es de vital interes ya que permite que las partes conozcan la existencia del intéres público sobre sus propiedades

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2. Declaratoria de intéres público: Formas de declaratoria

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2. Declaratoria de intéres público: Formas de declaratoria

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Se debe dar a conocer por medio de una notificación al individuo o a su representante legal

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Noticia sobre declaratoria de intéres público 

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Noticia sobre declaratoria de intéres público 

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La carretera a Caldera se inauguró 32 años después de que se diseñara. Todavía no se ha podido concluir por problemas con expropiaciones. | GILDA GONZALEZ / EF

Sufrimiento intenso y prolongado o sucesión de padecimientos. Así se define la palabra calvario, así también es el proceso de expropiaciones en Costa Rica.

Mientras que aquí hay que esperar hasta 4 años y más desde el anuncio de una obra pública hasta el arranque de su ejecución, en otros países vecinos, como en el resto de América Central y Colombia, eso ocurre en 3 meses.

La tarea para el Estado de apropiarse de los terrenos que requiere se alarga principalmente porque no se puede realizar ninguna acción si el proceso no ha terminado, tanto en la etapa administrativa como en la judicial.

Esto quiere decir que la discusión entre el Estado y el propietario del terreno o el bien sobre el precio que se pagará paraliza el proceso, a pesar de que ya ha sido declarado de interés público.

El propietario no puede rehusarse a entregarlo, pero sí puede pelear por un precio distinto del ofrecido, a pesar del avalúo.

Al menos cuatro proyectos de reforma a la ley vigente se han presentado en los últimos tres gobiernos, con el fin de agilizar el proceso de las expropiaciones. Sin embargo, las propuestas se han quedado en la gaveta.

Incluso, el gobierno de Laura Chinchilla está elaborando un nuevo proyecto en esa misma línea, por recomendación de los Notables, pero se desconoce cuándo lo remitirá al Congreso.

"No hay una sola obra pública en el país que no tenga de por medio un tema de expropiaciones", dijo José Alfredo Sánchez, vicepresidente de la constructora Meco, firma que participa en muchas licitaciones públicas.

Algunos ejemplos: la autopista General Cañas tiene ocho años de estar esperando que le hagan ampliaciones, a causa de expropiaciones que no se concretan; la Interamericana Norte se tuvo que iniciar en el tramo Cañas-Liberia, porque aún falta expropiar áreas entre Barranca y Limonal.

En la circunvalación norte aún no se terminan las expropiaciones y en el proyecto de Vuelta de Kopper (Sarapiquí) apenas se están terminando. Lo mismo ocurre en la nueva vía a San Carlos entre Sifón y La Abundancia.

Al menos hay nueve obstáculos que se detectan a la hora de concretar una expropiación y que hacen que el proceso se extienda por tiempo indefinido.

"Todo esto hace que el proceso de expropiación se demore, ocasionando que no pueda la administración dar orden de inicio", aseguró Ronald Muñoz, asesor legal del MOPT.

La actual ley de expropiaciones divide el proceso en la etapa administrativa y la judicial. En la primera se hace una declaratoria de interés público, se solicita el avalúo y se notifica. Se dan ocho días hábiles para que el dueño del terreno se manifieste.

Por su parte, el proceso judicial se inicia bajo tres supuestos. Si el propietario se opone, si el terreno o el bien está en litigio y si el titular del bien está ausente o carezca de capacidad para actuar o de un representante legal.

El Estado no puede actuar sin completarse la expropiación.

En el razonamiento de uno de los proyectos de reforma a la ley que plantearon diputados del PAC en la administración pasada, se señala: "Nada debería paralizar el inicio de las obras ni la atención de las necesidades y exigencias que la época le exige al país".

Para el abogado Claudio Donato, de la firma Zurcher&Raven, la ley debe reformarse, pero aseguró que el problema también está en la gestión administrativa del proceso expropiatorio.

"Mientras esto no se solucione, por mejor ley que haya, siempre tendremos problemas", dijo Donato.

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Expropiaciones de Costa Rica atrasan obras públicas hasta cuatro años

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Sufrimiento intenso y prolongado o sucesión de padecimientos. Así se define la palabra calvario, así también es el proceso de expropiaciones en Costa Rica. Mientras que aquí hay que esperar hasta 4 años y más desde el anuncio de una obra pública hasta el arranque de su ejecución, en otros países vecinos, como en el resto de América Central y Colombia, eso ocurre en 3 meses.

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Video sobre declaratoria de interés público

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Video sobre declaratoria de interés público

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Osa Unas 160 familias quienes durante más de 18 años, en muchos casos viviendo de forma irregular en las fincas Chánguena y Térraba en el cantón de Osa, recibieron una buena noticia.

Se trata de la declaratoria de interés público por parte del Instituto de Desarrollo Rural, para la adquisición de las fincas Chánguena y Térraba en Palmar Sur, lo que permitirá iniciar un proceso de expropiación.

Los vecinos de estas localidades se mostraron muy complacidos.

Esa decisión la tomó la junta directiva del Inder que declaró la situación como un "Conflicto de Interés Público", que es la etapa inicial para proseguir con el proceso expropiatorio que luego se llevará a cabo en los Tribunales de Justicia.

Esta se ampara en lo establecido en la Ley 9036 de creación del Inder y en la ley de Expropiaciones que faculta a la entidad a iniciar procesos de este tipo.

Las autoridades dejaron claro que antes de llegar a esta determinación, se agotó la vía administrativa tratando de buscar una solución definitiva al conflicto, pero que no se llegó a buen término.

Desde que inició el conflicto hace más de 18 años y que desembocó en el 2015 con la manifestación de un grupo de campesinos y campesinas en el puente sobre el río Térraba, se comenzó la búsqueda de soluciones mediante una acción articulada con otras entidades del estado.

El Inder aprobó en el 2016 un proyecto denominado "Desarrollo productivo integral con modelos de cultivos para mejorar la condición social y económica de familias del Grupo Chánguena" el cual fue realizado con la colaboración de expertos de la Universidad Nacional.

Posteriormente, se abrieron dos diferentes concursos para la adquisición de una finca para dar solución a las familias, tanto en julio del 2016, como en febrero del 2017, pero ambos procesos fueron declarados infructuosos pues las propiedades no reunían los requisitos.

El caso de Finca Térraba se trata de un problema de tierras que ya tiene más de 18 años de existencia, cuando unas 80 familias invadieron la propiedad, la cual cuenta con 277,6 hectáreas de extensión cuyo dueño registral es el Banco Nacional.

Por su parte, la dueña registral de Finca Chánguena es una Cooperativa llamada Coopalca R.L.

La propiedad mide 297.5 hectáreas y también fue ocupada por aproximadamente unas 80 familias.

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Carmen es graduada con honores en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica.

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Vecinos de las fincas Chánguena y Térraba reciben con regocijo declaratoria de interés público - Tv Sur Canal 14

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Osa Unas 160 familias quienes durante más de 18 años, en muchos casos viviendo de forma irregular en las fincas Chánguena y Térraba en el cantón de Osa, recibieron una buena noticia. Se trata de la declaratoria de interés público por parte del Instituto de Desarrollo Rural, para la adquisición de las fincas Chánguena y Térraba en Palmar Sur, lo que permitirá iniciar un proceso de expropiación.

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Se entiende como la transferencia coactiva de la propiedad de un particular a la Administración pública o a otro particular, en razón de intéres público y pago previo de su valor económico

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Es un instrumento jurídico indispensable para la actividad administrativa
De no existir no sería posible el avance nacional en tema de construcciones

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3. Expropiación Forzosa: Casos en que procede

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3. Expropiación Forzosa: Casos en que procede

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La expropiación forzosa procede cuando haya intéres público y no exista otra forma de conseguir lo que se requiere

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CRHoy.com | Periodico Digital | Costa Rica Noticias 24/7

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(CRHoy.com).- La declaratoria de áreas de protección absoluta sería una herramienta que permitiría expropiar una zona con el fin de asegurar y garantizar el suministro de agua para el consumo humano actual o futuro, según se consigna en proyecto denominado texto sustitutivo del expediente 20.212 "Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico".

Dicha iniciativa, que se encuentra actualmente Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, fue analizada por la Contraloría General de la República.

"Se reconoce que el acceso al agua para consumo humano y para saneamiento son derechos humanos fundamentales e indispensables, al igual que el uso múltiple y su acceso universal, solidario y equitativo, incorpora el valor social del agua y señala que es un bien cultural, y en su gestión deberá considerarse las prácticas tradicionales y la cosmovisión de los pueblos indígenas", indicó la Contraloría.

La Contraloría ve como positiva la integración de la gestión de las aguas subterráneas y superficiales, así como el reconocimiento de la demanda de los ecosistemas.

"El Poder Ejecutivo asume la rectoría política al encargarse al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la elaboración de la Política Hídrica Nacional y del Plan Hídrico Nacional en conjunto con otros ministerios. En el artículo 6 del proyecto, se mantiene en el Minae la rectoría política y técnica, al asignarse a este la elaboración y dictado de políticas, reglamentos y directrices en materia de manejo, uso y protección del recurso agua", señaló la CGR.

La reforma crea la Dirección Nacional del Agua (DINA) a la cual se le confieren potestades y competencias en asignación de usos, concesiones y permisos, investigación hidrológica, inventario y clasificación de los cuerpos de agua.

La DINA también tendría la administración de un sistema de información hidrológica, el control de la contaminación, así como las gestiones de protección y conservación, "tanto en aguas subterráneas como superficiales, concentrando las capacidades técnicas, científicas de personal y recursos financieros".

"El artículo 105 crea el canon de recurso hídrico como nueva fuente de ingreso, el cual está constituido por el canon de aprovechamiento del recurso hídrico y por el canon de vertidos, con el fin de dar mayor protección y valor al recurso hídrico, consolidando de esta manera los cánones que ya existen vía decreto ejecutivo. Al respecto, el Canon por concepto de aprovechamiento de aguas se encuentra regulado en el Decreto Ejecutivo n° 32868-MINAE, a su vez, el Canon Ambiental por Vertidos se encuentra regulado por el Decreto Ejecutivo n.°34431″, explicó la Contraloría.

Prohibición de corta

El texto sustitutivo mantiene la prohibición de corta y eliminación de árboles en las áreas de protección.

"Se considera positiva la obligación de r eposición del recurso forestal a cargo de los propietarios o poseedores de terrenos, en los que se encuentre cuerpos de agua o colinden con éstos, cuando haya sido eliminada la cobertura arbórea , con lo cual viene a suplir el vacío de regulación de la actual Ley Forestal", manifestó el análisis del ente contralor.

Sin embargo, la Contraloría criticó q ue se reduce el área de seguridad y protección de los pozos, ya que se establece una medida de protección de 10 metros de radio cuando actualmente la Ley de Aguas la fija en 40 metros con respecto a construcciones como edificios o carreteras.

"El artículo 98, faculta a la DINA para convenir reducciones en el pago del canon, por inversiones en materia de redes hidrometeorológicas, pago de servicios ambientales, monitoreo de calidad de los cuerpos de agua, sistemas de cosecha de agua de lluvia y tratamiento de aguas pluviales", indicó la Contraloría.

El 20 de enero pasado, CRHoy.com informó que un acuerdo político tomado permitió el avance del proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico.

La diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien preside esa comisión, explicó que se retomó un acuerdo alcanzado por diferentes sectores y fuerzas políticas para avanzar en el trámite de la iniciativa que tiene 20 años de estarse discutiendo en el Congreso.

Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que el nuevo texto garantiza el derecho universal del acceso al agua potable con las debidas regulaciones, establece disposiciones sobre el manejo de aguas residuales y fija multas a quienes contaminen los recursos hídricos.

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Protección del agua permitiría expropiar terrenos para garantizar consumo humano | Crhoy.com

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(CRHoy.com).- La declaratoria de áreas de protección absoluta sería una herramienta que permitiría expropiar una zona con el fin de asegurar y garantizar el suministro de agua para el consumo humano actual o futuro, según se consigna en proyecto denominado texto sustitutivo del expediente 20.212 "Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico".

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4. Expropiación para obra pública vial: Concepto

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4. Expropiación para obra pública vial: Concepto

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Este tipo de expropiación se refiere a aquella que se lleva a cabo cuando se pretende realizar una expropiación para construcciones viales.

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4. Expropiación para obra pública vial: Casos en que procede

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4. Expropiación para obra pública vial: Casos en que procede

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Se procede cuando hay una necesidad pública y un intéres público superior que implica expropiar una propiedad para construir caminos, carreteras etc.

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4. Expropiación para obra pública vial: Normativa aplicable

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4. Expropiación para obra pública vial: Normativa aplicable

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Ley de expropiaciones
Ley forestal
Reglamentos del MOPT

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Noticia sobre expropiación para obra pública vial

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Noticia sobre expropiación para obra pública vial

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Gobierno pretende tomar posesión de terrenos para obra pública con pago del 40% de avalúo a dueños

Presentó proyecto de ley ante Congreso en un nuevo intento de agilizar trámite para proyectos viales; sería tercera modificación en seis años

Irene Vizcaíno.

Dos reformas legales a la ley de expropiaciones parecen no haber sido suficientes, pues ese trámite no ha dejado de ser una de las principales causas de atraso para los grandes proyectos de obra pública.

El gobierno dio a conocer, este lunes, que impulsa otro cambio en la legislación que permita comenzar trabajos luego de haber pagado al propietario el 40% del precio que determine el avalúo.

De esta forma, el Estado adquirirá derechos sobre el inmueble más rápidamente, mientras los juzgados determinan cuál es el precio definitivo.

Esto es lo que pretende el proyecto Ley de Adquisición de Derechos para la Construcción de Infraestructura Pública, presentado ante el Congreso, el cual fue diseñado como un complemento a la Ley de Expropiaciones.

"Con este proyecto el Gobierno busca que, de una forma armoniosa entre propietarios y el Estado, se pueda llegar a un mutuo acuerdo en donde el dueño del terreno acepte un pago preliminar del avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y permita la autorización para el inicio de los trabajos", informó Presidencia en un comunicado.

Según el documento, se ofrecen dos ventajas. La primera, la inyección de dinero a la economía con el pago a los dueños y, la segunda, una transmisión rápida al Estado de los derechos sobre una propiedad.

Para el viceministro de infraestructura, Tomás Figueroa, el plan permitiría a los ciudadanos recibir rápidamente una parte del valor del bien, en un "proceso armónico dotado de seguridad jurídica".

Aceptar el mecanismo, además, no impedirá al dueño objetar el costo en los tribunales, pero eso no atrasaría la obra.

Ya en 2014 y en 2017 se cambiaron las normas para expropiar terrenos, que supuestamente acortaban los plazos del Estado para tomar posesión y de los jueces para dictar resoluciones. Sin embargo, el tema no pareciera estar superado.

Actualmente, grandes obras viales están en espera de expropiaciones como la ampiación de la carretera entre el cruce a Río Frío y el centro de Limón, para la que se requieren unos 300 inmuebles; mientras que para la ampliación del tramo Cañas-Limonal, unos 59.

Para Rodolfo Méndez, jerarca del MOPT, los atrasos en la posesión de estos terrenos no solo "limitan el desarrollo" sino también aumentan los costos de los proyectos.

Sin embargo, los problemas también pasan por la tramitación dentro del propio MOPT, donde la oficina encargada debía ser reforzada para atender la gran cantidad de gestiones pendientes.

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Gobierno pretende tomar posesión de terrenos para obra pública con pago del 40% de avalúo a dueños

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Irene Vizcaíno . Dos reformas legales a la ley de expropiaciones parecen no haber sido suficientes, pues ese trámite no ha dejado de ser una de las principales causas de atraso para los grandes proyectos de obra pública.

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Video sobre expropiación para obra pública vial

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Video sobre expropiación para obra pública vial

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Gobierno busca expropiaciones más ágiles con un proyecto de ley presentado en el Congreso - Repretel

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Gobierno busca expropiaciones más ágiles con un proyecto de ley presentado en el Congreso - La iniciativa se debe a los conflictos que se originan al momento de expropiar para realizar obras de importancia el país

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5. Expropiación de bienes muebles: Concepto

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5. Expropiación de bienes muebles: Concepto

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La expropiación de bienes muebles es aquella en la que se le retiran ciertos bienes muebles a cambio de una suma de dinero, ya sea a un particular o entidad, esta expropiación se puede ver cuando se busca convertir un bien mueble en patrimonio nacional

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5. Expropiación de bienes muebles: Alcances

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5. Expropiación de bienes muebles: Alcances

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Es importante este tipo de expropiación porque permite que se le brinde un mejor uso a los bienes muebles y en ocasiones los protege

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5. Expropiación de bienes muebles: Normativa aplicable

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5. Expropiación de bienes muebles: Normativa aplicable

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Ley de expropiaciones

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Noticia sobre la Expropiación de bienes muebles

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Noticia sobre la Expropiación de bienes muebles

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La nueva Ley de Educación del Estado de Puebla aprobada por el congreso de Puebla en las que se establecen políticas más duras sobre las instituciones privadas de educación incorporadas al Sistema Educativo Estatal, en razón de que tendrán más restricciones en cuanto al uso de colores, condicionamiento de la educación e incremento de cuotas. Aunque lo más grave es que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal. Es aquí donde en forma muy somera o como dicen los chavos "despacito" se da el primer paso de lo que podrá ser en un futuro la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación particular. Y vea si no es así, el artículo 105 de esta ley dice lo siguiente:

"Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal "

Es aquí donde se da el primer paso como lo señalé a una futura expropiación a los particulares de los bienes muebles e inmuebles. Pongamos como ejemplo la educación a nivel superior particular, universidades poblanas como lo son la UDLAP o la UPAEP. Las excelentes instalaciones como lo son sus laboratorios, bibliotecas, aulas con toda la tecnología, auditorios, hospitales, instalaciones deportivas que son producto de muchos años de inversión y que son reconocidas no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, como óptimas para que los alumnos estudien en las mejores condiciones de infraestructura y se sientan más interesados en asistir a clases a fortalecer sus habilidades físicas y cognitivas, pues con estas nueva Ley se pierde la propiedad.

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula que profesiones son las que necesitan título para su ejercicio y las condiciones para obtenerlo y las autoridades acreditadas para expedirlo, por lo que en este párrafo se le da al estado mexicano el monopolio de autorizar a los mexicanos a ejercer cualquier profesión, al ser el estado los únicos facultados en expedir títulos y cedulas profesionales, por lo que lo siguiendo con el ejemplo de la educación superior, todas las universidades privadas están obligadas a tener el reconocimiento oficial de estudios para poder preparar a los futuros profesionista. Esta obligación es inoperante en los países más desarrollados del mundo, como los Estados Unidos o los que forman parte de la Comunidad Económica Europea. En los que es el prestigio de la Institución la que acredita la calidad de la preparación profesional que ejercen y pongo como ejemplo la universidad Harvard, es el rector el que firma la expedición del Título y tiene el valor y reconocimiento para que el egresado ejerza la profesión que en el mismo se señala. Lo mismo ocurre con Yale o la Universidad de Oxford en Inglaterra.

De no ser por esta gran limitante del monopolio del estado para expedir títulos o cédulas para el ejercicio profesional, en este México de carne y hueso las más importantes instituciones de educación superior particulares del país estarían dando un paso a la desafiliación con el estado para que este les reconozca sus estudios.

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La expropiación de los bienes de las escuelas particulares | e-consulta.com 2020

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La nueva Ley de Educación del Estado de Puebla aprobada por el congreso de Puebla en las que se establecen políticas más duras sobre las instituciones privadas de educación incorporadas al Sistema Educativo Estatal, en razón de que tendrán más restricciones en cuanto

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Video sobre la Expropiación de bienes muebles

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Video sobre la Expropiación de bienes muebles

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RETROCESION

*Medio juridico de procedimiento por el cual el propietario de un bien expropiado pretende su recuperacion, por no haberse destinado el bien a la utilidad publica declarada o por haberse frustrado dicho destino, dentro de un plazo legal. Es el derecho del expropiado al reintegro del bien del que fue privado por causa de utilidad publica, restituyendo el importe de la indemnizacion recibida, cuando dentro del plazo legal no se cumplio el destino de la expropiacion
*PROCEDIMIENTO DE RETROCESION:
*1)EXTRAJUDICIAL: por avenimiento o gestion administrativa.
*2)JUDICIAL: por accion ante el juez

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EXPROPIACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

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RETROCESION *Medio juridico de procedimiento por el cual el propietario de un bien expropiado pretende su recuperacion, por no haberse destinado el bien a la utilidad publica declarada o por haberse frustrado dicho destino, dentro de un plazo legal.

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6. Expropiación para obra pública urbanisitica: Definición

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6. Expropiación para obra pública urbanisitica: Definición

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Este tipo de expropiación es aquella que se realiza con la finalidad de construir viviendas y dotarlas con los servicios necesarios para que sean habitadas.

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6. Expropiación para obra pública urbanisitica: Casos en que procede

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6. Expropiación para obra pública urbanisitica: Casos en que procede

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Este tipo de expropiación procede cuando hay un terreno que puede ser este en disputa y se entrega con el fin de favorecer a un grupo de personas al entregarles una vivienda digna

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6. Expropiación para obra pública urbanisitica: Normativa aplicable

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6. Expropiación para obra pública urbanisitica: Normativa aplicable

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Ley de planificación urbana
Ley de expropiaciones

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Noticia sobre la Expropiación para obra pública urbanisitica

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Noticia sobre la Expropiación para obra pública urbanisitica

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El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha celebrado esta mañana a través de medios telemáticos y, en su orden del día, llevaba dos puntos de proyectos estratégicos para la ciudad. Así, se ha dado el visto bueno a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del polígono dos del sector SUP-LO.2 'El Pato' (junto a la rotonda de Sacaba), donde irán dos parcelas residenciales y una de equipamiento, además de crearse nuevos viales; y también ha recibido el visto bueno de los consejeros el proyecto básico y de ejecución del edificio conocido como Neoalbéniz, un equipamiento cultural en la plaza Jesús El Rico que acogerá la sede del Festival de Cine en español de la capital. El primero supondrá una inversión público-privada de más de 4,57 millones de euros y el segundo, de casi 3,4 millones.
El problema ha venido a la hora de debatir sobre el Neoalbéniz, que ha salido adelante con los votos de los cuatro consejeros del PP y la de Cs, y que ha recibido en contra los sufragios de los tres consejeros del PSOE y del de Adelante Málaga.
El PSOE, de hecho, ha enviado una nota en la que asegura el concejal Mariano Ruiz Araújo: "Valoramos aquellas iniciativas relativas a la rehabilitación urbana y paisajista de la ciudad, más aún en el Conjunto Histórico de Málaga. Sin embargo, el proyecto Neoalbéniz se ha convertido en un despropósito y está repleto de incongruencias. En el plano estético, tendrá un impacto visual tremendo, difícilmente encajable en el PEPRI Centro". Asimismo, ha dicho que "es un proyecto que no cuenta con el consenso de nadie. Recibió informe desfavorable de Cultura con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía por la especial situación de riesgo, por las medidas de protección insuficientes del proyecto y por requerir de excavación arqueológica previa. Por arte de birlibirloque el nuevo gobierno andaluz lo convirtió en favorable. La disconformidad con este proyecto ha sido ampliamente manifestada".

La Real Academia de Bellas Artes, ha explicado el concejal, remitió al Ayuntamiento una carta en la que advertía de "la falta de consenso, de la opacidad de la iniciativa y del descuido hacia el patrimonio histórico-artístico en un lugar hipersensible. Demandaban que se desistiera de este proyecto y que se buscara un proyecto más ambicioso, más consensuado y más transparente". "El Colegio de Arquitectos también reclamó más transparencia. Nosotros hemos manifestado nuestro rechazo en todas las etapas del procedimiento administrativo de este proyecto y seguimos haciéndolo", ha reiterado el socialista.

El edil de Urbanismo, Raúl López, ha dicho que "afortunadamente ahora no tiene la ciudad los mismos obstáculos en la Junta que los que tenía antes", en referencia a los años en los que gobernó el PSOE en Andalucía. " Antes la Junta ponía una traba detrás de otra a los proyecos de Málaga. Nos negó que pagáramos por los terrenos del Benítez, nos frenó la actuación en el Albéniz con un informe contrario y también hizo lo mismo con los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo. Es una historia de mirar de manera diferente a Málaga por el PSOE, que sólo premia a los lugares donde gobierna". Ahora, la Junta es "leal, honesta" y se avanza en proyectos como el Benítez y el Neoalbéniz, "donde se va a actuar con el georradar y las actuaciones arqueológicas, claro que sí", porque se trata de "poner en valor un entorno degradado". Se ha hablado con la Academia de Bellas Artes "para explicarle que no era un proyecto invasivo, lo que pasa es que les da coraje que resolvamos temas y avancemos".

El concejal de Ordenación del Territorio ha criticado a los socialistas por pedir, incluso, que se quiten los terrenos de Arraijanal a Málaga CF para la ejecución de su Academia. " ¿Ahora, precisamente, vamos a dejar al club con menos activos? ¿Cuál es el sentido del PSOE, ponerle trabas a todo lo que rueda y da prosperidad". Ha defendido que el proyecto genera empleo y riqueza y ha tachado de error socialista "criticar este tipo de actuaciones". "Están, como siempre, contribuyendo a impedir el progreso y el desarrollo de Málaga, y por eso llevamos gobernando veinte años".

El edificio del Neoalbéniz también acogerá las oficinas de la Málaga Film Office. El proyecto, según Urbanismo, se define sobre un solar con una superficie de 460 metros cuadrados y tendrá una altura de baja más tres. Consiste en hacer una elongación del Cine Albéniz con la creación de dos salas de imagen con capacidad para 200 personas. Con este nuevo espacio, precisó el Ayuntamiento en una nota, "se pretende, además, la rehabilitación paisajística y urbana de la ladera de la Alcazaba, creando una fachada, que actualmente son traseras, que dignificaran el entorno y podrá ser destinado a uso ciudadano".

El proyecto incluye la demolición de las naves existentes en el solar, la urbanización del entorno y el equipamiento necesario para poner en uso las salas de cine, tiene un presupuesto de 3,39 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

El PSOE, por cierto, también ha criticado que haya que hacer frente a "sentencias y autos por valoraciones erróneas de justiprecios de expropiaciones y sus intereses de demora de casi 4 millones de euros", así como ha señalado la supuesta "mala praxis" de Urbanismo. "Se nos está planteando una modificación presupuestaria para hacer frente a proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles de los años 2017 y 2018 que ascienden a 1.329.027 euros".

Ha destacado que "se minora la inversión en proyecto tan importantes como los Paseos Marítimos de El Palo y Pedregalejo que ven reducida su financiación a la mitad". Los socialistas consideran que Urbanismo, "que debe ser el motor de avance de la ciudad, presenta unos índices de ejecución irrisorios además de contar unas cuentas irreales. Con este trámite el equipo de gobierno nos da la razón y asume la inoperancia de sus presupuestos. Además, han sido lentejas, si te gustan bien y si no las dejas. Nos han dado una modificación presupuestaria que no ha sido ni negociada, ni debatida ni consensuada. Han dejado pasar una oportunidad de avanzar hacia el consenso".

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, ha argumentado el voto en contra de su grupo afirmando que "creemos que un proyecto de esta importancia en el lugar tan emblemático en que se ubica merecía un diálogo y consenso en la ciudad que no ha existido porque el gobierno municipal no ha querido. Rechazamos el proyecto por las mismas razones que han manifestado los colectivos de defensa del patrimonio: su impacto visual, su volumen y su poca adecuación al entorno. No estamos en contra de un edificio allí con un lenguaje arquitectónico moderno, pero este lo consideramos no adecuado".

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Urbanismo aprueba el proyecto del Neoalbéniz con los votos en contra de la oposición

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El PSOE afirma que la futura sede del Festival de Cine de Málaga va a tener 'un impacto visual tremendo' y Raúl López acusa a los socialistas de 'ponerle trabas a todo lo que huela a prosperidad en la ciudad'

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Video sobre la Expropiación para obra pública urbanisitica

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Video sobre la Expropiación para obra pública urbanisitica

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Esta fue la primera expropiación en Venezuela bajo el Gobierno de Nicolás Maduro